“NO IBA DEFENDER lo INDEFENDIBLE: GENERAL MÉRIDA YA NO APARECE en CUSTODIA de BURO de PRISIONES; YA SABE HABLAR INGLÉS JURÍDICO… con la misma tonada de OVIDIO.

El general de División del Ejercito Mexicano, Gerardo Mérida, parece haber entendido algo que en los pasillos judiciales de Estados Unidos vale más que una conferencia mañanera: cuando el expediente viene cargado, conviene dejar de posar de incomprendido y empezar a resultar útil. 

De acuerdo con los registros del «Buro federal de Prisiones» (BOP) en EE.UU, salió de custodia el 11 de agosto, aunque el proceso sigue abierto; el detalle no es menor ni decorativo. 

Todo hace suponer que Mérida está jugando una partida que en Sinaloa conocen bien: la de Ovidio. No la del bravucón que se declara víctima de una conspiración planetaria contra la patria mientras exige “pruebas” desde el atril mañanero en Mexico, sino la del acusado que, cuando advierte que del otro lado ya tienen expediente, testigos, rutas, fechas y quizá hasta el menú del desayuno, descubre súbitamente las virtudes de la cooperación.

Mérida se entregó en Arizona, se declaró no culpable y, sin embargo, dejó de estar bajo custodia penitenciaria mientras el proceso continúa. 

Una coincidencia tan inocente como encontrar un laboratorio de metanfetamina junto a un huerto de lavanda. La acusación estadounidense sostiene que, como secretario de Seguridad de Sinaloa, habría filtrado información operativa a Los Chapitos para que movieran droga, equipo y personas antes de cateos, decomisos o detenciones; a cambio, habría recibido sobornos superiores a 100.000 pesos mensuales. 

Y mientras en México algunos y algunas con «A» ,aun se aferran a la liturgia de “que manden las pruebas”, el general cruzó por Nogales y se puso, por voluntad propia, a disposición de quienes supuestamente no tenían nada. Eso no necesariamente significa culpabilidad —para eso existe un juicio y la presunción de inocencia—, pero sí revela un instinto de supervivencia jurídica bastante más afinado que el discurso oficial.

Qué sugiere en inglés jurídico

La expresión más cercana sería:

“He is seeking to cooperate with the government in exchange for sentencing consideration.”

En español: estaría buscando cooperar con la fiscalía a cambio de consideración en su situación penal o, eventualmente, en la sentencia.

También podrían usarse estas fórmulas, según lo que ocurra procesalmente:

• “Potential cooperating witness”: posible testigo cooperante.
• “Cooperating defendant”: acusado cooperante.
• “Proffer agreement”: acuerdo preliminar al estilo que presume la Gobernadora Marina del Pilar y Americo Villarreal para entregar información, utilizado normalmente bajo condiciones sobre el uso de sus declaraciones.
• “Plea cooperation” o “cooperation agreement”: cooperación asociada a una negociación de culpabilidad.
• “Substantial assistance”: asistencia sustancial a las autoridades; término clave cuando la cooperación puede respaldar una petición de reducción de pena.

La precisión importante: que haya salido de prisión no prueba por sí sola que exista un acuerdo de cooperación ni que vaya a testificar. Pero, dadas la entrega voluntaria, la continuidad del caso y el cambio de custodia, sí permite plantear —como hipótesis periodística, no como hecho consumado— que Mérida podría estar explorando la vía del cooperating defendant. 

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS /BEATRIZ GUILLEN/

¿ACASO FALTA un LOGO?: HARFUCH y la MARINA SALUDAN con SOMBRERO AJENO por INCAUTACIONES de COCAÍNA MADE in USA»…el agente del HSI tenía razón sobre Sheinbaum.

¿Acaso falta un logo? Porque en el video citado desde redes por el estratega Omar Garcia Harfuch, aparecen todos: Marina, Seguridad, Fiscalía… la colección completa del aparato mexicano. Pero hay un detalle que, convenientemente, no entra en el encuadre: la participación estadounidense.

La fotografía oficial presume soberanía, uniformes y hélices nocturnas; el relato público vende otro decomiso “de las instituciones mexicanas”. Sin embargo, la versión que documenta Breitbart, con información atribuida a ICE/HSI, describe operaciones conjuntas entre la Secretaría de Marina y agentes de Homeland Security Investigations de Estados Unidos frente a las costas de Chiapas. Fueron tres interdicciones —16, 25 y 31 de julio— que sumaron 6,080 kilos de cocaína y derivaron en detenciones de presuntos traficantes. 

