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viernes, 21 de agosto de 2026

EL “GEMINIANO” ROCHA, GOBERNADOR, CUMPLE 112 DÍAS DE IMPUNIDAD, MUY y GRACIAS a la PRESIDENTA, QUE PREFIRIÓ DEFENDER a la CAMADA antes que a MÉXICO…y ,si se entiende, que no entienda.


Van 112 días de impunidad, pero no se preocupen: en la República del “no somos iguales”, la justicia puede esperar sentadita, con paciencia franciscana y expediente ‘gringo» reservado por «segurida_» nacional.

Porque tener una amiga así —o ser una presidenta así— no tiene precio. Bueno, sí lo tiene: lo pagan las instituciones, la credibilidad pública y el ciudadano que todavía creía que la transformación venía con recibo, garantía y derecho a devolución.

El aun gobernador de Morena,con licencia, en Sinaloa ,Ruben Rocha Moya no carga con una investigación incómoda; carga con algo mucho más útil: una sombrilla guinda de cobertura nacional. 

Y mientras la conversación pública pregunta por qué no hay consecuencias, desde el manual Sheimbaunista responden con el repertorio de siempre: “no hay pruebas”“es una campaña de la derecha”“son los conservadores”“el pueblo está con nosotros”“antes robaban más” y, por supuesto, el comodín institucional: “se está investigando”.

¿Investigando qué? 

Quizá la manera de convertir 112 días en una nueva unidad de medida de la impunidad. Un Rocha podría equivaler a cuatro meses sin respuestas, varias conferencias con evasivas y una tonelada de solidaridad selectiva.

En la camada guinda, la presunción de inocencia parece tener membresía VIP: acceso prioritario, protección presidencial, silencio estratégico y una fila express para evitar que la justicia haga preguntas inoportunas. No es encubrimiento, dirán; es “acompañamiento político”. No es protección, aclararán; es “confianza en los compañeros”. No es corporativismo: es humanismo mexicano con chaleco guinda.

Y ahí está el verdadero valor de pertenecer al partido criminal y políticamente organizado —según la crítica pública, desde luego—: no necesitas rendir cuentas, basta con repetir que eres pueblo, que los adversarios están nerviosos y que todo cuestionamiento forma parte de una conspiración neoliberal financiada por alguien, en algún lugar, probablemente desde una cafetería de Polanco.

La consigna es sencilla: si el señalado es de casa, se pide prudencia; si es opositor, se exige cárcel antes del desayuno. Si el caso incomoda, se cambia el tema. Si la evidencia insiste, se acusa a los medios. Y si la ciudadanía pregunta demasiado, se le receta una dosis de mañanera, una gráfica coloreada y dos menciones a Calderón y García Luna.

Así, 112 días no son un escándalo: son una demostración de afecto político. Porque en el México guinda hay amistades que no se rompen, investigaciones que no arrancan y responsabilidades que, por misterios de la transformación, siempre terminan extraviadas entre el discurso y la lealtad.

Y para cerrar el horóscopo de la impunidad: 

Nacido el 15 de junio de 1949, Rocha Moya es Géminis. Eso explica la doble personalidad institucional: una cara para el discurso de “cero tolerancia” y otra para la protección a sus compañeros del crimen.

Mercurio retrógrado, seguramente, se llevó las carpetas de investigación; Venus en Morena mantiene las amistades fieles; y Júpiter, generoso como siempre, expandió el manto protector hasta convertirlo en política de Estado.

El zodiaco advierte: Géminis tendrá días de mucha comunicación… siempre que no le pregunten por responsabilidades, víctimas o rendición de cuentas.

Con información: @MlopezSanMartin/

LA “EFICACIA” en DUDA: la SEGURIDAD se VOLVIÓ CASTIGO y el AUTORITARISMO PRESUME MUERTE DIGITAL de 2.5 MILLONES de CELULARES con TERMINACIÓN CERO… el criminal no sufre: se adapta, con ayuda oficial.


