«GATILLEROS MENSAJEAN con PLOMO a DOMICILIO una PROPIEDAD del NARCOGOBERNADOR ROCHA PROTEGIDO de MORENA y la PRESIDENTA SHEINBAUM»…y enseguida escaparon con mas de 13 mil soldados desplegados.

Una propiedad vinculada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, amaneció este 9 de mayo con impactos de bala en la colonia Las Quintas, en Culiacán. El domicilio, ubicado en la calle Lago de Cuitzeo, fue rafagueado alrededor de las 10:12 de la mañana, según el reporte oficial que llegó al C4i.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal salió rápido a fijar postura: confirmó las detonaciones, el despliegue inmediato de autoridades y, sobre todo, subrayó un dato clave para bajar la temperatura política del asunto: la casa —dicen— lleva más de una década deshabitada por el propio Rocha. Sin heridos, sin ocupantes, sin víctimas… al menos en el parte oficial.

El mensaje, sin embargo, no es neutro. Porque el ataque no ocurre en el vacío.

Llega apenas ocho días después de que Rocha Moya pidió licencia al cargo, el pasado 1 de mayo, en medio de una tormenta que no se cocina en Culiacán sino en Estados Unidos: autoridades de ese país lo colocaron en una acusación junto a nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. No es una imputación menor, ni un señalamiento aislado.

Y en ese contexto, los balazos contra una propiedad asociada al mandatario —aunque esté abandonada— adquieren otra lectura: advertencia, presión o simple ruido dentro de una guerra que ya no distingue entre lo político y lo criminal.

Al lugar llegaron elementos del Ejército y personal de la Fiscalía estatal para procesar la escena. El ritual de siempre: acordonar, periciar, documentar. Mientras tanto, la ciudad sigue bajo un clima de violencia sostenida, con operativos federales, despliegue militar récord y una escalada que ya incluye drones y armamento cada vez más sofisticado en manos de grupos criminales.

Culiacán no está en calma. Y cuando una casa ligada al poder recibe plomo —aunque esté vacía— el mensaje no es inmobiliario: es político.

Con informacion: ELNORTE/

EL «CEMENTERIO de FIERROS en CULIACAN es un ARCHIVO METALICO de la GUERRA de FIEROS de la MISMA BANDA en CULIACAN»…meros escombros de la estrategia fallida en mas de 600 dias de guerra.

Detrás de cada carro calcinado y cada coraza artesanal oxidándose en la pensión vehicular de Culiacán no hay “éxito operativo”: hay la bitácora chatarra de una estrategia que fracasó y no lo quiere admitir.

Cementerio de fierros, monumento a la derrota

Al oriente de Culiacán, la Fiscalía convirtió su pensión vehicular en archivo metálico de la narcoguerra: más de 2,500 unidades baleadas, incendiadas, chocadas, monstruos artesanales y hasta aeronaves apiladas como basura de un Estado que solo llega después del tiroteo para recoger cascos y fierros.

Cada carro calcinado es un episodio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, desatada desde 2024, que ya dejó más de 3 mil muertos,casi 4 mil desaparecidos y casi el centenar de agentes estatales y municipales asesinados, pero que el discurso oficial vende como “control territorial” y “pacificación en marcha”.

En ese cementerio de autos conviven un Corvette amarillo empolvado, patrullas cribadas a tiros y vehículos recientes quemados durante ataques con explosivos en fraccionamientos residenciales, mientras un letrero de la propia Fiscalía advierte muy campante que no se hace responsable del deterioro de los vehículos.

Traducido a lenguaje llano: el Estado no responde ni por los carros que le dejan en resguardo, mucho menos por los vivos que se esfuman en medio de retenes militares y convoyes blindados.

Efectividad: no se mide en fierros

El cementerio de autos en la carretera Culiacán–Imala es el espejo incómodo de la estrategia: el Estado administra el after de la balacera, no evita la balacera.

Cada vehículo oxidándose detrás de un retén militar es un recordatorio de que el gobierno llegó tarde otra vez, certificó el daño, metió el carro a la pensión y se fue a la conferencia a presumir que el “territorio está bajo control”.

