“MILAGRO de 4 ESTRELLAS y CERO ESPOSAS: CRIMINALES SUELTAN ALCALDE LEVANTADO y la ESTRATEGIA PRESUME RESCATE SIN DETENIDOS”… ni un solo sospechoso para la foto.

Con bombo, platillo y fanfarria de película de acción, el sesudo estratega federal, Omar García Harfuch, anunció que el Gabinete de Seguridad «localizó con vida» a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, alcalde panista de Río Bravo, Tamaulipas.

Si uno lee el boletín oficial, casi se imagina a la Marina, al Ejército, a la FGR y a la Secretaría de Seguridad bajando en rapel desde helicópteros en cámara lenta. Lástima que a esta superproducción interinstitucional entre Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas se le olvidaron tres pequeños detalles del guion: dónde lo encontraron, cómo lo rescataron y, sobre todo, dónde están los secuestradores.

Porque sí, hubo foto triunfal para presumir el éxito, pero cero detenidos. Ni un solo sospechoso para la foto, ni una patrulla asegurando la escena del crimen; al parecer, el alcalde se «dessecuestró» por obra y gracia de la coordinación burocrática.

Para colmo de la narrativa federal —que quiso colgarse el mérito con toda la artillería del Estado—, en la única imagen de la hazaña el edil aparece muy quitado de la pena trepado en un vehículo todoterreno de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila. Cuatro estados y cuatro dependencias federales movilizadas para terminar posando en la troca de los policías coahuilenses, sin dar explicaciones de en qué rincón del mapa apareció.

Pero si el «rescate» fue una comedia de enredos, las horas previas fueron un partido de ping-pong geográfico digno de premio.

Mientras Almaraz seguía desaparecido tras haber sido levantado el sábado (junto con su familia, a la que soltaron casi de inmediato como si fuera servicio exprés), los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas aplicaron la vieja doctrina de seguridad nacional: «aquí no fue, pregúntenle al de al lado».

Primer acto: San Luis Potosí madrugó el domingo para jurar que el secuestro ocurrió en la carretera San Tiburcio-Venegas, del lado de Zacatecas, y que ellos, como buenos vecinos solidarios, solo pusieron su granito de arena en la frontera.

Segundo acto: La Fiscalía de Zacatecas les devolvió el paquete horas después con un comunicado asegurando que ni maíz, que el levantón fue en la comunidad de Cedral, territorio de San Luis Potosí.

Nadie sabía quiénes se lo habían llevado, pero ambos gobiernos tenían peritajes milimétricos con GPS para demostrar que el muerto —o en este caso, el secuestrado— no iba a caer en su estadística.

Y como cereza de este pastel surrealista, está el currículum del propio protagonista.

Almaraz no es cualquier funcionario de escritorio: a principios de año se destapó muy campante para buscar la gubernatura de Tamaulipas en 2028 y quitarle el trono al morenista Américo Villarreal.

En aquel destape, con la frescura que da la política mexicana, recordó su «pequeño tropiezo» de seis años encerrado en el penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit. Eso sí, aclaró que todo fue un malentendido del 2009 por acusaciones injustas de delincuencia organizada, lavado de dinero y huachicoleo, de las cuales salió absuelto y listo para volver a las boletas.

Al final, todos ganan en el teatro de la seguridad: el alcalde con pasado carcelario regresa a la carrera por el 2028 con una anécdota más para la campaña, el Gobierno Federal presume un «rescate» sin disparar una bala ni presentar a un solo culpable, y San Luis Potosí y Zacatecas pueden seguir discutiendo de qué lado de la raya se cometen los delitos que ninguno de los dos persigue.

Con informacion: ELNORTE/

EL "PRESO CELEBRA: CALIFORNIA BUSCA CONMUTAR la PENA de MUERTE por CADENA PERPETUA de 548 PRESOS SENTENCIADOS"... Para la familia de dos víctimas, la ejecución era un castigo merecido.

Albert Jones quiere contárselo al mundo. James y Madalynne Florville no pueden contar nada: fueron asesinados en su casa en 1993. Ese es el desequilibrio que atraviesa esta historia. Uno tiene voz para celebrar que dejará de estar condenado a muerte; los otros dependen de que alguien recuerde que existieron antes de convertirse en antecedentes penales de su asesino.

