No es un “reporte diario”: es el parte de guerra de un estado donde la normalidad ya consiste en contar cadáveres, desapariciones y vehículos robados como si fueran marcadores de una liga macabra.
En Sinaloa ya no se informa: se pasa lista a los daños.
La fórmula es conocida y obscena: una maestra jubilada ejecutada en su domicilio; dos hombres asesinados mientras cargaban gasolina; balaceras, persecuciones, amenazas y, como respuesta institucional, el anuncio de más uniformes. Esta vez, 1,600 militares para Mazatlán —100 de Fuerzas Especiales—, como si el problema fuera falta de botas y no la incapacidad acumulada para desmontar la maquinaria criminal que gobierna territorios enteros.
El “informe diario” no retrata un día excepcional. Retrata la rutina: en lo que va de septiembre, el recuento citado suma 17 feminicidios y asesinatos de mujeres, con una proyección de 176 muertes violentas para el mes. Es decir: no hay tregua, hay estadística; no hay seguridad, hay administración del desastre.
La contabilidad del horror
Desde el inicio de la disputa entre las facciones de los Guzmán y los Zambada, el saldo que recoge Noroeste parece inventario de una devastación sin declaratoria oficial:
Indicador
Saldo acumulado al 15 de septiembre de 2026
Promedio diario
Homicidios dolosos
3,864
5.2
Personas privadas de la libertad
4,408
6.0
Vehículos robados
12,495
17.0
Personas detenidas
3,953
5.4
Personas abatidas
211
—
La cifra más cínica no es necesariamente la de los homicidios:son las más de 4,400 personas privadas de la libertad. Porque ahí no sólo hay violencia; hay familias condenadas a vivir suspendidas entre la búsqueda, la denuncia, el silencio oficial y la posibilidad de que nadie vuelva. Según el mismo recuento, se han abierto 3,088 fichas de víctimas, mientras que las denuncias ante la Fiscalía ascienden a 4,408. Ni siquiera el registro logra ponerse de acuerdo con la dimensión de la ausencia.
El eufemismo como política pública
Llamarle “ola de violencia” en mas de dos años de asesinatos, secuestros y despojos ya es generoso con los responsables. Una ola sube, rompe y baja. Esto no baja: se instala, cobra cuota, modifica horarios, encierra familias y convierte un trayecto cualquiera —cargar gasolina, estar en casa, conducir un vehículo— en una ruleta de plomo.
El promedio móvil de homicidios llegó a 5.4 asesinatos diarios;agosto cerró, según el conteo citado, con 85 muertes violentas, 5.7 cada día. En septiembre van 118 denuncias de robo de vehículo, a un ritmo de 7.9 diarios. En otras palabras: mientras las autoridades “refuerzan operativos”, el crimen sigue operando con una eficiencia que el Estado parece incapaz de replicar ni para proteger, ni para investigar, ni para devolver a los desaparecidos.
México no aparece en el Índice Global de Crimen Organizado como un país “con problemas de seguridad”, esa fórmula burocrática que sirve para no incomodar a nadie. Aparece como una de las grandes potencias mundiales del negocio criminal: tercero entre 193 países en nivel de criminalidad, con una puntuación de 7.68 sobre 10. Es decir, en el podio global, aunque sin himno, sin medalla y con demasiadas fosas.
México no sólo carga con cárteles: carga con una economía criminal diversificada, territorial y suficientemente fuerte como para competir —y a menudo mezclarse— con las instituciones oficiales que deberían contenerla.
El Índice Global de Crimen Organizado lo coloca en el tercer lugar del mapa mundial en criminalidad, detrás de apenas dos países. La cifra no describe una anomalía pasajera ni una racha de violencia: retrata un sistema.
México obtiene 8.27 en mercados criminales y 7.10 en presencia e influencia de actores criminales; en contraste, su capacidad de resistencia estatal queda en 4.50. Traducido del idioma de los indicadores: el negocio ilícito opera con fuerza industrial, mientras el Estado intenta responder con herramientas que frecuentemente llegan tarde, se quedan cortas o aparecen comprometidas con el mismo crimen.
