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miércoles, 22 de abril de 2026

«NO se FUGÓ…se FUE con PRIMITO de TIEMPO COMPLETO ?»: «NO HALLAN al GOPES MULTIASESINO del CDV que AMERICO dejó ESCAPAR de la CARCEL»…y ahora podria ser parte del sicariato del CDG como el «Marino loko».

En Tamaulipas hay dos cosas que nunca fallan garrafalmente igual que su gobernador: los comunicados oficiales llenos de “cero impunidad”… y las fugas que parecen coreografiadas con precisión quirúrgica. La más reciente joya del repertorio: la evasión de un multiasesino, exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) —ese grupo de élite que actuaba como «brazo armado» en los tiempos del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca,quienes combatian al crimen cometiendo mas crimenes y que ahora Americo Villarreal Anaya,dejó escapar, aunque antes lo quiso hacer el propio CDV al pretender inculpar al crimen, del crimen.

No es cualquier nombre en la lista. De acuerdo con la información y la evidencia tangible, «JOSE ARTURO», identificado como otro destacado miembro de la «FAMILIA N» y que se fugó del Centro de Justicia Penal en Ciudad Victoria el pasado 3 de abril,estaría vinculado no solo al Cartel de la Barredora» del CDV, tanto o cuanto mas peligrosos que CDG y/o CDN que comandaba FELIX ARTURO RODRIGUEZ, un ex-ficha roja de la INTERPOL ligados a la masacre de Camargo de 2021, donde 19 personas fueron calcinadas,17 de ellas migrantes,asi como otra terrible asesinato en contra de un indefenso ingeniero,con mas de 300 disparos en Rio Bravo.

Pero hoy,un caso que en teoría debía ser ejemplo de justicia…vuelve a exhibir la fragilidad del desgobierno de Villarreal Anaya y su manifiesta complicidad,el alma de su sistema operativo.

Porque aquí no estamos hablando de un reo improvisado que brincó una barda con una cuerda hecha de sábanas. Estamos hablando de un operador entrenado, con formación táctica financiada con dinero público incluso de EE.UU,como cita Milenio y que simplemente “se fue,se escapó,se escabulló,se juyó”. Y el gobierno “humanista” de Américo Villarreal, tan dado a los discursos de transformación, terminó administrando otra fuga de alto calibre y que nos remite al Fiscal de las fugas.

GOPES: del uniforme al submundo criminal

Los GOPES nacieron como grupo de operaciones especiales para darle nombre legal a otra turba de criminales apoyados entonces en el llamado CAIET,por cierto RECIEN desaparecido por Americo Villarreal a casi 4 años de gobernanza criminal.

En papel: élite policial. En la práctica —según múltiples señalamientos y expedientes—: una estructura que operaba en zonas mas negras y rojas que grises , donde la línea entre autoridad y crimen organizado se volvía peligrosamente difusa,borro$a.

El problema no es solo lo que hicieron en activo. Es lo que pasa después.

Cuando un elemento con entrenamiento táctico, conocimiento de inteligencia operativa y redes internas se fuga, no desaparece: se recicla.

La hipótesis incómoda: ¿reclutamiento natural?

En Tamaulipas ya vimos el caso de Erick Guevara, alias “El Marino Loko”, exelemento de la Marina que terminó operando como ejecutor para la estructura criminal de César Morfín Morfín, “El Primito”. Es decir: del Estado al narco, sin escalas.

Bajo ese antecedente, la pregunta no es descabellada:

¿Un ex-GOPES fugado, con historial violento y entrenamiento especializado, realmente está “prófugo”… o simplemente cambió de nómina?

Si, como apunta la evidencia mas que las versiones periodísticas que estos perfiles ya mantenían vínculos operativos con el crimen desde su etapa en activo, la fuga no sería una anomalía, sino una transición. Un movimiento administrativo no oficial: del uniforme al sicariato formal.

El patrón que nadie quiere nombrar

El verdadero escándalo no es una fuga. Es el patrón:

  • Elementos de élite acusados de abusos graves.
  • Procesos judiciales débiles o contaminados.
  • Fugas “oportunas”.
  • Reaparición —directa o indirecta— en estructuras criminales.

Y mientras tanto, los gobiernos cambian de color, pero no de resultados.

