Andrés Norberto García Repper Fávila encontró una manera bastante cómoda de administrar la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas: cuando le preguntan por las capturas, entrega explicaciones; cuando le piden resultados, ofrece procedimientos; y cuando toca precisar cuántas órdenes siguen pendientes, aparece una palabra que sirve para esconder todo un inventario de incumplimientos: “muchas”.
“Hay muchas, pero no todas se pueden ejecutar justamente por la falta de capacidad institucional”, reconoció.
¡Vaya confesión! El encargado de combatir la corrupción admite que la institución no tiene capacidad suficiente para cumplir todos sus mandamientos judiciales, pero en las declaraciones reproducidas no acompaña el diagnóstico con cifras, necesidades presupuestales, medidas correctivas ni un plazo verificable.
“Nos informa, como Jesús Eduardo Govea, el fiscal anterior, que el vehículo no camina, aunque arrancó en 2022, pero no explica qué está haciendo para sacarlo del taller antes de que cierren el changarro”.
La verbodiarrea empieza justamente ahí: no en reconocer una limitación —que puede ser real—, sino en envolverla con tantas explicaciones que el ciudadano termine confundiendo una excusa bien pronunciada con un resultado.
EL ANTECESOR PRESUMÍA VINCULACIONES; EL SUCESOR ADMINISTRA JUSTIFICACIONES
La comparación con su antecesor, Jesús Eduardo Govea Orozco, resulta incómoda por una razón: cambia el funcionario, pero sobrevive la tentación de presentar las etapas del procedimiento como si fueran la culminación de la justicia.
En diciembre de 2025 en Valor Tamaulipeco cuestionamos un balance de 29 vinculaciones a proceso porque no se acompañaba de juicios concluidos ni condenas.
Aquel presumía la puerta de entrada; este explica por qué no puede hacer pasar a todos.
Ni una vinculación equivale a una condena ni una orden de aprehensión anunciada equivale a una captura. Ese es precisamente el agujero entre el boletín y el resultado que las publicaciones citadas vienen señalando.
La Fiscalía no necesita otro maestro de ceremonias que narre con solemnidad lo que todavía falta. Necesita un responsable que explique, con datos comprobables, qué consiguió y qué sigue atorado.
“NO QUIERO ADVERTIRLES”: RESERVA PARA LOS NOMBRES, VAGUEDAD PARA LAS CUENTAS
“No me gustaría decir quiénes son para no advertirles que los estamos buscando”, dijo García Repper.
La reserva sobre una operación ,que por cierto acostumbran poco,puede ser razonable. Lo que no se vale es meter también la rendición de cuentas en el costal del secreto.
Nadie necesita que el fiscal publique por dónde entrarán los agentes, a qué hora tocarán una puerta o qué domicilio vigilan. Pero entre revelar un operativo y negarse a precisar el número de órdenes pendientes hay una distancia que su explicación no resuelve.
Puede reservar identidades sin convertir el balance institucional en una adivinanza.
¿Cuántos mandamientos están pendientes? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos tienen impedimentos judiciales? ¿Cuántos esperan una actuación de otra autoridad? ¿Qué parte del rezago corresponde a esa “falta de capacidad institucional” que él mismo reconoce?
Para responder eso no hace falta regalarles un mapa a los buscados. Hace falta dejar de administrar la información como si cada cifra fuera secreto de Estado.
CABEZA DE VACA Y RIVAS: EL CERCO QUE SE APRIETA CON LA LENGUA
El antecedente inmediato tampoco ayuda al fiscal. La publicación del 21 de octubre recoge que García Repper dijo estar buscando al exalcalde Enrique Rivas Cuéllar y que “pronto” solicitaría ayuda a Estados Unidos para que se lo enviaran “de regalo”. Respecto de Francisco García Cabeza de Vaca, informó de gestiones con apoyo de la FGR, pero no confirmó que ya existiera una solicitud formal de extradición presentada ante las autoridades estadounidenses.