Jones fue condenado por ambos homicidios, aunque sostiene que es inocente y busca impugnar su condena. Conviene mantener esas dos cosas en su sitio: una sentencia condenatoria no desaparece porque el condenado la rechace, y una declaración de inocencia tampoco debe silenciarse porque resulte incómoda.

El gobernador Gavin Newsom anunció que busca sustituir las penas de muerte de 548 personas por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es una absolución, no es una orden de liberación y tampoco elimina la pena capital de la legislación de California. Además, 382 de esas conmutaciones requieren la aprobación de la Corte Suprema estatal. Venderlo como una puerta de salida sería falsear la noticia: lo que cambia es la posibilidad de que el Estado los ejecute. La prisión permanece.

Desde las víctimas: que la compasión no vuelva a enterrarlas

James Florville tenía 82 años; Madalynne, 72. Según la sentencia confirmada por la Corte Suprema de California, fueron atados y asesinados a puñaladas durante un robo en su vivienda de Mead Valley. El expediente sitúa a Jones, entonces de 29 años, y a un adolescente de 15 en el ataque. No fue una tragedia sin responsables ni un accidente que se salió de control: la condena corresponde a dos asesinatos en primer grado.

Por eso, comenzar y terminar la historia con la alegría del preso tiene un problema de fondo: puede convertir a los asesinados en personajes secundarios del renacimiento emocional de quien fue condenado por matarlos. El vivo ofrece sorpresa, declaraciones y un futuro narrativo. Los muertos apenas consiguen unas líneas para explicar por qué él estaba allí.

La nota de La Opinion recoge que Rena MacNeil, nieta de la pareja, había defendido la condena con una frase tajante: «Creo en la ley del talión». No corresponde convertir esa declaración en la opinión de toda la familia.Sí permite identificar una exigencia concreta: para ella, la ejecución era un castigo merecido

Sería demasiado cómodo despacharla como una mujer sedienta de venganza. El dolor de una familia no es una molestia que deba apartarse para que luzca impecable el discurso humanitario. Pero tampoco puede convertirse, por devastador que sea, en la única medida del poder de castigar.

Ahí está el conflicto, sin maquillaje: los familiares no tienen obligación de perdonar; el Estado sí tiene obligación de justificar sus castigos. Son responsabilidades distintas. Exigirles a los primeros una lección pública de generosidad sería otra crueldad. Entregarles la decisión sobre quién debe morir tampoco resolvería qué límites debe tener la justicia.

La pregunta incómoda para el poder es esta: ¿cómo evitar que la decisión de no ejecutar se convierta, en su presentación pública, en otra forma de relegar a quienes fueron asesinados?

Desde el victimario condenado: conservar derechos no equivale a recuperar la inocencia

Jones reaccionó con sorpresa y alegría cuando un periodista le comunicó el anuncio. Según la nota, participa en actividades de mentoría y prepara bolsas con artículos básicos para otros presos. También espera que el cambio de sentencia permita condiciones menos restrictivas, aunque eso dependerá de su clasificación penitenciaria.

Nada de eso resucita a los Florville. La buena conducta no es una esponja para limpiar dos homicidios. Pero tampoco hace falta fingir que una persona queda congelada para siempre en el peor acto por el que fue condenada.

La distinción es esencial: reconocer humanidad no significa otorgar impunidad. Y negarse a ejecutar a alguien no exige declararlo admirable.

El caso tiene, además, una grieta judicial que una redacción puntillosa no debería barrer debajo de la alfombra. En 2011, la Corte Suprema de California confirmó la condena por cinco votos contra dos. Los magistrados disidentes cuestionaron la exclusión de posibles jurados negros y consideraron insuficiente el examen de las explicaciones de la fiscalía. La mayoría rechazó que esas exclusiones obedecieran a motivos raciales. Esa discrepancia no demuestra la inocencia de Jones; sí documenta una controversia sobre las garantías del proceso.

Por eso, defender su derecho a impugnar la condena no supone tomar partido contra las víctimas. Supone exigir que el Estado pruebe y sostenga su caso con todas las garantías, precisamente porque la gravedad del crimen no autoriza a rebajarlas.

