En ciertos pasillos donde se administra la justicia federal —o al menos eso dice el letrero— parece que la fauna nociva encontró refugio antes que la ley.
No es metáfora gratuita. Entre expedientes empolvados y escritorios donde el tiempo se archiva mejor que las sentencias, hay quienes juran haber visto más movimiento en las esquinas que en las resoluciones. Y no precisamente de funcionarios diligentes.
El problema, dicen en voz baja, no es solo de salubridad. Es de costumbre.
Porque cuando las estructuras se vuelven laberintos, siempre hay criaturas que prosperan en la oscuridad. Algunas caminan en cuatro patas; otras firman documentos. Las primeras huyen de la luz. Las segundas, curiosamente, también.
La “fumigación” que algunos reclaman no se limita a químicos ni trampas. Es otra cosa: un intento —tardío, quizá ingenuo— de ventilar espacios donde lo que más abunda no es precisamente la transparencia.
Pero limpiar implica remover. Y remover implica riesgos. Porque cuando se levanta la alfombra, no solo salen los insectos: también aparecen las huellas de quienes los alimentaron.
En el oficio SEA/DGIM/316/2026, cuya copia posee , la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Órgano de Administración Judicial, alertó que después de visitas técnicas llevadas a cabo el incremento de esta fauna nociva incide en la conservación de inmuebles, equipos, preservación de archivos, así como en la salud de usuarios.
“Se ha identificado un incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación, situación que incide directamente en la conservación de los inmuebles, la funcionalidad de las instalaciones y equipos, la preservación de archivos y documentación institucional, [así como en] las condiciones de salubridad para las personas usuarias”.
Así que el dilema no es menor: ¿se combate la plaga o se protege el ecosistema que la permitió?
Mientras tanto, en los tribunales donde debería reinar el orden, el ruido no proviene de martillos de juez, sino de un discreto y persistente crujir en las paredes.
Nada nuevo, dirán algunos. Solo que ahora ya nadie puede fingir que no lo escucha.
En el centro penitenciario de Culiacán se reportó una riña colectiva entre internos, en la divulgo que siete de los participantes con arma blanca perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados, por lo que fuerzas federales reforzaron la seguridad externa.
La escena es conocida, casi rutinaria, pero no por eso menos escandalosa: un penal convertido en campo de batalla y 7 muertos y 1 gravemente herido después, la autoridad hace lo que mejor sabe hacer: “reforzar la seguridad”… después de que todo ya explotó.
Porque en México, el control del Estado no se mide por lo que previene, sino por lo que reacciona tarde.
Lo ocurrido en el penal de Culiacán no es un incidente aislado. Es la evidencia más cruda de una verdad incómoda:
«El gobierno no controla ni siquiera a los criminales que ya tiene encerrados. Y si no puede con los que están tras las rejas, la pregunta es obvia: ¿qué posibilidad real tiene de contener a los que operan afuera ?»
La narrativa oficial insiste en vender orden, inteligencia operativa y “coordinación institucional”. Pero la realidad, otra vez, irrumpe dentro de un penal estatal. Internos armados, enfrentamientos prolongados y muertos suficientes para llenar un parte de guerra. Todo esto en un espacio que, en teoría, debería ser el último eslabón del control estatal.
No lo es.
Y este episodio no surge en el vacío. Es una extensión directa del fracaso de la estrategia de seguridad que se ha intentado imponer en Sinaloa bajo la lógica de militarización selectiva y golpes mediáticos. La llamada estrategia Harfuch —basada en despliegues, detenciones de alto perfil y narrativa de “recuperación territorial”— se enfrenta a su propio límite estructural: no hay control institucional real.
Porque el problema no es cuántos elementos despliegas, sino quién manda realmente en el terreno.
Y en Sinaloa, la respuesta sigue siendo incómoda para el discurso oficial.
