Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Enrique Inzunza, rindió protesta ayer como senador ante la ausencia de casi un mes de dicho legislador por Sinaloa, quien es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de nexos con el crimen organizado.
Inzunza nada más pidió licencia para separarse del cargo como senador los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 15:00 horas. En otras palabras, sólo perdería el fuero por 22 horas, pero ya se reincorporo.
López Campos era hasta su ungimiento temporal el secretario del Bienestar en Sinaloa y es ahijado del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Esta maniobra legislativa es las que rozan lo absurdo: pedir licencia por 22 horas. Ni un día completo. Ni siquiera una jornada legislativa con dignidad. Veintidós horas quirúrgicamente calculadas para no perder un voto en el Senado. La democracia convertida en trámite exprés.
El movimiento fue tan burdo que no requiere interpretación, sino aritmética básica. Si el senador se ausenta más tiempo, el escaño se mueve, el equilibrio se altera y el tablero político cambia. Así que no: mejor una licencia microscópica, lo suficiente para cumplir con el requisito formal y lo suficientemente corta para que nada cambie en lo sustancial. Legal, sí. Decente, difícil sostenerlo.
En su lugar aparece el suplente, Omar López, quien rinde protesta en este interludio de 22 horas. No es un relevo cualquiera: es ahijado político de Rubén Rocha Moya, otra figura igual perseguida por EE.UU. La cadena de favores y lealtades queda expuesta sin necesidad de adjetivos. El Senado, en este episodio, parece menos un órgano legislativo y más un mecanismo de administración de cuotas.
Aquí no hay improvisación. Hay cálculo frío. Cada minuto cuenta porque cada voto cuenta. Y cuando el margen es estrecho, se vale todo: licencias exprés, suplencias relámpago y juramentos que duran menos que un turno laboral. El mensaje es claro: no importa la forma, importa conservar el control.
Pero lo que más pesa no es la ingeniería política, sino el gesto previo: el senador que iba a presentarse y no lo hizo. Reculó. Sin matices. En política, las ausencias hablan más que los discursos, y esta ausencia tiene el volumen de una declaración completa. Porque cuando toca dar la cara y se opta por la retirada, lo que queda no es estrategia: es evidencia.
Y al final, el episodio completo se resume en eso: un escaño tratado como ficha intercambiable, una suplencia activada por horas como si fuera un turno temporal, y un senador que decidió no estar. Lo demás —las formalidades, los tecnicismos, las justificaciones— son ruido. La cifra real no son 22 horas. Es el costo político de no sostenerse en el lugar que se ocupa.
La Guardia Nacional ya no solo “cuida” carreteras: desde el 26 de mayo puede pararte, ordenarte qué hacer, multarte y, si no obedeces, llevarte al MP por desobediente, todo gracias a un decreto que la presidenta Claudia Sheinbaum metió directo al reglamento de tránsito federal.
El decretazo: Sheinbaum arma a la GN… con talonario
La mandataria publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal que convierte a la Guardia Nacional en autoridad de tránsito en todas las vías federales. A partir del 26 de mayo, los agentes de la GN pueden aplicar infracciones a quien incumpla el reglamento, es decir, pasar de patrullas “preventivas” a auténticos agentes viales armados… y con pluma.
El decreto establece que las “indicaciones de las personas integrantes de la Guardia Nacional prevalecen sobre los dispositivos para el control del tránsito y cualquier otra regla aplicable”. Traducido: el semáforo, las señales y el propio reglamento valen menos que lo que se le ocurra al elemento que tengas enfrente en la carretera, porque su orden va primero y luego ya vemos.
La multa por desobedecer al soldado-vial
El texto es clarito: “La contravención a lo establecido en los dispositivos para el control del tránsito y a las órdenes (…) de las personas integrantes de la Guardia Nacional en las vías federales será sancionada mediante multa de 40 a 50 veces la cuota diaria que establece este reglamento”. Es decir, no solo te multan por pasarte un señalamiento, también por no hacerle caso al guardia, aunque esté parado en plena curva “ordenando” algo que no tiene nada que ver con seguridad vial.
