Como parte del desmenuce de la mesa de análisis de Circulo Magenta,en torno a un presunto cambio de roles en la estrategia en Mexico,donde se infiere y casi se afirma que Omar García Harfuch,ya pasó de protagonista a actor de reparto, es decir, el centro de mando de la “guerra” anticrimen ya no está en su escritorio, sino los pasillos verdes olivo de Lomas de Sotelo donde despachan el General Ricardo Trevilla,precismanete el autor de la captura-abatimiento del Mencho», no Garcia Harfuch.
Sin embargo,durante el analisis, Ramon Alberto Garza,luego de algunas precisiones de Rodrigo Carbajal, lanza una frase que debería haber hecho retumbar los noticieros: “un par de personajes cercanos a Omar García Harfuch fueron sorprendidos por Estados Unidos”.
Como lo dijo:
«….y De omar García Harfuch, como dices tú, está descuadrado su equipo en este momento y para mí la prueba de que está descuadrado, es decir, cuando queda vacante la dirección de investigación aduanera, esta presión tan importante para la revisión de todo el asunto del huachicol fiscal, pues se la ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum a Omar, pon a alguien ahí de tu confianza, Deomar García Harfuch dice, no porque necesito controlar el aparato completo con una sola oficina no me va a bastar, eso para mí es una señal de un funcionario que en este momento está operando con una capacidad al límite, que ya no le pueden entregar más tareas ni nuevas facultades porque en este momento está en el riesgo de ser rebasado.
Y lo que es peor Rodrigo, le han logrado retirar a un par de personajes cercanos a él que estaban haciendo cosas no muy correctas y eso vino desde Estados Unidos, se filtró, se operó, los tuvieron que hacer un lado.
Y lo más sabroso de la conversación es la frase que se desliza como una confesión involuntaria: “Esto vino desde Estados Unidos.” O sea, a Harfuch no lo golpean desde la oposición ni desde dentro de Morena: lo descosen desde el norte. Le bajaron a dos operadores, los “hicieron a un lado”, y nadie pidió explicaciones.
Lo dicho: a veces lo que deberia ser un escandalo no estalla, simplemente se pronuncian en voz baja en una mesa de análisis y el público las deja pasar como si fueran tráfico de radio.
La caricatura de Calderon para El Norte, condensa el nombramiento de Aureliano Herndez Palacios,el nuevo titular de la ASF como un pacto explícito de complicidad: llega como “auditor” pero promete, desde el primer día, no ver nada.
Descripción de la escena
El personaje pequeño porta gafas oscuras de ciego, un bastón blanco y un gafete con las siglas ASF; dice: “Seré auditor, no videotor… prometo no ver nada”.
Frente a él, la figura de Claudia Sheinbaum en caricatura, con rasgos exagerados y su peinado de colita reconocible, lo mira de cerca y lo sostiene con el dedo, como títere.
La iconografía del ciego y la frase “no videotor” juegan con la idea de que la fiscalización será deliberadamente ciega, no por incapacidad técnica sino por decisión política.
Contexto político inmediato
La Cámara de Diputados designó como nuevo Auditor Superior de la Federación a Aureliano Hernández Palacios Cardel para el periodo 2026‑2034, con 472 votos a favor y apoyo de prácticamente todas las fuerzas políticas.
Hernández Palacios es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lo que ha encendido críticas por el evidente vínculo de confianza personal con la presidenta.
El nuevo auditor ya ocupaba puestos clave dentro de la ASF (Director General y luego Auditor Especial del Gasto Federalizado) e incluso ligado a escándalos de corrupción por sus malos oficios.
Ironía y lectura irreverente
La frase “seré auditor, no videotor” parodia el discurso oficial de combate a la corrupción: lo que se promete públicamente es “erradicarla”, pero el mensaje de la caricatura es que el auditor llega justamente para no registrar ni documentar nada incómodo para el poder.
El bastón y las gafas de ciego sugieren una ceguera autoinducida: se trata de un funcionario que podrá ver, pero que simbólicamente se venda los ojos para no detectar desvíos en el gasto federalizado, justo el área en la que se especializa.
