EL «AUGE y CAÍDA de una SOLDADA de MORENA»: DOS AÑOS de CAMPAÑA de ANDREA CHÁVEZ se DERRUMBARON con una DERROTA por 0,92 PUNTOS"… el padrino terminó convertido en carga.

Andrea Chávez Treviño persiguió durante dos años la candidatura de Morena al Gobierno de Chihuahua. Al final, el reactivo de mayor peso en la encuesta le cerró la puerta por una diferencia mínima: Cruz Pérez Cuéllar obtuvo 31,53% en “preferencia como candidato de Morena, PVEM y PT”; ella, 30,61%. La distancia fue de 0,92 puntos porcentuales. En la puntuación total, la derrota fue menos estrecha: 8,5 puntos para él y 1,5 para ella, de 10 posibles. 

Juarense, feminista y obradorista —así se define—, la senadora de 29 años llegó sola y cabizbaja al Centro de Exposiciones del World Trade Center de Ciudad de México la tarde del lunes 28 de septiembre. Sabía que Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, la aventajaba en casi todas las mediciones. Le quedaba una última carta: que la paridad de género inclinara la decisión a su favor, como había ocurrido con Clara Brugada frente a Omar García Harfuch en el proceso anterior.

Esa carta se cayó hacia las ocho de la noche. Con el resultado de Sonora, favorable a Lorenia Valles, Morena alcanzaba 10 mujeres entre las 17 personas designadas para sus candidaturas de 2027. El criterio de paridad ya estaba cubierto. Cuando comenzó la reunión de Chihuahua ante la Comisión Nacional de Elecciones, Chávez tendría que ganarle a Pérez Cuéllar con los números, no con una corrección de género.

La tabla que decidió Chihuahua

A la reunión también acudieron Eduardo Martínez, El Capi Arrieta, Jesús Roberto Briano y Martín Chaparro. En la pantalla apareció una tabla de diez columnas. Pérez Cuéllar aventajó a Chávez en conocimiento —64,75% frente a 51,1%— y en el reactivo “votaría por él”, donde obtuvo 30,7% contra 27% de la senadora. También ganó el punto correspondiente a “buen candidato”.

Chávez solo se impuso en atributos: consiguió 1,5 de esos dos puntos y Pérez Cuéllar, 0,5. En opinión positiva, la diferencia volvió a ser estrecha —29,65% para el alcalde y 29,48% para ella—. Pero el golpe definitivo estaba en la preferencia por la candidatura de la coalición: 31,53% frente a 30,61%. Menos de un punto porcentual en ese reactivo, suficiente para dejarla fuera.

La senadora pidió explicaciones y las recibió durante la reunión. Según la dirigencia, no solicitó después una mesa técnica para revisar cada reactivo. Morena publicó los resultados de sus encuestas y afirmó que los ejercicios de las casas encuestadoras contratadas coincidieron con los del partido; aun así, el proceso dejó inconformidades entre aspirantes de otros estados.

Chávez cumplió el compromiso de acompañar el anuncio público, pero no hubo postal de reconciliación. Vestida de negro, se colocó en un extremo del templete, lejos del lugar central reservado a los segundos puestos. No hizo muecas; tampoco aplaudió. Permaneció inmóvil mientras hablaron Ariadna Montiel, Citlalli Hernández, Arturo Escobar y el propio Pérez Cuéllar. El ganador le dedicó elogios —“una joven brillante, talentosa, una gran parlamentaria y una competidora muy dura”— sin conseguir que ella le levantara el brazo.

Una candidatura sembrada temprano

Chávez empezó a trabajar su aspiración desde septiembre de 2024, apenas llegó al Senado. Recorrió Chihuahua, encabezó asambleas y desplegó una promoción que incluyó reparto de “apoyos sociales”, servicios de salud, consultorios con su imagen y publicidad. Ese despliegue la puso bajo escrutinio; la oposición presentó denuncias por presuntos actos anticipados de campaña. En abril de 2025, Claudia Sheinbaum criticó que se adelantaran los tiempos y pidió reglas a Morena: “No es un asunto de llegar al poder por llegar al poder”.

