martes, 19 de junio de 2018

JUSTICIA "LENTA" ? SENTENCIAN a 19 AÑOS de CARCEL a MILITARES por VIOLACION 16 AÑOS DESPUES...llegaron a pueblo a reforzar la "INseguridad".

Valentina Rosendo ha pasado la mitad de su vida luchando por repararla, después del ataque sexual de dos militares que estaban en su pueblo para reforzar la seguridad de sus habitantes. 

En 2002, entonces con 17 años de edad, fue abusada y torturada sexualmente por miembros del Ejército y desde entonces ha luchado en instancias mexicanas e internacionales por que se castigue a sus agresores. Dieciséis años después, cuando ella ya cuenta con 33, México da el primer paso para hacerle justicia y repararle el daño: un juzgado local emitió una histórica sentencia de 19 años de cárcel para los culpables, que cumple con la emitida desde 2010 por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 16 de febrero de 2002, Valentina salió de su casa en el municipio de Acatepec, del sureño estado de Guerrero. Pasaba el mediodía y ella fue hacia un río a lavar su ropa, cuando llegó un grupo de ocho hombres, algunos vestidos con prendas militares, otros civiles y uno de ellos estaba amarrado. Dos elementos del Ejército le pidieron información sobre unos “encapuchados” a los que pretendían que ella identificara. Al no conseguirlo, la golpearon y la violaron.
Días después, Valentina acudió al centro de salud de Caxitepec para recibir atención por el ataque, pero el médico se la negó “porque no quería problemas con los militares”, según consta en la demanda de la Comisión Interamericana. Durante su largo proceso judicial, las autoridades no le creyeron, la secretaría de la Defensa negó que siquiera hubiera un operativo en esa zona y, en primera instancia, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que no había pruebas del ataque.

La CIDH los encontró culpables desde hace ocho años pero el sistema penal mexicano no había hecho eco de este fallo, a pesar de tratarse de una instancia internacional. La sentencia emitida el pasado 1 de junio y notificada la semana pasada no sienta jurisprudencia por ser de primera instancia, y ya fue apelada por uno de los imputados, sin embargo, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos aplaudieron este lunes ese paso histórico hacia la justicia en favor de las víctimas y especialmente de las mujeres.
“Se tiene que creer a la víctima, no tienen por qué creer que está mintiendo como me pasó a mí”, exigió Valentina Rosendo en una conferencia en la que relató cómo las autoridades mexicanas desacreditaron su testimonio, se burlaron de ella y le negaron el acceso a servicios de salud tras el ataque. “Nunca me imaginé tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Yo hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad, los funcionarios siempre se burlaban de mí y nunca me pusieron un traductor”, denunció la indígena me’phaa.
El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab aplaudió la sentencia como un ejemplo de que el poder judicial puede contribuir a cambiar las realidades en México, al reconocer las múltiples dimensiones de la discriminación en estos casos: hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas y hacia los pobres.
El funcionario recordó que se trata de la primera sentencia emitida en México en la que se determina responsabilidad penal sobre la base de un fallo previo de la Comisión Interamericana, ya que hasta ahora los fallos emitidos por la esa instancia no han tenido seguimiento en el país.
Tanto Jarab como el resto de los activistas y abogados presentes en la conferencia destacaron la relevancia que esta sentencia otorga al testimonio de las víctimas, que suele desestimarse como prueba del delito pero que en este tipo de delitos debe recibir otra consideración.
“Anteriormente se consideraba que el sólo testimonio de la víctima no era suficiente para acreditar la violación, sin embargo, la sentencia de la CIDH señaló desde 2010 que debía darse valor preponderante a los dichos de Valentina, y que en este tipo de delitos al ser de comisión oculta han de tener relevancia los testimonios”, puntualizó el abogado Vidulfo Rosales, quien también ha sido defensor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014.
El activista, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que ha llevado la defensa de Rosendo Cantú junto con otras organizaciones-  precisó que el testimonio de la víctima debe ser considerado por sus particularidades, en su carácter de persona indígena y en su carácter de niña, pues al momento de la violación era menor de edad. “Esto aumenta el valor de su testimonio, sumado a los dictámenes psicovictimales y médicos como elementos de prueba”.
Respecto a esto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas apuntó que este tipo de agresiones suelen ocurrir en entornos “cerrados” donde hay una disputa de narrativas, es decir, que queda la palabra de la víctima contra la del victimario ante la dificultad de probarlo. De acuerdo con la declaración ministerial de Valentina, asentada en la demanda de la CIDH, el poblado donde ocurrió la violación es de difícil acceso y poca comunicación con otros pueblos.
Esta sentencia da credibilidad al testimonio de las víctimas y coloca de nuevo a Rosendo como sujeto de derechos, subrayó por su parte Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, otra de las organizaciones que han denunciado estos hechos a lo largo de 16 años.
“Estoy demostrándole al gobierno que él nunca investigó, tuve que salir de México para buscar justicia en otro país donde fui escuchada, donde sí me creyeron porque yo siempre he dicho la verdad, no como los militares que, después que puse mi denuncia, fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de señalar que ellos me agredieron. Y yo nunca quise dinero, siempre quise que castigaran a los responsables”, expresó Rosendo Cantú durante el evento.

