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domingo, 13 de septiembre de 2026

“MARCHARON por la PAZ: CULIACÁN NO QUIERE ACOSTUMBRARSE a CONTAR CADÁVERES, LEVANTONES y DESPOJOS”… quieren salir a trabajar, estudiar o circular sin convertirse en estadística.


El más reciente corte de caja de la narcoguerra en Sinaloa no admite propaganda ni autoengaños: entre el 9 de septiembre de 2024 y el 11 de septiembre de 2026 se acumulan 3 mil 850 homicidios dolosos4 mil 408 personas privadas de la libertad y 12 mil 474 vehículos robados. Es decir, cinco asesinatos, seis levantones y 17 despojos de vehículo al día. Un balance de guerra, aunque desde el discurso oficial insistan en venderlo como estrategia. 

A esa contabilidad hay que sumar 3 mil 941 detenidos y 211 personas abatidas: números que sirven para el parte gubernamental, pero que no han logrado disminuir el miedo, devolver a los desaparecidos ni garantizar que una familia pueda salir a trabajar, estudiar o circular sin convertirse en estadística.

Y mientras las cifras retratan una ciudad atrapada en una violencia prolongada, cientos de culiacanenses salieron vestidos de blanco a marchar por lo elemental: vivir. 

Madres buscadoras, niños, productores, activistas, empresarios y ciudadanos caminaron por la avenida Álvaro Obregón rumbo a Catedral, soltando globos por quienes fueron asesinados o desaparecidos en la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”. El mensaje fue sencillo, aunque parezca demasiado pedir: Culiacán no quiere acostumbrarse a contar cadáveres, levantones y despojos como si fueran parte del paisaje.

La presidenta de Coparmex Culiacán, Martha Reyes, pidió no rendirse; el productor Martín Lim habló de la incertidumbre que paraliza al campo y a la actividad comercial; madres como Rosa Lidia Félix recordaron la brutalidad de una realidad en la que —advirtió— no hace falta hacer nada para que algo te ocurra. En una ciudad donde hasta caminar tranquilo se volvió aspiración colectiva, la marcha no fue contra alguien en particular: fue contra la normalización del infierno.

Porque una estrategia que se respete tendría que reducir la violencia, contenerla y evitar que se reproduzca. No administrarla con boletines, no maquillarla con detenciones, mucho menos perpetuarla mientras la población pone los muertos, los desaparecidos y los vehículos. Si después de dos años el saldo diario sigue siendo muerte, levantón y despojo, no hay mucho margen para el optimismo oficial: lo que hay es un fracaso con cifras. 

Con información: ELNORTE/

“REDES DESBARATAN REDES: APUNTAN a M.P REPROBADO como ENLACE entre FISCALÍA y el CDG en MATAMOROS”…siempre hay uno, o más de uno, que recibe las instrucciones.


Las redes sociales han demostrado ser un territorio incómodo para el poder: un espacio que no siempre puede ser vigilado, administrado ni silenciado por el Estado. Entre ruido, propaganda y cuentas anónimas, también emergen señalamientos capaces de romper el blindaje institucional y de exhibir esas redes que operan donde debería imperar la ley: las delincuenciales, pero también las de protección, tolerancia y complicidad oficial.

Ese es el alcance del señalamiento recientemente difundido contra Eduardo Rodríguez, identificado en la publicación como integrante del Ministerio Público en Matamoros y presunto enlace entre la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y Alfredo Cárdenas, alias El Contador, señalado como líder de «Los Escorpiones «,una peligrosa facción del Cártel del Golfo que actúa bajo el paraguas de MORENA y el alcalde de Matamoros. 

La acusación, por su gravedad, no puede despacharse con el reflejo burocrático de ignorarla, descalificarla o esperar a que el escándalo se diluya entre publicaciones y reacciones.

La fuente que difunde el señalamiento —tradicionalmente asertiva en este tipo de denuncias— obliga a tomar el mensaje con seriedad, aunque, desde luego, no sustituye una investigación ni acredita por sí sola los hechos.

