ASI lo "PUBLICÓ” THE NYT: TIENE 20 AÑOS ASOLANDO GUERRERO y ACUSÓ a AMLO de NARCOFINANCIAMIENTO pero ASESOR de AMÉRICO ORDENÓ a ZETAS DESMENTIRLO"… tan atipico como criminal y desvergonzado.

La verdadera pregunta no es si el grupo criminal de Los Ardillos operan a la vista de todos en Guerrero, sino cuántas veces más tendrán que exhibirlo para que el Estado deje de fingir que no los ve. En esta entidad, como en muchas mas, la impunidad ya no es un accidente administrativo: es parte del paisaje.

Los Ardillos: dos décadas de control criminal y un Estado que llega tarde, cuando llega

Los Ardillos no aparecieron de la nada ni son una banda de improvisados. El grupo criminal encabezado por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez lleva alrededor de 20 años operando en al menos 16 municipios de la región centro de Guerrero, donde ha encontrado en la siembra de droga, las extorsiones y la captura de gobiernos locales una fuente de ingresos y, sobre todo, de poder.

Su red no se limita a los caminos rurales ni a las amenazas de siempre. La organización ha extendido sus tentáculos hasta las alcaldías y ha impuesto condiciones —cuando no candidaturas y autoridades— en municipios como Tixtla, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango. Es decir: no sólo disputan territorio; también disputan, administran y colonizan el poder público.

Y aun así, el grupo opera con una tranquilidad que sería envidiable si no fuera criminal. Desde 2022, el Ejército y la Guardia Nacional instalaron una base mixta en el gimnasio de Quechultenango, precisamente uno de los principales enclaves de Los Ardillos. La presencia castrense, sin embargo, no ha impedido que la organización mantenga su capacidad de movilización, intimidación y control.

La prueba más reciente ocurrió el jueves pasado, cuando militares y policías fueron atacados y retenidos en Quechultenango. El saldo fue de 25 heridos, entre ellos un coronel lesionado con machete en una mano. También fueron retenidos 29 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía estatal. 

Hasta ahora, la autoridad no reporta un solo detenido. Ni por la agresión, ni por la retención, ni por la humillación pública de las fuerzas que supuestamente resguardan la zona.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que el episodio duró apenas una hora. Pero los uniformados habrían permanecido retenidos durante al menos seis. Esa diferencia no es un detalle menor: entre la versión oficial y los hechos hay cinco horas de distancia, suficiente tiempo para que una crisis deje de ser “incidente” y se convierta en evidencia de pérdida de control.

De acuerdo con Trevilla, entre 60 y 80 personas rodearon al primer contingente en Quechultenango. Un segundo grupo, enviado desde Mochitlán para respaldarlo, también fue cercado, detonando la confrontación. En otras palabras, la fuerza pública entró a territorio bajo control criminal y terminó encapsulada por civiles movilizados. No es precisamente la imagen de un Estado que manda.

El dato que incomoda

Y aquí conviene no hacerse el distraído. Celso Ortega Jiménez ha sido mencionó públicamente presuntos apoyos a campañas de Andrés Manuel López Obrador, afirmaciones que fueron retomadas en reportajes de The New York Times y en una entrevista difundida por Latinus, replicado por El Financiero.

Tras la publicación del video , un comunicado posterior de Zetas del Cártel del Noreste (CDN) buscó desacreditar las declaraciones de Celso Ortega y negar que hubiera existido apoyo a campañas de 2006 y 2018.

Es decir, el tema llegó al punto de que otro grupo criminal, entonces bajo las órdenes de Miguel Ángel Treviño, alias Z-40, salió a “aclarar” el debate político nacional. Treviño compartía entonces a su abogado Juan Pablo Penilla con Américo Villarreal, como asesor ,y habría sido este el cabildero con los Zetas.

No es una coincidencia inocente que el nombre de Celso Ortega aparezca en denuncias de financiamiento político, en la narrativa pública sobre estructuras criminales y en el control territorial de Guerrero. Cuando un líder criminal es mencionado en ese contexto y, al mismo tiempo, su organización conserva capacidad para cercar, herir y retener a fuerzas federales y estatales, ya no basta hablar de casualidades.

Porque aqui más que casualidad, hay causalidad: donde el crimen se incrusta en la política local, estatal y nacional, controla territorios y conserva margen de operación frente a autoridades armadas, la impunidad deja de ser falla; se vuelve método.