La efectividad no se mide en número de soldados, sino en cuántas familias dejan de desaparecer, cuántos levantones se frenan y cuántos cementerios —de autos y de personas— dejan de crecer. Hoy, la única curva que va para arriba es la de la barbarie y la estadística de ausentes.

Si este es el modelo de “pacificación”, el cementerio de fierros en Sinaloa no es un daño colateral: es la placa metálica, firmada y oxidada, de una estrategia que se derrumbó hace rato y a la que todavía tienen el descaro de llamarle política de seguridad.Generales contándose a sí mismos

Mientras tanto, en los partes oficiales y las conferencias, el ejército presume más de 13 mil efectivos desplegados en Sinaloa, con Fuerzas Especiales, Guardia Nacional, Marina, helicópteros y juguetes nuevos, como si la seguridad se midiera en soldado por metro cuadrado.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«FUE CASUALIDAD o CAUSALIDAD ?: EE.UU ORDENÓ REVISION de 53 CONSULADOS MEXICANOS»…. la retórica soberanista mexicana empieza a chocar con la realidad geopolítica.

Mientras desde Palacio Nacional se ensaya el tono firme, casi desafiante, de la soberanía irreductible —esa que no negocia, no se somete y no se arrodilla—, en Washington están haciendo exactamente lo contrario: revisar, auditar y eventualmente recortar la presencia institucional de México en territorio estadounidense.

La Administración de Donald Trump, siempre fiel a su estilo de diplomacia a golpe de consigna, ordenó revisar el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos. Sí, cincuenta y tres. No es un detalle menor: es una de las redes consulares más amplias del mundo, diseñada precisamente para atender a millones de mexicanos en el extranjero. Pero ahora esa infraestructura está bajo la lupa del Departamento de Estado, no por casualidad, sino por el dogma político del momento: “Estados Unidos Primero”.

Y cuando en Washington dicen “revisión”, rara vez significa una cortesía administrativa. Significa que están evaluando si esos consulados siguen siendo funcionales… o si estorban.

El mensaje es claro aunque no lo digan completo: si la presencia consular mexicana no encaja con los intereses políticos de la Casa Blanca, puede convertirse en prescindible. Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, lo dijo con el lenguaje burocrático de siempre: todo se revisa para asegurar alineación con la política exterior del Presidente. Traducido al español llano: si no sirve a “America First”, se ajusta… o se elimina.

El contexto tampoco ayuda. En meses recientes, medios conservadores estadounidenses han alimentado la narrativa —sin pruebas contundentes, pero con suficiente ruido político— de que consulados mexicanos han tenido injerencia en la política interna de Estados Unidos, supuestamente favoreciendo causas demócratas. No importa tanto si es cierto o no; en Washington, basta con que sea útil políticamente.

Y aquí es donde la retórica soberanista mexicana empieza a chocar con la realidad geopolítica. Porque mientras desde México se insiste en marcar distancia y elevar el tono frente a Estados Unidos, del otro lado están evaluando reducir los canales institucionales que, paradójicamente, sostienen la relación cotidiana entre ambos países.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué pesa más, el discurso de soberanía o la capacidad real de proteger a los mexicanos en Estados Unidos?

Porque si esta revisión escala a cierres, no será un golpe simbólico, será un golpe operativo. Menos consulados significa menos asistencia legal, menos apoyo comunitario, menos capacidad de respuesta. Y todo en nombre de una lógica política que no se decide en México.

Así que mientras en Palacio se habla de dignidad nacional, en Washington se revisan oficinas, presupuestos y permisos. Dos narrativas que no solo no coinciden, sino que empiezan a estorbarse mutuamente.

La soberanía, al parecer, también se mide en ventanillas consulares… y esas podrían empezar a cerrarse.

Con informacion: ELNORTE/

«OTRA VULGAR FANFARRONERIA:GOBERNADOR INVESTIGADO por la FGR QUEMÓ 5 MILLONES de DOLARES en HELICOPTERO USADO que en MANOS de SSP-NL solo es FIERRO CARO»…no helicóptero fiero.