Precisamente por ello corresponde a la autoridad actuar a ambos lados del río, pues se presume que el señalado reside en Brownsville Texas,en Mexico le pagan en pesos y el gasta en dólares. No se busca convalidar una acusación pública de las que ya existen muchas, sino esclarecerla mediante expedientes, registros, llamadas, movimientos financieros, controles de confianza —que, según la denuncia, habría reprobado—, antecedentes laborales y toda la evidencia disponible con las herramientas de la ley.

Lo que debe hacer la autoridad

Ante una denuncia pública que atribuye a un servidor ministerial una posible conexión con una organización criminal, la Fiscalía tiene la obligación de abrir, de oficio, un acta circunstanciada. Ese documento debe dejar constancia formal de:

  • La existencia y contenido íntegro de la publicación.
  • La fecha, hora, cuenta emisora, imágenes y alcance de la denuncia.
  • La identificación del servidor público mencionado.
  • Las diligencias iniciales ordenadas para preservar evidencia digital.
  • La valoración preliminar de posibles delitos, faltas administrativas o riesgos de infiltración institucional.
  • La determinación de remitir el caso a un área distinta e independiente, para evitar que quienes pudieran estar involucrados investiguen dentro de su propia estructura.

Aunque más que hablar de una “obligación legal de abrir un acta circunstanciada” como si ésa fuera la única figura obligatoria, conviene precisarlo así: la ley obliga a la Fiscalía a investigar cuando conoce de una posible conducta delictiva perseguible de oficio. El acta circunstanciada sería el instrumento inicial para documentar, preservar y dar trazabilidad al señalamiento; si de esa revisión surgen datos mínimos de delito, la consecuencia procedente es abrir una carpeta de investigación, no archivar el asunto en la conversación digital.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ahora a cargo de un ex-recluso federal por servir al Cartel del Golfo en Matamoros , no puede alegar desconocimiento ni refugiarse en el silencio frente a un señalamiento público que atribuye a un servidor ministerial una posible relación con delincuencia organizada. 

El artículo 9, fracción I, de su Ley Orgánica establece que, siempre que la institución tenga conocimiento de la posible comisión de un delito perseguible de oficio o por denuncia, deberá investigarlo; no es una cortesía política ni una facultad discrecional. 

Por ello, la publicación debe ser incorporada de inmediato mediante un acta circunstanciada que documente su contenido, fecha, cuenta emisora, imágenes, enlaces, identidad de la persona señalada y cualquier otro dato verificable, a fin de preservar el material digital y determinar, sin prejuzgar, si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación.

La exigencia puede sostenerse en tres planos:

  • Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 3. La Fiscalía tiene como fines investigar delitos, esclarecer hechos, combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho. Una acusación que plantea una posible infiltración criminal en la procuración de justicia encaja de lleno en esos fines institucionales.
  • Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 5, fracción I. Corresponde a la Fiscalía investigar y perseguir los delitos. La obligación no desaparece porque la primera noticia del hecho haya aparecido en redes sociales; lo relevante es que la autoridad adquiere conocimiento de hechos que, de confirmarse, podrían tener relevancia penal
  • Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 9, fracciones I, II y IV. El principio de legalidad exige investigar la posible comisión de delitos de oficio; el de imparcialidad obliga a atender tanto los datos que incriminen como aquellos que desmientan la versión; y el de objetividad impide resolver el caso con rumores, afinidades o intereses, pues toda determinación debe descansar en datos de prueba.
  • Código Penal de Tamaulipas, artículo 439. Entre las hipótesis de encubrimiento figura omitir denunciar hechos perseguibles de oficio que se sabe se han cometido, se están cometiendo o van a cometerse. Esto no autoriza a dar por probada ninguna acusación difundida en redes, pero sí refuerza que una autoridad no debe desentenderse de información potencialmente delictiva sin verificarla.

Por qué un acta circunstanciada

El acta no sustituye a la investigación ni equivale a imputar o procesar a alguien. Su función es dejar constancia institucional de que la Fiscalía recibió una noticia criminal y de qué medidas iniciales adoptó para no perder evidencia.