Epílogo: la seguridad como simulación

El caso expone algo más profundo: el Estado no solo pierde a estos elementos… los forma.

Cada operador que termina del lado criminal no es una falla individual, es un síntoma institucional. Es la evidencia de que las estructuras de seguridad no están conteniendo al crimen, sino alimentándolo.

Porque en Tamaulipas, al parecer, la especialización sí funciona… solo que no necesariamente para el lado que dicen los discursos.

Y mientras las autoridades siguen “investigando” cómo se escapó, la pregunta real ya es otra:

¿A quién está sirviendo ahora?

Y esto es verderamente peligroso,tanto como su gobernador y estructuras al servicio del crimen.

Con informacion:REDES/MEDIOS/

«NARCOS GANONES»: «MORENA VA contra GOBERNADORA PANISTA,AGENTES LOCALES y ENTES de EMBAJADA de EE.UU que MURIERON UNIENDO ESFUERZOS para COMBATIR NARCOS»…también participó el ejercito, pero con ellos no se mete el gobierno hipocrita.


En el teatro de la soberanía selectiva —esa que se invoca con solemnidad cuando conviene y se archiva en la gaveta cuando estorba— el oficialismo Moreno y el aparato legislativo a su servicio, ha decidido montar una función donde la muerte es apenas un daño colateral narrativo, un detalle incómodo que se barre bajo la alfombra para no interrumpir el discurso central: la supuesta afrenta a la patria por la presencia de agentes extranjeros que ya quedo claro estaban en las inmediaciones de la escena que combate al narco desmantelando narcolaboratorios que «desmantelan miles de vidas de este y el otro lado de la frontera».

Porque aquí no se discute, en el fondo, la infausta muerte —de miembros de una embajada, un jefe policiaco, un subordinado— sino el atrevimiento de haber cooperado sin pedir permiso al catecismo político de la 4T que se trasformo en adiciónes a la retrograda Ley de Seguridad Nacional que si la atendemos y entendemos a rajatabla, el gobierno en turno y su estratega han violado sistemáticamente al incumplir con lo dispuesto en su artículado y que en todo caso,tambien habrían violado la ley.

La indignación no brota por la violencia, sino por la intromisión. La sangre pasa a segundo término; la soberanía, en cambio, se convierte en bandera, aunque esté cuidadosamente maquillada para proteger intereses que rara vez coinciden con los de la seguridad pública y con demasiada frecuencia rozan la conveniencia del ecosistema criminal.

Conviene recordar —y aquí el alegato exige precisión quirúrgica— que estamos frente a materia regulada por la Ley de Seguridad Nacional, un ordenamiento que no admite interpretaciones caprichosas ni usos facciosos. 

Dicha ley establece con claridad los supuestos de cooperación internacional en materia de seguridad, así como los mecanismos de coordinación con agencias extranjeras. No es un terreno de improvisación política, sino de legalidad estricta. Y, sin embargo, es precisamente ese marco el que el propio oficialismo ha tensado, reinterpretado y, en ocasiones, abiertamente vulnerado cuando la narrativa así lo ha requerido.

Resulta entonces jurídicamente insostenible —por no decir abiertamente hipócrita— que hoy se pretenda erigir un escándalo institucional por hechos que, en otros contextos, han sido tolerados, promovidos o discretamente encubiertos por las mismas fuerzas políticas que ahora rasgan vestiduras. La ley no puede ser invocada como arma arrojadiza ni como escudo selectivo; su aplicación debe ser general, coherente y, sobre todo, consistente en el tiempo.

En este contexto emerge el punto de acuerdo promovido por la bancada de Morena en el Senado, que busca llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal César Jáuregui. La acusación: haber permitido la participación de agentes estadounidenses en un operativo antinarco. La premisa: una supuesta violación a la legalidad. El trasfondo: una disputa política revestida de formalidad jurídica.

El procedimiento, por supuesto, avanza con la previsibilidad de una mayoría disciplinada: turno a comisiones, dictamen expedito, aprobación en el pleno antes del cierre del periodo. Una coreografía parlamentaria que apunta más a la escenificación que al esclarecimiento. Porque si de verdad se tratara de un examen serio de constitucionalidad, la lupa tendría que ampliarse mucho más allá de Chihuahua.