Su proyecto también estaba ligado a Adán Augusto López Hernández. Chávez lo respaldó en la contienda presidencial interna de Morena de 2023, cuando él compitió contra Sheinbaum. Desde su etapa como diputada federal había sido una operadora cercana al entonces secretario de Gobernación, que presumía su vínculo con Andrés Manuel López Obrador. Ya como coordinador de Morena en el Senado, López Hernández impulsó liderazgos con la mira puesta en 2027, incluido el de Chávez.

Pero aquel padrino político terminó convertido en una carga. Su entorno quedó bajo la sombra del caso de su exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado por sus presuntos vínculos con una organización criminal; a eso se sumaron los choques políticos con Sheinbaum y la polémica por la compra de miles de ejemplares de Grandeza, el libro de López Obrador. El 1 de febrero de 2026, López Hernández dejó la coordinación de Morena en el Senado, aunque anunció que seguiría como legislador y se dedicaría al trabajo territorial del partido. 

Mientras tanto, cambió la conducción partidista que definiría las candidaturas: Citlalli Hernández pasó a presidir la Comisión Nacional de Elecciones y Ariadna Montiel llegó a la dirigencia de Morena. En Chihuahua, Montiel era vista como cercana a Pérez Cuéllar. Chávez llegó al registro de aspirantes en junio con ese panorama en contra, pero siguió recorriendo el estado y defendiendo la inversión política que había hecho durante casi dos años.

Ahora dice que permanecerá en Morena y que trabajará para derrotar al PAN en Chihuahua. Lo que no ha ofrecido es una muestra de entusiasmo por Pérez Cuéllar. Su despedida de esta contienda fue, más bien, una declaración de lealtad dirigida a otra persona: “La doctora Claudia Sheinbaum tiene una soldada en una servidora”.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

“VA al ALTIPLANO: el CAPITÁN SOL podría IMPLICAR al HIJO de AMLO SI VALORA MAS DECIR lo que SABE que CALLARLO»…pesquisa habla de líos de Harfuch y el Andy.

Cayó Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “El Capitán Sol” o “Mike”, el marino retirado que, según la Fiscalía General de la República, no era un personaje decorativo en la trama del huachicol fiscal: era una de las bisagras que conectaban a operadores, aduanas, pagos y mandos navales en una red acusada de meter combustible al país sin pagar los impuestos.

La captura ocurrió en Zapopan y enfrentara en el penal del Altiplano cargos por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. 

No se trata, según las investigaciones, de un chofer, un prestanombres o un gestor de quinta: la FGR lo ubica como capitán de corbeta retirado y operador clave dentro de una estructura que habría convertido las aduanas marítimas en una especie de puerta giratoria para cargamentos de combustible que apuntan ademas al hijo del ex-presidente,identificado en las pesquisas como «Andy», como citó El Norte el pasado 18 de agosto, aunque la FGR finge demencia.

Las personas que lo refieren en esos términos son dos marinos que ocuparon cargos de dirección o subdirección en las Aduanas; uno después se convirtió en testigo protegido y otro rindió sus testimonios en calidad de testigo.

Ambos señalan que Miguel Ángel Solano Ruiz «El Capitán Sol», el supuesto enlace de los hermanos Farías en la operación de huachicol en las aduanas, es quien les mencionó al «hijo del presidente» o «Andy».

El primero que hizo la referencia es el Capitán Alejandro Torres Joaquín (1), ex director de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en el testigo protegido con nombre clave «Santo», en un escrito que entregó el 13 de mayo de 2025 a la Fiscalía.

En dicho testimonio, incluido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024, Torres cuenta que contactó a Solano tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon con 10 millones de litros de huachicol fiscal en Tampico, el 19 de marzo del año pasado.

«Le avisé a esta persona… que la gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el Secretario de Seguridad (Omar García) Harfuch y el hijo del Presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo y dígale al Capitán Estudillo que no va a pasar nada»....Capitan Alejandro Torres (1)

El otro testimonio es el de Juan Carlos Soto Picha (2), subdirector de Operación Aduanera de Guaymas, quien declaró el pasado 27 de febrero ante la FGR en la misma carpeta de investigación. En dicha ocasión, contó que en marzo de 2025 permitieron la descarga de combustible de contrabando del buque Torm Agnes en esa Aduana sonorense.

