«LEVANTÓN y MUERTE de SÍNDICO, y PARTE de GUERRA en SINALOA dejan VER al CDS decidiendo quién DUERME, quién DESAPARECE y quién AMANECE MUERTO… en medio del PLAN HARFUCH y el INUTIL despliegue militar.

El último parte de guerra de la “pacificación” en Sinaloa dejó otra prueba incómoda: ni los más de 16 mil militares desplegados, ni el aparato federal de Omar García Harfuch,ni las escuálidas policias estatales o la marina, evitaron que un síndico municipal fuera levantado de madrugada en su propia casa, asesinaran a su hermano y, 12 horas después, apareciera ejecutado cerca de Tepuchito, al norte de Culiacán.

La estrategia de seguridad en Sinaloa vuelve a rendir cuentas, pero no ante los ciudadanos: ante la morgue.

David Guadalupe Ramírez González, síndico de Tepuche, fue sacado por la fuerza de su domicilio durante la madrugada por un grupo armado. Su hermano intentó impedir el levantón y recibió un disparo en la cabeza; fue llevado a Culiacán, pero murió horas después. El síndico apareció sin vida alrededor de 12 horas más tarde, tirado en una zona de granjas de pollo cerca de Tepuchito.

El mensaje criminal fue ejecutado con puntualidad y sin que el monumental despliegue oficial pudiera evitarlo. Más de 16 mil militares en el estado, patrullajes, operativos, comunicados, conferencias y promesas de control territorial, pero un funcionario municipal fue arrancado de su casa y asesinado en su propia sindicatura.

El Ayuntamiento de Culiacán, mientras tanto, resumió la crisis con la burocrática frase de que no había podido “establecer comunicación” con el síndico. No hacía falta demasiada comunicación para entender el tamaño del fracaso: habían irrumpido hombres armados en su vivienda, se lo llevaron por la fuerza y dejaron a su hermano baleado.

Ramírez González ni siquiera tenía cinco meses en el cargo. Fue designado el 18 de abril para sustituir a Héctor Bartolo Zamudio Ríos, el anterior síndico de Tepuche, asesinado a finales de marzo en la colonia Villa Universidad. En Tepuche, el relevo institucional parece funcionar como una lista de espera: matan al síndico, nombran a otro y el nuevo termina convertido en otra cifra.

La imagen del saldo acumulado es todavía más devastadora: del 9 de septiembre de 2024 al 3 de septiembre de 2026 se registran 3,803 homicidios dolosos, 4,406 personas privadas de la libertad, 12,418 vehículos robados, 3,921 detenidos y 211 personas abatidas. Es decir: 5.2 asesinatos y 6.1 levantones diarios, mientras el Estado presume presencia y el crimen conserva capacidad para decidir quién duerme, quién desaparece y quién amanece muerto.

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También han sido asesinados:

◉ Faustino Hernández Álvarez (30 de septiembre de 2024): Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ex regidor de Culiacán y ex candidato a la Alcaldía por el PRI. Fue asesinado a tiros en su domicilio.

◉ Homar Salas Gastélum (30 de abril de 2026): Secretario general electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, asesinado afuera de su hogar junto a Benjamín Olivares, quien era secretario de Deportes en su plantilla.

◉ Héctor Bartolo Zamudio Ríos (31 de marzo de 2026): Síndico municipal de Tepuche, Culiacán, ejecutado a balazos a bordo de una patrulla oficial de la sindicatura.

◉ David Guadalupe Ramírez González (4 de septiembre de 2026): Síndico municipal de Tepuche, raptado y hallado asesinado al norte de Culiacán el mismo día.
Otras figuras políticas que han sido agredidos a balazos son:

◉ Sergio Torres Félix (28 de enero de 2026): Diputado local y líder estatal del partido Movimiento Ciudadano. Fue emboscado y atacado a tiros por sujetos armados a bordo de una camioneta minutos después de salir del Congreso del Estado en el centro de Culiacán. Resultó herido de gravedad; su escolta repelió la agresión y lo trasladó al hospital.