Y ahí es donde el argumento opositor —convenientemente incendiario, pero no por ello carente de sustancia— introduce una variable incómoda: la selectividad. Si la vara es la legalidad en materia de seguridad nacional, entonces la lista de comparecencias no puede limitarse a una gobernadora panista. La consistencia exigiría revisar actuaciones de múltiples entidades, incluidas aquellas gobernadas por Morena, donde la línea entre cooperación, omisión y tolerancia ha sido, en el mejor de los casos, difusa.

La analogía de Poncio Pilatos, traída al debate por Ricardo Anaya, no es jurídicamente elegante, pero sí políticamente eficaz: lavarse las manos transfiriendo responsabilidad a un actor opositor mientras se evita una revisión integral del fenómeno. Y ese, precisamente, es el núcleo del problema.

Porque al final, lo que se está litigando en la arena pública no es solo la presencia de agentes extranjeros, sino el control del relato: quién define qué es soberanía, cuándo se viola y, sobre todo, a quién se le exige rendir cuentas. Mientras tanto, la violencia real —la que produce cadáveres y descompone territorios— queda subordinada a una disputa de competencias que, paradójicamente, termina beneficiando a quienes operan mejor en la ambigüedad: las estructuras criminales.

Así, entre exhortos legislativos y comparecencias anunciadas, la soberanía se convierte en un concepto elástico, útil para el discurso pero incapaz de ofrecer respuestas efectivas. Y la ley, esa que debería ser el ancla del Estado, termina utilizada como instrumento retórico en una batalla donde la prioridad no es la justicia, sino la conveniencia política.

Con informacion: ELNORTE/

martes, 21 de abril de 2026

"¿LLEVA ARMAS a MEXICO ?...y DINERO ?": EN "REVISIONES en GARITAS de EE.UU RUMBO a MEXICO se HAN ATORADO AUTORIDADES de TAMAULIPAS"...de ida y vuelta,funcionarios replican conducta mañosa de su gobernador.


Mientras en México se repite como mantra que las revisiones de retenes engorrosos “van dando resultados sin que se vean, salvo lo agujerados que estan”, la realidad incómoda es que esos resultados están cayendo, irónicamente, del lado estadounidense… y exhibiendo lo que cruza lo mismo hacia territorio mexican,que de Mexico a EE.UU con demasiada facilidad.

En el Puente Internacional “Los Tomates”, en Brownsville, la escena parece rutinaria: una agente del buro de Alcohol, Tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF) se asoma por la ventanilla y suelta la pregunta de rigor, casi con insistencia quirúrgica: si el conductor lleva armas, municiones o cartuchos rumbo a Matamoros.

El hombre, albañil según dice, niega todo…pero se pone nervioso. Error clásico. Lo bajan, casi le desarman el carro pieza por pieza, perro incluido. No encuentran nada esta vez, pero el procedimiento no es simbólico: es sistemático y tiene argumentos para hacerlo.

Porque aquí está el detalle que desarma discursos oficiales:Estados Unidos no solo está ocupado en frenar droga e indocumentados que entran a su territorio; también está interceptando lo que sale… y lo que sale incluye armas, municiones y dinero en efectivo que, casualmente, terminan alimentando la violencia en México y de paso la corrupción oficial como recien ocurrio en la Fiscalia de Justicia bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal Anaya.

El portavoz de CBP en Brownsville, Elías Rodríguez, lo dice sin rodeos: han detectado armas, balas y grandes cantidades de dinero no declarado escondido en vehículos que van hacia México. Es decir, el flujo que tanto se minimiza en el discurso político mexicano está siendo documentado, contado y decomisado… pero del otro lado del río.

Los números no son menores ni anecdóticos. En el año fiscal 2025, aseguraron 514 armas y casi 55 mil cartuchos. Y en lo que va del ejercicio actual, ya van 835 armas y más de 78 mil cartuchos incautados. Sí, más en menos tiempo. Una tendencia que difícilmente encaja con cualquier narrativa de “contención exitosa” dentro de México que lo mejor que hace es quejarse por las armas de fuego que EE.UU deja salir,cuando en su cancha esta impedir que puedan entrar.

Y no solo es armamento. La oficina regional de Laredo —que cubre desde Brownsville hasta Del Río— reporta decomisos que pintan el mapa completo del negocio: más de 71 mil libras de narcóticos (con valor estimado en 674 millones de dólares), incluyendo metanfetamina, cocaína, marihuana, heroína y fentanilo, además de 5.4 millones de dólares en efectivo no declarado. Todo detectado gracias a tecnología, protocolos y revisiones que, guste o no, funcionan.

