Hay decisiones que se toman con la cabeza fría, otras con calculadora en mano y luego está la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco: un monumento nacional al «porque yo lo digo» financiado a meses sin intereses con la tarjeta de crédito de todos los mexicanos.
En 2018, a golpe de encuesta improvisada y voluntad presidencial, se decidió sepultar bajo el fango una obra que ya llevaba un tercio de avance. Lo que nadie explicó en las conferencias mañaneras de aquel entonces es que cancelar el concreto no cancela los pagarés. A ocho años del berrinche, la cruda financiera sigue pasando charola y los números son dignos de una comedia negra presupuestal:
1,243 millones de dólares tirados al aire: Eso es lo que el gobierno federal ha tenido que desembolsar únicamente en intereses a los acreedores de un aeropuerto que no existe. Es decir, más de mil doscientos millones de dólares pagados por el puro privilegio de no tener terminal aérea.
El primer abono chiquito (pero picoso): Apenas a inicios de noviembre de 2026, la administración actual tuvo que abrir la cartera para liquidar el primer vencimiento real a capital por 566 millones de dólares (unos 10 mil millones de pesos). Todo para extinguir apenas una de las series de bonos emitidos en 2016.
La herencia maldita hasta 2047: Aunque la deuda original de 6,000 millones de dólares se fue rasurando con recompras a 4,200 mdd en 2019 y 3,718 mdd en 2023, todavía queda un saldo insoluto de 3,152 millones de dólares. Faltan tres vencimientos más —en 2028, 2046 y 2047— lo que significa que los niños que nazcan hoy terminarán la universidad y seguirán pagando el capricho de Texcoco durante 21 años más.
El viajero paga los platos rotos: ¿De dónde sale el dinero para tapar este hoyo negro? De la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que cada pasajero paga al comprar un boleto en el saturado y decrépito AICM. En lugar de usar ese dinero para arreglar goteras, baños o pistas en el Benito Juárez, cada peso de la TUA va directo al fideicomiso MEXCAT para calmar a los tenedores de bonos en Wall Street.
Como bien resume el Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), este galimatías dejó al país pagando dos veces: sin el hub aéreo de clase mundial que nos habría conectado con el planeta y con las finanzas del aeropuerto actual secuestradas por dos décadas más para pagar una pista fantasma. Un negocio redondo… pero para los acreedores.
Si siempre quisiste sentirte piloto de MotoGP, pero tu presupuesto apenas alcanza para una Italika a meses sin intereses en Elektra, el pomposo Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) tiene la solución ideal para ti… siempre y cuando tengas un par de millones de pesos empolvándose debajo del colchón.
Ayer miércoles 11 y jueves 12 de noviembre, el Gobierno federal abrió las puertas del «tianguis» más exclusivo y turbio del país para rematar 62 motocicletas de lujo y competición que le fueron decomisadas a Ryan Wedding.
¿Y quién es este personaje?
Pues nada más y nada menos que un exatleta olímpico canadiense que pasó de deslizarse en la nieve en los Juegos de Invierno de Salt Lake City 2002, a supuestamente mover toneladas de «nieve» de otro tipo como operador de una red de narcotráfico y lavado de dinero. Porque claro, el retiro deportivo es difícil y hay que buscar nuevos pasatiempos.
Con la esperanza de juntar unos modestos 58 millones de pesos para las arcas públicas, el catálogo SMM 04/26 ofrece joyitas de Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki y MV Agusta, incluidas reliquias fabricadas desde los años 50 que seguramente el exolímpico adquirió con el sudor de su frente (y algunos sobornos a jueces, según dicen por ahí).
Curiosamente, aunque el gobierno anunció 62 motos, en el catálogo oficial solo aparecen 61 lotes. No queremos pensar mal, pero seguro la moto número 62 se perdió en el camino o algún funcionario la está «probando» para verificar que frenen bien antes de devolverla al pueblo.
Para los coleccionistas de gustos finos y carteras gordas que fueron a levantar su paletita numerada, el menú estuvo de lujo:
La joya de la corona: Una Ducati Desmosedici GP7 (2006) con un precio de salida de 2 millones 547 mil 200 pesos. Ideal para ir por las tortillas a 300 kilómetros por hora.
Para ir haciendo juego: Dos Ducati Desmosedici GP8 (2008) en apenas 2 millones 417 mil 800 pesos cada una, y una GP11 (2011) por 2 millones 390 mil pesos. Una verdadera ganga.