Largo camino

La sentencia de la Corte Interamericana halló culpable al Estado mexicano por la violación de Valentina Rosendo, así como por el ataque a Inés Fernández, otra mujer indígena que también sufrió violencia sexual por parte de militares. En su demanda, la CIDH señala las omisiones del Estado mexicano que derivaron en esta agresión, y le demanda, entre otras cosas, una investigación imparcial sobre el caso y reparación de los daños para Valentina y su hija.
Año y medio después, a finales de 2011, el gobierno mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en el caso y pidió disculpas a Valentina. Ese fue el único avance hasta ese momento en la reparación del daño a la víctima y el castigo a los responsables.
A finales de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército por su presunta participación en estos ataques sexuales: el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra –agresores de Valentina-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez -implicados en la violación sufrida por Inés-. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.
Este 18 de junio, cuando se cumplen dos años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los defensores de derechos humanos anunciaron la sentencia emitida recientemente por la jueza séptima de Distrito con sede en Chilpancingo, capital de Guerrero, en la que finalmente se condena a los responsables a 20 años de prisión por el ataque a Valentina. El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro –otra de las organizaciones involucradas en el caso-, Santiago Aguirre, llamó a que el poder judicial confirme y ejecute esta sentencia para que la justicia realmente tenga efecto, además de reparar los daños que Valentina ha sufrido durante los 16 años de lucha.
“Los militares que agreden a las mujeres nunca se han castigado, yo pienso que esta sentencia va a favorecer que cambiemos, voy a regresar a mi comunidad con mi gente que un día me rechazaron, que un día se burlaron de mí. Aquí está mi verdad, casi media vida llevo con esta lucha de buscar justicia y ahora me siento con muchos ánimos para seguir y acompañar a otras mujeres que han sufrido violación”, dijo Valentina Rosendo.

Fuente.-

EL "BAZAN" del CARTEL del GOLFO "NO SE ESCAPO,lo DEJARON ESCAPAR" INVESTIGADORE$ de "FEREGRINO"...amagados con fuerte cantidad en dólares.

El trascendido en redes sociales apuntaba que HERIBERTO BAZAN RODRIGUEZ uno de los MAS BUSCADOS y por  quien la PROCURADURIA GENERAL de JUSTICIA de TAMAULIPAS OFRECE 2 MILLONES de PESOS había escapado a Investigadores Estatales cuando "YA ESTABA DETENIDO" y era trasladado al lugar de reclusion,hecho que no trascendió ante el sistemático silencio y la consecuente burla al Gobierno de Tamaulipas que encabeza el Panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,ahora da un vuelco,"NO se ESCAPO,lo DEJARON que se ESCAPARA" y ACUSAN participación del FLAMANTE SUB-PROCURADOR ENRIQUE FEREGRINO TABOADA y su equipo de INVESTIGADORE$ ESPECIALE$".


