«TODO MATAMOROS lo SABE: MANDO del CDG DETENIDO en 2018 por CDV OPERA DESPACHO que CONTROLA AYUNTAMIENTO de MORENA y BETO GRANADOS»…especialistas en cazar casas,ranchos y terrenos.

El 21 octubre de 2025, la reconocida periodista Azucena Uresti,conductora de «Radio Formula» , expuso públicamente desde sus redes que autoridades federales y agencias internacionales investigaban al notario Gildardo Soriano Galindo (Notaría 297, Matamoros) por su presunta participación en una red de robo de propiedades, falsificación de escrituras y lavado de dinero ligada al Cartel del Golfo de la facción Escorpiones y que aun lidera Alfredo Cardenas Martinez,alias El Contador,incluso publicó fotografías que exhiben a la esposa del lider delincuencial,identificada como «Balkis Garcia».

Lo que no dijo,es que parte de ese “departamento de despojos”que opera al servicio del CDG,lo hace también desde el ayuntamiento de Morena que preside Alberto «Beto» Granados ,por medio de otro sujeto al que le anteceden capturas en 2010 , 2011 y 2018, y que mantiene una estrecha cercanía con el capo de Matamoros.

Y aunque otra publicación lo situa como el «enlace mas cabron», intentando destacar la cercania,es harto conocido que el capo interactúa directamente con el alcalde, igual que con su hermano Marco Antonio Granados,alias «Tony» ,que quiere ser alcalde.

Azucena no cita explícitamente la mecánica criminal: pero este “departamento de despojos” funciona bajo el liderazgo de “El Eric” y “El Contador” en contubernio con oficinas de catastro estatal y municipal de Morena ,bajo control y responsabilidad del gobernador Américo Villarreal asi como del alcalde «Beto» Granados, a quienes se les señala de trabajar política y criminalmente organizados con esta poderosa estructura criminal.

El «Lawton/El Eric” , no solo esta conectado con la estructura del CDG, sino que ademas opera el despacho jurídico «JL JUAREZ LAWTON» ,una firma que opera dentro del mismo modelo de captura del Estado y el municipio, con notarios, abogados, catastro y el gobierno como brazos administrativos del despojo.

Detenciones y papel de “El Erick”

La prensa estatal e incluso la internacional, BREITBART de Texas,menciona al «Eric» en el contexto de laa sucesión en el Cartel de marzo de 2022 , preámbulo del ungimiento de Alberto García Vilano,alias La Kena- 19,quien en ese carácter luego se ligaría profusamente al entonces candidato de Morena,ahora gobernador en «problemas», Americo Villarreal Anaya.

Que dijo Breitbart de Juarez Lawton: 

«Uno de los posibles sucesores de El Contador es su mano derecha Juan Manuel “Erick” Juárez Lawton. Desde la captura de El Contador, Juárez Lawton ha comenzado a amenazar a otros comandantes tratando de que se sometan. Información no confirmada apunta a que él filtró a las autoridades la ubicación de El Contador como una forma de obtener el control de la organización.»

Luego de ser detenido en 2018, “junto con el «Emiliano/Jumex» entonces mando criminal con jurisdicción en Ciudad Victoria, este fue ejecutado en prision en el penal de Matamoros por ordenes del mismo «Eric» y el «Contador» , luego despojado de sus propiedades, una tradición entre criminales que se tragan como canibales.

Con informacion: BREITBART/TX/MEDIOS/REDES/

«GENERAL SI NOS LEE y YA se ENTREGÓ: EX-SECRETARIO de SSP de ROCHA MOYA TOMÓ la MEJOR DECISIÓN y YA esta en SUELO GRINGO»…en Mexico aun creen que provocar el atraso,es fracaso.

En el mundo de los “extraditables” hay dos caminos: el de la fantasía heroica del prófugo —esa que termina en un cerro, en una brecha o en una fosa— y el de la aritmética fría: entregarse. Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, entendió algo que muchos en su gremio se niegan a aceptar hasta que es demasiado tarde: cuando el expediente ya cruzó la frontera, la fuga no es resistencia… es retrasar lo inevitable.

