«DOS VERSIONES y una CELDA: JOEL VIAJÓ de EE. UU a COLIMA a FESTEJAR a su PADRE, la FGR lo ACUSA por HUACHICOL»… dice jugaba fútbol junto a una instalación criminal y niega los cargos.

Joel René Cárdenas Carrillo volvió a Colima para celebrar el cumpleaños de su padre. Ahora está preso, acusado de robar combustible, y su esposa denuncia que lleva tres semanas sin saber a qué penal lo trasladaron. La FGR asegura que lo detuvo en flagrancia; la familia sostiene que lo arrestaron después de un partido de fútbol y que lo golpearon. Entre ambas versiones hay una pregunta elemental que sigue sin respuesta para sus familiares: ¿dónde está exactamente ? 

Dos versiones, una celda

Cárdenas Carrillo tiene 46 años, es soldador, nació en Colima y lleva más de 25 años viviendo en Estados Unidos, donde se naturalizó en 2007. Reside con su familia en Visalia, California. Tras casi cinco años sin visitar su tierra natal, regresó el 16 de junio; tenía previsto volver a California el sábado 15 de agosto. Tres días antes, el miércoles 12, terminó detenido en Manzanillo. 

Según su esposa, Verónica Sánchez, aquel día salió a caminar a un cerro y después acompañó a unos familiares a un partido del equipo amateur de su padre. Su colaboración, dice ella, consistió en llevar botellas de agua. Al terminar el encuentro, su padre y él salieron en vehículos separados. Joel iba con su amigo Leonel Cárdenas Rodríguez, quien también fue detenido. Varias patrullas les cerraron el paso y, de acuerdo con el relato de Sánchez, los policías golpearon a su marido y lo acusaron de huachicol. 

La Fiscalía General de la República cuenta otra historia. En un comunicado de finales de agosto, afirmó que Joel “N” y otros cinco hombres fueron sorprendidos mientras sustraían hidrocarburos de un ducto que llega a instalaciones de Pemex en Manzanillo. También reportó que, en otro lugar presuntamente relacionado con sus actividades, aseguró siete pipas, tres camionetas y combustible robado, además de localizar dos tomas clandestinas. Esa es la acusación oficial, no una sentencia. 

La cancha está junto a una instalación de Pemex y se accede por la calle Del Trabajo, donde suelen hacer fila camiones cisterna para cargar gasolina y diésel. A pocas cuadras se encuentra el puerto de Manzanillo. La cercanía forma parte del escenario; por sí sola, no resuelve qué hacía cada detenido ni cuál de las versiones se sostiene con pruebas.

Golpes denunciados, respuestas pendientes

Desde una cárcel de la ciudad de Colima, Cárdenas Carrillo escribió una carta: “No soy culpable de esas cochinadas”. También relató: “Nos bajaron y nos arrastraron para adentro. Nos golpearon y no dieron chanza de nada”. Le pidió a su esposa reunir su pasaporte estadounidense, los boletos de avión, las tarjetas de presentación de su negocio de soldadura y la ubicación de las cámaras cercanas a la cancha. No pedía un favor: pedía elementos para defenderse. 

Sánchez, una trabajadora del campo de 47 años, viajó desde California apenas supo del arresto. Llegó cuando se celebraba la audiencia en la que le presentaron el cargo de sustracción ilícita de hidrocarburos. Lo vio con uniforme de reo, cabizbajo y desbordado. “Ahí fue cuando él me vio y se agarró llorando”, contó a EL PAÍS. Según ella, parecía estar en shock. 

Durante una visita posterior, su marido le dijo que lo habían golpeado y que pasó varios días sin comida ni agua mientras estuvo detenido en una cárcel de Manzanillo. Ella denuncia que fue arrastrado, expuesto durante horas al sol sobre piedras y grava, y recibió patadas en la cabeza y el estómago. Sánchez considera que esos actos constituyeron tortura; el reportaje no recoge una determinación independiente que confirme esa denuncia. 

