LOS «GOPES de AGUAS CALIENTES: ENTREGAN a POLICIAS de ELITE DOS BLACK MAMBA 2026″…y nos recuerda la historia fallida de la «Barredora» del CDV.

En Aguascalientes, buscan mantener la paz con carrocería blindada, torreta y un cargamento de balas. La gobernadora panista Tere Jiménez entregó dos vehículos tácticos Black Mamba modelo 2026 a la Policía Estatal, como parte de un paquete de equipamiento y armamento para la corporación y las policías de los 11 municipios. 

Todo bajo el paraguas del Plan Estratégico de Seguridad y Justicia: nombre de escritorio para un despliegue que viene bastante más acorazado y que parece recordarnos la historia fallida del GOPES de Tamaulipas, que terminó como una temible «Barredora» del CDV, como advierte la evidencia.

El inventario del GOPES de Aguascalientes no es precisamente de utilería: 142 armas de fuego —cortas de 9 milímetros y largas de 7.62— y más de 927 mil municiones de distintos calibres. Jiménez sostuvo que preservar la paz social es una prioridad permanente y prometió mantener la inversión en herramientas para los policías. Esta vez, las herramientas incluyen dos máquinas con nombre de serpiente y espacio para montar ametralladoras calibre .50.

Mucho acero; las cuentas de seguridad, aparte

Los Black Mamba son fabricados en México por TPS Armouring sobre un chasis Ford F-250 Super Duty. Incorporan acero de 10 milímetros, cristales blindados, protección en las ruedas, aberturas para disparar desde el interior y una torreta superior. La descripción recogida por Infodefensa también les atribuye resistencia frente a granadas y explosiones bajo el vehículo. Eso sí: la afirmación de que el acero resistiría «todo tipo de munición» merece quedarse entre comillas, no convertirse por entusiasmo en certificado de invulnerabilidad.

El secretario de Seguridad Pública, Antonio Martínez Romo, acompañó la entrega con otro blindaje, esta vez discursivo: afirmó que la Policía Estatal tiene un 73.7% de confianza ciudadana, por encima de la media nacional. La nota no precisa la encuesta ni el periodo de referencia de ese porcentaje; el dato viene con declaración, pero sin ficha técnica a la vista.

Por parte de los agentes, Claudia Gabriela Díaz Herrera y Jesús Guadalupe Medina Gutiérrez, del Grupo de Operaciones Especiales, señalaron que el equipo les proporciona medios para cumplir sus funciones cotidianas. El reparto del material alcanza a la Policía Estatal y a las corporaciones de los 11 municipios, aunque los dos Black Mamba están destinados a la primera.

La entrega deja una fotografía contundente: blindados nuevos, armas y munición por montones. Lo que la información publicada no presenta son resultados de esta incorporación en reducción del delito. Porque una cosa es reforzar a la policía y otra dar por blindada la seguridad de los ciudadanos.

El blindaje tampoco vacuna contra la corrupción

Una policía mejor armada no es, por ese solo hecho, una policía más confiable. Sin controles, supervisión y rendición de cuentas, preparar mejor a los agentes también entraña un riesgo: que quienes crucen al lado criminal lo hagan con más entrenamiento, mejores armas y conocimiento de las entrañas del Estado. Porque si la placa termina al servicio del delito, el presupuesto público habrá financiado la profesionalización del verdugo.

Con información: INFODEFENSA/

"57 AÑOS DESPUÉS: la «MUERTE del HERMANO de AMLO es un ACCIDENTE que NO TERMINA de CUADRAR»…una pistola, dos lugares de impacto y una trayectoria incómoda.

Una investigación de Andrew Paxman contrasta la versión familiar con la prensa de 1969: cambian el lugar donde habría golpeado la pistola y la explicación no encaja, según el historiador, con la trayectoria del proyectil. Eso no demuestra que el expresidente disparara, pero deja preguntas que el expediente original ausente no permite resolver.

Cincuenta y siete años después, la explicación sigue teniendo piezas sueltas. El 8 de julio de 1969, José Ramón López Obrador, de 14 años, murió de un disparo en la cabeza dentro de Novedades Andrés, la tienda de su familia en Villahermosa. Andrés Manuel, entonces de 15 años, reconocería décadas después que estuvo presente. La versión familiar sostuvo que fue un accidente: José Ramón manipulaba una pistola, el arma cayó y se disparó. El problema es que, al revisar los relatos, no todos cuentan el mismo accidente.