También hace falta reventar el globo del final feliz. La conmutación anunciada sustituye la ejecución por prisión perpetua sin libertad condicional: no promete una segunda vida fuera de los muros. Newsom lo expresó sin adornos: morirán en prisión, pero no a manos del Estado. Hay alivio, sí; libertad, no.

El fondo: quién merece castigo y hasta dónde puede llegar el Estado

La conmutación no responde a la pregunta de si los asesinatos fueron atroces. Responde a otra: si el Estado debe ejecutar a quienes los cometieron. Newsom sostiene que matar con autorización estatal es incompatible con los valores que debe defender California. Esa es su justificación, no una conclusión que las familias estén obligadas a compartir.

El debate se empobrece cuando se plantea como un concurso de simpatías: o se acompaña a los deudos o se defiende al preso. Se puede reconocer la brutalidad de los asesinatos, exigir que no se borre a las víctimas y, al mismo tiempo, rechazar que el castigo incluya una ejecución.

También se puede cuestionar la puesta en escena política sin inventarle intenciones al gobernador. Su decisión conmuta penas existentes, pero deja vigente la posibilidad legal de nuevas condenas a muerte. El propio Newsom reconoce que derogar la pena capital corresponde a la Legislatura y a los votantes. La distancia entre el gesto y la transformación del sistema no es un detalle: es uno de los límites centrales de la medida.

El periodismo no tiene por qué escoger entre el sentimentalismo del preso que celebra y el automatismo de exigir otra muerte. Tiene una tarea más exigente: contar qué ocurrió, qué resolvieron los tribunales, qué sigue en disputa y qué cambia realmente.

Jones tiene derecho a contar su alegría. Quien publique esa alegría tiene la responsabilidad de no convertirla en una absolución narrativa. James y Madalynne Florville no son la letra pequeña del alivio de otro. Y una sociedad que decide no ejecutar tampoco debería necesitar que sus condenados parezcan santos para defender esa decisión.

Con informacion: LA OPINION/

«RANKING NACIONAL del CARÁCTER MEXICANO 2026 EXHIBE la CATADURA “HONESTA” de los TAMAULIPECOS, entre OTRAS LINDURAS»… poco extensiva a sus políticos y gobernantes.

El Ranking del Carácter Mexicano 2026 de TResearch y Mitofsky es, básicamente, un confesionario masivo donde 14,760 mexicanos decidieron ponerse frente al espejo y jurar que son unas almas de Dios… aunque con ciertos «detallitos» de fábrica. A nivel nacional, el estudio nos retrata con una hipocresía deliciosa: el 82% de los mexicanos jura ser muy honesto y apenas un 4% admite ser mentiroso o envidioso. Eso sí, casi la mitad (47%) acepta con orgullo tener cabeza de piedra y ser terco como una mula.

Pero cuando ponemos la lupa sobre Tamaulipas, la radiografía se pone digna de telenovela norteña: estamos ante el estado más tóxicamente sincero de la República.

El síndrome de Otelo con sombrero: «No soy tóxico, soy honesto»

Si Tamaulipas fuera una pareja, sería esa que te revisa el celular mientras duermes, pero te despierta para reclamarte mirándote a los ojos porque «no le gustan las mentiras».

El dato más hilarante del estudio es la contradicción estelar tamaulipeca: ocupan el #2 lugar nacional en honestidad, con un glorioso 88% (solo superados por Tabasco con 91%, donde al parecer nadie ha dicho una mentira piadosa en su vida). Sin embargo, el «pecadito» oficial del estado —aquel rasgo en el que más se disparan por encima del promedio del país— es ser celosos.

Con un 20% de celosos confesos (frente al 16% nacional), Tamaulipas se instala en el #6 lugar nacional de la inseguridad amorosa. En resumen: el tamaulipeco promedio no te va a engañar, pero pobre de ti donde le des «me encanta» a la foto de tu ex, porque te va a armar un escándalo con toda la franqueza del mundo.

Coraje ajeno, drama y cartera suelta

Lejos de quedarse solo en los celos, a Tamaulipas le gusta sazonar la vida diaria con un poquito de veneno recreativo y espectáculo:

Envidiosos de clóset (pero no tanto): Aunque en México nadie quiere admitir que le duele el bien ajeno (4% nacional), Tamaulipas se mete al #6 lugar nacional en envidia con un 6%. Eso sí, les queda el consuelo de que sus vecinos de Nuevo León son los campeones indiscutibles del país (#1 con 8%); al parecer, en la frontera noreste el pasto del vecino siempre se ve más verde (y da más coraje).

