«TRES LLAVES CONVENIENTES ?: EX-SUBPROCURADOR de FGR PRESUME podria ACTIVARSE CLAUSULAS MAGICO-LEGALES para PROTEGER a ROCHA y ACUSADOS»…no se puede extraditar a alguien con causas pendientes.

Everardo Moreno Cruz, abogado y político mexicano, que se desempeñó como subprocurador general de la República de 1997 a 2000,escribe hoy para EL UNIVERSAL+,un articulo que presume mas que una defensa jurídica, un manual de contención de daños del oficialismo MORENO.

El mensaje de fondo es: “no lo vamos a extraditar, y además tenemos cómo justificarlo legalmente”. ¿Cómo? Con tres llaves muy convenientes:

• La ley como escudo: dicen que van a “respetar” la Ley de Extradición y el tratado con EE.UU., pero curiosamente ese respeto sirve para frenar la entrega, no para agilizarla.
• El truco clásico: abrir o mantener procesos penales en México. Con eso activan la cláusula mágica: “no se puede extraditar a alguien con causas pendientes”. Traducción: lo retienes aquí el tiempo que quieras.
• La puerta discrecional: el tratado permite no entregar a nacionales. O sea, si el Ejecutivo no quiere, no quiere… y punto.

El ingrediente político-criminal:

• El ex-de FGR se mete el caso del asesinato de Cuén y la narrativa del “Mayo” Zambada para justificar que Rocha debe ser investigado aquí, no enviado allá.
• Sugiere posibles delitos adicionales (auditorías ocultas), ampliando el colchón legal para mantenerlo en territorio nacional.
• Y de paso, deja entrever lo importante: si Rocha cae en EE.UU., podría arrastrar a más gente “ilustre”.

Resumen :
No es que la ley impida la extradición; es que la están usando estratégicamente para congelarla. Y de paso, proteger una red más amplia que no quieren que hable ante fiscales gringos.

Asi lo dijo el Abogado:

«…Las condiciones las ha cambiado el gobierno, y ya no seguirá incumpliendo la Ley de Extradición Internacional de 1975 ni el Tratado sobre Extradición celebrado con Estados Unidos, aprobado por el Senado mexicano el 20 de diciembre de 1978, exigiendo pruebas fuera del momento jurídico oportuno. Por las razones que expondré, el gobernador de Sinaloa con licencia no será extraditado a Estados Unidos.

Esa tranquilidad quizá no sea para los otros nueve ciudadanos mexicanos, servidores y exservidores públicos para los que también se solicitó su extradición.

Mi afirmación de que no será extraditado descansa en la misma Ley que mencioné, y en el Tratado de Extradición, firmado por nuestro gobierno y que tiene rango constitucional.

Para fundamentar lo expresado, tenemos la información proporcionada a través de los medios de comunicación, de que la Fiscalía General de la República tiene abierta la investigación del homicidio cometido el 25 de julio de 2024 del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, egresado de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sinaloa, de la que fue Rector de 2005 al 2009.

En esa carpeta deberá comparecer el exgobernador Rocha Moya, toda vez que el homicidio de Héctor Melesio se cometió el mismo día en que fue secuestrado Ismael “Mayo” Zambada y trasladado a Estados Unidos. Y el “Mayo” en una carta firmada por él declaró que el profesor Melesio fue asesinado en el rancho en que él fue detenido, y que compareció a esa reunión porque se le dijo que ahí estaría también el entonces gobernador.

Por esa razón será investigado Rubén Rocha, y de esa investigación puede derivarse en su contra alguna responsabilidad en la muerte del exrector. Menciono que Héctor Melesio fue secretario de Salud en el gobierno del gobernador con licencia, desde noviembre de 2021, en que tomó posesión, hasta mayo de 2022 cuando fue cesado por el gobernador, existiendo desde entonces una mala relación entre ellos.

De la misma manera, se ha dado a conocer por la prensa, que en el gobierno del multicitado Rocha Moya no se hicieron públicas las auditorías que por ley tendrían que haberse realizado y divulgado de las dependencias de su gobierno, en contravención a lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2025. Con los anteriores antecedentes, y que ignoro si existen otros, tienen que realizarse investigaciones del orden penal, y eventualmente judicializarse las mismas para que sean conocidas por un juez.