Una jueza de control declaró legal la detención de los seis acusados y les impuso prisión preventiva, según el comunicado de la FGR. La siguiente audiencia está prevista para el 20 de octubre. Mientras el expediente tiene fecha para su próxima cita, la familia sigue sin tener claridad sobre el lugar de reclusión. 

El paradero y el burocrático rebote

La Embajada de Estados Unidos confirmó que atiende el caso por la ciudadanía estadounidense de Cárdenas Carrillo y que está brindando asistencia consular. También indicó que permanece detenido en Colima, pero no ofreció más información, alegando privacidad y otras consideraciones. No se pronunció sobre los señalamientos de tortura. 

El dato incómodo es otro: según la revisión realizada por EL PAÍS, su nombre no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni como mexicano ni como extranjero. Esa ausencia no demuestra por sí sola una desaparición, pero tampoco despeja la incertidumbre de una esposa que denuncia llevar tres semanas sin saber a qué penal lo trasladaron. 

Las respuestas institucionales parecen una ventanilla que manda a otra ventanilla. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo al periódico que el asunto corresponde a la FGR. Un portavoz de la Fiscalía en Colima remitió las preguntas a la autoridad responsable en Manzanillo. Hasta la publicación del reportaje, las respuestas solicitadas no habían llegado. Mucha remisión; poca explicación. 

“Quieren usarlo para cubrir a alguien; no sabemos. O que lo quieran desaparecer. Ese es el miedo”, declaró Sánchez. Sostiene que las autoridades tienen el teléfono, el pasaporte y las pertenencias de su marido. Su sospecha es grave, pero debe quedar donde corresponde: es el temor expresado por la familia, no un hecho probado. 

Un abogado cobró y dejó de contestar

A la detención se sumó otro agujero: el dinero de la defensa. Sánchez denuncia que pagó 5.500 dólares a un abogado de Colima que prometió hacerse cargo del caso y después dejó de responderle. Según su relato, le pidió otros 8.000 dólares para “la fianza”, aunque en la audiencia se había mencionado que su esposo no podía salir bajo fianza. Cuando ella pidió tiempo para investigar, las llamadas se quedaron sin respuesta. Sánchez lo denuncia como un fraude. 

Tampoco logró conseguir los videos que su marido le pidió buscar. El propietario de un negocio cercano a la cancha le dijo que alguien había acudido a destruir las grabaciones y que tenía miedo de hablar. Es otro señalamiento pendiente de corroboración, pero con una consecuencia concreta para la defensa: ella no consiguió ese posible registro de lo ocurrido. 

Familiares de Cárdenas Carrillo y de Leonel Cárdenas Rodríguez han realizado manifestaciones para exigir su liberación. Mientras tanto, Sánchez intenta entender el proceso desde California, a unos 3.000 kilómetros de distancia, con el abogado sin contestar y los ahorros agotándose. 

La familia también paga

Joel aprendió a soldar en Colima cuando era adolescente. Emigró a Estados Unidos a los 19 años para ayudar a sus padres y a su familia, según su esposa. Ambos se conocieron en Nebraska en 2000, se casaron y allí nacieron sus dos hijos, hoy de 23 y 24 años y ciudadanos estadounidenses. Después se mudaron a California. Él obtuvo la residencia permanente en 2005 y la ciudadanía dos años más tarde. 

Tras trabajar durante años para empresas del ramo, constituyó recientemente su propio negocio de soldadura. Su esposa conserva fotografías de él con la careta puesta y trabajando en proyectos en Visalia, imágenes que presenta como parte de los elementos para acreditar su actividad laboral. Eso documenta un oficio; la responsabilidad penal tendrá que resolverse con las pruebas del caso, no con etiquetas de ninguna de las partes. 

La ausencia del principal sostén económico ya golpeó la casa. Después de casi dos meses sin sus ingresos, Sánchez dice que los ahorros se acabaron, que su salario no alcanza para cubrir los gastos y que considera vender parte de la maquinaria de su marido. El equipo con el que él se ganaba la vida podría terminar pagando el costo de intentar recuperarla.

