¡La extorsión, ese «deporte nacional» patrocinado por la inacción del gobierno y los carteles, ha pegado un brinco del 50% en la última década! De 4.91 casos por cada 100 mil habitantes en 2015, México escaló a 7.84 en 2025, según datos del SESNSP.
Crecimiento Explosivo
La curva es clarísima: de 2015 a 2018 subió gradualito a 5.33, pero en 2019 explotó a 6.87, bajó un pelín en 2020 (¿pandemia?) y luego ¡pum!, imparable hasta los 7.84 actuales. Imagínate: llamadas falsas, «derecho de piso» a changarros y amenazas a diestra y siniestra, todo mientras el gobierno mira para otro lado o, peor, cobra su tajada.
Industria Sin Chimeneas
Esta «industria sin chimeneas» genera terror y lana a raudales, afectando desde el taquero de la esquina hasta el empresario con lana. Los carteles la han perfeccionado como deporte exclusivo, con el gobierno de árbitro complaciente: ¿quién necesita fábricas cuando extorsionar es más rentable y menos riesgoso que enfrentarte a la 4T? El resultado: un México donde pagar la cuota es más seguro que denunciar.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, decidió prenderle fuego al avispero michoacano: se fue directo a la Fiscalía General del Estado con una denuncia penal bajo el brazo —y una multitud detrás— para acusar nada menos que al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos de estar detrás del asesinato de su esposo, Carlos Manzo.
No fue una escena discreta. Frente a cientos de simpatizantes, Quiroz exigió que la investigación no se quede en los “chalanes” que apretaron el gatillo, sino que suba hasta donde duele: las cúpulas del poder. “Que no quede de lado la línea política”, soltó, como quien lanza una bomba molotov con micrófono.
Y es que Manzo no era un desconocido ni un mártir improvisado: el exalcalde fue asesinado en noviembre, en pleno evento por el Día de Muertos, después de pedir auxilio al Gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado que devora Michoacán.
La historia tiene un giro digno de serie: Quiroz asegura que Manzo dejó videos grabados (…como en Tamaulipas) antes de morir, anticipando su posible atentado y señalando directamente a Godoy, Morón y Campos. Cinta testamento, o lo que hoy sería su carta póstuma en formato MP4.
“No vengo a acusar por rumores”, dijo la alcaldesa ante la prensa, “vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”.
En Michoacán, donde las líneas entre crimen, política y tragedia son tan difusas como un reporte de la SSP, el caso promete detonar un sismo político. Y esta vez, las pistas no las dejó un perito… sino la propia víctima
José Francisco Mendoza Gómez,alias «Yiyo y/o Braulio Jelipe» ,pasó de “empresario consentido” del gobierno de Tamaulipas a narco sentenciado en una corte de Estados Unidos, y el hilo que lo une todo lleva directo al despacho del gobernador Américo Villarreal.
Del contrato público al banquillo federal
Mendoza Gómez, alias “El Yiyo”, fue parte del grupo de 26 reos trasladados por México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, en un paquete de narcotraficantes y líderes criminales de alto perfil.
En el Distrito Este de Virginia terminó recibiendo una sentencia de 10 años de prisión por conspirar para introducir casi dos toneladas de cocaína a territorio estadounidense, moviendo producto desde Colombia, pasando por Centroamérica y México.
La acusación lo ubica como operador clave: coordinaba envíos, manejaba cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas e incluso participaba en la planeación de secuestros y otras violencias asociadas a las deudas del negocio.
En resumen: para la justicia gringa, no era un contratista más en Tamaulipas, era un criminal de peso medio-alto dentro de una red de cocaína con años de operación.
El “proveedor” estrella de la 4T tamaulipeca
De acuerdo con la investigación de Shalma Castillo y medios como Artículo 7, JF Konstruyendo, S.A. de C.V. y Megamax, S.A. de C.V., ligadas a Mendoza Gómez y a su pareja Perla Yasmin Garza Quintanilla, recibieron contratos millonarios del gobierno de Américo Villarreal.
Con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, JF Konstruyendo obtuvo tres contratos por 37.64 millones de pesos, mientras que Megamax se llevó 30.39 millones; en total, alrededor de 68 millones de pesos en obra pública.
Esos contratos salieron de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, a cargo de Pedro Cepeda Anaya, primo del gobernador,quien era su enlace con el gobierno.
Desde 2019, Mendoza Gómez aparece como administrador y representante legal de JF Konstruyendo, aunque en el papel figuraban otras accionistas; el clásico esquema del “empresario fantasma” que todos ven menos la contraloría.