◉ Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda (28 de enero de 2026): Diputada local (también de Movimiento Ciudadano), quien viajaba en el mismo vehículo que Sergio Torres al momento del atentado. Sufrió lesiones graves por impactos de arma de fuego, perdió un ojo y fue trasladada de urgencia a un hospital en la capital del estado. Retomó sus funciones legislativas en el Congreso del Estado.

◉ Óscar Roberto Osuna Tirado (2 de septiembre de 2026): Coordinador de Protección Civil del municipio de Mazatlán. Fue blanco de un ataque directo por parte de civiles armados a bordo de una motocicleta mientras circulaba por la avenida Gutiérrez Nájera. Su camioneta oficial recibió al menos 16 impactos de bala; el funcionario sobrevivió al atentado pero resultó lesionado. Este evento provocó el blindaje inmediato con fusiles de asalto en el Palacio Municipal de Mazatlán.

Omar García Harfuch podrá hablar de coordinación, inteligencia y resultados operativos. Pero en Tepuche la realidad volvió a desmentir el discurso: los criminales entraron, levantaron, mataron y abandonaron un cadáver. El Ejército llegó después, junto con las demás autoridades, para asegurar la escena de un delito que no logró impedir.

No es sólo el asesinato de un funcionario local en medio de muchos mas. Es la evidencia de que, pese al despliegue militar y al discurso de control, hay regiones donde el Estado sigue llegando después: después del levantón, después del disparo, después de la ejecución y, como siempre, después del miedo.

Con información: NOROESTE/ NOROESTE/

ES «ATOLE con el DEDO,PIDAN MAS: DIARIO ESPAÑOL infiere la CALIDAD ZACATONA de la FGR y HARFUCH ante la BRUTAL COLUSIÓN de la MARINA HUACHICOLERA»… no son dos, son cientos.

Hace exactamente un año, el 7 de septiembre de 2025, el Gobierno mexicano anunció la detención de 14 personas, entre ellas seis marinos, en lo que fue presentado como el primer gran desmontaje de una red de contrabando de combustibles desde Estados Unidos durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. El expediente creció, se multiplicaron las indagatorias y el reciente informe presidencial contabilizó 118 denuncias penales por huachicol fiscal presentadas entre septiembre de 2025 y junio de 2026.

Pero un año después, el caso que prometía alcanzar las entrañas de la corrupción en las aduanas marítimas parece enfrentar una frontera menos visible que las de Tamaulipas: la que separa a los marinos procesables de los altos mandos aparentemente intocables. 

La FGR ha perseguido operadores, capitanes, empresarios, administradores portuarios y parientes incómodos. Lo que no ha conseguido —o no ha querido conseguir— es sentar ante el Ministerio Público a quien fue secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

El elefante uniformado

Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos jefes de la red fueron los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, sobrinos de Ojeda Durán, titular de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La trama habría operado en las aduanas marítimas, en coordinación con funcionarios, empresarios y elementos navales, para internar cientos de millones de litros de combustible sin cubrir impuestos, al menos desde mediados de 2023.

La respuesta oficial ha consistido en construir una muralla discursiva entre el almirante y sus sobrinos: Ojeda, sostienen, habría denunciado la red desde 2024. El problema es que esa versión no ha venido acompañada de un registro formal mostrado al público, ni parece resistir sin tropiezos el calendario de hechos y omisiones revelados durante la investigación. La defensa de los Farías Laguna ha solicitado reiteradamente que el exsecretario declare. Incluso, según la queja pública de su abogado, una jueza lo citó, pero la FGR no logró localizarlo.

Es difícil no preguntarse cómo una Fiscalía capaz de rastrear buques, manifiestos aduanales, transferencias, redes de prestanombres y mandos navales no ha podido dar con el exsecretario de Marina. No se trata de un prófugo anónimo ni de un personaje sin domicilio institucional conocido: se trata del hombre que dirigió una de las corporaciones más poderosas, herméticas y estratégicas del Estado mexicano.