La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones celebra como éxito administrativo que millones de líneas telefónicas hayan sido “vinculadas” a la identidad de sus usuarios. La palabra parece inocua, técnica, casi higiénica. Pero detrás de esa burocrática ceremonia de depuración hay una realidad más áspera: el Estado condiciona el acceso pleno a un servicio esencial a que cada ciudadano entregue y mantenga actualizado un rastro personal ante operadores y autoridades.

«El calendario continuará de acuerdo con el último dígito de cada número: 1, el 31 de agosto; 2, el 15 de septiembre; 3, el 30 de septiembre; 4, el 15 de octubre; 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre»…El Norte

Se presume que 73.2 millones de líneas ya están registradas. Se anuncia, además, que cerca de 25 millones serán “depuradas” por estar supuestamente en desuso, mientras 2.5 millones de líneas con determinada terminación podrían quedar inactivas definitivamente. El tono oficial es triunfal: más control, menos anonimato, más herramientas contra el fraude y la extorsión.

El problema es que la retórica de la seguridad suele ser mucho más eficiente que la seguridad misma.

Porque al delincuente profesional no le pesa demasiado adquirir chips mediante terceros, usar identidades robadas, recurrir a eSims electrónicas de lineas extranjeras, plataformas digitales, números virtuales o teléfonos desechables. 

El criminal se adapta; es, de hecho, su principal habilidad. Quien no tiene esa facilidad para adaptarse es el ciudadano común: la persona mayor que no domina una plataforma digital, el trabajador que cambió de compañía, quien compró un equipo usado, el visitante temporal, el migrante, el comerciante o quien simplemente no se enteró a tiempo de un calendario impuesto desde la comodidad del escritorio público.

Para ellos no hay sofisticación criminal: hay suspensión.

La CRT asegura que nadie “pierde” su número, pues puede recuperarlo al completar el trámite. Es la clásica generosidad burocrática: primero le cierran la puerta al usuario y después le agradecen por formarse para pedir la llave. Mientras tanto, puede llamar a emergencias, recibir alertas y comunicarse con la telefónica. Como si el teléfono no fuera también una herramienta de trabajo, contacto familiar, banca, trámites, ubicación, ventas, escuela y vida cotidiana.

No es una molestia menor. Es una sanción preventiva disfrazada de actualización de datos.

El ciudadano como sospechoso

El argumento oficial parte de una promesa seductora: eliminar el anonimato para combatir delitos cometidos mediante telefonía celular. La premisa parece simple: si cada número tiene dueño, será más fácil encontrar al responsable de una extorsión o un fraude.

Pero ese razonamiento tiene una omisión enorme: que un número tenga un titular no prueba quién lo utilizó para delinquir.

Un teléfono puede ser robado. Una SIM puede ser clonada, transferida, utilizada por un familiar, adquirida con documentos falsos o activada mediante una identidad usurpada. En todos esos escenarios, la “trazabilidad perfecta” puede convertirse en la ruta más directa para que una investigación apunte contra la persona equivocada.

La tecnología no elimina el delito; tampoco convierte automáticamente los registros administrativos en pruebas penales fiables. Lo que sí produce es una enorme base de datos de ciudadanos identificados, accesible para el aparato estatal y vulnerable a filtraciones, abusos, corrupción y uso político.

México tiene una dolorosa experiencia con padrones, bases de datos y autoridades que prometen custodiar información sensible. Lo que debería preocupar no es sólo quién puede consultar esos registros hoy, sino quién podrá hacerlo mañana, bajo qué controles, con qué órdenes judiciales, con qué auditorías y con qué consecuencias cuando la información termine en manos indebidas.

La pregunta que el Gobierno evita no es si se deben combatir las extorsiones —por supuesto que sí—, sino por qué la carga del combate recae primero sobre quienes no han cometido ningún delito.

La eficacia que falta probar

El discurso oficial sugiere que registrar líneas móviles es sinónimo de cerrar el paso al crimen. Sin embargo, para que una medida de este tamaño sea legítima no basta con publicar porcentajes de vinculación ni presumir millones de registros acumulados. Habría que demostrar, con datos verificables, que el padrón reduce de forma sostenida las extorsiones, los fraudes y otros delitos; que no desplaza esas conductas a otros medios; y que sus beneficios superan el costo en derechos, privacidad y acceso a servicios.

