La postal era de manual: el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezando una clase de boxeo el 6 de abril y celebrando en Instagram que “el deporte nos invita a vivir una vida plena y en paz”. Entre los deportistas estaba Omar Chávez Carrasco. Para entonces, desde un mes antes, el hijo de Julio César Chávez ya cargaba una denuncia por violencia familiar equiparada: la acusación de haber golpeado a su pareja hasta causarle lesiones que requerían atención hospitalaria. Paz, sí; pero para la fotografía.
Para Chantal —sobreviviente y denunciante— aquella imagen no fue un gesto deportivo sino una advertencia pública de poder: “Eso fue una burla para mí”, dice. A su juicio, la publicación proyectaba que Omar Chávez tenía el respaldo del gobernador y de “todos”, como si eso debiera bastar para que ella abandonara la denuncia. La querella que presentó a inicios de marzo de 2025 no solo abrió un expediente: según su testimonio, inauguró una cadena de agresiones, omisiones y terror.
Chantal sostiene que el deterioro de Omar Chávez estaba atravesado por el consumo de Itravil, un anorexigénico que usaba para bajar de peso. Dice que podía tomar dos o tres pastillas, pero que en ocasiones ingería una caja completa de 30; después venían las apuestas, el dinero que no alcanzaba y las deudas. Según su relato, la primera agresión física ocurrió cuando él la obligó a pedir dinero a familiares, amistades y conocidos para apostar y comprar más medicamentos.
En marzo de 2025, Chantal terminó golpeada, logró recibir atención y escapó de la vivienda dejando atrás ropa y pertenencias. “No me importaron, lo que quería era salvarme”, resume. Pero su denuncia, afirma, no pasó de la declaración inicial: la Fiscalía General no emitió medidas cautelares ni, según ella, hizo un esfuerzo suficiente para llevar al boxeador ante la autoridad.
Trece días de cautiverio
En mayo de 2025, Chantal asegura que Omar Chávez envió a dos hombres para obligarla a desistir. Denuncia que fue privada de la libertad durante 13 días, incomunicada en redes sociales, golpeada y mantenida con vida para seguir siendo agredida. “Ellos tenían el plan hasta de enterrarme en una fosa”, relata.
El contexto vuelve todavía más brutal la acusación: mientras Chantal narraba su caso, la Fiscalía de Sinaloa reconocía que, en un año y medio, 452 mujeres habían sido reportadas como desaparecidas; 181 fueron localizadas y 11 aparecieron asesinadas. No es una estadística abstracta cuando una sobreviviente dice que temió terminar bajo tierra.
Su fuga ocurrió a través de un pedido de comida. Chantal pidió alimentos por aplicación porque no había comida en el sitio donde permanecía retenida. Omar, según cuenta, sospechó que usaría al repartidor para pedir auxilio y quiso cancelar el pedido. Ella insistió en que tenía hambre y propuso que bajaran juntos. Cuando él salió a la reja a recoger la orden, ella abrió el portón, corrió y gritó.
El repartidor, paralizado, no se atrevió a subirla al vehículo. Detrás de ella venía Omar Chávez, descalzo y persiguiéndola. Una trabajadora de limpieza de una casa vecina vio sus heridas, pero dijo que no podía ayudarla ni siquiera prestarle un teléfono. Solo pudo animarla a seguir corriendo. No bastó: él la alcanzó y, de acuerdo con el testimonio, intentó cargarla por la fuerza de vuelta a su casa.
“Si ya me vas a llevar, por lo menos llévame al hospital o a mi casa para sanarme”, le pidió ella. No ocurrió. Pero, cuando llegó nuevamente al portón, una mujer en un automóvil intervino: le dijo que no entrara, que no le hiciera caso y que se subiera. Chantal subió sin saber quién era. La conductora la llevó al Hospital General de Culiacán.
La ruta de la impunidad
En el hospital la esperaba Amalia, madre de Omar Chávez. Chantal afirma que le explicó lo sucedido, pero que la sacaron del lugar antes de recibir atención. Ella sospecha que buscaban evitar que quedara constancia médica de la agresión, pese a que los hospitales públicos tienen el protocolo de notificar al Ministerio Público los casos de violencia contra mujeres.
La madre del boxeador la llevó a su casa con la promesa de cuidarla. Allí, al menos, pudo usar un teléfono: llamó a una hermana, quien fue por ella. El 26 de mayo de 2025, ambas denunciaron a Omar Chávez por violencia familiar equiparada, privación ilegal de la libertad y lesiones. Después, Chantal se refugió fuera de Culiacán.
El expediente permaneció prácticamente inmóvil durante casi un año. Omar Chávez fue detenido el 20 de mayo de 2026 por la Fiscalía de Sinaloa, y posteriormente fue vinculado a proceso; sin embargo, un juez determinó que enfrentara el procedimiento en libertad. La familia ha defendido públicamente que todo se redujo a una discusión y forcejeos. Las fotografías incluidas en el expediente, según la denuncia, muestran a Chantal con golpes en cara, brazos y torso.
“Cuando me golpeaba, luego publicaba fotos o videos como si estuviera en el gimnasio entrenando. No hay que creer todo lo que se sube a redes sociales”, dice Chantal. La frase desmonta el decorado: mientras en internet se fabricaba la imagen del atleta disciplinado, ella asegura que recibía fuera del ring golpizas comparables a las que él propinaba como boxeador profesional.
Libertad para él, miedo para ella
Tras la audiencia inicial, se establecieron seis meses de medidas cautelares, incluida una restricción para que Omar Chávez y otras personas involucradas no se acercaran a Chantal. Pero ella afirma que la orden ha sido incumplida: asegura tener un mensaje de Instagram enviado por él, pese a que no debería contactarla.
Su temor no es retórico ni una frase de cierre para una entrevista. Dice estar exhausta de enviar cartas a la Fiscalía, de no saber quién la protege y quién protege al acusado, y de preguntarse si existen funcionarios corruptos que lo ayudan. Teme que, cuando terminen los seis meses de restricciones, él interprete el fin de la medida como luz verde para volver a dañarla.
La escena inicial ya no luce como una clase de boxeo ni como una publicación inocente sobre bienestar. Queda como el retrato de un sistema donde el poder posa, el agresor presuntamente presume respaldo y la sobreviviente tiene que huir, gritar, escapar y pedir ayuda públicamente para que alguien, por fin, escuche.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MARCOS VIZCARRA