Con información: ELNORTE/

LOS “MILLONARIOS del BIENESTAR”: MORENOS APRENDIERON RÁPIDO que es IMPORTANTE ser RICO y MUY RICO ser IMPORTANTES”… y ya tragan con manteca todos.

Octavio Romero Oropeza es un hombre millonario. Grandes extensiones de tierra en su natal Tabasco, departamentos en la Ciudad de México, y cuentas bancarias con millones de pesos, son el fruto de sus años de servicio público y alguno que otro negocillo. Ese patrimonio fue construido honradamente. Esas propiedades y esos millones, y no otros más millones y millones escondidos en algún paraíso fiscal, son todo lo que posee este buen hombre, este tabasqueño honorable.

¿Qué quién lo dice? Pues el propio Octavio Romero Oropeza, y con eso basta y sobra.

Sí Romero lo dice es verdad, pues recuerde que él, como miembro destacado de la Cuarta Trasformación, juró y firmó un compromiso de no robar, no mentir y no traicionar. Así que no miente al declarar que sus bienes son legales y, desde luego, en su paso por altos cargos en el gobierno de la Ciudad de México, y en las direcciones generales de Pemex y el Infonavit, no se ha robado ni un clip, pues estaría faltando a su palabra y a su firma.

En días pasados, Octavio Romero estuvo en medio de una tormenta, pues se descubrió que él ordenó que su declaración patrimonial como director general del Infonavit quedara resguardada y declarada como confidencial. Sin embargo, no se trata de un acto de opacidad, o de querer esconder su patrimonio, sino simplemente de un error. Don Octavio apretó en botón equivocado y en lugar de seleccionar que su declaración fuera pública, seleccionó la opción de mantenerla confidencial.

“Cuando llega mi declaración patrimonial yo la hago, la firmo, y la envío. Cometí un error y error ofrecí una disculpa a la Presidenta (…) El error fue no verificar que la declaración fuera hecha de manera pública. Si yo estuviese viendo la declaración de un funcionario, y que no es pública, también sospecharía. Fue un error y no tengo problema en reconocerlo”, dijo en una entrevista un acongojado Octavio.

Un error lo comete cualquiera, entre tantas teclas que hay, es posibleapretar la equivocada, y eso es justente lo que le pasó a Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 14 de septiembre de 2026. 

¿Y qué decía la declaración que por error dejó como confidencial, y ahora gracias a Dios ya es publica? Nada del otro mundo que tiene ahorros en bancos por 7.4 millones de pesos; hectáreas de tierra en Tabasco con un valor de 6.8 millones de pesos y dos departamentos de más de 6 millones de pesos, y tan tan, eso es todo.

Qué mexicano que ha trabajado en un buen puesto no tiene esos millones y propiedades, no es nada del otro mundo.

Sí, Octavio Romero es un millonario, pero nada que ver con los verdaderos millonarios de este país. Él es un millonario pequeño, un millonario de bolsillo, un millonario austero, vaya, un millonario del Bienestar.

Por otra parte, eso de realizar declaraciones patrimoniales no es tan sencillo, ya ve usted que, según la Prueba Pisa, en México no andamos muy bien en matemáticas, y cometer errores con los números y las fracciones es muy común. Hasta al propio secretario de Educación Pública se le mueven los puntos a la hora de declarar el valor de sus bienes.

En su declaración patrimonial de agosto de 2025, el secretario de Educación Pública Mario Delgado incurrió en un «error de dedo» y reportó un departamento ubicado en el edificio Reforma 222, de 15 millones de pesos con un valor de 1.5 millones de pesos. Por otro error, también declaró un segundo departamento en el mismo edificio con valor de 4.3 millones de pesos, cuando le costó 4.8 millones de pesos.

Y antes de que saque la uñas y diga que como es posible que un servidor público posea dos departamentos con valor de 20 millones de pesos en uno de los edificios más emblemáticos del Paseo de la Reforma, sepa que Delgado también es miembro distinguido de la 4T y, por lo tanto, también firmó el compromiso de no robar, no mentir y no traicionar, y ha jurado que el dinero es producto de su honesto trabajo como servidor de la patria.

Así que si él dice que fue un error de dedo, fue un error de dedo. Si él dice que cada peso de esos 20 millones que le costaron los departamentos es producto de su trabajo honesto, así es sin duda.

Mario Delgado es rico, pero más que eso, es honesto. Es otro millonario del Bienestar. Romero y Delgado tienen mucho en común. Ambos tienen dos departamentos en la Ciudad de México, y ambos cometieron errores al declararlos y ambos juran por la 4T que sus

Otro caso que se suma al patrón de los dos anteriores, pero con una diferencia, es el de Carlos Ulloa, director de Birmex.