El gesto del personaje alto, que prácticamente lo manipula con la mano, apunta a la captura política de un órgano que constitucionalmente debería ser autónomo y vigilar, entre otros, al propio Ejecutivo.
Subtexto sobre impunidad estructural
El hecho de que la designación haya salido con mayoría casi unánime, incluidos votos de la oposición, alimenta la lectura de reparto cupular: el auditor sería el garante de paz para todos los partidos, mientras no intervenga a fondo en sus cuentas.
En términos de narrativa pública, la caricatura sintetiza la sospecha central: la ASF queda en manos de alguien ligado al círculo de confianza presidencial y formado dentro del propio aparato, por lo que su misión real sería administrar daños, no exhibirlos.
Puesto en clave periodística, “prometo no ver nada” es la frase que ningún funcionario admite en voz alta, pero que la caricatura coloca como confesión gráfica del nuevo auditor.
La actuación de Jesus Eduardo Govea orozco, Fiscal de Tamaulipas bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, quien estuvo detenido 7 meses en un penal federal en 2002,por cambiar un detenido de alto perfil por otro de bajo calibre delictivo, esta ahora inmerso en el segundo intento de otra detención en un mismo caso ,que come el anterior,ya huele más a operación de control de daños que a auténtica procuración de justicia, y eso, jurídicamente, es inadmisible.
Un fiscal con expediente propio
Hablamos de un fiscal general que arrastra un proceso penal histórico por delincuencia organizada y delitos contra la salud ligados al Cártel del Golfo, por el que fue detenido y sujeto a formal prisión en 2002, antes de ser reinstalado, pero no por una certificación moral de inocencia. Esa biografía penal no es un chisme: es el contexto que contamina cualquier discurso suyo de “contundencia de pruebas” cuando ordena encarcelar a otro ciudadano en un caso de alto impacto como el del Hospital Infantil.
La “contundencia” de copia y pega
En el caso de Fernando Antonio “G”, la defensa denuncia que de los 60 datos de prueba con los que se justificó la vinculación a proceso, 59 acreditan hechos en otros lugares y momentos, pero no lo colocan cometiendo el delito, recayendo todo en un solo reconocimiento fotográfico amañado.
Ese reconocimiento lo elaboró una perito que jamás se presentó a la audiencia, pese a estar debidamente citada por orden del juez, impidiendo el contrainterrogatorio obligado por el principio de contradicción del artículo 20 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La defensa exhibe, además, que existen dos entrevistas de reconocimiento redactadas letra por letra igual, un “copia y pega” grotesco que, en cualquier juzgado serio, bastaría para tirar el valor probatorio de esos actos por violar los estándares mínimos de inmediación, autenticidad y fiabilidad pericial.
Cuando la única prueba directa es un «Frankenstein» de entrevistas clonadas y una perito ausente, hablar de “múltiples dictámenes periciales” como hace la Fiscalía es, en el mejor de los casos, propaganda; en el peor, un engaño deliberado al juez y a la opinión pública.
Cadena de custodia: el eslabón roto
La propia abogada detalla que la supuesta “cadena de custodia” de las fotografías no existe en la carpeta respecto de la perito que hizo el reconocimiento, sino solo de un perito previo y de una lista de detenidos viejos reciclados para llenar el álbum.
Eso viola de frente las reglas sobre preservación, documentación y trazabilidad de indicios: sin cadena de custodia completa, cualquier estándar de prueba razonable exige excluir ese reconocimiento por contaminado.
Más grave aún: se niega a la defensa un perito particular para desvirtuar el reconocimiento y se rechaza la declaración de los padres del imputado, testigos directos de su ubicación en otro lugar, cercenando el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas. Cuando la Fiscalía bloquea deliberadamente prueba de descargo y solo deja pasar lo que le conviene, no está litigando; está fabricando un caso.
El fiscal y sus “salvavidas mediáticos”
Mientras todo eso ocurre en la sala, hacia afuera el fiscal Govea repite el libreto que ya usó antes en la misma causa de violación: hablar de “videograbaciones”, “peritajes colegiados” y “análisis morfológicos” como si la retórica supliera la precariedad de la prueba en la audiencia. Es el mismo patrón señalado en medios: reciclar discursos grandilocuentes sobre la solidez de la investigación cada vez que le urge un golpe mediático que tape los agujeros de su propia dependencia y del pasado que lo persigue.