Sin esa demostración, la política pública parece más una exhibición de control que una estrategia seria de seguridad.

La autoridad mide líneas registradas porque es fácil de contar. Pero el ciudadano debería exigir que se midan otros resultados: ¿cuántas redes de extorsión fueron desmanteladas?, ¿cuántos responsables fueron procesados?, ¿cuántas investigaciones se sustentaron en inteligencia financiera, ciberinvestigación y órdenes judiciales?, ¿cuántas víctimas fueron protegidas?, ¿cuántas identidades fueron robadas o usadas para incriminar a inocentes?

Porque registrar a 73.2 millones de usuarios no equivale a resolver 73.2 millones de problemas de seguridad. Es, apenas, una cifra administrativa. Y una cifra administrativa no debe confundirse con justicia.

Seguridad sin tutela

Combatir el crimen exige inteligencia, investigación profesional, protección de víctimas, persecución del dinero, controles en la venta irregular de chips y coordinación real entre instituciones. Exige policías y fiscalías capaces de identificar a los extorsionadores, no sólo de identificar a quienes pagan una línea telefónica.

La diferencia importa: una democracia persigue al delincuente con pruebas y controles; un Estado inclinado al autoritarismo prefiere registrar masivamente a todos y confiar en que, entre tanto dato, algún culpable aparezca.

La seguridad no puede consistir en convertir el teléfono de cada persona en una credencial de sospecha. Mucho menos cuando el mecanismo castiga primero al usuario cumplido y deja al criminal profesional con las herramientas de siempre: anonimato comprado, identidades robadas y redes de corrupción.

Llamarle “vinculación” no cambia su naturaleza. Si el Estado puede suspenderte, condicionarte y rastrearte bajo la promesa de protegerte, entonces el debate ya no es tecnológico. Es político.

Y conviene decirlo sin eufemismos: una política que normaliza que el ciudadano demuestre constantemente que merece comunicarse no fortalece la seguridad; fortalece la costumbre de obedecer.

Con información: ELNORTE/

¿Y QUIÉN PAGA la FUGA del TIO LAKO ?: la FUERZA LLEGÓ con FUERZA para CAPTURAR,pero SIN PRECISIÓN para el OBJETIVO CENTRAL…y consiguió escabullirse otra vez.


Heraclio Guerrero, alias El Tío Lako, volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: no estar cuando por fin llegan por él. El Ejército desplegó fuerzas especiales en Tinaja de Vargas y Colesio, Michoacán, con una misión puntual: capturar al operador regional del CJNG. Pero el objetivo volvió a convertirse en humo. Nueve integrantes de su grupo cayeron, al final 12 —incluidas, según autoridades, su pareja y una de sus hijas—, mientras el jefe criminal consiguió escabullirse otra vez.

No es una proeza militar del fugitivo ni una nueva leyenda de la sierra. Es, más bien, el retrato de una persecución estatal que parece llegar siempre tarde, con suficiente fuerza para detener al círculo cercano, pero no la precisión suficiente para capturar al personaje central. 

El Tío Lako no se evaporó: escapó en un territorio que conoce, controla y donde, durante años, se movió con la comodidad de quien no teme que lo encuentren.

La ironía alcanza niveles cartográficos. Tinaja de Vargas ha sido identificada desde hace tiempo como una de sus fortalezas y, según reportes, hasta su casa apareció marcada en Google Maps con referencia a su nombre. Es decir: un presunto líder criminal podía estar más fácil de localizar para cualquier usuario con celular que para las instituciones encargadas de perseguirlo. Aun así, el operativo llegó y él no estaba. Otra vez.

La factura pendiente

El Ejército tenía razones de sobra para ir por Guerrero. En febrero, tras la muerte de Rubén Guerrero, alias R1, hijo del Tío Lako, grupos vinculados a su estructura habrían respondido con ataques que dejaron 25 elementos de la Guardia Nacional asesinados en Jalisco y Michoacán. La venganza criminal fue brutal; la reacción federal, inevitable.

