La extorsión en Nuevo León está tan desbordada que ya parece competencia olímpica. Mientras los gobernadores se sientan en largas mesas de “coordinación” para sellar acuerdos contra este delito —esas mismas reuniones donde sobran selfies pero faltan resultados—, las denuncias suben como la espuma en una olla olvidada al fuego.
Y ni hablar de los discursos triunfalistas: el estratega que no puede son Sinaloa,Omar García Harfuch, presume que la delincuencia va a la baja, aunque la realidad muestre exactamente lo contrario. El fracaso, ya se ve aunque eso no lo presume .
Los datos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León son imposibles de maquillar: al cierre de noviembre de 2025 se registraron 879 denuncias por extorsión, rompiendo sin despeinarse el récord del año pasado, que había cerrado con 866. Es decir, este delito lleva cinco años consecutivos de crecimiento, desde la llegada de Samuel García al gobierno estatal. Cada año, más víctimas; cada año, un nuevo “vamos bien”.
En 2021 el marcador cerró en 601 casos. En 2022, 746. Para 2023, 793. En 2024 se llegó a 866. Y ahora, sin haber terminado 2025, ya se rompió la marca con 879. Ni la inflación se anima a competir con semejante tendencia.
Los transportistas, por su parte, ya no hablan de problema: hablan de crisis. Según ellos, la extorsión de oficiales de Tránsito se ha vuelto el verdadero peaje del estado, una cuota informal que ni en los libros de Luis Spota. Se paga con miedo, se negocia con rabia y se calla con resignación.
En papel, el Código Penal dice que comete delito de extorsión quien “con ánimo de lucro o provecho, amenace o coaccione a alguien para obtener un beneficio”. En la práctica, parece más bien una descripción del modus operandi oficial. Porque, mientras los ciudadanos tiemblan ante una llamada, un retén o una patrulla, los discursos del poder siguen buscando culpables en abstracto y soluciones con grafiquitas en las mañaneras
Con informacion: ELNORTE
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