La pregunta incómoda no es si México debe cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico. Claro que debe: el negocio es transnacional, las rutas son marítimas y los cárteles no respetan discursos de soberanía. La pregunta es por qué, cuando toca comunicar el resultado, la cooperación parece convertirse en un secreto de Estado o en un logotipo ausente.

México no pierde soberanía por reconocer inteligencia de calidad compartida, coordinación operativa o participación de agencias estadounidenses. 

La pierde cuando fabrica una narrativa de autosuficiencia para el consumo político que presume combate al narco saludando con sombrero ajeno en las mañaneras , mientras la información del otro lado de la frontera revela que el decomiso fue un trabajo binacional. La transparencia no debilita a las instituciones: las obliga a dejar de posar para la cámara y a rendir cuentas con la historia completa.

Con información: BREITBART/

LAS “DOS VELOCIDADES” de la FISCALÍA: la INEFICAZ,INEFICIENTE y COMPLICE FGR MINIMIZA IMPUTACIONES por HUACHICOL a ANDY y dice NO TIENEN “FUERZA LEGAL”…así convierten la inacción en comunicado.

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, militante de Morena, salió a informar que no cuenta con “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria” para abrir siquiera una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por huachicol fiscal; es decir, por el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, una práctica que, según diversas acusaciones, ha sido recurrente durante el gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas.

Traducido del español de la procuración selectiva: hay referencias, testimonios y nombres que ameritarían una indagatoria, pero la Fiscalía decidió que nada cuenta mientras no llegue empacado, certificado y con moño jurídico.

La FGR no anunció una novedad; confirmó su especialidad: convertir la inacción en comunicado.

Ante los señalamientos surgidos dentro de la propia investigación por contrabando de combustible —donde aparecen dos referencias al “hijo del presidente” y a “Andy”, atribuidas a marinos vinculados con operaciones aduaneras—, la institución encabezada por Ernestina Godoy respondió con su fórmula favorita: no hay “datos de prueba con fuerza legal” para abrir una investigación.

La frase merece traducción. No dice que no existan testimonios. No dice que nadie haya mencionado a “Andy”. No dice que los hechos relatados sean falsos. Dice, más bien, que para la FGR esos elementos no tienen todavía la potencia suficiente para justificar que la FGR haga aquello para lo que fue creada: investigar.

Es una comodidad institucional admirable. Cuando se trata de ciudadanos comunes, una llamada anónima, una fotografía borrosa o el criterio expansivo de algún ministerio público suelen alcanzar para incomodar, citar, catear o abrir carpetas. Pero si el aludido pertenece al círculo correcto, entonces la Fiscalía exige evidencia con “fuerza legal”, quizá acompañada de notario, sello apostillado, certificado de pureza y una confesión firmada frente a cámaras.

Y no, la ausencia de una prueba plenamente consolidada no prueba que no existan pruebas; prueba, en todo caso, que falta investigar. Pero ése parece ser justamente el paso que la FGR quiere saltarse: no investiga porque no tiene prueba suficiente y no consigue prueba suficiente porque no investiga. Un círculo perfecto para la impunidad, aunque fatal para la justicia.

La precariedad de esa lógica se entiende mejor con cifras. Según la ENVIPE 2025, en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México y 93.2% no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Sólo 9.6% se denunció y, aun así, el Ministerio Público abrió carpeta en apenas 70.5% de esos casos. De las denuncias presentadas, 79.9% no tuvo conclusión.

Es decir: en el país donde nueve de cada diez delitos se pierden antes de investigarse, la FGR presume prudencia procesal cuando decide no abrir una indagatoria frente a menciones que, por sí solas, no condenan a nadie, pero sí deberían obligar a verificar. No se pide fabricar culpables ni sustituir el debido proceso por linchamiento mediático. Se pide algo mucho más elemental: que una Fiscalía investigue antes de decretar, en los hechos, que no hay nada que investigar.

La propia FGR tiene entre sus fines institucionales esclarecer hechos, procurar justicia eficaz y evitar que el culpable quede impune. Sin embargo, su respuesta en este caso parece condensar una política criminal de mínima incomodidad: si el expediente todavía no trae una sentencia anticipada, mejor ni tocarlo.

Porque en México la Fiscalía suele tener dos velocidades: una para perseguir y otra para mirar hacia otro lado. Y cuando el apellido pesa, la segunda parece alcanzar una eficiencia sorprendente.