“Que se haga una investigación”, pide Sánchez, quien sostiene que la acusación es falsa y reclama su liberación. La exigencia no tiene misterio: esclarecer los hechos, responder por los abusos denunciados e informar con precisión dónde está detenido. Una acusación de huachicol no vuelve prescindibles esas respuestas. 

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ISAIAS ALVARADO/ANDRES RODRIGUEZ

«HACIENDA VENDE CALMA: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL le PIDE a MÉXICO SACAR la CALCULADORA para ACELERAR REDUCCIÓN de DEUDA»… es riesgosa la trayectoria ascendente.

El Fondo Monetario Internacional le puso a México un espejo enfrente y Hacienda respondió con un comunicado para acomodar la iluminación. Mientras el organismo advierte que el ajuste fiscal va perdiendo velocidad y que la deuda apunta hacia arriba, la Secretaría de Hacienda presume una consolidación “ordenada”, “gradual” y “compatible con el crecimiento”. El pleito no está en los adjetivos: está en si las cuentas alcanzan.

Porque una cosa es reducir el déficit —seguir gastando más de lo que entra, pero por una cantidad menor— y otra conseguir que la deuda entre en una trayectoria descendente. No son sinónimos, aunque en el discurso oficial puedan aparecer convenientemente revueltos.

Menos déficit no basta

Según la declaración del FMI citada por El Norte, México redujo de manera marcada el déficit en 2025 y continuó fortaleciendo las finanzas públicas en 2026, aunque con menos ímpetu. El problema aparece hacia adelante: la propuesta presupuestaria para 2027 plantea una consolidación más lenta que la anunciada anteriormente y una trayectoria ascendente de la deuda durante los próximos años.

En español de banqueta: el Gobierno ofreció apretarse el cinturón a cierta velocidad y ahora propone hacerlo con más calma. Mientras tanto, la cuenta sigue creciendo.

El FMI pide una consolidación “más ambiciosa y acelerada”. Hacienda defiende la gradualidad para no sacrificar inversión ni prioridades sociales. Esa diferencia importa: ajustar demasiado rápido puede castigar la actividad económica; ajustar demasiado despacio puede dejar al Gobierno sin espacio para responder a la siguiente emergencia.

Lo que el Fondo cuestiona no es que exista un esfuerzo fiscal. Cuestiona que ese esfuerzo sea suficiente. Y ahí el comunicado de Hacienda no liquida la discusión: reiterar que la estrategia es responsable no demuestra, por sí solo, que vaya a torcer la curva de la deuda.

El margen está comprometido

“Recuperar margen de maniobra fiscal” suena a conversación entre funcionarios con café caro. En la calle significa algo bastante más sencillo: tener dinero y capacidad presupuestaria para atender necesidades sin que cada decisión obligue a recortar otra partida o a buscar más financiamiento.

El FMI pide medidas equilibradas y creíbles para proteger las metas fiscales y abrir espacio a infraestructura y salud. No está proponiendo, en el texto citado, pasar la tijera indiscriminadamente. Está pidiendo revisar cómo se recauda, en qué se gasta y qué compromisos siguen cargándole peso al presupuesto.

La lista tiene destinatarios incómodos:

• Focalizar mejor los programas sociales: revisar a quién llega el dinero y si cumple su propósito, no confundir automáticamente eficiencia con desaparición de apoyos.
• Eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles: dejar de sostener esa intervención presupuestaria de manera indefinida.
• Fortalecer de forma duradera las finanzas de Pemex: resolver el problema financiero con horizonte de permanencia, no limitar la discusión al siguiente parche.

La palabra decisiva es “duradera”. Porque administrar una urgencia no equivale a resolverla, aunque el anuncio venga acompañado de ceremonia y fotografía.

Reglas sin dientes

Otro jalón de orejas está en el marco fiscal. El Fondo reconoce que las reglas mexicanas han contribuido a mantener disciplina, pero señala que no han impedido que la deuda aumente con el tiempo.

Traducción: hay reglamento, pero el resultado todavía no convence.