En un caso difundido por redes, debería asentar, como mínimo:

  • Capturas íntegras de la publicación, URL, fecha, hora, usuario emisor y material multimedia.
  • La transcripción literal del señalamiento, evitando que una interpretación posterior altere su contenido.
  • La identificación administrativa del servidor público mencionado y su adscripción.
  • La orden de preservar evidencia digital y verificar la autenticidad, origen y contexto del mensaje.
  • La remisión a un área competente e independiente, especialmente si el señalado pertenece a la propia Fiscalía.
  • La determinación fundada sobre si los datos reunidos justifican una carpeta de investigación, una investigación administrativa o, en su caso, el archivo por inexistencia de elementos delictivos.

No se pide que la Fiscalía condene a nadie por una publicación ni que sustituya la prueba por el escándalo. 

Se exige algo más básico: que deje constancia formal de la noticia criminal, preserve la evidencia y active una revisión independiente. El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no deja margen para la comodidad institucional: cuando la autoridad conoce de una posible conducta delictiva perseguible de oficio, debe investigarla. 

Primero, mediante un acta circunstanciada que fije el contenido y origen del señalamiento; después, si aparecen datos mínimos que lo ameriten, con la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. Callar no es objetividad; objetividad es investigar tanto lo que pueda comprometer al señalado como aquello que pueda exonerarlo.

No se trata de condenar a Eduardo Rodríguez desde una pantalla ni de convertir una publicación en sentencia. Se trata de algo más elemental: cuando se acusa que la procuración de justicia puede estar sirviendo de puente hacia el crimen organizado, el silencio oficial deja de ser prudencia y empieza a parecer encubrimiento.

El punto incómodo

En Tamaulipas, donde la línea entre autoridad, miedo y criminalidad ha sido históricamente motivo de sospecha pública, una denuncia de esta naturaleza merece algo más que indiferencia. Si es falsa, una investigación seria debe desmentirla con claridad. Si contiene elementos ciertos, el costo de haberla ignorado será todavía mayor.

Las redes sociales no reemplazan al Ministerio Público; lo exhiben cuando éste no cumple su función. Y cuando la denuncia apunta a que un agente estatal podría fungir como enlace de un capo, la respuesta legal no puede ser el mutismo: debe ser un acta circunstanciada, una investigación autónoma y resultados verificables.

Con información: @Redes/

“S E R É N E N S E ?: PRESIDENTE de CONSEJO de MORENA le JUEGA al PULCRO y NIEGA los DADOS CARGADOS en TAMAULIPAS"… con el gobernador como principal MANCHADO de CHAPOPOTE.


“Serénense”, pidió Rómulo Pérez, presidente del Consejo Estatal de Morena, a la militancia morenista que ya anda correteando candidaturas rumbo a 2027 en Tamaulipas. Y uno entiende el mensaje: no se empujen, no hagan ruido, no gasten de más… hasta que desde arriba les digan quién sí puede gastar, quién sí puede recorrer colonias y quién sí puede aparecer hasta en la sopa con el pretexto de que “está trabajando con el pueblo”.

El discurso de Rómulo Pérez pide calma, pero suena menos a una defensa de la democracia interna que a un recordatorio de quién administra el semáforo. Dice que no hay dados cargados; el problema es que en la política mexicana hasta los dados suelen tener padrino.

El sermón de la calma

“Serénense”, ordena el gerente del misterio

Porque en Morena, al parecer, la carrera no empieza cuando la gente saca las lonas, pinta las bardas, contrata páginas de Facebook y organiza reuniones con aroma a candidatura. No. La carrera empieza cuando la Comisión Nacional de Elecciones decide que ya es oficialmente carrera. Antes de eso, todos son modestos promotores de los ideales; después, milagrosamente, se convierten en candidatos.