El clásico disputado: Una Honda NS500 de 1984 que arrancó en 1 millón 53 mil 200 pesos, por la que varios compradores casi se agarran a paletazos para llevársela a casa.
Todas estas máquinas de velocidad fueron aseguradas en diciembre de 2025 durante los cateos contra Wedding, demostrando que, aunque no ganó medalla en 2002, en el campeonato mundial de coleccionar vehículos con dinero ilícito se llevó el oro absoluto. Así que ya sabes, si no alcanzaste a pujar, no te preocupes: siempre puedes esperar al próximo cateo para ver qué otro juguetito le «devuelven al pueblo».
México se ha convertido en ese bizarro parque de diversiones donde la única atracción que nunca cierra es el laberinto de las personas que no vuelven. Y como en toda buena feria, la competencia por ver quién es más rápido, más eficiente y más implacable está al rojo vivo. Olvídense de los debates ideológicos, la verdadera contienda se juega en el tablero de las almas que se esfuman en el aire. Y ahí, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) no solo ha decidido continuar el «legado» de su mentor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que ha decidido aplicarle un acelerador de partículas a la barbarie.
Para muestra, un botón —o mejor dicho, un par de gráficos que desnudan la fría, matemática y descarada competencia entre el «segundo piso» de la transformación y su ilustre cimiento .
Round 1: El sprint de los 26 meses (Donde la alumna supera al maestro)
Hablemos de velocidad, ese atributo tan valorado en la administración pública. Si miramos el gráfico de la carrera mes a mes al corte de los 26 meses de gobierno ,la ventaja de la actual mandataria es de esas que harían sonrojar a cualquier atleta olímpico:
AMLO al mes 26 acumulaba la nada despreciable cantidad de 16,973 desaparecidos. Una cifra que en cualquier país normal tumbaría gabinetes enteros, pero que aquí fue despachada con mañaneras llenas de «otros datos».
CSP, en el mismo periodo, se anota un acumulado de 20,872 almas en el limbo de la no localización.
Esto no es un aumento marginal; es un soberbio e indiscutible +23% de ventaja frente a su predecesor en el mismo tramo de la carrera. Sheinbaum no solo está corriendo en la misma pista que López Obrador; va en un vehículo con turbo, rebasando por la izquierda y la derecha los registros históricos de desaparición forzada e involuntaria, dejando atrás a Peña Nieto (9,942) y al «villano favorito» Calderón (2,181) a estas alturas de sus respectivos mandatos.
Es la barbarie perfeccionada: una maquinaria que funciona con la precisión de un reloj suizo pero en el contexto de un camposanto.
Round 2: El promedio diario (27 es más que 24, aunque la narrativa diga lo contrario)
Pasemos a la contabilidad del día a día, esa que se mide con el segundero del horror cotidiano. La numeralia del Reporte Diario de TREsearch al 11 de noviembre de 2026 nos entrega una verdad aplastante:
Bajo el mandato de López Obrador, el promedio diario de personas desaparecidas se estacionó en 24. Un ritmo constante, casi naturalizado por una opinión pública anestesiada.
Bajo el mandato de Sheinbaum, la cifra se eleva sin tapujos a 27 personas al día.
¿Qué significa esto en el reloj de la vida real?
Significa que en México desaparece una persona cada 53 minutos.No alcanza a pasar una hora de transmisión, no terminas de ver un partido de fútbol, no se completa una jornada escolar sin que alguien, en algún rincón de este territorio sin ley, sea borrado del mapa y Tamaulipas es el campeon historico.
Es el triunfo de la estadística sobre la empatía: un promedio que no se detiene ni con discursos, ni con censos creativos, ni con la terca y cínica insistencia de que «las cosas están cambiando».
Sí, están cambiando, pero para peor.
El «segundo piso» de la fosa común
Lo verdaderamente irreverente —e indignante— de este escenario es el contraste entre la retórica oficialista de la paz y el rigor de los números de la Comisión Nacional de Búsqueda (RNPDNO) procesados por TResearch. Mientras las mañaneras y los boletines se empeñan en construir un país de fantasía donde la delincuencia «se atiende desde las causas», la realidad se encarga de acumular 130,826 desaparecidos históricos, de los cuales el sexenio de CSP ya se ha apropiado de un escalofriante 16% del total en apenas poco más de dos años de gestión .