Por eso propone un ancla de deuda de mediano plazo, mecanismos de corrección definidos, cláusulas de escape vinculantes y un consejo fiscal independiente. Dicho sin traje: fijar una referencia clara, establecer qué hacer cuando las cuentas se desvíen y evitar que las excepciones se conviertan en una puerta giratoria.

Un consejo independiente serviría para someter las cuentas a una evaluación que no dependa exclusivamente del mismo Gobierno que las presenta. Porque ser jugador, árbitro y comentarista de la propia disciplina presupuestaria resulta bastante cómodo.

El FMI también pide transparencia y supervisión de las operaciones extrapresupuestarias. La cuestión es sustantiva: el análisis fiscal no puede quedarse en el escaparate del presupuesto; debe mirar también las operaciones que pueden afectar la deuda y los compromisos públicos.

Inversión sí, trucos no

El Fondo considera positivos los planes de infraestructura y pide proteger la inversión pública, además de permitir mayor participación privada. Pero el reconocimiento viene con condiciones. Hacienda destaca el aplauso; conviene leer también la letra pequeña.

La inversión debe corresponder a la capacidad real de ejecución, respetar los límites presupuestarios y ser compatible con la sostenibilidad fiscal. No basta con anunciar proyectos: hay que poder realizarlos y pagarlos.

El organismo también recomienda limitar los diferimientos en el reconocimiento del gasto y contener los pasivos contingentes de proyectos mixtos. En lenguaje de banqueta: que la factura no aparezca más tarde solo porque hoy resulta políticamente incómodo registrarla, y que los compromisos que podrían recaer sobre el Gobierno no se traten como si fueran dinero gratis.

La participación privada tampoco vuelve inocuo cualquier proyecto. Por eso el FMI pide armonizar las salvaguardas del nuevo marco de inversión con la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Asociarse no elimina la necesidad de revisar quién asume los riesgos y bajo qué condiciones.

El crecimiento no hace milagros

Con las proyecciones citadas de 1.5% de crecimiento para 2026 y 1.8% para 2027, el escenario tampoco permite descansar toda la estrategia en una expansión económica vigorosa. El propio Fondo señala que la incertidumbre externa seguirá limitando la actividad.

Hacienda sostiene que metas realistas, ingresos permanentes y una ejecución responsable permitirán reducir el déficit sin comprometer inversión productiva ni prioridades sociales. Es una defensa atendible como planteamiento. Su prueba está en los resultados, no en la tersura del comunicado.

El punto incómodo que exhibe este intercambio no es que México esté necesariamente al borde de una crisis: el texto no permite sostener semejante salto. Es otro, menos espectacular y más preciso: el FMI considera insuficiente el ritmo del ajuste para poner la deuda en una trayectoria firmemente descendente, mientras Hacienda defiende ese mismo ritmo como una estrategia adecuada.

Ahí está el brete. El Gobierno habla de orden; el Fondo pregunta si ese orden alcanza. Y las cuentas públicas tienen una grosería muy poco diplomática: no se cuadran con adjetivos.

Con información: ELNORTE/

LA «PRESIDENTA del FUTURO»: SHEINBAUM CORTÓ la MAÑANERA SIN RESPONDER PREGUNTAS ESPINOSAS que dijo VA A RESPONDER el LUNES»… ya van a ser anécdotas.

La “presidenta del futuro” le puso fecha a ese futuro: el lunes. Claudia Sheinbaum cerró ayer viernes su mañanera después de una hora con 10 minutos y dejó para después las preguntas incómodas. El huachicol, las protestas del IMSS y los pendientes de seguridad podían esperar. Total, las crisis no tienen cita si Presidencia no les abre un espacio en la agenda.

La conferencia arrancó con un “2 de octubre no se olvida” y un mensaje sobre la represión del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco. La Mandataria recordó el pronunciamiento de su Gobierno sobre la responsabilidad del entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz y expresó solidaridad con las víctimas y sus familiares.

“Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, afirmó. Para las preguntas sobre los problemas del presente, en cambio, la fórmula fue menos solemne y bastante más práctica: hoy no, joven; vuelva el lunes.