El 11 de mayo no hubo persecución espectacular, ni operativo cinematográfico. Hubo cálculo. Mérida cruzó por la Garita de Nogales y se puso en manos de los US Marshals. Sin disparos, sin show, sin esa narrativa desgastada del “me están persiguiendo por razones políticas”. Lo que hubo fue una decisión quirúrgica: evitar el desgaste, evitar el escándalo mayor y, sobre todo, evitar convertirse en trofeo de captura.

Porque hay que decirlo sin rodeos: cuando el Distrito Sur de Nueva York abre carpeta —y además la mantiene bajo sello— no estamos ante una investigación improvisada. Estamos ante un expediente cocinado a fuego lento, con cooperación internacional, con testigos, con inteligencia financiera y, muy probablemente, con nombres que todavía no salen a la superficie.

Mérida no se entregó por nobleza ni por patriotismo. Se entregó porque entendió la geometría del problema: una sola ruta recta. Resistirse como prófugo no defiende honor alguno; lo pulveriza. La narrativa del “me persiguen” se cae en cuanto aparecen las primeras transferencias, los primeros cruces de comunicaciones, las primeras coincidencias incómodas.

En dos minutos de audiencia en Tucson, renunció a pelear identidad y aceptó el traslado a Nueva York. Dos minutos. Eso no es improvisación; es estrategia. Es alguien que sabe que el pleito no está en Sonora, ni en Arizona, ni en los discursos locales. El pleito está en Manhattan, donde las reglas no se negocian con declaraciones de prensa,ni pidiendo pruebas para convertir en fracaso algo que solo sería mero atraso. 

Las acusaciones —conspiración para importar narcóticos y manejo de armamento de alto poder— no son menores ni decorativas. Son delitos federales diseñados para construir casos largos, sólidos y, sobre todo, escalables. Es decir: no terminan en un solo nombre.

Y aquí es donde el contexto pesa más que el comunicado oficial. La entrega ocurre mientras Sinaloa vuelve a estar bajo lupa internacional, con expedientes que rozan a funcionarios, ex funcionarios y estructuras completas de poder. No es un caso aislado; es una pieza dentro de un rompecabezas más grande que apenas empieza a mostrar bordes.

Así que no, Mérida no “cayó”. Tampoco “resistió”. Hizo lo que hacen los que entienden que el margen de maniobra ya no está en México: adelantarse a la maquinaria judicial estadounidense para intentar negociar desde una posición menos desventajosa.

Porque en este juego, la diferencia entre entregarse y ser capturado no es moral, es procesal. Y esa diferencia puede significar años de sentencia… o décadas.

Los que siguen jugando a la épica del prófugo harían bien en tomar nota: cuando la línea ya está trazada, no hay curva que te salve.

Con informacion: ELNORTE/

«TRES LLAVES CONVENIENTES ?: EX-SUBPROCURADOR de FGR PRESUME podria ACTIVARSE CLAUSULAS MAGICO-LEGALES para PROTEGER a ROCHA y ACUSADOS»…no se puede extraditar a alguien con causas pendientes.

Everardo Moreno Cruz, abogado y político mexicano, que se desempeñó como subprocurador general de la República de 1997 a 2000,escribe hoy para EL UNIVERSAL+,un articulo que presume mas que una defensa jurídica, un manual de contención de daños del oficialismo MORENO.

El mensaje de fondo es: “no lo vamos a extraditar, y además tenemos cómo justificarlo legalmente”. ¿Cómo? Con tres llaves muy convenientes:

• La ley como escudo: dicen que van a “respetar” la Ley de Extradición y el tratado con EE.UU., pero curiosamente ese respeto sirve para frenar la entrega, no para agilizarla.
• El truco clásico: abrir o mantener procesos penales en México. Con eso activan la cláusula mágica: “no se puede extraditar a alguien con causas pendientes”. Traducción: lo retienes aquí el tiempo que quieras.
• La puerta discrecional: el tratado permite no entregar a nacionales. O sea, si el Ejecutivo no quiere, no quiere… y punto.