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El trascendido que advierte la diligente colaboración de los efectivos estatales bajo ordenes de Enrique Feregrino con el Cartel el Golfo habria ocurrido la semana pasada, tal y como cita los mensajes en redes sociales que dieron cuenta del suceso y que provoco ademas un fuerte despliegue de distintas fuerzas ante el "falso escape" de 1 de los 10 objetivos focalizados dados a conocer  por el gobernador de Tamaulipas y autoridades de Texas incluso en panorámicos que tambien incluyen a un "MANDO DELICTIVO" SIN ROSTRO y SIN NOMBRE.

NOTA RELACIONADA:



Las mismas redes sociales dieron cuenta y  detalles del vehículo en que presuntamente había escapado sin que ninguna de las autoridades lo encontrara, tampoco mereció pronunciamiento alguno por parte del Gobierno de "Cabeza" en Tamaulipas.

fuente.-Medios/Redes Sociales/

VIDEO: LLAMA AMENAZADOR para EXTORSIONARLA,le SIGUEN el JUEGO,TERMINA COQUETEANDOLE y CONFESANDOSE...dijo que estaba preso.

Una mujer de Sinaloa, recibió una llamada de extorsión de un hombre que, supuestamente, había ' levantado' a su hija, porque "miró cosas que no debía ver" y por su culpa había perdido 300 mil pesos, así que la amenazó con matarla si no le entregaba el dinero.


Aunque la joven no tiene ninguna hija, decidió seguir el ' juego' del sujeto, sin pensar que éste terminaría ' enamorándose de ella' .

"(Tu hija) con lágrimas en los ojos me dio este número, porque me dijo que tú eres la única persona que la puede ayudar. Pero yo no vengo aquí a perder mi tiempo. ¿La vas a ayudar o no? O te cuelgo la chingada llamada, la mato y no la vuelves a ver ni para darle cristiana sepultura", le dijo el extorcionador.

"Pues mire, mátela, no le hace. Aquí tengo tres hijos más", contestó la ' madre' . Y sin mas, éste le respondió: "¡Ay ay ay! Si quiere te puedo hacer otro más". 

Así, después el hombre olvidó su objetivo y continuó coqueteando con su víctima, a quien le confesó que se encontraba en un penal de la Ciudad de México y que se nombre es David e incluso le ofreció su casa para cuando viajara a la CDMX a visitarlo.

Al final, aunque no obtuvo el dinero, consiguió una ' novia de Sinaloa' y cariñoso se despidió de ella, sin antes pedirle su aprobación para seguir marcandole o por lo menos agregarla al "Face". 

"¡Que tengas un bonito día, hermosa", se despidió el enamorado sujeto.

fuente.-


"MEXICO IMPUNIDAD GARANTIZADA": 96% en TAMAULIPAS,es "FACIL MATAR y NUNCA PASA NADA"...esclarecer casos es la excepción y no la regla.

En México es fácil matar y nunca pisar la cárcel.

O al menos eso dicen los números: solo se encarcela a los responsables de cinco de cada 100 homicidios.

Si solo nos concentráramos en encontrar a quienes cometieron homicidios entre 2010 y 2016, nos tardaríamos 124 años en hacerlo, porque a ese ritmo trabaja el sistema de justicia mexicano.


Peor aún, entre más autoridades participen en encontrar al homicida, menos posibilidades hay de resolver el crimen.

El policía preventivo, el primero en llegar a la escena del crimen, no sabe ni siquiera resguardar el cuerpo o el lugar. Poco se le puede pedir cuando miles de ellos ganan menos de dos mil 500 pesos al mes.

El policía de investigación, que en otros países es un detective capacitado, solo conoce la tortura como herramienta de investigación.

El forense apila cuerpos en la calle y acumula muestras de ADN que ni siquiera tiene en dónde procesar.

El ministerio público se encarga de pedir dinero para acelerar un caso.

Y los funcionarios que están en la parte más alta de la pirámide gastan millones en aparatos de última tecnología, que terminan arrumbados, o usan a los policías de investigación como choferes.