Entre fanfarrias, edificio inconcluso y narrativa de “modernización”, el Gobierno de Nuevo León de Samuel García investigado por la FGR, decidió quemar —literalmente— cerca de 5 millones de dólares (unos 86.2 millones de pesos) en un segundo helicóptero Black Hawk. Sí, otro más. Porque claramente lo que le faltaba a la estrategia de seguridad no era inteligencia, coordinación o resultados sostenibles… sino más fierro caro volando que al no disponer de artillería se le quita lo fiero.

El gobernador Samuel García lo presentó como si se tratara de un salto cualitativo en la lucha contra el crimen, aunque el contexto huele más a exhibición de músculo presupuestal que a una política pública con lógica costo-beneficio. El aparato —un UH-60L Black Hawk— puede transportar hasta 11 policías y alcanzar casi 300 km/h, lo cual suena impresionante hasta que uno revisa para qué se está usando realmente.

Porque aquí viene el primer dato incómodo: el primer Black Hawk, adquirido en 2023, ha realizado apenas 78 misiones. Traducido al idioma de la eficiencia pública: un vuelo cada 12 días. Para una herramienta supuestamente “estratégica” en un estado con crisis de seguridad, eso no es capacidad operativa… es subutilización de lujo.

Y el nuevo juguete llega todavía más verde: sin armamento instalado y, para rematar, con matrícula estadounidense (N371AT). Un detalle nada menor, considerando que la Ley de Aviación Civil limita el uso de aeronaves extranjeras en funciones estatales. Es decir, el helicóptero estrella podría estar, en los hechos, restringido a operaciones muy específicas mientras se resuelve su situación legal. Pero eso sí, la foto ya se tomó.

El Secretario de Seguridad presume números globales: 3,500 vuelos, 87 detenciones, 187 arsenales asegurados y 129 vehículos blindados neutralizados. Suena contundente hasta que se hace la división incómoda: esos resultados no corresponden exclusivamente a los Black Hawk, sino a toda la flota aérea. Es decir, el argumento diluye el impacto real del aparato más caro del catálogo.

Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer agua. Si el helicóptero estrella vuela una vez cada casi dos semanas, ¿realmente justifica una inversión de decenas de millones? ¿O estamos frente a una política de seguridad basada en aparatos vistosos pero con baja rentabilidad operativa?

Porque el problema no es tener helicópteros. El problema es convertirlos en símbolo de estrategia, cuando los datos sugieren que son más bien accesorios caros en un esquema que no ha demostrado proporcionalidad entre gasto y resultados.

En términos simples: esto no es necesariamente una inversión en seguridad. Es, más bien, un despliegue de recursos que luce bien en conferencia, pero que —hasta ahora— no ha probado ser determinante en tierra.

Con informacion: ELNORTE/

"IMPUTAN DELITOS a JUEZ FEDERAL BIEN PERRO que ENCHULABA con AMPAROS las BRONCAS de CABEZA de VACA "...y en el proceso,se metio con curricular manchada fiscal de Americo.

El juez federal Juan Fernando “A” fue vinculado a proceso por el delito contra la administración de justicia, luego de ser señalado por resoluciones que favorecieron al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El expediente habla de un juez que se creyó oráculo constitucional y terminó imputado como vulgar gestor de amparos a modo, no sin antes hundir las aspiraciones del entonces Fiscal Anticorrupción ,convertido hoy en fiscal de justicia d=con todo y el currículum tatemado, Jesús Eduardo Govea, que ahora intenta venderse como paladín de la legalidad con toga recién planchada pero con historial de tachadura en letra chiquita que apuntan al Cartel del Golfo en 2002.

El juez del amparo milagroso

En Reynosa, el juez federal Juan Fernando “A” fue vinculado a proceso nada menos que por haber convertido su juzgado en taller mecánico de resoluciones para el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca que gobernó Tamaulipas del 2016-2022.

La causa penal 45/2026 no lo trata como juez, sino como presunto coautor de un ‘tuning», un “enchula_miento” jurídico basado en el artículo 225, fracción VI del Código Penal Federal, ese catálogo de fechorías para servidores públicos que confunden la función jurisdiccional con servicio de blindaje político.

El antecedente es quirúrgico: en 2024, con la causa penal 51/2024 por operaciones con recursos de procedencia ilícita respirándole en la nuca, Cabeza de Vaca llegó al Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, expediente 417/2024 bajo el brazo, y Juan Fernando “A” le recetó la suspensión provisional que lo reanimó políticamente como candidato plurinominal.