El ingrediente político-criminal:

• El ex-de FGR se mete el caso del asesinato de Cuén y la narrativa del “Mayo” Zambada para justificar que Rocha debe ser investigado aquí, no enviado allá.
• Sugiere posibles delitos adicionales (auditorías ocultas), ampliando el colchón legal para mantenerlo en territorio nacional.
• Y de paso, deja entrever lo importante: si Rocha cae en EE.UU., podría arrastrar a más gente “ilustre”.

Resumen :
No es que la ley impida la extradición; es que la están usando estratégicamente para congelarla. Y de paso, proteger una red más amplia que no quieren que hable ante fiscales gringos.

Asi lo dijo el Abogado:

«…Las condiciones las ha cambiado el gobierno, y ya no seguirá incumpliendo la Ley de Extradición Internacional de 1975 ni el Tratado sobre Extradición celebrado con Estados Unidos, aprobado por el Senado mexicano el 20 de diciembre de 1978, exigiendo pruebas fuera del momento jurídico oportuno. Por las razones que expondré, el gobernador de Sinaloa con licencia no será extraditado a Estados Unidos.

Esa tranquilidad quizá no sea para los otros nueve ciudadanos mexicanos, servidores y exservidores públicos para los que también se solicitó su extradición.

Mi afirmación de que no será extraditado descansa en la misma Ley que mencioné, y en el Tratado de Extradición, firmado por nuestro gobierno y que tiene rango constitucional.

Para fundamentar lo expresado, tenemos la información proporcionada a través de los medios de comunicación, de que la Fiscalía General de la República tiene abierta la investigación del homicidio cometido el 25 de julio de 2024 del maestro Héctor Melesio Cuén Ojeda, egresado de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad de Sinaloa, de la que fue Rector de 2005 al 2009.

En esa carpeta deberá comparecer el exgobernador Rocha Moya, toda vez que el homicidio de Héctor Melesio se cometió el mismo día en que fue secuestrado Ismael “Mayo” Zambada y trasladado a Estados Unidos. Y el “Mayo” en una carta firmada por él declaró que el profesor Melesio fue asesinado en el rancho en que él fue detenido, y que compareció a esa reunión porque se le dijo que ahí estaría también el entonces gobernador.

Por esa razón será investigado Rubén Rocha, y de esa investigación puede derivarse en su contra alguna responsabilidad en la muerte del exrector. Menciono que Héctor Melesio fue secretario de Salud en el gobierno del gobernador con licencia, desde noviembre de 2021, en que tomó posesión, hasta mayo de 2022 cuando fue cesado por el gobernador, existiendo desde entonces una mala relación entre ellos.

De la misma manera, se ha dado a conocer por la prensa, que en el gobierno del multicitado Rocha Moya no se hicieron públicas las auditorías que por ley tendrían que haberse realizado y divulgado de las dependencias de su gobierno, en contravención a lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de 2025. Con los anteriores antecedentes, y que ignoro si existen otros, tienen que realizarse investigaciones del orden penal, y eventualmente judicializarse las mismas para que sean conocidas por un juez.

En tal virtud, es aplicable el artículo 11 de la Ley de Extradición que textualmente señala que no podrá ser extraditado: “quien tuviese una causa pendiente…” y agrega la ley que la entrega se diferirá. El Tratado de Extradición, en su artículo 15, ordena que se pospone, en caso de que procediera la extradición, cuando la persona a extraditarse está sometida a “procedimientos en curso” Además, el artículo 9 del Tratado citado establece que ninguno de los dos gobiernos está obligado a entregar a sus nacionales y el Poder Ejecutivo lo decidirá discrecionalmente. En el supuesto que fuera presentado a un juez, y se le vinculara a proceso, y se le dictara prisión preventiva, por su edad podría acogerse a prisión domiciliaria (art. 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales)

Las razones expuestas nos permiten afirmar que el gobierno no extraditará a Rocha Moya, no irá a Estados Unidos y no involucrará a muchos personajes, con seguridad algunos muy ilustres.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/Everardo Moreno/Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM/

«SI CUMPLE REQUISITOS: SENADOR ACUSADO de NARCO por EE.UU podria ser CANDIDATO a GOBERNADOR de SINALOA»: dice LIDER de MORENA…y claro que cumple «sus» requisitos.