Los penales, históricamente en todo el pais, han sido termómetros del poder criminal. Cuando hay orden interno, es porque alguien —no necesariamente el Estado— lo impone. Cuando hay caos como el de Culiacán, lo que vemos no es solo una riña: es una disputa de poder que el gobierno ni anticipa ni contiene.
Más grave aún: evidencia que las estructuras criminales mantienen capacidad de organización, acceso a recursos y control operativo incluso dentro de espacios supuestamente blindados.
Es decir, la prisión no rompe las cadenas de mando. Las traslada.
Y mientras tanto, la respuesta institucional se limita a reforzar la seguridad… como si el problema fuera la falta de elementos y no la penetración sistemática del crimen en las estructuras de custodia.
El guion se repite: muertos, despliegue, silencio incómodo y, eventualmente, olvido mediático.
Pero cada episodio deja algo más claro: la estrategia no está funcionando.
Ni afuera. Ni adentro.
Porque cuando el Estado pierde el control de sus cárceles, ya no estamos hablando de una crisis de seguridad pública. Estamos frente a una evidencia de captura institucional.
Y eso, por definición, no se resuelve con más soldados en la puerta.
Se resuelve con algo que, hasta ahora, ha estado ausente: control real del poder.
Primero lo negaron, para verse bien,después lo minimizaron para verse honestos y finalmente, cuando la evidencia ya les respiraba en la nuca, lo admitieron a medias para terminar de verse mentirosos. El Gobierno moreno-narco de Guerrero volvió a ejecutar su rutina favorita: mentir para “no alarmar”, aunque eso implique dejar a comunidades enteras a merced del crimen organizado.
Porque sí, siempre empieza igual. Según el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, en un principio “no había ninguna novedad”. Traducción oficial: o no sabían nada —lo cual ya es grave— o sabían y decidieron ocultarlo —lo cual es peor. Dos días después, con videos circulando y testimonios acumulándose, la versión se desmoronó: sí hubo incursión armada, sí hubo asesinatos, pero ahora que lo confirme la Fiscalía. El viejo truco burocrático de patear la verdad hacia otra ventanilla.
Mientras tanto, en la realidad que el gobierno intenta maquillar, hombres armados —presuntamente del CJNG— paseaban sin prisa por el zócalo de Tepetixtla, como si fueran autoridad legítima. No hubo enfrentamientos, no hubo contención, no hubo Estado. Solo hubo silencio oficial… hasta que dejó de ser sostenible.
Los habitantes de Tepetixtla, Las Compuertas y Yerbasanta no necesitaban comunicados para entender lo que estaba pasando: estaban siendo sitiados. Reportaron asesinatos —dos adultos y un bebé—, pero en la narrativa gubernamental esas muertes quedan encapsuladas en un “hubo personas privadas de la vida”, una frase tan fría como útil para diluir responsabilidades.
Y cuando ya no quedó otra opción que reconocer lo evidente, apareció la clásica justificación: “el primer informe era otro”. Como si la incompetencia informativa fuera excusa suficiente para negar una crisis de seguridad en tiempo real. Como si el problema fuera el reporte, y no la ausencia del Estado en territorios donde los grupos criminales entran, matan y se van sin resistencia.
Después, el protocolo de siempre: despliegue de Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal… pero tarde. Siempre tarde. Llegan cuando el daño ya está hecho, cuando los videos ya circulan, cuando la mentira ya no aguanta más.
Y mientras el Gobierno “reconoce” lo que ya todo mundo sabía, la Fiscalía guarda silencio. Ningún informe, ningún dato claro, ninguna rendición de cuentas. Porque en Guerrero, como en buena parte del país, la verdad no se investiga: se administra políticamente.
Al final, el problema no es solo la violencia. Es la mentira sistemática. Es la simulación como política pública. Es ese impulso casi reflejo de negar lo evidente para no “quedar mal”, aunque en el proceso queden peor: exhibidos, rebasados y, sobre todo, profundamente desconectados de la realidad que dicen gobernar.