Es decir, el juez no solo suspendió una orden de aprehensión, sino que resucitó un proyecto político, otorgando una especie de “medida cautelar a la carta” para que el INE lo registrara como si nada, mientras la legalidad quedaba en estado de coma inducido.

Morena denunció esa resolución ante la FGR por considerar que el juzgador se saltó el manual y se inventó facultades para proteger al exgobernador, y no precisamente por amor al debido proceso, sino por cariño a la discrecionalidad.

El Tribunal de Disciplina Judicial ya lo había olido: en febrero de 2026 lo inhabilitó un año por faltas graves, acreditando actuaciones contrarias a la legalidad, a la imparcialidad y a cualquier apariencia de pudor jurisdiccional, señalando incluso un patrón de “errores inexcusables” más propios de despacho partidista que de órgano de control constitucional.

De héroe de amparos a villano funcional

Las resoluciones del juez no fueron un desliz aislado, sino parte de un desempeño sistemático de freno de mano a mandatos judiciales contra el exgobernador, al grado de impactar incluso asuntos vinculados con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Traducido a jerga callejera, donde debía haber un juez de garantías, se instaló un garante de impunidad con membrete de Poder Judicial, que ahora enfrenta su propia audiencia de control como imputado estrella del delito contra la administración de justicia.

La vinculación a proceso abre una nueva etapa penal independiente de la sanción administrativa, dejando muy claro que el cuento del “criterio jurídico controvertido” se desmorona y asoma el verdadero tipo penal: un juez que habría confundido la imparcialidad con militancia procesal a favor de Cabeza de Vaca.

El expediente lo retrata como ese operador silencioso que, desde la sala de audiencias, movía el tablero político, metiendo mano en candidaturas, órdenes de aprehensión y tiempos electorales bajo el disfraz de control de constitucionalidad.

El fiscal de currículum con tachones

Mientras el juez cae del pedestal, aparece en escena Jesús Eduardo Govea Orozco, hoy Fiscal de Justicia del Estado, producto de una larga carrera en materia penal y seguridad pública, con títulos, maestrías y especialidades que brillan en papel, aunque su historial público está marcado por cuestionamientos y versiones que él mismo ha tenido que salir a desmentir.

El hombre que ahora presume perfil técnico y cruzada anticorrupción es el mismo que se defiende en 10 puntos, alegando que jamás participó en la liberación de Rogelio González Pizaña “El Kelín” y que todo intento de vincularlo a esos hechos es falso y tendencioso.

Antes de llegar a la Fiscalía General, Govea operó como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, desde donde impulsó “investigaciones relevantes”, vinculaciones a proceso de exservidores públicos y reactivación de casos viejos, según la narrativa oficial que intenta pintarlo como cirujano de la limpieza institucional.

Pero la misma historia que vende “nueva etapa” en la procuración de justicia también arrastra el murmullo de que su ascenso se acomodó en el reacomodo de piezas que dejó la caída de ciertos jueces y el desgaste de otros operadores que se quemaron en la hoguera de los amparos a modo.

Govea, ya como fiscal, afirma que quienes buscan manchar su nombre no lo van a intimidar ni distraer, como si la crítica fuera un delito de ultrajes a la autoridad y no un derecho procesal ciudadano para revisar a detalle la hoja de vida del nuevo guardián del monopolio de la acción penal.

El discurso institucional lo pinta como técnico, neutral y obsesionado con la trazabilidad de los expedientes, pero la realidad política coloca a su alrededor un halo de sospecha: el sistema está intentando reciclar su credibilidad sentando en el banquillo a un juez, mientras protege, pule y encuadra al fiscal.

El efecto dominó en aspiraciones y carreras

Las decisiones de aquel juez, que en su momento funcionaron como salvavidas para un exgobernador, hoy operan como ancla para carreras ajenas: hundieron proyectos políticos, trastocaron planes electorales y sirvieron de coartada perfecta para reconfigurar el mapa de quién persigue a quién en Tamaulipas.