O sea: mientras en EE. UU. lo perfila la fiscalía como un traficante de cocaína, en Tamaulipas lo perfila el gobierno como un proveedor confiable al que le sueltan decenas de millones de pesos en contratos públicos.
La extradición que deja mal parado al palacio estatal
La FGR detuvo a Mendoza Gómez en diciembre por posesión de drogas, con el dato clave de que ya era buscado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y violencia asociada.
Cuando el gobierno mexicano entrega a los 26 reos a EE. UU., el Departamento de Justicia lo coloca en la lista de criminales que pueden alcanzar penas muy altas, incluso cadena perpetua según se difundió en medios y portales de seguridad.
Entre los 26 iban figuras como “La Tuta” y “El Cuini”, exjefes y lugartenientes de organizaciones criminales de talla nacional, lo que coloca a Mendoza Gómez en una liga de delincuentes con fuerte peso operativo.
El mensaje es brutal: para Washington es un capo; para Ciudad Victoria era un cliente VIP del presupuesto público.
¿Y el gobernador para cuándo?
En Estados Unidos ya vimos lo que pasa con Mendoza Gómez: lo extraditan, lo sientan frente a un juez, le leen cargos de narcotráfico, secuestro, lavado y homicidio, y lo condenan a 10 años de prisión, con historial que apunta a penas incluso mayores según los expedientes de Virginia.
En Tamaulipas, en cambio, el libreto es otro:
Al presunto capo se le abre la puerta del erario.
Sus empresas compiten y ganan licitaciones millonarias con la venia de la Secretaría de Obras Públicas controlada por el primo del gobernador.
Cuando el escándalo revienta, el gobierno se refugia en el silencio y en el discurso de “ataques políticos”.
La pregunta obvia, pero que nadie en el poder quiere responder, es: si un proveedor sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos logró chupar casi 70 millones de pesos del presupuesto estatal, ¿quién autorizó esa fiesta y por qué sigue en libertad ?
Ya se extraditó a los capos, ya se dictaron sentencias, ya se escribieron las investigaciones periodísticas y ya se documentaron los contratos; el único que sigue sin fecha de audiencia, sin carpeta de acusación visible y sin juez enfrente es el gobernador que permitió —o de plano apadrinó— que un operador del narco se convirtiera en contratista estrella de su sexenio.
A Mendoza Gómez ya lo vimos preso y sentenciado; la verdadera prueba de Estado será saber si algún día veremos al gobernador y a su primo secretario de Obras explicando esto ante un juez, y no solo ante los medios.
La escena de ayer en la mañanera fue la coronación de la impunidad con bata de laboratorio: la “científica” que prometieron nunca llegó; en su lugar tenemos a una presidenta que se escurre como jabón cada vez que le ponen enfrente la palabra corrupción vinculada a su propia banda,aunque muchos operan con lógica de distinto bando. Ante la pregunta clarísima de si no debería investigarse lo que revela Julio Scherer Ibarra en “Ni venganza ni perdón”, Sheinbaum respondió con el cliché de siempre: “¿por qué mejor no investigan a García Luna?”, como si el país fuera un talk show de rencores viejos y no una República que exige cuentas aquí y ahora.
Lo que vimos no fue una simple evasiva, fue una declaración de principios: el principio rector de este gobierno es no tocar ni con el pétalo de una carpeta de investigación a los suyos, aunque los señale quien fue la mano derecha de López Obrador, el segundo hombre más poderoso del sexenio anterior, que habla de lavado de dinero, colusión con el crimen organizado, tráfico de influencias, desvío de recursos y abuso de poder dentro del corazón mismo del “movimiento”. Y a eso, la presidenta que se admira a sí misma como producto de la razón y la ciencia contesta que no le ve “ninguna necesidad” de que la Fiscalía indague. No es un meme: es la confesión involuntaria de un régimen que ya ni siquiera finge tener pudor.
El contraste es brutal: Scherer acusa que el dinero del crimen organizado entró a Morena, que se desviaron miles de millones del erario, que hubo el contubernio de Jesus Ramírez con personajes del huachicol como el extinto Sergio Carmona y este con Americo Villarreal entre muchos otros.
No estamos frente a un panfleto de la oposición: son dos de los hombres más cercanos al anterior presidente, hoy lanzándose lodo penal, describiendo un pantano que huele a crimen y desfalco que huele a Morena. Y la respuesta de la jefa del Estado mexicano es: “no lo he leído ni lo voy a leer” y “no hay necesidad de investigar”.