La denuncia que llegó tarde

La carpeta que derivó en órdenes de captura ubica el inicio formal de la investigación en julio de 2024. Su objetivo inicial, sin embargo, no eran las aduanas marítimas, sino las terrestres de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo. El viraje hacia los puertos habría ocurrido hasta abril de 2025, tras el aseguramiento de un barco en Tampico y la difusión de un video efímero en redes sociales.

Ahí aparece una contradicción incómoda. Rafael Ojeda Durán habría tenido conocimiento de la red, cuando menos, desde junio de 2024. Fernando Rubén Guerrero Alcántar —militar involucrado en la trama— le entregó una carta manuscritaque detallaba el esquema de corrupción. La misiva fue redactada tras una reunión con el entonces secretario, cuya grabación difundió Aristegui Noticias.

En aquel audio, Ojeda plantea dos caminos: destapar todo “y me vale madre a mí quién caiga”, o intentar cerrar el problema con traslados de personal. Es decir, una disyuntiva entre investigar una estructura criminal o reacomodar a “toda esta bola de cabrones” para que el escándalo no reventara. Guerrero Alcántar fue asesinado cinco meses después, en noviembre de 2024. Su carta, en cambio, no entró a la carpeta de investigación sino hasta julio de 2025.

La pregunta no es sólo por qué la FGR tardó un año en incorporar un documento tan relevante. La pregunta es qué hizo la Marina —y qué hizo su entonces titular— con una denuncia interna que describía, presuntamente, un sistema de corrupción en puertos bajo control naval. Si el exsecretario conocía los hechos, debe esclarecer cuándo los reportó, ante quién, qué medidas ordenó, qué funcionarios removió, qué investigaciones internas abrió y por qué la evidencia crucial llegó tardíamente al expediente ministerial.

El nombre que nadie quiere tocar

La trama tampoco se agota en los sobrinos del exsecretario. Un testigo recabado en febrero de 2026 sostiene que Miguel Ángel Solano Ruiz, el “Capitán Sol”, presunto operador de la red y aún prófugo, dijo que llamaría a Ojeda Durán tras el aseguramiento de un cargamento en Guaymas. La supuesta intervención no era menor: se trataba, según el relato, de un asunto “de Andy”, en referencia a Andrés Manuel López Beltrán.

Esa frase, por sí sola, no prueba responsabilidad penal de nadie. Pero tampoco es una frase inocua que deba archivarse bajo el cómodo sello de “insuficiencia probatoria”. La oposición ha intentado usarla como sentencia anticipada contra López Beltrán; eso no exime a la Fiscalía de hacer lo contrario: investigarla con seriedad, sin propaganda y sin absoluciones administrativas adelantadas.

El testigo protegido “Santo”, entonces responsable de la aduana de Tampico, también refirió que los problemas alrededor de la red eran vistos como “choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente”, y que eventualmente habría existido un acuerdo. La FGR ha dicho que esas referencias no poseen fuerza legal suficiente para abrir una investigación formal. Quizá no basten para acusar. Pero una Fiscalía no necesita una sentencia para preguntar, citar, requerir teléfonos, cotejar comunicaciones, rastrear movimientos financieros y reconstruir cadenas de mando.

La diferencia es elemental: una mención aislada no condena; una autoridad que se niega a verificarla sí alimenta la sospecha de que investiga sólo hasta donde no incomoda al poder.

El muelle, Tabasco y los amigos

El expediente también roza a Saúl Vera Ochoa, empresario tabasqueño vinculado a Tampico Terminal Marítima, empresa que recibió en 2020 la concesión del recinto fiscal 289 de la aduana de Tampico. De acuerdo con el testimonio citado, el muelle era manejado por “Capiterucho Pinto” y se advertía que su dueño tenía vínculos de amistad con Adán Augusto López Hernández, además de presuntos nexos con personas de la delincuencia organizada.