Pérez asegura que ni el dinero, ni los meses de promoción, ni las presiones garantizan un lugar en la boleta. Qué alivio. Ya podemos dormir tranquilos: los aspirantes que llevan meses cultivando su imagen pública no están haciendo campaña, están practicando agricultura política. Si riegan la tierra con espectaculares, publicaciones patrocinadas y abrazos calculados, es únicamente para que florezca la conciencia social.

Los dados “no están cargados”

La frase estelar es digna de vitrina: “No hay dados cargados, no hay nada para nadie”. Es decir, nadie tiene candidatura asegurada… salvo que, llegado el momento, la Comisión determine que alguien era la opción más competitiva, más conocida, más identificada con el movimiento, más querida por las encuestas y, por una coincidencia cósmica, la persona que ya venía apareciendo en todos los eventos importantes al lado del gobernador Américo Villarreal o simplemente palomeado por la currícula tatemada.

No hay dados cargados, nos dicen. Sólo hay una mesa, una Comisión, una encuesta, una evaluación de “buena imagen”, otra de “identidad partidista”, filtros de idoneidad y una definición final que la militancia deberá recibir con entusiasmo, disciplina y una sonrisa de agradecimiento.

En otras palabras: no hay dados cargados; hay un casino con reglamento interno. Y como en todo casino serio, los jugadores pueden apostar, pero la casa conserva el derecho de decidir cuándo se abre la mesa, qué cartas cuentan y quién merece sentarse cerca del crupier.

El examen de pureza

También enternece la promesa de que no bastará con ser conocido, porque alguien puede ser conocido “para mal”. Correcto. El detalle es que la “buena imagen” y la “identidad partidista” son conceptos tan elásticos que caben lo mismo una trayectoria genuina que una conversión ideológica de último minuto, siempre y cuando venga bien planchada, con fotografía oficial y el saludo correcto.

Ahora resulta que habrá un examen de pureza morenista cuando el gobernador es el principal manchado: demostrar que se conoce “lo que es Morena y lo que representa para millones de mexicanos”. Muy bien. Sólo falta saber quién califica, con qué criterios, qué peso tendrá cada evaluación y si la congruencia se mide en años de trabajo, en votos internos, en encuestas o en la habilidad para no incomodar a quienes toman la decisión.

Porque pedir identidad partidista no es absurdo. Lo absurdo es invocar la identidad como si fuera una estampita de autenticidad mientras el partido ha recibido, reciclado y promovido a políticos provenientes de prácticamente todos los colores del antiguo catálogo electoral. Ayer eran adversarios del proyecto; hoy, con la conversión adecuada y la fotografía correcta, pueden ser compañeros de causa.

Contra los “acelerados”… selectivamente

Pérez critica a quienes se adelantan con publicidad, recorridos y presencia pública. Tiene razón en una cosa: la anticipación electoral es una plaga. Pero la cura no puede consistir en regañar a los aspirantes de abajo mientras se tolera que los más visibles, los más conectados o los más bendecidos hagan precampaña bajo la coartada del “trabajo territorial”.

Si se trata de respetar tiempos, que se respeten para todos. Si se trata de impedir que el dinero compre posicionamiento, que haya transparencia real sobre gastos, propaganda, operadores, eventos y plataformas digitales. Si se trata de evitar presiones, que también se prohíba la presión elegante: esa que no llega en panfleto ni en crítica de prensa, sino en forma de estructura, padrinazgo, cargo público, encuesta a modo o aplauso organizado.

No basta con decirles a los aspirantes que “no gasten suela, dinero ni saliva”. Habría que pedirles también a los dirigentes que no gasten retórica para disfrazar de proceso abierto lo que, muchas veces, termina pareciéndose a una selección administrada desde las alturas.

La unidad como obediencia

La palabra mágica vuelve a ser “unidad”. En traducción política, unidad suele significar que todos pueden participar mientras no cuestionen el resultado, todos pueden competir mientras no estorben al favorito y todos pueden tener aspiraciones mientras acepten que la aspiración principal es obedecer.

