«OTRO HOTEL CARO: GOBIERNO de REOS del PENAL de SANTA MARTHA COBRAN a RECLUSOS en SOCIEDAD con el GOBIERNO que GOBIERNAN… igual que en Tamaulipas.»

En Santa Martha Acatitla la justicia no se cumple: se cobra. Y se cobra en abonos chiquitos pero constantes, como si la condena viniera con plan de pagos incluido. Pasar lista —ese ritual básico de control penitenciario— cuesta cinco pesos en la mañana, cinco en la tarde y cinco en la noche. No es error administrativo: es tarifa oficial del desgobierno. No pagar no implica sanción reglamentaria, sino algo más primitivo: tablazos administrados por otros internos, enviados —cómo no— por custodios.

Aquí la autoridad no se perdió: se subcontrató. Los custodios, con el guiño de los directivos, operan una mafia con catálogo completo: celulares, alcohol, droga, perfumes y hasta mobiliario en renta. El Estado no desapareció, se volvió socio. Y como todo buen socio, cobra comisión por todo lo que entra, respira o sobrevive.

Las familias tampoco se salvan del peaje. Llevar comida implica pagar cuota o enfrentar represalias contra el interno. La “visita” se convierte en una microextorsión con recibos invisibles: de 20 en 20 pesos “humildemente”, hasta completar el presupuesto del abuso. Porque aquí la dignidad también se paga en efectivo.

¿Quieres emprender? Perfecto: instala una tiendita por más de 30 mil pesos. ¿Prefieres algo más rentable? Pasa alcohol por 2,500 o 3,000 pesos la botella. ¿Negocio grande? Siete kilos de droga por 30 o 40 mil. El libre mercado florece donde el Estado se volvió intermediario del delito.

Y aun así, dicen que Santa Martha es de las “tranquilas”. En el Reclusorio Oriente, hace años, la cuota de bienvenida era de 5 mil pesos por interno, con bandas criminales y custodios administrando el orden… o el desorden rentable. Cambian los nombres, no el modelo.

El problema no es solo la corrupción: es la renuncia. Cuando la autoridad abdica dentro de una prisión, no solo pierde el control, pierde el sentido. La reinserción social se vuelve un chiste cruel y la cárcel deja de ser castigo para convertirse en incubadora de crimen.

Como advierte el especialista Jesús Gallegos, mientras persista esta ingobernabilidad, las cárceles seguirán siendo lo que hoy son: sucursales del delito, donde el Estado no manda… pero sí cobra.

Con información: REFORMA/

«YA VALE 25 MILLONES de DÓLARES: CAPO VIRGINIANO del CJNG que HEREDÓ CARGO CRIMINAL YA HEREDÓ RECOMPENSA»… 1.25 toneladas de billetes de 20 dólares.

El Departamento de Estado de Estados Unidos decidió subirle el precio a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, y ya lo cotiza en 25 millones de dólares, como si fuera pieza de subasta de lujo.

Para Washington, este sujeto nacido bajo el signo de Virgo, es el nuevo mandamás del CJNG, el heredero del negocio criminal que tomó el volante tras la caída de “El Mencho” en febrero.

Antes, la recompensa era de 5 millones; ahora la han inflado hasta convertirlo en uno de los “premios” más caros del expediente. Y no vino solo el aumento: también colocaron recompensas nuevas o más altas por otros siete jefes del CJNG, porque allá en EU ya traen la lista de este cártel con precio actualizado, como si fuera catálogo de criminales premium.

Con información: ELNORTE/

"7 de CADA 10 a PLOMAZOS: MATAR con BALA FUE POLÍTICA de ESTADO con 76 HOMICIDIOS DIARIOS en 2025: INEGI"…fusiles no se hicieron vegetarianos en Tamaulipas.

En México, matar con bala sigue siendo política de Estado: siete de cada diez homicidios de 2025 se resolvieron a tiros, mientras las cifras oficiales se venden como “baja en la tasa” y no como lo que son: un paisaje de muerte administrada con burocracia y anestesia estadística.