El historiador Andrew Paxman vuelve sobre esas diferencias en Andrés Manuel. Una biografía en 50 episodios, publicado por Debate. En el cuarto capítulo, “José Ramón: la tragedia familiar”, contrasta las noticias que publicaron al día siguiente Presente, Rumbo Nuevo y Diario de Tabasco con las explicaciones posteriores de López Obrador y sus familiares. No ofrece una sentencia: exhibe contradicciones. Y conviene no confundir una cosa con la otra, por mucho apetito político que despierte el caso.

Una pistola, dos lugares de impacto y una trayectoria incómoda

La primera diferencia está en dónde habría golpeado el arma antes de dispararse. Una declaración atribuida a López Obrador en 1969 situaba el golpe en el mostrador; una reconstrucción familiar publicada décadas después lo colocó en el suelo. El mostrador no es el suelo, aunque ambos puedan terminar acomodados bajo la misma etiqueta de “accidente”.

La segunda discrepancia concierne a la trayectoria del proyectil. A partir de los hallazgos atribuidos a la primera inspección ministerial, Paxman la interpreta como descendente y la contrapone a la explicación de una pistola que cae y se acciona. Esa es la lectura del historiador sobre los indicios recogidos por la prensa de entonces: no debe presentarse como un nuevo dictamen pericial ni como prueba de quién disparó.

Aquí está el límite que ninguna redacción rigurosa debería saltarse: Paxman no establece que Andrés Manuel López Obrador accionara el arma, acusación que hicieron circular algunos adversarios políticos. Lo que identifica son diferencias entre los testimonios y los indicios descritos inmediatamente después de la muerte. Convertir esas inconsistencias en una culpabilidad demostrada sería sustituir la investigación por el linchamiento.

Los contactos aparecen; el expediente, no

La reconstrucción también recoge una versión sobre la intervención de Payambé López Falconi, notario, amigo de la familia y padre del futuro gobernador Adán Augusto López. Según esa versión citada por Paxman, habría ayudado a “enterrar el escándalo”. La frase es explosiva; su condición de versión, indispensable. No equivale a una intervención irregular acreditada.

El historiador retoma, además, testimonios reunidos por George W. Grayson sobre una presunta detención de Andrés Manuel después del disparo, posibles gestiones políticas para proteger a la familia y el supuesto extravío del informe policial durante una administración posterior. Son señalamientos recuperados por la investigación, no hechos que puedan darse por probados solo porque resulten políticamente jugosos

La muerte fue investigada inicialmente por el Ministerio Público de Tabasco. Pero la ausencia del expediente original deja sin resolver lo básico: qué declararon exactamente los testigos, cuáles fueron las conclusiones periciales y qué determinó formalmente la autoridad. Ahí está el agujero documental: sobran versiones para la disputa pública y faltan las actuaciones originales para contrastarlas. La ausencia, por sí misma, tampoco demuestra un encubrimiento.

De tragedia familiar a munición electoral

El caso reapareció como arma política durante las campañas de López Obrador en Tabasco y después, cuando disputó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. En 2005, entrevistado por Jorge Ramos, reconoció que estaba presente cuando murió su hermano, rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que había sido un accidente.

La aportación de la reconstrucción de Paxman consiste en separar dos planos que la pelea partidista suele revolver a conveniencia: las acusaciones que circularon durante décadas y los indicios documentales publicados al día siguiente de la tragedia. Ni la reiteración de una acusación la vuelve prueba ni la repetición de una explicación familiar resuelve sus discrepancias. En este caso, el contraste vuelve a colocar sobre la mesa qué se dijo primero, qué cambió después y qué sigue sin respuesta.

Cincuenta episodios para mirar más allá del pedestal y la hoguera

El episodio forma parte de una biografía que recorre los orígenes familiares de López Obrador, sus primeros años de militancia, la fundación de Morena, sus relaciones con grandes empresarios, la militarización de la seguridad pública y la sucesión presidencial de 2024. Paxman, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, es autor de En busca del señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México y coautor de El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.

El libro examina otras tensiones de la trayectoria del expresidente: combatir discursivamente a la “mafia del poder” mientras pactaba con integrantes de la élite empresarial; impulsar programas sociales y aumentos al salario mínimo sin emprender una reforma fiscal profunda; prometer justicia y ampliar, al mismo tiempo, la participación militar en tareas civiles. También revisa su relación con la prensa antes de llegar al gobierno y las alianzas y disputas que precedieron a su victoria de 2018 y a la consolidación de la 4T.