La narrativa oficial se vende así: se castiga al juez para maquillar el sistema, se exhibe la red de amparos como excepción y no como regla, y al mismo tiempo se impulsa a un fiscal de historial controvertido como si fuera producto de laboratorio ético y no de la misma fábrica institucional.

En términos jurídicos, Juan Fernando “A” hace el tránsito procesal de juez de control a sujeto de control, mientras Govea pasa de fiscal anticorrupción a fiscal general, con la bendición política de un Congreso que prefiere mirar hacia otro lado cuando se discuten sus antecedentes y las versiones que lo vinculan con decisiones polémicas del pasado.

La paradoja es brutal: el sistema sanciona al supuesto operador de blindajes judiciales, pero coloca al frente de la justicia a alguien que todavía tiene que litigar en la opinión pública que su currículum no es un catálogo de conflictos de interés ocultos bajo lenguaje técnico.

En esta escenografía, la “administración de justicia” parece más una marca registrada que un principio constitucional, donde el juez caído se convierte en sacrificio ritual y el fiscal emergente en protagonista reciclado, ambos unidos por el mismo hilo: decisiones que, lejos de garantizar derechos, han repartido impunidad, tumbado aspiraciones y reconfigurado quién vive políticamente y quién queda en calidad de cadáver jurídico.

Con informacion: HoyTamaulipas/

"ENRIQUE y...MANITO REY: DETRAS de un GRAN GOBERNADOR MALVADO como ROCHA MOYA SIEMPRE HAY un GRAN HOMBRE del CASH"...asi pasó en Sinaloa y también con CDV en Tamaulipas.

En la política a la mexicana hay una regla no escrita que rara vez falla: detrás de cada gobernador que presume honestidad franciscana, suele haber un operador que recoge y paga en efectivo… y no precisamente las tortillas. En Sinaloa, como ocurrió bajo el gobierno De Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en Tamaulipas (2016-2022) , esa figura tiene nombre y apellido: Enrique Díaz Vega, el “hombre del cash” que aparece orbitando peligrosamente cerca de Rubén Rocha Moya.

El 5 de diciembre de 2020, Rocha se registró como aspirante a la gubernatura por Morena. Llegó confiado, no tanto por su carisma —que nunca fue su fuerte— sino porque llevaba dos blindajes: la bendición presidencial y una caja registradora humana llamada Díaz Vega. Un empresario sinaloense con una curiosa afición: pagar todo al contado, incluso cuando los montos huelen más a lavado que a liquidez empresarial.

El problema es que Díaz no solo es un generoso patrocinador de campañas. Según la fiscalía de Estados Unidos, forma parte de un grupo de diez personajes señalados por tráfico de drogas y posesión de armas al servicio de Los Chapitos. 

Y aquí es donde la historia deja de ser anécdota política para convertirse en radiografía de una presunta red macrocriminal: no hablamos de narquitos aislados, sino de un entramado donde aparecen un gobernador —Rocha Moya— y al menos nueve funcionarios que habrían intercambiado favores institucionales por sobornos millonarios.

En ese esquema, Díaz Vega no era un simple espectador. La acusación lo coloca como enlace directo entre el poder político y los hijos de El Chapo: Iván, Alfredo y Ovidio Guzmán. Es decir, el tipo que organizaba reuniones, movía dinero y, de paso, acomodaba fichas en el tablero gubernamental cuando despachaba como secretario de Administración y Finanzas. Un puesto menor… si uno ignora que ahí pasa absolutamente todo el dinero público.

La cronología que plantea Washington es reveladora. A partir de 2021 —justo el año electoral— no solo se consolidó el poder político de Rocha, también se disparó el patrimonio de su operador financiero. Y no hablamos de crecimiento moderado, sino de una expansión inmobiliaria digna de magnate petrolero.

Cuando Díaz Vega asumió el cargo, reportó 24 propiedades valuadas en 70.4 millones de pesos. Pero lo interesante es cómo llegó ahí: en 2020 adquirió 12 inmuebles por 47.2 millones… todos pagados de contado. Y aquí viene el truco: 10 de esas propiedades se las compró a sí mismo, a través de sus propias empresas. Una práctica que, en cualquier manual básico de auditoría, prende focos rojos del tamaño de Culiacán.