En tal virtud, es aplicable el artículo 11 de la Ley de Extradición que textualmente señala que no podrá ser extraditado: “quien tuviese una causa pendiente…” y agrega la ley que la entrega se diferirá. El Tratado de Extradición, en su artículo 15, ordena que se pospone, en caso de que procediera la extradición, cuando la persona a extraditarse está sometida a “procedimientos en curso” Además, el artículo 9 del Tratado citado establece que ninguno de los dos gobiernos está obligado a entregar a sus nacionales y el Poder Ejecutivo lo decidirá discrecionalmente. En el supuesto que fuera presentado a un juez, y se le vinculara a proceso, y se le dictara prisión preventiva, por su edad podría acogerse a prisión domiciliaria (art. 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

Las razones expuestas nos permiten afirmar que el gobierno no extraditará a Rocha Moya, no irá a Estados Unidos y no involucrará a muchos personajes, con seguridad algunos muy ilustres.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/Everardo Moreno/Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM/

«SI CUMPLE REQUISITOS: SENADOR ACUSADO de NARCO por EE.UU podria ser CANDIDATO a GOBERNADOR de SINALOA»: dice LIDER de MORENA…y claro que cumple «sus» requisitos.

Morena acaba de inventar el “debido proceso narco”: si el señalado por un fiscal de Nueva York por vínculos con el Cártel de Sinaloa cumple la convocatoria interna… puede ser gobernador.

El nuevo espíritu santo de Morena: “si cumple requisitos, no será descartado”

En Sinaloa, el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, fue preguntado si Enrique Inzunza (acusado por un fiscal de Nueva York de tener nexos con el Cártel de Sinaloa) y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (también señalado por vínculos con el narco), están descartados para 2027.

Respuesta del partido que presume “no somos iguales”: “si quieren participar y cumplen con los requisitos de la convocatoria, no serían descartados”.

Traducido del morenés al castellano:

• Puedes desaparecer del Senado 15 días,
• Estar bajo acusaciones de narcovínculos hechas por autoridades de Estados Unidos,
• Tener historial de señalamientos por acoso sexual,
  y aun así tu partido dice que eres perfectamente “elegible”, siempre y cuando entregues bien tu papelería.

En Morena, el filtro no es la ética pública: es la fé de oficio.

El senador filósofo de Badiraguato

Enrique Inzunza lleva al menos quince días sin aparecer en el Senado desde que se supo que un fiscal de Nueva York lo ligó al Cártel de Sinaloa.
Sus oficinas siguen abiertas, pero sus colaboradores no saben dónde está su jefe; lo único que hace el hombre es mandar mensajitos en redes sociales, citando a Séneca, y presumiendo que está con su mamá en Badiraguato, según sus propias palabras.

El cuadro es casi perfecto:

• Acusado por un fiscal de Nueva York de nexos con el Cártel de Sinaloa.
• Escondido, pero con oficina funcionando en el Senado, como si nada.
• Publicando filosofadas mientras la Fiscalía de EU lo tiene en el radar.

Morena ha convertido a Badiraguato en algo entre santuario político y sucursal espiritual: ahí se bendicen trayectorias, se perdonan pecados y se reafirman candidaturas.

“Juntos Haremos Historia”… con el narco en la boleta

Inzunza llegó al Senado en 2024 por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena–PT–PVEM).

Su candidatura fue cuestionada desde el principio por organizaciones debido a una denuncia de acoso sexual en su contra; aun así, fue impulsado y cobijado por la maquinaria oficialista.

Es decir:

• Había ya señalamientos de acoso sexual.
• Después vino la acusación de vínculos con el Cártel de Sinaloa por un fiscal de Nueva York.
• Se ausenta del Senado tres veces seguidas, y manda al suplente.

Y pese a todo eso, el dirigente de Morena en Sinaloa repite tranquilo que, si cumple con los requisitos internos, nada lo descalifica para buscar la gubernatura en 2027.

Ni la acusación de la justicia estadounidense, ni la sombra de acoso sexual, ni la simple decencia política caben en el “código de ética” morenista.