La propuesta de Paxman, según la reseña de Proceso, es examinar esa trayectoria sin reducirla a la admiración o la condena. En el caso de José Ramón, eso exige algo menos cómodo que repartir absoluciones o culpabilidades: confrontar las versiones, reconocer los vacíos y no hacer pasar una sospecha por una prueba.

Con información: PROCESO/

«SHEINBAUM vs. la BUROCRACIA… que ENCABEZA: PRESIDENTA PRETEXTA PROBLEMAS de SALUD en el SISTEMA de SALUD por CULPA de la BUROCRACIA»… y siguen pendientes los mismos pendientes.

La burocracia debe de ser alguna oficina sin domicilio ni responsables: Sheinbaum habla de ella como si no encabezara el Gobierno y como si los funcionarios encargados de resolver los problemas de salud fueran visitantes, no integrantes de su Administración.

Cuestionada sobre el desempeño de Zoé Robledo y su continuidad al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Presidenta dejó al funcionario fuera del diagnóstico. Para los procesos hubo señalamiento; para el director, ni un sí ni un no.

“Ahora hay que resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos”, respondió antes de encabezar el programa Vivienda para el Bienestar en el fraccionamiento Infonavit Punta Cruz, en Mérida, Yucatán.

La pregunta era por Robledo. La respuesta tomó otra ventanilla.

Sheinbaum explicó que visita hospitales del IMSS-Bienestar para escuchar directamente a directores, médicos y pacientes, identificar deficiencias y buscar soluciones con su gabinete de salud.

“Entonces, estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudarle a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas”, afirmó.

La escena tiene su encanto burocrático: la jefa del Gobierno escucha para ayudar a su gabinete a resolver lo que ese mismo aparato gubernamental tiene la responsabilidad de atender. Todos participan; los responsables concretos quedan pendientes.

“Una parte es los procesos burocráticos, que los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud, no la burocracia”.

Dicho desde la cúspide de la propia burocracia, el deslinde resulta cómodo. Los trámites aparecen como un estorbo con vida propia, no como procedimientos que administran funcionarios con nombre, cargo y sueldo. La burocracia no llegó de visita: también es el Gobierno.

La Mandataria reconoció que siguen pendientes el acceso a medicamentos y la posibilidad de que los pacientes sean operados.

“Esta visita yo la había planeado desde antes, la de los hospitales del IMSS-Bienestar. Ya lo voy a platicar el lunes en la mañanera, qué es lo que estamos haciendo, porque lo más importante es que la gente tenga sus medicamentos, se pueda operar. Hemos resuelto muchas cosas, pero todavía nos falta y hay que atenderlo”, expresó.

Por ahora, el balance presidencial combina avances sin detallar y pendientes que los pacientes conocen de primera mano. La explicación más amplia tendrá turno el lunes, en la mañanera.

Mientras tanto, la falta de medicamentos figura entre las demandas de las marchas registradas en días recientes en el país. La Presidenta ordenó revisar los hospitales piso por piso, pero durante su visita a Quintana Roo recibió quejas de trabajadores de salud por el desabasto y por la falta de atención de Zoé Robledo, quien dirige el IMSS desde el sexenio pasado.

Sobre su permanencia, sin embargo, no hubo definición. sheinbAUm insistió en atender el aumento salarial y otras demandas del personal médico.

Así, la burocracia quedó señalada como obstáculo, pero quienes la encabezan conservaron el beneficio de la respuesta pendiente. Para los pacientes, medicamentos y cirugías por resolver; para Robledo, una pregunta que la Presidenta prefirió no contestar.

Con información: ELNORTE/

EL «IMSSeguro»: PISO por PISO y CARENCIA por CARENCIA EXHIBEN AGUILA con ALAS CORTADAS y PACIENTE SIN GARANTIAS»…un sistema de salud insalubre.

Al emblema del IMSS le dejaron el abrazo, pero le cortaron las alas: de un lado quedaron los “salarios y pensiones dignos”; del otro, los “insumos y medicamentos”. En medio, las tijeras. El cartón de Waldo en El Universal retrata un IMSSEGURO que conserva la imagen de protección mientras exhibe, por separado y en el suelo, lo indispensable para hacerla realidad.

El diagnóstico institucional no necesita caricaturista: tras recorrer 166 de sus 277 hospitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social reunió 7 mil 474 “necesidades”, de las cuales 3 mil 122 requieren atención de alta prioridad. Entre ellas, cosas tan elementales como agujas, sondas, camillas y oxímetros. No se está pidiendo equipamiento de ciencia ficción: se está reclamando lo mínimo para atender a un enfermo.