El narcotráfico sigue siendo la marca de fábrica, desde luego. Cocaína y drogas sintéticas reciben 9 sobre 10; el país conserva un papel central en la producción y traslado de metanfetamina y fentanilo rumbo a Estados Unidos.
Pero reducir el problema a la droga sería hacerle propaganda a la simplificación. Los grupos criminales también desaparecen gente,cobran piso, trafican armas, migrantes, personas, fauna y madera; extraen combustible, lavan dinero, penetran mercados legales y se actualizan con fraudes y ataques digitales.
El cártel moderno ya no es sólo una banda con rifles: es una corporación criminal con logística, contabilidad, reclutamiento, control territorial,complices oficiales y, cuando hace falta, relaciones públicas en redes sociales.
La extorsión y el tráfico de personas alcanzan 9 puntos cada uno. El tráfico de armas, la cocaína y los sintéticos comparten la misma calificación. Detrás de la aritmética hay negocios, agricultores, transportistas, migrantes, comunidades indígenas, comerciantes y funcionarios que viven —o sobreviven— bajo la tarifa criminal. En México, el “cobro de piso” dejó de ser un delito para convertirse, en demasiados territorios, en un impuesto paralelo: no aprobado por ningún Congreso, pero cobrado con puntualidad de Hacienda y garantías de plomo.
La debilidad no está sólo en detener sicarios.
El Índice asigna al país 3 puntos en integridad territorial, 3.5 en liderazgo y gobernanza, 4 en sistema judicial y 4 en transparencia y rendición de cuentas.
La fotografía es incómoda: un Estado que puede firmar convenios internacionales, decomisar cargamentos y anunciar operativos, pero que aún batalla por garantizar que jueces, policías, alcaldías, aduanas, cárceles y rutas comerciales no terminen funcionando como franquicias —voluntarias o forzadas— de la delincuencia organizada.
México sí registra una nota relativamente alta en cooperación internacional: 7 puntos. Pero cooperar hacia fuera no equivale a controlar hacia dentro.
El problema no es la falta de leyes, discursos o fotografías con chaleco antibalas; es la distancia entre el expediente y el territorio. Entre la estrategia anunciada y la comunidad que debe pagar por vender aguacates, transportar mercancía, cruzar una frontera o simplemente denunciar.
La conclusión del Índice es brutal sin necesidad de gritarla: México no enfrenta al crimen organizado desde afuera. Lo enfrenta desde dentro de sus mercados, sus fronteras, sus instituciones, sus cadenas productivas y, en no pocos casos, desde los espacios donde la autoridad debería estar cerrando el paso. El crimen organizado no es un huésped incómodo: es un poder que disputa, administra y rentabiliza partes del país.
El flamante diputado federal Carlos Canturosas salió a dar una lección de unidad morenista y, de paso, dejó escapar una verdad incómoda: cuando se reparten candidaturas, cargos y futuras sucesiones, el “humanismo” suele durar lo mismo que tarda alguien en oler una silla con presupuesto.
Canturosas Villarreal descubrió, quizá demasiado tarde o con demasiado candor, que el principal peligro para Morena rumbo a 2027 no necesariamente está en la oposición, sino sentado en la misma mesa donde se reparten candidaturas, alcaldías, diputaciones y, desde luego, la sucesión por la gubernatura de 2028, de la que él se siente cerca, aunque en los hechos está muy lejos.
El diputado federal por Nuevo Laredo con «paZado peZado» pidió a sus compañeros no confundir la militancia con una pelea de botín. Dijo que “los adversarios están afuera”, aunque sus propias palabras exhiben que dentro del movimiento ya hay demasiados ojos puestos en la siguiente candidatura como para fingir que todo es fraternidad, abrazos y amor al proyecto nacional.
“La lucha por el poder a veces crea rispidez, desata pasiones y puede generar conflictos internos”, reconoció Canturosas. Traducción: mientras haya puestos que disputar, la unidad partidista será un valor muy apreciado… siempre y cuando no estorbe a la ambición de quien quiera llegar primero.