Al final, la familia de la víctima debe aceptar que la justicia no llegará nunca, que el crimen de su hija, su padre, su esposa, su hermano quedará impune… salvo que haga su propia investigación o pague.
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Animal Político revisó cómo funciona cada eslabón en la investigación de un homicidio.

¿Cuánto gana cada policía? ¿Qué herramientas tienen para investigar? ¿Cómo trabaja con los fiscales? ¿Qué hacen los peritos? ¿Cómo llegan los casos al juez?

Publicamos cada día dos textos: la versión de la autoridad y el calvario de las víctimas.

La conclusión es clara. Lejos del glamour de las series policiacas, en México se mata porque se puede. Y a la cárcel llegan los inocentes que tuvieron la “mala suerte” de toparse con un judicial urgido de detener a alguien, o los culpables que fueron tan descuidados que un fiscal se topó con ellos.

ESCLARECER UN HOMICIDIO EN MÉXICO ES UNA EXCEPCIÓN Y NO LA REGLA: tomaría 124 años resolver los casos impunes.

Hace años que Laura dejó de contar muertos. “Ya los dejamos pasar”, según dice. Es solo otro más.

Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.
“Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando”.
Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. “Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo”, reconoce.
La rutina de esta detective tampoco es la misma a la de los agentes de homicidios de otros países.
Ella gasta buena parte de su semana en escribir `memos´ para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá toner para la impresora. “No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando toner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo”.
Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.
“No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan”, reconoce Laura.
No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.
Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6 mil 237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.
Nuevo León puede considerarse afortunado. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de mil homicidios que siguen impunes.
El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.




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Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90 por ciento.
Solo se “salvan” Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.
Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.
Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentadoun promedio de 2 mil millones de pesos cada año.
De 2008 a 2015 pasó de 27 mil a 43 mil millones de pesos.
Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendacionesde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.
Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.
La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi el 95% de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.
Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.
Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.
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En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público. En esta primera parte del reportaje solo se revisaron los salarios, el número y la capacitación de cada uno de ellos.
Los preventivos –que llevan uniforme– son los primeros en llegar a la escena del crimen para preservarla. Los policías de investigación, alguna vez conocidos como judiciales, son los encargados de buscar pistas y detener a los sospechosos. Los peritos son expertos que manejan y analizan la evidencias.
Y los agentes del ministerio público (o fiscales) especializados en atender homicidios son quienes coordinan la investigación.
Cada uno de ellos enfrenta sobrecarga de trabajo.
En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.
Pero ese es solo un promedio nacional.
En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.
En Colima, que es el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98.8%), cada agente tendría una carga de 148 asesinatos pendientes. Y como aquí resuelven menos que en Guerrero, tendrían también el récord de tiempo para terminar con su rezago:598 años para investigar solo los homicidios de 2010 a 2016.
Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.
¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobretodo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay mil 600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar —según Laura— los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.
Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.
El exsubprocurador de Ciudad de México, Luis Genaro Vázquez, añade otro problema: rotaciones injustificadas del personal que de por si escasea. “Se cambian a fiscales y comandantes con muchos años de experiencia por capricho de un mando superior”.



INTERACTIVO

¿En cuántos años podríamos resolver todos los homicidios pendientes?

Da clic en el interactivo para explorar la información por estado
En MÉXICO se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de 2010-2016
*Cálculo con datos de INEGI leer más.

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¿Cuánto ganan quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del MP, el salario promedio en el país es de 22 mil pesos, según el cálculo que arrojan los salarios reportados en sus sitios de transparencia. El más bajo es el de Tabasco con 13 mil pesos y el más alto el de Nuevo León con 54 mil. Todos menos impuestos.
Los policías de investigación tienen un salario promedio, en 20 estados revisados, de 13 mil 963 pesos. El más bajo es el de Tabasco, donde ganan 6 mil 700 pesos, y el más alto es en Sonora con 27 mil pesos.
Comparado con otros países tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos (2 mil 285 dólares al mes por 979 dólares que perciben en nuestro país). En Costa Rica reciben casi el triple (2 mil 591 dólares) y en Estados Unidos ganan nueve veces más (8 mil 650 dólares).