Fueron a comprobar que sí faltaba lo que les dijeron que faltaba

Como parte de la estrategia Piso por Piso, los directivos recorrieron los hospitales y comprobaron lo que médicos, enfermeras, camilleros, asistentes y administrativos llevaban denunciando: faltan insumos, falta equipo y falta personal. A los derechohabientes, en cambio, les sobran motivos para reclamar una atención que esas carencias deterioran.

La burocracia las llama “necesidades”. Para quien trabaja sin material o espera atención, son obstáculos concretos, no una elegante categoría de tarjeta informativa.

El inventario del desamparo incluye:

• 972 registros por falta de equipo médico: monitores de signos vitales, camillas, oxímetros y bombas de infusión.
• 751 reportes por carencia de insumos: agujas, sondas, jeringas y tiras para medir glucosa.
• 522 registros en conservación y mobiliario: necesidades de climatización, agua, baños, tomas de oxígeno, sillas y camas.
• 385 reportes por falta de personal de enfermería, médicos y camilleros, además de necesidades de cobertura de ausencias.

Hasta el agua y los baños aparecen en la lista. Así de elemental es el faltante; así de obsceno resulta tener que documentarlo para que entre en la agenda.

Piso por piso, carencia por carencia

Con corte al 16 de octubre, la supervisión había cubierto el 100 por ciento de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, el 65 por ciento de los hospitales regionales, el 58 por ciento de los generales de zona y el 46 por ciento de los generales de subzona.

Los recorridos concluyeron en Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En los siguientes días se concentrarían en hospitales generales de subzona de Jalisco, Estado de México Poniente, Chihuahua y Sonora. Todavía quedaban 111 hospitales pendientes: el diagnóstico seguía abierto.

“Con este diagnóstico, el IMSS priorizará la atención por insumo, equipo y unidad médica hasta concluir los 111 hospitales pendientes”, señaló el Instituto.

Los recorridos fueron instruidos por la presidenta Claudia Sheinbaum después de las manifestaciones del personal, que exigía un mayor incremento salarial y denunciaba la escasez de insumos y medicamentos.

Primero tuvieron que protestar. Después fueron a escucharlos. Luego llegaron los registros, las clasificaciones y las prioridades.

Ahora falta lo único que no puede resolverse con una tarjeta informativa: que aparezcan los materiales, se cubran las plazas y los pacientes reciban atención adecuada. Porque levantar un reporte sobre una camilla no pone al enfermo en una cama.

Con información: ELNORTE/

«Al PADRE de DAFNE, la FARSA JUSTICIERA de AMÉRICO le DIO 20 AÑOS de PRISIÓN en la SENTENCIA y el SENTENCIADO sigue en LIBERTAD»… recetan a ciudadanos un tranquilizante 7 años después.

Veinte años de prisión en la sentencia y el sentenciado todavía en libertad. Esa es la postal incómoda del caso de Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos: el juez Eliseo Sánchez Wong le impuso esa pena por violación equiparada contra su hija, por hechos ocurridos en 2019 en El Mante. La defensa anunció que apelará y, según la información publicada, él permanecerá libre mientras se tramita el recurso. Un titular contundente; una situación judicial que exige explicaciones igual de contundentes.

Ahí está el reclamo que no deberían poder esquivar las autoridades: ¿qué resolución le permite continuar en libertad?, ¿qué autoridad la dictó?, ¿con qué fundamentos y bajo qué condiciones? 

La información periodística señala que anteriormente se modificó la medida cautelar que lo mantenía en prisión preventiva, pero eso no explica por completo el fundamento de su libertad después de la condena. La ciudadanía merece una explicación verificable, no un «así es el procedimiento» servido como tranquilizante

La defensa, por su parte, acusa al juez de haberse dejado llevar por la presión mediática y tiene derecho a cuestionar la sentencia dictada a toda prisa, con la que el gobierno de Américo Villarreal busca mandar señales de justicia en medio de una impunidad escandalosa.

Si hubo pruebas mal valoradas o irregularidades, corresponde identificarlas y demostrar su relevancia en la impugnación.

Y los ciudadanos tampoco debemos comprar la versión contraria por puro impulso: que una condena muy difundida equivale, automáticamente, a justicia plenamente cumplida. Entre los hechos denunciados en 2019 y la pena impuesta en octubre de 2026 transcurrieron siete años. Ese recorrido merece escrutinio: qué explica la duración del proceso, cómo se atendió a la víctima ahora muerta y qué hicieron las instituciones durante ese tiempo. La sentencia es un resultado judicial relevante; no es una absolución colectiva para todas las autoridades que intervinieron.