Con información: ELNORTE/

LA “PROFFER LETTER” de MARINA y AMÉRICO: OFRECER INFORMACIÓN a EE.UU como TABLITA para MEDIO SALVARSE…señalas a otro por lo que hicieron juntos, pero la protección es limitada

Marina del Pilar Ávila Olmeda ya no enfrenta únicamente el costo político de una visa estadounidense revocada. Según una investigación del semanario ZETA de Tijuana, la gobernadora de Baja California estaría bajo escrutinio de autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, junto con su exesposo, Carlos Torres Torres, y otras personas aún no identificadas. 

La acusación es seria, pero conviene decirlo con precisión de bisturí: se trata de una investigación periodística apoyada en fuentes estadounidenses, no de una acusación formal pública, una sentencia ni una orden de aprehensión conocida. 

El dato no nació de una conferencia de prensa, una carpeta judicial exhibida ante cámaras ni una ficha del Departamento de Justicia. Emergió entre audios filtrados, intermediarios, agentes cuya identidad y representación institucional no han sido verificadas públicamente, y una conversación donde la gobernadora pregunta, con la alarma de quien escucha crujir la puerta, si enfrentaría “cargos y sanciones” y por cuál delito. La respuesta atribuida al interlocutor estadounidense fue un muro: “No puedo discutir eso”. 

La secuencia importa. El 10 de mayo, Ávila informó que Estados Unidos le había revocado la visa de turista y atribuyó el hecho a un trámite administrativo. Después aparecieron cuatro grabaciones: tres difundidas por el periodista Héctor de Mauleón y una más inicialmente divulgada por Gildo Garza. 

En ellas, según ZETA, la mandataria habla de reuniones con agencias estadounidenses, del Departamento de Justicia, del FBI y de sus esfuerzos por resolver su situación mediante asesoría legal. 

En una de las conversaciones, Ávila dice que había acudido a San Diego y se había reunido con “todos los agentes” y con el Departamento de Justicia. También expresa disposición a colaborar, incluso preguntando qué información específica podrían requerirle. Pero su disposición tiene el filo de una pregunta defensiva: “¿No me van a levantar cargos de esto, una orden de extradición?”. Esa frase no acredita delito alguno; sí revela que el asunto, desde su propia voz atribuida, no parecía una simple ventanilla consular. 

La pieza central es la llamada presentada como la “última oportunidad”. Ahí, un interlocutor le advierte que las agencias creen haber perdido el tiempo y que aún podría frenar cargos o sanciones si coopera. El consejo que sigue es jurídicamente relevante: reunirse con su abogado y preparar una proffer letter. Es decir, no una cartita diplomática para pedir perdón ni una renovación de visa con moño, sino un instrumento que suele emplearse en el contexto de investigaciones penales federales para explorar cooperación con fiscales. 

Una proffer letter —a menudo vinculada a lo que en la jerga estadounidense llaman “Queen for a Day”— es un acuerdo limitado entre la fiscalía y una persona investigada o potencialmente imputable. 

Bajo ciertas condiciones, permite ofrecer información a las autoridades sin que esa declaración sea usada directamente en su contra en el juicio principal. 

Pero no equivale a inmunidad total, no borra eventuales delitos, no impide que los fiscales obtengan pruebas por fuentes independientes y tampoco es una negociación de culpabilidad. En otras palabras: no es un certificado de inocencia; es una puerta procesal que normalmente aparece cuando la fiscalía quiere saber qué tanto sabe una persona y qué está dispuesta a entregar. 

Ahí está el punto que la defensa política quiere convertir en ruido y que un fiscal no dejaría pasar: si el audio es auténtico, si los interlocutores representaban realmente a autoridades estadounidenses y si la recomendación provenía de un agente autorizado, la conversación es compatible con la existencia de una indagatoria. No demuestra, por sí sola, que Marina del Pilar haya cometido un delito, que exista una imputación ni que haya aceptado cooperar. Pero tampoco cuadra con la narrativa de que todo fue un trámite administrativo sin mayor trasfondo. 

ZETA reportó que una fuente estadounidense confirmó que continuaban investigaciones para decidir qué cargos, si alguno, se presentarían contra la gobernadora, Carlos Torres y otras personas por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esa afirmación exige cautela máxima: la fuente no identificó delitos concretos, no exhibió documentos judiciales, no hay acusación pública verificable en el material revisado y la propia publicación reconoce zonas sin confirmar, entre ellas la identidad de quienes participaron en las llamadas y la existencia de un procedimiento formal. 