El legislador incluso admitió que las aspiraciones personales pueden colocarse por encima del proyecto político. Una confesión involuntaria, pero útil: en Morena, como en casi cualquier partido con posibilidades de ganar, el credo ideológico parece volverse flexible cuando se acerca la hora de decidir quién se queda con la candidatura y quién debe conformarse con la foto de unidad.
Canturosas pidió que nadie ponga sus intereses por encima de Tamaulipas y de la llamada transformación. Incluyó, con ejemplar modestia, sus propias ambiciones, las de quienes buscan posiciones en Nuevo Laredo y las de quienes ya calientan motores para 2028. Es decir, nadie debe anteponer su carrera al movimiento, salvo que logre hacerlo con suficiente disciplina, discurso y una sonrisa para la cámara.
“Aquí no caben ambiciones personales, por muy legítimas que sean”, declaró. Pero si de veras no cupieran, difícilmente estarían todos midiéndose el traje para la próxima contienda.
La advertencia
Su diagnóstico es menos profundo de lo que parece, pero no por ello menos revelador: Morena puede llegar fuerte a 2027, aunque eso no impedirá que la pelea interna saque uñas, resentimientos, campañas negras y lealtades de temporada.
El riesgo, según Canturosas, es que los aspirantes se traten como enemigos. El problema es que, cuando una candidatura se convierte en boleto de poder, presupuesto y proyección personal, la fraternidad suele tener una resistencia limitada. Aguanta hasta que empiezan las encuestas, los destapes, los operadores y las filtraciones.
Por eso su llamado a recordar que “los adversarios están afuera” suena más a instrucción de emergencia que a convicción consolidada. Porque si hace falta repetirlo tanto, quizá es porque dentro ya saben perfectamente dónde clavar el cuchillo: en la espalda del compañero que estorbe.
Guerra sucia, según convenga
Canturosas también denunció la existencia de una “guerra sucia” contra figuras relevantes de Morena: señalamientos, acusaciones, difamaciones e injurias que, dijo, buscan dañar carreras políticas y golpear al partido.
No precisó de dónde vienen esos ataques. No sabe si son adversarios externos, fuego amigo o una mezcla de ambos. Y ahí está el detalle: en tiempos electorales, la guerra sucia rara vez llega con credencial de partido. A veces se disfraza de oposición; otras, de militante indignado; y no faltan quienes descubren súbitamente una vocación moral justo cuando otro compañero les lleva ventaja.
El diputado pidió condenar la práctica de golpear al adversario político, aunque su propia trayectoria ha sido objeto de señalamientos públicos severos.
Investigaciones y antecedentes controvertidos— lo retratan precisamente como alguien que hoy reclama limpieza política mientras carga con cuestionamientos que ameritan, por lo menos, una respuesta documentada y no sólo la fórmula de “conciencia tranquila”.
Conciencia tranquila, clósets cerrados
Cuando le preguntaron si estaba preparado para que aparecieran videos, audios o mensajes para involucrarlo en algún escándalo, Canturosas respondió que no tiene nada que esconder: ni vergüenza, ni asuntos en el clóset, ni temor ante eventuales ataques.
“Estamos preparados. Nos han dicho de todo, nos ha pasado ya de todo”, remató.
Y tal vez ahí está el resumen perfecto de la temporada que viene: Morena se dice unido, pero se prepara para la fractura; presume proyecto, pero reconoce ambiciones; denuncia guerra sucia, pero nadie sabe desde qué trinchera se dispara; y sus aspirantes juran que no tienen nada que ocultar mientras revisan, con natural inquietud, quién trae el siguiente expediente bajo el brazo.
Porque en la política tamaulipeca la unidad siempre es sagrada… hasta que empieza la repartición.