Mientras tanto, el contraste es brutal: en Texas comprar y portar armas puede ser legal bajo ciertas condiciones, pero cruzarlas a México es delito. Y aun así, el intento persiste. No por ignorancia —aunque ese sea el argumento cómodo— sino porque hay una demanda clara del otro lado y redes que esperan ese flujo.

El procedimiento de inspección raya en lo obsesivo: espejos para revisar la parte baja del vehículo, lámparas para detectar cavidades, golpes a la carrocería en busca de compartimentos ocultos, desmontaje de molduras, revisión de guanteras, asientos y motor. Y del otro lado, los arcos de rayos X clasifican densidades como si fueran tomografías del contrabando.

La paradoja es evidente: mientras autoridades mexicanas presumen operativos y control, son las agencias estadounidenses las que están documentando —y frenando— parte del suministro que alimenta a los grupos criminales en México. Es decir, el “éxito” existe… pero no donde presumen las largas filas en retenes militares y policiacos de muy pocos resultados, casi nulos.

Y en medio de todo, la pregunta incómoda sigue flotando: si del lado norte pueden detectar armas, dinero y droga con este nivel de precisión, ¿qué tanto está pasando sin ser visto —o sin ser querido ver— una vez que cruza el río en ambos sentidos y Mexico con sus retenes, no ve nada o ve muy poco, que causalidad.

Con informacion: ELNORTE/

«AVEZADOS y ABUSIVOS»: «CRIMINALES que ABUSAN del FRACASO de ESTRATEGIA PICAN un DUCTO cada 50 MINUTOS»…en cualquier lógica mínimamente funcional, esto sería un escándalo institucional.


En el México oficial, el combate al huachicol es un “logro estratégico”. En el México real, alguien perfora un ducto de Pemex cada 50 minutos. Sí: menos de lo que dura una película mediocre de streaming. Así se fue 2025, con 10 mil 591 tomas clandestinas registradas por la propia petrolera del Estado. No es percepción: es estadística oficial.

La narrativa gubernamental presume una reducción del 10 por ciento respecto a 2024. La realidad, menos cómoda, muestra otra cosa: el delito no desaparece, se muda, se adapta y se especializa. Como cualquier mercado criminal exitoso… o como cualquier política pública fallida.

Hidalgo sigue siendo la capital nacional del saqueo energético, con 2 mil 785 perforaciones. Traducido: ahí no hay combate, hay industria. El Estado de México tampoco se queda atrás, con un aumento de 18.2 por ciento, mientras Baja California confirma que el huachicol ya no es problema regional, sino franquicia nacional.

Pero el dato que desmonta cualquier discurso triunfalista está en el gas LP: mientras el gobierno vigila ductos de gasolina, el crimen simplemente cambió de producto. Las tomas clandestinas de gas crecieron 21.83 por ciento en un año. En entidades como Hidalgo (mil 600 por ciento de aumento) y Guanajuato (337.5 por ciento), el mensaje es claro: no se está conteniendo el delito, se le está abriendo mercado.

Puebla y el Estado de México completan el mapa de esta expansión silenciosa, donde el huachicol deja de ser sólo ordeña de gasolina para convertirse en un negocio diversificado, con nuevas rutas, nuevos actores y la misma ausencia del Estado.

Denunciar mucho, castigar poco

El otro gran ducto perforado es el de la justicia. Entre 2010 y 2025, Pemex denunció a 2 mil 108 personas por robo de hidrocarburos. ¿Cuántas fueron procesadas? 849. Apenas el 40 por ciento.

En cualquier lógica mínimamente funcional, eso sería un escándalo institucional. En México, es estadística rutinaria.

Tan sólo en 2024 y 2025 hubo 9 mil 922 denuncias por este delito. El sistema judicial, sin embargo, opera como filtro de impunidad: deja pasar la mayoría de los casos sin consecuencias reales. Así, el huachicol no sólo es rentable por el combustible robado, sino por el bajo riesgo penal.

Y como en toda estructura criminal que se respeta, la infiltración interna no es excepción sino regla: en 15 años, apenas 51 trabajadores o ex trabajadores de Pemex han sido procesados por su probable participación. Una cifra que suena más a control de daños que a depuración institucional.

