«SHEINBAUM CONFESÓ INVOLUNTARIAMENTE que GOBERNADORES que NO TIENEN VERGÜENZA, NO TIENEN VISAS»… no niega, reprocha que se las quiten y que se haga público.

Basta con escuchar el video, la Presidenta Claudia Sheinbaum quiso salir a defender lo indefendible… y terminó diciendo más de lo que probablemente debía.

En su intento por blindar a dos gobernadores mas ,acusados de ligas con el crimen organizado, Americo Villarreal de Tamaulipas y Alfonso Durazo de Sonora,ambos del partido de Morena, la presidenta lanzó una frase que,leída con lupa, suena menos a defensa y más a admisión involuntaria:

“¿Cuál es la intención de retirarles las visas y hacerlo público?”

Aquí Sheinbaum no niega; reprocha que se las quiten y que se haga público; es decir, le hubiera gustado que permaneciera en secreto.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria fiel al guion,trato de culpar a la extrema derecha por atacar a su gobierno.:

“Vamos a filtrarlo… ya lo había dicho. Proviene de cierto sector… Vamos a asustar a los mexicanos: les vamos a quitar su visa.”

En términos prácticos, es una confesión disfrazada: sí hubo medidas, pero nadie en Washington se tomó la molestia de avisarle formalmente a Palacio Nacional.

Y eso no es un detalle menor. En el mundo real, Estados Unidos no necesita pedir permiso ni enviar memorandos diplomáticos para cancelar visas cuando hay sospechas de vínculos con el narcotráfico. Lo hace, punto. 

Así que la defensa presidencial termina siendo un acto de contorsionismo político: intenta proteger a sus aliados sin negar el hecho central. Y al hacerlo, deja entrever lo que realmente está pasándolo que no sorprende ,son de la misma camada.

Con informacion: BREITBART/

«40 MILLONES de PESOS: EXHIBEN OTRA VEZ TRAMPA MULTISEÑALADO de HACER NEGOCIOS con el PODER que NO MIENTE,NO ROBA,NO TRAICIONA,NOMAS se ALQUILA»…el que se burlaba que iba descarrilar tren interoceanico.

En México hay tradiciones que no se pierden: el pozole, el grito… y los amigos del poder haciendo negocio con el poder. Cambian los colores, cambian los discursos, pero la práctica se mantiene sospechosamente intacta.

Ahora resulta que el Poder Judicial —ese que debería ser contrapeso, no cliente frecuente— ha estado pagando renta a un personaje cercano al círculo íntimo de Andy López Beltrán hijo de Andres Manuel Lopez «Hablador». El beneficiario: Amílcar Olán, quien, según reportes, ha recibido al menos 40 millones de pesos en contratos de arrendamiento. Nada mal para alguien bien conectado.

Pero aquí no pasa nada, porque estamos en la era del gobierno que “no miente, no roba, no traiciona”. Eso sí, se alquila,renta y paga puntual, además.

El patrón es viejo, aunque el discurso sea nuevo. Los vínculos personales se convierten en oportunidades de negocio, las instituciones en arrendatarios dóciles y el dinero público en una especie de membresía VIP para los cercanos al poder. No es corrupción, dirán algunos; es coincidencia reiterada.

Lo interesante no es solo el monto —40 millones dan para muchas casualidades—, sino la normalización. Que ya no sorprende. Que apenas genera un encogimiento de hombros. Que el escándalo dura lo que tarda en aparecer el siguiente.

Asi lo publica EL UNIVERSAL:

Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, le renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación (PJF). El primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, establece una renta mensual de más de 650 mil pesos durante 57 meses, lo que equivale a más de 40 millones de pesos por la vigencia del acuerdo inicial.

El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco, en donde se instalaron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el acuerdo se llevó a cabo a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Según el contrato consultado por EL UNIVERSAL, el documento se firmó el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco. Inicialmente, Olán Aparicio rentó el inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento por un monto de 650 mil pesos, a los que sumaron 52 mil 570 pesos por cuota de conservación y mantenimiento; dando un total de 702 mil 570 pesos de renta mensual.

Una modificación al contrato firmada el 30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México establece que, el 15 de febrero de ese año, Olán Aparicio manifestó el deseo de incrementar la renta mensual a 715 mil 568 pesos,incluyendo la cuota de mantenimiento, a partir del 1 de mayo de ese mismo año.

El PJF pagó a Olán Aparicio al menos 6 millones 323 mil 138 pesos por la renta del inmueble por los primeros nueve meses de arrendamiento previos a la modificación al precio de alquiler. En los 48 meses posteriores, que abarcan del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023, se habrían desembolsado otros 34 millones 347 mil 288 pesos.

