Reynosa no es una ciudad: es un cajero automático colectivo del narco, operado a punta de miedo mientras el gobernador de Morena, Américo Villarreal, y su fiscal, Jesús Eduardo Govea —ex recluso federal del penal del Altiplano— se niegan rotundamente a encausar penalmente al exmilitar Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, lugarteniente del Cártel del Golfo, como lo indican las reformas a la ley antiextorsión en México.
Miedo como modelo de negocio
En Reynosa, 86.6% de ciudadanos le dijo al INEGI que vivir ahí es inseguro, casi el mismo infierno estadístico que Culiacán, sin necesidad de balaceras diarias ni espectaculares para la nota roja.
Lo que hay es algo más rentable: una ciudad entera aterrada, donde el delito se volvió rutina y la extorsión suplanta las viejas ganancias del trasiego de droga que EE.UU dificulta y para lo cual no hay estrategia visible en Mexico que privilegie la integridad y bienes de ciudadanos por encima de las capturas mediáticas.
Las encuestas del INEGI registran que casi nueve de cada diez habitantes caminan con el miedo puesto, mientras el gobernador y mandos militares presumen “mesas de paz” como si fueran grupos de terapia para funcionarios que administran el desastre.
La calle se adapta al Cartel del Golfo: gente que deja de salir de noche, que renuncia a llevar cosas de valor, que limita visitas a familiares, porque el riesgo de un levanton en este municipio campeón estatal de las desapariciones ya no es una hipótesis, sino un cálculo cotidiano que engorda las alforjas del Cartel del Golfo y cualquier pretexto es bueno.
La ciudad tomada por la renta
Los testimonios de restauranteros y comerciantes hablan de un patrón claro: “cuotas extorsiones al máximo”, cadenas de restaurantes donde la lógica del negocio ya no es vender comida, sino sobrevivir a “Mario la Chispa” y sus punteros.
La intimidación crece: primero llegaron por las ganancias de ser proveedores de todo tipo de productos sustituyendo las cadenas formales de distribución y venta, carne, pollo,huevo,alcohol y después hasta por los mariscos, nada escapa a su control,nada.
Y cuando todo eso no basta, levantan comerciantes y exigen pagos de cientos de miles, como si la ciudad fuera una nómina involuntaria del Cártel del Golfo que no solo regula el delito, sino que también controla las rentas de toda actividad lícita y productiva; tienes que pagarles por trabajar y por ganarte el pan con el sudor de tu frente.
En los relatos se repite la misma pregunta desesperada: “¿a quién podemos acudir, gobernador ?”, formulada no en un foro académico sino desde el mostrador de un negocio al que le pusieron pistola en la sien y factura criminal en la puerta.
Mientras los ciudadanos convocan en redes a “colgarle las extorsiones a la Chispa”, el gobierno responde con silencio selectivo, como si la impunidad fuera una política pública, y lo es.
La figura del lugarteniente intocable
Mario Guitian Rosas, ex‑militar, que vivía en la oscuridad, ahora se vende ante la cámara como “simple empresario de Reynosa” , pero el exmilitar, esta dedicado en «puerco y alma» a una infinidad de negocios que son saldo de la extorsión y bastaría una esculcada seria con la nuevas herramientas de la Inteligencia Financiera para destronarlo, pero NO,andan ocupados arremetiendo contra rivales en actos suficientemente torcidos para que parezcan legales.
Los informes de este y el otro lado del Río,asi como la prensa nacional y por la DEA, lo ubican como contratista del gobierno de Americo Villarreal y hasta el INE, tal y como lo hace Americo Villarreal con otras figuras delictivas.
En los hechos,Guitian Rosas ligado a militares de su antigüedad que hoy son mandos, algunos en retiro, un día de 2021 lo nombraron Delegado de Seguridad y Justicia.
En los hechos, el exmilitar es operador estrella del Cártel del Golfo, encargado de la extorsión y la logística criminal en la ciudad donde nada se mueve si no lo ordena.
Su carta de presentación pública no es un expediente judicial, sino un video de victimismo empresarial y una foto de cena y abrazo con el gobernador Américo Villarreal, suficiente para exhibir la calidad del blindaje político que lo rodea,como también cita Ejecentral.
Diversas fuentes como ADN NOTICIAS, han señalado su contubernio con el gobierno de Americo en calidad de lugarteniente del Cartel del Golfo,subordinado del líder delincuencial hibrido de CJNG-CDG,apodado el “Primito”, un peldaño abajo del jefe de plaza el «Comandante Mono», que fue su subordinado, ahora responsables de la máquina de cobro de rentas que estrangula la frontera.
Cuando Gabriel Hernandez, empresario, lo acusó en video antes de morir precisamente por el video ,dio cuenta de las múltiples extorsiónes y lo responsabilizó de su muerte junto con autoridades, ese registro deja de ser chisme y se convierte en dato de prueba que el Ministerio Público está obligado a valorar seriamente.