Un dato no menor: Laura aclara que, aunque en Nuevo León el sueldo del policía —21 mil pesos— es mayor a otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos.
El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos (algunos viven hasta a 3 horas de distancia de sus oficinas) y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias.
Pero si ésta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor.
Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal: resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.
Y de esos policías nos faltan, al menos, el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial , México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por cien mil habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8 elementos.
En promedio, México tiene 8 policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes: en Yucatán —el estado con menor impunidad— tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima o Guerrero hay dos.

Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos de INEGI señalan que el 40% de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos.
Y no es lo más bajo. Uno de cada 5 policías municipales en el país ganan menos de cinco mil pesos mensuales. En Oaxaca hay municipios donde los agentes ganan 2 mil 500 pesos quincenales, dice Said Villalobos, agente del Ministerio Público de dicho estado.
Peor: hay 4 mil 900 elementos reconocidos como policías municipales que no perciben siquiera un sueldo fijo.
El bajo salario tampoco se compensa con prestaciones. El Índice de Desarrollo Policial 2017 revela que hay 13 estados del país donde no se proporciona a los policías locales las mínimas prestaciones de ley.



INTERACTIVO

Comparación salarial entre estados

*Datos INEGI. Leer más.


¿Y la capacitación? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2 mil 463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para "preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso".
Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos dos años, el 70% se caen en la fase inicial —ni siquiera llegan al juicio— por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías.
Enrique Inzunza Cázares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, confirma que el déficit en capacitación de los policías locales repercute en los casos. “No dominan conocimientos básicos y eso tiene consecuencias muy graves: que los elementos que se recogen en la escena son declarados prueba ilícita, y luego no sirven para ser invocados en un juicio. La gravedad es esa, que el primer respondiente no sepa actuar conforme a estos estándares: echa a perder todo el caso, desde el inicio”.