Morena presume estructura en Tamaulipas, comités seccionales y presencia territorial. Perfecto: una estructura partidista fuerte puede ser valiosa. Pero una estructura no es democracia por el simple hecho de estar organizada; también puede convertirse en maquinaria de disciplina, reparto de lealtades y control de disidencias si las decisiones importantes se toman lejos de la militancia y se presentan después como voluntad colectiva.

El llamado a serenarse sería creíble si viniera acompañado de reglas claras, árbitros confiables, transparencia en las encuestas, rendición de cuentas sobre los criterios de selección y condiciones parejas para todos. Sin eso, el mensaje no es “guarden la calma”: es “guarden silencio hasta que les avisemos quién ganó”.

Y, francamente, cuando un dirigente insiste tanto en que no hay candidaturas repartidas, uno no puede evitar mirar debajo de la mesa. No para buscar dados cargados, desde luego. Sólo para confirmar que no haya una lista ya escrita, con tinta guinda y el clásico sello de “decisión del movimiento”.

Con información: HOYTAMAULIPAS/

“OTRO REPROCHE en VOZ ALTA: DOS AÑOS de DAÑOS después, SINALOA sigue ATRAPADO en la MISMA ESCENA SANGRIENTA”… 24 meses sin conseguir armar una respuesta a la altura del desastre.


Dos años después, Sinaloa sigue atrapado en la misma escena: discursos por un lado, patrullas por otro y una violencia que no pide permiso para seguir mandando. El reproche del CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CESP) no es una observación diplomática: es la admisión, dicha en voz alta, de que el Estado y la sociedad organizada han pasado 24 meses sin conseguir armar una respuesta a la altura del desastre. 

Dos años perdidos: Sinaloa no necesita otro diagnóstico, necesita que alguien se haga cargo

A estas alturas ya no alcanza con decir que Sinaloa vive “tiempos oscuros”. Oscuro fue el primer mes, quizá el primero año. Pero dos años después, cuando la violencia se volvió rutina, cuando el miedo cambió horarios, negocios, trayectos y conversaciones familiares, seguir hablando en futuro es una forma elegante de aceptar que nadie ha sabido —o querido— poner orden en el presente.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública acaba de ponerle nombre al fracaso: Sinaloa ha perdido dos años sin articular una respuesta suficiente frente a la violencia. Traducido al castellano de la calle: dos años de reuniones, operativos, boletines, promesas de coordinación y fotografías oficiales sin que aparezca, con claridad, una estrategia capaz de devolverle a la gente algo tan elemental como la tranquilidad de salir, trabajar y volver a casa. 

Porque sí: el Gobierno tiene la responsabilidad principal. No es una opinión, es su función. Para eso administra recursos públicos, concentra facultades, presume mandos, coordina corporaciones y recibe el mandato constitucional de proteger la vida y el patrimonio. No puede repartir culpas como si fuera un comité vecinal ni pedirle a la población que complete, con buena conducta y paciencia infinita, lo que las instituciones no han podido resolver con presupuesto, armas, inteligencia y autoridad.

La sociedad tiene responsabilidades, desde luego. Nadie sensato puede negar la importancia de la prevención, la legalidad, la denuncia o el cuidado de lo que se consume y difunde en torno a la violencia. Pero conviene no confundir colaboración ciudadana con sustitución del Estado. A la gente no le toca diseñar la estrategia de seguridad; le toca exigirla. No le toca improvisar la coordinación institucional; le toca reclamar resultados. Y, sobre todo, no le toca acostumbrarse a sobrevivir mientras los gobiernos ensayan explicaciones.

Dos años son suficientes para medir si una estrategia existe o si sólo hay una colección de reacciones tardías. Si después de 24 meses la conclusión oficial es que “no hemos podido articularnos”, entonces la pregunta inevitable es brutalmente sencilla: ¿qué estuvieron haciendo mientras Sinaloa se desgastaba?

No se puede seguir administrando el miedo como si fuera una estadística incómoda. Cada homicidio, desaparición, despojo, cierre de negocio o familia desplazada representa una falla concreta del aparato que debía protegerla. Y frente a eso, la paz no puede reducirse a una consigna para eventos públicos ni a una promesa que se recicla cada semana.