Después llegó el turno de los recientes episodios de violencia en escuelas. Omar García Harfuch tomó la palabra y las preguntas se concentraron en ese asunto y en el decreto que el Gobierno pretende elaborar para obligar a las plataformas digitales a retirar y reportar contenidos relacionados con actos violentos.

Hasta ahí hubo preguntas. Luego, la mañanera cambió de programa: informe de los dos primeros años de la Secretaría de Cultura, exposición de Claudia Curiel, testimonios de estudiantes sobre la renovación de sus planteles y participación de integrantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

Y entonces llegó la gran obra de la mañana: el aplazamiento de las respuestas.

“¿Qué les parece si hacemos preguntas sobre este tema? Y ya, el lunes vemos otros temas. ¿Les parece?”, planteó Sheinbaum.

La consulta sonó amable; el límite quedó clarísimo: Cultura sí, lo demás después. No hay por qué cargarles a los estudiantes y a los músicos la responsabilidad del cierre. Ellos hicieron su parte; la Presidenta decidió cuándo dejar de responder.

García Harfuch seguía en el Salón Tesorería, pero no se abordó la captura de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol” o “Mike”, señalado por las autoridades como presunto integrante de una red de huachicol fiscal. Secretario presente, asunto ausente: una modalidad bastante peculiar de disponibilidad.

Tampoco hubo postura oficial sobre la información publicada acerca de una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el empresario Amílcar Olán. Ni sobre la contratación, por parte del Gobierno y la Fiscalía de Baja California, de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con una red relacionada con una facción del Cártel de Sinaloa.

Demasiados asuntos espinosos para una mañana que ya había encontrado una salida mucho más cómoda.

También quedó pendiente la entrega a México de más de 20 fugitivos requeridos por autoridades nacionales, anunciada por el Embajador estadounidense Ronald Johnson como parte de la cooperación bilateral en seguridad. Las cancelaciones de vuelos al aeropuerto de Tulum tampoco encontraron espacio.

Y los trabajadores activos y jubilados del IMSS, que el día anterior protestaron en al menos 17 estados por salarios, medicamentos, insumos, plazas y condiciones laborales, se quedaron sin que sus demandas fueran abordadas. Para ellos no hubo respuesta esa mañana; hubo calendario.

El remate fue de antología. Sheinbaum había anunciado que la conferencia concluiría con “Suave Patria”, la sección de los viernes. Pero ni esa se realizó.

“Dejamos aquí la Suave Patria. Bueno, cerramos entonces”, dijo antes de abandonar el Salón Tesorería.

Así terminó la función: sin los temas incómodos y sin la sección anunciada. La “presidenta del futuro” dejó las respuestas en su hábitat natural: el después. Porque una cosa es recordar que el 2 de octubre no se olvida y otra, al parecer, encontrar tiempo para responder lo que se pregunta el 2 de octubre.

Con información: ELNORTE/

«SENADOR NO MIENTE: NO TIENE DOBLE NACIONALIDAD,NO TIENE RESIDENCIA en EE.UU y…YA NO TIENE VISA»…y si crúza,lo atoran en el puente.

José Ramón Gómez Leal quiere llegar a la gubernatura de Tamaulipas en 2028 y ya sacó a relucir su certificado de patriotismo: asegura que no tiene doble nacionalidad, que nació en Reynosa y que ahí vive. Nada de residencia estadounidense, sostiene. El senador morenista dice tener bien puesta la camiseta mexicana; lo que falta es que esa camiseta no se use como cortina para esquivar preguntas incómodas. 

Porque una cosa es aclarar dónde nació y otra, muy distinta, aclarar los señalamientos que lo acompañan. En agosto, Reforma lo describió como señalado por presuntos vínculos con el huachicol. 

Tan solo uno de muchos señalamientos, no son una sentencia; pero tampoco se contestan enseñando el acta de nacimiento. 

Con la visa, además, el discurso tiene su propio enredo fronterizo. Gómez Leal afirmó que sí contaba con una, pero dijo desconocer si se la habían retirado. Es decir: presume certeza sobre sus raíces, pero sobre el permiso para cruzar la frontera dejó la respuesta en veremos. No es lo mismo “no tengo visa” que “no sé si todavía puedo usarla”. 