La científica que se niega a revisar la evidencia; la mandataria que le cierra los ojos a la prueba; la presidenta que prefiere vivir en la comodidad de la ignorancia voluntaria mientras presume un supuesto “movimiento de transformación”.
De ahí el recurso gastado, casi patológico, de sacar a pasear a García Luna cada vez que asoma la palabra corrupción en el obradorismo. Es el truco del mago de segunda: cuando el público empieza a notar que la mesa está llena de trampa, te grita “¡miren allá!” y señala al villano de hace 20 años.
Morena en el poder se explica perfecto en esta escena: no miren nuestras cochinadas, miren las de antes; no vean las manos que hoy reparten contratos, favores, plazas y protección al narco, vean el expediente del pasado que ya está juzgado y sentenciado. No es un gobierno que quiera resolver problemas, es una maquinaria obsesionada con que la gente no se entere de cómo se fabrica la podredumbre que hoy los sostiene en Palacio.
Y cuando el bochorno ya era insoportable, la presidenta decidió rematar con un argumento que raya en la caricatura: la prueba de que en su gobierno no hay impunidad –dijo– es que detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco. Esa es la escala moral de la autoproclamada Cuarta Transformación: frente a acusaciones cruzadas de dos ex hombres clave del presidente –uno, acusado de meter dinero del crimen a Morena; el otro, señalado de extorsionar y lucrar con el poder–, la bandera de ejemplo es un alcaldito de municipio que no llena ni media Azteca.
Es como presumir que el sistema de justicia funciona porque detuvieron al ratero de la esquina, mientras se sientan a desayunar en el gabinete con quienes, según un libro escrito desde el propio régimen, operaron esquemas de financiamiento ilícito y desvío multimillonario.
Sheinbaum, la política que se vendió como la encarnación de la racionalidad, del dato duro, del proyecto técnico y limpio, se presenta hoy ante el país como la guardiana solemne de la ignorancia útil: no leer, no preguntar, no investigar, no incomodar a los suyos. La que iba a llegar con espíritu de investigadora se ha quedado en operadora de cortinas de humo, repitiendo dogmas de culto al líder y mandando a la papelera cualquier posibilidad de autocrítica real. Esta respuesta no es una anécdota: es la firma autógrafa de una presidenta que ha elegido conscientemente ser cómplice política de los suyos, antes que garante de la ley para todos.
Porque cuando dice “no hay necesidad” de investigar a Julio Scherer, lo que realmente enuncia es la doctrina Sheinbaum de la impunidad selectiva: la justicia sólo corre cuando el acusado lleva el sello del enemigo; cuando las pistas apuntan hacia adentro, se declara irrelevante, exagerado, chisme de redes, intriga del “círculo rojo”.
Así, la jefa de Estado se mimetiza con el peor rostro del obradorismo: una mezcla de cinismo, desmemoria interesada y desprecio por el derecho a saber de los gobernados. La científica prometida se evaporó en el aire; la que sí llegó –la que vimos ayer, en cadena nacional– es una presidenta que, frente a denuncias gravísimas provenientes de su propio círculo, prefiere esconder la cabeza en la arena y convertir al país entero en espectador cautivo de una farsa cuidadosamente administrada.
No es opciónal dejar de investigar
Desde una óptica estrictamente jurídica, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República (FGR) no tienen la opción política de “no ver” los señalamientos de posible delito: están constitucional y legalmente obligados a indagar.
Fundamento constitucional
Artículo 21 Constitucional La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, bajo conducción del Ministerio Público. En el momento en que existan hechos públicos que “revistan características de delito” (lavado de dinero, desvío de recursos, delincuencia organizada, etc.), la autoridad ministerial está obligada a iniciar actos de investigación; no es una facultad discrecional sino una competencia asignada directamente por la Constitución.
Artículo 102, Apartado A, Constitucional Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, para lo cual debe buscar y presentar pruebas, solicitar medidas cautelares y procurar que los juicios se sigan con regularidad. Si las acusaciones describen conductas que encajan en delitos federales (operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, uso indebido de atribuciones y facultades con recursos federales), la FGR tiene el deber jurídico de intervenir y esclarecer los hechos.
Normativa procesal y orgánica
Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), artículos 221 y 224
La investigación de hechos con apariencia de delito puede iniciarse por denuncia, querella o su equivalente, y el Ministerio Público y la policía “están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia”.Cuando se presenta una denuncia, el Ministerio Público “iniciará la investigación” conforme a las reglas del Código.