Ahora, después del operativo fallido, la organización respondió con el libreto conocido: bloqueos carreteros, incendios y presión sobre poblaciones enteras. La fórmula no es sofisticada, pero funciona: si el Estado toca a un jefe, el grupo criminal convierte la región en rehén y exhibe su capacidad de alterar la vida cotidiana con la rapidez con que una autoridad redacta un comunicado.

Michoacán ardió de nuevo. Y no por accidente: porque en ciertas regiones la captura de un delincuente de alto perfil todavía puede activar una maquinaria territorial capaz de paralizar caminos, sembrar miedo y obligar a la población a pagar el costo de una guerra que no eligió.

¿Y quién paga la fuga? No el sicario que bloquea, no el jefe que se esconde, no el grupo criminal que quema vehículos y cierra carreteras. Paga el ciudadano: con jornadas perdidas, mercancía detenida, transporte encarecido, negocios cerrados, cosechas que no llegan al mercado y daños que terminan cubriendo familias porque algunas aseguradoras se niegan alegando vandalismo como excluyente. Para el crimen, un sicario y un arma son costo operativo; para la gente, cada bloqueo es otra factura de miedo, pérdidas y abandono, que no son privativos de Michoacan.

Un cacique criminal local

El caso de El Tío Lako revela que el poder criminal no siempre se mide por el número de rifles, camionetas o sicarios. También se mide por el arraigo. Guerrero pertenece a esa categoría de caciques regionales que entienden las rutas, los silencios, los vínculos familiares, las lealtades económicas y los vacíos institucionales mejor que las corporaciones enviadas desde fuera.

No es el único. Ahí están Nicolás Sierra Santana, líder de Los Viagra; Celso Ortega, El Ardillo; o los hermanos Hurtado Olascoaga, asociados con La Familia Michoacana. Todos forman parte de una geografía del crimen donde los nombres cambian, los grupos se fragmentan y las siglas se reciclan, pero la impunidad territorial conserva una salud envidiable.

El Estado los busca. Los localiza. Despliega helicópteros, fuerzas especiales y retenes. Luego ellos desaparecen entre caminos, rancherías y redes de protección. Y después vuelve la frase de siempre: “continúan las investigaciones”. En otras palabras, el expediente sigue vivo aunque el objetivo ya haya vuelto a tomar ventaja.

El CJNG, golpeado pero vigente

La presión sobre Guerrero ocurre en un momento de reacomodo dentro del CJNG. La caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, seguida por la detención de Audias Flores, El Jardinero, y más tarde de Ramón Álvarez Ayala, también conocido como R1, ha abierto una disputa por mandos, rutas y control territorial.

En ese contexto, El Tío Lako no es un personaje secundario. Documentos de inteligencia lo ubican como una figura relevante del grupo en la región Ciénega, entre Michoacán y Jalisco, junto con sus sobrinos Adrián y Javier Guerrero Covarrubias. También se le ha vinculado con Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, uno de los mandos asociados al Grupo Élite.

La pregunta no es sólo quién sustituye a quién. La pregunta es si las capturas están desmantelando una estructura criminal o simplemente administrando sus relevos. Porque detener jefes sin desmontar sus finanzas, redes políticas, control de rutas, células armadas y capacidad de reclutamiento puede producir una aparente victoria inmediata y una crisis más fragmentada después.

La captura que no ocurrió

La operación dejó detenidos, decomisos y una demostración de fuerza federal. Pero no dejó lo esencial: a Heraclio Guerrero bajo custodia. Y cuando el objetivo de un operativo de alto impacto escapa, no basta con contar a quienes sí cayeron para convertir el episodio en éxito.

El Tío Lako sigue prófugo, Michoacán sigue sometido a la violencia de los grupos que disputan territorio y el Estado vuelve a enfrentar la misma incómoda evidencia: los criminales no sólo sobreviven a los golpes; muchas veces ya saben que vendrán, por dónde entrarán y cuánto tardará la autoridad en irse.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

EL “IMPERIO de los PRIMOS: MARINOS de ALTO RANGO, SOBRINOS y CÓMPLICES de EX-SECRETARIO de MARINA HAMPON, CONVIRTIERON el APELLIDO NAVAL en ORGÍA de DINERO”… tiene mucho que decir; falta que lo dejen.


