Enrique Díaz Vega, ex tesorero estrella del gobernador de Morena con licencia en Sinaloa, Ruben Rocha Moya, ya no está “desaparecido”: se cansó de jugar al hombre fuerte de la 4T y se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde lo esperaban, no con alfombra roja, sino con acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que en automático le ponen en la mesa una pena mínima de 40 años de prisión y la posibilidad de morir preso de por vida,terminos que podrian modificarse con la entrega.
El “amigo del gobernador” que acabó en suelo gringo
Durante casi tres años, Enrique Díaz Vega fue el financiero de confianza del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Sinaloa, al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, disfrutando del título no oficial de “amigo del gobernador”, ese eufemismo con el que se maquilla al operador de confianza que mueve dinero, voluntades y, al parecer, algo más que presupuesto público.
En septiembre de 2024 dejó el cargo por “motivos personales” y se refugió, según el guion oficial, en la iniciativa privada, como si regresar a sus empresas Housesin Desarrollos y DIGAX fuera una especie de retiro espiritual y no la coartada perfecta para seguir moviendo capitales, comprando propiedades y construyendo un patrimonio que no aguanta la más mínima prueba de lógica aritmética ni de ética pública.
Del despacho oficial al catálogo inmobiliario de lujo
En diciembre de 2021, cuando llegó formalmente al cargo, Díaz Vega declaró un patrimonio inmobiliario que, para septiembre de 2024, ya se había disparado en más de 18 millones de pesos, con al menos 10 nuevas propiedades liquidadas de contado, como si el salario de funcionario estatal viniera con botón secreto de “modo millonario” y la 4T fuera, en realidad, un programa de tiempo compartido en el paraíso de los desarrollos inmobiliarios.
Entre terrenos, locales comerciales, una casa de casi 3 millones de pesos y predios de miles de metros cuadrados, el financiero de Rocha fue engordando su lista de 44 bienes inmuebles por un valor declarado de 128.9 millones de pesos, muchos de ellos comprados a través o en coordinación con empresas donde él mismo funge como accionista o representante legal, como Housesin Desarrollos S.A. de C.V., en la que su participación subió cómodamente de 28 a 38 por ciento mientras la ciudadanía escuchaba discursos de austeridad y “no robar”.
El financiero que jugaba a empresario… y algo más
Las compras comenzaron en 2022 y siguieron con cadencia casi religiosa: terreno de 670 mil pesos, otro de más de un millón, dos locales por 3.6 millones, luego un terreno de más de 36 mil metros cuadrados por 1.65 millones, una casa de casi 2.9 millones, varios terrenos de medio millón cada uno y dos predios más por más de 7.7 millones vendidos por Kyara S.A. de C.V., todo dentro de un lapso en que, casualmente, también se consolidaba como el “cerebro” financiero de la administración estatal.
En cualquier país que simule mínimamente un estado de derecho, una curva de enriquecimiento así encendería todas las alarmas de la Unidad de Inteligencia Financiera; pero en la realidad morenista, la UIF se comporta como lo que el propio sitio que destapó su podredumbre llama un “remedo de inteligentes financieros”, que se vuelven ciegos y sordos en cuanto el implicado trae credencial del partido correcto y gargantones que le cubran la espalda.
De la narrativa oficial a la geografía del narco
Mientras en México la presidenta Sheinbaum sigue pidiendo pruebas provocando el atraso, mas no el fracaso” de Estados Unidos,la justica le arma un expediente que lo ubica directamente en la cadena logística del crimen organizado.
Que se entregue en suelo gringo, antes de enfrentar cualquier investigación seria en México, no es casualidad: allá lo procesan por delitos que sí tienen consecuencias, mientras acá todavía se discute si los desplantes de riqueza de un tesorero son “percepción” o si de verdad hay algo raro en que un servidor público multiplique propiedades como si estuviera jugando SimCity con dinero ajeno y protección institucional.
Rocha, sus tesoreros y la corrupción que “no se ve”
El caso de Díaz Vega no es un accidente aislado, sino un capítulo más de la saga sobre el “financiero” de Rocha Moya, el ex tesorero que aparece en investigaciones periodísticas exhibiendo una riqueza que huele a presupuesto desviado, contratos amañados y redes con el narco, mientras la UIF y las autoridades locales fingen demencia selectiva cada vez que el logotipo de Morena aparece en la ficha del investigado.
Las mismas manos que firmaban cheques, autorizaban pagos y controlaban la caja del gobierno estatal son las que, según Estados Unidos, se movían en un entorno donde los narcóticos, las armas de alto poder y los artefactos explosivos no eran conceptos abstractos, sino mercancía y herramienta de trabajo, lo que convierte a la Secretaría de Finanzas en un sospechoso puente entre presupuesto público y economía criminal.
Es la impunidad
Mientras desde el discurso oficial se insiste en que todo es una conspiración mediática y hasta política de EE.UU porque los críticos “no entienden” del proyecto de transformación, los datos duros cuentan otra historia: un tesorero enriquecido obscenamente en tres años, con docenas de propiedades, participación creciente en empresas inmobiliarias y ahora un expediente criminal en Estados Unidos que habla de narcotráfico y armas, con una posible condena que va de 40 años a cadena perpetua.
Si en México los órganos de control no vieron, no quisieron ver o se hicieron “cegatones” cuando se trataba de revisar a un morenista gargantón, en suelo gringo el mensaje es otro: el financiero de Rocha ya no es un funcionario intocable, sino un sospechoso de alto perfil dentro de la estructura criminal, que prefirió entregarse allá antes que seguir posando acá como ejemplo de honestidad republicana en conferencias y discursos huecos que siguen exigiendo pruebas.
Con informacion: ELNORTE/