Debido a que inicialmente no se iba a autorizar la descarga de los hidrocarburos ilegales, Soto dice que se comunicó con «El Capitán Sol», quien le respondió que hablaría con el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

«Le mandé un mensaje a Solano diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos»...Juan Carlos Soto Picha

«Le comenté a Cordero, que ya había valido, me dijo que era algo político, que él había ido a México a la Secretaría de Marina en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado; y efectivamente como en una hora o una hora treinta ya habían sacado todas las pipas y las maniobras, la fiscalía sí llegó pero el barco ya estaba en maniobra de zarpe».“...Juan Carlos Soto Picha.

Otros dos señalados como presuntos líderes de la red, son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Es decir: el caso no se limita a bidones clandestinos ni a pipas cruzando de noche; toca la estructura de una institución que durante años vendió la imagen de ser el brazo menos contaminado del aparato de seguridad mexicano.

Las investigaciones lo relacionan particularmente con las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, así como Guaymas, Sonora. Puertos estratégicos, por supuesto: lugares donde un papel alterado, una clasificación fiscal acomodada o un funcionario “convencido” pueden transformar una carga de combustible en una mina de dinero para quienes se ahorran impuestos y controles.

Al momento del arresto, según el Registro Nacional de Detenciones, vestía abrigo café a cuadros, pants, mocasines negros y gorra azul del París Saint-Germain. La indumentaria podrá ser discreta o extravagante; la imputación, en cambio, es bastante menos deportiva.

Agentes de la FGR, Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ingresaron al inmueble con orden de cateo y cumplimentaron la orden de aprehensión emitida desde el 19 de agosto de 2025. Posteriormente, Solano Ruiz fue puesto a disposición ministerial y sería presentado ante un juez de control federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por qué importa su captura

La relevancia de Solano Ruiz no está sólo en que sea el último detenido de una lista. Su eventual proceso judicial puede aportar información sobre cómo funcionaba la red por dentro: quién ordenaba, quién conectaba, quién cobraba, quién protegía y qué servidores públicos permitieron que el contrabando de combustibles circulara por puertos y aduanas.

El llamado huachicol fiscal es distinto del robo directo de combustible en ductos, aunque comparte el mismo apetito por convertir recursos públicos en negocio privado. Aquí la maniobra consiste, presuntamente, en introducir hidrocarburos mediante esquemas de importación fraudulentos, simulaciones documentales o clasificaciones engañosas para evadir impuestos. 

El daño no sólo recae en Pemex o en las empresas que sí cumplen: pega a la recaudación, distorsiona la competencia y exhibe el tamaño de los agujeros en los controles del Estado que alcanzan gobernadores en funciones.

Y ahí está el problema político e institucional: si la acusación se sostiene, no estaríamos ante una banda que burló al Estado desde afuera, sino ante una maquinaria que habría operado usando partes del Estado como infraestructura.

Con información: ELNORTE/

«CONFIESA VIVIDOR SIN RUBOR: 150 HARAGANES en la CÁMARA de las DISPUTAS VAN a COMETER su ÚLTIMO ATRACO con BOLETA en MANO»… el pueblo no tiene reelección cuando una clínica no tiene medicinas.

Entre 130 y 150 diputados federales de Morena ya levantan la mano para quedarse otros tres años en San Lázaro. No hablan de rendir cuentas: hablan de “inscribirse”, someterse a encuestas y conservar la silla como quien aparta mesa en restaurante de lujo. Ricardo Monreal calcula que será la última oportunidad para reelegirse antes de que, en 2030, entre en vigor la prohibición de la elección consecutiva para todos los cargos de elección popular.

Y ahí está el detalle que deberían explicar sin rodeos: si la reelección era tan buena para la democracia, ¿por qué la extinguen? Y si era tan nociva como para prohibirla, ¿con qué pudor pretenden usarla una última vez?

