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martes, 13 de octubre de 2026

«ASI COMO se OYE: NADIE ROBA,NI COBRA CUOTA SIN PERMISO del CARTEL del GOLFO del CONTADOR MORENO en MATAMOROS»…ciudad opera bajo su completo control.


El activo internauta Carlo Vela puso el dedo en la llaga otra vez. Su denuncia apunta a un Cártel del Golfo que no solo cobra cuotas, sino que pretende decidir quién trabaja, quién vende y quién presta servicios en Matamoros. Según su publicación, que tiene respaldo en la infausta realidad, hasta los servicios de paquetería estarían sometidos a ese control y, aun pagando, quedarían expuestos a robos atribuidos al mismo grupo criminal.

Es y ha sido tan férreo el control del CDG que hasta el propio clan Cárdenas es desplazado una y otra vez de las tareas extorsivas; incluso han sido ejecutados, y no importa si son primos como ocurrió con «Kike» Cardenas.

La lucha por el efectivo es y ha sido tan feroz que no vale la cercanía afectiva ,pues también fue retirado con amenazas, Rene Villarreal Alias El Gordo Villarreal», casado con la hija de Osiel Cardenas, primo politico del Contador y encargado hasta hace poco de cobrar por el pollo, la cerveza, la carne y hasta las croquetas en calidad de presunto propietario de la carnicería La Nacional, como citan las fuentes en redes.

Paralelo a estos movimientos, se han desatado quiebres en el entorno cercano al Contador, quien ha buscado desafiar a quien las redes también identifican como el «Señor de la O».

Los detalles de la conspiración de borrachos de nostalgia por el poder podrían cobrar relevancia si se vinculan con el hecho de que el propietario del restaurante aludido, según se sabe ahora, es hermano de Juan Carlos de la Cruz Reyna, un capo de la vieja escuela apodado el «JC».

El señalamiento de Carlo Vela fue acompañado de un video que describe algo más que extorsión: un monopolio impuesto mediante el amago de las armas y sostenido, según la infinidad de denuncias previas, por el amasiato «moreno-político-criminal» que busca reelegirse en 2027.

Actividades lícitas e ilícitas, negocios rentables y sectores productivos: a unos los cooptan; a otros les imponen proveedores y mercancías. 

Todos son rehenes

Comerciantes de Matamoros serían obligados a vender el tequila «Heroica Don Alfredo 40», producto que el medio vincula con Alfredo Cárdenas Martínez, alias «El Contador»,lider de los «Escorpiones» del Cartel del Golfo de filiación politica MORENA.

Dicho de otra forma: la denuncia apunta a que el cártel no solo quiere cobrar por dejar trabajar, sino también decidir quién puede robar y expoliar, a quién y bajo qué condiciones. 

El negocio ya no sería únicamente la cuota: sería administrar el permiso para delinquir y les va muy bien bajo el actual gobierno municipal y el estatal de Americo Villarreal,fichado por narcopolitico cuyo padre también fue señalado de servir a los fundadores del Cartel cuando fue gobernador priista (1987-1993).

Y sobre la versión de que los responsables de la extorsión «son del sur», convenientemente propalada por su cómplice en la alcaldía, el alcalde de Morena Alberto «Beto» Granados, se busca desviar la atención hacia otro origen geográfico, pese a que está sobradamente documentado para quién operan y quién los protege.

Con información: @CarloVela/ Medios/

«¿QUÉ PASÓ, MI JORCH?: DINEROSO EMPRESARIO le MANDA decir a SOCIO de ANDY que NO CONFUNDA AMISTAD con SEGURO contra el ABANDONO»… es la parte más delgada que se puede romper.



El dineroso empresario Ricardo Salinas Pliego le mandó un recado a Jorge Amílcar Olán Aparicio, cercano a Andrés Manuel López Beltrán: que no confunda la amistad con un seguro contra el abandono. 

Después de que un reportaje de TV Azteca ubicara al empresario tabasqueño en Lugano, Suiza, el dueño de la televisora insinuó que Andy y su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, podrían dejarle la factura de los escándalos mientras ellos buscan salir sin un rasguño. 

“¿Qué pasó, mi Jorch? ¿Creíste que Andy y su papá no te iban a poner a ti para evitar ser ellos los que caigan?”, escribió en X. El mensaje llegó con oferta de cámaras incluida: “Salva a tu familia. Te puedo mandar las cámaras de Azteca para que tengas la oportunidad de contar tu versión y defenderte”. Es decir: si el círculo de amigos se convierte en círculo de sacrificio, aquí tienes un micrófono. 