Ulloa, al igual que Romero y Delgado, es el feliz propietario de dos departamentos, los suyos valuados en más de 22 millones de pesos que compró al contado entre 2020 y 2023. Ulloa, a diferencia de sus otros dos compañeros de partido, no cometió ningún error al declarar sus bienes y no tiene empachó en decir que pagó peso sobre peso en efectivo hasta legar a 22 millones por sus depas.

¿Qué cómo junto en solo 3 años 22 millones de pesos para comprar al chas chas dos departamentos? La respuesta es sencilla: con sus ahorros y una herencia familiar.

Y mire que hay que tener un gran manejo financiero, y una manera muy efectiva de ahorrar, pues con un sueldo promedio máximo de 100 mil pesos mensuales durante los últimos tres años, Carlos pudo comprar dos departamentos de 22 millones y viajar 19 veces al extranjero, entre otros destinos a Nueva York, Miami, Londres, Montreal, Madrid y Roma, ciudades que no son nada baratas.

¿Qué quién garantiza que los millones para los departamentos y los viajes tiene un origen lícito? Pues nada menos que el propio Ulloa, que como ya lo supondrá también está juramentado con eso de no robar, no mentir y no traicionar.

Ulloa, es un funcionario honesto, un gran ahorrador, un hombre de mundo, un afortunado heredero y un millonario más del Bienestar.

Por el bien de México, primero los millonarios.

ME CANSO GANSO. – De “izquierda” y nada derechos. – Lo peor no es que tengan millones ni que intenten esconderlos, sino que cuando los descubren digan que es un complot de la ultraderecha contra el movimiento de la trasformación. Ultaderechos deberían de ser ellos.

Oro, oropel, Oropeza

Con información: ARLEQUIN/ELUNIVERSAL+

“NO está ESCONDIDO, está BLINDADO: la FGR NO HALLA al ALMIRANTE para TOMARLE HUACHIDECLARACIÓN, pero la MARINA SÍ lo ENCUENTRA para PAGARLE la NÓMINA… y con puntualidad británica.”

La Fiscalía General de la República anda en alta mar, sin brújula y aparentemente sin Google Maps: dice que no ha podido localizar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán para citarlo como testigo en la trama de huachicol fiscal que salpica a sus sobrinos políticos, Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna. Extraño naufragio institucional: al almirante lo han visto jugando golf y comiendo en restaurantes de lujo de la Ciudad de México, pero para la Fiscalía su paradero sigue siendo un insondable misterio marítimo.

No es que Ojeda haya desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Está, al parecer, lo suficientemente visible para una ronda de golf y lo suficientemente localizable para sentarse a la mesa, pero demasiado escurridizo cuando se trata de explicar lo que ocurrió en las aduanas marítimas que estuvieron bajo su mando.

La acusación es de calibre pesado. Los sobrinos políticos del exsecretario son investigados por encabezar una red de tráfico de huachicol fiscal a través de puertos y aduanas marítimas: un boquete estimado en 600 mil millones de pesos al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y otros 123 mil millones durante el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es una lancha con bidones: es un trasatlántico de evasión fiscal navegando, presuntamente, con viento a favor.

Y, sin embargo, quien fue responsable de la Marina, los puertos, la marina mercante, las aduanas marítimas, el Tren Interoceánico y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aparece cubierto por una niebla de seguridad nacional. Sus bienes, inversiones, ahorros, declaraciones patrimoniales y conflictos de interés permanecerán fuera del alcance público hasta enero de 2030. Porque, según la versión oficial, revelar esa información podría ponerlo en riesgo si cae en manos de la delincuencia organizada.

La pregunta es inevitable: ¿y si el problema no es que la delincuencia organizada conozca sus bienes, sino que la ciudadanía conozca el tamaño del blindaje?

Un barco con demasiadas cubiertas cerradas

Al asumir el cargo, en 2018, Ojeda Durán declaró ingresos mensuales de 129 mil pesos, ningún bien a su nombre y una camioneta Mitsubishi modelo 2009. Una declaración de austeridad franciscana para quien después administraría una de las estructuras presupuestales y logísticas más poderosas del Estado mexicano.