La reelección legislativa fue vendida como una herramienta de profesionalización y rendición de cuentas. La teoría decía que un diputado con posibilidad de volver a competir dependería menos de la cúpula partidista y más de sus electores. En México, como suele ocurrir con las reformas empaquetadas en celofán institucional, la realidad terminó oliendo a otra cosa: a continuidad de camarillas, a candidaturas administradas desde arriba y a políticos que convierten la curul en franquicia familiar, plataforma de negocios o refugio de impunidad.

No es una discusión abstracta. La historia política mexicana conoce demasiado bien el mecanismo: el poder rara vez se conforma con un periodo cuando ha aprendido a administrar presupuestos, nombramientos, contratos, operadores territoriales y propaganda. El porfirismo no comenzó como una dictadura anunciada con trompetas; creció mediante la normalización de una idea corrosiva: que el país necesitaba al mismo hombre, al mismo grupo, al mismo arreglo, una vez más. Después vino la factura histórica, resumida en una consigna que no era adorno retórico: “Sufragio efectivo, no reelección”.

Claro: un diputado no es Porfirio Díaz y tres años más no equivalen por sí solos a una dictadura. Pero ése tampoco es el punto. La corrupción política no siempre llega montada en tanque; muchas veces entra por la puerta principal, con registro partidista, encuesta a modo, foto de campaña y una frase cuidadosamente barnizada: “la gente decide”. Como si la gente decidiera en condiciones de igualdad frente a quien ya dispone de estructura, reflectores, presupuesto público indirecto, relaciones locales y el blindaje de una marca partidista dominante.

La curul como propiedad privada

La elección consecutiva, bajo el modelo que hoy presume Morena, corre el riesgo de parecer menos un examen ciudadano que una renovación automática de contrato entre quienes mandan y quienes obedecen. El legislador no llega a pedir empleo al pueblo: llega a defender un puesto que ya aprendió a explotar.

Una encuesta distrital tampoco limpia por sí misma el mecanismo. La encuesta puede medir conocimiento, popularidad o disciplina territorial; no necesariamente honestidad, trabajo legislativo, ausencias, conflicto de interés, nepotismo, uso clientelar de programas o lealtad a los votantes. Preguntar quién es más conocido no equivale a preguntar quién robó menos, legisló mejor o traicionó menos.

Es como poner a competir a un inquilino contra quien posee las llaves del edificio, controla el elevador y reparte los recibos. En el papel ambos participan; en la práctica, uno juega con la cancha, el silbato y la iluminación a su favor.

La curul no debe ser herencia, premio de obediencia ni certificado de permanencia. Mucho menos en un país donde una parte importante de la clase política usa el servicio público como escalera para llegar a negocios privados, redes de influencia y protección personal. Cuando el cargo se vuelve repetible, el incentivo deja de ser legislar para resolver problemas y pasa a ser administrar la propia supervivencia electoral.

El cinismo del “último pase”

Monreal presenta 2027 como la despedida de la reelección. Pero la prisa de entre 130 y 150 legisladores por anotarse revela la verdadera lectura que muchos hacen del asunto: antes de que cierren la puerta, hay que exprimir el privilegio.

No parece una movilización por defender una convicción democrática; parece la última llamada para abordar el tren de la continuidad. Una suerte de liquidación política: “aproveche ahora, antes de que la reforma lo prohíba”. Y cada diputado que se registre debería responder una pregunta elemental: ¿por qué merece seguir, específicamente él o ella, cuando millones de ciudadanos no tienen segunda, tercera ni cuarta oportunidad frente al fracaso institucional?

El pueblo no tiene reelección cuando una clínica no da medicinas, cuando una carretera queda abandonada, cuando una escuela se cae a pedazos, cuando una denuncia duerme años en un escritorio o cuando la violencia transforma la vida cotidiana en una rutina de miedo. Pero el diputado sí puede tenerla: otra campaña, otro presupuesto, otra negociación, otro periodo para fingir que trabaja mientras aprueba lo que le ordena la bancada.

Ésa es la asimetría que indigna. Al ciudadano le piden paciencia infinita; al político le ofrecen permanencia renovable.

No reelección, pero de verdad

Prohibir la elección consecutiva desde 2030 y permitirla todavía en 2027 produce una contradicción política difícil de disimular. Si el modelo es inconveniente para la República, debería combatirse con la misma energía con que se presume su eliminación futura. Si no lo es, entonces la prohibición parece una maniobra oportunista para reacomodar lealtades y controlar carreras políticas desde la dirigencia partidista.