Un hombre más ejecutado por motosicarios ayer en Monterrey no es “nota roja”, es un número fresco añadido al marcador macabro del sexenio de Claudia Sheinbaum: 40,894 homicidios acumulados en 604 días, con un promedio de 68 asesinatos diarios, según TResearch International al 28 de mayo de 2026.
El tiro, la moto y la rutina de la muerte
Ayer, a las 16:00 horas, en la Plutarco Elías Calles, límites con Fomerrey 51, un hombre de unos 50 años manejaba su Nissan Kicks ocre cuando dos sicarios en moto lo cazaron, se le emparejaron y lo acribillaron a balazos.
La camioneta se fue a la derecha, subió a la jardinera del parque lineal y terminó estampada contra un bote de basura, como si el paisaje urbano ya estuviera diseñado para amortiguar ejecuciones exprés.
El cuerpo quedó recargado con la cabeza en la puerta del conductor; playera gris, bermuda beige, sin nombre, sin historia para el expediente oficial, apenas una ficha más en la estadística.
Vecinos dicen que escucharon dos o tres disparos, nada espectacular, nada que amerite trending topic; apenas el volumen cotidiano de una ciudad que aprendió a seguir comiendo mientras suenan las balas.
Trascendió que la camioneta traía placas colgadas: una adelante, otra atrás, pero la autoridad no confirma ni desmiente; ahí sí son prudentes, escrupulosos, casi tímidos.
Fuerza Civil acordona, la Guardia Nacional “apoya”, la Fiscalía manda peritos y promete revisar cámaras; todos posan para la foto institucional de un Estado que llega siempre después, siempre tarde, siempre cuando el único que ya no tiene prisa es el muerto.
El motosicariato: la franquicia de bajo costo del terror
El crimen no se inventó ayer: el motosicariato lleva años profesionalizándose como el Uber de las ejecuciones, rápido, barato, anónimo.
Dos hombres, una moto, cascos que ocultan rostros, placas clonadas o de plano inexistentes; llegan, disparan, se pierden entre coches y baches antes de que la primera patrulla alcance a encender la torreta.
Las motos se han convertido en la plataforma ideal: movilidad rápida, maniobrabilidad en calles estrechas, facilidad para huir y para desaparecer literalmente entre el caos urbano.
Fiscalías de distintos estados llevan años reportando ataques armados cometidos desde motocicletas, con decenas de homicidios que rara vez terminan en un responsable frente a un juez.
Aun así, la discusión pública sigue atorada en el cuento de “los buenos índices” y “la tendencia a la baja”, mientras las ciudades se llenan de cascos, chalecos y pistolas circulando en dos ruedas.
Regular las motos, padrones, placas, controles; todo se promete, poco se cumple, nada se sostiene: la vida vale menos que la molestia de detener el flujo del reparto y del mototaxi.
El tablero de Sheinbaum: menos homicidios… pero miles de muertos
Mientras en Monterrey un hombre se desangra en su vehiculoa, en Palacio Nacional el gobierno presume la “reducción histórica” de homicidios: 25, 32, 41, hasta 49 por ciento menos, según el día, la mañanera o el boletín.
La narrativa oficial es clara: antes era un infierno, ahora es un infierno, pero con gráfica descendente y slogan optimista.
TResearch, sin embargo, lleva su propia contabilidad: al 28 de mayo de 2026, el sexenio de Claudia Sheinbaum acumula 40,894 homicidios dolosos, en 604 días, para un promedio de 68 asesinatos diarios.
Durante las primeras etapas del sexenio se habló de 23,581 homicidios con un promedio de 72 diarios y una reducción de 29 por ciento frente al periodo comparable de AMLO.
Más tarde, la propia presidencia afirmó bajas de 25 a 32 por ciento en homicidios, con 22 menos cada día entre octubre de 2024 y mediados de 2025, aunque ejercicios de verificación han mostrado que esas cifras son, en el mejor de los casos, optimistas y, en el peor, francamente engañosas, «made in» la tatema de curricula manchada de Omar García Harfuch,el hombre fantasioso de la pirotecnia verbal.
