El gobierno de Claudia Sheinbaum vuelve a quedar retratado en su versión más miserable: la del Estado que mira, escucha y no hace nada. Mientras un periodista denunció amenazas de muerte durante un año, las autoridades federales y estatales practicaron su deporte favorito: la omisión con vocabulario institucional. El resultado es el de siempre, pero cada vez más intolerable: un periodista asesinado, una investigación que llega tarde y una maquinaria oficial empeñada en simular que la tragedia fue inevitable.
La imagen produce desamparo. El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar estaba comiendo en la calle, en un negocio de quesadillas y tacos sobre la acera, cuando lo asesinaron a balazos unos sujetos a bordo de una moto.
Quedó sentado, con el cuerpo echado hacia adelante y la cabeza apoyada en la mesa. Vestía unos pants, playera, tenis, ropa que uno llama de casa, nada formal, lo que alguien se pone para ir a un mandado y volver enseguida.
Le colocaron una manta sobre la cabeza para atenuar las fotografías del crimen. Todo en la imagen indica vulnerabilidad. El acto de comer, el negocio austero, la vida y la muerte de Leyva, su trabajo de periodista, el séptimo que es asesinado este año en México. El crimen ocurrió en San Pablo Etla, a 40 minutos en auto de la capital de Oaxaca. Una vez más, en México, uno de los países más peligrosos para el desempeño de la profesión.
Leyva, de 60 años, era periodista independiente y un columnista muy crítico y directo con el Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara, del oficialista partido Morena. “¿Me conocen? Me llamo Alejandro Leyva, pero muchos me dicen El Moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúsculas y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptitud y su enfermedad mental”, decía el periodista en uno de sus audaces videos, recuperados en redes sociales tras su asesinato este miércoles.
Leyva solía decir que Jara “desgobernaba” el Estado sureño de México y lo acusaba de “denostar” y censurar a los periodistas críticos. “Por cada voz que apagues en los medios, Salomón, van a surgir 10 más”, advertía él.
Con tres décadas de carrera, el veterano periodista fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), la cadena estatal, y tenía una columna llamada El Zumbido del Moscardón. Allí, acusaba al mandatario de tener “al narco metido hasta las narices” en su Administración, lo que explicaba, decía, el aumento de la violencia en el Estado. En una de sus últimas publicaciones, denunció un esquema de despojo de tierras y blanqueo de dinero mediante inversiones en desarrollos hoteleros, un negocio que presuntamente involucra a narcos y funcionarios del oficialismo, a los que Leyva mencionaba por su nombre.
México no sólo carga con una violencia criminal desbordada que sexenio tras sexenio hereda montañas de cadaveres; carga también con un gobierno que, frente a la prensa, responde con solemnidad, comunicados y una eficacia inversamente proporcional al tamaño de su discurso.
La cifra no es un accidente administrativo: es la radiografía de un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo y donde la protección estatal aparece, como tantas otras promesas, sólo en el papel.
Si el poder quisiera indignarse de verdad, empezaría por explicar por qué las alertas no activaron protección, por qué las advertencias no se tradujeron en acciones y por qué la impunidad sigue siendo el idioma oficial cuando matan a un periodista
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ZEDRIK RAZIEL