Adán Augusto ha rechazado vínculos personales o de negocios con Vera Ochoa. Esa negación merece ser registrada, pero no sustituye una investigación. Menos aún cuando el testimonio ubica más de una decena de arribos de buques con combustible presuntamente de contrabando en ese recinto fiscal y cuando el caso se cruza con una red de funcionarios portuarios, mandos navales, empresarios y rutas marítimas.

El senador morenista ya carga con otros señalamientos políticos y públicos, entre ellos la designación de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco y contrataciones otorgadas a personas de su círculo. Ninguno de esos antecedentes demuestra por sí mismo su participación en el huachicol fiscal. Pero sí vuelve inaceptable que la Fiscalía trate las conexiones políticas como chismes de sobremesa cuando están integradas, al menos como referencias y líneas de investigación, en declaraciones de quienes operaban dentro del esquema.

La Fiscalía ante el espejo

La FGR puede presumir 118 denuncias por huachicol fiscal, decomisos, detenciones y procesos judiciales. Son datos relevantes, pero no equivalen a una investigación completa. Una Fiscalía no mide su independencia por el número de carpetas abiertas, sino por su disposición a tocar las puertas que el poder preferiría mantener cerradas.

Hasta ahora, el expediente parece tener una geometría muy conveniente: sube hasta los sobrinos del secretario, bordea al secretario, escucha alusiones al hijo del expresidente, se asoma al entorno de Adán Augusto López y, justo cuando debería escalar hacia las responsabilidades políticas y de mando, se detiene. Como si en la Marina hubiera peces gordos, pero ningún almirante que explicar.

El elefante no está escondido: lleva uniforme, tiene apellido, ocupó despacho y conoció —según los propios elementos del caso— información temprana sobre una red que saqueaba al país desde sus puertos. Si la FGR no puede localizarlo, citarlo o exigirle cuentas, la pregunta ya no es qué tan profunda era la mafia del huachicol fiscal. La pregunta es qué tan profundo llega el pacto para no investigarla.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DANIEL CARABAÑA/

¿BAJARON HOMICIDIOS 51% ?: SHEINBAUM JUEGA a la DESINFORMADA TRAS MUERTE de DIPUTADO FEDERAL, que se SUMA a 14 ALCALDES EJECUTADOS»…el crimen conserva intacta su capacidad de matar.

La muerte del diputado federal morenista Zenyazen Roberto Escobar García obligó a Claudia Sheinbaum a recurrir al libreto institucional: condolencias, prudencia, cero conclusiones anticipadas y la FGR al frente. La Presidenta pidió que se informe sobre los avances, pero evitó cualquier interpretación sobre un crimen que, por tratarse de un legislador federal, ya fue atraído por la Fiscalía General de la República.

El mensaje oficial es previsible: hay que esperar. Primero, saber la causa; después, hablar. Pero en un país que acumula cadáveres, expedientes sin resolver y cifras gubernamentales que presumen reducciones, el problema no se agota en determinar quién mató a Escobar García —ni bajo qué circunstancias—. El asunto de fondo es otro: suponiendo, sin conceder, que los homicidios hayan disminuido, el crimen conserva intacta su capacidad de matar.

Y no sólo de matar. Puede asesinar a quien quiera, donde quiera y cuando quiera; puede alcanzar a un ciudadano común, a un comerciante extorsionado, a un policía, a un candidato, a un alcalde o a un diputado federal del propio partido gobernante. La estadística puede bajar una raya en la gráfica, pero no necesariamente reduce el poder territorial, operativo y corruptor de las organizaciones criminales. Menos homicidios no significa, automáticamente, menos crimen; mucho menos, un Estado más fuerte.

Porque una cosa es que haya menos víctimas contabilizadas y otra muy distinta que los grupos armados hayan perdido la posibilidad de imponer su ley. Si siguen controlando rutas, cobrando piso, reclutando jóvenes, infiltrando autoridades, desapareciendo personas y ejecutando objetivos de alto perfil, entonces el problema no está resuelto: apenas se administra mejor la narrativa.