Salinas siguió con una mezcla de invitación televisiva y advertencia: “No es justo que terminen así contigo y con tu familia… Si decides que quieres rescatar algo de todo esto que definitivamente ya está perdido, búscanos”. Después añadió una referencia ominosa: “Ya ves que tus socios son capaces de TODO. Pregúntale a la familia del que se pegó un tiro accidentalmente mientras entrenaba en un ‘shooting range’”. La frase pertenece al empresario y, por sí sola, no demuestra que los aludidos hayan participado en algún delito. 

El telón de fondo no es precisamente una postal turística. Olán acumula señalamientos periodísticos por sus vínculos con los hijos de López Obrador, su participación como proveedor gubernamental y negocios relacionados con obras públicas. 

A eso se suma la polémica alrededor de Portacelis Gas and Oil, empresa con la que se le vincula y que, según la información publicada, fue denunciada por el SAT por discrepancias entre el combustible ingresado al país y el declarado. Señalamientos que requieren investigación, no una sentencia dictada desde X. 

Y ahí está el detalle que le baja el volumen al juicio de sobremesa: según la información proporcionada, la fiscal general Ernestina Godoy declaró el 16 de septiembre que, hasta ese momento, no existía una orden de aprehensión contra Olán. Posteriormente, Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la FGR determinar si hay elementos para proceder y que cualquier investigación debe sustentarse en pruebas.

Por ahora, Salinas ofrece cámaras, lanza sospechas y presenta a Olán como posible sacrificado de sus propias amistades. Lo que falta establecer no cabe en un tuit: qué responsabilidades existen, contra quiénes y con qué evidencia.

Con información: CODIGO MAGENTA/

LA "MODERNIDAD con PASAMONTAÑAS de la LEY de ECONOMÍA DIGITAL de SHEINBAUM VA a seguir las HUELLAS del EFECTIVO"... el pago digital escribe su autobiografía con bancos felices.


Un café pagado con el celular, una transferencia y una compra con tarjeta comparten algo más que la comodidad: dejan rastro. El dinero cambia de manos, pero ya no se va sin despedirse. Deja registro, cuenta de origen y destino. El Gobierno de Claudia Sheinbaum quiere multiplicar esas huellas con su nueva Ley de Economía Digital. En el escaparate se ofrecen eficiencia, inclusión financiera y menos efectivo. Detrás del aparador asoma la trazabilidad, embozada de modernidad: pagar más fácil también significa dejar operaciones más fáciles de seguir.

La iniciativa, presentada como parte del Paquete Económico de 2027, encaja en una estrategia que busca recaudar más sin abrir el incómodo debate de una reforma fiscal integral. El Gobierno pretende ampliar la base de contribuyentes y reforzar los controles antes de modificar de fondo la estructura tributaria. Dicho sin la envoltura del discurso oficial: conseguir que más dinero deje de circular fuera del radar, sin cargar con el costo político de anunciar nuevos impuestos. 

Hay una precisión que conviene mantener, incluso cuando la propaganda invita al sarcasmo: la ley no concede al Servicio de Administración Tributaria (SAT) nuevas facultades para acceder directamente a la información de cada transacción. No equivale, por sí sola, a entregarle al fisco una pantalla donde aparezca cada café. Su efecto es más indirecto y menos vistoso: cuanto más dinero pasa por cuentas y plataformas, más registros quedan. No es lo mismo crear una atribución legal que multiplicar las huellas sobre las que pueden operar los mecanismos de fiscalización existentes.

Sheinbaum lo ha explicado con el vocabulario amable de la transformación: seguridad, eficiencia, formalización e historial de pagos. La palabra decisiva está en ese historial. El efectivo cambia de bolsillo; el pago digital, además, escribe su autobiografía.

El efectivo no se deja jubilar por decreto

El entusiasmo tecnológico se enfrenta a un país que todavía paga buena parte de su vida cotidiana con billetes y monedas. Según las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera citadas en el texto, entre 2021 y 2024 el uso de efectivo en compras de hasta 500 pesos bajó del 90,1% al 85,2%. Las transferencias electrónicas o mediante aplicaciones pasaron del 1,6% al 4,4%. Hay avance, sí, pero no precisamente una estampida hacia el código QR.