El país de las balas (y de las excusas)

En 2025 se registraron 27,989 presuntos homicidios en México, una tasa de 21.4 por cada 100 mil habitantes, por debajo de los 25.8 de 2024, como si la política pública fuera un programa de dietas: “bajamos unos puntos, felicidades, siga participando”.

Traducido a vida diaria, ocurrieron en promedio 76.6 personas asesinadas cada día, no lo que dicen las mañaneras, sino lo que cita el INEGI ,una masacre lenta que no necesita portada roja porque ya se volvió rutina administrativa.

Setenta punto ocho por ciento de estos homicidios se cometieron con arma de fuego: 19,690 muertos a disparo, legión de cuerpos que sólo existen como renglones en la tabla 3 del INEGI.

En segundo lugar, las armas u objetos punzocortantes: 2,621 asesinatos, 9.4 por ciento del total, la nota al pie del horror porque aquí la estrella del show es la bala y el mercado que la alimenta.

El resto del menú es igual de brutal: 1,825 muertes por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; 3,059 homicidios con “medios no especificados”, eufemismo técnico para reconocer que ni siquiera saben cómo los mataron, pero los suman en la base de datos y listo.

La estadística lo llama “presuntos homicidios” porque la CIE-10 sirve para clasificar causas médicas, no responsabilidades penales: el Estado cuenta cadáveres, pero se cuida mucho de contar culpables.

Tamaulipas: la resaca después de la guerra

En la tabla nacional, Tamaulipas parece un caso “exitoso” si uno se queda en la superficie del número: pasó de 586 presuntos homicidios en 2024 a 300 en 2025, una caída que la retórica oficial podría vender como “avance” o “pacificación”.

La tasa estatal bajó de 16 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 a apenas 8 en 2025, mientras la población se mantuvo en torno a 3.57 millones de personas; si uno mira sólo esos datos, Tamaulipas luce como alumno aplicado en la clase de “seguridad pública”,aunque la agenda de inseguridad la dictan las facciones de Carteles,por ahora en tregua tras la llegada de Trump al poder en EE.UU.

Pero ese descenso que no cuenta la exacerbada desaparición de personas, viene después de una década en la que el estado se movió entre tasas de 19, 23, 34 y 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, con picos de guerra abierta y años donde el conteo parece más maquillaje que transformación.

De 1,561 homicidios registrados en 2012 (tasa de 46) a 300 en 2025 (tasa de 8): el tramo suena a historia de éxito hasta que uno recuerda que el INEGI sólo captura lo que entra por Registro Civil, servicios forenses y ministerios públicos, es decir, lo que el aparato logra o quiere registrar.

En Tamaulipas no se apagó el ruido de las balas; lo que se atenuó fue el relato oficial: menos expedientes, menos cifras, menos escándalo.

Si el país entero mantiene 70.8 por ciento de homicidios con arma de fuego, sería ingenuo pensar que la “tasa 8” tamaulipeca implica que los fusiles se hicieron vegetarianos en la frontera.

Hombres, mujeres y la geometría de la muerte

En el mapa nacional, la tasa de homicidios en hombres fue de 38.4 por cada 100 mil en 2025, frente a 46.4 en 2024; la reducción de 8 puntos se presenta como logro cuando, en realidad, seguimos hablando de un país donde ser hombre es estadísticamente un factor de riesgo letal.

En las mujeres, la tasa pasó de 5.6 a 4.7 homicidios por cada 100 mil; descenso marginal que no altera la estructura machista que convierte su muerte en estadística de “agresión” sin la palabra que incomoda: feminicidio.

El propio INEGI admite que sus categorías no permiten identificar feminicidios; la clasificación médica de causas de defunción no dialoga con el Código Penal, de modo que el sistema puede decir cuántas mujeres fueron asesinadas, pero no cuántas fueron asesinadas por ser mujeres.