Ese contraste —una carpeta llena de parches, un reconocimiento fotográfico cuestionado, una perita que no da la cara, entrevistas clonadas y prueba de descargo rechazada— frente a la voz engolada del fiscal hablando de “contundencia”, exhibe no solo falta de pulcritud, sino desprecio por las garantías procesales que juró respetar.
En cualquier Estado de derecho mínimamente serio, un fiscal con un historial de haber servido al Cartel del Golfo ,no sería el guardián de la legalidad, sino el primero en ser investigado por abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia y posible simulación de pruebas.
Lo que exige la ley, no la narrativa
El estándar constitucional para vincular a proceso exige datos de prueba suficientes que hagan razonable la probabilidad de que el imputado cometió el hecho, no la mera comodidad política de ofrecer un culpable rápido en un caso sensible. Si 59 datos apuntan a otra cosa y el único que lo incrimina es un reconocimiento mal integrado, sin cadena de custodia clara, sin perito en sala y con entrevistas clonadas, la conclusión jurídica es brutal: la vinculación descansa en arena política, no en evidencia sólida.
Govea Orozco tenía la obligación legal de garantizar un procedimiento impecable, especialmente por el peso simbólico del cargo y su propio pasado procesal; en vez de eso, se cobija otra vez con declaraciones de prensadas misma que utilizaba en su pasado fracaso como fiscal anticorrupción donde derrochaba saliva.
No debe, aunque pueda,sostener una consignación que, de confirmarse las irregularidades, huele más a sacrificio procesal que a justicia para las médicas.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una veintena de expertos coincidió en lo obvio que el oficialismo niega: ni el Plan A ni el Plan B pretenden modernizar la democracia, sino amarrarla. Cada frase de Sheinbaum sobre “ahorros” y “privilegios” es un eco de la vieja retórica populista donde la austeridad es excusa y el control, objetivo. Porque aquí “reducir costos” significa podar instituciones incómodas.
El Plan B de Claudia Sheinbaum huele a reciclaje ideológico con barniz de “pueblo”. Y no de cualquier reciclaje: uno con raíces en el manual de Plutarco Elías Calles para fabricar hegemonías partidistas disfrazadas de estabilidad nacional. Son palabras del jurista Diego Valadés, pero bien podrían ser epitafio del segundo intento de Morena por eternizarse en el poder electoral.
Valadés lo dijo sin anestesia: el Plan B es un retroceso a 1910, con tintes de cruzada moral. Lo que se vende como reforma cívica, en realidad erosiona a los partidos —esos mismos que sostienen la pluralidad— y sustituye el debate público por la voz unívoca de la mañanera.
Javier Martín Reyes apuntó otro despropósito: la Presidencia invadiendo competencias de los estados bajo el argumento del “orden nacional”. Y cuando los límites constitucionales incomodan, Sheinbaum imagina consultas populares para todo, aunque el artículo 35 prohíba tocar temas electorales. Autoritarismo participativo, le dicen.
José Merino añadió que la Presidenta confunde privilegio con presupuesto. Y Luis Eduardo Medina completó la ecuación: cada recorte que aplaude la narrativa oficialista es un paso más hacia la concentración de poder. Ahorrar dinero costando democracia, el nuevo deporte nacional.
Leonardo Valdés reclamó seriedad: el ahorro prometido —cuatro mil millones de pesos— es insignificante frente al costo político de arruinar al INE, volver temporales sus juntas distritales y asfixiar su estructura técnica. Nada de eso suena a eficiencia: suena a golpe institucional.
En resumen, el Plan B no reforma: reconfigura el tablero para que solo quede una pieza en juego. La del poder.
Como lo sintetizó María Marván con sarcasmo de mujer cansada de advertir lo evidente: ojalá el Plan B, igual que el A, “se vayan al cielo”. Porque si se quedan en tierra, lo que baja no es una reforma: es un régimen
La diputada Federal Plurinominal de Morena, María Damaris Silva Santiago, se volvió meme legislativo en tiempo real: mientras su pastor el tambien Diputado Ricardo Monreal aplaudía con entusiasmo a la oposición, ella hacía caras como si le estuvieran leyendo el padrón del PRIAN en voz alta.