Ahí está el tamaño del bramido: la ayuda todavía se iba a pedir y el estado formal del otro trámite seguía sin aclararse.
“De regalo”, dice el fiscal, como si la cooperación internacional fuera una rifa o una tómbola en MORENA y no un procedimiento que exige trabajo institucional.
No se le exige que capture por telepatía ni que resuelva una extradición a sombrerazos. Se le exige algo bastante menos espectacular: que no venda gestiones pendientes como si fueran resultados consumados.
Con esos antecedentes puede cuestionarse la distancia entre lo anunciado y lo ejecutado.
LOS AMPAROS NO LOS INVENTARON AYER
El fiscal también explicó que los amparos y las suspensiones pueden prolongar los procedimientos y reconoció que forman parte de los derechos constitucionales de las personas imputadas.
Bien por reconocerlo. Mal si pretende que la explicación funcione como anestesia.
Nadie le está pidiendo atropellar derechos para producir una fotografía. El reproche es que su exposición no distingue cuáles órdenes están efectivamente frenadas por una resolución judicial y cuáles siguen pendientes por limitaciones de su propia institución.
Sin esa separación, todo termina revuelto en la misma licuadora: amparos, planeación, falta de personal, investigaciones en curso y promesas de que ahora sí.
Una Fiscalía profesional debe poder distinguir los obstáculos, no amontonarlos hasta construir una barricada de pretextos.
CUANDO LA DENUNCIA TOCA AL PODER ACTUAL, NO BASTA CON CAMBIAR DE VOLUMEN
El contraste más delicado aparece en la denuncia que involucra a la esposa del gobernador Américo Villarreal y a otras personas entre ellos su hijo Americo Villarreal Sanatigo.
El empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez presentó el 7 de septiembre de 2026 una denuncia por hechos que calificó como posibles delitos de extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones.
Aquí conviene quitarle al fiscal una posible salida retórica: no se le exige condenar a la esposa del gobernador por el solo hecho de haber sido denunciada.
Se le exige acreditar que la denuncia YA recibió el tratamiento correspondiente, sin privilegios y sin congelamiento por apellido.
El contraste político permanece: si para hablar de los adversarios del gobierno siempre aparece el micrófono, frente a una denuncia que alcanza al entorno del mandatario no basta con esconderse detrás del lenguaje de ventanilla.
La autonomía no se acredita elevando la voz contra los de ayer, sino aplicando el mismo rigor a los de hoy.
“NO BASTA CON SEÑALAR”: TAMPOCO BASTA CON DECLARAR
“No basta con que alguien señale a una persona y diga que cometió tal o cual delito”, sostuvo García Repper.
Correcto. Y tampoco basta con que un fiscal diga que está trabajando para dar por acreditada su eficacia.
Una denuncia no es una sentencia. Una declaración tampoco es un informe de resultados.
Si faltan elementos, que explique lo que legalmente corresponda ante quienes tienen derecho a conocerlo. Si existen obstáculos judiciales, que los distinga. Si faltan recursos, que precise cuáles y qué ha hecho para obtenerlos. Si hay mandamientos ejecutables pendientes, que rinda cuentas del rezago sin comprometer las operaciones.
Porque “estamos investigando” no puede convertirse en una suscripción vitalicia al mismo pretexto.
Y asegurar que sus investigaciones no están prescribiendo, sin acompañar la afirmación con información verificable, equivale a pedirle al público otro acto de fe. El fiscal podrá confiar en su oficina; el ciudadano tiene derecho a exigir algo más que su palabra con pasado de «abogado electoral de MORENA».
García Repper no necesita otra conferencia para explicar que capturar es complicado. Eso ya quedó dicho.
Lo que necesita es dejar de confundir la explicación del problema con el cumplimiento del encargo.
Porque, hasta en el rancho más distraído, saben distinguir entre el que trae el ganado y el que lleva toda la mañana describiendo lo difícil que está echar el lazo.
Con información: HoyTamaulipas/