Además, las sanciones irán desde infracciones hasta amonestaciones verbales o escritas, como si el mismo cuerpo que se supone combate delitos federales ahora gestionara también regaños pedagógicos de tránsito. La amonestación verbal será “orientación” para que te portes bien, mientras que la escrita dejará constancia objetiva de la conducta que contravino el reglamento y las posibles consecuencias que habría causado, en un formato oficial debidamente establecido.
Del regaño al MP: el salto penal
La parte más delicada está en el candado de fuerza: si el usuario de la carretera se “opone” a las órdenes de la Guardia Nacional, puede ser detenido y presentado ante el Ministerio Público por probable responsabilidad en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, artículo 178 del Código Penal Federal. Y eso es “sin perjuicio” de otros delitos, es decir, cualquier otro cargo que el MP quiera sumar, desde “ataques a las vías de comunicación” hasta lo que se acomode al expediente.
Así, un desacuerdo con un agente vial militarizado deja de ser una diferencia administrativa y se convierte en una puerta directa al ámbito penal, con toda la asimetría de poder que esto implica para un conductor común. En un país donde ya es arriesgado discutir con un tránsito municipal, ahora discutir con un guardia nacional en autopista puede significar terminar en manos de un fiscal federal por “desobediente”.
De la Policía Federal a la Guardia Nacional: vieja idea, nuevo juguete
Milenio recuerda en otros materiales que las multas en carreteras federales antes se asociaban a la extinta Policía Federal, pero desde la creación de la Guardia Nacional ésta ya podía levantar infracciones vinculadas a ese reglamento. La diferencia ahora es que se refuerza y formaliza su rol como autoridad de tránsito en todo el entramado federal, con un decreto presidencial que pone por escrito y subraya sus facultades sancionadoras en materia vial.milenio+1
Además, si no pagas la multa en 30 días hábiles, la sanción pecuniaria se liquida y se turna al SAT para que la cobre como si fuera una deuda fiscal más, bajo el artículo 206 del propio reglamento. Es decir, el recorrido completo es: Guardia Nacional te infracciona en carretera, el SAT te persigue si no pagas, y si intentas “ponerte al brinco” con el guardia te pueden mandar al MP por desobediencia.milenio+1
Seguridad vial o control de carretera
En el discurso oficial, la justificación es reforzar seguridad y prevenir accidentes, con mayor presencia de la Guardia Nacional en carreteras federales. Pero el diseño normativo que describe el decreto está hecho para concentrar poder discrecional en los agentes de la GN: sus órdenes valen más que cualquier señalamiento y la resistencia a esas órdenes ya tiene un puente directo a la vía penal.
No se trata solo de controlar velocidad o uso de cinturón, sino de formalizar que los operativos de la Guardia Nacional en autopistas y carreteras federales llevan autoridad administrativa, coerción penal y capacidad recaudatoria adjunta, todo en el mismo uniforme.
El contexto: más guardias en carreteras, más margen para el abuso
La propia Guardia Nacional presume que despliega decenas de miles de elementos en carreteras federales, con operativos fijos, móviles y “carrusel” para obligar a respetar límites de velocidad en tramos peligrosos. En periodos vacacionales, la presencia en caminos federales y hasta en carreteras estatales se refuerza, con vigilancia “permanente” y un número de atención ciudadana 24/7 para reportes.
Con el nuevo decreto, esa presencia masiva deja de ser solo disuasiva y se vuelve también punitiva, con el guardia como árbitro vial, juez de tu conducta de manejo y umbral de ingreso al MP si su orden no te parece razonable. En un país con historial de extorsión en retenes y corrupción en cuerpos policiacos, la mezcla de autoridad de tránsito, poder de detención y monopolio de la fuerza no es precisamente un detalle menor.
Andy López Beltrán no “renunció” a la Secretaría de Organización de Morena: lo ejectaron en modo pánico, justo antes de la elección de Coahuila, sin relevo, sin anuncio formal y con el ridículo pretexto de “me voy a buscar fuero” en una diputación que ni está definida ni le da inmunidad antes de año y medio.
En los tiempos en que López Obrador papá jugaba a blindar el movimiento capturando fiscalías, corte, transparencia y partido, el plan sonaba sencillo: el hijo manejaba el ajedrez interno mientras los cómplices cobraban la factura en gobiernos, aduanas y contratos.