La respuesta no puede ser sustituir la reelección por el dedazo, ni cambiar al diputado profesional por el diputado desechable que sólo responde a quien reparte candidaturas. Pero tampoco puede consistir en santificar la permanencia como si repetir en el cargo fuera prueba de mérito.

La democracia no se fortalece cuando los representantes aprenden a reciclarse. Se fortalece cuando pueden ser vigilados, cuestionados, removidos políticamente y reemplazados por ciudadanos que no pertenezcan al mismo circuito de favores. Una Cámara de Diputados no debe ser una sala de espera para aspirantes eternos al poder, sino una institución temporalmente ocupada por representantes obligados a demostrar, con hechos, que no son dueños del mandato popular.

Porque la reelección, cuando se mezcla con partidos hegemónicos, encuestas opacas, estructuras clientelares y disciplina de cúpula, deja de parecer una herramienta de rendición de cuentas. Se vuelve lo que tantas veces ha sido en la historia mexicana: una forma elegante de prolongar el abuso, con el pueblo obligado a aplaudir mientras le venden como democracia la renovación del mismo negocio.

Con información: REFORMA/

“¿ELLA se SUICIDÓ?: FISCALÍA PRESUME DISCUSIÓN MEZCLADA con ALCOHOL detrás de la MUERTE de CINTHIA, su ESPOSO y 3 HIJOS”…una intoxicación puede desordenar la maquinaria del autocontrol.

La Fiscalía estatal  de N.L encontró indicios de que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera mató a su pareja y a sus tres hijos para luego suicidarse, en Montemorelos, horas después de que presuntamente sostuvo una discusión con el hombre y tras haber consumido bebidas alcohólicas.

El alcohol puede ser una pieza importante en la reconstrucción de un hecho violento, pero no un comodín explicativo ni —mucho menos— el verdadero autor del crimen. 

Si los peritajes confirman intoxicación, su papel plausible sería el de amplificador: enturbia el juicio, rebaja frenos, estrecha la atención sobre la provocación y vuelve una discusión un terreno más explosivo; no convierte, por sí solo, una pelea en un multihomicidio ni prueba intención, secuencia o responsabilidad penal. 

La cerveza y el whisky no jalan el gatillo: a lo sumo, se sientan en la mesa de la tragedia como cómplices químicos de la desinhibición. Eso es lo que deberá establecer la Fiscalía con pruebas periciales, no con la cómoda narrativa de que una discusión regada con alcohol explica por sí misma cinco muertes.

De manera preliminar, la Fiscalía de Nuevo León sostiene que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera, conocida como “Cindy” en redes sociales, habría asesinado a su pareja, Leodegario Moya, y a tres de sus hijos, para después suicidarse en Montemorelos. La hipótesis se apoya, según el fiscal general Javier Flores, en la coincidencia del calibre del arma, los casquillos localizados y la reconstrucción de dos escenas: una vivienda en el Fraccionamiento Los Nogales y un Jeep Mojave rojo hallado tres cuadras más adelante, en Los Fresnos.

En esa versión aparece el alcohol: una persona declaró que la pareja había convivido un día antes en vehículos RZR y que bebieron cerveza; durante el cateo, además, fueron localizadas evidencias de cerveza y una botella de whisky. No se encontraron drogas en el domicilio. También está sobre la mesa un “malentendido” o enojo entre la pareja durante la madrugada. Todo eso, por ahora, es contexto investigable; no una explicación científica cerrada ni una sentencia disfrazada de boletín.

El alcohol no instala una voluntad homicida en un cerebro sano como si fuera una aplicación maldita. Lo que hace es más prosaico y, justamente por eso, peligroso: interfiere con los circuitos cerebrales que permiten frenar impulsos, evaluar riesgos, leer correctamente las señales sociales, sostener la atención y pensar en las consecuencias. 

La corteza prefrontal —el freno ejecutivo que ayuda a parar, ponderar y no convertir un agravio en una catástrofe— funciona peor bajo intoxicación. Al mismo tiempo, la reacción emocional frente a una amenaza, un insulto o una sospecha puede ganar volumen.