Morena acaba de inventar el “debido proceso narco”: si el señalado por un fiscal de Nueva York por vínculos con el Cártel de Sinaloa cumple la convocatoria interna… puede ser gobernador.

El nuevo espíritu santo de Morena: “si cumple requisitos, no será descartado”

En Sinaloa, el presidente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, fue preguntado si Enrique Inzunza (acusado por un fiscal de Nueva York de tener nexos con el Cártel de Sinaloa) y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (también señalado por vínculos con el narco), están descartados para 2027.

Respuesta del partido que presume “no somos iguales”: “si quieren participar y cumplen con los requisitos de la convocatoria, no serían descartados”.

Traducido del morenés al castellano:

• Puedes desaparecer del Senado 15 días,
• Estar bajo acusaciones de narcovínculos hechas por autoridades de Estados Unidos,
• Tener historial de señalamientos por acoso sexual,
  y aun así tu partido dice que eres perfectamente “elegible”, siempre y cuando entregues bien tu papelería.

En Morena, el filtro no es la ética pública: es la fé de oficio.

El senador filósofo de Badiraguato

Enrique Inzunza lleva al menos quince días sin aparecer en el Senado desde que se supo que un fiscal de Nueva York lo ligó al Cártel de Sinaloa.
Sus oficinas siguen abiertas, pero sus colaboradores no saben dónde está su jefe; lo único que hace el hombre es mandar mensajitos en redes sociales, citando a Séneca, y presumiendo que está con su mamá en Badiraguato, según sus propias palabras.

El cuadro es casi perfecto:

• Acusado por un fiscal de Nueva York de nexos con el Cártel de Sinaloa.
• Escondido, pero con oficina funcionando en el Senado, como si nada.
• Publicando filosofadas mientras la Fiscalía de EU lo tiene en el radar.

Morena ha convertido a Badiraguato en algo entre santuario político y sucursal espiritual: ahí se bendicen trayectorias, se perdonan pecados y se reafirman candidaturas.

“Juntos Haremos Historia”… con el narco en la boleta

Inzunza llegó al Senado en 2024 por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena–PT–PVEM).

Su candidatura fue cuestionada desde el principio por organizaciones debido a una denuncia de acoso sexual en su contra; aun así, fue impulsado y cobijado por la maquinaria oficialista.

Es decir:

• Había ya señalamientos de acoso sexual.
• Después vino la acusación de vínculos con el Cártel de Sinaloa por un fiscal de Nueva York.
• Se ausenta del Senado tres veces seguidas, y manda al suplente.

Y pese a todo eso, el dirigente de Morena en Sinaloa repite tranquilo que, si cumple con los requisitos internos, nada lo descalifica para buscar la gubernatura en 2027.

Ni la acusación de la justicia estadounidense, ni la sombra de acoso sexual, ni la simple decencia política caben en el “código de ética” morenista.

El manual morenista del cinismo

Lo que hace Morena en Sinaloa no es un caso aislado, es casi un manual:

• Acusaciones graves: si es EU quien liga a un senador con el Cártel de Sinaloa, se relativiza, se habla de “pruebas” y se pide “juicio justo” para el gobernador con licencia y su círculo, como ya hizo Sheinbaum en el caso Rocha Moya.
• Desapariciones convenientes: Inzunza se esfuma del Senado, pero su oficina permanece abierta, como si la figura pública pudiera esconderse mientras el aparato institucional le sigue pagando y sosteniendo el espacio.
• Cero sanciones internas: ningún anuncio de suspensión, ningún mensaje de “no hay cabida para quien esté bajo este tipo de señalamientos”; al contrario, se deja abierta la puerta a la candidatura a gobernador.