El resultado es una estadística pulcra que oculta la violencia de género detrás de códigos X y Y, en un país donde los “otros maltratos” y la “negligencia y abandono” suman apenas unas líneas en la tabla, como si el patriarcado fuera sólo un detalle metodológico.

Mientras tanto, las cifras muestran que la violencia es, sobre todo, masculina y armada: más de 24,500 hombres asesinados frente a 3,154 mujeres, con el disparo de arma de fuego como mecanismo dominante en ambos casos.

La democracia mexicana puede presumir urnas y campañas; pero en la realidad, la conversación cotidiana se decide a plomo, y el sistema estadístico sólo se asegura de que esa conversación quede registrada en formato PDF.

El mapa que nadie quiere leer

Estados como Guanajuato encabezan el conteo con 3,249 presuntos homicidios en 2025, mientras Yucatán aparece como el “modelo” con apenas 42 homicidios registrados, contraste que la narrativa oficial usa para hablar de “buenas prácticas” sin tocar la raíz: pactos locales, economías criminales y grados de impunidad.

Por tasa, la mirada se desplaza hacia Colima, Morelos, Sinaloa, Baja California y Sonora, donde los homicidios por cada 100 mil habitantes siguen en niveles que cualquier Estado mínimamente funcional asumiría como emergencia nacional permanente.

En el extremo opuesto, Coahuila, Durango, Chiapas, Querétaro y Yucatán aparecen con tasas bajas, casi como el club de “los que lo están haciendo bien”, mientras se soslaya que las cifras reflejan registros, no necesariamente realidad de campo

México se mira a sí mismo en un espejo estadístico que le dice: “matas menos que el año pasado, felicidades”; la discusión sobre quién mata, quién arma, quién permite, quién silencia, queda fuera del PDF y se pierde en boletines de prensa y notas que celebran la “caída” en lugar de problematizar la persistencia.

La información del INEGI es un “bien público”, según su propia nota al usuario: un bien que hoy nos deja ver un país sostenido sobre casi 28 mil homicidios al año, siete de cada diez a balazos, y un Tamaulipas que aparece estadísticamente más “tranquilo” justo cuando la memoria de la guerra sigue frescos los cuerpos que nunca llegaron a la hoja de cálculo en forma de cuerpos sin nombre y muchos mas aun sin cuerpo.

Con información: LA SILLA ROTA/ INEGI/

EL «GASTO RIGIDO y la TRADUCCIÓN SIN ANESTESIA: 68% de LANA de IMPUESTOS se la COME DEUDA,PENSIONES y PROGRAMAS SOCIALES»…más de 2 billones de pesos en apenas medio año. Sí, medio año.

El famoso “gasto rígido” —ese que no se puede tocar sin que arda Troya— ya se está comiendo el 67.8% de los impuestos que pagamos (ISR, IVA, IEPS y demás). En 2018 era 52.5%. O sea, en plena 4T creció 15 puntos. Nada mal… si la idea era dejar cada vez menos margen de maniobra.

¿Y en qué se va ese dineral? En lo de siempre: pensiones, programas sociales y los intereses de la deuda. Todo eso sumó más de 2 billones de pesos en apenas medio año. Sí, medio año.

El truco está en que buena parte de ese gasto ya no se puede mover. Las pensiones “de toda la vida” (IMSS, ISSSTE) son derechos adquiridos —ni modo de quitarlas— y además cada vez hay más gente jubilada. Pero las otras, las del Bienestar, crecieron como espuma: ya están blindadas en la Constitución y, de paso, son oro electoral por su cobertura masiva.

Para ponerlo claro: solo las pensiones “sociales” (adultos mayores, discapacidad y el nuevo programa para mujeres) se llevaron casi 300 mil millones de pesos en seis meses. Y esas no vienen de aportaciones previas: salen directo de los impuestos.

¿Consecuencia? Cuando toca “apretarse el cinturón”, el gobierno no recorta lo intocable… recorta lo único que sí puede: inversión pública. O sea, carreteras, infraestructura, proyectos productivos. Justo lo que, en teoría, debería impulsar crecimiento.