Los Farías Laguna no habrían usado el uniforme para servir a la patria, sino —según la investigación de la FGR— como una especie de tarjeta VIP para convertir puertos, aduanas y jerarquías militares en una franquicia privada de combustible disfrazado. Uno terminó capturado en Argentina con identidad falsa; el otro, en el Altiplano. La travesía naval acabó, irónicamente, sin mar y con expediente.

Los apellidos Farías Laguna pasaron de sonar a linaje naval a parecer marca registrada de una aduana en liquidación: una estructura donde el uniforme no imponía disciplina, sino que abría la puerta a un negocio de millones.

Fernando Farías Laguna, contraalmirante y antiguo integrante de la Unidad de Inteligencia Naval, habría entendido la inteligencia con un sentido bastante creativo: no para detectar el delito, sino —de acuerdo con las indagatorias— para navegarlo con discreción administrativa. Cuando la FGR emitió una orden de aprehensión en agosto de 2025, el marino habría cambiado de bandera, identidad y hasta nacionalidad documental: pasaporte guatemalteco, ruta desde Colombia y escondite en Argentina. Una operación internacional, sí, aunque no precisamente de cooperación naval.

El problema, como suele ocurrir cuando el dinero deja de caber en la declaración patrimonial, fue que las cuentas empezaron a hablar. Entre 2020 y 2024, Fernando reportó ingresos navales por 6.95 millones de pesos; los CFDI, sin embargo, registraron pagos por más de 11.7 millones. La diferencia no era una propina ni un error de captura: superaba los 4.8 millones de pesos.

Y luego vino el catálogo patrimonial: depósitos bancarios por más de 40 millones de pesos, retiros por casi la misma cantidad, una residencia en Mixcoac pagada con cheques de caja, más de 11 millones aportados a un seguro de vida de su madre y un inmueble en Nogales valuado en más de 2.2 millones de dólares. Todo muy normal para un servidor público, si uno vive en un país donde el salario naval se multiplica por ósmosis financiera.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, no necesitó un pasaporte ajeno para convertirse en pieza clave de la historia. Desde posiciones cercanas al alto mando de la Marina, habría acumulado influencia suficiente para que, según las investigaciones, ascensos, comisiones y relevos en las aduanas marítimas dejaran de parecer decisiones institucionales y empezaran a operar como controles de acceso a una caja registradora.

Bajo el alias de “Los Primos”, consentidos de la esposa del ex-secretario de Marina,Rafael Ojeda,aun en libertad ,los hermanos habrían aprovechado la militarización aduanera para construir una red de huachicol fiscal con logística de empresa transnacional y escrúpulos de bodega clandestina. 

Millones de litros de combustible entraban por puertos de Tamaulipas declarados como “aditivos para aceite”, porque aparentemente en México el petróleo puede convertirse en lubricante con sólo llenar correctamente una factura.

El modelo era sencillo: un buque llegaba, la carga cambiaba de nombre, los controles desaparecían y los sobornos circulaban. La tarifa, según el testimonio incorporado por la FGR, ascendía a 1 millón 750 mil pesos por cada embarcación autorizada para descargar. Se estima que al menos 31 buques habrían operado bajo ese esquema en Tampico y Altamira durante diez meses. No era contrabando: era, presuntamente, una política de incentivos con aroma a diésel.

La trama comenzó a romperse cuando el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, decidió colaborar como testigo protegido. Su declaración incluyó detalles de la red y la entrega de cerca de 30 millones de pesos en efectivo provenientes de sobornos. Porque nada dice “institución blindada” como un testigo que guarda decenas de millones mientras teme que lo asesinen por hablar.

