Ernestina Godoy nos vende el Servicio Profesional de Carrera (SPC) como la piedra filosofal que convertirá la procuración de justicia en oro puro: meritocracia, especialización, honorabilidad. Todo muy pulcro, muy constitucional, muy de folleto. En el papel, el sistema promete lo obvio: que quienes investigan delitos sepan lo que hacen, no deban favores y no estén ahí por compadrazgo. En la práctica mexicana, eso ya sería una revolución.
La fiscal nos recuerda que el personal sustantivo vive bajo un “régimen de excepción”, el mismo club donde conviven militares y policías. Traducido: reglas laborales propias, menos controles externos y más margen para la discrecionalidad interna. Es decir, un ecosistema donde la opacidad no es un accidente, sino un diseño.
Como lo plantea:
El Servicio Profesional de Carrera (SPC), en las instituciones de procuración de justicia y de seguridad en general, es una herramienta más, quizá de entre las principales, para mejorar la calidad de la Justicia en nuestro país, pues para alcanzar las metas institucionales es imprescindible contar con un equipo humano altamente capacitado, con probada especialización, certificación, honorabilidad y compromiso.
En el Artículo 123, apartado B, fracción XIII?de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula que el personal sustantivo de la Fiscalía —agentes del Ministerio Público, personal Pericial, Policial y Analistas—, tienen un régimen laboral de excepción y se rigen por sus propias leyes, al igual que los militares, marinos, personal del servicio exterior y los miembros de las instituciones policiales.
Derivado de esto, el SPC, siendo el sistema integral obligatorio que regula el empleo público del personal sustantivo, rige la vida profesional de los integrantes de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Su objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades de ingreso, desarrollo, permanencia y promoción con base en el mérito y en la experiencia; también lo es fomentar la profesionalización mediante la formación, capacitación y actualización permanentes, todo con el fin de mejorar resultados en el ejercicio de las funciones, dando certeza y estabilidad en el empleo.
Nuestro Plan Estratégico de Procuración de Justicia contempla como uno de sus objetivos relevantes la creación del SPC, ya que desde la transición de Procuraduría a Fiscalía quedó suspendido y al ser un sistema obligatorio, la falta de su cumplimiento puede ser causa de rescisión de contrato. Por tanto, esta situación ha generado un vacío peligroso dejando al personal en condiciones de inestabilidad laboral y discrecionalidad para el ingreso, la permanencia, los ascensos, los estímulos, las recompensas y el proceso de separación.
Para llegar al SPC necesitamos consolidar las condiciones para que opere; por ello, en la reestructuración de la Fiscalía creamos el Órgano de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional de Carrera, que deberá fomentar el desarrollo de una auténtica trayectoria institucional, con reglas claras para los procedimientos de ingreso, ascenso y separación, así como un sistema transparente de estímulos y recompensas.
Esta estructura normativa incidirá en el desarrollo de un sentido de pertenencia y apego institucional, de un sólido espíritu de cuerpo, y para incentivar la formación continua con estudios de alta especialización y posgrado.
El SPC certificará competencias de acuerdo con los perfiles y prioridades del Plan Estratégico y creará reglas claras que fomenten una trayectoria institucional auténtica, donde el compromiso y la certificación sean los únicos pasaportes al éxito profesional dentro de la Institución, todo validado con procesos formales y estandarizados de evaluación.
Al fortalecer el SPC de la FGR, invertimos en la formación ética de talento humano especializado y altamente capacitado, porque al final del día, una democracia sana se mide por la calidad y la integridad de quienes defienden la verdad en los tribunales.
El SPC, nos dicen, garantizará igualdad de oportunidades, ascensos por mérito y estabilidad laboral. Aquí es donde la narrativa empieza a crujir. Porque el diagnóstico que ella misma admite —aunque lo diga con lenguaje diplomático— es brutal: el sistema estuvo suspendido, generando un vacío que dejó al personal a merced de decisiones discrecionales. En español llano: ascensos por lealtad, permanencias por conveniencia y salidas por incomodidad.
Y entonces aparece la solución institucional: crear un nuevo órgano, más estructura, más reglas, más certificaciones. La receta clásica del Estado mexicano: si algo no funciona, créale otra oficina. El problema es que en instituciones donde históricamente han pesado más las redes de poder que los reglamentos, las “reglas claras” suelen ser un adorno que se dobla según quién esté mirando.
La promesa de “trayectoria institucional auténtica” suena impecable, hasta que uno recuerda cómo operan realmente muchas fiscalías: expedientes que se mueven o se congelan según la presión política, peritajes acomodados, policías ministeriales que responden a jefes informales más que a manuales. Ahí, la certificación no compite contra la corrupción: coexiste con ella.
El discurso también apuesta por el “sentido de pertenencia” y el “espíritu de cuerpo”. Dos conceptos que, en abstracto, son deseables. Pero en contextos capturados pueden traducirse en otra cosa: lealtad interna por encima de la legalidad, silencio corporativo y protección mutua. El famoso “no te metas con los de casa”.
La joya retórica llega al final: invertir en talento humano ético porque la democracia se mide por quienes defienden la verdad en tribunales. Difícil discutirlo. El problema es que en México, esa verdad suele perderse antes de llegar al juzgado: en la integración de la carpeta, en la cadena de custodia, en la negociación política del caso.
En resumen, el SPC no es una mala idea. Es, de hecho, una necesidad básica en cualquier sistema de justicia funcional. Pero venderlo como garantía de transformación sin tocar los incentivos reales —impunidad, captura política, corrupción estructural— es como pintar la fachada de una casa con cimientos podridos.
El riesgo no es que el SPC fracase. El riesgo es que funcione lo suficiente para simular que todo cambió, mientras lo esencial sigue intacto: quién entra, quién asciende y, sobre todo, a quién se protege.
Porque en México, la meritocracia suele tener un requisito no escrito: saber a quién obedecer.
Con informacion: ELUNIVERSAL+/