En la práctica, cuando los hechos se hacen públicos por obra de una publicación, testimonio o confesión que describe posibles delitos, la FGR ya tiene “noticia” y debe, como mínimo, abrir una carpeta de investigación para verificar o descartar la conducta.
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República La Ley orgánica establece que la FGR tiene como fines la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los delitos del orden federal, dirigiendo funcionalmente a las policías y solicitando y realizando actos de investigación. Esto implica un deber de actuar frente a señalamientos serios y detallados sobre posibles delitos federales, especialmente cuando involucran servidores públicos o exservidores públicos federales.
Deber especial de las autoridades
Obligación de denunciar de los servidores públicos (CNPP) El CNPP establece que quien ejerza funciones públicas y tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, y la omisión acarrea responsabilidad. Si altos funcionarios conocen, por documentos o declaraciones públicas, hechos con apariencia de delito dentro de su propio entorno, no sólo la FGR debe investigar: el Ejecutivo tiene la carga jurídica de poner a disposición de la autoridad cualquier información de que disponga.
En síntesis de despacho: la combinación de los artículos 21 y 102 de la Constitución, de los artículos 221 y 224 del CNPP, y de la Ley Orgánica de la FGR configura un deber jurídico de investigar cualquier hecho públicamente conocido que pueda constituir delito federal, más aún cuando involucra a ex altos funcionarios federales y recursos públicos; negarse siquiera a abrir investigación contradice directamente ese marco normativo.
Francisco «Pancho» García Cabeza de Vaca,exgobernador panista de Tamaulipas (2016-2022),nos compartió otro video, pero ni crean que como dice, fue a comprar “alimento para becerros”; fue a grabar otro episodio de su telenovela judicial que se ha alargado muy y gracias a los malísimos oficios del gobierno que ha sido notoriamente incapaz de articular las acciones correctas para capturarlo.
Cabeza de Vaca se grabó con asistencia de su equipo, «Cabeza de Vaca Productions» y se fue a simular un shopping en Murdoch’s Ranch & Home Supply,que fue utilizado como escenografía de rancho texano aspiracional.
Prófugo, pero bien surtido
Mientras la SRE nos dice que ya tocó la puerta de Washington para pedir su detención provisional y extradición por delincuencia organizada, lavado de dinero y demás delicadezas, el exgobernador aparece muy quitado de la pena en Texas, explicándonos con voz de tutorial ganadero qué es el «Green Feed» y cómo van sus embriones Brahman rojo de los que ya nos ha hablado antes.
Del yo prófugo al yo productivo:
El gobierno que actúa solo con fe religiosa, lo quiere en el banquillo, pero les responde grabando clip de influencer agropecuario, para vendernos la idea de que su verdadera preocupación son las ferias ganaderas (…ya no se acuerda del rancho hipotécado,luego embargado de esas épocas de vacas flacas) y no las órdenes de aprehensión de 2022 y 2024 que alimentan la solicitud de extradición.
El infomercial cifrado
En la versión estenográfica del video no hay política, sólo becerros, trasplantes de embriones, 25 crías Brahman y la ilusión de triunfar en la feria ganadera de Houston, “el evento ganadero más importante de todo EEUU”.
Pero el mensaje de fondo es otro: “no estoy escondido, estoy trabajando, invierto, produzco, soy un ranchero exitoso, ¿les parece este el perfil de un capo de delincuencia organizada?”.
Es una pieza de propaganda barnizada de tutorial ganadero:mientras en las notas periodisticas,por cierto muchas,se le describe como prófugo, el esta haciendo valer su condición de ciudadano estadounidense le provee de todo un arsenal de recursos legales para frenar la extradición.
El video es una invitación a considerarlo como ciudadano modelo del Texas,solo preocupado por la nutrición bovina y la genética Brahman,una percepción que nadie o casi nadie le compra de este lado del Río.
La tienda: dónde está el set del ranchero feliz
El video fue grabado en Murdoch’s Ranch & Home Supply, cadena efectivamente como dice, originaria de Montana y que se expandió a Texas con tiendas para rancheros de catálogo: ropa western, herramientas, armas, cercas, alimento y medicinas para ganado.
La sucursal que menciona como “aquí en McAllen” en realidad corresponde al Murdoch’s de Mission, ubicada en 311 South Bryan Road, Suite 200A, Mission, Texas 78572, a unos minutos del puente internacional Anzaldúas y de «Cardona at Bentsen Lakes», donde radica el ex-gobernador ,donde se la pasa brincando de una casa a otra.
