El video de “soy un simple empresario de Reynosa” es, jurídicamente hablando, la carta de presentación en sociedad del ex-militar Mario Guitian Rosas, alias La Chispa,reconocido lugarteniente del Cartel del Golfo que se sabe intocable, sin aportar una solo prueba de inocencia.
El cuento del “empresario ejemplar”
En su defensa mediática, Mario Guitián Rosas se vende como mártir del éxito: inició con maquinitas, luego agua, taxis, seguridad privada y hasta app tipo Didi, todo a punta de madrugar a las 5:30 y pagar impuestos.
Pero mientras recita el manual del emprendedor modelo, omite que reportes de inteligencia de la DEA,no solo ADN NOTICIAS, lo señalan como operador regional, brazo de ejecución y coordinador de actividades ilícitas del Cártel del Golfo, facción Los Metros, en Reynosa,ligado a politicos de Morena,entre ellos el gobernador Americo Villarreal a quien abraza en imagen.
El discurso victimista pripio de militantes de MORENA no es casual: insiste en que ADN 40, periodistas nacionales y medios digitales lo “difaman”, que sus contratos caen, que los clientes cambian de mesa cuando lo ven entrar, sin mencionar una sola vez la palabra “huachicol”, “extorsión” o “levantones”, que son precisamente los delitos de los que lo acusan testimonios, reportajes y documentos filtrados.
Cuando presume que “no tengo ningún problema legal”, lo que revela no es pureza, sino la obscena comodidad de quien opera bajo un paraguas de protección institucional que mantiene congeladas carpetas que, en un Estado medianamente decente, ya habrían estallado en órdenes de aprehensión y cateos.
La versión de la DEA y la de “La Chispa”
Mientras Mario llora en conferencia que lo “acosa” la prensa, en evaluaciones de inteligencia se lee que funge como subordinado directo y “operational lieutenant” de un senador, catalogado como brazo de ejecución, ejecutor operativo y coordinador regional de actividades ilícitas.
El documento –con nombre, alias, afiliación al Cártel del Golfo, zona de operación y vínculo con un senador bajo investigación federal– no es un meme de Facebook: es el tipo de insumo que en cualquier carpeta contra un ciudadano común bastaría para catear casas y congelar cuentas, si fueras ciudadano de a pie o juan pueblo.
La línea es simple: él dice “soy un empresario de videojuegos y agua purificada”, los informes dicen “exmilitar y operador estrella del CDG, subordinado del huachicolero ‘Primito’ sancionado por el Tesoro de EE.UU., encargado de extorsión y logística criminal en Reynosa”.
La «Chispa» que ya estuvo en prision en 2017 y no lo dice, se victimiza por “ciberacoso”, pero la realidad criminal apunta a un patrón: empresas de transporte, vigilancia y servicios como engranaje de una economía de renta mafiosa, donde cualquier actividad productiva paga diezmo so pena de levantón, mientras sus negocios funcionan como lavandería con razón social y RFC en regla.
El abrazo del gobernador y la complicidad del fiscal
La inocencia de Mario se desmorona no solo por lo que dicen los reportes, sino por quién lo abraza.
Las crónicas de la prensa nacional enumeran cenas, fotos y cercanías entre “La Chispa”, el gobernador Américo Villarreal y operadores de Morena, describiéndolo como “Botox tamaulipeco”: el rostro terso que maquilla la alianza entre campañas políticas y logística de levantones y extorsión.
Aqui aparece Irving Barrios Mogica,el ex-fiscal que al igual que Jesus Eduardo Govea Orozco,el nuevo titular ,cobijan la red de secuestros y cobro de piso que opera el lugarteniente del CDG en Reynosa.
Cuando un fiscal, con deber legal de perseguir delitos de oficio, mira para otro lado ante informes de inteligencia, contratos públicos de empresas fachada y testimonios de víctimas, no es omiso: se vuelve coautor por omisión impropia, socio jurídico de la organización criminal a la que debía combatirlo importa que el gobernador sea parte.
El sistema queda retratado en una ecuación obscena: la misma “justicia a la tamaulipeca” que catearía a un mecánico por un sospechoso motor robado se vuelve repentinamente miope frente a un exmilitar enriquecido, señalado por la DEA, abrazado por el gobernador y blindado por un fiscal que colecciona denuncias de protección a extorsionadores.
El activista que habló… y lo mataron
A la puesta en escena del “empresario perseguido” le falta el personaje que ya no puede responder: el activista Gabriel Hernadez y empresario que lo señaló en video y terminó acribillado.
En la nota “VOTOS a CAMBIO de LEVANTONES”, el empresario plagiado acusó públicamente al fiscal Barrios Mogica de “fingir” de procurador de justicia y a “La Chispa”, advierte que si lo matan responsabiliza a ambos y denuncia el respaldo político que blinda al lugarteniente golfo recién usado para apuntalar campañas.
Poco después, el denunciante es asesinado, confirmando lo que el propio modus operandi de la extorsión en Reynosa deja claro: quien se atreve a romper el pacto de silencio firma, en los hechos, su sentencia.
Mientras tanto, Mario se queja ante cámaras de que en los restaurantes la gente “se levanta y se mueve de lugar” cuando lo ve, como si el problema fuera el prejuicio social y no el historial de levantones, cobros de piso y vínculos con una estructura criminal a la que él llama, eufemísticamente, “pérdidas económicas” por malos comentarios.
El contraste es brutal: un ciudadano que denuncia secuestro y extorsión termina en una carrocería perforada, y el señalado por la víctima aparece luego rodeado de abogados, hablando de “derecho de réplica” y “ciberacoso”, sin que el aparato de justicia se tome la molestia mínima de encuadrar los hechos en una carpeta por homicidio y delincuencia organizada.
La ley grita procesenlo_s y
Hoy, “La Chispa” intenta convertir su video en salvoconducto moral: se declara víctima, empresario modelo, devoto de la madrugadora cultura del esfuerzo y creyente en el “marco legal”.
Pero la suma de indicios –informes de inteligencia, vínculos con un senador bajo investigación, cercanía obscena con el gobernador, testimonios de víctimas, exhibiciones de riqueza putrefacta, denuncias públicas seguidas de balas– configura exactamente lo que cualquier manual de derecho penal clasifica como cúmulo de datos de prueba suficiente para abrir carpetas, pedir órdenes de aprehensión, cateos y aseguramiento de bienes.
Si el fiscal Jesus Govea se resiste, no es por falta de materia jurídica, sino por exceso de compromisos políticos.
La realidad criminal desmiente cada frase del video: donde él ve campañas de difamación, hay reportes de la DEA; donde habla de “trabajo y esfuerzo”, hay historia de levantones y huachicol; donde presume protección de la ley, lo que se ve es protección del aparato de justicia a un lugarteniente que ya forma parte del escrutinio nacional.
En un Estado medianamente funcional, el discurso que hoy usa para limpiarse sería reproducido, pero como prueba en el expediente: muestra de cómo un operador del crimen organizado se parapeta en la fachada empresarial y en la complicidad institucional para seguir diciendo “soy inocente” mientras el cementerio de Reynosa acumula la lista de quienes se atrevieron a señalarlo por su nombre.
Con informacion: @Redes/ADN NOTICIAS/