El manual morenista del cinismo

Lo que hace Morena en Sinaloa no es un caso aislado, es casi un manual:

• Acusaciones graves: si es EU quien liga a un senador con el Cártel de Sinaloa, se relativiza, se habla de “pruebas” y se pide “juicio justo” para el gobernador con licencia y su círculo, como ya hizo Sheinbaum en el caso Rocha Moya.
• Desapariciones convenientes: Inzunza se esfuma del Senado, pero su oficina permanece abierta, como si la figura pública pudiera esconderse mientras el aparato institucional le sigue pagando y sosteniendo el espacio.
• Cero sanciones internas: ningún anuncio de suspensión, ningún mensaje de “no hay cabida para quien esté bajo este tipo de señalamientos”; al contrario, se deja abierta la puerta a la candidatura a gobernador.

Morena presume combate al narco, pero tolera –y hasta protege– a cuadros que están bajo la lupa de autoridades extranjeras por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

La línea es clara: mientras seas útil electoralmente y llenes el formulario, el partido hace como que las acusaciones no existen.

La “convocatoria” como tapadera política

La frase “vamos a esperar la convocatoria” se convierte en la coartada perfecta:
Barraza Castillo dice que, si Inzunza y Gámez Mendívil deciden participar y cubren los requisitos, “no serían descartados”.

Es el truco clásico: se lavan las manos en la burocracia interna y convierten un escándalo de seguridad nacional en trámite administrativo.

Porque lo importante, para Morena, no es si un personaje ha sido mencionado en el contexto del Cártel de Sinaloa por un fiscal de Nueva York.

Lo importante es si entregó su acta de nacimiento y comprobante de domicilio a tiempo.

Morena no solo normaliza el narcopoder; lo institucionaliza, lo envuelve en discurso de “juicio justo”, y lo recicla en futuras campañas.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«DEL CAPITOLIO al PENTAGONO: CONSENSO BIPARTIDISTA en el SENADO de EE.UU pide REPORTE de HUACHICOL de MEXICO»…un delito donde el nombre AMERICO,MORENA y PRIMITO se escriben con mayusculas.

En Washington ya no se hacen los sorprendidos: ahora hasta lo ponen por escrito. Senadores republicanos y demócratas —sí, ese raro momento de consenso bipartidista— acaban de presentar una iniciativa que, sin decirlo de frente, desmonta uno de los mitos más útiles de la guerra contra el narco: que los cárteles viven exclusivamente de la droga.

Resulta que no. Que también —y cada vez más— viven del petróleo.

La propuesta, encabezada por el texano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen, busca obligar al Pentágono a entregarle al Capitolio un reporte detallado sobre el robo y contrabando de hidrocarburos mexicanos. Traducido: Washington quiere cifras, rutas, nombres y recomendaciones sobre el negocio del huachicol, ese que durante años fue tratado como delito menor mientras financiaba estructuras criminales de escala industrial .

Un delito que por supuesto ha incluido en la trama delictiva a gobernadores de Morena como Americo Villarreal y ex-gobernadores como Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (PAN) en la trama, todos en alianza con Carteles.

Cornyn lo dice sin rodeos, aunque con el tono diplomático de quien apenas está “descubriendo” algo evidente: los cárteles ya no sólo trafican drogas, ahora perfeccionan métodos para robar combustible, moverlo en el mercado negro y convertirlo en caja chica para todo lo demás —desde narcotráfico hasta trata de personas.

Pero el dato clave no está en la denuncia, sino en la admisión implícita: el huachicol no es un ingreso marginal, es una columna financiera.

Rosen lo remata aún más claro: el robo de combustible es ya “la fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico más importante” para los cárteles. Es decir, lo que durante años se vendió como organizaciones “narco” en realidad opera como conglomerados criminales diversificados, donde la droga es sólo una línea de negocio.

Y aquí es donde la narrativa empieza a desmoronarse.

Porque si el músculo económico viene del robo de hidrocarburos —un delito que requiere infraestructura, complicidad institucional, control territorial y redes logísticas complejas— entonces el problema deja de ser exclusivamente de “narcotráfico” y se acerca peligrosamente a algo más estructural: captura de sectores energéticos, corrupción sistémica y economías criminales insertadas en mercados formales.