La simulación como política energética

El problema no es sólo el número de tomas clandestinas. Es el modelo: operativos mediáticos, reducción marginal de cifras y una incapacidad estructural para desmantelar redes que llevan años —y sexenios— funcionando.

Cada perforación no sólo drena combustible: evidencia la fragilidad del Estado, la complicidad local y la inutilidad de una estrategia que confunde contención con éxito.

Porque mientras el gobierno celebra que bajó el número total, el crimen organizado celebra algo más importante: sigue en el negocio, gana terreno en nuevos mercados y, sobre todo, casi nunca paga por ello.

Con informacion: ELNORTE/

EL «CERCO a ANDY del MAYOR SIGILO»: «MAGENTA PRESUME CATEO a PETROLERA en HOUSTON TX pone en APRIETOS a HIJO de AMLO de CONCIENCIA PRIETA»…de problemas de dinero van a pasar a problemas por el dinero.


Con el mayor sigilo, sin hacer exhibición pública, agentes del FBI, del IRS y de Homeland Security catearon el pasado jueves las oficinas de Ikon Midstream LLC, en Houston, Texas. Esa es la corporación petrolera que presumiblemente habría operado algunos de los mayores envíos de diésel y gasolinas en buques que, en los últimos siete años, ingresaron a México sin pagar impuestos. Los proveedores desde Estados Unidos del llamado “huachicol fiscal” a las redes de contrabando creadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

De acuerdo a fuentes de inteligencia que participaron la semana pasada en esa redada, fueron confiscadas computadoras y servidores de la empresa petrolera que en sus redes sociales presumen ser los mayores proveedores de refinados y aceites al mercado mexicano. No se reportaron detenciones de ejecutivos.

El objetivo de este cateo es el de cotejar el origen y destino de cientos de miles de barriles de diésel, gasolinas y otros derivados petrolíferos, que fueron enviados en pipas, ferrocarriles, pero sobre todo, en grandes barcos, a fin de detectar presuntos ilícitos en un esquema que coloca a Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, en el epicentro de ese negocio ilícito. Las sospechas apuntan al jefe supremo del “Modus OperAndy”, quien con su red de amigos en Pemex falsificaba los permisos de importación para hacer pasar como aceites baratos, sin pago de impuestos, lo que en realidad eran diésel y gasolinas.

La presunción del contrabando de combustibles a México por parte de Ikon Midstream se da, luego de que hace un año, distintos medios -muy en particular la agencia informativa Reuters- denunciaron que esa corporación texana servía a los intereses de empresas como Intanza, una organización  mexicana con supuesta sede en Monterrey, que se presume es una fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los abogados de Ikon Midstream negaron reiteradamente cualquier ilícito, pero conforme las autoridades norteamericanas fueron compulsando los envíos de combustibles -sobre todo de diésel- encontraron las suficientes sospechas para solicitar la orden  de cateo a la corporación petrolera de Houston, Texas. El valor del diésel exportado a México desde Vancouver, Canadá, y que fue adquirido a la empresa Imperial Oil, era de 13 millones de dólares. El permiso que falsamente reportaba lubricantes lo ubica en 1.3 millones de dólares. Apenas una décima parte de su valor real.

El caso del buque Torm Agnes fue uno de los más reveladores del “Modus OperAndy”. Arrendado por Ikon Midstream a una naviera de Dinamarca, el Torm Agnes dejó de prestar servicios a la empresa texana hace más de seis meses -en septiembre de 2025- cuando se exhibió públicamente que, el buque, presuntamente fue utilizado para introducir combustible de contrabando a México empleando papelería falsificada desde Pemex.

La investigación se centró en un cargamento de 120 mil barriles de diésel adquiridos en Canadá y que Ikon Midstream transportó el 8 de marzo de 2025 en el Torm Agnes hasta el puerto de Ensenada. Otros envíos con la misma embarcación fueron desembarcados en los puertos de Guaymas y Tampico.

Los reportes de Ikon Midstream dados a conocer por la agencia Reuters revelaron que, entre octubre de 2019 y mayo de 2025 -todo bajo el gobierno de la Cuarta Transformación-, desde esa corporación se hicieron 149 envíos de combustibles a México.