La morenista que no sabe disimular
En plena sesión en San Lázaro, con la reforma electoral presidencial ya oliendo a cadáver legislativo, Monreal con el colmillo de buen simulador mas que negociador repartía reconocimientos a diestra y siniestra: que si el PRI de Alejandro Moreno, que si el coordinador Moreira, que si Jorge Romero del PAN muy serio y profesional, que si Dante Delgado e Ivonne y hasta el dirigente Jorge Álvarez Máynez.
Mientras el zacatecano hablaba como si estuviera leyendo el boletín de “unidad nacional”, la diputada Damaris se transformó en espejo involuntario del morenismo de a pie: muecas, gestos, incomodidad, como quien ve a su líder brindar por el enemigo.
El show del “Plan B”
La escena ocurrió en el debate de una reforma electoral que terminó rechazada, entre discursos breves y un conteo de votos que confirmó lo que todos sabían: no les alcanzaba ni con milagro guadalupano. Monreal, lejos de aceptar la derrota con dignidad, se paró a anunciar el famoso “Plan B” como si fuera secuela de telenovela: “comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar, que viva México”. Traducido del monrealés: perdimos, pero vamos a intentar lo mismo por la puerta trasera de las leyes secundarias.
Aplausos a la oposición y caras en la banca
Lo más surreal no fue el plan B, sino la ovación a la oposición desde la bancada de Morena. Monreal se deshizo en elogios para el PAN, PRI y MC por su “seriedad” y “profesionalismo”, mientras el resto de la tropa tragaba saliva. En pantalla, la diputada migrante —activista, binacional, formada en la defensa de migrantes durante décadas— parecía preguntarse si no se había equivocado de fracción o de país. Sus gestos decían lo que muchos morenistas no se atreven a decir en el micrófono: aplaudir a los mismos de siempre duele más que perder una votación.
Morena, entre la disciplina y la mueca
La postal es perfecta: el coordinador vendiendo “consensos históricos” con la oposición y prometiendo un plan B que suena más a amenaza que a proyecto, mientras una diputada de su propio partido hace gestos que desmontan toda la narrativa de unidad. Damaris Silva, sin querer, se convirtió en el subtitulaje facial del desastre: cada mueca, una nota al pie sobre la distancia entre la dirigencia negociadora y la base que todavía cree que la 4T vino a terminar, no a pactar, con la vieja clase política.
Cuando México le suma a la voluntad y la fuerza,la inteligencia de las agencias federales de la aplicación de la ley en Estados Unidos,el resultado no puede ser otro que la captura de criminales,no importa la talla,no importa la estatura, simple y llanamente se les acaba la magia: eso fue exactamente lo que pasó ayer en Villa de Álvarez, Colima.
El golpe en Colima: cuando sí se coordinan
Dos operativos conjuntos, Gabinete de Seguridad mexicano por un lado y la DEA alimentando el sistema con inteligencia por el otro.
Resultado: más de 270 kilos de fentanilo, en polvo y en pastillas, asegurados en dos inmuebles usados como laboratorio y bodega.
Cae Yair “N”, señalado como líder de una célula dedicada al tráfico de fentanilo y metanfetamina en la zona, junto con al menos seis u ocho cómplices.
Es decir: cuando la fuerza se deja guiar sin egos por la inteligencia del otro lado del Río , el “poderío” del Cártel Jalisco Nueva Generación o como se llame, se vuelve tan frágil como una bolsita Ziploc mal cerrada.
El arresto sin incienso
El operativo entra, catean dos inmuebles en Villa de Álvarez, revientan el laboratorio clandestino, aseguran la mercancía y se llevan al jefe y a sus muchachos directo al MP federal.
El dato duro es que 14 millones de dosis potenciales se quedaron en cajas de evidencia y no en pulmones y cerebros de medio continente.
Qué demonios es lo que decomisaron
Ahora, que si nos ponemos la bata de laboratorio: lo que incautaron no es “polvo mágico”, es básicamente muerte ultraconcentrada con etiqueta de fentanilo.