La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García exhibe esa contradicción. La FGR atrajo la investigación por la calidad de legislador federal del veracruzano, quien fue secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García y anteriormente diputado local. El cuerpo fue localizado en La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Ahora toca esperar las conclusiones ministeriales, sí; pero también toca preguntarse por qué, aun con el discurso de pacificación, el crimen mantiene la facultad de irrumpir con violencia en la vida pública.

Sheinbaum dijo que se trata de “un evento triste” y pidió no adelantar conclusiones. Tiene razón en una parte: no se debe fabricar una teoría sin pruebas. Pero la cautela jurídica no debería convertirse en anestesia política. No hace falta especular sobre el móvil para reconocer que la muerte violenta —si las investigaciones confirman esa hipótesis— de un diputado federal representa algo más que una tragedia individual: es una prueba de estrés para el Estado.

El Gobierno puede celebrar que los indicadores bajen; incluso puede ser cierto que bajen. Pero mientras el crimen organizado conserve la infraestructura, las armas, los territorios, los vínculos institucionales y la impunidad suficientes para matar a figuras públicas, la reducción será frágil, reversible y, sobre todo, insuficiente.

La pregunta no es únicamente cuántos homicidios se registran. La pregunta incómoda es cuánta capacidad conserva el crimen para decidir quién vive, quién estorba y quién termina convertido en comunicado de condolencias.

Con información: ELNORTE/

«ALERTAN por NUEVA DROGA: SURGE el «ISO» que PEGA MAS FUERTE que SECUESTRA el FRENO RESPIRATORIO del CEREBRO»…un mal calculo de una dosis segura, puede ser el último.

Una nueva droga sintética, conocida como isotonitazeno o Iso ha comenzado a extenderse en los mercados ilícitos y a generar preocupación por su potencia, que puede superar entre cinco y nueve veces la del fentanilo, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El isotonitazeno, conocido en la calle como Iso, no es una “nueva droga de fiesta”: es un opioide sintético de altísimo riesgo que convierte cantidades minúsculas en una ruleta rusa para el sistema respiratorio. Pertenece a los nitazenos, una familia que vuelve a encender las alertas internacionales porque puede ser más potente que el fentanilo y suele circular en mercados ilegales sin que la persona sepa necesariamente qué está consumiendo.

Iso: el opioide invisible

El Iso fue desarrollado décadas atrás en investigación farmacológica, pero no se consolidó como medicamento de uso clínico. Hoy aparece como parte de un mercado ilegal que persigue potencia, bajo costo y facilidad de mezcla: puede venderse como opioide, mezclarse con fentanilo, heroína o pastillas falsificadas, y alterar por completo la dosis real que recibe una persona.

No es una sola sustancia aislada, sino parte de los nitazenos, opioides sintéticos diseñados para reproducir —y en algunos casos amplificar— los efectos de la morfina, la heroína y el fentanilo. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que traficantes están recurriendo a nitazenos y orfinas, sustancias que pueden ser incluso más potentes que los fentanilos y elevar los riesgos sanitarios. 

La escala da vértigo:

Sustancia	Potencia aproximada frente a morfina
Heroína	2 veces
Fentanilo	50 a 100 veces, según la referencia
Isotonitazeno / Iso	250 a 900 veces
Nitazeno más potente identificado por CICAD	Hasta 4,300 veces

Estas equivalencias son estimaciones que varían según la sustancia concreta, el método de laboratorio y la vía de consumo. Pero el mensaje no cambia: con los nitazenos, un error de miligramos puede terminar en una emergencia respiratoria. 

Qué hace en el organismo

El Iso se engancha con fuerza a los receptores opioides mu, los mismos “interruptores” químicos que activan la morfina, la heroína y el fentanilo. Al hacerlo, bloquea o amortigua las señales de dolor y puede producir una sensación inicial de calma, desconexión, sedación o euforia.