El problema es que el heredero salió un operador torpe: partió Morena en dos, dejó tirada Coahuila, se peleó con la presidencia, prometió apoyos que nunca llegaron y perfeccionó el tríptico de su padre… pero al revés: sí robó, sí mintió y sí traicionó.
La escena es brutal: lo corren antes de que estalle el escándalo y encima le montan un mitin en Tabasco para vender el chiste de que “se va” para buscar una diputación rumbo a la gubernatura.
En Palacio no lo bajan de riesgo tóxico: mejor pagar el costo de la vergüenza hoy que aguantar mañana el encabezado “Estados Unidos investiga al secretario de Organización de Morena” acompañado de la ficha del junior.
Ikon Midstream, Houston: el corporativo donde se cruzan Andy, Jensen y el huachicol fiscal
Mientras en México jugaban a que todo era una transición democrática muy decente, en Houston los gringos catearon Ikon Midstream, el corporativo dedicado a enviar combustible desde Texas a México, el corazón de una operación de huachicol fiscal que ya estaba en la mira de la Corte del Distrito Sur de Texas.
En el cateo se llevaron computadoras, servidores y papelería; de esa carnita salen los expedientes que hoy alimentan tanto la investigación en Estados Unidos contra la familia Jensen (Arroyo Terminals) como los reportes que ya cita Reuters sobre la relevancia de Ikon Midstream, en el entramado del robo de combustible vía facturación y aduanas.
El caso Jensen no es una anécdota: Washington los acusa de haber movido miles de cargamentos de crudo de Pemex disfrazados de “destilados” o “lubricantes” para evadir impuestos, generando unos 300 millones de dólares y apoyándose en la estructura huachicolera del CJNG-CDG-MILITARES-AMERICO VILLARERAL.
La acusación no se queda en el fraude fiscal: en el nuevo clima trumpista, la etiqueta es más venenosa —financiamiento a una organización criminal calificada como terrorista—, lo que eleva el costo político para cualquier funcionario mexicano que aparezca en la periferia de esa red.
El hilo se tensa cuando los reportes de seguridad en México ubican a Ikon como pieza central del huachicol fiscal y enlazan ese negocio con la red de operadores que va del intermediario de los Jensen al entorno político de Morena.
Ahí entra el nombre clave: Luis Rivera, alias “El Alto”, identificado en filtraciones como el gran operador empresarial-criminal del esquema, y vinculado a la constelación de compañías fantasma tipo Luxemborg Trading, ya señaladas por la DEA y medios
De Jensen a Reynosa: la aduana donde termina todo… y empieza Tamaulipas
La parte que debería quitarle el sueño a más de uno en Ciudad Victoria, Reynosa y el pais, es aritmética pura: alrededor del 85% del petróleo que enviaba la familia Jensen a México a través de Arroyo Terminals cruzaba por la aduana de Reynosa.
Esa aduana estuvo controlada por Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el mismo que terminó entregado a Estados Unidos como testigo protegido, después de años de operar el huachicol fiscal y el financiamiento en campañas morenistas, incluido el capítulo Tamaulipas.
Por eso la frase que se repite en el análisis de Magenta es demoledora: el hilo que va a conectar a la clase política de Morena con el crimen organizado será el del huachicol fiscal, y ese hilo inevitablemente lleva al entorno de Andy López Beltrán.
La narrativa ya conocida dibuja con claridad un mapa muy incómodo: aduanas de Tamaulipas, empresas fachada que cruzan combustibles y derivados hacia Texas, terminales como Arroyo y corporativos como ICON en Houston, todo conectado por una red financiero-política donde el CJNG pone músculo y las estructuras locales ponen sellos, permisos y protección.
En ese mapa, el nombre de Américo Villarreal no aparece como simple espectador: se le vincula desde hace años a los Carmona y al financiamiento en vuelos y operaciones opacas; hoy esquiva públicamente si está bajo investigación por huachicol fiscal.
Todo mientras su sobrino Roberto García encabeza la Dirección de Auditoria de Comercio exterior, dependiente de la Secretaria de Fiananzas, que encabeza las extorsiones y aun asi se ha mantenido intocado.