La suma total de lo que habría pagado el PJF al empresario tabasqueño durante los primeros cinco años de arrendamiento es de 40 millones 670 mil 427 pesos. Sin embargo la información de la PNT muestra variaciones respecto al monto entregado al empresario por estos años, pues reporta cantidades de entre 48 millones 845 mil 550 y 54 millones 803 mil 775 pesos.

Los representantes del CJF que firmaron el contrato celebrado en 2018 fueron Miguel Francisco González Canudas, Secretario Ejecutivo de Administración; Salvador Robles Cruz, Coordinador de Administración Regional y Alfredo Jesús Arriaga Uribe como Director General de Asuntos Jurídicos.

La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez en el cargo de Secretario Ejecutivo de Administración. También firmaron Rodrigo de Zulueta Rodrigo, entonces Coordinador de Administración Regional del CJF y Adrián Valdés Quirós, quien se desempeñaba como Director General de Asuntos Jurídicos.

Ríos Camarena fue acusado en 2021 de incurrir en irregularidades como contrataciones del CJF sin procedimientos de licitación y con un sobrecosto de hasta el 30%, pero fue exonerado en 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a falta de pruebas.

Por otro lado, De Zulueta Rodrigo fue señalado en una investigación del diario EL PAÍS por formar parte de una trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.

El contrato firmado en 2018 y su modificación de 2019 establecen una vigencia de 5 años a partir de la firma del acuerdo, expresando como fecha de término el 30 de abril de 2023, sin embargo una cláusula establece que “si al término del plazo forzoso, ‘el consejo’ continúa en uso y goce del inmueble, el arrendamiento continuará por tiempo indeterminado”.

EL UNIVERSAL consultó al Órgano de Administración Judicial (institución que sustituyó algunas de las funciones del CJF tras la reforma judicial) acerca de la continuidad del acuerdo con el empresario tabasqueño. En respuesta, el órgano señaló que en mayo de 2023 se firmó un “convenio modificatorio” que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en que se suscribió un nuevo contrato que finalizó el 31 de diciembre de aquel año. El 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato. Sin embargo, la institución no detalló si hubo cambios en el monto que se paga mensualmente.

“No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, detalló el órgano.

Olán se beneficia de la 4T

El portal Latinus ha reportado que Olán Aparicio es prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán, en julio de 2025 el medio reveló que Olán se introdujo al negocio del desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios a través de su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto “Cabo Paraíso”, una propuesta para la construcción de un exclusivo fraccionamiento de 23 hectáreas con 404 casas residenciales, 70 departamentos y cuatro superficies comerciales, a dos kilómetros de la Refinería de Dos Bocas.

Además, el portal de noticias lo señala como operador central de “El Clan”, una “red de corrupción y de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán”, la cual, asegura, ganó dinero a través del Tren Maya, PEMEX, Sedena y con la venta de medicinas a gobiernos morenistas.[

También se le señala de ser proveedor de balastro para la línea K del Tren Interoceánico, por un contrato de 47.6 millones de pesos, obra supervisada por el hijo del expresidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán

En 2024, audios revelados también por Latinus registraron que supuestamente Olán Aparicio aseguró que Gonzalo López Beltrán les repartió las minas en Oaxaca para explotarlas y sacar balastro, “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”, se escucha en el registro.

En 2023 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una de las empresas del empresario tabasqueño, Romedic, recibió entre 2020 a 2022 contratos por más de 490 millones de pesos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en Quintana Roo y Tabasco.

Porque al final, la promesa de transformación parece haberse quedado en eso: promesa. Mientras tanto, el negocio —ese sí— sigue operando con eficiencia suiza y discreción tropical.

Y así, entre rentas, amistades y discursos, el poder en México sigue demostrando que no se hereda… pero sí se comparte. Con los cuates.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«AMÉRICO CHALLENGE…¿acepta el RETO?: AZUCENA RETA GOBERNADORES SIN_VERGUENZAS de TAMAULIPAS y SONORA MOSTRAR su VISA…que prueben su probidad.

“A ver, gobernadores, no se me anden haciendo los sorprendidos. Si, como dicen, todo es falso, todo es invento y todo es ‘fake news’ de sobremesa, entonces háganle fácil al público el milagrito: saquen la visa y muéstrenla. No pedimos una conferencia de prensa con mariachi ni un acta notariada de inocencia; pedimos un papelito muy sencillo para cerrar la boca del escándalo.

