Dos magistradas de elección popular,esa farsa que le puso toga a incondicionales de Morena y el oficialismo a cargo de Claudia Sheinbaum,acaban de cancelar en forma definitiva la extradición a Estados Unidos de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador priista de Tamaulipas y actual cuadro del Partido Verde aliado de Morena.
Por mayoría de votos, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de Tamaulipas, determinó que es México y no Estados Unidos el país que tiene la jurisdicción «preferente e ineludible» para juzgar al ex gobernador de dicha entidad.
Quienes votaron por cancelar la extradición son las magistradas Dulce Yanet Vega Camacho y Lourdes Guadalupe Ávila Tovías, ganadoras de sus plazas en la elección judicial de junio pasado.
El fallo ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores dejar sin efecto la orden de extradición del 2 de marzo de 2018 y dictar una nueva resolución en la que niegue su entrega.
«Se afirma que el Estado Mexicano, en el ejercicio de su soberanía, posee la jurisdicción preferente e ineludible para juzgar a sus nacionales por los delitos cometidos en su territorio, en particular, a aquellos que afectan directamente su orden jurídico y patrimonio», dice el fallo.
Aclarando aunque no amanezca
Este fallo con cara de falla, que detiene la extradición de Eugenio Hernández Flores no nació del Código, sino del cálculo; no brota de una interpretación virtuosa del derecho, sino de la ingeniería política de la nueva República Judicial que Morena está fabricando con magistraturas recién estrenadas y leales.
Si uno desmenuza el argumento, la trama se revela: el Tribunal Colegiado de Tamaulipas dice que México tiene una “jurisdicción preferente e ineludible” porque parte de los delitos —de lavado y fraude bancario— ocurrieron en territorio nacional. Bonito eufemismo para blindar un favor con el barniz de la soberanía. El texto es de manual: invocan la soberanía nacional como escudo para tapar la sumisión partidista.
El problema es que el artículo 119 constitucional, junto con el Tratado de Extradición México–Estados Unidos, establece que la entrega de un connacional no está prohibida, solo condicionada. Y que cuando el delito tiene efectos transnacionales —como en este caso, con operaciones financieras en Texas y cuentas en dólares— la competencia puede compartirse, pero la decisión recae discrecionalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, el tribunal no tiene facultades para cancelar la entrega. Pero las nuevas magistradas, recién salidas de la elección judicial patrocinada por el partido en el poder, decidieron reescribir el principio de colaboración internacional como si fuera una epopeya soberanista.
El magistrado de carrera, Guillermo Cuautle, lo dijo sin alegoría:la resolución invade competencias del Ejecutivo. Pero su voto fue minoría, arrasado por la narrativa nacionalista que disfrazó un acto político. Porque lo que aquí se resolvió no fue si Hernández es culpable o no, sino si convenía dejarlo fuera del control de la justicia estadounidense justo cuando Morena busca limpiar sus cuadros locales de escándalos antes del 2027.
La “jurisdicción preferente” es la nueva máscara de la impunidad. El razonamiento del tribunal es, en el fondo, un tratado sobre cómo vestir de constitucionalismo una decisión que es pura estrategia: proteger a un aliado incómodo, pero potencialmente útil.
No se trata de un error técnico —es una jugada—. En México, el derecho suele ser performático: se declama para no aplicarse. Y en este caso, las magistradas arrastradas ,al poder, se aprendieron bien el guion.
Con informacion: ELNORTE/
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