Morena presume combate al narco, pero tolera –y hasta protege– a cuadros que están bajo la lupa de autoridades extranjeras por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

La línea es clara: mientras seas útil electoralmente y llenes el formulario, el partido hace como que las acusaciones no existen.

La “convocatoria” como tapadera política

La frase “vamos a esperar la convocatoria” se convierte en la coartada perfecta:
Barraza Castillo dice que, si Inzunza y Gámez Mendívil deciden participar y cubren los requisitos, “no serían descartados”.

Es el truco clásico: se lavan las manos en la burocracia interna y convierten un escándalo de seguridad nacional en trámite administrativo.

Porque lo importante, para Morena, no es si un personaje ha sido mencionado en el contexto del Cártel de Sinaloa por un fiscal de Nueva York.

Lo importante es si entregó su acta de nacimiento y comprobante de domicilio a tiempo.

Morena no solo normaliza el narcopoder; lo institucionaliza, lo envuelve en discurso de “juicio justo”, y lo recicla en futuras campañas.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«DEL CAPITOLIO al PENTAGONO: CONSENSO BIPARTIDISTA en el SENADO de EE.UU pide REPORTE de HUACHICOL de MEXICO»…un delito donde el nombre AMERICO,MORENA y PRIMITO se escriben con mayusculas.

En Washington ya no se hacen los sorprendidos: ahora hasta lo ponen por escrito. Senadores republicanos y demócratas —sí, ese raro momento de consenso bipartidista— acaban de presentar una iniciativa que, sin decirlo de frente, desmonta uno de los mitos más útiles de la guerra contra el narco: que los cárteles viven exclusivamente de la droga.

Resulta que no. Que también —y cada vez más— viven del petróleo.

La propuesta, encabezada por el texano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen, busca obligar al Pentágono a entregarle al Capitolio un reporte detallado sobre el robo y contrabando de hidrocarburos mexicanos. Traducido: Washington quiere cifras, rutas, nombres y recomendaciones sobre el negocio del huachicol, ese que durante años fue tratado como delito menor mientras financiaba estructuras criminales de escala industrial .

Un delito que por supuesto ha incluido en la trama delictiva a gobernadores de Morena como Americo Villarreal y ex-gobernadores como Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (PAN) en la trama, todos en alianza con Carteles.

Cornyn lo dice sin rodeos, aunque con el tono diplomático de quien apenas está “descubriendo” algo evidente: los cárteles ya no sólo trafican drogas, ahora perfeccionan métodos para robar combustible, moverlo en el mercado negro y convertirlo en caja chica para todo lo demás —desde narcotráfico hasta trata de personas.

Pero el dato clave no está en la denuncia, sino en la admisión implícita: el huachicol no es un ingreso marginal, es una columna financiera.

Rosen lo remata aún más claro: el robo de combustible es ya “la fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico más importante” para los cárteles. Es decir, lo que durante años se vendió como organizaciones “narco” en realidad opera como conglomerados criminales diversificados, donde la droga es sólo una línea de negocio.

Y aquí es donde la narrativa empieza a desmoronarse.

Porque si el músculo económico viene del robo de hidrocarburos —un delito que requiere infraestructura, complicidad institucional, control territorial y redes logísticas complejas— entonces el problema deja de ser exclusivamente de “narcotráfico” y se acerca peligrosamente a algo más estructural: captura de sectores energéticos, corrupción sistémica y economías criminales insertadas en mercados formales.

La iniciativa, bautizada con el rimbombante nombre de “Ley para Detener el Fomento a la Violencia de los Cárteles”, ordena al Pentágono no sólo diagnosticar el fenómeno, sino proponer cómo combatirlo, compartir inteligencia y fortalecer capacidades. Es decir, meter a Defensa en un negocio que huele más a petróleo que a cocaína.