Ahora propone que los funcionarios, especialmente los de la frontera, vivan en México y no hagan su vida en Estados Unidos mientras ejercen un cargo de este lado. El argumento es que deben compartir la realidad de las comunidades que gobiernan. Muy bien: que compartan el territorio, pero también que rindan cuentas. La residencia no sustituye a la transparencia.

El aspirante quiere que el debate se concentre en quién tiene otra nacionalidad y quién duerme al norte del río Bravo. Pero el escrutinio público no debería quedarse en la aduana: también debe alcanzar los señalamientos sobre su trayectoria llena de señalamientos, muchos oficiales que aguardan castigo con calculo politico.

Porque para aspirar a gobernar Tamaulipas no debería bastar con decir “yo sí vivo en Reynosa”. Hace falta responder lo incómodo. El acta de nacimiento acredita dónde nació; no funciona como detergente político.

Con información: ELNORTE/

«CDG EJECUTÓ a FISICOCULTURISTA en CIUDAD donde MATAR, LEVANTAR, EXTORSIONAR y ser DETENIDO es POCO PROBABLE, REMOTO o NULO»… llena de soldados, marinos, GN,GE,FGR y hasta los «Harfuch».

El asesinato de Rafael “N” debe ser el punto de partida: un hombre que acababa de llegar a Reynosa para establecerse y terminó muerto afuera de un autolavado y bajo un gobierno de facto que ejerce su majestad el Cartel del Golfo,en una ciudad llena de operativos,policias y soldados.

Rafael “N” había llegado recientemente desde el sur de Tamaulipas con la intención de establecerse en Reynosa. Ofrecía masajes antiestrés y practicaba fisiculturismo. La noche del jueves 1 de octubre, su proyecto de vida terminó afuera de un autolavado de la colonia Cumbres: un hombre habría llegado en un vehículo y disparado contra las personas que estaban en el exterior, según los primeros testimonios recogidos por las autoridades. Rafael murió en el lugar.

El ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de Oriente 2 y calle 14. Después llegaron elementos de la Guardia Estatal, agentes de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales. Acordonaron, recopilaron indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense. Sus familiares tuvieron que hacer lo que ninguna familia debería hacer: reconocerlo muerto.

La secuencia es brutalmente conocida: primero los disparos;después las patrullas; al final, una carpeta. El Estado aparece para documentar la muerte. La pregunta es si también aparecerá para encontrar al asesino,poco probable,remoto o francamente nulo.

En Reynosa, matar parece una actividad de bajo riesgo para quien aprieta el gatillo y de riesgo absoluto para quien se cruza en el camino. La ciudad no carece de uniformes: tiene soldados, marinos, Guardia Nacional, Guardia Estatal, operan los llamados «Harfuch», hay patrullas, retenes y operativos con suficiente parafernalia para llenar una transmisión oficial. Lo que escasea, según los resultados y la experiencia cotidiana, es algo bastante más elemental: consecuencias para el asesino y verdad para las víctimas.

El más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Estataldibuja un retrato que no admite boletines perfumados. En 2025, Tamaulipas registró 998 víctimas de homicidio y feminicidio en averiguaciones previas y carpetas abiertas; de ellas, 223 fueron víctimas de homicidio doloso consumado —211 hombres y 12 mujeres—. Es decir: al menos 223 personas fueron asesinadas intencionalmente y quedaron reducidas a registro estadístico, expediente, número de carpeta o, en el peor de los casos, otra historia devorada por la impunidad.

La Fiscalía de Tamaulipas abrió 39,923 carpetas de investigación en 2025; 16,722, el 41.9%, arrancaron sin persona imputada. Cerró el año con 35,788 procedimientos pendientes de concluir. En otras palabras, la maquinaria de justicia recibió expedientes por miles, pero demasiados entraron sin sospechoso y decenas de miles siguieron esperando salida.

La cosa empeora al revisar el embudo completo: de los 44,395 imputados registrados por la Fiscalía tamaulipeca durante 2025, sólo 1,146 llegaron a formulación de imputación; 811 fueron vinculados a proceso y 335 no lo fueron. 