Dicho sin bata blanca: el alcohol puede volver la discusión un cuarto sin ventanas. La persona intoxicada fija la atención en el agravio inmediato, pierde de vista señales que normalmente invitarían a detenerse —el miedo de otros, la posibilidad de irse, la gravedad de una amenaza, las consecuencias legales y humanas— y dispone de menos recursos para cambiar de estrategia. A ese fenómeno se le conoce como “miopía alcohólica”: menos panorama, más impulso; menos cálculo, más reacción.

Pero de ahí a afirmar que el alcohol “se hizo cargo” del multihomicidio hay un salto que la evidencia no permite. La investigación científica es clara en algo incómodo para el relato fácil: el alcohol eleva el riesgo de agresión en algunas personas y circunstancias, pero no en todas. Importan la cantidad efectivamente ingerida, la velocidad de consumo, antecedentes de violencia o impulsividad, acceso a un arma, el contenido y escalamiento de la discusión, posibles crisis previas, rasgos psicológicos, y la secuencia concreta de los hechos. La intoxicación puede desordenar la maquinaria del autocontrol; no la reemplaza con un mandato criminal.

Por eso, si la Fiscalía pretende sostener que el alcohol tuvo relevancia causal, necesitará algo más robusto que latas, botellas y testimonios de convivencia. Harán falta, entre otros elementos, toxicología post mórtem con concentración de alcohol y lectura forense de sus límites; cronología verificable; balística; trayectorias; residuos de disparo; huellas, ADN y teléfonos; análisis de comunicaciones y videos; así como los perfiles psicológicos post mórtem anunciados. Incluso una alcoholemia elevada podría acreditar intoxicación, no explicar automáticamente quién tomó cada decisión, en qué orden ni con qué intención.

El alcohol pudo haber bajado los frenos y la discusión pudo haber encendido la mecha; atribuirles, sin peritajes completos, la autoría moral y material de una masacre sería otra forma de cerrar el expediente antes de abrirlo por completo.

Con información: ELNORTE/ NATURE/ PMC.NCBI/

«¿RECUPERAMOS el RUMBO, HOCICÓN?: TAMAULIPAS es CAMPEÓN de NOMBRES SIN CUERPO, de CUERPOS SIN NOMBRE y SOBREVIVE BAJO GOBERNANZA NARCA»… pero su gober paga con tu dinero para verse bonito.

Américo Villarreal, aún gobernador de MORENA en Tamaulipas, dice que la entidad “recuperó el rumbo”. El problema es que, para miles de familias, ese rumbo parece conducir a una sala de espera sin salida: a un nombre sin cuerpo, a un cuerpo sin nombre o a una carpeta de investigación empolvada, como documenta reporte del INEGI de 2026.

Pero también conduce a una condición permanente de ciudadanos sometidos a cuota en toda la entidad: pagan doble impuesto, al crimen y al gobierno que los abraza y se hace tarugo.

La frase triunfalista resulta especialmente obscena frente a la crisis de desapariciones donde Tamaulipas es campeon y a los cuestionamientos públicos en su contra que siguen sin una aclaración verificable en medio de investigaciónes federales en su contra en EE.UU.

El rumbo de la ausencia

Aun asi, Américo Villarreal volvió a subir ayer al templete para anunciar que Tamaulipas “recuperó el rumbo”. Y sí: habría que concederle algo. El estado recuperó un rumbo muy específico, uno que no lleva al desarrollo, a la justicia ni a la paz, sino al primer plano nacional de la desaparición, la impunidad y la administración burocrática del horror.

Mientras el gobernador se felicita por “fortalecer instituciones”, Tamaulipas carga con miles de personas desaparecidas y no localizadas. 

No son indicadores que puedan barnizarse en una presentación de aniversario, ni cifras decorativas para el boletín que la prensa de prepago reproduce con devoción de monaguillo: son familias enteras viviendo en pausa, madres convertidas en buscadoras, expedientes que envejecen y cuerpos que esperan nombre. 

Una emergencia humanitaria que debería obligar a rendir cuentas todos los días, no a repartir aplausos en un foro oficial. 