No estamos ante un simple relevo político; estamos ante una transición de la negligencia a la ultraeficiencia en el desastre. López Obrador abrió la senda de la indolencia, pero Sheinbaum la está pavimentando con el «segundo piso» de un récord que no debería enorgullecer a nadie.
En esta absurda y macabra carrera de relevos, la única certeza es que la barbarie del pasado no fue un techo, sino apenas el calentamiento para la barbarie del presente. CSP va ganando la contienda, pero el premio, por desgracia, lo sigue pagando la ciudadanía con su propia ausencia. No se trata ya de superar al neoliberalismo; se trata de ver quién entrega una fosa más grande al final del sexenio. Y en eso, la alumna ya es, indiscutiblemente, la campeona absoluta.
No debemos perder de vista que, en la mayoría de los estados en mal estado, desaparecer es casi el equivalente de morir. De tal suerte que, si se suman las ausencias a los asesinatos diarios, no estamos ante ninguna disminución de los homicidios dolosos.
En Tamaulipas, la procuracion y administarcion de la justicia no tiene los ojos vendados; más bien le apagan el switch a propósito para que nadie vea quién negocia libertades a cambio de chismes políticos. Rómulo Garza Martínez, mejor conocido hoy como el Preso 868 del CEDES de Ciudad Victoria, acaba de plantarle una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) que deja a la administración de Américo Villarreal Anaya y a la Fiscalía Anticorrupción del estado muy mals paradas.
Con copia directa para el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson —por si faltaba público internacional—, el ex-secretario de Bienestar Social de la era cabecista narra una trama donde el Código Penal se usa como papel de baño y las carpetas de investigación se cotizan en el mercado negro. Carpetas que no tocan a la esposa del mandatario,tambien acusada.
El «Buen Fin» de la Fiscalía Anticorrupción
La historia arranca en plena campaña electoral de 2024, cuando Garza buscaba la alcaldía de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Según la denuncia, un conocido suyo llamado Rubén Salas Rodríguez le llamó para avisarle que su compadre y un tal José Manzano —operadores de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, entonces encabezada por Raúl Ramírez Castañeda— le tenían una carpeta lista por compras de despensas durante la pandemia.
Pero como en Tamaulipas todo es negociable, le ofrecieron un menú de precios digno de venta nocturna:
Paquete VIP ($1,500,000 pesos): Carpetazo inmediato y aquí no pasó nada.
Paquete Intermedio ($1,000,000 pesos): Judicializan el asunto, pero el juez hace como que no ve nada y no lo vinculan a proceso.
Paquete Económico ($600,000 pesos): Lo vinculan, pero se va a su casa a firmar cada mes como si nada.
Rómulo les dijo que ni tenía el dinero —recordándoles que un secuestro en 2010 lo dejó en la lona— ni había cometido delito alguno. Como no hubo moche, el 17 de enero de 2025, mientras despachaba tranquilamente su carrito de elotes en la vía pública de Ciudad Valles, le cayeron agentes sin identificarse, sin orden a la vista y sin oficio de colaboración entre estados. De vender elotes con chile del que pica, pasó directo a una celda de 1.5 por 2.5 metros en Ciudad Victoria.
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La justicia de las despensas y los candados
Ya encerrado, la maquinaria judicial de Tamaulipas demostró una creatividad envidiable: le fueron sacando carpetas de investigación por entregas (CP/87/2024, CP/380/2025 y CP/504/2025), todas por el mismo cuento de las despensas del COVID-19.
Jueces como Martha Patricia Rodríguez Salinas y Santiago Espinoza Camacho lo vincularon a proceso una y otra vez bajo el argumento de que «la pandemia solo duró unos días», ignorando los decretos federales y estatales que permitían adjudicaciones directas durante toda la emergencia sanitaria.
Mientras tanto, el «humanismo» penitenciario brillaba por su ausencia:
Seis meses encerrado con cadena y candado en la puerta, teniendo que gritar hasta tres horas para que un guardia se dignara a abrirle para ir al baño.
Cero luz del sol, calor infernal multiplicado por bloques de vidrio en la pared y una colchoneta en el suelo.
Ni siquiera le permitieron despedirse de su madre cuando falleció en agosto de 2025.