Porque aquí el punto no es si cualquier mexicano necesita visa para ir a la frontera a comprar un café, sino si un servidor público que presumiblemente la tuvo, la trae o se la tumbaron, puede explicar por qué. 

Y ahí es donde se les empieza a atorar el discurso, porque una cosa es hablar fuerte en público y otra muy distinta aguantar una revisión seria sin que se les caiga el teatro.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal, si tan seguros están de que no traen nada pendiente con Estados Unidos, pues muy sencillo: visa en mano, asunto arreglado. No hay que hacerle al suspenso de telenovela ni al ‘yo no fui’ de primaria. El problema es que cuando alguien evita enseñar lo básico, la sospecha crece más rápido que la propaganda.

Porque en política, cuando el silencio se alarga demasiado, ya no parece prudencia: parece culpa con corbata.

El recuerdo de Rubén Rocha Moya está fresco precisamente por eso: mucho escape, mucho rodeo, mucha explicación de pasillo… y al final, ninguna prueba convincente sobre lo que se le pedía mostrar. Por eso ahora el reclamo suena más frontal: no basta con negar, hay que enseñar la tarjeta de entrada al club o aceptar que el humo no sale de la nada.

En resumen: muestren la visa o aguanten el sospechosismo. Porque en esta historia el verdadero problema no es el plástico, sino la pregunta que lo persigue: ¿por qué tanto nervio por un documento si, según ustedes, no hay nada que esconder?

Con informacion: @AzucenaU/

«YA NO QUISO ser INFORMANTE ?: DESTACA la PRENSA NACIONAL los 19 MESES de AMERICO SIN CRUZAR a EE.UU»…rompecabezas ya no necesita muchas piezas: lo que sobran son indicios.

Aunque Tamaulipas es un Estado altamente integrado a Texas, el Gobernador morenista Américo Villarreal lleva 19 meses sin realizar una visita a Estados Unidos, periodo en el que habian circulado versiones sobre que Washington le revocó su visa, hastaque ayer fue confirmado que carece de ella.

Y es que en esta entidad de ciudadanos con mala suerte con sus gobernantes, la realidad política parece más un expediente abierto que una administración pública. Entre “revisiones de rutina” a Alberto «Beto» Granados, alcalde de Morena en Matamoros, que duran ocho horas y gobernadores que misteriosamente no pisan Estados Unidos, el rompecabezas ya no necesita muchas piezas: lo que sobra son indicios.

El caso de “Beto” y sus largas conversaciones con autoridades —esas que oficialmente no dicen nada pero extraoficialmente lo dicen todo— vuelve a poner sobre la mesa al alcalde morenista señalado como “Escorpión”, mas por al evidencia que por la simple sospecha.

Porque cuando una revisión dura lo que una jornada laboral completa y de un dia pa’otro, ya no es revisión: es radiografía. Y según diversas versiones, lo que salió de ahí no es precisamente limpio.

Los indicios, dicen, ya serían suficientes para encuadrar responsabilidades penales tanto en México como en Estados Unidos. Pero aquí entra el clásico ingrediente nacional: la protección, pero mas que la institucional, la otra, la que no se escribe pero se siente. Esa que convierte expedientes en papel mojado y sospechosos de la «familia morena’ en intocables.

No es cosa menor, si un gobernador como Américo Villarreal lleva 19 meses sin cruzar a Estados Unidos en un estado cuya vida económica depende de Texas es una casualidad curiosa ,pero mas una causalidad si incluimos los señalamiento de Los Angeles Timesy la confirmación de Zeta Tijuana.

El gobernador dice que no, que todo está en orden. Pero hay un pequeño detalle: no muestra la visa ni hay registro reciente de viajes. La última visita documentada fue en noviembre de 2024, cuando fue a ver cohetes de SpaceX… porque al parecer eso sí no genera sospechas.

Fuentes cercanas, además, dicen no tener idea de viajes recientes ni de si Villarreal estaría entrando bajo algún esquema especial como el “Significant Public Benefit”, ese comodín legal que permite el acceso a EE.UU. cuando alguien “coopera”. Traducción al castellano llano: cuando sabes cosas que interesan y tu cruzas a ponerles el dedo para salvarte tu.

Y no es un caso aislado. En Tamaulipas parece haber una epidemia selectiva de visas desaparecidas. El diputado Mario López ya perdió la suya al igual que el sobrino del gobernador que trafica las cuotas del «huachicol» desde el gobierno.