Dafne murió el 16 de julio de 2026, después de ingresar a un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Su muerte se investiga como feminicidio, en una causa distinta del proceso por la agresión sexual atribuida a su padre. Mezclar ambos expedientes puede producir una narración más escandalosa, pero no una acusación más rigurosa: esta condena no resuelve las responsabilidades por su muerte.

La exigencia, entonces, no es cárcel por aplausómetro ni absolución por discurso de perseguido. Es una sentencia sostenida en pruebas, una revisión sin favoritismos y una explicación pública —con los datos de la víctima debidamente protegidos— sobre por qué una persona condenada a veinte años continúa en libertad.

La justicia no tiene que obedecer al escándalo. Tiene que poder explicar sus decisiones sin esconderse detrás de él. Y quien quiera vender este fallo como asunto terminado todavía debe responder la pregunta más incómoda: ¿qué se resolvió realmente, qué falta por resolver y con qué fundamento el sentenciado sigue fuera de prisión?

Con información: ELNORTE/

«ULTIMÁTUM de 24 HORAS: JUSTICIA de PUEBLA DESAFÍA a JUEZ FEDERAL y los AMAGA con DENUNCIA ante FGR»… podrían meterlos al bote.

En el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla (CJPJEP), una suspensión definitiva terminó formada en la ventanilla de «a ver cuándo sesionamos». El problema es que una orden federal no es una invitación a deliberar cuando cuadren las agendas. El juez federal Francisco René Olivo Loyo lanzó un apercibimiento: tienen 24 horas para cumplir o serán denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El diferendo tiene nombre, apellido y adscripción: Enrique Romero Razo, trasladado del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula al juzgado de esas materias en Chalchicomula, con sede en Ciudad Serdán. La justicia federal ordenó devolverlo a su anterior órgano jurisdiccional. El Consejo, según la resolución, dejó transcurrir el plazo sin ejecutar la medida cautelar en sus términos.

Así, quienes administran al Poder Judicial poblano quedaron del otro lado del requerimiento: ya no como autoridades que exigen obediencia, sino como autoridades responsables apercibidas por incumplimiento.

Una suspensión definitiva no se cumple apartando fecha

Francisco René Olivo Loyo, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales de Puebla, declaró fundado el incidente por defecto o incumplimiento de la suspensión definitiva promovido por la defensa de Romero Razo, a cargo del abogado Raúl Andrade Osorio.

Traducido del expediente al castellano sin toga: la defensa reclamó que la orden no se había cumplido y el juez federal le dio la razón.

El apercibimiento invoca el artículo 209 de la Ley de Amparo y advierte que, si las autoridades responsables persisten en la omisión, serán denunciadas ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que corresponda conforme a las fracciones III y IV del artículo 262 de esa legislación.

La resolución refiere una pena de tres a nueve años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario por desobedecer una suspensión debidamente notificada. No se trata de una condena penal ya impuesta, sino de la advertencia de una denuncia si el mandato judicial sigue sin ejecutarse. El expediente todavía no es sentencia penal, pero tampoco es correspondencia para dejar pendiente.

El requerimiento no deja demasiado espacio para interpretaciones creativas:

«Procede aplicar la consecuencia expresamente prevista en el artículo 209 de la Ley de Amparo: requerir a las autoridades responsables para que, dentro del término de 24 horas, cumplan la suspensión definitiva en sus términos, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, serán denunciadas al Ministerio Público de la Federación por el delito que corresponda conforme a las fracciones III y IV del artículo 262 de la propia ley».

De Cholula a Ciudad Serdán; del acuerdo administrativo al amparo

La secuencia comenzó el 30 de junio, cuando el Pleno del CJPJEP acordó readscribir a Romero Razo de Cholula a Ciudad Serdán, con efectos a partir del día siguiente.

El juzgador promovió amparo el 17 de julio. El 19 de agosto, Olivo Loyo le concedió la suspensión definitiva con efectos restitutorios: ordenó regresarlo al juzgado de Cholula en un plazo de tres días. La medida cautelar no resolvía por sí misma el fondo del amparo; sí imponía una obligación concreta de restitución mientras se tramitaba el juicio.

El 31 de agosto, después de una aclaración, la suspensión fue notificada al Consejo, al que se concedieron tres días para emitir el acuerdo de retorno. Conforme al cómputo recogido en la resolución, el plazo corrió del 1 al 3 de septiembre.