Esto en su conjunto, exhibe la distancia obscena entre el universo de casos que llega a una fiscalía y los que logran cruzar la puerta judicial. El sistema no es precisamente una fábrica de certezas; parece más bien una sala de espera con sello oficial de impunidad,esa que provoca la impudicia que un «matasanos» chafa prometio sanar,antes que se atravesaran las pipas del huachicol y las ligas con el crimen organizado.

Reynosa: miedo medido

En esa ciudad fronteriza, el miedo no es una metáfora editorial: es una cifra del INEGI. Durante el segundo trimestre de 2026, 86.6% de la población adulta de Reynosa dijo sentirse insegura. Casi nueve de cada diez personas. 

No es un mal humor colectivo ni una exageración de sobremesa:es una población que vive bajo la sospecha de que salir, circular, trabajar, abrir un negocio o simplemente regresar a casa puede requerir más suerte que protección pública.

Mientras tanto, la autoridad ofrece la coreografía habitual:convoyes, comunicados, fotografías de reuniones, dispositivos “especiales” y operativos que suelen lucir más pancheros que eficaces, mientras se reúnen en publico con los lugartenientes del crimen organizado.

Mucho despliegue para la foto; poca certeza de que el homicida, el secuestrador o el operador criminal termine realmente ante un juez, y no simplemente se pierda en la maleza burocrática entre incompetencias, archivos, carpetazos, silencios y la tradicional conexión familiar con Morena,ese partido que opera criminal y políticamente organizado.

La contradicción es feroz: Reynosa está llena de fuerza pública, pero la población se siente abandonada. No porque falten botas en el pavimento, sino porque sobran razones para dudar de lo que hacen —o dejan de hacer— esas botas.

Uniformes bajo sospecha

A ese paisaje se agregan denuncias difundidas públicamente contra mandos de la Guardia Estatal en Reynosa. Las acusaciones refieren presuntos pagos del crimen organizado, tolerancia a vehículos armados, apagones de cámaras, liberación de detenidos, filtración de movimientos operativos y uso indebido de información institucional. 

Son señalamientos gravísimos, con nombres, montos, lugares y mecanismos que, justamente por su gravedad, no deben ser tratados ni como sentencia automática ni como chisme desechable en una ciudad donde crimen y gobierno son pleonasmo.

La sede estatal del levantón

La muerte y la desaparición no son capítulos separados en Tamaulipas; son partes de una misma pedagogía del terror. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba, al corte citado en septiembre de 2026, 13,781 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, colocándola en la cima nacional de esa tragedia. 

Mas que un deshonroso «campeonato» ,son miles de ausencias, familias convertidas en investigadoras, buscadoras, peritas y excavadoras porque el Estado no llegó, llegó tarde o llegó a simular que buscaba.

Tamaulipas, y Reynosa en particular, no necesitan otra misa de coordinación donde funcionarios de todos los niveles se tomen la foto como si la delincuencia fuera un problema de agenda. Necesitan una Fiscalía capaz de investigar homicidios hasta identificar responsables; policías que no estén bajo sospecha de vender información o protección; controles externos sobre operativos; datos públicos desagregados sobre homicidios y esclarecimiento; y resultados que sobrevivan al escrutinio, no sólo al aplauso de los subordinados.

Porque en una ciudad donde el 86.6% se siente inseguro, donde se acumulan homicidios sin certeza pública sobre su esclarecimiento y donde las desapariciones han colocado al estado en la cúspide de la vergüenza nacional, el problema no es que falten discursos de seguridad.

El problema es que, para demasiada gente, matar, levantar o desaparecer a alguien en Reynosa parece tener más probabilidades de éxito que de castigo. Y cuando eso ocurre bajo la mirada de soldados, marinos, policías y operativos de aparador, la pregunta ya no es sólo dónde está el crimen: la pregunta es quién le dejó tanto espacio para AVAnzar y gobernar hasta el gobierno.

Con información: INEGI/ HOYTAMAULIPAS/