El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina; una dosis “terapéutica” se mide en microgramos, no en gramos.
Lo que tienes en esos 270 kilos, entre polvo y pastilla, equivale –según el propio gobierno– a unas 14 millones de dosis; cada pastilla puede ser la ruleta rusa química de alguien que ni siquiera sabe lo que está tragando.1
Desde la química, el problema no es solo la molécula, sino la cocina: en laboratorios clandestinos no hay control de calidad, así que una pastilla puede traer casi nada y la siguiente, suficiente fentanilo para apagarle el sistema respiratorio a cualquiera en minutos.
Eso explica por qué en Estados Unidos el fenómeno de sobredosis por fentanilo ya es una crisis de salud pública que mata a decenas de miles de personas al año.
El alcance real del daño evitado cuando hay suma,no restas
Piensa en esto: con 270 kilos, incluso dosis “mal hechas”, tienes capacidad para inundar mercados en México y Estados Unidos durante meses.
Elemento
Dato clave
Implicación
Cantidad asegurada
>270 kg de fentanilo en polvo y pastillas
Volumen suficiente para operaciones mayoreo a escala binacional
Dosis estimadas
14 millones de dosis potenciales
Millones de eventos de sobredosis posibles, muchas letales
Tipo de instalación
Laboratorio clandestino + bodega
Capacidad de producción y distribución continua, no solo un cargamento
Organización vinculada
Célula ligada al CJNG, foco en fentanilo y metanfetamina
Eslabón dentro de una cadena mayor de terror químico regional
La mezcla es brutal: por un lado un opioide que apaga el sistema respiratorio, por otro la metanfetamina que acelera el corazón y destroza el sistema nervioso central; juntos son una receta para cementerios llenos y hospitales rebasados.
Cuando la ciencia se planta frente al narco
Desde la perspectiva de un químico, este decomiso no es solo “droga fuera de circulación”, es un golpe directo a la infraestructura de síntesis y tableteo del fentanilo: se pierden precursores, fórmulas, equipos y, sobre todo, tiempo de reacción del cártel.
Cada mes que un laboratorio de estos permanece fuera de juego son miles de sobredosis que no ocurren y millones de dólares que no entran a la caja chica criminal.
La moraleja es incómoda pero clara: cuando México decide dejar de jugar solo al patrullaje fotográfico del reforzamiento perpetuo y se conecta en serio a la inteligencia criminal,forense y financiera de Estados Unidos, los “intocables” terminan con bata naranja y código de barras en lugar de corrido tumbado.
Asi pasa cuando los esfuerzos se suman:
Las restas dividen méritos, las sumas multiplican resultados.
Donde cada quien guarda su información, gana el narco.
Los egos restan, la inteligencia compartida suma y, a veces, hasta salva vidas.
Restar esfuerzos da estadísticas; sumarlos da golpes quirúrgicos.
Cuando un país presume solo, el narco se ríe; cuando dos trabajan juntos, el narco entierra mercancía.
La resta es aritmética política; la suma es matemática de supervivencia.
En la lucha contra el crimen, quien suma aliados reduce funerales.
Las restas construyen narrativas; las sumas construyen resultados.
Al final, el éxito tiene una firma muy simple: se escribe con signos de suma, nunca de resta.
El Tamaulipas que aun gobierna Morena y Americo Villarreal , no es un “estado de hallazgos”, es un gigantesco campo de exterminio administrado con sello oficial, donde las familias ponen los picos y la Fiscalía pone las excusas para no escarbar y no identificar, pues en esta entidad pateas la tierra y brota un cuerpo.
Los 30 sitios “pendientes”: mapa de la barbarie
El colectivo Amor por los Desaparecidos de Reynosa, llega a la Fiscalía con un registro de entre 20 y 30 puntos donde hay restos o indicios claros, localizados desde 2023, y que las autoridades ni siquiera se han dignado a procesar. No estamos hablando de rumores, sino de lugares reportados formalmente, documentados en recorridos de búsqueda, que siguen ahí, a la intemperie burocrática, mientras el fiscal en turno promete “no habrá retrocesos”.
