Una incautación de 59 millones de litros no es, por sí sola, una victoria contra el huachicol: sin detenidos , sin imputaciones sólidas y sin una cadena financiera desmantelada, puede ser apenas la fotografía de una bodega vaciada a tiempo. El Estado presume el volumen; la red criminal, si nadie cae, conserva el negocio, los operadores y la capacidad de reabastecerse.
El Gobierno puede apilar cifras hasta que parezcan una hazaña: 59 millones de litros de gasolina y diésel asegurados en San José Iturbide, Guanajuato; siete unidades de transporte, documentos contables, facturas y diez contenedores de gran capacidad. Una montaña de combustible presuntamente sin trazabilidad. El problema es que una montaña de huachicol sin una montaña proporcional de detenidos no es necesariamente un golpe al crimen: es el inventario de la impunidad.
La FGR informó que todo partió de la detención, el 3 de julio, de una persona sorprendida mientras descargaba diésel de una pipa de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz. De esa captura se derivaron cateos en tres inmuebles y el aseguramiento multimillonario de petrolíferos. Pero, hasta donde ha informado públicamente la autoridad, el espectáculo aritmético de 59 millones de litros no ha venido acompañado de una cifra equivalente de personas detenidas, operadores identificados, propietarios procesados ni una red financiera desarticulada.
Y ahí es donde el decomiso deja de ser medalla y empieza a parecer evidencia de una fuga.
Porque 59 millones de litros no aparecen por generación espontánea en un predio. Para acumular ese volumen se requieren proveedores, pipas, choferes, bodegas, permisos —reales o simulados—, empresas fachada, facturación, infraestructura de almacenamiento, rutas de distribución, estaciones de servicio, protección política o institucional y una cadena de compradores suficientemente confiados como para mover combustible de origen no acreditado a escala industrial. Es decir: no se trata de un huachicolero con una manguera, sino de una economía criminal con logística de mayorista.
Asegurar el producto sin capturar a quienes lo administran equivale a decomisar la mercancía de una tienda clandestina mientras los dueños salen por la puerta trasera, con las llaves, las cuentas y los contactos en el bolsillo. El combustible se inmoviliza; la organización, no necesariamente.
La FGR dice que investiga posibles delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación, en caso de que no se acredite la propiedad y trazabilidad del combustible. Correcto: investigar es indispensable. Pero la distancia entre un boletín que anuncia una investigación y una investigación que produce responsables judicializados suele ser el territorio preferido de la impunidad.
El dato verdaderamente relevante no es sólo cuántos litros quedaron bajo resguardo, sino cuántas personas podrán explicar ante un juez de dónde salió ese combustible, quién lo transportó, quién lo almacenó, quién elaboró o validó las facturas, qué empresas participaron y a qué gasolineras o clientes iba destinado. Si esas respuestas no se traducen en detenciones, vinculaciones a proceso, decomisos patrimoniales y sentencias, el operativo habrá confiscado materia prima, no desmontado el negocio.
La propia lógica de la “impunidad por litro” ilustra el problema. En una docena de operativos previos documentados por Valor Tamaulipeco, aproximadamente 43.5 millones de litros fueron asegurados y 33.5 millones —el 77 por ciento— correspondieron a casos sin detenidos, según el recuento publicado. La conclusión no es que todo aseguramiento carezca de valor, sino que el volumen decomisado no puede sustituir la rendición de cuentas: un litro incautado sin un responsable identificado es una cifra; una red procesada es una política criminal.
Y este caso amenaza con llevar esa desproporción a escala obscena. Si la mayor incautación presume decenas de millones de litros, pero sólo deja como punto de partida a una persona detenida descargando una pipa de 33 mil litros, la pregunta no es si el aseguramiento fue grande. Claro que lo fue. La pregunta es por qué una estructura capaz de concentrar 59 millones de litros parece, hasta ahora, haber tenido tan pocos rostros disponibles para la justicia.
El huachicol fiscal y el contrabando de combustibles no prosperan por arte de magia ni por la astucia aislada de un chofer. Prosperan cuando la cadena completa funciona: cuando alguien compra, alguien vende, alguien transporta, alguien almacena, alguien factura y alguien decide no ver. En una operación de esta magnitud, que no haya una cascada de detenidos no es un detalle administrativo: es el indicio de que la red pudo ser alertada, fragmentada o simplemente demasiado protegida para llegar a ella.
El Estado puede celebrar haber retirado 59 millones de litros del mercado negro. Debe hacerlo, incluso. Pero no debería venderlo como desenlace. Sin detenidos, sin nombres, sin cuentas congeladas, sin bienes extinguidos y sin acusaciones que sobrevivan ante un juez, el decomiso corre el riesgo de convertirse en la versión penal de barrer el escenario después de que los protagonistas ya escaparon.
Mucho combustible asegurado puede producir un gran titular. Pocos responsables detenidos producen una conclusión mucho menos cómoda: la autoridad encontró el huachicol, pero todavía no alcanza —o no quiere alcanzar— a quienes lo hicieron negocio.
Con información: ELNORTE/