La parte más oscura del caso es que las investigaciones también han relacionado a la red con asesinatos de marinos y civiles vinculados a las aduanas, entre ellos el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien había denunciado irregularidades antes de ser ejecutado en Manzanillo. Ahí se termina la sátira: cuando denunciar la corrupción se vuelve sentencia de muerte, el uniforme deja de representar Estado y se convierte en el disfraz de una impunidad armada.

Los Farías Laguna no sólo habrían traicionado la confianza pública; habrían exhibido algo todavía más grave: que una institución diseñada para proteger mares, puertos y soberanía puede ser capturada desde dentro cuando los mandos confunden el servicio público con una concesión familiar.

Con información: ELNORTE/

jueves, 20 de agosto de 2026

LA “RECULADA GUINDA”: MORENA ACTIVA EXTINGUIDOR TRAS INCENDIO por INCORPORACIÓN de PERFIL con PASADO PESADO…y lo rechaza después de abrirle la puerta en su organización criminal.


Morena en Oaxaca quiso presumir músculo… y terminó exhibiendo reflejos de retirada. La dirigencia estatal recibió con bombo, foto y mensaje de “transformación” a Rodolfo León Aragón, personaje señalado durante años en expedientes ligados al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Pero desde la cúpula nacional les bajaron la persiana: aquí no entró nadie, no habrá afiliación y cualquier postal de bienvenida queda oficialmente desautorizada.

La bienvenida que duró poco

El 29 de julio, Alejandro Velasco Armas, dirigente estatal de Morena, y el senador Antonino Morales Toledo le encomendaron a León Aragón fortalecer la estructura partidista en el Istmo de Tehuantepec. La presentación fue entusiasta: “un gusto dar la bienvenida”, presumió el senador en redes.

No obstante, cuando el nombre empezó a pesar más que la foto, el Comité Ejecutivo Nacional activó el extinguidor. Morena aclaró que León Aragón “no forma parte” del partido ni se incorporará a sus filas; además, recordó —por si en Oaxaca no había llegado el memo— que los nombramientos y representaciones son facultad exclusiva de la dirigencia nacional.

Traducido: en Oaxaca repartieron una credencial que desde la Ciudad de México ya habían declarado inválida.

El pasado que estorbó

León Aragón no llega con una biografía menor. Fue director de la Policía Judicial Federal durante el sexenio de Carlos Salinas y su nombre aparece citado en investigaciones sobre el homicidio del cardenal Posadas, cometido el 24 de mayo de 1993. De acuerdo con los expedientes referidos, integrantes del cártel de los Arellano Félix lo ubicaron como presunto facilitador del complot; sin embargo, en agosto de 2024 un juez anuló de forma definitiva la orden de aprehensión en su contra.

Legalmente, el asunto cambió de estatus. Políticamente, el apellido sigue cargando un lastre imposible de esconder con una foto de bienvenida y una frase sobre la “transformación”.

La reculada guinda

Morena suele venderse como la aduana moral de la política nacional, el partido que separa a los impresentables de quienes abrazan la causa. Pero en Oaxaca esa aduana parece funcionar con puertas giratorias: unos anuncian incorporaciones, otros se enteran tarde y desde arriba deben salir a negar lo que abajo ya celebraban.

La dirigencia nacional no sólo desmarcó al partido de León Aragón; también dejó expuestos a quienes lo invitaron. Porque si el Comité Ejecutivo Nacional tiene la exclusividad de los nombramientos, entonces en Oaxaca alguien decidió jugar a la afiliación libre, o simplemente calculó mal el costo de presumir un fichaje con historia.

Al final, la “bienvenida” duró lo que tarda una crisis de imagen en llegar a la oficina central. Morena Oaxaca sacó la fotografía; Morena nacional sacó el borrador.

Con información: ELNORTE/

“ALIANZA como PALABRA CLAVE: SOMOS MÉXICO AFIRMA que PODRÍA APOYAR a GRECIA QUIROZ para la GUBERNATURA de MICHOACÁN… aun si fuera independiente.»


Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente de izquierda y una de las figuras centrales de Somos México, concedió una entrevista al diario español El País, en la que defiende la creación del nuevo partido como una alternativa ciudadana. Rechaza que el proyecto sea una reedición del PRD, pese a su propia trayectoria en esa organización, y sostiene que su apuesta busca romper con las cuotas internas, las dirigencias cerradas y la designación de candidaturas desde las cúpulas.

El político también cuestiona a Morena por, a su juicio, debilitar las instituciones democráticas que antes defendían.

De cara a 2027 y 2030, Acosta Naranjo descarta que Somos México pretenda sustituir al PRI o al PAN, pero deja abierta la puerta a alianzas entre ellas con Grecia Quroz, la alcaldesa de Uruapan.

Pregunta. ¿Por qué México necesita un nuevo partido?

Respuesta. No hay democracia sin partidos. El problema no es su existencia, sino que dejaron de representar a la ciudadanía y se convirtieron en instrumentos de sus dirigencias. En Somos México queremos romper con ese modelo: los dirigentes no podrán ser candidatos mientras ocupen el cargo, las candidaturas se definirán mediante elecciones primarias y no por cuotas, una tercera parte será para menores de 35 años y 20% se reservará para representantes de causas sociales.

P. ¿Cómo evitar que termine siendo un partido más?

R. Si cumplimos esas reglas, ya habremos dado un paso importante. Además, debemos construir propuestas. México enfrenta una crisis de seguridad, un sistema de salud deteriorado y un grave rezago educativo. No basta con criticar; una oposición tiene la obligación de ofrecer alternativas.

P. Usted tiene un pasado político. ¿Qué errores no repetiría?

R. No construiría un partido de corrientes ni de tribus que se repartan el poder interno. Hay que evitar que los partidos se conviertan en instrumentos de un grupo o de una persona. Aquí las afinidades pueden existir, pero no tendrán cuotas de poder. Tampoco quiero un partido que sea patrimonio de una persona. Este no puede ser el partido de Guadalupe Acosta Naranjo.

Guadalupe Acosta Naranjo, en Ciudad de México. NAYELI CRUZ

P. La Marea Rosa movilizó a miles de personas, pero no logró traducirse en un triunfo electoral. ¿Qué falló?

R. Hubo errores internos y también enfrentamos una enorme asimetría frente al poder. La sociedad civil no participó suficientemente en la definición de la candidatura presidencial y las demás candidaturas siguieron repartiéndose entre las dirigencias. Por eso las candidaturas deben decidirlas los ciudadanos.

P. ¿Existe oposición en México?

R. Sí, sobre todo una oposición social. La partidista está profundamente subrepresentada. La ciudadanía ha demostrado que puede obligar al Gobierno a rectificar.

P. Usted ha denunciado una persecución política contra Ernesto Ruffo. ¿En qué se basa?

R. Conozco el fenómeno del huachicol fiscal y no puede entenderse sin la intervención del Estado mexicano. Pasa por las aduanas. Y ahora resulta que el que hace el papeleo es el culpable y quienes controlan las aduanas quedan fuera de la investigación. No meto las manos al fuego por Ruffo; meto el cuerpo.

P. ¿Puede Ruffo demostrar su inocencia?

R. Sí. Lo preocupante es si encontrará jueces independientes. Se trata de un hombre de 74 años que se presentó voluntariamente ante la autoridad y terminó en una prisión de máxima seguridad (El Altiplano) acusado de encabezar una red multimillonaria sin que exista evidencia de un beneficio económico directo.

P. ¿Somos busca sustituir al PRI o al PAN?

R. No. Queremos construir una opción propia. Los ciudadanos no pertenecen a ningún partido.

P. ¿En el futuro aceptarían una alianza con PAN, PRI o MC?

R. Depende de las reglas. Tendría que edificarse sobre reglas claras. Elecciones primarias y no acuerdos entre cúpulas.

P. ¿Dónde se ubica ideológicamente Somos México?

R. Hoy la principal división no es entre izquierda y derecha, sino entre demócratas y autoritarios. En Somos México caben personas de distintas corrientes siempre que compartan principios como el Estado de derecho, la división de poderes y las libertades. Somos un partido de demócratas por México.