Sinaloa no necesita otra ceremonia de buenas intenciones. Necesita una estrategia pública, coordinada, verificable y con responsables identificables; una que diga qué se hará, quién lo hará, con qué recursos, bajo qué plazos y cómo se rendirán cuentas si vuelve a fracasar. Lo demás —los llamados abstractos a “sumar capacidades”— corre el riesgo de convertirse en la coartada perfecta para que todos participen en el discurso y nadie responda por el resultado.

Porque después de dos años, el problema ya no es solamente la violencia. El problema también es la incapacidad de enfrentarla sin rodeos, sin eufemismos y sin convertir la resignación en política pública.

Con información: NOROESTE/

EL “ÁGUILA” está PA’ LLORAR: VATICINAN OTRO RESCATE para PEMEX y, para HACERLO, MÉXICO TENDRÁ que PASAR la TARJETA»… la empresa casi vale lo que debe, administrada con manos de estómago.


A pesar de que The Economist y Bloomberg ya encendieron las luces de emergencia —porque seguir echándole dinero a Pemex puede terminar de poner en jaque la calificación de la deuda mexicana—, el Gobierno de Claudia Sheinbaum parece decidido a mantener abierto el respirador artificial en 2027. Especialistas anticipan que habrá otro rescate, porque al parecer cerrar la llave nunca ha sido opción cuando se trata de la petrolera estatal.

La previsión es que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 mantenga la tradición: más dinero público para Pemex y, si no alcanza, más deuda. Porque si un hoyo financiero no se tapa con billetes de los contribuyentes, siempre queda la elegante opción de agrandarlo con créditos.

Luis Miguel Labardini, socio director de Labardini & Christlieb Energy Experts, explicó que Pemex sigue en una “transición” para fortalecer sus finanzas. Traducción: sigue sin salir del pantano, pero con una presentación de PowerPoint que promete que ahora sí va en serio.

Según Labardini, el Gobierno federal cubrirá una parte importante de los compromisos financieros de Pemex en 2027, particularmente el servicio de su deuda. Es decir, el Estado volverá a pasar la tarjeta para pagar una cuenta que la empresa no logra saldar por sí misma.

Además, se analiza que Pemex regrese por su cuenta a los mercados financieros. La idea sería posible, dice, porque el año pasado su deuda financiera bajó 20 por ciento. Un alivio modesto, considerando que la empresa sigue cargando una mochila de obligaciones capaz de doblarle la espalda a cualquier contribuyente.

También podrían venir nuevas transferencias para cubrir los adeudos con proveedores, que rondan los 21 mil millones de dólares. Porque no basta con pagar intereses: ahora también hay que evitar que quienes le venden bienes y servicios a Pemex terminen haciendo fila en la ventanilla de quiebras.

Carlos Ramírez Fuentes, codirector de Integralia Consultores, fue bastante más directo: los problemas estructurales de Pemex siguen intactos y su producción continúa sin despegar. En otras palabras, el paciente no mejora, pero el tratamiento consiste en seguir aumentando la dosis de dinero público.

“Seguramente vendrá algún tipo de apoyo con cargo al erario”, advirtió. Qué sorpresa: otra ronda de recursos de todos para sostener una empresa que, año tras año, promete corregirse justo después de recibir el siguiente cheque.

Gonzalo Monroy, director de GMEC, estima que los apoyos podrían ser del mismo tamaño que los de este año. Pemex, recordó, suele usar notas pre-capitalizadas —las famosas P-Caps— para enfrentar sus compromisos. El truco permite registrar la deuda como contingente, es decir, ponerla discretamente detrás de la cortina para que no luzca tan escandalosa en el escenario principal.

La empresa también podría recurrir a líneas de crédito que no aparecen de inmediato como vencimientos de deuda. Una especie de “no está en la factura, pero ya veremos cómo lo pagamos”.