El diferencial brutal entre lo que reportan las exportaciones de hidrocarburos en Estados Unidos y lo que reconoce México en importaciones —estimado en más de 500 mil millones de pesos en impuestos perdidos— ha sido el caldo de cultivo donde florecen estos operadores: jensen, Carmona, Rivera, aduanas tamaulipecas y gobernadores que juran no saber nada mientras EE.UU los encausa penalmente y la Presidenta Sheinbaum pide pruebas.
La ironía es que, mientras la 4T presumía que “acabó el huachicol” en ductos, el huachicol fiscal crecía por la puerta grande de las aduanas y de los contratos con empresas favoritas, muchas de ellas hoy sancionadas o bajo la lupa tributaria.
Luis Rivera “El Alto”, JR Gómez Leal y el hilo que llega a Andy
El que hace que todo esto deje de ser “un tema técnico de comercio exterior” y se vuelva dinamita política es Luis Rivera, alias El Alto.
Investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia lo describen como el operador empresarial del huachicol fiscal vinculado a la constelación de Luxemburg Trading, con antecedentes de contrabando de combustible y lavado en Estados Unidos de hace más de 15 años.
Según los reportes citados por Círculo/Código Magenta, El Alto es señalado como operador del senador morenista José Ramón “JR” Gómez Leal, el tamaulipeco que habría blindado políticamente la operación huachicolera desde su posición y sus redes en el estado.
JR no era un satélite menor: las mismas fuentes de inteligencia lo ubican con dos contactos principales en la cúpula morenista —Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán—, lo que convierte el esquema Jensen–Ikon–Reynosa en un asunto de familia para el lopezobradorismo.
No se trata solo de una narrativa periodística aislada; la propia DEA y la fiscalía estadounidense llevan años documentando cómo el huachicol fiscal se volvió una de las principales fuentes de ingresos de los cárteles, y ahora los nombres que aparecen en las audiencias ya no son solo capos, sino intermediarios y políticos.
Mientras tanto, en el ecosistema local, testimonios de morenistas en Coahuila retratan a Andy y a Luisa María Alcalde como operadores de salón que llegaban a cenas, pedían camionetas, ofrecían apoyos y se iban sin cumplir, dejando tirada la operación política y acumulando agravios internos.
Es esa mezcla de incompetencia operativa con exposición criminal internacional la que convierte a Andy en el peor enemigo del movimiento de su padre: si cae, no lo hará solo.
Trump, guerra a los cárteles y la pistola de Washington sobre la mesa
El contexto externo terminó de pudrir la jugada. El secretario de Guerra de Trump anuncia abiertamente una “guerra contra los cárteles”, con la narrativa de terrorismo transnacional, mientras en paralelo un diario español y medios estadounidenses trazan la arquitectura del huachicol fiscal de los Jensen y su conexión con el CJNG.e
Al mismo tiempo, el secretario de Seguridad Interior, Michael Mullen, aterriza en México, se sienta con Claudia Sheinbaum en una reunión ríspida y, tras la mala cara, se cancelan la visita de la zar antidrogas y del representante comercial Jameson Greer.
La señal es clarísima: no hay “luna de miel diplomática”, hay ultimátum. De acuerdo con lo que reconstruye Magenta, Markwayne Mullin habría exigido a la presidenta entregar a los políticos que ya están procesados públicamente en Estados Unidos, advirtiendo que el proceso se activó desde que se entregaron Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y el general retirado Gerardo Mérida.
La advertencia es casi una lista negra: si México no coopera rápido, podrían venir acusaciones contra Marina del Pilar, el gobernador de Tamaulipas y otros dos mandatarios, incluyendo al de Michoacán, Alfonso Ramírez Bedolla.
Es la “pistola cargada sobre la mesa” de la que habla el análisis: Estados Unidos ya no solo pide extraditar capos, ahora pone gobernadores en la mira, en la misma mesa donde se discute el huachicol fiscal que atraviesa Tabasco, Tamaulipas, Sinaloa, San Pedro Garza García, Utah y Houston.
En ese tablero, Andy hace cuentas: sin fuero, con su nombre flotando en reportes de inteligencia, con operadores como JR y Luis Rivera en el radar, y con la Casa Blanca hablando de cárteles-terroristas, la apuesta de seguir al frente de la Secretaría de Organización se vuelve suicida.