La iniciativa, bautizada con el rimbombante nombre de “Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles”, ordena al Pentágono no sólo diagnosticar el fenómeno, sino proponer cómo combatirlo, compartir inteligencia y fortalecer capacidades. Es decir, meter a Defensa en un negocio que huele más a petróleo que a cocaína.

Y por si quedaban dudas de que esto ya cruzó la frontera, los senadores mencionan directamente esquemas de contrabando transnacional, incluyendo redes vinculadas al CJNG que ya fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro en 2025. El mensaje es claro: el huachicol ya no es un problema local ni folclórico; es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Lo interesante no es la iniciativa en sí —que todavía tiene que sobrevivir al viacrucis legislativo—, sino lo que revela: en el Capitolio ya entendieron que los llamados “narcos” hace tiempo dejaron de ser sólo narcos.

Son operadores de mercados ilegales diversificados, donde el petróleo robado vale tanto o más que la droga.

Y mientras en México se sigue repitiendo el guion de siempre, en Washington ya están ajustando el diagnóstico.

Con informacion: ELNORTE/

«JUEZA los DEJA LIBRES ?: CAPTURAS de HARFUCH CUESTIONAN PULCRITUD de MARINOS,FGR,JUECES del ACORDEON y su PIROTECNIA VERBAL»…cateos espectaculares, legalidad de utilería y la estadística inflada de siempre

Una jueza penal federal en Nuevo León liberó ayer a tres de las cuatro personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en cateos de fuerzas federales en residencias de Monterrey y San Pedro.

Primero lo incómodo: la pulcritud legal de quienes “aprehenden”. Porque una cosa es irrumpir con marinos, drones, armas largas y boletín listo para la mañanera, y otra muy distinta es hacerlo con un expediente que no se desmorone en cuanto lo toca un juez. 

En Nuevo León, el show táctico del fin de semana terminó en lo previsible: tres de cuatro detenidos liberados porque, sorpresa, las capturas fueron ilegales. 

No es un tecnicismo menor; es el ABC del debido proceso. Si el cateo o la detención nacen viciados, todo lo que sigue es jurídicamente inútil, por más fotos de fajos de billetes, fauna exótica y camionetas de lujo que circulen en redes. El Estado presume músculo, pero olvida la Constitución en la mesa de noche.

Segundo, la pulcritud de los jueces… o el espejismo de ella. Porque esta historia también revienta otra narrativa: la de que, tras los “acordeones” electorales, la justicia ya no estaría contaminada por padrinazgos políticos. 

La jueza María de los Ángeles Padrón Banda —con pasado en la defensoría pública estatal y señalada por su cercanía al aparato local— invalida detenciones clave en un caso mediático. ¿Actuó conforme a derecho? Probablemente sí en lo técnico. ¿Eso limpia el proceso completo? No. Lo que exhibe es un sistema donde policías y fiscales arman expedientes endebles y luego esperan que el juez los “salve”. Cuando no ocurre, el péndulo se va al otro extremo: o se acusa a la jueza de favorecer a detenidos incómodos o se confirma que las capturas fueron un desastre legal desde el origen. En ambos escenarios, la promesa de una justicia “renovada” queda como propaganda.

Tercero —y menos importante solo en apariencia— está la contabilidad creativa de Omar García Harfuch. Porque mientras tres de cuatro caen por ilegalidad, el único que sí permanece —“Titán”, presunto operador ligado al huachicoleo y a la red de “El Señor de los Buques”— es el que se reporta con bombo en la mañanera. 

El resto se evapora del discurso oficial. Es la vieja alquimia:convertir operativos fallidos en cifras infladas. ¿Se sumarán estos nombres a los “46 mil 400 detenidos”? Probablemente sí, aunque en tribunales no sostengan ni la primera audiencia. Pirotecnia verbal: mucha luz, mucho ruido… y poco caso sólido.

El caso “Challenge Procyon”, los vínculos con hidrocarburos ilícitos y la participación de Marina, FGR y Seguridad deberían haber derivado en un golpe estructural. En cambio, lo que tenemos es un retrato de rutina: cateos espectaculares, carpetas mal integradas, jueces que aplican la ley —o la interpretan en un ecosistema politizado— y un aparato de comunicación que maquilla resultados.