El desglose es revelador: 41% del gasto rígido son pensiones contributivas, 35% intereses de la deuda (pagar lo que ya debes), 15% pensiones del Bienestar y 9% otros programas sociales. Y el campeón de crecimiento son las pensiones no contributivas, que han subido a un ritmo de 35.6% anual desde 2018. Una fiesta que alguien tendrá que pagar.

En resumen: cada año más dinero comprometido, menos margen para decidir, y el ajuste cayendo donde duele menos políticamente, pero más económicamente. Porque claro, es más fácil recortar inversión que votos.

Con información: ELNORTE/

“JUEZ FEDERAL DECLARA, en AMPARO, ILEGAL e INCONSTITUCIONAL la DEFORMA JUDICIAL del ‘ACORDEON’...que permitió que 'narcohuachicandidata' sea Presidenta de Tribunal en Tamaulipas.

La paradoja ya viene servida, y no en plato chico: ministros de la Corte y magistrados electos “por el pueblo” —sí, por ese pueblo al que le explicaron la reforma con acordeones, propaganda y una pedagogía institucional más chueca que un amparo mal planteado— serán ahora juez y parte al revisar una impugnación que desnuda la propia reforma que los llevó al cargo. 

Es decir: el mismo andamiaje que los encumbró al altar de la legitimidad será también el que deberán examinar con cara de toga, como si el conflicto de interés se extinguiera por decreto y con fanfarrias constitucionales.

Porque el asunto no es menor ni admite el acostumbrado teatro de solemnidad vacía. Un juez federal ya resolvió que la reforma judicial de 2024 nació muerta en términos de Constitución: contraria a la Carta Magna original de 1917, violatoria de derechos humanos y, además, contaminada por vicios de procedimiento en su aprobación. 

Traducido al lenguaje de la liturgia legal: el poder reformador se tomó libertades de plomero improvisado y terminó dejando la instalación constitucional goteando por todas partes.

Agustín Archundia Ortiz, juez de carrera con 26 años en el cargo, concedió el primer amparo contra una reforma que, entre otras joyas del catálogo autoritario con barniz democrático, impuso la elección por voto popular de jueces y magistrados en todo el país. 

El fallo, claro, no produce efectos generales por ahora; en México la contundencia jurídica suele venir con candado, y la justicia amparista rara vez avanza sin antes pedir permiso al laberinto procesal. Pero el mensaje ya está lanzado: si la reforma es inconstitucional, entonces el relato del “mandato popular” se tambalea como silla coja en pleno juicio oral.

Y aquí aparece la ironía más sabrosa: la revisión inicial recaerá en uno de los tres tribunales colegiados de Jalisco, donde ya hay varios magistrados electos, y todo apunta a que el expediente terminará en la Suprema Corte. O sea, el caso que cuestiona la arquitectura jurídica de la reforma será estudiado por operadores que podrían ser producto directo de esa misma reforma. Un círculo perfecto, casi artístico, de legitimidad autocontenida: la ley se vota, se impugna, la revisan los beneficiarios, y luego se celebra que todo ocurrió “conforme a derecho”.

La sentencia de Archundia, firmada el 31 de julio aunque notificada hasta el 17 de agosto por el periodo vacacional del juzgado, protege por ahora a Mercedes Verónica Sánchez Miguez, Manuel Ernesto Saloma Vera y Aideé Sánchez Arévalo, los quejosos en este litigio. 

Pero el fondo del asunto no está sólo en ellos: está en la obscenidad institucional de una reforma que quiso presentarse como democratización, pero que hoy exhibe un detalle incómodo, de esos que arruinan los discursos grandilocuentes: cuando la elección nace viciada, hasta el juez “electo por el pueblo” puede terminar revisando, con mucha seriedad y poca vergüenza, el expediente de la propia farsa que lo colocó ahí.