El contexto tampoco se resuelve con una aplicación: alrededor del 55% de los trabajadores se encuentra en la informalidad. Y una cuenta bancaria no trae, por cortesía del banco, contrato laboral, prestaciones ni seguridad social. Confundir bancarización con formalización sería vender una terminal de cobro como si fuera una política laboral.

La apuesta recaudatoria consiste en volver más visibles operaciones que hoy pueden quedar fuera del registro fiscal. No aparece un impuesto nuevo por cada transferencia; aparece una economía con más memoria. Esa diferencia importa: permite discutir el alcance de la medida sin convertir cualquier pago digital en una supuesta orden automática de vigilancia.

Primero la gasolina y el peaje; después, lo que Hacienda disponga

De acuerdo con el texto proporcionado, la Cámara de Diputados aprobó la normativa con 327 votos a favor y 122 en contra, y la remitirá al Senado. Si obtiene la aprobación de la cámara alta, Hacienda podrá definir los “sectores estratégicos y actividades relevantes” obligados a aceptar medios de pago digitales y electrónicos.

La aplicación comenzaría gradualmente en gasolineras y casetas de peaje, según lo anunciado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La infraestructura ya tiene nombre: el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi, la plataforma de pagos mediante códigos QR. La estrategia contempla, además, facilitar la apertura de cuentas digitales para personas y pequeños negocios.

La distinción también cuenta aquí: obligar a un establecimiento a aceptar pagos digitales no significa, por sí mismo, prohibirle recibir efectivo. Una cosa es abrir otra puerta para pagar y otra clausurar la de los billetes.

Merino ha defendido la digitalización de los pagos gubernamentales como una manera de aumentar su trazabilidad y cerrar espacios para prácticas indebidas. Es una promesa atendible, pero no un certificado de honestidad. Digitalizar un cobro deja evidencia; no vuelve incorruptible a quien lo administra. El registro puede ayudar a detectar una irregularidad, siempre que haya capacidad y voluntad para investigarla.

Los bancos aman el futuro, sobre todo cuando cobra comisión

La modernización también tiene un problema menos solemne:los incentivos de quienes deben impulsarla. CoDi ofrece pagos gratuitos, mientras las tarjetas alimentan un negocio de comisiones. Promover con entusiasmo una herramienta que compite con una fuente propia de ingresos exige algo más que una fotografía institucional y un discurso sobre inclusión. Las comisiones y la escasa promoción de CoDi ya han sido señaladas como obstáculos para extender los pagos digitales.

Álvaro Vertiz, socio de DGA Group, identifica en el texto dos pendientes centrales: simplificar el uso de CoDi y conseguir que el sector financiero tenga motivos para promoverlo. Porque si pagar requiere demasiados pasos, la revolución digital puede terminar derrotada por un billete arrugado.

Ahí está el verdadero examen de la ley: facilitar los pagos sin confundir inclusión con obligación, mejorar la fiscalización sin presentar toda informalidad como delito y explicar qué ocurre con los registros que la modernidad produce.

El Gobierno ofrece una economía más ágil. También busca una economía más legible para el Estado. Ambas cosas pueden coexistir; lo que no corresponde es anunciar únicamente la comodidad y dejar la trazabilidad escondida bajo la mesa. El código QR no necesita pasamontañas: necesita reglas claras.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/EYANIR CHINEA

«QUE ACLARE AMERICO y tambien CARMEN LILIA: EE.UU SANCIONA INDIVIDUOS y EMPRESAS LIGADOS a ZETAS del CDN»…ligados a contratos con el estado y municipio.


El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, aplicó sanciones financieras contra cuatro individuos y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN) con nexos en carreras de caballos y campañas políticas de Tamaulipas,cita El Norte.

Pero el documento original del Tesoro de los EE.UU permite una redacción aun más contundente y precisa: el Tesoro no habla únicamente de empresas vinculadas al CDN que recibieron contratos; afirma que CEGESA los obtuvo mediante corrupción y después subcontrató los trabajos a personas vinculadas al cártel. 

El cártel ponía las constructoras; los gobiernos, los contratos

El Cártel del Noreste no solamente tenía caballos en la pista:también tenía empresas metidas en la obra pública y dinero circulando hacia campañas electorales. 

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, CEGESA, una constructora utilizada por el grupo criminal, obtuvo contratos gubernamentales mediante corrupción y después subcontrató los trabajos a personas vinculadas al propio cártel. 

Entre los gobiernos que le otorgaron contratos aparecen expresamente el municipio de Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas. 