Sesenta y siete de esos envíos fueron operados en buques a puertos mexicanos.

La denuncia de Reuters motivó que, en noviembre de 2025, Ikon Midstream interpusiera una demanda por difamación ante una Corte de Texas. Reuters se sostuvo en su investigación  y, ahora, la sospecha vuelve a colocarse sobre la mesa con el cateo a los cuarteles generales de la petrolera en Houston.

De acuerdo a investigadores relacionados con el cateo, lo que se está buscando es la vinculación entre la documentación de las exportaciones de diésel a México, bajo la corporación Ikon Midstream y los permisos, presuntamente alterados, para hacer pasar como aceite lo que en realidad es combustible. Todos emitidos por Pemex.

Y eso coloca este caso investigado por las máximas autoridades de inteligencia de los Estados Unidos -no en México- tras la pista de “Andy” López Beltrán, quien de la mano de su amigo Daniel Asaf y su cómplice, Marcos Herrería, articularon en Pemex la enorme red de 22 personajes que gestaron el fraude fiscal del huachicol que, se estima, generó ganancias por arriba de los 25 mil millones de dólares. La trama fue revelada en octubre de 2025 por Código Magenta.

Si de los documentos que se extraigan de las computadoras decomisadas el pasado jueves, a Ikon Midstream en Houston, se logra establecer la vinculación entre la falsificación de los permisos, la red de Andy López Beltrán en Pemex y sus peligrosas relaciones con la empresa Intanza, fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación, el hijo del ex presidente podría enfrentar un juicio en los Estados Unidos. El cerco sobre Andy López Beltrán está en curso. El cateo de Houston lo coloca en la mira.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«CAYO OTRO SNOPY pero…NO la CHISPA ?»: «OPERATIVOS FEDERALES siguen SACANDOLE la VUELTA al LUGARTENIENTE GOLFO que ABRAZA al GOBERNADOR de TAMAULIPAS»..para que la fiesta CDG y su orgia de extorsion,levantón y muerte,siga intocada..


En Reynosa, Tamaulipas, la autoridad y sus operativos siguen demorando un acto de justicia,la captura de un reconocido lugarteniente del Cartel del Golfo que abraza al gobernador de Morena,Americo Villarreal,por otro sujeto de poca monta y de baja estofa que distrae los recursos que ni siquiera buscan al ex-militar Mario Guitian Rosas,recien señalado por la DEA, Azteca Noticias y todo Reynosa,como liderazgo de facto del Cartel del Golfo.

De acuerdo con El Universal, la mas reciente captura se dio en contra de quien resulta ser hermano de Iris Chavira, directora de Tránsito y Vialidad del municipio y fue identificado por las autoridades como mando operativo del Cártel del Golfo,es decir,al lugarteniente se resisten a capturarlo, pese a la evidencia.

La noticia vuelve a restregar en el rostro la dinamica operativa que privilegia la captura del «infeliciaje criminal» por encima de los eslabones de la cadena de valor que empoderan al Cartel de manera politica y criminalmente organizada y que se repite en todo Tamaulipas.

Y es que esta por demas claro que en esta entidad bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, los carteles operan fusionándose mas que infiltrandondose con el gobierno,como recien quedo claro y por tercera vez en Matamoros, una ciudad donde los apellidos y las lealtades suelen cruzarse con una facilidad alarmante con el Cartel del Golfo.

Pero mientras el discurso oficial insiste en que “se combate al crimen”, la realidad vuelve a responder con su propia ironía: el crimen no solo se combate, también se sienta a la mesa, comparte la cena con el gobernador y este les comparte los contratos.

Es tal el nivel de protección y el tamaño que su osadía que se exhiben ante la prensa a modo para declararse inocentes y desafiar a la autoridad que anda ocupada capturando «takuachez».

La selectividad como rutina

La detención puede ser relevante, sí, pero también funciona como radiografía de una autoridad selectiva que evade ir por el pez grande y opta por pescar charales. 

En un lugar donde cada detención promete ser “un golpe” al crimen, lo único realmente constante es la sospecha de que es la red criminal la que decide las capturas de los suyos para alimentar el trabajo de la autoridad y no toquen al resto para que la fiesta y la orgia de extorsion,levantón y muerte,siga intocada..

Con informacion: ELUNIVERSAL/