La aritmética moral es brutal: puedes cantar un 30 o 40 por ciento de “reducción”, pero mientras hablas de éxito siguen cayendo 50, 60 o 70 personas asesinadas cada día.
El gobierno vende “baja relativa”; la gente vive “muerte absoluta”: te matan completo, no en porcentaje.
La normalización: nos acostumbramos al conteo en tiempo real
Usemos esta escena como reloj: a las 16:00 ejecutan al hombre de la Nissan Kicks; unos 21 minutos después matan a otro, y luego a otro, en algún punto del país, para mantener el promedio de 68 homicidios diarios.
Ese es el ritmo: uno cada 21 minutos, aproximadamente, durante el sexenio de Sheinbaum, si nos fiamos de los números de TResearch y del propio Gobierno Federal.
En lo que lees esta crónica —cinco, diez minutos— estadísticamente ya se está montando otra escena casi idéntica:una moto, unos disparos, una cinta amarilla, un perito, un muerto anónimo.
La “normalidad” mexicana es checar el clima, el tráfico y la cantidad de homicidios diarios como si fueran datos del mismo menú informativo.
Nos domesticaron con la idea de que “vamos mejor” porque ya no se mata a 90 diarios, sino a 68, como si la vara moral fuera la comparación con la masacre del sexenio anterior y no el derecho básico a no ser ejecutado en la esquina de tu casa.
El ciudadano se defiende como puede: apaga la tele, silencia palabras en redes, evita leer más allá del titular; el gobierno se defiende con gráficos y conferencias; el único que no puede defenderse es el que se desangra en la jardinera del parque.
Despertar o seguir contando cadáveres
El motosicariato es el síntoma perfecto de un país donde el Estado perdió el monopolio de la fuerza y se conforma con administrar las estadísticas de la derrota.
En la hoja de cálculo de TResearch al 28 de Mayo, el hombre de la Kicks será apenas el homicidio 40,895 o 40,896 o mas bien ya mas de 41 mil; en la narrativa oficial será una cifra diluida en la “tendencia a la baja”.
La pregunta incómoda es si tú, lector, lo vas a archivar como “otra nota de violencia” o lo vas a leer como lo que es: una ejecución que ocurre en un país donde las motos patrullan para el crimen y las autoridades patrullan para las cifras.
Si aceptamos que un muerto cada 21 minutos es “avance”, entonces el relato ya lo ganaron ellos: los que gobiernan con gráficas y los que mandan en moto con pistola.
La presidenta Claudia Sheinbaum no defendió ayer la soberanía:está rompiendo su propio tratado de extradición para proteger a sus socios políticos y al pacto narco-electoral que los llevó al poder, del que ella y el partido son directa e indirectamente beneficiarios, igual que los narcos.
Lo que dijo Sheinbaum en público sin rubor
En el mitin celebrado por los dos años de su triunfo, Sheinbaum acusó al Departamento de Justicia de EE.UU de querer convertirse en “elector” de México a través de solicitudes de extradición contra 10 mexicanos, incluyendo un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin “presentar públicamente pruebas”.
Pruebas que no le parecieron necesarias en la entrega previa de otros 92 mexicanos y bajo el mismo método al que hoy se resiste con uñas, garras y dientes.
Para Sheinbaum la petición urgente de detención con fines de extradición es un hecho “sin precedente” que abre la puerta a la intervención política y a que “oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México”. Muy y pese a que asi lo determina el propio tratado de extradición.
El pleito ratero
También planteó que la ofensiva desde Washington podría obedecer a intereses de la “ultraderecha estadounidense” rumbo a las elecciones de 2026 y a un intento de influir en la elección mexicana de 2027.