Ya dentro del gobierno, lejos de moderarse, el ritmo continuó. Entre 2021 y 2024 sumó otras 18 propiedades —casas, departamentos, locales— incluyendo residencias en La Primavera, el fraccionamiento más exclusivo del estado. Valor total: 61.5 millones de pesos. ¿Créditos? Apenas uno, por 2.9 millones. Todo lo demás, otra vez, en efectivo.

El resultado es una colección de 42 propiedades con valor acumulado de 131 millones de pesos, de los cuales al menos 125.3 millones fueron liquidados al contado. En un país donde el SAT te pregunta hasta por un depósito de 10 mil pesos, aquí alguien movía millones como si fueran fichas de casino.

Pero Díaz Vega no es un improvisado. Viene de familia empresarial y ha tejido una red corporativa que incluye al menos diez empresas: desde desarrollos inmobiliarios hasta compraventa de autos. Su socio clave: Alejandro Gaxiola Coppel, miembro de una de las familias empresariales más poderosas del noroeste. Juntos han construido un ecosistema donde negocios, política y relaciones personales parecen demasiado entrelazados como para ser coincidencia.

La cercanía no es menor. Los Gaxiola Coppel no solo comparten empresas con Díaz Vega; también tienen vínculos con el propio Rocha Moya. Uno de ellos, Javier Gaxiola, fue secretario de Economía del estado… hasta que renunció, casualmente, poco después de que Díaz también abandonara el gobierno.

Porque sí, el “hombre del cash” decidió salir de la política en 2024, no por voluntad propia sino porque Morena le cerró la puerta a una candidatura federal, pese a ser impulsado por el gobernador. Oficialmente, “no encajaba en el perfil”. Extraoficialmente, el perfil ya empezaba a oler demasiado.

Tras el rechazo, Díaz regresó a sus empresas, como quien vuelve a casa después de una aventura fallida. Mientras tanto, las llamadas de la prensa quedaron sin respuesta. Ni él ni sus socios quisieron explicar cómo se construye una fortuna de más de 125 millones en efectivo mientras se ocupa un cargo público en un estado asediado por el narco.

La pregunta incómoda sigue flotando: ¿es Díaz Vega el típico empresario exitoso con talento extraordinario para el cash… o es la pieza financiera de una estructura donde el poder político y el crimen organizado dejaron de simular distancia?

Porque en México, como ya se vio en Tamaulipas y ahora asoma en Sinaloa, el problema nunca es solo el gobernador. Es quién le maneja la cartera.

Con informacion: MARCOS VIZCARRA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

«EL MUNDIAL de la IGNORANCIA: LA SEP ADELANTÓ las VACACIONES por 13 PARTIDOS de FUTBOL»…y 13 es numero de mala suerte para el conocimiento, recurrentemente saboteado.

El gobierno federal acaba de confirmar lo que siempre sospechamos: la educación en México es un estorbo, una molestia administrativa que puede sacrificarse sin remordimientos en cuanto aparezca cualquier pretexto más vistoso . El secretario de Educación Pública, Mario Delgado,musltiacusado en tramas de trafico de huachicol, anunció el jueves un «acuerdo unánime» para adelantar las vacaciones escolares casi un mes completo, transformando el periodo vacacional de dos a tres meses, todo porque al Estado le parece más importante facilitar la logística turística del Mundial que garantizar el derecho constitucional a la educación .

La excusa del siglo: 13 partidos de futbol

La justificación oficial mezcla con descaro las «altas temperaturas» y el Mundial, aunque la realidad desnuda el cinismo gubernamental . De los cientos de partidos del torneo, en México apenas se jugarán 13 encuentros: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey, todos concentrados entre el 11 y el 24 de junio . Para evitar que el tráfico de turistas incomode a los asistentes al espectáculo deportivo, la SEP decidió cerrar todas las escuelas del país durante meses, incluso en estados donde no hay partidos ni olas de calor .

La pedagoga Irma Villalpando, doctora por la UNAM, resume la indignación nacional: «No hay una explicación lógica de esta pésima decisión de política educativa. No todas las entidades federativas tienen partidos; no todas tienen altas temperaturas» . La medida afecta por igual a Chiapas, Guerrero e Hidalgo que a la capital, revelando que el verdadero objetivo nunca fue proteger a estudiantes del calor sino despejar las calles para facilitar el negocio privado del «Mundial del despojo» .