P. ¿Aceptarían a desertores de Morena?

R. Habrá derecho de admisión. No todos caben. Si mañana tocaran la puerta Manuel Bartlett, Gerardo Fernández Noroña, Miguel Ángel Yunes o Alejandro Murat, no tendrían lugar.

P. ¿Qué garantizará el éxito de Somos México en 2027?

R. La congruencia. Si terminamos haciendo lo mismo que criticamos, habremos fracasado.

P. ¿Cuál considera un error de Morena?

R. Haber perdido de vista el valor de la democracia. No es correcto luchar durante años por ampliar las libertades y, cuando se llega al poder, comenzar a debilitar las instituciones que las garantizan. El poder no es eterno.

P. ¿Por qué rompió con Andrés Manuel López Obrador?

R. Por autoritario. Le dije que no cuando todavía estaba en el poder. Si hubiera aceptado, probablemente habría permanecido en su proyecto. Estoy donde quiero estar.

P. ¿En 2027 Somos competirán en todas las candidaturas o podrían declinar en algunos Estados?

R. No existe una decisión de declinar, pero analizaremos cada caso. Hay Estados, como Sinaloa o Michoacán, que viven una crisis institucional y de seguridad. Si existiera un candidato ciudadano con posibilidades reales de recuperar el Estado y las fuerzas políticas pudieran construir un acuerdo, valoraríamos cómo contribuir. Por ejemplo, si la oposición en su conjunto dijera: vamos con Grecia Quiroz, incluso como independiente, sin que se registrara por un partido, valoraríamos apoyar.

P. ¿Qué resultados esperan obtener en 2027?

R. Ningún partido ganó una gubernatura en su primera elección, tampoco Morena. Nuestra meta es convertirnos en la fuerza política con la mayor votación en su primera participación electoral. Vamos a sacar más del 8% de lo que sacó Morena en 2015 y vamos a construir la gran alianza electoral para recuperar el país en 2030.

P. ¿Una gran alianza electoral con quiénes?

R. Con la ciudadanía y todos los que acepten las reglas: que los ciudadanos elijan, que los candidatos sean probos, que no haya repartos.

P. Si en este momento tuvieran que elegir a un candidato presidencial, ¿a quién elegirían?

R. No estamos buscando a un mesías. Los mesías a veces se portan de la chingada y hasta se van a vivir a ese lugar.

P. ¿Existe el riesgo de que se perciba a Somos como un nuevo PRD?

R. No. Nueve de los trece integrantes de nuestra dirigencia nunca militaron en un partido. Yo sí tengo una historia en el PRD y no la oculto, pero este proyecto no nace para revivirlo. Habría preferido no encabezarlo; acepté porque construir un partido requiere experiencia. Es como una operación de corazón abierto: no se la encomiendas a un pasante.

P. El nombre del partido sigue impugnado ante el Tribunal Electoral. ¿Confían en conservarlo?

R. No doy ninguna batalla por perdida. Si creyera que la realidad no puede cambiar, no estaría haciendo política.

P. ¿Cuándo conoció a Claudia Sheinbaum?

R. La conocí hace 42 años. Venimos de una organización que se llamaba Organización Revolucionaria Punto Crítico. Venimos de una tradición de izquierda que defendía las libertades y las instituciones democráticas. Hay una persona entrañable para ella y para mí: Raúl Álvarez Garín. Le aprendimos muchas cosas, como defender a presos políticos. Por eso le pido a ella que no se olvide de los valores democráticos que nos enseñaron. Que valore la importancia de la lucha por la democracia. No puedo presumir de una amistad con ella. Pero le recuerdo nuestros orígenes. No es correcto dedicar una vida a luchar por ampliar los valores democráticos y, cuando llegas al poder, destruir las instituciones democráticas. El poder no es eterno.

P. ¿Cuál es el principal desafío democrático en México?

R. Separar a Morena del Estado y al Estado del narco. Garantizar la independencia del Poder Judicial, reconstruir los contrapesos y asegurar elecciones libres. Ese es el gran reto de los próximos años y la razón por la que decidimos fundar Somos México.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO