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jueves, 2 de julio de 2026

«CUAL HUMANISMO ?: DIARIO ESPAÑOL le TUPE a la PRESIDENTA que NEGOCIA con la HIDRA MORENO-CRIMINAL,la GESTIONA y la ADMINISTRA «…pero no la enfrenta como lo que es.


Nos venden a Claudia Sheinbaum como presidenta “humanista”, pero el humanismo oficial suele acabar en slogan y no en política pública. El país no necesita otra catequesis de valores, sino una jefa de Estado capaz de ponerle freno a la maquinaria de daño que ya heredó y que está alimentando.

Sheinbaum juega a la continuidad con rostro científico: datos, gráficos, discurso técnico… pero el fondo es la misma lógica de poder que ya conocemos. Cuando toca decidir entre víctima y estructura, entre derechos y cálculo electoral, la balanza se inclina donde siempre: hacia el control político, no hacia la persona de carne y hueso.

El “humanismo” que promueve es selectivo: se activa en el spot, en el mensaje al país, en la narrativa de reconciliación, pero se evapora cuando aparecen los casos incómodos, las violencias que interpelan directamente a su gobierno o los abusos cometidos bajo la sombra de la 4T. Ahí la presidenta se vuelve administradora de daños colaterales, no defensora de nadie.

No estamos ante una presidenta atrapada por un grupo de señores tras bambalinas: estamos ante una mandataria que ya entendió el valor de concentrar poder y de usar la épica de “transformación” como escudo ante cualquier crítica. Eso no es humanismo: es un pragmatismo duro, revestido de lenguaje moral para que parezca virtud.

Si en serio creyera en el humanismo que promete, su prioridad sería desmontar la hidra moreno-criminal que gobierna territorios, presupuestos y vidas, aunque eso implicara quebrar pactos incómodos dentro de su propia coalición. 

Hasta ahora, lo que vemos es una administración que negocia con esa hidra, la gestiona, la administra en dosis de escándalo, pero no la enfrenta como lo que es: el corazón de la deshumanización en México.

Llamarla “humanista” hoy es un acto de fe, no un diagnóstico. Sus decisiones marcarán si se queda como presidenta de discurso correcto y efectos devastadores, o si rompe el molde y paga el costo real de poner a las personas por encima del proyecto de poder que la sostiene. De momento, el humanismo que esperamos de Claudia sigue siendo eso: una expectativa, no un hecho.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DAVID ZEPEDA PATTERSON

«TRUMP NO lo TIRÓ, lo DEJÓ COLGADO de un GANCHO: EBRARD MINIMIZA los DAÑOS de la NEGATIVA de RENOVAR el T-MEC»… unos diluyen el riesgo, otros lo dramatizan estratégicamente.


Estados Unidos no “tiró” el T‑MEC, pero sí lo dejó colgado de un gancho: sigue vivo, en automático, pero sometido a revisión anual con caducidad potencial en 2036 si no hay acuerdo para extenderlo 16 años más. Que la 4T lo venda como victoria y diario español El País lo narre hoy como “freno en el mejor momento comercial” ,revela dos sesgos opuestos frente a la misma realidad: Washington negó la prórroga larga y convirtió el nearshoring mexicano en un punto de presión donde Washington puede condicionar la continuidad del acuerdo a una diversidad de concesiones en aranceles, reglas laborales, energía, agro o cualquier tema políticamente rentable.

Qué dijo realmente Ebrard

La versión en video de Marcelo Ebrard es, en el fondo, un informe de daños que se vende como parte de mantenimiento rutinario.

  • Confirma que nadie se está retirando del T‑MEC: no se activó la cláusula de salida de 6 meses, por lo que el tratado sigue vigente y no hay cierre de fronteras ni ruptura abrupta del comercio.
  • Explica las dos rutas del tratado:
    • Extensión de 16 años si los tres se ponen de acuerdo (la opción que querían México y Canadá).
    • Mantener la vigencia hasta 2036 con revisiones anuales durante 10 años si alguien no quiere la extensión.
  • Admite que Estados Unidos “no está en la posición” de extender 16 años y que, por tanto, “nos vamos por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años”.
  • Minimiza el impacto inmediato insistiendo en que “mañana 2 de julio amanece todo igual”, que el comercio sigue y que el tratado “no cambia para estos meses que siguen”.