El mas reciente envío de fuerzas federales a Mazatlán en Sinaloa no es una novedad estratégica: es, al menos, el séptimo refuerzo públicamente documentado desde el 9 de septiembre de 2024 —si se cuentan sólo arribos, anuncios o blindajes con destino directo al puerto o a la zona sur donde Mazatlán es eje operativo—. La cifra puede crecer si se desagregan los contingentes estatales,envio intermitente de fuerzas especiales y los operativos de la Marina, pero el patrón es inequívoco: cada recrudecimiento recibe otra transfusión de uniformados, sin que se exponga con igual precisión una dosis, duración, objetivo verificable ni criterio de alta.
Mazatlán vuelve a recibir el remedio de siempre: más botas, más patrullas, más fusiles, más anuncios de “presencia territorial”. Ahora, el Gobierno federal reporta el despliegue de 1,800 elementos adicionales de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; paralelamente, Defensa informó el envío de 1,600 militares, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales. Es decir: hasta 3,400 efectivos anunciados para reforzar el puerto, mientras la violencia vuelve a pasar lista.
No es el primer piquete de aguja ni el primer convoy que entra al puerto como si la seguridad pública fuera una sala de urgencias atendida a base de adrenalina.
Desde el 9 de septiembre de 2024, cuando la crisis de violencia en Sinaloa escaló, hay evidencia pública de al menos siete reforzamientos vinculados directamente con Mazatlán o con la región sur que lo tiene como centro operativo:
Fecha
Refuerzo anunciado o desplegado
Alcance
21 de septiembre de 2024
600 soldados
Llegaron a Mazatlán para reforzar operaciones en Sinaloa. noroeste.com
Octubre de 2024
300 elementos de Guardia Nacional
Refuerzo para zonas como Mazatlán y Culiacán; además se anunció vigilancia reforzada en el puerto. debate.com
1 de diciembre de 2024
600 militares
Refuerzo para Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. oem.com
6 de enero de 2025
600 elementos: 200 de Fuerzas Especiales y 400 de Guardia Nacional
Llegaron al puerto para reforzar la seguridad de la zona sur. lineadirectaportal
22 de octubre de 2025
250 agentes federales y 47 vehículos
Patrullajes en zona costera, ejes carreteros y colonias de Mazatlán. revistaespejo
22–23 de julio de 2026
1,300 militares: 400 primero y 900 después
Despliegue tras una jornada de homicidios; se sumaron al operativo de verano. jornada.com
19 de agosto de 2026
Alrededor de 1,000 militares
El municipio informó que superaba los 5,000 elementos de seguridad desplegados. punto
14–15 de septiembre de 2026
300 agentes federales y 50 patrullas; después 1,800 federales y 1,600 militares
El mayor refuerzo reciente, anunciado tras nuevos hechos violentos. noroeste.com
En otras palabras: si se desagregan los anuncios de septiembre de 2026, no son siete sino ocho momentos de refuerzo claramente identificables. Y eso sin confundir los refuerzos permanentes con los blindajes de evento: para el Carnaval de 2025 se movilizaron 3,239 personas de Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatal y municipal, además de cuerpos de auxilio. El problema no parece ser que falten fotografías de contingentes; el problema es que sobra la costumbre de confundir despliegue con tratamiento.
La infección y la penicilina
La analogía médica no es un adorno: describe la falla con bastante crueldad clínica. En una infección avanzada, nadie serio prescribe penicilina al tanteo, sin cultivo, sin antibiograma, sin dosis, sin intervalo, sin duración y sin seguimiento. Hacerlo puede fracasar, ocultar temporalmente los síntomas y, en ciertos contextos, favorecer que sobrevivan las bacterias más resistentes al tratamiento.
Eso se parece demasiado a la política de seguridad de reflejo:ocurre una racha de homicidios, desapariciones o ataques; llega un contingente; se patrulla, se instala un retén, se toma la foto del avión militar y se promete disuasión rumbo al tercer año de guerra de bandos de la misma banda.