Cuando hasta los gobiernos afines dicen «no»

La torpeza de Delgado quedó expuesta cuando gobiernos estatales y asociaciones educativas comenzaron a desmarcarse públicamente de su supuesto «acuerdo unánime» . Jalisco informó que «en ningún momento planteó a la federación» adelantar vacaciones y mantendrá el fin de clases el 30 de junio, suspendiendo únicamente los cuatro días con partidos en Guadalajara . Guanajuato, a través de su gobernadora Libia Denisse García, llamó al gobierno federal a «revisar la decisión» e insistió en una «propuesta diferenciada» .

Incluso las escuelas privadas rechazaron someterse al capricho: la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE) y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) anunciaron que continuarán con el calendario oficial anterior . El mensaje es claro: ni siquiera los aliados políticos ni el sector privado están dispuestos a validar este sabotaje educativo disfrazado de política pública.

El costo invisible: mujeres y rezago educativo

La red Mujeres Unidas por la Educación denunció que esta es «una decisión contra las mujeres», señalando que «cuando el Estado se retira, cuando la escuela deja de estar, el costo invisible recae sobre las mujeres». Villalpando plantea las preguntas incómodas que la SEP prefiere ignorar: «¿Cuántas mujeres salen a trabajar? ¿Dónde se quedarán los niños? Tampoco es que tengamos ciudades con museos, deportes o ciudades seguras. Los niños no pueden salir tan fácilmente» .

La medida expone nuevamente la inexistencia del Sistema Nacional de Cuidados, que hasta ahora solo existe como «propuesta de ley» sin recursos ni voluntad política real . Mientras tanto, padres y madres consultados expresan su furia: «vivimos una pandemia que causó un considerable rezago educativo en nuestros hijos», «medida unilateral sin medir las consecuencias negativas para las niñeces», «el interés superior de la niñez se deja de lado por un evento empresarial» .

El titubeo presidencial y la farsa del «acuerdo»

La confusión alcanzó niveles de farsa cuando la presidenta Claudia Sheinbaum contradijo a su propio secretario de Educación . Mientras Delgado presumía un «acuerdo unánime» y una decisión ya tomada, Sheinbaum titubeó ante la prensa asegurando que se trataba de una «propuesta» y abrió la puerta a «posibles modificaciones» . Delgado insistió que el inicio vacacional sería el 5 de junio, pero ahora «están analizando» mover el regreso a clases al 17 de agosto .

Villalpando desnuda la mentira institucional: «La presidenta dijo dos cosas erradas. Delgado dijo que era una decisión unánime, pero ahora dicen que es una propuesta. Después dijo que no hay un calendario definitivo, pero ya está en la página oficial de la SEP» . Solo falta que quede plasmado en el Diario Oficial de la Federación para que el despropósito sea irreversible.

El patrón histórico: sabotaje educativo como política de Estado

Esta decisión no es un error aislado sino la confirmación de un patrón histórico: el gobierno mexicano ha saboteado sistemáticamente la educación pública con pretextos cambiantes pero intención idéntica . La pedagoga Villalpando resume el proyecto educativo real de la administración actual: «No les interesan los aprendizajes de los niños, para nada, y como no tenemos mecanismos para evaluar, pues es peor» .

Francisco Villeda añade la dimensión de derechos humanos: «Con este anuncio está claro que la educación no es su prioridad. No puede ser que el interés superior de la niñez se deje de lado por un evento empresarial. Coartarles la educación por un periodo tan prolongado debido a una cuestión de movilidad en la capital es un error y una violación a los derechos humanos de la niñez de todo el país» .

El gobierno federal ha exhibido, sin pudor y sin consecuencias, que prefiere vaciar las aulas tres meses para no incomodar a turistas extranjeros durante dos semanas de futbol. Mientras las escuelas cierran y el rezago educativo se profundiza, queda claro que el verdadero campeonato en México no lo disputan selecciones deportivas sino administraciones gubernamentales compitiendo por quién puede causar más daño institucional sin que pase absolutamente nada.

Con informacion: REFORMA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/