Pero aquí el método es otro: cuando la realidad incomoda, se llama “transformación”; cuando las cifras arrasan, se llama “reto”; cuando el Estado no encuentra a los ausentes, se convoca a la unidad. Esa es la alquimia del boletín oficial: convertir la catástrofe en narrativa, la omisión en discurso y el dolor ajeno en telón de fondo para que el mandatario ensaye su frase de campaña.

Americo no gobierna la entidad: la administra. Y la administra como quien cuida una imagen, no como quien asume una responsabilidad. Hay una diferencia brutal entre despachar desde Palacio y gobernar un territorio. 

Lo primero consiste en cortar listones, leer cifras favorables y publicar videos con buena iluminación. Lo segundo exige impedir que las carreteras, colonias y municipios queden sujetos al miedo; investigar, buscar, identificar cuerpos, acompañar víctimas y desmontar las redes de colusión, corrupción y abandono que hacen posible que alguien desaparezca sin que el aparato público se mueva con la urgencia que corresponde.

Porque una desaparición no ocurre por generación espontánea. Requiere rutas, reclutadores, vehículos, teléfonos, casas de seguridad, vigilantes, armas, silencios y, muchas veces, autoridades incapaces, omisas o capturadas. Cuando miles de personas siguen sin aparecer, no basta con celebrar que bajó tal indicador o que una encuesta institucional fue amable. La pregunta es más elemental y más incómoda: ¿quién manda realmente en las zonas donde la gente desaparece?

El cinismo del “rumbo”

La frase “recuperamos el rumbo” no es sólo propaganda. Es una afrenta si se pronuncia sin explicar por qué Tamaulipas sigue produciendo nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre. Es cinismo cuando el gobierno presume rumbo mientras los colectivos hacen, con palas, fichas de búsqueda y terquedad, el trabajo que deberían hacer policías, fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios forenses.

Y la prensa de prepago tiene su parte en la operación. No basta con responsabilizar al gobernador y a su gabinete: también hay que señalar a los medios que aceptan convertirse en lavandería de boletines, que reproducen la épica oficial sin confrontarla con los desaparecidos, las fosas, la crisis forense y el miedo cotidiano. Cada nota que vende “recuperación” sin preguntar por los ausentes ayuda a maquillar una realidad que apesta a abandono institucional.

No se les pide que declaren culpable a nadie desde una redacción. Se les pide algo mucho más modesto y, por eso mismo, más urgente: que no se comporten como departamento de comunicación social con dominio propio. Que pregunten. Que contrasten. Que no presenten como éxito administrativo lo que para miles de familias es una condena interminable.

Señalamientos que exigen respuestas

El gobernador también enfrenta señalamientos publicados y no solo por medios internacionales y nacionales sobre una presunta investigación estadounidense relacionada con vínculos criminales y contrabando de combustible, como cita Los Angeles Times .

En una democracia mínimamente funcional, los señalamientos serios se esclarecen con información verificable, investigaciones independientes y resultados públicos; no con indignación recurrentemente administrada por el gobernador para redes sociales.

Y no es irrelevante que el propio mandatario haya presentado su balance de cuatro años como una historia de recuperación institucional, orden financiero y fortalecimiento de la seguridad. Esa es la versión oficial. El problema es que una administración no puede declararse exitosa mientras el reclamo de búsqueda, identificación y justicia continúa recayendo, en buena medida, sobre las familias de las víctimas que sobreviven un dia si y otro también,a la brutal inseguridad.

Tamaulipas no “recuperó el rumbo” mientras sus desaparecidos sigan siendo una estadística que el poder mira de reojo. Recuperar el rumbo sería que una madre no tuviera que rastrear sola donde el Estado decidió no mirar; que una fosa no fuera la oficina alterna de la fiscalía; que el gobernador respondiera con hechos verificables y no con frases de autocelebración.

Porque gobernar no es administrar la narrativa mientras otros administran el miedo. Gobernar es recuperar el territorio, la justicia y, sobre todo, a las personas que el Estado no ha podido —o no ha querido— devolver a casa.

Con información: HoyTamaulipas/Medios/ Redes