Veinticuatro nombres al pie de una carta,la mayoría de moral tatemada, no constituyen una prueba: constituyen una alineación. El pronunciamiento de respaldo a la lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel ,tras acusaciones de gobernadora que la vincula al narco,exhibe una certeza que no se molesta en explicar: sus firmantes ya saben quién merece solidaridad, quién merece reproche y qué debe pensar el público.
Para demostrarlo ofrecen trayectoria, afecto y pertenencia. Datos verificables sobre la acusación que rechazan, ninguno. La cartita pide que aceptemos como esclarecimiento lo que apenas es un abrazo colectivo con membrete político.
Ahí aparece el paralelismo con la Cosa Nostra: no como una equivalencia penal —esta carta no demuestra que sus firmantes integren una organización criminal,aunque hay suficientes indicios—, sino como una metáfora de la lealtad cerrada.
Primero se protege a la familia; después, si queda tiempo, se examina el asunto. La causa pública se encoge hasta convertirse en causa de los nuestros. De la cosa de todos a «nuestra cosa», pero con una precisión incómoda: ese «nuestra» no incluye al ciudadano; incluye a la camada.
La palabra que desnuda el comunicado es «cobijo». No transparencia. No esclarecimiento. No una petición de investigación independiente. Cobijo. El documento lo ofrece expresamente, junto con solidaridad y reconocimiento. Como declaración de afecto, se entiende. Como respuesta de gobernantes ante una acusación grave, resulta insuficiente: un paraguas partidista no despeja una sospecha.
El contexto: una acusación no es una prueba; un respaldo tampoco
El epicentro del más reciente acto de solidaridad política y criminalmente organizada es la acusación directa y sin tapujos que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, formuló contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con el crimen organizado durante una entrevista con Carlos Loret de Mola.
Pero la misma regla funciona al revés. La indignación de los gobernadores no demuestra que la acusación sea falsa. Ni el micrófono de una gobernadora acredita culpabilidad ni la firma de otros mandatarios certifica inocencia.
El ciudadano no tiene por qué escoger entre dos actos de fe.
Quien atribuye vínculos criminales debe sostener el señalamiento. Sin embargo, la carta salta de exigir pruebas a descalificar las acusaciones como «calumnia», «difamación» y «mentira», sin exponer en el propio documento los elementos que permitirían al lector comprobar esa conclusión que tiene demasiados indicios en el caso Tamaulipas.
Ahí está la trampa: exigir rigor al adversario mientras se pide indulgencia para la propia certeza.
Una respuesta seria habría separado los hechos atribuidos, las pruebas disponibles y las razones concretas para rechazarlos. La cartita prefiere otra ruta: describe la maldad de acusar, pero no esclarece el contenido de lo acusado.
Mucho juicio sobre las intenciones ajenas; poca información sobre el asunto.
«Cerramos filas»: la disciplina no sustituye al esclarecimiento
«Cerramos filas» es una expresión reveladora porque anuncia una posición colectiva antes de ofrecer una explicación verificable. La pertenencia aparece como argumento: respaldamos a «nuestra compañera», conocemos su vocación, reconocemos su trayectoria.
Sin embargo, conocer a alguien no equivale a conocer todos sus actos. La cercanía puede explicar la confianza personal; no convierte esa confianza en una conclusión obligatoria para el resto del país.
Aquí encaja el paralelo con la familia cerrada: la crítica al integrante se recibe como agresión al conjunto, y el conjunto responde mostrando unidad. El problema no es que exista solidaridad. El problema empieza cuando se pretende que la solidaridad haga el trabajo de los documentos recurrentemente soslayados cuando se trata de la «famiglia».
La ciudadanía pidió claridad y recibió una fotografía de grupo escrita.
«Su trayectoria […] exige un respeto absoluto»
No. Una trayectoria puede merecer reconocimiento; no exige obediencia intelectual. Y ninguna biografía, por elocuente que se redacte, concede inmunidad frente al escrutinio.
El comunicado invoca el «amor al pueblo» y el compromiso con millones de familias como fundamento de ese «respeto absoluto». Son elogios políticos, no respuestas a una acusación específica. Haber servido a determinadas causas no demuestra, por sí mismo, que un señalamiento posterior sea verdadero o falso.]
El respeto a la dignidad de una persona no debe confundirse con la intocabilidad de su actuación pública.
«Respeto absoluto» es una fórmula demasiado cómoda para quien ejerce poder y demasiado exigente para quien debe vigilarlo. El ciudadano no debe arrodillarse ante un currículum.
«Por el bien de todos, primero los pobres»
La frase funciona aquí como un desplazamiento sentimental. Se discuten presuntos vínculos criminales y la respuesta introduce la vocación social de Montiel y su trabajo por quienes menos tienen.
Pero una cosa no resuelve la otra.
Los pobres no pueden convertirse en un biombo para evitar preguntas sobre los poderosos. Defender una política social y exigir cuentas a quienes la administran no son tareas incompatibles. Al contrario: cuanto más importante es una responsabilidad pública, menos aceptable resulta envolverla en reverencias.
Los beneficiarios de una causa no son fiadores personales de quienes hablan en su nombre.
«La difamación y la mentira jamás podrán sustituir el respeto»
Tampoco el respeto puede sustituir la rendición de cuentas.
La carta acierta al rechazar la mentira, pero no basta con bautizar una acusación como falsa para haberla refutado. Hace falta mostrar dónde falla: qué hecho es incorrecto, qué documento la contradice, qué afirmación carece de sustento. El pronunciamiento no desarrolla esa refutación; ofrece una condena general de las malas prácticas y una defensa general de la compañera.
Así se fabrica un callejón retórico: si preguntas, lastimas; si insistes, difamas; si no aceptas el respaldo colectivo, participas en la «guerra sucia».
El poder no puede reservarse el derecho de definir qué preguntas son legítimas según a quién incomoden.
«Frente a la guerra sucia»: el expediente contra el expediente
El cierre promete que «la verdad, la integridad y el trabajo honesto» terminarán por imponerse frente a la «guerra sucia». La verdad aparece, así, como patrimonio del grupo; la suciedad, como atributo del adversario.
Es un reparto demasiado conveniente.
Una respuesta institucional defendible habría podido decir:rechazamos condenas anticipadas, exigimos pruebas y respaldamos que cualquier señalamiento se esclarezca sin privilegios. Eso protegería derechos sin convertir la amistad en certificado.
La cartita escoge otra cosa: «cuentas con nuestra total solidaridad, cobijo y reconocimiento». No condiciona ese respaldo al esclarecimiento ni explica cómo llegó a sus conclusiones.
Por eso la metáfora de «nuestra cosa» resulta pertinente: señala la tentación de tratar el poder como una pertenencia familiar y la crítica como una intromisión. No demuestra una mafia,la presume al describir una lógica de protección entre los propios.
Y esa lógica merece una respuesta sin reverencias:gobernadores, su compañera tiene derechos, pero ustedes no tienen derecho a exigirnos fe. La presunción de inocencia protege a las personas; no vuelve incuestionables sus explicaciones. La solidaridad permite acompañarlas; no autoriza a clausurar las preguntas.
Una cartita puede arropar a la camada. Lo que no puede es pedirle al país que se haga el desentendido.
Con información: @Dr_Villareral/