Reinas y reyes del drama: Con fama de recios y norteños de carácter duro, los tamaulipecos resultaron ser bastante teatrales. Ocupan el #8 lugar nacional en dramáticos (13% vs 11% nacional) y el #9 en gastadores (38% vs 35% nacional). Es decir: hacen el berrinche, azotan la puerta y luego se van a pasar la tarjeta para curar el coraje.

El mitote como deporte: En el ranking del chisme, Tamaulipas se queda a un pasito del Top 10, ocupando el #11 lugar nacional con 19% (arriba del 16% promedio). No llegan a los niveles de Yucatán (26%), que es básicamente una sucursal de Ventaneando, pero en Tamaulipas nadie se queda sin saber quién chocó la camioneta en la esquina.

La paradoja de Pinocho: A pesar de presumir la medalla de plata en honestidad nacional, ocupan el #12 lugar en mentirosos (5% vs 4% nacional). Una dualidad poética: son honestos hasta para aceptar que de vez en cuando echan mentiras.

El tamaulipeco «tabla»: ni muy fiestero, ni muy amargado

Cuando salimos de las pasiones bajas, Tamaulipas entra en una zona de tibieza estadística fascinante, clavándose justo en la media nacional como quien no quiere hacer olas:

Rasgo de Carácter	Tamaulipas	Promedio Nacional	Lugar Nacional (de 32)	El veredicto irreverente
Estresado	55%	54%	#13	Tensión normal; nada que una carne asada no controle.
Flojo	10%	10%	#14	Exactamente igual de huevones que el mexicano estándar.
Terco	48%	47%	#15	Para ser norteños, son dóciles (BC Sur y Durango pasan del 63%).
Buen amigo	75%	74%	#16	Cumplidores a secas: te prestan dinero, pero te cobran puntual.
Rencoroso	27%	29%	#18	Te hacen el drama hoy, pero se les olvida para el fin de semana.
Enamorado	49%	49%	#19	Quieren bonito, pero con el freno de mano puesto por los celos.
Feliz	57%	59%	#19	Ni en la depresión total, ni en la euforia de Coahuila (72%).

Buenas noches, los pastores: el estado que duerme temprano

Lo más inesperado de la ficha tamaulipeca está al final de la tabla. Contra todo pronóstico de fiesta interminable, Tamaulipas es un estado sumamente calculador y mañanero: ocupa el lugar #24 en impulsividad (22% vs 25% nacional) y cae hasta el #27 en trasnochadores, con apenas un 17% frente al 22% nacional.

Esto explica todo el estudio: en Tamaulipas la gente se duerme temprano y piensa frío porque necesita estar bien descansada a primera hora de la mañana para vigilar a la pareja, criticar al vecino envidiado, gastar lo que no tiene y decirte tus verdades en la cara sin pestañear.

Ah, y hay algunos con moral non sancta que hasta felicitan a su gobernador, aunque este, con su catadura delictiva, use como cajeros automáticos a quienes sí son honestos y se friegan el lomo trabajando.

Con informacion: TREsearch/

RECULA LA CÚPULA JUDICIAL: PROTESTAS TUMBAN PLAN de la "CORTE del ACORDEÓN" para EVALUAR a la BASE SIN AUTORIDAD MORAL"… ya acordaron tragarse el acuerdo.

Les temblaron las piernas: la base trabajadora dobla a la cúpula judicial y les tira su «concurso de popularidad» disfrazado de evaluación

Con la autoridad moral por los suelos —tras una elección con una participación de apenas el 13% del electorado— y unas ganas locas de jugar a ser el departamento de recursos humanos de un reality show, la alta burocracia del Poder Judicial de la Federación quiso pasarse de lista y terminó reculando ante la primera sacudida de las calles.

El flamante Órgano de Administración Judicial (OAJ) tuvo que tragarse ayer su propio acuerdo, mediante el cual pretendía evaluar «a ojo de buen cubero» a más de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, poniendo sus cabezas en la guillotina laboral.