Durante el gobierno anterior, la Secretaría de Marina dejó de ser exclusivamente una fuerza naval para convertirse en una especie de pulpo institucional: controló puertos, aduanas, terminales, infraestructura ferroviaria y aeropuerto. Un almirantazgo con más llaves que un conserje de Palacio Nacional. Pero mientras el poder crecía, la información sobre quien lo ejercía quedó guardada bajo siete candados, un ancla y el rótulo de “seguridad nacional”.

Lo que sí parece navegar con puntualidad británica es su nómina. Aunque la Fiscalía no logra ubicarlo para tomarle declaración, Ojeda Durán continúa recibiendo alrededor de 150 mil pesos mensuales y conserva un puesto como asesor naval del actual secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales. Para citarlo, nadie da con él. Para depositarle, la Marina no pierde coordenadas.

Los sobrinos y la escalera de ascensos

Bajo el mando de Ojeda, Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna hicieron carreras de ascenso meteórico hasta ocupar posiciones estratégicas. Según la investigación de la Fiscalía, desde esas posiciones habrían tejido una red para utilizar las aduanas marítimas como puerta de entrada del huachicol fiscal.

Los ascensos no fueron maniobras clandestinas hechas en una lancha sin matrícula. Requirieron autorizaciones, vistos buenos, firmas y ratificaciones: pasaron por el entonces presidente López Obrador, la Secretaría de Gobernación y el Senado. Es decir, demasiadas manos en el timón para que ahora todos pretendan que el barco navegaba solo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que el propio Ojeda denunció la existencia de la red. La Fiscalía ha dicho que se reunió con el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero. Pero la denuncia formal no aparece por ninguna parte: no hay documento conocido, no hay constancia ministerial visible, no hay expediente público que permita saber qué informó, cuándo lo informó y qué hizo la autoridad con esa información.

En cambio, sí existe un audio en el que el exsecretario pide “echarle tierra al asunto”, mientras el contralmirante Rubén Guerrero Alcántar expone detalles de la red. Guerrero Alcántar fue asesinado poco después de denunciar los hechos, pese a que había dado a la Marina información sobre el sitio donde pasaría sus vacaciones. El caso no solo huele a combustible ilegal: huele a encubrimiento, omisión y pólvora.

Echarle tierra al expediente

La cuestión central no es únicamente si Ojeda Durán sabía de la red. Es qué hizo con la información que le fue entregada. Si el contralmirante Guerrero Alcántar le desmenuzó la operación, ¿por qué no existe una ruta documental clara de las acciones emprendidas? ¿Dónde está la denuncia ministerial? ¿Quién ordenó investigar? ¿Qué mandos fueron llamados a cuentas? ¿Qué expedientes se abrieron antes de que la trama se convirtiera en escándalo público?

Hasta ahora, el exsecretario fue exonerado sin una investigación que despeje esas preguntas de fondo. En medio de asesinatos de marinos y personas vinculadas con el caso, la respuesta institucional parece haber sido la de siempre: bajar las velas, apagar las luces y esperar a que el oleaje se lleve las evidencias.

El gobierno de Sheinbaum mantiene bajo reserva su patrimonio y sus intereses, lo conserva en funciones de asesoría y le sigue pagando. La Fiscalía, por su parte, asegura que no puede localizarlo. El contraste es grotesco: para la justicia, el almirante es un espectro; para el presupuesto público, es un servidor perfectamente identificable, con cuenta, cargo y transferencia puntual.

La Marina sí sabe dónde cobrarle

No sabemos hasta dónde llegó la red de huachicol fiscal, ni cuántos mandos, oficinas y decisiones quedaron comprometidos en el tráfico de combustibles que habría cruzado por las aduanas marítimas. Tampoco sabemos por qué un funcionario con tal concentración de poder terminó cubierto por un blindaje tan conveniente.

Pero hay una certeza: en México, un almirante puede resultar ilocalizable para la Fiscalía y, al mismo tiempo, absolutamente localizable cada quincena. La justicia lo busca con catalejo; la nómina lo encuentra con radar.

Con información: LATINUS/HECTOR DE MAULEON/

«ALCALDESA de MORENA en VALLE de BRAVO DIO GRITO de INDEPENDENCIA y GRITO de GLAMOUR con VESTIDO de MISS UNIVERSO»…y no fue la unica.

La austeridad también se subió al balcón en Valle de Bravo, pero llegó vestida de diseñador, maquillada por celebridades y, por supuesto, con la aclaración de rigor: no fue compra, fue “colaboración”.