En resumen: Ebrard reconoce la negativa de Estados Unidos a la prórroga de 16 años, pero la empaqueta como continuidad administrativa, no como recorte de horizonte y aumento de riesgo.

Qué cuenta El País

El editorial de El País enmarca el mismo hecho en tono de alarma fría: la cúspide comercial de México con Estados Unidos coincide con el inicio del periodo de incertidumbre programada.

  • Subraya que México es hoy el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones por más de 69 mil millones de dólares en un solo mes y un aumento anual superior a 25%.
  • Recuerda que, si se hubiera renovado sin cambios, el acuerdo correría hasta 2042 con revisión en 2032; en cambio, entra a una dinámica de revisiones anuales por hasta 10 años.
  • Señala que los mercados ya habían descontado la noticia: Bolsa al alza, peso casi estable, pero advierte que el verdadero golpe es a la certeza de largo plazo.
  • Lista los focos de riesgo:
    • Sectores de capital intensivo (automotriz, electrónicos, cómputo) que requieren horizontes de décadas y ya enfrentan aranceles.
    • Inversión nacional a la baja desde hace más de un año, en un contexto de desaceleración.
    • Nearshoring más lento, porque nadie relocaliza plantas multimillonarias a un país cuyo acceso al mercado de destino queda sujeto a examen anual.
    • Emprendimiento y capital semilla inhibidos por reglas que podrían cambiar cada año.

El País, con todas sus precauciones, dice algo que la narrativa oficial esquiva: no hay crisis hoy, pero sí una bomba de tiempo de certidumbre que se activa cada 12 meses.

Dónde está el sesgo retórico de Marcelo Ebrard

El sesgo de la 4T/Ebrard y el sesgo de El País no son espejo perfecto, pero sí son complementarios: uno diluye el riesgo, el otro lo dramatiza estratégicamente.

El sesgo de Ebrard: “tranquilicemos al paciente”

  • Uso de lenguaje anestésico:
    • “El tratado sigue”, “no habría ninguna modificación”, “no tenemos ni prisa” son frases diseñadas para bajar la percepción de riesgo, no para describir la magnitud del cambio en el horizonte contractual.
    • La palabra “incertidumbre” aparece solo para decir que “no nos interesa que haya incertidumbres” y que por eso hay que llegar a acuerdos, sin reconocer que Estados Unidos acaba de institucionalizar esa incertidumbre vía revisiones anuales.
  • Desplazamiento del foco temporal:
    • Se concentra obsesivamente en “mañana 2 de julio” y “los próximos meses”, como si el problema fuera si mañana pasan los camiones, no si en 2028, 2030 o 2034 seguirá habiendo las mismas reglas para las plantas armadoras y las cadenas de valor.
    • El horizonte real (2036 con posibilidad de extinción) se enuncia casi como nota a pie de página.
  • Normalización de lo excepcional:
    • Presenta las revisiones anuales como una especie de checkup rutinario: “cada año esa revisión tenga menos asuntos pendientes”, como si el incentivo político de Washington fuera cerrar pronto y no mantener la palanca de presión viva hasta el último año.
    • Omite que Trump ha venido usando el T‑MEC como arma de presión política y electoral, no como mecanismo tecnocrático de ajuste fino.
  • Ausencia del contexto de poder:
    • No menciona ni aranceles propuestos ni medidas de presión por trabajo forzoso ni amenazas previas sobre autos, energía o maíz, que ya muestran a Estados Unidos operando con lógica punitiva.
    • El relato sugiere paridad entre socios que “se ponen de acuerdo”, cuando la estructura de poder está claramente inclinada a favor de Washington.

En corto: Ebrard convierte un downgrade del horizonte de certeza en “variación de formato” y presenta la negativa de Estados Unidos como una decisión procedimental, no como una jugada política deliberada de Trump.

El sesgo de El País: “la cúspide antes del precipicio”

El País tampoco es neutral; su narrativa es mucho más dramática, pero estructurada.

  • Enmarque en “mejor momento, peor noticia”:
    • Habla de “freno en el mejor momento comercial”, subrayando que México es socio número uno de Estados Unidos justo cuando se activa la revisión anual.
    • Es una elección narrativa clara: plantear clímax económico frente a giro político, para evidenciar la vulnerabilidad mexicana.
  • Uso de lenguaje tecnocrático con subtexto alarmista:
    • “Adiós a la certeza a largo plazo”, “alteración de variable fundamental: la confianza”, “desaceleración”, “freno al nearshoring” son fórmulas que parecen neutras, pero construyen la idea de un deterioro estructural inevitable si no se corrige el rumbo.
    • La metáfora implícita: el acuerdo se queda sin ancla a 2042 y queda atado a boyas anuales que pueden hundirse.
  • Subestimación de las cartas de México:
    • Señala “ventanas políticas” (elecciones intermedias en EE. UU., final del mandato, posible nueva administración) pero las presenta más como consuelos narrativos que como escenarios de negociación con agencia mexicana real.
    • Le da más peso a la ofensiva de Trump que a la posibilidad de una reconfiguración futura del equilibrio político en Washington.
  • Sesgo de responsabilidad compartida diluida:
    • Aunque reconoce que Trump y Estados Unidos son quienes niegan la renovación, el relato también se cuida de decir que una renovación exprés hubiera obligado a México a aceptar aranceles, es decir, que una “victoria” de corto plazo habría sido una capitulación disfrazada.
    • Esa frase le permite criticar a Trump sin absolver del todo a la 4T, pero deja implícito que el gobierno mexicano apostó a un escenario que hoy no existe y ahora llama “oportunidad” a administrar el daño.

El País, en suma, describe mejor el impacto estructural que el video de Ebrard, pero lo hace con un dramatismo calculado que enfatiza el riesgo para México más que la racionalidad interna de la estrategia mexicana (limitada, pero no inexistente) frente a una Casa Blanca abiertamente hostil.

Qué significa realmente la negativa de EE.UU.

Quitando la espuma retórica, la negativa de Estados Unidos a extender 16 años y la entrada al carril de revisión anual implican tres cosas muy concretas:

  • Fin del “piloto automático” hasta 2042:
    • Si los tres hubieran aceptado la extensión, el tratado habría tenido horizonte cierto hasta 2042 con una revisión en 2032.
    • Al no extenderse, el T‑MEC sigue vigente pero entra en un régimen de revisión anual hasta 2036; si no hay acuerdo, ahí muere.
  • Institucionalización de la incertidumbre como herramienta de presión:
    • Cada revisión anual es un punto de presión donde Washington puede condicionar la continuidad del acuerdo a concesiones en aranceles, reglas laborales, energía, agro o cualquier tema políticamente rentable en campaña.
    • México y Canadá quedan en la posición de defender acceso al mercado contra un socio que no necesita el T‑MEC tanto como ellos y que, además, lo ha devaluado públicamente.
  • Golpe diferido al nearshoring y a la inversión de largo plazo:
    • La relocalización industrial hacia México se diseñó sobre la premisa de acceso estable al mercado estadounidense; transformar ese acceso en algo revisable cada año encarece políticamente cada decisión de inversión.
    • El efecto no es inmediato en flujo comercial, pero sí en decisiones nuevas: plantas que se iban a instalar en México pueden retrasarse, repartirse con Estados Unidos o buscar alternativas en otros países.

La frase clave del comunicado estadounidense —“the United States did not agree to renew the USMCA in its current form… the Agreement remains in force pending resolution”— es la confesión escrita de ese diseño: nada se cae hoy, pero todo queda sujeto a renegociación continua.

La 4T celebrando un downgrade

El hilo original que citas (“Trump decidió no renovar el T‑MEC por 16 años y nos metió a revisiones anuales. La #4T celebró como si fuera una victoria…”) captura bien la disonancia entre el resultado y la narrativa oficial.

  • Qué celebra la 4T:
    • Que el tratado “sigue”, que no hay ruptura, que no se activó la salida, que el comercio continúa mañana igual.
    • Que México no se vio obligado a firmar de prisa una renovación llena de concesiones arancelarias, como sugiere El País.
  • Qué es, en realidad, el resultado:
    • Una derrota parcial: Estados Unidos le negó a México y Canadá el horizonte de 16 años que ambos solicitaron formalmente y quedó activado el carril menos deseable, el de revisión anual.
    • Una victoria táctica mínima: no firmar una mala renovación exprés; pero eso no convierte el escenario actual en triunfo, sino en daño controlado con costo de largo plazo.
  • La trampa narrativa:
    • Se comunica “victoria” porque no hay colapso inmediato, se minimiza el hecho de que el techo de 2042 se vino abajo y ahora el horizonte real es 2036, con revisión constante.
    • Se omite que Trump lleva meses amenazando con no renovar, diciendo que Estados Unidos “no necesita nada de México ni de Canadá”, y que esto es la consecuencia coherente de esa línea.

En lenguaje llano: la 4T está vendiendo como hazaña haber evitado que Trump volara el avión, cuando lo que hizo fue aceptar que el piloto ahora revisará el plan de vuelo cada año, con la puerta de la cabina cerrada del lado de Washington.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ GERARDO HERRERA

«15 PLOMAZOS y…CASI 15 MIL SOLDADOS?: SINALOA COMPLETA 15 MESES DE GUERRA, AVANZA A LOS 4 MIL CADÁVERES y MÁS de 4,000 LEVANTADOS…con casi 12 mil autos despojados.


Sí: 15 meses y 23 días de violencia desde el 9 de septiembre de 2024 hasta hoy, 2 de julio de 2026; en términos gruesos, son 1 año, 10 meses y 23 días, o 94 semanas y 3 días, equivalentes a 661 días15,864 horas y 951,840 minutos y no tiene para cuando la estrategia,criminales tampoco.

“¿Nomas 15 veces? ¿Con casi 15 mil soldados? Mientras el discurso vende control, la realidad responde con plomo: desde el 9 de septiembre de 2024 han pasado 661 días de violencia, y el saldo no es de pacificación sino de desgaste, impunidad y normalización del horror. 

Made with Flourish • Create a chart

Ayer, en Mazatlán,como en gran parte de Sinaloa, otro hombre fue atacado a tiros frente a una torre de condominios; le dispararon más de 15 veces. La estrategia presume fuerza, pero los hechos siguen exhibiendo su fracaso.”

Con información: NOROESTE/

“RECULADA PRIETA: CONGRESO DOMINADO por AMÉRICO y MORENA REFORMAN LEY para CORREGIR su PROPIA REFORMA DEFORMADA”… es un zigzag de pura estulticia jurídica pura.


El Congreso de Tamaulipas, dominado por Morena y por el gobernador multiacusado en EE.UU., Américo Villarreal Anaya, pero encabezado en los hechos por el ex panista Humberto Armando Prieto Herrera, modificó el Código Municipal para eliminar el candado que impedía ser candidato o integrar ayuntamientos a cualquier persona sujeta a proceso penal por delito doloso desde la etapa de vinculación a proceso.

En la nueva versión, se permite que imputados o vinculados a proceso puedan contender a cargos municipales, y se reservan las restricciones para dos supuestos: sentencia firme por delito doloso y casos donde un juez imponga prisión preventiva asociada a un auto de vinculación.

La reforma es, técnicamente, un regreso al estándar constitucional clásico: solo una sentencia condenatoria firme (o una resolución judicial específica) puede suspender derechos político‑electorales, pero políticamente luce como una reculada torpe frente al endurecimiento previo.

El giro respecto a la reforma de abril

La reforma de abril (Decreto 66‑1036) había endurecido los requisitos de elegibilidad: bastaba estar sujeto a proceso por delito doloso para quedar inelegible o perder el cargo, pues la inelegibilidad se detonaba desde la vinculación a proceso.

Esa versión convertía una etapa intermedia del proceso penal en un mecanismo de “muerte civil” política, permitiendo incluso la suspensión o revocación de alcaldes y regidores sin sentencia condenatoria firme.

Presunción de inocencia vs. “candados anticriminales”

La corrección legislativa se justifica formalmente en criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral: impedir una candidatura o destituir a un funcionario solo por estar vinculado a proceso constituye una sanción anticipada incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a ser votado.

El propio dictamen y las notas señalan que, según la Corte, las consecuencias jurídicas desfavorables deben derivar de sentencias o resoluciones judiciales definitivas, no de simples actos de procesamiento.

Núcleo jurídico: qué derechos están en juego

El parámetro central es el derecho a ser votado (artículo 35 constitucional) y la regla de que los derechos político‑electorales solo se pueden suspender en los supuestos y bajo las condiciones que fija la Constitución.

La nueva reforma afirma que la suspensión de derechos solo procede en casos “excepcionales”, como la existencia de sentencia condenatoria firme o una resolución judicial que expresamente determine la suspensión, alineando así el Código Municipal con esos criterios.

¿De verdad “dan vía libre a criminales”?

Desde el punto de vista técnico, la reforma no habilita a “criminales” ya declarados culpables a ser candidatos, porque incorpora como requisito de elegibilidad el no haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso.

Lo que sí hace es permitir que personas investigadas o procesadas, incluso en casos donde las fiscalías afirman tener elementos de prueba, puedan competir electoralmente mientras no exista una condena definitiva ni una medida judicial que suspenda sus derechos.

La contradicción política: del hiper‑punitivismo a la “reculada”

Políticamente, el Congreso pasa de un modelo hiper‑punitivo (candado desde la vinculación) a otro de deferencia casi absoluta a la presunción de inocencia, sin asumir abiertamente que el primer diseño era inconstitucional.

Ese zigzag permite leer la reforma actual como una reculada: se desactiva una herramienta de exclusión anticipada que ellos mismos promovieron, pero se vende como “armonización” con la Corte, no como corrección de un exceso legislativo.

Puntos finos y riesgos de la reforma “garantista”

  1. La puerta a candidaturas de alto riesgo
    La norma no distingue entre imputaciones triviales y señalados por delitos graves (del fuero común o federal), de modo que perfiles con investigaciones sólidas pueden acceder a boletas y campañas amparándose en la presunción de inocencia.
    Esto traslada la función de filtro desde la norma jurídica hacia el mercado electoral: serán los partidos y el electorado, no la ley, quienes decidan castigar o premiar esas trayectorias.
  2. Prisión preventiva como límite difuso
    La reforma prevé restricciones cuando hay auto de vinculación por delito doloso y el juez impone prisión preventiva, lo que introduce un criterio objetivo pero también dependiente de decisiones judiciales a menudo litigadas.
    En la práctica, esto puede generar escenarios donde un imputado sin prisión preventiva compite libremente, mientras otro –en situación procesal similar pero con prisión preventiva– queda fuera, abriendo debates de igualdad y arbitrariedad.
  3. Dependencia de la jurisprudencia federal
    El dictamen invoca la acción de inconstitucionalidad 76/2024 y otros precedentes, en los que la Suprema Corte invalidó restricciones basadas en etapas iniciales del proceso penal al considerarlas sanciones anticipadas.
    Esto hace que cualquier intento futuro de reinstalar candados en la fase de investigación sea jurídicamente vulnerable, salvo que se construya un régimen muy acotado y fuertemente justificado en términos de proporcionalidad.

Con información: DE NOTICIERO DE VICTORIA/

LA «LISTA de los SAPOS»: DESTACA PRENSA NACIONAL el NOMBRE de AMÉRICO y JR entre PONEDEDOS de PROPIOS y AJENOS en EE. UU. para SALVARSE ELLOS… el tamal es grande y hay de dulce, chile y manteca.