Pemex enfrenta pagos de deuda por más de 14 mil millones de dólares entre 2027 y 2028. Y, mientras tanto, su producción no levanta, sus pasivos se acumulan y el país sigue apostando a que algún día el gigante petrolero deje de pedir rescates como si fueran aguinaldo.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, señaló que los apoyos gubernamentales en efectivo a Pemex sumaron 2 billones 43 mil millones de pesos entre 2019 y 2026. Una cifra suficiente para recordar que esto ya no parece una ayuda temporal, sino una suscripción obligatoria que los mexicanos pagan sin haberla contratado.

En proporción del PIB, esos apoyos equivalieron a entre 0.5 y 1.5 por ciento anual durante ese periodo; respecto de los ingresos presupuestarios, representaron entre 2.1 y 6.5 por ciento. Dicho sin maquillaje: una porción relevante del dinero público se ha ido a mantener a flote a Pemex, mientras el resto del país compite por las migajas.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, considera que la inversión en Pemex será la pieza clave del Presupuesto 2027, aunque reconoce que ya casi no queda margen para aumentarla. El problema es que el margen fiscal se agotó hace rato, pero la costumbre de rescatar a Pemex parece tener crédito ilimitado.

Para Ocampo, la política de apoyos será la gran incógnita del PPEF 2027. Todo lo demás, dice, crecerá por inercia. Pemex, en cambio, seguirá siendo el eterno caso especial: una empresa que no produce lo suficiente, debe demasiado y, aun así, conserva acceso preferencial a la cartera pública.

Con información: ELNORTE/

“TUMBA TRIBUNAL a la FGR de GODOY las IMPUTACIONES de CARTÓN en EXPEDIENTE de la ESTAFA MAESTRA”…y se escapa otro por la puerta del frente.


No es que el sistema de procuración de justicia de la FGR a cargo de Ernestina Godoy falle: su método parece consistir precisamente en fallar. Otra vez, una acusación de alto voltaje político y bajo sustento probatorio se desinfló en tribunales.

Al concluir que la Fiscalía General de la República no aportó elementos suficientes para sostener siquiera la presunción del delito, un tribunal federal derribó la vinculación a proceso contra Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles

La imputación versaba sobre un contrato presuntamente irregular por 100 millones 925 mil 730 pesos, dentro del entramado conocido como la Estafa Maestra.

Por unanimidad, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México revocó la decisión que había vinculado a proceso al exfuncionario por uso indebido de atribuciones y facultades. El motivo es demoledor en su sencillez: la FGR no presentó datos de prueba que permitieran inferir que González Tiburcio cometió el delito que le atribuía.

No se trata, pues, de que el acusado haya ganado un tecnicismo, ni de que un juzgador haya encontrado una rendija procesal para exonerarlo. El tribunal concluyó que la fiscalía no construyó el piso mínimo probatorio para llevar adelante el caso. Dicho en jerga menos solemne: quiso litigar con expediente de cartón.

González Tiburcio, quien fue el número dos de Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue señalado por haber suscrito indebidamente un contrato mediante el cual la Sedatu pagó, en 2016, más de 100 millones de pesos al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Pero una imputación escandalosa, acompañada de cifras millonarias y del sello mediático de la Estafa Maestra, no reemplaza la obligación constitucional de probar.

El revés se suma a la lista de expedientes contra exfuncionarios vinculados con Rosario Robles que la FGR no ha conseguido sostener ante los jueces. Y no es un detalle menor que este asunto, como prácticamente todos los procesos promovidos contra González Tiburcio, fuera judicializado durante la administración de Alejandro Gertz Manero al frente de la fiscalía, entre 2019 y 2025.

La moraleja jurídica es incómoda para la institución: una fiscalía no acusa para ver si en el camino encuentra pruebas. Primero investiga, reúne evidencia y arma un caso; después imputa. Hacerlo al revés —convertir la judicialización en una expedición de pesca— no es combatir la corrupción: es fabricar espectáculos procesales que terminan naufragando en el primer tribunal que revisa el expediente con lupa.

Con información: ELNORTE/