2025 fue el año en que el gobierno habló de “pacificación” mientras el país olía a carne quemada, pólvora húmeda y gasolina regada en el piso de los bares.
País en modo campo de tiro
En los spots, México era potencia moral; en el mapa criminal, era tablero de guerra con fichas llamadas Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y CDMX, todos marcados en rojo fosforescente. Más de 2 mil 500 atrocidades en seis meses —torturas, descuartizados, linchamientos— quedaron archivadas en la carpeta más exitosa de la burocracia: la de los eufemismos.
2025 fue el año en que el gobierno habló de “pacificación” mientras el país olía a carne quemada, pólvora húmeda y gasolina regada en el piso de los bares.
País en modo campo de tiro
En los spots, México era potencia moral; en el mapa criminal, era tablero de guerra con fichas llamadas Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y CDMX, todos marcados en rojo fosforescente. Más de 2 mil 500 atrocidades en seis meses —torturas, descuartizados, linchamientos— quedaron archivadas en la carpeta más exitosa de la burocracia: la de los eufemismos.
Mientras Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch estrenaban año completo en el poder federal, los grupos criminales estrenaban temporadas de terror entre cárteles nacionales y regionales. El Estado hablaba de coordinación, pero en el terreno lo que se coordinaba era el fuego cruzado, los coches bomba y las alianzas tejidas desde las prisiones.
Jalisco: el infierno como entrenamiento
En el Rancho Izaguirre, la realidad alcanzó al narco-horror: un supuesto centro de adiestramiento y exterminio, con casi 500 indicios de ropa, restos y objetos personales esparcidos como inventario de lo inconfesable. Las autoridades se apresuraron a aclarar que eso no significaba víctimas identificadas ni confirmadas, como si el problema fuera semántico y no que colectivos hallaron un rancho del horror bajo la nariz del Estado.
Testimonios recopilados por Sandra Romandía describen más de diez años de captación por falsas ofertas de trabajo, despojo de celulares, videos de “adhesión voluntaria” al cártel, entrenamiento brutal, descuartizamientos, incineraciones y, por si faltaba algo, episodios de canibalismo. Oficialmente, el caso está “atraído” por la FGR y “asegurado” el predio; extraoficialmente, el mensaje es claro: la desaparición masiva ya ni siquiera necesita discreción, sólo trámites.
Capital y estados: la normalización del espanto
En la CDMX, la ciudad que presume cámaras, inteligencia y “contención”, mataron en Tlalpan a la secretaria particular y al coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, vigilados 20 días, emboscados con dos autos y una moto. El crimen aun se pasea entre versiones: CJNG, La Unión Tepito, venganza política o intento de desestabilización; lo único estable es que el móvil real no se ha explicado y la percepción de seguridad se derrumbó a balazos.
En Hidalgo, dos agentes que iban a notificar una medida de protección terminaron torturados 15 horas en la catedral del Angelito Negro 666, marcados con signos y rematados en hospitales, mientras el culto luciferino operaba como negocio esotérico y centro criminal. Decomisaron armas, droga, un auto y una cabra negra, pero lo que quedó en claro es que ni una orden de aprehensión previa impidió que “El Padrino” convirtiera una colonia marginada en laboratorio de sadismo impune.
Guanajuato y Michoacán: guerra a cielo abierto
En Irapuato, una fiesta patronal se volvió carnicería: 12 muertos y 20 heridos, ataque indiscriminado captado por la transmisión en vivo de la banda, con una madre protegiendo a su bebé mientras los proyectiles dictaban la liturgia. La disputa entre CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima no sólo llenó nota roja, sino cementerios, mientras el estado acumulaba masacres en bares, casas y festejos, con “motosicarios” como símbolo de la modernización del sicariato.
OFAC sancionó al CSRL y a “El Marro”, y de paso soltó el dato: reclutaron exmilitares y paramilitares colombianos para su guerra contra el CJNG, porque la globalización también llega al outsourcing de la violencia. Todo eso en una entidad descrita como “uno de los estados más peligrosos de México”, mientras se mantiene el teatro de la gobernabilidad y las mesas de seguridad.
En Michoacán, un coche bomba frente a la base de la Policía Comunitaria en Coahuayana dejó seis muertos y al menos 12 heridos, con la carga detonada a distancia, posible dron incluido. La FGR primero habló de terrorismo y luego reculó a “delincuencia organizada”, como si la etiqueta modificara el hecho de que el CJNG prueba formatos de guerra irregular en la costa mientras el Estado ensaya comunicados.
El país de las fosas y las cifras que no caben en un tuit
Jalisco, además del rancho del horror, siguió encabezando la crisis de desapariciones, con cientos de bolsas con restos humanos encontradas cerca del Estadio Akron, futura vitrina mundialista. Organismos como Amnistía Internacional pidieron investigar los múltiples hallazgos de fragmentos óseos, mientras colectivos excavan a pico y pala donde el Estado llega tarde, mal o sólo para acordonar.
Causa en Común documentó al menos 2 mil 517 atrocidades en el primer semestre: torturas, descuartizamientos, feminicidios agravados, linchamientos y un catálogo que haría vomitar a cualquier comité de derechos humanos contemporáneo. En el discurso oficial, todo eso cabe en dos palabras: “hechos aislados”; en el territorio, es la política real de control, miedo y administración del terror, tercerizada a grupos armados mientras el gobierno vende paz en horario estelar.
Con informacion: EMEEQUIS/
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