Pero el cuerpo paga la factura de esa aparente tranquilidad:

• El cerebro reduce su impulso automático de respirar.
• La respiración se hace lenta, superficial o puede detenerse.
• Baja el nivel de conciencia: la persona se queda dormida, no responde o no logra despertar.
• Puede disminuir la frecuencia cardiaca y caer la presión arterial.
• Se contraen las pupilas, aparecen náuseas, confusión y pérdida de coordinación.
• La falta de oxígeno puede provocar labios o uñas azulados, lesión cerebral y muerte.

El peligro central no es sólo “quedar muy colocado”. Es que el centro respiratorio del cerebro queda deprimido. La persona deja de oxigenar adecuadamente aun cuando parezca simplemente dormida. En una sobredosis, el desenlace puede llegar antes de que quienes están alrededor entiendan qué ocurre. 

Una droga que altera el juicio

El Iso también altera la percepción del riesgo. Al inicio puede generar alivio físico o emocional, pero la sedación y la euforia reducen la capacidad de evaluar cuánto se ha consumido. Con drogas ilícitas, además, nadie puede saber con precisión si una pastilla o polvo contiene Iso, fentanilo, benzodiacepinas u otra mezcla.

Su alta potencia favorece además la tolerancia y la dependencia. Con el uso repetido, el organismo se adapta: la persona puede requerir más sustancia para obtener el mismo efecto, mientras el riesgo de depresión respiratoria permanece. Cuando falta la droga, pueden aparecer abstinencia, ansiedad intensa, dolor corporal, sudoración, insomnio, diarrea, vómitos y un deseo compulsivo de volver a consumir.

Ahí está el negocio criminal: no venden sólo una sustancia; venden una dependencia difícil de romper y una dosis cuyo contenido real suele ser desconocido.

Emergencia: no esperar

Una sobredosis sospechosa de opioides debe tratarse como una emergencia médica. Alertas clave: respiración muy lenta, ruidos de ahogo o ronquido inusual, pérdida de conciencia, pupilas extremadamente pequeñas y coloración azulada o grisácea en labios y piel.

La naloxona puede revertir una sobredosis relacionada con nitazenos, incluido el isotonitazeno. Sin embargo, por la potencia de estas sustancias pueden requerirse dosis repetidas y atención médica inmediata; la reversión inicial no sustituye a los servicios de emergencia. 

La frase irreverente, pero precisa, sería esta: el Iso no “pega más fuerte”; secuestra el freno respiratorio del cerebro. Y en el mercado clandestino, donde nadie etiqueta la composición ni calcula una dosis segura, ese supuesto golpe puede ser el último.

Con información: ELNORTE/

“MULTIASESINO que MATÓ a su SOCIO, su ESPOSA, HIJA de 3 AÑOS, una EMPLEADA y la MASCOTA USÓ ARMA con SILENCIADOR”… el hijo mayor de la pareja, de 6 años, sobrevivió.

Meses antes de que Atizapán quedara marcado por el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia, el nombre de Diego Sebastián Rosen Ferlini —hoy detenido como probable responsable— ya aparecía entre denuncias por presuntos fraudes en el negocio de rentas vacacionales.

Usuarios que buscaban hospedaje en Cuernavaca, Tequesquitengo y Acapulco lo señalaban, junto con una mujer identificada como Paola Mandri, de operar primero bajo la marca +Relax y después bajo el nombre de NOMAD P.M.. El método denunciado incluía reservas canceladas sin devolución de dinero, contratos presuntamente apócrifos y cobros que, según testimonios difundidos en redes sociales, llegaron hasta los 500 mil pesos por víctima.

De rentas turísticas a una investigación por asesinato

Una usuaria publicó el 21 de julio, en un grupo de Facebook sobre rentas en Cuernavaca, Teques y Acapulco, que fue defraudada por cerca de medio millón de pesos en el alquiler de un inmueble en Valle de Bravo.

“Me hicieron un fraude de aproximadamente medio millón de pesos por Hospedaje Vacacional en Valle”, escribió la denunciante, quien aseguró que había al menos 11 personas afectadas. La advertencia era clara: revisar contratos, referencias, depósitos y documentos antes de soltar dinero o entregar propiedades. Una recomendación que, al parecer, llegó demasiado tarde para varios clientes.