Pasaron los tres días. La suspensión no se cumplió en sus términos.

El 20 de septiembre, la defensa promovió el incidente y comunicó al juzgado federal que el Consejo había programado una sesión para examinar el asunto hasta el 8 de octubre. La ejecución de una orden cautelar había quedado, pues, sujeta al calendario de quienes estaban obligados a cumplirla.

Sin quórum, pero con apercibimiento

Llegó el 8 de octubre y tampoco hubo sesión. Faltó quórum por la ausencia de la consejera Araceli Cabido Vaillard y del consejero presidente Pedro Antonio Martínez Hernández, según el oficio suscrito por Doryan Eliseo López Camacho, secretario del Pleno del Consejo.

La respuesta no convenció al juez federal. Programar una sesión, estableció, no equivale a ejecutar una suspensión definitiva. Y las necesidades de organización interna no desplazan el plazo fijado judicialmente.

Olivo Loyo lo dejó asentado sin necesidad de levantar la voz:

«La programación de una sesión futura constituye una actuación preparatoria, no la ejecución de la suspensión definitiva. La determinación cautelar es obligatoria y debe cumplirse en sus propios términos, sin que la organización o los procedimientos internos de la autoridad desplacen la fecha fijada judicialmente».

Ahí está el núcleo del diferendo: para el Consejo, el asunto seguía pendiente de sesión; para el juez federal, el plazo de cumplimiento ya había vencido y la suspensión seguía sin ejecutarse.

Ahora el requerimiento es de 24 horas, bajo apercibimiento de denuncia ante la FGR. Porque el quórum podrá faltar en el Consejo; lo que no desaparece con las sillas vacías es la obligación de acatar una orden judicial.

Con información: ELNORTE/

«¿NO HABÍA CÁMARAS?: VIDEOVIGILANCIA en N. L. VOLVIÓ a EXHIBIR su ESPECIALIDAD de FALTAR a la CITA TRAS DOBLE EJECUCIÓN»… qué mala suerte y qué buena suerte.

La videovigilancia tiene una especialidad que no debería presumir: faltar a la cita cuando más se necesita. Donde urge una cámara, no hay; cuando la hay, queda preguntar si funciona. Esta vez, en el punto de la avenida Gómez Morín donde el jueves pasado fueron ejecutados dos expolicías, ni siquiera hubo que llegar a la segunda pregunta: según la Fiscalía General de Justicia, no había cámaras municipales ni estatales.

El fiscal Javier Flores informó que en el lugar del doble homicidio, ocurrido en la rampa de acceso a Morones Prieto, a la altura de la colonia Doctores, en Monterrey, al parecer no había equipos del C4 municipal ni del C5 estatal. Dos siglas para la vigilancia y un mismo resultado en ese punto: ausencia.

Ahora los investigadores buscan imágenes de cámaras particulares y de otros tramos para reconstruir el recorrido de los vehículos y establecer si alguien seguía a las víctimas. La vigilancia pública faltó en el sitio del ataque; toca buscar si algún particular tuvo una cámara que ayude a llenar el hueco.

«Se están revisando todas las cámaras desde antes del recorrido que realizaron los vehículos para ver si tenían el seguimiento de algún vehículo en particular», explicó Flores. El fiscal confirmó que la persecución ocurrió por vialidades de Monterrey, pero no detalló la ruta ni identificó a los posibles responsables.

Según fuentes allegadas a la investigación, los asesinados eran Juan Carlos Serroque Robledo, de 48 años, expolicía de San Pedro hasta 2006, y José Manuel Martínez Macías, de 52, quien perteneció al grupo élite SWAT de Seguridad Pública estatal hasta 2010.

Ambos habían sido detenidos por presuntos vínculos con grupos delictivos y posteriormente recuperaron la libertad por causas no especificadas. Las mismas fuentes los señalaron como presuntamente ligados al Cártel de los Beltrán Leyva, organización que mantuvo presencia durante años en San Pedro y que actualmente enfrenta disputas territoriales con otros grupos criminales.

Aunque el caso no demuestra que todas las cámaras fallen ni que siempre estén mal ubicadas. Sí deja una postal bastante penosa: dos hombres perseguidos y asesinados, un punto sin cobertura pública y una investigación que ahora depende de encontrar imágenes en otra parte. Para reconstruir el crimen, habrá que empezar por reconstruir lo que la videovigilancia no vio.

Con información: ELNORTE/