Remató diciendo que cuando otro gobierno “señala culpables” y presiona instituciones nacionales, deja de existir cooperación y comienza la injerencia, invocando Constitución, Ley de Seguridad Nacional y el mantra de “somos un país libre, independiente y soberano”.
Lo que omite: el tratado que ella sí aplica a otros
Mientras Sheinbaum dramatiza que “no hay pruebas públicas”, el caso Rocha Moya no es un tuit anónimo, sino una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York, con cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión y conspiración para poseer armas de guerra, todo sustentado en un indictment y solicitudes formales de detención con fines de extradición.
La propia FGR ha reconocido que recibió las solicitudes de detención con fines de extradición y que las revisa conforme al marco del tratado de extradición, el mismo instrumento que este gobierno ya usó para entregar a por los 92 capos sin exigir “pruebas públicas” ni montar mítines de “soberanía”.
En abril Sheinbaum ya había trazado la línea: no extraditará a Rocha Moya salvo que Estados Unidos entregue “pruebas concluyentes e irrefutables”, un estándar que no aparece en el tratado de extradición y que nunca pidió para otros narcos enviados en discreto fast track.
Es decir, el procedimiento legal que sí aplicó a decenas de objetivos del narco deja misteriosamente de ser suficiente cuando se trata de un gobernador morenista acusado de trabajar de la mano con los Chapitos a cambio de apoyo político y electoral.
El caso Rocha Moya: el “aliado” incómodo
El indictment detalla que Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa habrían participado en una conspiración para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, protegidos por la estructura del estado y recibiendo sobornos y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa.
Los fiscales describen una red de protección política: abuso de autoridad, filtración de información, bloqueo de investigaciones, incluso participación de policías en secuestros y asesinatos para proteger operaciones del cartel.
Un artículo de el diario español,El País, subraya que los diez imputados comparten causa con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos, y que la acusación se amplió el mismo día que el Departamento de Justicia hizo públicos los cargos, ligando directamente la cúpula política de Sinaloa con la facción más brutal del cartel.
Es decir, no se trata sólo de un gobernador “incómodo”, sino de un testigo vivo del modelo narco-electoral: votos, protección territorial y gobernabilidad a cambio de garantías de impunidad desde el aparato estatal.
La ecuación política: proteger al testigo, no la Constitución
En anterior publicación lo hemos planteado como ecuación: Sheinbaum está dispuesta a inmolar su capital político para proteger a Rocha Moya, porque Rocha es la pieza que puede probar que “hablar con narcos” dejó de ser tabú y se convirtió en política de Estado, de la cual ella misma fue beneficiaria indirecta en términos de votos y estructura territorial.
Mientras el costo en encuestas y desgaste mediático (C) sea menor al costo de abrir la cloaca de pactos (P) entregando a Rocha y permitiendo que hable de AMLO y de ella, el sistema prefiere quemar a Sheinbaum que arriesgar el pacto; en notación del propio artículo: la prioridad real es P + A > S.
Dicho en cristiano: Sheinbaum protege a Rocha (R=0) para proteger a AMLO (A=0) y preservar intactos los pactos con el narco (P), aunque eso hunda su propia supervivencia política (S↓) a punta de escándalos y desplome en popularidad.
No es defensa de la soberanía, es blindaje al testigo clave de una narcopolítica que incluye financiamiento de campañas, control territorial y acuerdos implícitos de no persecución a ciertos grupos a cambio de apoyo electoral.
Del expediente al mitin: cómo se fabrica la “injerencia”
El giro retórico es quirúrgico: Sheinbaum toma una acusación judicial concreta –con nombres, cargos y jurisdicción– y la reempaqueta como “campaña de la ultraderecha estadounidense” que quiere usar a México para posicionarse rumbo a 2026 y manipular la elección de 2027.
Para ello mezcla la extradición de 10 funcionarios con el caso de los dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial que murieron en Chihuahua, insinuando que todo forma parte del mismo libreto injerencista, aunque uno es un accidente en territorio mexicano y el otro un proceso penal federal en Nueva York.