El historial empresarial de Rosen Ferlini tampoco se limita a las acusaciones en redes. El Poder Judicial de la Ciudad de México lo registra como parte demandada en un juicio mercantil promovido por Banorte contra Shark BTL y otras personas, dentro del expediente 1110/2019.

Ese antecedente tomó otra dimensión luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que Rosen Ferlini era socio comercial de Jonathan Meléndez. La relación, según las autoridades, habría permitido que el ahora imputado entrara al departamento de la familia en el conjunto residencial Grand Viure, en Zona Esmeralda, sin levantar sospechas.

La Fiscalía mexiquense investiga una disputa económica entre ambos socios. Hasta ahora, una de las líneas apunta a una deuda relacionada con efectivo y criptomonedas, aunque la carpeta mantiene abiertas otras hipótesis.

Un ataque presuntamente preparado

De acuerdo con las indagatorias, Diego Sebastián no habría llegado improvisando. Días antes del ataque pidió a Gerardo —el otro detenido— cinta adhesiva industrial, guantes negros de uso rudo y cinchos de plástico.

También le habría ofrecido un pago considerable en dólares para acompañarlo a la vivienda de las víctimas en Zona Esmeralda. Gerardo declaró que desconocía las verdaderas intenciones de Rosen Ferlini, pero aceptó participar en el traslado.

Los peritajes indican que el agresor utilizó un arma corta calibre 9 milímetros equipada con silenciador. El arma, sin embargo, no fue encontrada en la casa.

El martes pasado fueron asesinados Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa, Ana Paola, de 35 años y embarazada; su hija de 3 años; y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba en las labores domésticas del hogar. La mascota de la familia también murió durante el ataque.

El hijo mayor de la pareja, de 6 años, sobrevivió. Fue entregado a sus familiares y recibe acompañamiento de las autoridades.

Rosen Ferlini y Gerardo permanecen en el Ministerio Público mientras la Fiscalía integra el expediente para solicitar y ejecutar órdenes de aprehensión por los asesinatos.

Aleyda: el daño colateral de una presunta disputa

Aleyda Romero vivía a 103 kilómetros de Atizapán de Zaragoza, en San Martín Cuautlalpan, Chalco. Tenía 21 años, había estudiado una carrera técnica en enfermería y, desde hacía aproximadamente un año, trabajaba en labores domésticas.

Entre semana se quedaba con la familia Meléndez en Grand Viure, mientras que los fines de semana regresaba a su comunidad. Era uno de los principales apoyos económicos de su hogar.

Su último viaje de regreso a Chalco fue distinto: recorrió cerca de tres horas dentro de un ataúd, trasladada desde el anfiteatro de la Fiscalía de Homicidios de Tlalnepantla hasta la casa de su familia.

Al llegar a la calle Vicente Villada —un tramo aún sin pavimentar—, vecinos y familiares recibieron el féretro con confeti. Decenas de pobladores acompañaron a la familia Romero Victoria, mientras en Facebook se multiplicaban los mensajes de condolencias.

La comunidad mantuvo una tradición de duelo: ofrecer comida a quienes llegaran a la carpa instalada en la calle para despedirla.

“Era muy alegre y carismática, me quedo con todo lo bonito que compartí con ella”, recordó su compadre, Ulises Estrada.

Antes de pedir privacidad para el velorio, Juana Victoria, tía de Aleyda, exigió justicia para su sobrina.

Duelo privado, investigación abierta

Los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa, su hija y su mascota fueron entregados a sus deudos durante la madrugada en el servicio forense de la Fiscalía de Homicidios, en Tlalnepantla.

Jonathan, Ana Paola y la menor son velados de manera privada en una funeraria de la colonia Santa Mónica. Mientras la familia intenta despedirse en silencio, la investigación sigue armando el rompecabezas: una sociedad comercial, una presunta deuda, denuncias previas por negocios de hospedaje y un ataque que, según los primeros elementos, habría sido planeado con anticipación.

Con información: ELNORTE/