El apagón, el cubículo y los tres millones de premio
Lo mejor del guion ocurrió una noche de julio de 2026. Pasadas las siete de la noche, se fue la luz en el penal. Un guardia con lámpara en mano sacó al Preso 868 de su celda y lo llevó a un cubículo totalmente a oscuras. Ahí, dos voces anónimas entre las sombras le soltaron la sopa sin rodeos: sabían que era inocente, sabían que las carpetas eran fabricadas y que el PAN y Francisco García Cabeza de Vaca lo habían dejado abandonado.
La oferta sobre la mesa fue tan cínica que da risa: firmar una declaración inventada contra Cabeza de Vaca. A cambio, en una semana salía libre, le cerraban todas las carpetas antes de que acabara el sexenio de Américo Villarreal y, por si fuera poco, le daban un «premio» de 3 millones de pesos.
Cuando Rómulo respondió que no tenía pruebas para inventarle delitos a nadie, la voz en la oscuridad le soltó la joya de la corona del sistema penal tamaulipeco: «No ocupamos que compruebes, a ti no te han comprobado nada y aquí estás, solo firmas dichos y te vas y con premio». Al negarse, le advirtieron que regresarían en unos meses a ver si el encierro ya lo había «ablandado». Al volver a su celda, el propio guardia le confirmó que el apagón no fue falla eléctrica, sino instrucción directa para que los visitantes no fueran vistos.
El desmentido que confirma el delito
Tras hacerse público el escándalo en la columna de Lourdes Mendoza en octubre de 2026, el Consejero Jurídico del Gobierno de Tamaulipas, Marco Antonio García Barrientos, salió en El Universal a negar todo, defendiendo la pulcritud de los jueces y justificando las condiciones de la cárcel. El pequeño detalle que se le olvidó al funcionario es que, ante una denuncia de tortura y coacción, la ley obliga al Estado a investigar de inmediato y dar vista al Ministerio Público, no a publicar desplegados de relaciones públicas.
Hoy la pelota está en la cancha de la FGR (y en el escritorio de la Embajada de EE. UU.). El Preso 868 pide que se investigue por tortura psicológica y tratos crueles a Raúl Hernández Chavarría (extitular de la UIF estatal), a los operadores de la Fiscalía Anticorrupción, a los jueces de consigna y hasta al propio gobernador Américo Villarreal, demostrando que en Tamaulipas, cuando no pueden doblar a un exfuncionario a billetazos, intentan quebrarlo a oscuras y a base de candados.
Todo empezó por confiarle la vida al algoritmo. La tarde del sábado 7 de noviembre, el alcalde panista de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, iba de paseo familiar a bordo de su camioneton Cadillac Escalade ,Negro como su conciencia, hacia el pueblo mágico de Real de Catorce en el estado de San Luis Potosi ,acompañado de su esposa, parientes y su inseparable asesor Julio César Balderas.
Como nadie se sabía el camino, pusieron su fe en el GPS, que con esa vocación suicida que a veces le da a la tecnología en el norte de México, los mandó directo a una brecha rumbo a Concepción del Oro, Zacatecas.
Pero para entender el brete en el que se metió el alcalde detenido en 2009 por andar «huachicoleando» con un cuñado del también «huachicolero» secretario general de Gobierno de Tamaulipas y con quien ha compartido portadas nacionales, para explicar por qué un retén ilegal los detectó a kilómetros de distancia.
Para eso solo basta ver el discreto vehículo que aun no aparece y en el que decidieron aventurarse por terracería en medio de la nada: una Cadillac Escalade 2024.
Meter semejante buque insignia de lujo en una brecha perdida entre Zacatecas y San Luis Potosí es prácticamente el equivalente automovilístico a salir de cacería vestido de neón y tocando la tuba. Estas son las credenciales de «bajo perfil» de la camioneta:
Un frente que grita «aquí traemos billete»: Con esa parrilla monumental repleta de detalles cromados brillantes y faros verticales LED, la camioneta no pasa desapercibida ni estacionada en Beverly Hills, mucho menos levantando polvo en la carretera San Tiburcio–Vanegas.
Dimensiones de tanque ejecutivo: Más de cinco metros de largo, rines gigantescos de 22 pulgadas y una carrocería negra que, en el imaginario colectivo del norte del país, grita «funcionario de alto nivel, narco aspiracional o personaje importante» antes siquiera de bajar la ventanilla.