Luego invoca la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sobre límites a agentes extranjeros, como si el tratado de extradición no existiera o no estableciera obligaciones recíprocas ya aceptadas por el propio Estado mexicano.
El resultado es un relato en el que el problema no es que un gobernador morenista esté acusado de traficar fentanilo con los Chapitos, sino que el “imperio” se atreve a pedir su extradición y a descomponer la narrativa de “no protegemos a nadie”.
El doble estándar de la extradición
Cuando el acusado es un capo sin credencial de Morena, la maquinaria de extradición funciona como reloj: se cumplen requisitos formales, se prenden las cámaras en el aeropuerto y se presume cooperación ejemplar con la justicia estadounidense.
Cuando el acusado es un gobernador en funciones, aliado político y presunto beneficiario y operador del mismo ecosistema que infló votos para el oficialismo, entonces se invoca un estándar inédito de “pruebas concluyentes e irrefutables” y se monta un mitin para transformar un trámite del tratado en épica patriótica.
El tratado no exige que el país requirente exhiba su carpeta de investigación en televisión abierta ni que convenza a la militancia de Morena en el Monumento a la Revolución, sólo que presente la documentación necesaria para sustentar cargos y vincular al solicitado con los delitos.
Sheinbaum lo sabe porque el mismo gobierno ha extraditado a decenas de narcos bajo ese marco sin convertir cada caso en referéndum de soberanía; el cambio no es jurídico, es de conveniencia política.
Narco-soberanía: el escudo perfecto
Al exigir que Estados Unidos primero “limpie su casa” –armas, consumo, lavado– Sheinbaum enuncia problemas reales pero como distractor perfecto: sí, Washington es corresponsable, pero eso no borra un solo párrafo del indictment contra Rocha ni una sola firma mexicana en el tratado de extradición.
Hablar del flujo de armas y drogas sirve para desplazar el foco de la pregunta incómoda: ¿por qué un gobernador de Sinaloa y su aparato de seguridad están acusados de ser brazo político de los Chapitos y por qué la respuesta del gobierno federal es blindarlo a mito de “patriota perseguido por el imperio”?
Lo que se está normalizando no es la defensa de la soberanía, sino la idea de que cualquier intento externo por procesar a funcionarios mexicanos coludidos con el narco puede reetiquetarse como “injerencismo” y usarse para cohesionar al oficialismo alrededor de sus propios imputados.
Así, la extradición deja de ser herramienta de cooperación contra el crimen transnacional y se vuelve arma selectiva: sí para capos descartables, no para operadores del pacto que sostienen el edificio político.
La frase incómoda: jugar a las vencidas con EE.UU.
Cuando Sheinbaum decide desafiar abiertamente a Estados Unidos en el caso Rocha, no está defendiendo la soberanía, está apostando a que el costo diplomático de negar la extradición será menor que el costo interno de dejar que Rocha hable en una corte estadounidense sobre cómo se financian campañas, cómo se pacta con los Chapitos y quién estuvo en la mesa
Ella misma se vuelve consumible: si hace falta, el sistema la dejará caer antes que permitir que Rocha empine a AMLO y exhiba la cadena completa de responsabilidades, de la elección estatal de 2021 y de ese gobernador que operó en su entidad la presidencial que hoy ella encabeza.
Sheinbaum eligió no seguir el camino del tratado, el que ya aplicó con decenas de narcotraficantes; eligió convertir un expediente penal en pleito electoral con Washington, jugar a las vencidas con el Departamento de Justicia y vestir de patrioterismo lo que en el fondo es defensa corporativa del narco-gobierno.
Llamarlo “defensa de la soberanía” es un insulto a la Constitución que cita: lo que está defendiendo no es a México frente a Estados Unidos, sino a un pacto del que ella es beneficiaria directa y que hoy depende, literalmente, de que un gobernador acusado de narco-gobernar Sinaloa no llegue a declarar a Nueva York.
