La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones celebra como éxito administrativo que millones de líneas telefónicas hayan sido “vinculadas” a la identidad de sus usuarios. La palabra parece inocua, técnica, casi higiénica. Pero detrás de esa burocrática ceremonia de depuración hay una realidad más áspera: el Estado condiciona el acceso pleno a un servicio esencial a que cada ciudadano entregue y mantenga actualizado un rastro personal ante operadores y autoridades.
«El calendario continuará de acuerdo con el último dígito de cada número: 1, el 31 de agosto; 2, el 15 de septiembre; 3, el 30 de septiembre; 4, el 15 de octubre; 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre»…El Norte
Se presume que 73.2 millones de líneas ya están registradas. Se anuncia, además, que cerca de 25 millones serán “depuradas” por estar supuestamente en desuso, mientras 2.5 millones de líneas con determinada terminación podrían quedar inactivas definitivamente. El tono oficial es triunfal: más control, menos anonimato, más herramientas contra el fraude y la extorsión.
El problema es que la retórica de la seguridad suele ser mucho más eficiente que la seguridad misma.
Porque al delincuente profesional no le pesa demasiado adquirir chips mediante terceros, usar identidades robadas, recurrir a eSims electrónicas de lineas extranjeras, plataformas digitales, números virtuales o teléfonos desechables.
El criminal se adapta; es, de hecho, su principal habilidad. Quien no tiene esa facilidad para adaptarse es el ciudadano común: la persona mayor que no domina una plataforma digital, el trabajador que cambió de compañía, quien compró un equipo usado, el visitante temporal, el migrante, el comerciante o quien simplemente no se enteró a tiempo de un calendario impuesto desde la comodidad del escritorio público.
Para ellos no hay sofisticación criminal: hay suspensión.
La CRT asegura que nadie “pierde” su número, pues puede recuperarlo al completar el trámite. Es la clásica generosidad burocrática: primero le cierran la puerta al usuario y después le agradecen por formarse para pedir la llave. Mientras tanto, puede llamar a emergencias, recibir alertas y comunicarse con la telefónica. Como si el teléfono no fuera también una herramienta de trabajo, contacto familiar, banca, trámites, ubicación, ventas, escuela y vida cotidiana.
No es una molestia menor. Es una sanción preventiva disfrazada de actualización de datos.
El ciudadano como sospechoso
El argumento oficial parte de una promesa seductora: eliminar el anonimato para combatir delitos cometidos mediante telefonía celular. La premisa parece simple: si cada número tiene dueño, será más fácil encontrar al responsable de una extorsión o un fraude.
Pero ese razonamiento tiene una omisión enorme: que un número tenga un titular no prueba quién lo utilizó para delinquir.
Un teléfono puede ser robado. Una SIM puede ser clonada, transferida, utilizada por un familiar, adquirida con documentos falsos o activada mediante una identidad usurpada. En todos esos escenarios, la “trazabilidad perfecta” puede convertirse en la ruta más directa para que una investigación apunte contra la persona equivocada.
La tecnología no elimina el delito; tampoco convierte automáticamente los registros administrativos en pruebas penales fiables. Lo que sí produce es una enorme base de datos de ciudadanos identificados, accesible para el aparato estatal y vulnerable a filtraciones, abusos, corrupción y uso político.
México tiene una dolorosa experiencia con padrones, bases de datos y autoridades que prometen custodiar información sensible. Lo que debería preocupar no es sólo quién puede consultar esos registros hoy, sino quién podrá hacerlo mañana, bajo qué controles, con qué órdenes judiciales, con qué auditorías y con qué consecuencias cuando la información termine en manos indebidas.
La pregunta que el Gobierno evita no es si se deben combatir las extorsiones —por supuesto que sí—, sino por qué la carga del combate recae primero sobre quienes no han cometido ningún delito.
La eficacia que falta probar
El discurso oficial sugiere que registrar líneas móviles es sinónimo de cerrar el paso al crimen. Sin embargo, para que una medida de este tamaño sea legítima no basta con publicar porcentajes de vinculación ni presumir millones de registros acumulados. Habría que demostrar, con datos verificables, que el padrón reduce de forma sostenida las extorsiones, los fraudes y otros delitos; que no desplaza esas conductas a otros medios; y que sus beneficios superan el costo en derechos, privacidad y acceso a servicios.
Sin esa demostración, la política pública parece más una exhibición de control que una estrategia seria de seguridad.
La autoridad mide líneas registradas porque es fácil de contar. Pero el ciudadano debería exigir que se midan otros resultados: ¿cuántas redes de extorsión fueron desmanteladas?, ¿cuántos responsables fueron procesados?, ¿cuántas investigaciones se sustentaron en inteligencia financiera, ciberinvestigación y órdenes judiciales?, ¿cuántas víctimas fueron protegidas?, ¿cuántas identidades fueron robadas o usadas para incriminar a inocentes?
Porque registrar a 73.2 millones de usuarios no equivale a resolver 73.2 millones de problemas de seguridad. Es, apenas, una cifra administrativa. Y una cifra administrativa no debe confundirse con justicia.
Seguridad sin tutela
Combatir el crimen exige inteligencia, investigación profesional, protección de víctimas, persecución del dinero, controles en la venta irregular de chips y coordinación real entre instituciones. Exige policías y fiscalías capaces de identificar a los extorsionadores, no sólo de identificar a quienes pagan una línea telefónica.
La diferencia importa: una democracia persigue al delincuente con pruebas y controles; un Estado inclinado al autoritarismo prefiere registrar masivamente a todos y confiar en que, entre tanto dato, algún culpable aparezca.
La seguridad no puede consistir en convertir el teléfono de cada persona en una credencial de sospecha. Mucho menos cuando el mecanismo castiga primero al usuario cumplido y deja al criminal profesional con las herramientas de siempre: anonimato comprado, identidades robadas y redes de corrupción.
Llamarle “vinculación” no cambia su naturaleza. Si el Estado puede suspenderte, condicionarte y rastrearte bajo la promesa de protegerte, entonces el debate ya no es tecnológico. Es político.
Y conviene decirlo sin eufemismos: una política que normaliza que el ciudadano demuestre constantemente que merece comunicarse no fortalece la seguridad; fortalece la costumbre de obedecer.
Con información: ELNORTE/