El mensaje político detrás de la pose de vaquero
El momento no es casual: la SRE dice que ya formalizó ante la embajada de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición, mientras los abogados de CDV,siempre carísimos, presumen amparos y aseguran que el proceso en cortes gringas ni siquiera arranca.
El video responde a esa narrativa: él no habla de jueces, ni de FinCEN, ni de fichas rojas; habla de rodeos, de que está “muy contento” con sus 20 crías Brahman rojo y de que se va a lucir en Houston, como si su única audiencia fueran otros ganaderos y no los fiscales que lo quieren de regreso en México de donde este y su parentela se fueron antes de que se acabara el fuero.
Causalidad, no casualidad
No es casual que el hombre al que la FGR persigue por presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones financieras sucias aparezca justo ahora en un clip perfectamente producido, frente a un logo redondo impecable, vendiendo la imagen de ranchero exitoso y ciudadano estadounidense plenamente integrado a la economía local.
Es pura causalidad mediática: mientras México intenta subirlo al avión de la extradición, Cabeza de Vaca monta su propia contraofensiva de relaciones públicas desde la tienda de Murdoch’s en Mission, Texas, donde los únicos esposados son los becerros… a las promociones de Green Feed.
Dos historias, mismo guion podrido: cuando los militares “luchan” contra el huachicol, los que terminan acribillados son los que se atreven a decir nombres y a señalar uniformes.
El marino de alto rango que oyó demasiado
Fernando Rubén Guerrero Alcantar no era un activista incómodo ni un tuitero incendiario: era contralmirante, hombre de confianza de la Secretaría de Marina, comisionado en aduanas desde 2021, justo en el experimento estrella de López Obrador: entregar puertos y aduanas a los marinos para “limpiar” la corrupción.
En menos de un año chocó de frente con el eufemismo de moda: huachicol fiscal, ese truco de declarar combustible como otra cosa para evadir impuestos mientras autoridades, empresarios y criminales se reparten miles de millones.
Primero creyó que el dinero que le hacían llegar era para “mejoras” en la aduana; luego entendió que eran sobornos, y fue a donde uno supone que va un marino leal: al área de inteligencia de la propia Marina y, finalmente, a sentarse cara a cara con el almirante secretario Rafael Ojeda Durán.
En el audio que obra en la causa penal 325/2025, se escucha a Ojeda plantear su dilema moral versión cuartel: o destapamos todo y que caiga quien caiga, “porque yo no estoy metido”, o lo cerramos cambiando a “toda esta bola de cabrones”.
Guerrero detalló nombres, lugares, fechas, restaurantes, hasta la hora de las comidas conspirativas con los hermanos Farías Laguna, con el capitán prófugo Miguel Ángel Solano Ruiz y con el capitán Clímaco Aldape, hoy preso por delincuencia organizada y lavado, todos orbitando alrededor del negocio jugoso del combustible que atraviesa las aduanas como si fueran casetas de peaje privadas.
La Marina le pidió lo de siempre: “ponlo por escrito”. Guerrero obedeció, llenó a mano un manuscrito fechado el 14 de junio de 2024, donde calcó lo mismo que había dicho frente al jefe máximo: reuniones el 29 y 31 de mayo en la Fonda Argentina y el Sanborns de Acoxpa, amenazas veladas sobre qué pasaría si ganaba Xóchitl Gálvez, y la confirmación de que el huachicol no era ocurrencia sino operación montada.
Después vino el clásico protocolo burocrático antes del tiro de gracia: lo reubicaron a la Décima Sexta Región Naval en Puerto Chiapas, lo citaron en octubre con el nuevo secretario de Marina de Claudia Sheinbaum, Raymundo Pedro Morales Ángeles, supuestamente para escuchar una “propuesta de recaudación en aduanas”, y registraron con toda pulcritud las fechas y lugares donde el marino estaría durante sus vacaciones en Manzanillo.
El 8 de noviembre, último día de esa licencia perfectamente documentada, dos sicarios en moto lo siguieron, uno se bajó con mochila negra y tatuaje en la pantorrilla, y le vació una 9 mm a quemarropa; mismo calibre, misma marca de balas Águila 9 mm Luger que ya se habían usado 18 días antes para matar a la funcionaria de la FGR en Colima, Magaly Janet Nava Ramos, cuyo esposo trabajaba también en la Marina.