El señalamiento pone bajo escrutinio la contratación pública de dos gobiernos hoy encabezados por Morena: el de Carmen Lilia Canturosas en Nuevo Laredo y el de Américo Villarreal en Tamaulipas. 

La precisión importa: el comunicado identifica a las instituciones contratantes, pero no individualiza a los funcionarios que adjudicaron los trabajos ni fecha los contratos. 

Pero tampoco deja espacio para reducir el asunto a una pintoresca historia de carreras de caballos. El Tesoro describe la capacidad del CDN para infiltrar gobiernos locales, dirigir contratos públicos y manipular elecciones regionales. El hipódromo era una pieza; la conexión con el presupuesto y las campañas, otra bastante menos decorativa. 

Una constructora para cobrar y otra empresa para surtir

En el centro del esquema aparece Gamaliel Garza García, empresario y aficionado a las carreras de caballos al que Estados Unidos identifica como asociado del CDN. Su compañía, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. —CEGESA—, fue utilizada para canalizar dinero a campañas de los candidatos preferidos por el cártel, sostiene el comunicado. 

El mecanismo no terminaba con conseguir un contrato. Según el Tesoro, CEGESA obtenía las adjudicaciones mediante corrupción y luego subcontrataba los trabajos a personas vinculadas al CDN. Garza García creó además Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. —COPASA— para integrar el suministro de materiales al mismo esquema: una empresa ejecutaba o repartía la obra; la otra surtía los insumos. 

Negocio redondo, según la estructura descrita: cobrar por construir y vender también con qué construir.

A principios de 2026, CEGESA y COPASA figuraban entre las pocas constructoras a las que el CDN permitía realizar trabajos en Nuevo Laredo. El señalamiento exhibe algo más grave que un proveedor cuestionable: describe a una organización criminal con poder para decidir quién podía participar en el mercado de la construcción. 

Mientras las instituciones debían garantizar competencia y legalidad, el cártel presuntamente repartía permisos de facto. Una ventanilla criminal paralela a la gubernamental.

También había efectivo para las campañas

El comunicado atribuye a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario y participante en la operación diaria de CEGESA, la entrega de dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos preferidos por el CDN. 

El Tesoro plantea la coexistencia de financiamiento electoral y contratación pública dentro de una misma red empresarial vinculada al cártel. Eso obliga a investigar quién recibió el dinero, quién autorizó las adjudicaciones y quién terminó ejecutando las obras.

El hipódromo era apenas la fachada más vistosa

La acción anunciada el 13 de octubre de 2026 sanciona a cuatro personas y 11 entidades relacionadas con carreras de caballos cuarto de milla, construcción, transporte de carga y negocios de gas y combustibles. Scott Bessent, secretario del Tesoro, la presentó como el mayor esfuerzo de esa dependencia hasta entonces para desarticular la infraestructura financiera del CDN. 

Entre los establecimientos sancionados está el Club La Molienda, hipódromo, restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo.

El Tesoro afirma que está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z-40”, y supervisado por dirigentes y asociados del CDN mientras aquel permanece encarcelado en Estados Unidos. El recinto genera ingresos por entradas y recibe caballos comprados, entre otros lugares, en territorio estadounidense.

La Molienda también mantenía una alianza con Casino Centenario que permitía apostar desde el casino en las carreras del hipódromo. Esa relación operó antes de que una acción bilateral suspendiera las actividades del casino en abril de 2026. 

La precisión es importante: el comunicado habla de la suspensión de Casino Centenario, no de La Molienda. 

Canturosas y Villarreal: la respuesta está en los contratos

Para los gobiernos de Carmen Lilia Canturosas y Américo Villarreal, la salida no puede ser esconder el asunto detrás de un “no somos mencionados”. Sus instituciones sí aparecen en el comunicado como otorgantes de contratos a CEGESA, empresa señalada por el Tesoro como instrumento del CDN. Eso exige esclarecer cuándo se contrataron las obras, mediante qué procedimientos, por qué montos y bajo la autorización de qué funcionarios.

El documento no acredita una complicidad personal de la alcaldesa o del gobernador. Sí describe un esquema que alcanzó la contratación gubernamental y que, según la autoridad estadounidense, operó mediante corrupción. Esa es la diferencia entre una acusación que necesita pruebas adicionales y un señalamiento institucional que ya exige explicaciones.

Menos eslogan y más expedientes. Porque aquí la pregunta no es quién ganó la carrera, sino quién autorizó los contratos, quién cobró y quién terminó haciendo la obra.

Con información: U.S Treasury/ El Norte/ OFAC Treasury