Al final, el mensaje real no es que “la justicia funciona” ni que “los criminales se escapan por tecnicismos”. Es peor: que el Estado sigue sin poder hacer bien lo básico. Y mientras eso no cambie, cada operativo será solo otro capítulo de una serie donde la narrativa oficial gana titulares… y pierde casos.

Con informacion: ELNORTE/

«OTRO RESCATE HEROICO ?: POLECIA «DISEL» de AMERICO se TIROTEA con PLAGIARIOS pero NO HAY DETENIDOS,NI HERIDOS,solo CASQUILLOS ABANDONADOS»…es y ha sido el sello de la «caza».

La historia oficial bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, vuelve a ser la misma con nuevo encabezado: hubo “rescate heroico”, hubo “enfrentamiento”, hubo fotos… pero mágicamente no hubo secuestradores, sólo balas extraviadas y un gobierno que jura que “no habrá impunidad” mientras nada más les cambia el nombre a las omisiones.

La escena en San Fernando: víctimas sí, verdugos no

En San Fernando, la versión de siempre: elementos de la Guardia Estatal rescatan a dos personas privadas de la libertad tras un “enfrentamiento armado” durante un operativo en la colonia Paso Real.

El parte habla de que aseguran un arma larga, ponchallantas y una camioneta, pero convenientemente no menciona detenidos, ni nombres, ni bandas, ni nada que implique que alguien vaya a pisar una celda porque es el sello de la «caza» en Tamaulipas.

La narrativa se vende como éxito: “rescatan a dos secuestrados tras enfrentamiento armado”, pero sin un solo capturado, el caso queda en el reino mágico donde los criminales se evaporan en el aire en cuanto oyen la sirena.

Así, el Estado celebra que salvó a las víctimas, pero jamás explica cómo es que en un territorio controlado por el crimen organizado los únicos que terminan “asegurados” son los casquillos tirados y las armas abandonadas.

Las 23 palabras de Américo: receta de sanación imaginaria

Mientras tanto, en el universo paralelo del «doctor-gobernador que se encamina echo la mocha al bote gringo», vale la pena recordar aquellas 23 palabras luminosas que mencionó emocionado el 22 de noviembre de 2022: “En mi gobierno no habrá impunidad, ni mucho menos tolerancia, para aquellos que atenten contra la paz y la tranquilidad de nuestro estado”.

La frase la soltó apenas asumió el cargo, inflado de triunfo y poder, prometiendo que iba a “sanar” a Tamaulipas como si fuera paciente de consultorio con receta de tres días y suero moral.

El problema es que el médico del “humanismo” nunca pasó de receta verbal: ni definió el diagnóstico, ni aceptó que la enfermedad se llama impudemia (esa epidemia de impunidad que se le desbordó en todos los municipios).

Casi 4 años después, el resultado es un estado donde la violencia, los bloqueos carreteros, las desapariciones y las extorsiones “a nivel industrial” siguen a la orden del día, mientras el discurso presume que todo va rumbo a la “transformación” y el al bote.

Ahi muy cerca,en Reynosa,la propia percepción de inseguridad trepa a 86.1% según datos oficiales, mientras el gobierno gasta en patrullas en vez de invertir en seguridad, que no es lo mismo, pues cuando solo es gasto sin resultados ,deja de ser inversión.

La contradicción es quirúrgicamente perfecta: el gobierno exhibe rescates como trofeos, pero los secuestradores desaparecen del relato, se licúan en el lenguaje institucional, se convierten en “civiles armados” que se dieron a la fuga, sin rostro ni nombre para no descomponer la estadística.

Es la misma escuela de siempre: mostrar víctimas atendidas, pero jamás construir casos judiciales sólidos que acrediten la cadena de mando del crimen, porque eso implicaría romper la cómoda complicidad que ya describen las crónicas como “permisividad tóxica”.

El médico que enfermó más al paciente

El diagnostico lo dice sin anestesia: el “facultativo de la salud” debía haber hecho un análisis clínico de la entidad antes de soltar la promesa de “sanar” Tamaulipas, pero se quedó en el papel de curandero de campaña, recetando frases que superan por mucho su capacidad real de gobierno.