Como quien ve venir un huracán que golpeará con fuerza e intenta ponerse a salvo, la lista de políticos mexicanos que se están acercando al gobierno de los Estados Unidos para declarar voluntariamente y ofrecer información sobre tramas de corrupción,narcotráfico huachicol fiscal en el gobierno de López Obrador crece cada día más.

La mayoría pertenece al oficialismo, aunque también los hay de la oposición, y se trata de políticos de alto nivel como gobernadores, congresistas y dirigentes partidistas que decidieron hablar y colaborar con el vecino país. 

Ya sea porque se enteraron de que son investigados por el gobierno de Donald Trump o porque recibieron una “invitación” de la embajada estadounidense en nuestro país para que cooperen con el Departamento de Justicia. Cada uno de ellos está entregando información a cambio de recibir un trato especial o una negociación en la ofensiva que viene desde Washington en temas como la narcopolítica y el huachicol fiscal.

Y aunque ninguno lo va a aceptar públicamente y la presidenta Sheinbaum niega que esté habiendo traiciones o delaciones desde su movimiento político, la realidad es que la lista de al menos 10 políticos mexicanos que mencionó el fin de semana el diario The New York Times se queda corta en cuanto a la cantidad de personajes de la política nacional que ya están haciendo contacto con autoridades estadounidenses, de acuerdo con fuentes del país vecino.

Del Partido Verde, por ejemplo, a pesar de ser aliados con Morena están hablando con los estadounidenses el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Carmona, quien contrató los servicios del polémico consultor Roger Stone, conocido por su cercanía con Donald Trump y por dedicarse a negociar indultos y beneficios para personajes acusados de cargos criminales. Junto con la firma de Stone, el gobierno de San Luis también contrató los servicios de la consultora conservadora Diana London, de la firma Ford & London Global Strategies LLC, por los cuales habría pagado 375 mil dólares a cada una de las consultoras, según el diario Reforma.

Aunque el gobernador Gallardo Carmona reconoció los contratos de su gobierno, negó que sean para buscar “inmunidad” o negociar con el gobierno estadounidense y dijo que la Secretaría de Economía del estado, que aparece como contratante con ambas consultoras estadunidenses, lo hizo para “atraer inversiones al estado”.

Pero Gallardo no es el único que ha establecido contacto con el gobierno estadounidense. El dirigente nacional del PVEM, Jorge Emilio González, también está dialogando con autoridades de aquel país, que lo buscaron para alertarlo sobre su alianza con Morena. Tanto el llamado “Niño Verde” como Gallardo Carmona tienen propiedades e inversiones en Estados Unidos, y ante el amago de investigarlos y cancelarles la visa, estarían buscando colaborar con el gobierno de Trump y habrían ofrecido incluso deslindarse del morenismo llegado el momento.

Políticos morenistas de Tamaulipas también han empezado a dialogar con agencias y dependencias estadounidenses. El senador morenista José Ramón Gómez Leal y el alcalde de una ciudad fronteriza están dando información sobre la red de huachicol de Sergio Carmona, a quien conocieron en vida. 

El senador JR, como lo apodan en su estado, ofreció contar todo lo que sabía sobre la relación y el financiamiento de Carmona a las campañas morenistas a cambio de recibir no solo inmunidad, sino también apoyo estadounidense para convertirse en gobernador de Tamaulipas, algo que desde el vecino país le negaron porque le dijeron que ellos no se metían en temas electorales.

También están entre los informantes los hermanos Cantú Rosas, de Nuevo Laredo, quienes viven del lado estadounidense desde hace tiempo, a pesar de que desempeñan cargos públicos y políticos del lado mexicano.

En el caso del gobernador Américo Villarreal, quien ha negado reiteradamente estar en tratos con Estados Unidos, una fuente estadounidense asegura que sí fue buscado por agencias de aquel país que le informaron que tenía abiertos expedientes y le ofrecieron colaborar, pero él decidió consultarlo con su familia y al final respondió a los estadounidenses que no aceptaba dar información.

En Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha sido señalado por medios estadunidenses tanto como investigado por temas de narcotráfico como por ser presunto colaborador del gobierno trumpista, la semana se anunció la creación de una nueva policía estatal fronteriza denominada División de Operaciones Fronterizas o DOF, que sería una especie de “patrulla fronteriza” de carácter estatal, para vigilar la frontera común entre la entidad sonorense y el estado de Arizona. Aun cuando la vigilancia fronteriza es una función federal, parece que el gobierno del morenista Durazo, quien niega ser investigado o colaborador con Estados Unidos, ya aceptó colaborar y coordinarse también con el gobierno de Donald Trump como lo están haciendo también otros estados fronterizos de México.

A la lista de informantes se habrían sumado también el senador Adán Augusto López y su cuñado, el cónsul mexicano en Miami, Rutilio Escandón, ambos bajo investigación estadounidense y quienes son dos de los personajes más cercanos al expresidente López Obrador, pertenecientes al poderoso “Grupo Tabasco”. Según el periodista Raymundo Riva Palacio, tanto Adán Augusto como su cuñado Rutilio, cada uno por su lado, buscaron a las autoridades estadounidenses en busca de un trato especial por las acusaciones que pesan en contra de los dos por el tema del huachicol fiscal, en el caso del senador, y por vínculos con el CJNG en el caso del actual cónsul y exgobernador de Chiapas.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, es otra de las que ya ha solicitado dialogar con autoridades estadounidenses a través de una firma de abogados de Miami que la está representando y asesorando en sus reuniones con agencias del vecino país, de acuerdo con el audio de la llamada telefónica que dio a conocer el periodista Héctor de Mauleón.

A todos los actuales gobernadores de Morena, cuyas campañas fueron financiadas en su momento con dinero del Rey de Huachicol, Sergio Carmona, los han estado buscando desde la embajada de Estados Unidos para ofrecerles que se acerquen a dar información y, cuando se niegan, los comienzan a presionar con datos e informes de cuánto dinero recibieron para sus campañas por parte de Carmona, y ante la información que les presentan varios han comenzado a hablar con los enviados de Washington, entre ellos se encuentra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y otros más.

Además de los morenistas, también hay personajes de la oposición que desde hace más de un año, se convirtieron en informantes del Departamento de Estado a cargo de Marco Rubio. Es el caso del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha estado en varias ocasiones en Washington para entregar expedientes con información que involucra a figuras de Morena y del obradorismo en redes de corrupción, narcopolítica y huachicol.

Así que, en previsión de que no los arrase el huracán estadounidense, son cada vez más lo políticos que se transforman en anfibios (o sapos como dicen en el argot criminal) y que deciden croar ante las autoridades estadounidenses para ponerse a salvo ellos, sus familias y sus intereses, en detrimento del movimiento que juraban defender y que, ante las amenazas, presiones o invitaciones desde Washington, han decidido traicionar para salvarse a sí mismos.

De los tres mandamientos que les dictó el pastor de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, “no robar, no mentir y no traicionar”, muchos de los morenistas que se están acercando a Estados Unidos, que ya habían violentado los dos primeros, hoy han decidido ignorar también el tercer mandamiento en busca de poner a salvo su pellejo.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/SALVADOR GARCIA SOTO/

EL «APESTADO de LUJO: PENILLA, EX ASESOR de AMERICO, AYUDÓ a que AMLO DECRETARA LEY que OTORGABA PERDÓN a CRIMINALES»… y que ahora le podría servir a él y al gobernador.


La propia ley de “justicia transicional” y los acuerdos publicados en el Diario Oficial terminaron siendo el chaleco antibalas jurídico del crimen organizado en la era obradorista y de la 4T en Tamaulipas, y el abogado Juan Pablo Penilla,ex-asesor de Americo Villarreal,hasta que fueron descubiertos los dos, fue uno de sus sastres favoritos.

La “justicia transicional” hecha a la medida

En el video del CDN, los Zetas recitan, casi de memoria, el concepto de “justicia transicional” y preguntan con toda calma cuáles serán los mecanismos jurídicos para asegurar que los acuerdos de paz se respeten y con qué funcionario deben hablar sus representantes legales.