Carlos Torres, exesposo de la gobernadora y excoordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno estatal, aparece mencionado dentro del mismo reporte. La información periodística lo ubica en la hipótesis investigativa atribuida a fuentes de Estados Unidos; hasta ahora, esa mención no equivale a una acusación oficial ni permite adjudicarle responsabilidad penal. En una investigación seria, el parentesco político o afectivo no sustituye evidencia: se requieren actos, comunicaciones, flujos financieros, operaciones, testigos, documentos y pruebas que resistan contradicción en tribunales. 

La respuesta oficial tampoco despeja el panorama. Jesús Romandía, secretario particular de Ávila, dijo a ZETA que la gobernadora no firmó “ningún documento” y sostuvo que los audios estaban descontextualizados; Ávila ha dicho que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de la maniobra. La negativa de haber firmado una proffer letter es puntual, pero no responde por sí misma las preguntas mayores: si hubo reuniones, con qué dependencias, bajo qué carácter, quiénes eran los interlocutores, qué abogados participaron y cuál fue el motivo exacto de la revocación de la visa. 

La gravedad no está en que una gobernadora haya dicho que quiere cooperar; cualquier persona tiene derecho a defenderse y a buscar asesoría legal. La gravedad está en que, de confirmarse el contexto, una mandataria fronteriza habría sostenido conversaciones sobre posibles cargos, sanciones, cooperación y una eventual oferta de información a fiscales extranjeros, mientras públicamente minimizaba el asunto como administrativo o decía desconocer una investigación.

No es momento de dictar sentencias desde una columna, pero tampoco de aceptar explicaciones de utilería. La presunción de inocencia protege a Marina del Pilar y a Carlos Torres. La obligación de rendir cuentas obliga a ambos —y al gobierno de Baja California— a contestar con documentos, cronologías y hechos verificables. Porque en este caso, cada silencio no apaga el incendio: lo convierte en expediente.

Con información: ELNORTE/ SEMANARIO/ZETA TIJUANA

“DISPARARON la COMPRA de ARMAS: AMLO y SHEINBAUM ABRIERON la CARTERA y REFORZARON el ARSENAL MILITAR 285%”…pero, «semos» bien humanistas.

El eslogan era “abrazos, no balazos” bajo el gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador (2018-2024), pero en los registros de importación el gobierno federal parece haber entendido otra cosa: abrazos para el discurso y balazos —muchos— para la factura pública.

Mientras AMLO convertía la consigna en doctrina política y Claudia Sheinbaum ha hablado en foros internacionales de reducir el gasto militar, la Sedena hizo lo suyo: abrió la cartera y reforzó el arsenal. 

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde 2023 el valor de las compras de armamento en el extranjero aumentó 285% frente al periodo previo, hasta alcanzar su punto más alto durante el primer año completo del actual gobierno. 

La contradicción no es menor ni meramente semántica. Un gobierno que presume atender las causas de la violencia terminó apostando, al mismo tiempo, por adquirir más instrumentos para administrarla desde el gatillo. 

Porque, al parecer, la pacificación tiene dos versiones: la de los templetes, donde se predica la contención militar, y la de las aduanas, donde llegan armas y municiones con sello oficial.

Estados Unidos e Israel encabezan el suministro de ese renovado fervor bélico. No es exactamente la imagen de una república empeñada en desmilitarizar la seguridad pública, sino la de un Estado que habla de paz con una mano y firma pedidos de armas con la otra. 

La pregunta no es si el Ejército necesita capacidad operativa en un país atravesado por organizaciones criminales armadas hasta los dientes. La pregunta es por qué el discurso presidencial insiste en vender una ruta civil y humanista, mientras el presupuesto y las importaciones cuentan una historia bastante más castrense.

En Palacio pueden seguir repartiendo abrazos retóricos. Pero, según los números, el abrazo viene acompañado de cargador, munición y proveedor internacional.

Con información: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCION/

“YA los EXPORTAMOS con MARCA NARCA: AGUACATES ENVIADOS a CHINA LLEVAN SELLO de la FAMILIA MICHOACANA”… los paletosos, no los de las paletas.

México no solo exporta aguacates: exporta la capacidad infinita del Estado para convertir el crimen organizado en “emprendimiento agroindustrial”.