Las consecuencias están enumeradas como expediente clínico: pérdida de credibilidad gubernamental, derrumbe de la confianza ciudadana con alta percepción de inseguridad, impacto negativo en inversión y economía, y migración forzada, sobre todo en áreas rurales donde la gente huye de la violencia y la ausencia de Estado.

Todo esto mientras la propaganda de “Tamaulipas tiene rumbo” y “hay coordinación con la federación” sigue circulando en redes oficiales, como si el diagnóstico real fuera un simple malestar pasajero y no un cáncer de impunidad metastásica.

La moraleja: rescates sin justicia, promesas sin memoria

El caso de San Fernando es la foto clínica exacta de la impudemia: sí, rescatan a dos secuestrados, pero sin un solo secuestrador presentado ante un juez, y sin que la autoridad explique cómo eso encaja con la promesa de “no habrá impunidad ni tolerancia”.

No hay concesiones posibles: si el gobierno sólo rescata víctimas pero nunca judicializa a los responsables, entonces la frase de Américo no fue un compromiso, sino un eslogan de campaña encajado en 23 palabras para encubrir un régimen que aprendió a convivir con el crimen mejor que con la crítica.

Con informacion: HoyTamaulipas/

«NI VALENTIA,NI CORAJE,NI PATRIOTISMO: SHEINBAUM NO esta PONIENDO el CUERPO para DEFENDER a NARCOROCHA SINO al PAIS como ESCUDO HUMANO»…el costo lo pagan otros,si fuera valentía, el costo lo asumiría ella.

El dia de ayer el periodista Leo Zuckerman escribio para Excelsior : 

«Ayer me dio tristeza ver cómo Claudia Sheinbaum dilapidaba su capital político para defender a Rubén Rocha Moya en la mañanera. La Presidenta insistía que no había investigaciones abiertas en México sobre este personaje y los otros nueve acusados por Estados Unidos a la vez que demandaba pruebas para inculparlos.»..Leo Zuckerman/Excelsior

Y tiene sobrada razon,la Presidenta Sheinbaum está peleando un pleito geopolítico ,no uno de barrio ,y lo hace con un bastón de mando chiquito que ya esta detonando un problema grande. 

Cuando la presidenta presume soberanía mientras su principal aliado comercial ya emitió cargos contra el gobernador en cuestión, en realidad no está marcando línea, está midiendo fuerzas con alguien que tiene un bastón de mando más largo y más pesado. 

El resultado: ella cree que está defendiendo al “compa” perseguido por el imperio, pero el imperio ya ve a la mandataria que apostó la relación bilateral entera por un solo narcopolítico de muchos mas en camino. 

Esto claramente no es valentía porque no está poniendo el cuerpo, sino poniendo al país como escudo humano para proteger a un aliado político acusado de narco–corrupción. 

No es coraje, es cálculo La narrativa oficial dice que es una defensa heroica de la soberanía frente a un Trump que presiona para que caigan gobernadores y senadores ligados al Cártel de Sinaloa. 

Pero la realidad es que se aferra a tecnicismos probatorios y al “no entrego a nadie sin pruebas contundentes” justo cuando los cargos alcanzan al barandal más alto de su propio partido. 

El costo lo paga otro Si fuera valentía, el costo lo asumiría ella;aquí el costo lo paga la relación con el principal socio comercial, los tratados, las cadenas de suministro y, en una de esas, aranceles o represalias que se sienten en empleos, tipo de cambio y migración. 

La presidenta se juega cartas ajenas: arriesga la economía y la cooperación de seguridad para salvar a un político que ya fue acusado en Nueva York y que, de haberse apellidado distinto y no ser pieza clave de Morena, ya estaría en un avión de extradición. 

Soberanía de bolsillo, conducta patriotera Llamar a eso valentía es como decir que esconder a un compadre debajo de la bandera es acto heroico; la soberanía sirve para defender al Estado, no para blindar redes de impunidad que hoy pasan por el escritorio de la DEA y del Departamento de Justicia. 

Lo que vemos no es una presidenta plantada frente al imperio, sino una jefa de Estado dispuesta a reducir la política exterior mexicana a la medida del problema penal de un solo gobernador. SI,si esta estirando la liga y SI ,si se va romper.

Con informacion: EXCELSIOR/LEO ZUCKERMAN/