La brillante idea de Néstor Vargas y compañía era digna de una kermés escolar: un sistema donde el 30% de tu calificación dependía de qué tan bien le caías al juez, al magistrado y hasta a tus compañeros de cubículo. Básicamente, institucionalizar el chisme de pasillo, el lambisconeo y las venganzas personales como criterio de permanencia laboral. Por si fuera poco, los jefes tenían el botón nuclear de pedir «evaluaciones extraordinarias» a discreción si alguien los miraba feo.

Pero a los de arriba se les olvidó quiénes son los que realmente sacan la chamba en los juzgados. La base trabajadora no se dejó intimidar por una dirigencia sin cara para exigir pureza y, el viernes pasado, les armó un paro de labores con bloqueos de avenidas desde Monterrey y Guadalajara hasta la CDMX. ¿El resultado? Doblada histórica en tiempo récord.

El susto fue de tal tamaño que hasta el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, tuvo que salir de bombero a mediar entre los tres sindicatos y el titular del OAJ. Y aquí viene la joya del absurdo institucional: la Corte ya no tiene ninguna atribución legal para administrar al resto del Poder Judicial, pero cuando el agua les llega al cuello, las reformas y los organigramas pasan a segundo plano con tal de apagar el incendio.

Al final, la cúpula tuvo que salir con la cola entre las patas a prometer, «de manera clara y categórica», que nadie será despedido ni sancionado por estas evaluaciones, que se cancelan los exámenes sorpresa a capricho de los titulares y que le van a bajar dos rayitas a la «subjetividad» de sus métricas.

Ahora dicen que todo era nada más para «fortalecer la eficiencia y calidad». Ajá. Queda claro que en el nuevo Poder Judicial querían estrenar el látigo, pero terminaron pidiendo esquina al primer grito de la tropa.

Con informacion: ELNORTE/

«YA VAN CASI 51 MIL CADÁVERES: ¿APLAUDIMOS o ESPERAMOS que GRÁFICAS de COLORES y la PACHORRA de HARFUCH REVIVAN los MUERTOS?»… Si no te mata el crimen, te mata estrategia, como en Tamaulipas.

Mientras en los escritorios del poder se desviven por presumir ahorro de formol con porcentajes sin pudor, en la calle la realidad no lee boletines oficiales. Por más que maquillen o presuman su cuestionada «reducción de homicidios», hay una verdad con plomo que ningún discurso puede tapar: la estrategia de seguridad no les ha quitado a los criminales ni un gramo de su capacidad de matar.

Para entender el tamaño del cinismo basta con ver la radiografía de TResearch tras el corte del viernes 6 de noviembre de 2026: 34 asesinatos en un solo día y un acumulado sexenal de 50,639 víctimas de homicidio doloso. Pero el dato que verdaderamente desnuda el fracaso es el ritmo de la carnicería: un muerto cada 22 minutos.

Piénsalo un segundo. En lo que te tomas un café, en lo que esperas el transporte o en lo que un político tarda en repetir que «vamos requetebién», el reloj marca otros 22 minutos y a alguien más le apagan la vida en México. No es pacificación, es una línea de ensamblaje de ataúdes funcionando con puntualidad suiza.

Y para que no nos cuenten que «solo se matan entre ellos», ahí está Sinaloa poniendo los cadáveres de inocentes que salpican sus alegres estadísticas. Este sábado 7 de noviembre, el cronómetro de los 22 minutos le tocó a Enrique Quiñones. Tenía 57 años, fue un histórico exlanzador de los Tomateros de Culiacán —el primer pitcher en lanzar un juego sin hit ni carrera para la franquicia— y hoy se ganaba la vida honestamente trabajando como chofer de plataforma digital.

¿De qué le sirvió a Quiñones la famosa «reducción» en las tablas del Gabinete de Seguridad? De absolutamente nada. Sujetos armados llegaron en un vehículo en Villa Unión, le dispararon a quemarropa a un costado de su auto de trabajo y se fueron con la misma impunidad de siempre. Cero detenidos, una cinta amarilla más y otro inocente sumado a la cuenta.

Los criminales siguen siendo dueños del gatillo, de la calle y del reloj. Podrán seguir festejando sus porcentajes en las conferencias, pero mientras la impunidad sea la regla y el país siga sangrando a razón de un mexicano asesinado cada 22 minutos, su estrategia no es más que un mal chiste contado sobre un cementerio de más de cincuenta mil personas.