Resulta que el llamado oro verde michoacano viaja hasta China con todo y el sello indirecto de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, fundador de La Familia Michoacana. No es una metáfora ni una denuncia de sobremesa: sus huertas aparecen registradas para exportación, con permisos oficiales, extensión, cartilla y la bendición burocrática correspondiente. Porque, al parecer, para vender aguacate al otro lado del planeta basta con cumplir los requisitos sanitarios; los antecedentes por delincuencia organizada son un detalle administrativo menor. 

El milagro exportador

La historia es de una eficiencia institucional digna de estudio: un capo detenido en 2011, sentenciado a 45 años y después entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de cocaína y metanfetaminas, pudo conservar —o al menos mantener vinculadas a su red— decenas de huertas con acceso al mercado chino. La reinserción social, pero en presentación Hass.

Según la investigación, El Chango y Manuel Fernández Valencia, alias La Puerca, tendrían más de 50 huertas en Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante, Tacámbaro y Ario de Rosales, con alrededor de 500 hectáreas registradas para exportar. Todo legal, todo documentado, todo muy en regla: el crimen organizado quizá no tenga ética, pero aparentemente sí papeles. 

Denominación de origen: impunidad

El discurso oficial suele vender al aguacate como símbolo de éxito nacional, una joya agrícola que conquista mesas internacionales y fortalece al campo mexicano. Lo que rara vez entra en el empaque promocional es que ese “éxito” puede convivir con dinero de drogas, control territorial y estructuras criminales recicladas como negocios perfectamente formalizados.

No hay que preocuparse: el fruto llegará inocuo, certificado y probablemente impecable. El problema no está en el aguacate; está en el sistema que parece incapaz —o poco interesado— en preguntar quién se beneficia de él. La trazabilidad sanitaria funciona; la trazabilidad moral, en cambio, se extravió entre una ventanilla de Sader y una lista de Senasica.

Un país de sellos

México ha perfeccionado una peculiar marca de calidad:mientras un productor pequeño batalla con trámites, extorsiones, violencia y costos de certificación, quienes construyeron fortunas criminales pueden diversificar portafolios, registrar predios y convertirse en exportadores globales. De la cocaína al aguacate, de la clandestinidad al comercio exterior: eso sí es movilidad económica.

Tal vez pronto el empaque diga: “Producto mexicano, madurado al sol de Michoacán, cosechado con orgullo y autorizado por la burocracia que nunca vio nada”. Porque en este país, más que combatir al crimen organizado, a veces parece que se le ayuda a internacionalizar la marca. 

Con información : ELUNIVERSAL/

«SUERTE de NARCO JUNIOR está ECHADA: MAGENTA y la EVIDENCIA PRELUDIAN MÁS MALAS NOTICIAS al ANDY»… esas nunca llegan solas.

Lo que la gran mayoría creía imposible ya sucedió. Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como “Andy”, ya está oficialmente bajo la lupa del gobierno del presidente Donald Trump.

Al corrupto y prepotente júnior de la Cuarta Transformación ya le quitaron su visa. Ya está imposibilitado para ingresar a Estados Unidos. Algo detectó el Departamento de Estado en su ficha política, personal y de negocios, que si se atreve a cruzar la frontera no sólo le van a impedir el ingreso. Podrían, incluso, detener al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La visa no se la cancelaron en estos días. El golpe viene desde hace algunas  semanas en que -para evitar un escándalo si la noticia se filtraba antes desde Estados Unidos- la presidenta Claudia Sheinbaum decidió sacar a Andy López Beltrán de la Secretaría General de Morena. Hasta que, la semana pasada, “el sol ya no se pudo tapar con una visa”.

Y por una carta que presuntamente redactó y envió el propio Andy López Beltrán al presidente norteamericano, el mismo júnior confirmó que le habían revocado su ficha migratoria. Decimos “presuntamente”, porque el mayor huachicolero de la Cuarta Transformación no tiene los alcances para redactar un solo párrafo de esa carta que se difundió. El texto se lo apadrinó su padre, Andrés Manuel López Obrador, con claras asesorías de sus ideólogos cubanos y venezolanos de cabecera.

Sólo así se puede explicar el lenguaje nada diplomático, confrontativo y acusador, que más que pedir una explicación alcanzó el extremo de que el junior de Palenque le exigiera al inquilino de la Casa Blanca que despidiera al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. ¡Vaya exceso de prepotencia, soberbia y falta de ubicación de quien se prestó como fachada para manejar los oscuros negocios del huachicol, de los medicamentos, de las obras del Tren Maya y del Interoceánico, demás de sus peligrosos nexos con sus “amigos” de Sinaloa!