El antibiótico no es el enemigo. Tampoco lo son los soldados, marinos o agentes. La crítica va contra la prescripción errática: administrar fuerza como si toda infección fuera sensible al mismo fármaco, como si el número de efectivos sustituyera la inteligencia, la investigación patrimonial, la depuración policial, la investigación de homicidios, la protección a víctimas, la colusión politica y de autoridades, el control territorial sostenido y abandonar la tentación de agarrar partido como las lenguas malas de gente buena,presumen fundadamente.
El error táctico
Aquí conviene separar estrategia de táctica, porque el gobierno suele revolver ambas en la licuadora del boletín.
La estrategia debería responder a la pregunta mayor: cómo se reduce de manera durable el poder criminal y se protege a la población. Requiere inteligencia criminal, capacidades ministeriales, control de cárceles y puertos, investigación financiera, protección de testigos, policías locales profesionales, atención a desapariciones y mecanismos de rendición de cuentas.
La táctica responde a la pregunta inmediata: dónde patrullar mañana, a quién detener, qué vialidad vigilar, qué colonia cubrir, qué célula intervenir.
El error transexenal consiste en elevar la táctica de emergencia a categoría de estrategia nacional. Mandar refuerzos puede ser necesario ante una crisis. Repetirlo como respuesta principal, cada vez, es otra cosa: es usar al Ejército y a la Marina como analgésico de alta potencia para un padecimiento que requiere diagnóstico, cirugía institucional y tratamiento completo.
Es la diferencia entre enviar infantería a cerrar una brecha y pretender ganar una guerra con la misma columna dando vueltas en el mismo camino. En las guerras formales, un ejército no conquista una plaza sólo porque desembarca más tropas: necesita inteligencia sobre el adversario, líneas de abastecimiento, mando unificado, objetivos claros, logística, control posterior del territorio y una ruta de salida. Sin eso, la fuerza se convierte en guarnición reactiva: llega después del golpe, patrulla el escenario y espera el siguiente.
También se parece a la artillería sin observador avanzado:mucho estruendo, mucha pólvora, coordenadas imprecisas y poca certeza de haber golpeado el blanco correcto. O a mandar refuerzos a una trinchera cada vez que el frente se rompe, sin preguntarse por qué el enemigo conoce la ruta, domina el abastecimiento o recluta reemplazos más rápido de lo que el Estado puede investigar un asesinato.
La pregunta incómoda
El Gobierno federal sostiene que el operativo busca fortalecer presencia territorial, patrullajes, vigilancia, prevención y disuasión. Son funciones legítimas y necesarias. Pero la reiteración del mismo anuncio obliga a una pregunta menos ceremonial: si el remedio se ha administrado una y otra vez desde 2024, ¿cuál es el diagnóstico que explica las recaídas y qué cambió, en concreto, en la receta?
Mazatlán no necesita que le nieguen la gravedad con boletines de normalidad, ni que le vendan como novedad el enésimo convoy. Necesita que el Estado explique el tratamiento completo: qué infección combate, qué cepa criminal detectó, qué órganos institucionales están comprometidos, qué dosis aplicará, durante cuánto tiempo y con qué indicadores aceptará que el medicamento no está funcionando.
Porque si cada repunte termina con otra caja de uniformes, pero sin expediente público de objetivos, resultados y correcciones, el problema deja de parecer una estrategia de seguridad. Parece una infección institucional tratada a ciegas: mucho antibiótico político, poca medicina de precisión y un paciente al que, sexenio tras sexenio, le siguen diciendo que ya casi se cura.
La cocaína líquida no es una nueva bebida de diseño para ejecutivos con delirios de narco: es clorhidrato de cocaína en polvo disuelto para atravesar las cadenas comerciales con un disfraz industrial y, de paso, hacer que escáneres, perros y aduanas jueguen a las escondidas con desventaja.
Cocaína con traje de mercancía
El recurso consiste en disolver el clorhidrato de cocaína —la sal cristalina que normalmente aparece como polvo— en agua, etanol, acetona u otros productos con compuestos como manitol, glucosa, celulosa o lactosa. La droga llega así a destino, camuflada como carga ordinaria, y luego es recuperada y procesada para entrar al mercado de distribución. Es decir: no desaparece; cambia de vestuario.