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Tuxtepec, Oaxaca.
Los dos empleados de la funeraria El Triunfo aguardan a un lado del cordón que la policía colocó afuera de un bar cuya encargada, Avelina García, ha sido asesinada. Según los testigos, un hombre entró y sin mediar palabra le disparó varias veces y huyó en una motocicleta.
La gente se junta ante la noticia de un homicidio más, el número 10 en menos de dos semanas en la ciudad. Los empleados de la funeraria esperan. Sus rostros denotan poco interés y sorpresa por lo que ocurrió en el bar. Uno de ellos está sumergido en su teléfono celular y el otro platica con un policía sobre un partido de béisbol y el calor.
—¿Ustedes que hacen aquí? —se le pregunta al empleado del teléfono, luego de una hora de espera sin que pase nada en el sitio.
—Esperando que lleguen los peritos a registrar el lugar para que nos podamos llevar el cuerpo —señala sin despegar la mirada del aparato.
—¿Qué eso no lo hacen los peritos en una ambulancia? —se le insiste
El empleado separa los ojos del celular, sonríe y responde:
—N´ombre... aquí lo hacemos las funerarias. Al gobierno no le alcanza ni para levantar a los muertos…
***
En la investigación de un homicidio el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. “Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias”.
El problema es que no hay peritos suficientes.
Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo dos horas tendido en el suelo sin que se pudiera hacer nada, porque solo hay dos peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento estaban en otra emergencia en una localidad contigua.
Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características. Pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contaminar la escena, y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos.
“No tenemos nosotros de ese material. Usamos bolsas de plástico normales, pero las ponemos en lo que es el piso de la camioneta. No tanto por seguridad, sino por no ensuciarla, porque luego cuesta la lavada…", explica uno de los empleados.
El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos.
“En la región solo hay dos peritos expertos en criminalística, dos médicos legistas y dos psicólogos. Es imposible que podamos sacar el trabajo”, explica el agente de investigación Said Villalobos.
En Veracruz, tercer estado más poblado de México, el gobierno reportó a INEGI que hay 250 peritos sin dar detalles de sus especialidades. Uno de ellos, que también habló bajo condición de anonimato, asegura que hay ciudades donde no hay más de tres peritos.
“Los tres tienen que hacer todas las especialidades: levantar cuerpo, hacerle de criminalista, de fotógrafo, de chofer de ambulancia, de camillero, y si tiene que sacar huellas dactilares, también le haces de dactiloscopista... Eso merma la investigación. Estamos en un homicidio cuando ya reportaron otro”, lamenta.
La falta de peritos se vive en todo el país. En Guadalajara, Enrique Ballesteros, jefe de Criminalística de Campo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, reconoce que la delincuencia “los rebasó” por lo que sus peritos solo atienden casos de la capital. Para el resto del estado han capacitado —según dice— a policías locales que hagan el trabajo.
Sergio Palacios, coordinador de balística forense de Guadalajara, asegura que requieren el “doble de plazas”.
Carlos Morales, perito en balística en Nayarit, dice que hay ocasiones donde tienen que analizar más de 300 elementos balísticos en una semana y no hay equipos. Al menos Carlos está contento porque finalmente tiene una compañera que se queda de guardia, lo que le garantiza descansar el fin de semana.
La compañera de Carlos, Mercedes Macías, que también es perito en Nayarit pero del área de química, dice que en 24 años de trabajo nunca había sentido tanta demanda como ahora, lo que no se combina con un incremento de salario. Dice que gana 10 mil 400 pesos al mes, que debería completarse con bonos que no les han pagado.
Datos del INEGI confirman que 1 de cada 3 peritos en México percibe el sueldo de Mercedes, de 10 a 15 mil pesos mensuales, menos impuestos. De nuevo el contraste: un perito en Costa Rica —ya tomando en cuenta el factor paridad de precios— gana 3 mil 565 dólares mensuales (por mil 691 que en México), o sea el doble. En Brasil ganan 4 mil 853 dólares en promedio, casi el triple, y en Estados Unidos perciben 6 mil 888 dólares, cuatro veces más.
Ricardo Realivazquez Domínguez, Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice que la policía municipal creó su “Unidad de Atención a la Escena” con agentes capacitados para levantar evidencia, ante la escasez de peritos.
Las mismas historias se escuchan en uno y otro estado. “No tenemos los peritos, porque el que hay está en el levantamiento de otro homicidio, y tenemos que esperarlo a que regrese, o el de balística, que es de lo más común que necesitamos en un homicidio, y en Texcoco tenemos 2, y otros 2 en Neza. Con ellos abarcamos lo que es toda la zona oriente del estado, no alcanza”, dice Gabriel Gutiérrez, agente del MP mexiquense.
Dos peritos de Ciudad de México revelaron que hay veces que su trabajo lo realizan policías de investigación sin ninguna preparación para ello.
“Se manda a policías de investigación, y ellos, obviamente, no están capacitados para realizar la labor de un criminalista de campo... Y si pensamos que muchas veces el criminalista de campo también realiza las labores que tocan al médico de campo, al final todas estas funciones las termina haciendo el policía, sin tener conocimiento de nada”, dijo uno de ellos.
Según los datos oficiales, hay casos peores. Mientras Ciudad de México tiene un promedio de 9 homicidios nuevos por año por cada perito criminalista y 23 casos nuevos por perito químico, en Guerrero el promedio es de 51 homicidios por criminalista y 115 casos por perito químico.
Y si bien la capital del país tiene en promedio un médico forense para 23 homicidios nuevos al año, en Morelos es de 36 casos por cada perito médico, y en Puebla son 116. Hay estados como Oaxaca que prefirieron no revelar el número de médicos con los que cuentan.
“Mi agencia no tiene un médico legista, no tiene un perito en criminalística, no tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada, carecemos de absolutamente todo. Ahí, en esa agencia, yo soy agente del MP, y el que recoge la basura. No hay nadie más que yo”, dice Gabriel Gutiérrez, el agente del MP mexiquense.
Fuente.-Animal Politico/