La Fiscalía amarra ambos homicidios por modus operandi y armamento, e infiere que el crimen de Guerrero está directamente ligado a lo que contó en la oficina del Almirante Secretario y a los nombres que dejó en el manuscrito sobre la red de corrupción aduanera.
La Semar, con la solemnidad de manual, responde que no tiene el audio, que cinco vinculados a proceso ya fueron dados de baja por “no presentarse a trabajar”, y que su brújula es la honestidad y la transparencia, una brújula que curiosamente siempre apunta lejos de los mandos que él denunció y muy cerca del expediente empolvado.
Tamaulipas: el empresario que se atrevió a señalar al poder
A mil kilómetros de distancia pero dentro del mismo país de maquila de mártires, Julio César Almanza Armas, presidente de la Fecanaco en Tamaulipas y Matamoros, también se cansó de hacer como que no veía.
Poco a antes de su muerte,en entrevistas y declaraciones, Almanza soltó lo que todos los empresarios comentan en corto pero rara vez dicen en voz alta: que las aduanas están podridas, que los militares que llegaron a “limpiar” terminaron metidos en el tráfico de combustible, y que incluso estaba enterado el gobernador Americo Villarreal,con quien trato el tema del soborno, dejando ver que crimen organizado y la autoridad se mezclan en el mismo lodazal.
El 30 de julio de 2024, Almanza llegó en su Grand Cherokee blanca a las oficinas de la Canaco en Matamoros, acompañado de su hermana; hombres armados se acercaron a la camioneta y lo acribillaron ahí mismo, dejando el vehículo perforado mientras las autoridades corrían detrás, no de los agresores, sino del discurso correcto para condenar “estos lamentables hechos”.
El gobernador Américo Villarreal publicó su repudio y su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, la Fiscalía estatal y la FGR hicieron lo propio en modo plantilla, y un año después lo que sí se ha consolidado es la impunidad: no hay responsables claros, pero el mensaje quedó tatuado en la ventanilla agujereada de la camioneta de Almanza.
Mientras tanto, el empresariado tamaulipeco se refugia en el anonimato y en la voz baja, conscientes de que uno de sus líderes más visibles pagó con la vida el atrevimiento de confrontar la mezcla tóxica de militares, huachicol y gobierno estatal que también ya hizo víctima a otro funcionario del área de seguridad de FECANACO.
Mismo libreto: huachicol, uniforme y cadáver
En un caso, el denunciante era un vicealmirante que hablaba desde dentro de la estructura castrense; en el otro, un empresario que se plantó frente a cámaras para decir que el cobro de piso era deporte nacional y que las aduanas y los militares no eran inocentes espectadores.
Los dos pusieron nombres, señalaron la colusión en el tráfico de combustible y coincidieron en el punto ciego del discurso oficial: los soldados y marinos como salvadores de aduanas que en la práctica se vuelven gestores del negocio huachicolero.
Los dos fueron asesinados poco después de subir el tono de sus acusaciones: Guerrero, tras ir al despacho del secretario de Marina de Sheinbaum y dejar constancia de fechas y personajes; Almanza, tras denunciar extorsiones, responsabilizar a autoridades y quedar registrado en medios y columnas locales como la voz que rompía el pacto de silencio.
En Colima y Manzanillo, los asesinos llegaron en motocicleta, dispararon 9 mm Águila y se esfumaron; en Matamoros, los «Escorpiones» se acercaron a la camioneta de un líder empresarial y abrieron fuego, con la misma precisión quirúrgica que tienen las estadísticas para no tocar a los responsables con fuero, fuero militar o fuero político.
En ambos casos, la reacción institucional fue de manual: condolencias, promesas de justicia, reafirmación de valores como honor, honestidad y transparencia, y luego silencio, dilación y expedientes que se acomodan sin molestar a los apellidos que importan.
Si uno junta la grabación de Fernando Guerrero con la grabación de Almanza, el resultado es un retrato poco sutil: el gobernador y militares a cargo de aduanas no solo no desmantelaron el negocio del combustible, sino que lo habrían heredado, ampliado y blindado, y cualquier voz que lo diga corre el riesgo de terminar en una escena del crimen con motocicleta incluida.
En la superficie, México presume aduanas militarizadas, campañas contra el huachicol y conferencias sobre “cero tolerancia a la corrupción”; en el subsuelo, las historias de Guerrero y Almanza muestran algo más prosaico: si preguntas “¿quién es el asesino, quieren oírlo?”, la respuesta suele venir en ráfagas, no en conferencias de prensa.