De ahí su repliegue táctico: renunciar hoy, inventar la coartada de la diputación mañana y confiar en que la red de complicidades locales lo siga protegiendo mientras en Texas y en Utah se acumulan testimonios y documentos.
Mientras América Latina enfila hacia la nueva doctrina de seguridad hemisférica made in Washington—, hay un país que sigue aferrado a su soberanía como si no estuviera cercado por su propia crisis interna ,donde todo hay, menos soberanía,pues estamos colonizados internamente por el Narco que nos ha convertido en incómoda madriguera donde no solo sobreviven los criminales, sino que parecen administrar turnos.
La administración de Donald Trump ya dejó de disimular. Según fuentes citadas por The New York Times, la estrategia es clara: expandir operaciones militares antidrogas en la región hasta que la excepción mexicana se vuelva insostenible. No es cooperación, es cerco. Y el mensaje entre líneas es aún más transparente: si todos aceptan, ¿por qué tú no?
La respuesta ha sido negativa. No por falta de presión, sino por el costo político de aceptar lo que en los hechos implicaría reconocer no solo una incapacidad estructural, sino abrirle la puerta para que atestigüe en primera persona la «pudrición institucional y sus saldos».
Ecuador fue el primero en levantar la mano. En marzo, abrió la puerta a la colaboración directa con Estados Unidos, incluyendo acciones militares. Guatemala coqueteó con la idea —según las mismas fuentes—, pero reculó públicamente cuando la palabra “tropas” empezó a incomodar. El presidente Bernardo Arévalo intentó cuadrar el círculo: sí a la cooperación, no a los soldados. Traducción política: ayuda sin fotos incómodas.
Honduras, por su parte, aparece en la lista de espera del Pentágono. No es casualidad: su presidente, Nasry Asfura, cuenta con el guiño previo de Trump. En este tablero, las afinidades políticas pesan tanto como los mapas del narcotráfico.
Pero el verdadero premio no está en Centroamérica. Está al norte del istmo, en un país donde el discurso oficial insiste en la soberanía mientras el crimen organizado diversifica portafolios.
Trump lo ha dicho sin rodeos: ha ofrecido apoyo militar a Claudia Sheinbaum para enfrentar a los cárteles que,de acuerdo con su narrativa, nada o muy poco errada, “gobiernan” México.
Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha ejecutado más de 60 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con al menos 194 muertos. En marzo, Ecuador bombardeó —con apoyo estadounidense— un campamento de disidencias de las FARC. Días después, Trump anunció una alianza de 17 países para “destruir” al narcotráfico en el que no participó Mexico.
Así, mientras la región no tiene empacho en sumarse, México se mantiene en una posición incómoda: resistir públicamente para negociar en privado buscando contener una crisis que desborda cualquier narrativa oficial que no termina de convencer a ciudadanos.
La pregunta ya no es si habrá presión, sino cuánto tiempo podrá Mexico sostenerse en la negativa antes de que sea parte de esta “normalización” que esta dejando de ser opcional y esta derrumbando la credibilidad de Sheinbaum.
Habían anunciado que sólo irían por posponer la fecha de la elección judicial, pero Morena y sus aliados se recetaron un blindaje electoral para los comicios de 2027: aprobaron la nulidad a modo, con el pretexto de la intervención extranjera en elecciones y abrieron la puerta a Magistrados incondicionales a reelegirse hasta 2034. Eso no es reforma: es cerrojo.
El combo: elección judicial pateada y magistrados eternos
Tras 32 horas de sesión maratónica, la Cámara de Diputados convirtió el Congreso en taller de hojalatería constitucional.
No solo pospusieron la segunda fase de la elección judicial de 2027 a 2028; también abrieron la puerta a que cuatro magistrados del Tribunal Electoral se reelijan y alcancen hasta 18 años en el cargo, justo el tribunal que tendrá en sus manos las elecciones que vienen.
El cinismo quedó retratado cuando hasta Alfonso Ramírez Cuéllar, morenista y operador de Sheinbaum en San Lázaro, tuvo que admitir que eso rompe la Constitución y revive las “castas” judiciales que el propio movimiento decía combatir.