En la carta, Andy López Beltrán arremete contra todos los personajes del sistema de Inteligencia norteamericanos -Rubio y Landau al frente- a los que llama “hitlerianos”, “canallas”, “perversos”, “corruptos”, “halcones”, “operadores de mafias del poder” y manejadores de “dinero ilícito”. ¡Miren quién es el que acusa!

Y sintiéndose que puede hablarse de “tú a tú” con el presidente Donald Trump, Andy  le cuestiona si está enterado de que le quitaron su visa. El júnior del Cártel de Tabasco tiene los alcances y el cinismo de hacerle una propuesta al inquilino de la Oficina Oval: “¿por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?”.

Por supuesto que las carcajadas en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado no se dejaron de escuchar todo este fin de semana, en Washington. Como tampoco tomó mucho tiempo el que en sus redes sociales, el ex embajador de Estados Unidos en México y actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, se burlara del contenido de esa “amenazante carta” preguntando: “¿Están disfrutando el show?… rellenen sus palomitas, les va a encantar lo que viene”.

Es decir, el segundo en comando de la política interior y exterior de Estados Unidos deja en claro que este “show” de Andy López Beltrán apenas arranca. Y como lo hemos reiterado aquí -una y otra vez- tendrá en septiembre y octubre sus más candentes capítulos. Justo antes de la elección intermedia para renovar el poder legislativo norteamericano y darle los votos necesarios a los republicanos en un intento por no perder el control del Capitolio.

Tras esta clara evidencia de que los allegados al presidente Donald Trump ya le perdieron el respeto público al apellido López Obrador, obliga a poner sobre la mesa algunas preguntas.

¿Es “Andy” el único López Beltrán al que le retiraron la visa, o también lo hicieron con sus hermanos Gonzalo y José Ramón?

¿Por qué a pesar de que Código Magenta dio, hace dos semanas, la primicia de que a Adán Augusto López le habían quitado la visa, él no sale a desmentirlo? ¿Será que también es indeseable más allá del Río Bravo? ¿Y el “jefe de jefes”, Audomaro Martínez? ¿Y Mario Delgado? ¿Y Luis Cresencio Sandoval? ¿Y Ricardo Peralta?

Por lo pronto, buscando un control de daños en la opinión pública, los gobernadores pro-morenistas publicaron ya un desplegado en defensa de Andy López Beltrán. Es un documento en “el que el comal le dijo a la olla”. Asómense para que vean quiénes aparecen entre los “abajo firmantes”:

Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California a la que también ya le quitaron su visa y a la que ya le interceptaron llamadas negociando su cooperación con los norteamericanos.

Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán al que le estalló la crisis del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, de quien cuestionan si no fue el autor intelectual.

Yeraldine Bonilla, la interina gobernadora de Sinaloa, quien entró a calentarle la silla al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a quien también ya le quitaron la visa y le expidieron la ficha roja de Interpol.

Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, cuyo yerno viene operando cantidades navegables de huachicol desde Nuevo León, apoyado en factureros que despachan en San Pedro Garza García.

Clara Brugada, la Jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien todavía no resuelve quién le mandó matar a dos de sus más cercanos colaboradores.

Lo que intentamos decir es que, muchos de los defensores de Andy, están para ser defendidos ellos mismos de sus cuestionamientos. Y, sin duda, el tema de sus visas también ya está sobre la mesa del debate.

La sarcástica respuesta del subsecretario Christopher Landau del “preparen sus palomitas”es sólo la confirmación de que el Caso Andy viene con todo desde Washington. ¿Será por eso que están saliendo cada semana muchas maletas con millones de dólares en efectivo desde México hasta La Habana -arropadas por Alejandra del Moral- como “ayuda humanitaria”?

Lo dicho, las “palomitas” van a ser poca cosa para lo que ya se asoma entre la media docena de funcionarios y huachicoleros que ya aportaron informes y pruebas como “testigos protegidos”, inculpando no sólo a Andy, sino a sus amigos Daniel Asaf y Amílcar Olán, entre otros. Vaya sacando el guacamole, los totopos, los Doritos y hasta los hot-dogs, que el Andy-show va para largo.

Fuente.-CODIGO MAGENTA/