Esos 30 puntos no son anécdotas, son la versión 2023‑2025 de lo mismo que los colectivos llevan años denunciando: sitios de exterminio, crematorios clandestinos, terrenos donde se cocina humano y se entierra a paladas el rastro de la guerra no declarada contra la población civil.
En Tamaulipas, la lista que entrega el colectivo parece más un croquis de un campo de concentración extendido que un “pendiente de diligenciar”.
Fosas, hornos y “hallazgos”: la normalización del horror
Amnistía Internacional acaba de recordar lo obvio: México vive un fenómeno continuo de desapariciones y fosas, y Tamaulipas forma parte de esa cartografía del horror, junto con lugares como Teuchitlán, Jalisco, donde se han localizado fosas y crematorios clandestinos. Colectivos en Tamaulipas han documentado al menos 57 campos de exterminio, esos sitios donde no basta con desaparecerte, también hay que borrar tu cuerpo a fuego y a balazos.
Desde San Fernando, donde comenzaron a aparecer tumbas masivas a inicios de la década pasada, hasta las fosas de Reynosa documentadas por periodistas y organizaciones, el estado carga una década larga de hallazgos que las autoridades llaman “eventos”, como si fueran conciertos y no cementerios.
Tamaulipas no sólo aporta fosas, aporta formatos innovadores de crueldad: hornos improvisados, casas de exterminio, predios usados como línea de ensamblaje de muerte.
Segundo lugar en desapariciones, primer lugar en cinismo
Los datos oficiales confirman que el país vive una crisis de desapariciones donde se esfuman alrededor de 40 personas al día, y Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en número de personas desaparecidas, sólo por debajo del Estado de México,seguido de Jalisco con más de 13 mil registros (13,681). Es decir: el estado no compite por medallas en educación, salud o seguridad, pero en desapariciones está en el podio, con constancia olímpica.
Y mientras tanto, la discusión pública se llena de eufemismos: “hallazgos”, “sitios con restos”, “puntos de interés”, como si lo que hubiera en el suelo fueran piedras arqueológicas y no personas trituradas por una maquinaria que combina crimen organizado, fuerzas federales, policías locales y omisión institucional. Tamaulipas aporta cifras de guerra sin que nadie declare una guerra, y encima pretende que le aplaudan sus comunicados de “fortalecimiento de la atención a víctimas”.
Una Fiscalía que acumula cuerpos, no justicia
El historial forense del estado es brutal: sólo en 2023 la Fiscalía recibió más de 3 mil cadáveres y no pudo identificar a todos; buena parte terminó almacenada en anfiteatros saturados, en agencias funerarias y, cuando ya no hay espacio, en fosas comunes. En paralelo, Tamaulipas figura entre las entidades con más cuerpos sin identificar en fosas comunes y Semefos, superado sólo por Sonora, con más de mil restos anónimos enterrados como inventario sobrante.
Para administrar esta negligencia, el estado presume centros de resguardo de cadáveres, con capacidad para cientos de cuerpos, como si estuviera inaugurando plazas comerciales y no bodegas de muertos sin nombre. A las familias les dicen que se “trabaja en un plan de exhumaciones” y en “cruces genéticos”, pero la realidad es que el sistema está diseñado para que sea más fácil enterrar un cuerpo que asignarle un nombre.
Tamaulipas: nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre
Desde hace años, organizaciones y periodistas han documentado que Tamaulipas es territorio de fosas clandestinas y sitios de exterminio, y que el Estado mexicano ha sido “el gran ausente” en la búsqueda, obligando a las familias a volverse investigadoras, peritas, topógrafas y archivistas del horror. La ecuación es perversa: mientras las madres buscan nombres sin cuerpo, la Fiscalía acumula cuerpos sin nombre en fosas comunes, anfiteatros y “centros de resguardo”.
En Tamaulipas, la lista de 30 sitios sin procesar no es un error administrativo, es una radiografía del modelo: si nadie toca esos lugares, si nadie abre esas fosas, si nadie identifica esos restos, entonces estadísticamente el problema se mantiene “bajo control”. Es el estado perfecto para que el gobierno de Morena y Américo Villarreal,administren la barbarie en Excel antes que enfrentarse a la verdad de un territorio sembrado de muertos.