Es la vieja lógica del régimen: se denuncian los privilegios mientras se construyen unos nuevos, solo que ahora con licencia de “Cuarta Transformación”.
La nulidad por “injerencia extranjera”: el candado a modo
Como si no bastara con alargar la vida útil de sus magistrados leales, Morena y aliados se recetaron una causal de nulidad de elecciones basada en la nebulosa “intervención extranjera”.
El texto original de Monreal ya era preocupante: bastaba con alegar que individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros quisieron influir en las preferencias o resultados para prender la mecha de la nulidad.
La nueva redacción no corrige el problema, lo perfecciona:ahora la nulidad procede cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Traducción política: cualquiera que el poder quiera pintar como injerencia —desde ONGs con financiamiento internacional hasta investigaciones periodísticas coordinadas desde fuera— puede convertirse en pretexto para impugnar o volar una elección incómoda.
El nivel de arbitrariedad es tal que hasta Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Corte e integrante de la bancada oficialista, tuvo que poner el freno de emergencia: advirtió que es una “norma abierta”, completamente rellenable con cualquier capricho normativo.
Cuando hasta tus propios cuadros con carrera judicial te dicen que estás abriendo un agujero negro legal, es porque no estás legislando, estás cavando una trinchera.
Congreso en modo bronca: narcopolítica, mantas y playeras
Nada de esto ocurrió en un ambiente republicano y sereno; fue una sesión salpicada de anomalías en las votaciones, conatos de bronca, recesos exprés y mantas acusando narcopolítica colgadas en las galerías.
Mientras parchaban la ley, el pleno tenía el ambiente de mercado en cierre de campaña: gritos, acusaciones cruzadas y un oficialismo contando votos como si estuviera sumando delegados de un sindicato, no reformas de rango constitucional.
En el Senado, el espectáculo no mejoró: la iniciativa presidencial pasó con 87 votos a favor y 40 en contra, empujada por Morena, PT y PVEM. Se concretó así el paquete: posposición de la elección judicial, reelección de magistrados electorales y la bomba de nulidad por intervención extranjera lista para usarse en 2027 y 2028 si algo sale “mal” en las urnas.
Las acusaciones de narcopolítica cruzaron la sala como proyectiles.
Los panistas, alineados con Ricardo Anaya, se enfundaron playeras de apoyo a Maru Campos, gobernadora citada por la FGR por un caso donde hasta la CIA aparece en el expediente, mientras retaban a Morena a ponerse camisetas de “Yo con Rocha” por el gobernador de Sinaloa señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Nadie en Morena se atrevió a ponerse la playera. Todos, eso sí, se pusieron sin pudor el chaleco antibalas institucional: un Tribunal Electoral dócil y una causal de nulidad hecha para que, si el voto popular no coopera, siempre quede un botón rojo que pueda ser presionado desde el poder.
La jugada de fondo: blindar al régimen, no a la democracia
Visto en conjunto, el mensaje es brutalmente claro: el oficialismo no confía ni en la ciudadanía, ni en las reglas que ya existen, ni en la independencia de los árbitros; quiere árbitros que duren lo que dure el proyecto y una cláusula de escape para desactivar cualquier resultado adverso.
Posponer la elección judicial no es un detalle técnico de calendario: es ganar tiempo para que el aparato siga bajo control mientras se prueba la nueva arma de nulidad.
La causal por “intervención extranjera” será vendida en plazas públicas como defensa de la soberanía, pero en la práctica puede convertirse en un castigo político contra cualquier actor que, desde dentro o fuera, incomode la narrativa del gobierno.
El Tribunal, con magistrados reeligidos gracias a esta misma mayoría, será el que interprete qué cuenta como “injerencia” y hasta dónde llega el filo de esa norma abierta.
Si algo mostró esta sesión interminable es que Morena ya no solo quiere ganar elecciones: quiere reservarse el derecho de decidir cuáles valen y cuáles se anulan, y con qué árbitros.
Un legislador verdaderamente democrático no podría votar esto sin admitir que está renunciando a lo básico: que el voto cuente, pese, y no pueda ser tirado a la basura con el pretexto perfecto de que “el extranjero” metió la mano.