La ley contra la extorsión y la notitia criminis
La reforma constitucional de aplicación vigente convirtio la extorsión en delito grave, perseguible de oficio, incorporándola al catálogo de prisión preventiva y a una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y fue publicada el 28 de Noviembre de 2025,es letra muerta.
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Su lógica es sencilla: en un país donde la denuncia puede costar la vida, el Estado ya no puede refugiarse en el pretexto de “sin querella no hay caso”; bastan indicios razonables y datos públicos para activar el aparato penal.
Aquí entra la notitia criminis: la noticia del delito que llega al Ministerio Público por cualquier vía —medios, redes, informes de inteligencia, testimonios en video, estadísticas— y obliga a iniciar investigación sin esperar a que la víctima toque la puerta.
En Reynosa, esa notitia criminis ya existe multiplicada:denuncias mediáticas, grabaciones antemortem, señalamientos de activistas y empresarios, piezas periodísticas que describen patrones de extorsión atribuibles a un mismo operador y a la protección política que lo rodea.
Con la ley general y la persecución de oficio, el discurso de Americo Villarreal de “no hay denuncia”, se vuelve jurídicamente insostenible; cuando el delito se grita día y noche en portales, videos y redes, lo que falta no son datos, lo que sobra es omisióncomo quedó acreditado el dia que dijo lo que la ley no dice:
“Necesitamos una sociedad participativa y colaborativa. Si no tenemos la denuncia, no tenemos una bola mágica para saber dónde debemos estar presentes; requerimos esa información para poder actuar”…AMERICO VILLARREAL/HoyTamaulipas/
El gobernador y su fiscal: obligación, no opción
La Constitución local y la Ley de Seguridad Pública colocan sobre el gobernador y su Fiscal General de Justicia la obligación de salvaguardar la integridad de las personas, preservar el orden y garantizar seguridad interior, no de administrar encuestas desde la cómoda distancia de la Mesa de Paz.
Eso implica ordenar investigaciones inmediatas, coordinar policías e inteligencia, proteger denunciantes, separar temporalmente a funcionarios señalados y presentar denuncias ante el Ministerio Público cuando haya indicios razonables de crimen organizado y extorsión.
El Fiscal General, con autonomía técnica en el papel, tiene el deber de investigar de oficio delitos que trascienden el interés social, incluida la extorsión sistemática vinculada a redes criminales y a servidores públicos, y de abrir carpetas cuando aparezcan videos, testimonios y patrones de violencia como los que ya existen.
Cuando decide mirar para otro lado frente a un video de víctima que acusa directamente a La Chispa y a autoridades, está violentando principios de legalidad, objetividad y honradez, y caminando hacia figuras como encubrimiento y ejercicio ilícito del servicio público.
La misma doctrina de delincuencia organizada en materia federal en la modalidad de fomento describe como delito el acto de quien apoya, facilita o protege la operación de un grupo criminal, incluso sin participar directamente en los delitos fin; eso incluye la protección política activa o la omisión dolosa que deja trabajar tranquilo al extorsionador.
Que dice La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ya publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2025.
Artículo 6: establece que el delito de extorsión y los vinculados se investigan y persiguen de oficio.
Artículo 21: fija penas de 10 a 20 años de prisión y multa de 200 a 400 UMA para la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en prevención, investigación, persecución, procuración o impartición de justicia, se abstenga de denunciar la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley.
Con esto se puede afirmar sin matiz que, con la ley vigente, la extorsión ya no depende de la denuncia para que el Estado actúe; y que la omisión del fiscal —y de cualquier mando con atribuciones en seguridad— no sólo es inmoral, sino típicamente punible bajo el artículo 21.
El delito de extorsión ya se persigue “de oficio”, lo que significa que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación aun sin denuncia formal de la víctima; basta con tener conocimiento de la probable comisión del delito (notitia criminis), por cualquier vía, tal como lo expresa jurídicamente el artículo 6.
“El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio.” diputados.gob
En esa lógica, un gobernador que se retrata abrazando al lugarteniente, mantiene inactiva la policía frente a denuncias masivas y permite que la ciudad se convierta en campo de renta sistemática, se acerca más al perfil de facilitadores que al de garantes.
Extorsión como pacto de Estado
Cuando casi nueve de cada diez habitantes dicen tener miedo, la extorsión deja de ser negocio clandestino y pasa a ser componente estructural del régimen: una forma de recaudación paralela tolerada mientras no estalle mediáticamente.
La ciudadanía entiende el mensaje: el narco cobra, el gobierno calla, la ley se usa para castigar al que incomoda y se archiva cuando toca al amigo de la casa, y la notitia criminis se acumula sin traducirse en órdenes de aprehensión.
La reforma contra la extorsión pretende cerrar ese margen de simulación, pero de poco sirve una ley que persigue de oficio si los operadores políticos del sistema han decidido que su oficio real es la protección selectiva.