Motor V8 de 6.2 litros y 420 caballos: Potencia de sobra para devorar autopistas con aire acondicionado en tres zonas, asientos de piel con masaje y pantalla curva OLED, pero totalmente inútil cuando cuatro sujetos armados te cierran el paso en un camino rural y te bajan a caminar por el potrero.
Al final, la ironía mecánica cerró el círculo completo: el alcalde arrancó su fin de semana viajando en una sala VIP rodante de más de dos millones de pesos, y lo terminó negociando un asiento en un autobús de la Línea Frontera pagando con su reloj de pulsera.
Asi ocurrio de noche:
El alcalde que se prepara la reelecion en Rio Bravo y la gubernatura en 2028, dice que unos 80 kilómetros antes de conectar con la carretera Zacatecas-Saltillo, en el tramo San Tiburcio–Vanegas, la realidad les dio la bienvenida en forma de retén ilegal.
Cuatro sujetos armados aplicaron el impuesto revolucionario: carteras, efectivo, celulares e identificaciones. Acto seguido, aplicaron la separación de grupos: a la familia la dejaron ir en el vehículo unos kilómetros adelante —hasta que lograron pedir auxilio en Cedral, San Luis Potosí—, mientras que al edil y a su asesor los mandaron a caminar monte adentro hacia un potrero de la sierra bajo amenaza de muerte.
Lo que vino después fue una clase magistral de teléfono descompuesto institucional entre cuatro estados y la federación, donde cada quien quiso colgarse la medalla antes de revisar los hechos:
San Luis Potosí se lavó las manos en tiempo récord: «Aquí no fue, el crimen ocurrió en Zacatecas», dijeron mientras sacaban el mapa para marcar la raya.
Tamaulipas activó protocolos urgentes… por redes sociales.
Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad federal, salió a presumir el músculo del Estado: aseguró que el Gabinete de Seguridad (Defensa, Semar, FGR y fuerzas locales) había «localizado con vida» al alcalde.
Coahuila no se quiso quedar atrás y lanzó su propio boletín celebrando que su Policía Estatal había «rescatado» al funcionario en un filtro de seguridad.
El problema con los boletines triunfalistas es que a veces la víctima habla. Y resultó que al alcalde no lo rescató ningún comando táctico con helicópteros ni fuerzas especiales: llegó en un autobús comercial de la Línea Frontera.
Según la versión del propio Almaraz —y confirmada a regañadientes por la Fiscalía de Coahuila, que tuvo que borrar la palabra «rescate» de sus tuits—, sus captores se distrajeron en el potrero y él y su asesor aprovecharon para pelarse en la oscuridad.
De ahí siguió una odisea digna de película de bajo presupuesto: más de 50 kilómetros caminando a través de la sierra (que en la primera emoción del relato fueron 80, pero luego le bajó treinta rayitas), soportando el frío congelante sin chamarra y compartiendo una sola botella de agua mineral abandonada que se encontraron en el camino.
Al amanecer salieron a la carretera federal pidiendo aventón, pero nadie se paraba; es más, hasta un motociclista les soltó unos balazos al aire para espantarlos. Al final, el verdadero héroe del operativo no traía uniforme táctico, sino boleto de pasaje: el chofer de un camión de la Línea Frontera se apiadó de ellos y el alcalde tuvo que empeñar su reloj de pulsera para pagar los boletos hasta el filtro de seguridad de Carneros, en los límites con Zacatecas. Ahí se bajaron sin un peso y sin credencial, y el edil tuvo que decirles a los policías quién era para que lo resguardaran.
Tras pasar por el médico legista en Saltillo —que confirmó que estaba molido por la caminata pero sin un solo golpe—, comer algo y declarar acompañado de «El Truko» Verástegui, ahora sí apareció el despliegue estatal: un convoy blindado entre Coahuila y Tamaulipas lo escoltó de regreso hasta su casa en Río Bravo la madrugada del lunes.
Mientras tanto, la Fiscalía de Tamaulipas y el gobernador de Morena,antagonicos con cara de enemigos del alcalde, siguen rascándose la cabeza viendo cómo encaja una caminata de 50 kilómetros en la sierra con los comunicados oficiales de un rescate que nunca existió,muy al estilo de Americo y ahora de Garcia Harfuch.