Con informacion: NOROESTE/

LA «PAPA CALIENTE JURISDICCIONAL: SLP SACÓ la CINTA MÉTRICA y el GPS para DESLINDARSE de EDIL SECUESTRADO y lo ENDOSÓ a ZACATECAS»… Américo los resolvía con «Penilla», pidiendo paro a narcoZ.

En el surrealista manual de seguridad pública mexicana, cuando un comando armado levanta a un presidente municipal en tus carreteras, la prioridad número uno jamás es montar un cerco implacable para rescatarlo con vida; la verdadera urgencia de Estado es sacar la cinta métrica, el GPS y al perito agrario para jurar que a ti no te toca el muerto (ni el secuestrado).

El caso del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, el panista Miguel Ángel Almaraz Maldonado, es una cátedra magistral del deporte nacional favorito de los gobiernos estatales: «la papa caliente jurisdiccional».

Apenas trascendió que el edil había sido interceptado junto a su comitiva rumbo a tierras potosinas (cuando iban hacia Real de Catorce), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí no le entró prisa por blindar la región ni por dar con los captores; le entró una taquicardia burocrática por redactar un boletín de madrugada para deslindarse del paquete.

La reacción del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí merece un premio a la acrobacia cartográfica:

Primero el deslinde, luego la búsqueda: Mientras los acompañantes del alcalde apenas procesaban el susto tras ser liberados en plena carretera San Tiburcio–Vanegas, la maquinaria de comunicación potosina ya tenía listo el peritaje milimétrico. Con una velocidad que ya quisiera cualquier ciudadano cuando llama al 911, la policía de San Luis salió a gritar a los cuatro vientos: «¡Sí lo secuestraron, pero fue del lado de Zacatecas!». Faltó que mandaran a un topógrafo en helicóptero a pintar la raya con cal sobre el asfalto antes que enviar patrullas de rescate.

Zona limítrofe: Tramo San Tiburcio (Zac.) – Vanegas (S.L.P.)Carretera Fed. 62

El punto de la discordia: Al oeste se ubica el entronque de San Tiburcio (Mazapil, Zacatecas) y al este el municipio de Vanegas (San Luis Potosí), rumbo a Real de Catorce. Una línea divisoria de apenas unos kilómetros en medio del semidesierto que sirvió de pretexto jurisdiccional.

Endosar la bronca al vecino en llamas: Si vas a aventar la basura por encima de la barda, qué mejor que tirársela al vecino que ya tiene el patio incendiado. Endosarle el secuestro a Zacatecas —un estado donde las estadísticas de violencia e impunidad ya parecen directorio telefónico— es la jugada perfecta de relaciones públicas: cuelgas el «levantón» en la cuenta de un gobierno que de por sí está en estado crítico, mantienes maquilladas tus propias cifras de «paz y gobernabilidad» y te ahorras el costo político del escándalo nacional.

La ironía de las fronteras imaginarias: Para los grupos criminales que operan a sus anchas en el corredor que une a Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, las líneas divisorias en el mapa son un chiste que se cuenta solo.

Ellos cruzan de San Tiburcio (Zacatecas) a Vanegas (San Luis Potosí) sin pedir permiso ni sellar pasaporte. Pero para las autoridades potosinas, un letrero oxidado en la carretera es un muro infranqueable de impunidad administrativa que les permite lavarse las manos como Poncio Pilatos y ofrecer una «coordinación en la zona limítrofe» que suena más a cortesía vecinal que a operativo de Estado.

Lo verdaderamente grotesco del asunto es la escala de prioridades. Tenemos al alcalde de un municipio fronterizo clave de Tamaulipas —quien además trae sus propios pleitos abiertos con la cúpula morenista de su estado— desaparecido en una de las zonas más calientes del país, y el gran logro operativo de las primeras horas fue determinar en qué código postal exacto le cerraron el paso las camionetas.

Al gobierno de San Luis Potosí no le urgía encontrar a Miguel Ángel Almaraz; le urgía encontrar el límite territorial para que el expediente no le manchara la alfombra. Porque en la política de seguridad de hoy, importa mucho menos dónde está la víctima que a qué fiscalía le vas a echar la culpa en el titular de la mañana.

Con informacion: ELUNIVERSAL/