Al final, la estadística de 86.6% no mide sólo miedo; mide el grado en que la población sabe, con absoluta claridad, que la extorsión no sería tan eficiente sin el respaldo, la omisión o el abrazo institucional que la hace posible.
Tan grave es la extorsión, que el propio alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz —antagónico del gobernador y de los aliados con los que este abraza y cena del Cártel del Golfo— la ha denunciado en múltiples ocasiones.
En resumen; mientras EL GOBEn resumen, mientras el gobernador y su fiscal, con un pasado manchado, sigan alquilando protección al Cártel del Golfo, esta actividad seguirá siendo tan rentable como ellos mismos.
Daniel Ortega ya ni siquiera finge. Ha dejado caer el decorado, apagado las luces y se ha quedado solo en escena, como esos tiranos que confunden el Estado con su sala de estar y la patria con el apellido de la esposa. En Nicaragua, el viejo revolucionario no “corrigió el rumbo”: convirtió la promesa sandinista en una empresa familiar de poder sin pudor, sin competencia y, por supuesto, sin elecciones.
Lo más obsceno no es que lo haga; lo más grotesco es que lo diga en voz alta, con esa solemnidad de emperador de utilería que ya ni necesita disfrazarse de demócrata.
Su mensaje es simple y brutal: aquí no gobierna el voto, gobierna el capricho; aquí no decide la ciudadanía, decide la pareja presidencial; aquí no existe alternancia, existe sucesión dinástica con vocabulario de revolución vencida.
Ortega ha llevado la política nicaragüense al punto más miserable: una dictadura que ya no se avergüenza de serlo. Según el texto de EL PAÍS, su anuncio consuma la última tiranía de América Latina, una frase que no suena exagerada cuando el poder se dedica a clausurar la idea misma de elección y a poner una lápida sobre la democracia que todavía respiraba a duras penas. En otras palabras: el hombre que dijo luchar contra los Somoza terminó practicando una versión recalentada y familiar del somocismo, con más cinismo y menos talento.
La caricatura del poder
El problema con Ortega no es solo que mande; es que ya manda como caricatura de sí mismo. Habla como si todavía representara una epopeya popular, pero su gobierno se parece más a un club privado sostenido por policías, propaganda y miedo que a una revolución. Cuando un régimen necesita anunciar que ya no habrá elecciones, lo que está confesando no es fortaleza: es pánico a perder incluso el teatro.
Y aquí está la ironía final: Ortega quiso quedarse con la historia y terminó reducido a nota al pie de la decadencia autoritaria. Su legado no es la liberación de Nicaragua, sino la conversión del país en una autocracia cerrada, familiar y asfixiante, con toda la elegancia política de un candado oxidado. Lo que antes se llamó revolución hoy es apenas una administración del encierro.
Jorge Luis Ponce Ortega, el director de la academia militarizada Marina Doenitz donde murió la niña Dafne Zapata Quintos hace 10 días, fue detenido anoche por agentes de la Fiscalía de Tamaulipas acusado del delito de feminicidio.
‘Antes de su muerte Dafne se veía débil’
El director de la academia militarizada «Marina Doenitz», Jorge Luis Ponce Ortega, dijo que Dafne Zapata Quintos, se encontraba débil un día antes de su fallecimiento.
En entrevista con el portal de noticias Mario Juárez Reporta previa a su detención, el directivo detalló que la menor de 13 años de edad estuvo en reposo el día 17 de julio, fecha en la que fue localizada sin vida en la regadera.
«La niña desde un día antes se veía cansada, débil y por ese motivo la llevamos al doctor, para que nos dijera qué estaba pasando», señaló.
Explicó que el médico les dijo que la menor estaba sana y que sólo requería de reposo por lo que se le envió a descansar y sólo se levantaba a comer.
Indicó que, en la noche, ya para dormirse, se metió a bañar y estando en la regadera del dormitorio perdió la consciencia y se desmayó.
La adolescente, explicó, no alcanzó a mojarse porque el agua se fue.
Ponce aseguró que en el lugar donde murió la menor se encontraba Estrella Mora Diaz, identificada como «Sargento Estrellita», quien era la encargada de cuidar a las estudiantes.
«Trató de reanimarla y como no respondía llamó a los paramédicos, llegaron RSP y no respondió», detalló en entrevista.
Dijo que no se supo qué fue lo que le ocasionó el deceso, pues sólo perdió el conocimiento.
El director indicó que las autoridades no encontraron nada en las instalaciones que les permitiera determinar cómo fue que murió por asfixia.
Añadió que las cámaras de la academia no funcionaron porque se tenía problemas con el internet.
La niña, originaria de El Mante, murió el jueves de la semana pasada tras ser víctima de brutales torturas en el campamento de la academia «Marina Doenitz», en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas.
La adolescente tenía apenas tres días de haber ingresado al campamento de verano cuando murió, de acuerdo con su necropsia por «asfixia por sumersión», además de presentar huellas de violencia física. Sin embargo, no se han esclarecido las causas de su fallecimiento.