No es una innovación de ayer, aunque el método ha ganado terreno durante la última década. InSight Crime ubica registros en Bolivia desde 2011, durante una operación transfronteriza de menor escala. En los últimos cuatro años, cargamentos procedentes de América Latina han sido detectados en Francia, Croacia, España, Irlanda y Países Bajos.
El truco: hacer pasar droga por rutina
Los traficantes operan principalmente con dos mecanismos de ocultamiento:
Disolución en líquidos portadores: la cocaína se mezcla con líquidos y se envía en recipientes rotulados como champú o alcohol, o dentro de químicos, productos de limpieza, pinturas, adhesivos y resinas. En ocasiones se incorpora a mercancías comerciales legítimas; la coartada no es una etiqueta falsa, sino un producto aparentemente normal con una sorpresa química incorporada.
Impregnación en materiales sólidos: la cocaína se vuelve líquida y se absorbe en plásticos rígidos, partes de muebles, resinas acrílicas, carbón, cartón e incluso metales. La carga deja de parecer cocaína y empieza a parecer cualquier cosa menos cocaína, que es exactamente el punto.
Un caso ilustra la elasticidad del método: autoridades irlandesas incautaron este año madera contrachapada presuntamente enviada desde Sudamérica hacia un laboratorio clandestino en el condado de Kildare. Según el reporte, la madera habría sido triturada hasta convertirse en aserrín, impregnada con la solución y después exportada. Hasta un tablero de plywood puede acabar con más química criminal que vocación carpintera.
Europa ya no solo consume
La expansión del método está empujando una mutación relevante en el negocio: Europa deja de ser únicamente un gran mercado consumidor y asume un papel más activo como punto intermedio de procesamiento dentro de la cadena global de cocaína. La carga llega disimulada, se trata en laboratorios secundarios y luego se prepara para su distribución regional.
La Agencia de Drogas de la Unión Europea advirtió en 2026 sobre el auge de técnicas de ocultamiento físico y químico cada vez más complejas. Sus cifras reflejan que no se trata de un fenómeno marginal: en 2024, seis Estados miembros de la UE reportaron el desmantelamiento de al menos 42 instalaciones vinculadas con producción, extracción, corte o empaquetado de cocaína, frente a 34 en 2023.
La otra mitad del negocio
La “cocaína líquida” solo funciona si existe quien sepa revertir el camuflaje. En los laboratorios de procesamiento secundario, las soluciones son sometidas a procesos químicos para recuperar el estupefaciente: agua acidulada, alcalinización, precipitación, filtrado y secado. Es la parte menos vistosa de la operación, pero sin ella el cargamento sería apenas una mercancía sospechosamente cara y muy poco útil para la venta callejera.
La complejidad técnica también explica por qué el modelo fortalece redes con capacidad logística, conocimientos químicos y puntos de recepción seguros. No basta con sacar cocaína de América Latina: hay que enviarla sin levantar alarmas y contar, al otro lado, con un laboratorio capaz de sacarla de la pintura, el cartón, la resina o el aserrín.
No solo cocaína
La fórmula del camuflaje químico tampoco tiene exclusividad de marca. InSight Crime señala que métodos similares, aunque menos frecuentes, se usan para mover metanfetamina. En un decomiso de un envío procedente de México hacia Australia, la Policía Federal Australiana encontró metanfetamina incorporada en la pintura interior de un contenedor. Más tarde se recuperó equipo industrial presuntamente destinado a extraer la droga en una propiedad de Sídney vinculada con los destinatarios.
En resumen: el narcotráfico no ha inventado una cocaína nueva; ha perfeccionado su capacidad de hacerla parecer otra cosa. Y mientras la mercancía legal viaja en contenedores, pinturas y productos de limpieza, la droga aprovecha el mismo sistema global, con una eficiencia que vuelve especialmente incómoda la pregunta de cuántas cargas “normales” dejan de serlo cuando nadie está mirando.