La Alcaldesa morenista Michelle Núñez dio el Grito de Independencia enfundada en un vestido rojo de Fher Santos, el mismo diseñador que vistió a Miss Universo, Fátima Bosch, durante Miss Universo México 2026. La prenda, valuada en más de 100 mil pesos, no salió —según la Edil— del presupuesto personal ni del erario: fue prestada, sin costo y con boleto de regreso a su creador.

Porque nada dice “primero los pobres” como portar, aunque sea temporalmente, una pieza de alta costura que ya tuvo escala en Los Cabos y pasarela de certamen internacional.

Núñez agradeció la “hermosa colaboración” con el diseñador nayarita y destacó que el vestido fue confeccionado por manos artesanas mexicanas. La explicación llegó después de que el atuendo encendiera cuestionamientos sobre la distancia entre el discurso austero de Morena y el brillo de una prenda que cuesta lo que para muchos hogares representa varios meses de ingresos.

Pero el vestuario fue apenas el primer acto del espectáculo patrio. Para el desfile cívico del 16 de septiembre, la Presidenta Municipal recurrió a Alfonso Waithsman, quien se presenta como “El Maquillista de las Estrellas” y presume entre sus clientas a Galilea Montijo, Belinda y Gloria Trevi. En Valle de Bravo, pues, la Independencia no sólo tuvo protocolo: tuvo styling, producción y acabado de alfombra roja.

El programa concluyó con un concierto gratuito de Belinda, pagado por el Ayuntamiento. Gratuito para el público, desde luego; porque en la política mexicana hasta el glamour tiene presupuesto, factura y discurso de colaboración.

Y Valle de Bravo no fue el único municipio donde el Grito pareció pasarela temática. En Elota, Sinaloa, el Alcalde Richard Millán apareció con traje de inspiración militar y capa, quizá por si la ceremonia derivaba en coronación. 

En Bacobampo, Sonora, el comisario Amado Alcántar ondeó una bandera con sospechoso parecido a la de Hungría, porque al parecer el nacionalismo también puede extraviarse entre los colores. 

Y en la Alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega encabezó la ceremonia sobre alfombra roja: independencia, sí, pero con entrada VIP.

Así que el saldo del 15 de septiembre dejó una lección institucional: la Patria podrá ser primero, pero el vestuario, el maquillaje y la escenografía tampoco se negocian.

Con información: ELNORTE/

LA “DOCTORA de MORAL INSALUBRE”: un PODER de FACTO CONVULSIONA las REDES del PODER en TAMAULIPAS y TRAICIONA el JURAMENTO HIPOCRÁTICO"…con una RECETA que administra cuotas de poder.

En el Tamaulipas del Gobierno de Morena y Americo Villarreal, moralmente insalubres, el problema no parece ser la falta de médicos: el problema es que, hay una «gobernadora de facto» que que confundio el consultorio con Palacio de Gobierno y el juramento hipocrático con una receta para administrar cuotas de poder.

María de la Luz Santiago, esposa del gobernador Américo Villarreal, ha sido señalada en reportajes nacionales, testimonios y hasta acusaciones por escrito, por una intervención política de tintes corruptos,que, de confirmarse ene expedientes judiciales, sería una patología severa de la vida pública: una consorte sin cargo electivo operando no solo como filtro, bisturí y, sala de urgencias para nombramientos, ceses y negociaciones que deberían corresponder exclusivamente a autoridades investidas por el voto. 

No fue candidata, no pidió el sufragio, no rindió protesta ante las urnas; pero la narrativa publica que circula la coloca como una presencia determinante en decisiones del aparato estatal por encima de su consorte el gobernador ,acusado también de ser gobernado por el crimen organizado.

El síntoma se repite: funcionarios que entran, funcionarios que salen, ajustes que parecen no responder al organigrama constitucional sino al termómetro de la casa gubernamental. La sospecha política es brutal: antes de llegar a Palacio, el poder tendría que pasar por la sala del domicilio; antes de hablar con el gobernador, habría que consultar la voluntad de quienes no fueron elegidos para gobernar.,lo mismo un presidente del Congreso,que un jefe de comunicación social cesado. Eso no es acompañamiento conyugal: sería una forma de gobierno doméstico, una administración de pasillo con presupuesto público.

Y ahí la jerga médica deja de ser metáfora para convertirse en diagnóstico. El Estado padece una intervención extraconstitucional: una mano no electa metida en la cavidad administrativa, manipulando órganos que deberían responder al mandato popular. El gabinete deja de ser gabinete cuando sus integrantes parecen pacientes en observación, esperando saber si conservan el puesto o si reciben el alta por decisión de una autoridad sin nombramiento público.