Con información: ELNORTE/

«YA lo PRACTICARON ?: MILITARES de EE.UU. SIMULARON en 2025 un REVENTÓN con BOINAS VERDES a NARCOS MEXICANOS en la FRONTERA»… exploraron opciones para el uso potencial de fuerzas armadas.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no solo simuló en 2025 un despliegue de “boinas verdes” en México para atacar blancos ligados a cárteles; también probó, en paralelo, un esquema mucho más amplio: cómo convertir la frontera sur en un escenario de control militarizado y, llegado el caso, de intervención doméstica con ropaje de seguridad nacional. 

El ejercicio se realizó los días 25 y 26 de febrero de 2025 en Colorado, bajo el nombre de CONPLAN 3900 TITUS — Territorial Integrity of the United States, y reunió a representantes de distintos mandos militares y del Departamento de Seguridad Nacional. 

De acuerdo con el análisis de Cato, uno de los ejes del juego de guerra fue explorar opciones para el uso potencial de fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley dentro del país, incluyendo una “suspensión limitada” del Posse Comitatus Act, la norma que restringe el empleo de militares para hacer cumplir leyes civiles en territorio estadounidense. 

En otras palabras: no era solo un ejercicio sobre la frontera; era una prueba de laboratorio sobre hasta dónde podía estirarse el poder militar sin romper —o fingiendo no romper— el marco legal. 

El punto más delicado es que el escenario no se quedó en la línea fronteriza. Según la reconstrucción publicada por Cato, la segunda fase de la operación contemplaba un despliegue que alcanzaba no solo la franja sur, sino también zonas interiores de Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona, California y el sur de Nevada ,con el Ejército preparado para asumir un papel que roza, y en algunos puntos cruza, la lógica policial. 

Además, el ejercicio también imaginó una presencia activa de fuerzas estadounidenses en suelo mexicano, con militares de EE. UU. asesorando e incluso realizando operaciones conjuntas con fuerzas especiales mexicanas contra los cárteles. 

Contexto político

Cuando Trump apenas arrancó su segundo mandato,declaró una emergencia nacional en la frontera sur y ordenó a Defensa y Seguridad Nacional presentar un informe sobre condiciones fronterizas y posibles acciones adicionales, incluyendo si debía invocarse el Insurrection Act of 1807. Cato sostiene que CONPLAN 3900 fue, en la práctica, el borrador operativo que ayudó a traducir esa decisión política en capacidad militar concreta.

Y luego vino el siguiente paso: la creación de la Joint Task Force-Southern Border en marzo de 2025, la aparición de las National Defense Areas en la frontera y el despliegue de miles de militares activos para apoyar operativos migratorios y de seguridad interior. Cato interpreta eso como una implementación real de lo que el «wargame» ya había ensayado. Visto así, el ejercicio no fue un juego de mesa estratégico, sino un ensayo general de una doctrina más ambiciosa: usar al aparato militar para reordenar la frontera, endurecer el interior y normalizar la excepción. 

En resumen:

Estados Unidos no hizo un “ejercicio” cualquiera en 2025: hizo un ensayo de laboratorio para ver hasta dónde puede empujar el uniforme militar.Bajo el disfraz técnico de CONPLAN 3900 TITUS, el Pentágono tanteó el envío de “boinas verdes” a México, simuló operaciones contra cárteles y, de paso, midió la posibilidad de usar al Ejército para tareas de control interno en la frontera sur y más allá. 

Lo más revelador no es que hayan imaginado militares estadounidenses en México, sino que también ensayaron la idea de militarizar por dentro su propio territorio, estirando la liga del Posse Comitatus Act y dejando asomar la sombra del Insurrection Act. 

En síntesis, y de acuerdo con el análisis de Cato, no estaban pensando solo en cómo cruzar la frontera; estaban practicando cómo convertir la frontera en una excusa para cruzarlo todo.

Quien es CATO:

El Cato Institute, es un centro de pensamiento con sede en Washington, D.C., fundado en 1977. Se presenta como una organización no partidista e independiente que promueve ideas de libertad individual, gobierno limitado, mercados libres y paz. 