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, también habría sido castigado por Washington, aunque —como dicta el manual— lo negó sin enseñar pruebas.

Así que el cuadro completo es este: alcaldes bajo sospecha, gobernadores arrepentidos de «poner dedos» que ya no cruzan la frontera, visas que se evaporan y expedientes que, pese a todo, no avanzan.

En cualquier otro país, esto sería un escándalo de Estado. En Tamaulipas, apenas es otro capítulo más.

Con informacion: ELNORTE/

“¿POR QUÉ deben RENUNCIAR los...DOS ?: TAMAULIPAS exige CIRUGIA POLÍTICA del CORAZÓN del PODER"…no es arritmia, es una terrible infección.

En cardiología, el peor error no es detectar una anomalía: es normalizarla. Hay arritmias que, al principio, parecen inofensivas; un latido irregular aquí, un soplo allá. Pero cuando el médico decide recetar “mejorales” en lugar de intervenir de fondo, lo que está haciendo no es curar: es permitir que la patología avance hasta comprometer órganos vitales.

La vida pública de Tamaulipas parece hoy ese paciente mal atendido. Los señalamientos que rodean al gobernador de Morena Américo Villarreal —recurrentes, persistentes, incómodos— no son episodios aislados, sino síntomas que, vistos en conjunto, dibujan un cuadro clínico preocupante. 

En cardiología, el peor error no es detectar una anomalía: es normalizarla. Hay arritmias que, al principio, parecen inofensivas; un latido irregular aquí, un soplo allá. Pero cuando el médico decide recetar “mejorales” en lugar de intervenir de fondo, lo que está haciendo no es curar: es permitir que la patología avance hasta comprometer órganos vitales.

La vida pública de Tamaulipas parece hoy ese paciente mal atendido. Los señalamientos que rodean al gobernador de Morena Américo Villarreal —recurrentes, persistentes, incómodos— no son episodios aislados, sino síntomas que, vistos en conjunto, dibujan un cuadro clínico preocupante. 

Fotografías controvertidas con lugartenientes del Cartel del Golfo y Zetas, versiones sobre cercanía con operadores politico-criminales, vínculos cuestionados en su entorno inmediato: cada elemento, por sí solo, podría ameritar una explicación puntual. Todos juntos, sin una aclaración convincente, configuran algo más serio: una sospecha sistémica y una ficha de Narcopolíticos,extensiva a otros miembros del gabinete como Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia con señalamientos que también alcanzan al Fiscal General Jesus Eduardo Govea Orozco y el Secretario General del Gobierno,Hector Joel Villegas,alias Calabazo.

En medicina, cuando hay sospecha de infección, el protocolo no es mirar hacia otro lado. Se ordenan estudios, se aíslan variables, se actúa con rigor. Aquí, en cambio, la respuesta institucional ha sido errática, cuando no francamente omisa. Ni la autoridad federal ni los órganos de procuración de justicia han ofrecido una narrativa clara que descarte —o confirme— los señalamientos. Ese vacío no es neutro: se llena con desconfianza.

La analogía médica es inevitable. Si el titular del Ejecutivo estatal —formado precisamente como cardiólogo— enfrenta indicios reiterados de proximidad con actores del crimen organizado, el problema no es de imagen, es de viabilidad institucional. Un gobernador no puede operar como un paciente en negación, ni como un médico que se receta a sí mismo placebos. La función pública exige un estándar más alto: transparencia radical cuando hay dudas razonables.

¿Por qué debería considerar la renuncia? 

En salud pública, cuando un agente potencialmente infeccioso amenaza al conjunto, se prioriza el sistema sobre el individuo. La permanencia en el cargo, bajo una nube constante de cuestionamientos, erosiona la confianza, debilita la autoridad y contamina cualquier política de seguridad. Gobernar sin credibilidad es administrar una crisis permanente.

Además, la renuncia abriría la puerta a algo que hoy parece ausente: una investigación creíble, sin la sombra del poder en funciones, ni sus capacidades institucionales para volcarlo. Mientras el poder político y la sospecha coexistan en la misma habitación, cualquier indagatoria será vista como parcial. Separar al paciente del quirófano es, a veces, la única forma de salvar al organismo.

Tamaulipas no necesita analgésicos discursivos ni comunicados ambiguos. Necesita diagnóstico, tratamiento y, si es necesario, cirugía mayor. Porque cuando la infección toca el corazón del poder, no hay margen para la complacencia: o se actúa con decisión, o el sistema entero entra en paro.

«Debe renunciar el gobernador y la gobernadora de facto»

Con información: REDES/MEDIOS/