La cuestión no es si la esposa de un gobernador puede opinar y hasta incidir con su influencia en pleitos familiares por una custodia de menor.

La doctora puede opinar cualquier ciudadano. La cuestión es otra: ¿puede una figura sin mandato constitucional decidir, influir o intervenir en nombramientos, despidos, contratos, pleitos administrativos y orientaciones del gobierno? 

Ese nivel de influencia existe en los términos denunciados y no estamos ante una primera dama activa; estamos ante una gobernadora de facto, una figura política sin boleta electoral y sin rendición de cuentas directa ante la ciudadanía.

La denuncia no es sentencia

La acusación más delicada proviene del empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas el 7 de septiembre de 2026. Según el escrito reseñado, atribuye a María de la Luz Santiago una oferta de contratos del DIF a cambio de desistir de un juicio administrativo y de la indemnización derivada de una sentencia favorable que exhibe la corrupción de Americo Villarreal Santiago traducida a extorsión perpetrada por ambos.

Eso nos obliga a hablar con precisión: una denuncia no condena; abre una obligación institucional de investigar. Pero tampoco puede maquillarse como chisme de sobremesa cuando el señalamiento describe reuniones grabadas en video, ofertas de contratos públicos, mensajes, presiones y una ruta que el denunciante pide esclarecer con registros de acceso, bitácoras, audiencias y documentos oficiales.

Si la Fiscalía a cargo de una currícula tatemada no investiga como ocurrieron esas actuaciones y las considera solo un error de modales o un exceso familiar: sería una lesión directa al servicio público. Los contratos no son vitaminas para apagar litigios; son recursos de todos. Y un gobierno no es una farmacia de favores donde se cambian derechos reconocidos por tratamientos administrativos dispensados desde el poder.

Del juramento al diagnóstico

Para quien ejerce la medicina, el juramento hipocrático no debería ser un adorno de diploma. Su médula ética exige no dañar, preservar la dignidad y no convertir la vulnerabilidad ajena en instrumento de dominio. Trasladado a la vida pública, ese principio debería traducirse en límites, transparencia y respeto absoluto al mandato democrático.

Por eso la contradicción es tan hiriente: si una médica usa —o permite que se use— su cercanía familiar con el poder para presionar, gestionar privilegios, condicionar contratos o intervenir en decisiones reservadas a funcionarios electos, la falta no sería solo política. Sería ética. Sería el tránsito de la medicina de servicio a la política de presión; de la consulta clínica a la consulta de Palacio; del “primero, no dañar” al “primero, ver quién se queda y quién se va” ,como ya ha ocurrido en las principales arterias que conducen al poder institucional atrofiado.

No se trata de exigir que los familiares de los gobernantes desaparezcan de la vida pública. Se trata de impedir que suplanten el mandato popular. El voto no se hereda por matrimonio, parentesco ni proximidad afectiva. Tamaulipas eligió a Américo Villarreal; no eligió un consejo de familia, una antesala doméstica ni una autoridad paralela con capacidad de poner, quitar o negociar desde la sombra. Las versiones periodísticas incluso de talla nacional consultadas ,atribuyen precisamente esa clase de influencia al círculo familiar del gobernador.

Lo que debe ocurrir

La respuesta no puede ser propaganda pagada desde Comunicación Social con recursos del erario, área que, por cierto, ahora controla la “doctora”. Tampoco debe limitarse a la descalificación ni al silencio administrativo. Debe ser evidencia.

• La Fiscalía debe informar si abrió ya la carpeta de investigación, qué actos de investigación ordenó y qué medidas de protección otorgó al denunciante, sin vulnerar el debido proceso.
• Las autoridades mencionadas deben responder de forma puntual a cada señalamiento, con documentos, agendas, registros y explicaciones verificables.
• El Gobierno de Tamaulipas debe aclarar quién participa formalmente en decisiones de gabinete, contratación pública y negociación de litigios.
• Los órganos de fiscalización deben revisar el DIF estatal y cualquier indicio de uso de contratos, programas sociales o cargos públicos como moneda de intercambio político.
• La ciudadanía debe recordar lo elemental: quien no fue electo no puede administrar el mandato que otros recibieron en las urnas.

El poder que se ejerce sin voto, sin nombramiento y sin rendición de cuentas no es fortaleza: es fiebre. Y cuando la fiebre sube en Palacio, lo que se necesita no es otro discurso oficial, sino un diagnóstico independiente, expedientes abiertos y pruebas sobre la mesa.

Con información: La Politica Online/ Medios/ redes