En español, también se le conoce como el Instituto Cato o “el Cato”, y publica análisis de política pública desde una perspectiva generalmente libertaria. 

Con información: ELNORTE/ CATO/

“DOS ESCENAS y el MISMO PUERCO de POLICÍA: EXHIBEN CAPTURAS y DEVOLUCIONES, el PODER GOLFO del CONTADOR del CDG y PUDRICIÓN de la GE de AMÉRICO”…solo imitan y obedecen a su gobernador.

En Tamaulipas las noticias no nacen en los medios, nacen en el chisme en redes: primero el trascendido de WhatsApp, luego el tuit encabronado y ya al final, si queda espacio, la versión “oficial”. Así estamos con el caso del Wero Motas, ese escorpión del Cártel del Golfo que según las “redes optimistas” primero era objetivo prioritario y ahora parece objetivo fantasma, “sustraído” después de una presunta captura en Matamoros, la tierra donde la ley se llama Alfredo Cárdenas, el Contador, y lo demás es utilería en medio de uniformes de todos colores.

Quien es el «Wero Motas» 

El criminal con una carrera delictiva en ascenso ,porque el ecosistema gubernamental se lo permite,es el autor del asesianto de su pareja sentimental en 2024 cuando fue identificado como Gael Franco Montemayor, y/o Francisco Santos Nuñez Rincón,alias «Wero Motas».

Que paso ayer ?

En Matamoros, el rumor fundado desde el activismo en redes de «Carlo Vela» ,es que tuvieron al «Wero Motas, a Toño y al Troll, pero que en la jugada los cambiaron por un simple roba-carros apodado Wero. 

Mismo modo y misma técnica, sobradamente conocida por Jesus Eduardo Govea, el hoy fiscal general de Justicia en Tamaulipas con Morena y Americo Villarreal ,quien en 2002 fue a dar a una prisión federal tras ser detenido por su participación en el intercambio de un detenido de alto perfil por otro de baja estofa del Cártel del Golfo.

La polecia y la Małeta choncha

El video que circula en el caso del «Wero Motas» no deja mucho a la imaginación: un guardia estatal, de esos que juran servir al pueblo, recoge una maleta bien choncha con la discreción de quien está recogiendo el mandado… pero alguien ya lo estaba grabando. 

La maleta, por cierto, no parece llena de ropa; más bien parece llena de incentivos para que los delincuentes “no se sientan perseguidos”.

Y mientras tanto, en Cd. Victoria, la misma franquicia del Cartel del Golfo versión Contador que dominan la plaza como si fueran gobierno alterno (.. y SI) al que ciudadanos le piden ayuda.

Balaceras, persecuciones, decomisos que nacen muy heroicos y terminan devolviendo vehículos, armas y lo que se pueda al verdadero patrón de la zona. 

La guardia estatal a decir de @MennyValdz, detiene, posa para el boletín, y luego se asegura de que nada estorbe la gobernabilidad mafiosa; las filtraciones en redes son las que exhiben la farsa, las que le ponen nombre y apellido a la complicidad que el discurso de Morena y Américo Villarreal pretende esconder bajo el tapete del “trabajo coordinado”.

Al final, el caso del Wero Motas es el retrato del Tamaulipas actual: un estado donde los indios del CDG, como los hemos caricaturizado en Valor Tamaulipeco, no son el problema principal; el problema es el gobernador que los hizo compadres, la policía que carga maletas en vez de cargar expedientes, y una clase política que descubrió que es más rentable electoral y económicamente hacerse la ciega ante el crimen que enfrentarlo. 

Levantar,matar y extorsiónar siguen siendo verbos muy repetidos en Tamaulipas y ser NO aprehendido o detenido y liberado, sigue siendo la norma.

Los trascendidos en redes… esas redes que desbaratan las redes delincuenciales, son las mismas que las otras redes oficiales quisieran seguir descartando, porque les arruinan la narrativa y exhiben el precio de su permisividad tóxica.

Con información: @mennyValdz/ Carlo Vela