Esa fórmula no salió de una catequesis dominical: coincide con la agenda que el propio Juan Pablo Penilla presumía en 2022, cuando decía que ya trabajaba con el Senado en esa ley, buscando que derivara en amnistías y beneficios para sus clientes, incluidos los Zetas del CDN.

Diario Oficial: la coartada perfumada

El nombramiento de Penilla como asesor honorífico de Américo Villarreal se hizo con toda la solemnidad legal, citando facultades constitucionales, y luego se “evaporó” vía un acuerdo general que dejaba sin efectos los nombramientos de asesores honoríficos publicado en el Periódico Oficial del estado.

Esa jugada de oficio –primero darle investidura, luego esconderlo detrás de un acuerdo genérico– evidencia un patrón: blindar al operador mientras es útil y, cuando estalla el escándalo, usar el Diario Oficial como detergente institucional para fingir que nunca estuvo ahí.

El sesgo de origen: abrazos jurídicos, no balazos

El mensaje del CDN al entonces presidente López Obrador no es un balbuceo de sicarios improvisando; hablan de tregua, de mecanismos jurídicos y de “ley de justicia transicional” como si estuvieran leyendo minuta de asesoría jurídica, alineada con la narrativa de “abrazos, no balazos”.

La ley de amnistía y la justicia transicional, en vez de cerrar el ciclo de violencia, abrieron una autopista de expectativas para que estructuras criminales completas aspiraran a un perdón empaquetado y negociado desde el despacho del asesor del gobernador.

Penilla, arquitecto del “cártel constitucional”

Penilla no solo defendía a Miguel Ángel Treviño “Z-40” y a Ismael “El Mayo” Zambada; según autoridades estadounidenses, su rol fue el de facilitador clave, puenteando a los líderes presos con la cúpula operativa del Cártel del Noreste y tejiendo una empresa criminal que el Departamento del Tesoro ya colocó bajo sanciones.

Aún así, ese mismo personaje fue sentado en la mesa del poder en Tamaulipas como asesor honorífico, premiado y legitimado por el aparato político de Morena mientras ya era señalado como vínculo entre narcotráfico y estructuras estatales.

El espíritu protector del crimen

Cuando un gobernador instala como asesor a un abogado que, según OFAC, presta servicios ilegales que van más allá de la relación abogado–cliente, lo que se diseña no es un gobierno, sino un escudo institucional para el crimen: el “espíritu protector” hecho decreto y nombramiento.

La narrativa oficial –negación tardía, deslindes sincronizados de Morena, uso del Periódico Oficial como cortina– no corrige el fondo: durante años, el entramado político permitió que un operador del CDN y de los Treviño Morales se moviera como “honorífico” dentro del Estado..

El laboratorio tamaulipeco de la 4T

Americo Villarreal y Morena convirtieron a Tamaulipas en el laboratorio perfecto: justicia transicional redactada con el teclado del despacho de Penilla, amnistía aprobada en la recta final del sexenio de López Obrador y cámaras legislativas funcionando como notarías del “nuevo humanismo” aplicado a cárteles multiestatales.

El resultado fue una mezcla tóxica: Zetas hablando como ONG en videos dirigidos al Presidente, alianzas con facciones del Cártel del Golfo y un gobernador que, lejos de cortar ese cordón umbilical, lo institucionalizó hasta que Estados Unidos prendió las alarmas y congeló bienes.

Juan Pablo Penilla, apestado de lujo

Hoy Penilla es el apestado de etiqueta: el mismo que impuso mandos ministeriales al servicio del CDN, que se sentaba a negociar plazas y mandos policiales con el aval del gobernador, y que administraba la violencia como si fuera presupuesto, para justificar su papel de “mal necesario”.

Pero el sistema que lo parió sigue ahí: el andamiaje jurídico-político de la 4T en Tamaulipas no fue un exceso aislado, sino una estructura pensada para que el crimen encontrara salida legal, mientras el gobernador y su asesor honorífico jugaban a pacificadores con fuero y con toga.

Con informacion: DIARIO OFICIAL/ MEDIOS/