Y por si quedaban dudas de que esto ya cruzó la frontera, los senadores mencionan directamente esquemas de contrabando transnacional, incluyendo redes vinculadas al CJNG que ya fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro en 2025. El mensaje es claro: el huachicol ya no es un problema local ni folclórico; es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Lo interesante no es la iniciativa en sí —que todavía tiene que sobrevivir al viacrucis legislativo—, sino lo que revela: en el Capitolio ya entendieron que los llamados “narcos” hace tiempo dejaron de ser sólo narcos.

Son operadores de mercados ilegales diversificados, donde el petróleo robado vale tanto o más que la droga.

Y mientras en México se sigue repitiendo el guion de siempre, en Washington ya están ajustando el diagnóstico.

Con informacion: ELNORTE/

«JUEZA los DEJA LIBRES ?: CAPTURAS de HARFUCH CUESTIONAN PULCRITUD de MARINOS,FGR,JUECES del ACORDEON y su PIROTECNIA VERBAL»…cateos espectaculares, legalidad de utilería y la estadística inflada de siempre

Una jueza penal federal en Nuevo León liberó ayer a tres de las cuatro personas que fueron detenidas el fin de semana pasado en cateos de fuerzas federales en residencias de Monterrey y San Pedro.

Primero lo incómodo: la pulcritud legal de quienes “aprehenden”. Porque una cosa es irrumpir con marinos, drones, armas largas y boletín listo para la mañanera, y otra muy distinta es hacerlo con un expediente que no se desmorone en cuanto lo toca un juez. 

En Nuevo León, el show táctico del fin de semana terminó en lo previsible: tres de cuatro detenidos liberados porque, sorpresa, las capturas fueron ilegales. 

No es un tecnicismo menor; es el ABC del debido proceso. Si el cateo o la detención nacen viciados, todo lo que sigue es jurídicamente inútil, por más fotos de fajos de billetes, fauna exótica y camionetas de lujo que circulen en redes. El Estado presume músculo, pero olvida la Constitución en la mesa de noche.

Segundo, la pulcritud de los jueces… o el espejismo de ella. Porque esta historia también revienta otra narrativa: la de que, tras los “acordeones” electorales, la justicia ya no estaría contaminada por padrinazgos políticos. 

La jueza María de los Ángeles Padrón Banda —con pasado en la defensoría pública estatal y señalada por su cercanía al aparato local— invalida detenciones clave en un caso mediático. ¿Actuó conforme a derecho? Probablemente sí en lo técnico. ¿Eso limpia el proceso completo? No. Lo que exhibe es un sistema donde policías y fiscales arman expedientes endebles y luego esperan que el juez los “salve”. Cuando no ocurre, el péndulo se va al otro extremo: o se acusa a la jueza de favorecer a detenidos incómodos o se confirma que las capturas fueron un desastre legal desde el origen. En ambos escenarios, la promesa de una justicia “renovada” queda como propaganda.

Tercero —y menos importante solo en apariencia— está la contabilidad creativa de Omar García Harfuch. Porque mientras tres de cuatro caen por ilegalidad, el único que sí permanece —“Titán”, presunto operador ligado al huachicoleo y a la red de “El Señor de los Buques”— es el que se reporta con bombo en la mañanera. 

El resto se evapora del discurso oficial. Es la vieja alquimia:convertir operativos fallidos en cifras infladas. ¿Se sumarán estos nombres a los “46 mil 400 detenidos”? Probablemente sí, aunque en tribunales no sostengan ni la primera audiencia. Pirotecnia verbal: mucha luz, mucho ruido… y poco caso sólido.

El caso “Challenge Procyon”, los vínculos con hidrocarburos ilícitos y la participación de Marina, FGR y Seguridad deberían haber derivado en un golpe estructural. En cambio, lo que tenemos es un retrato de rutina: cateos espectaculares, carpetas mal integradas, jueces que aplican la ley —o la interpretan en un ecosistema politizado— y un aparato de comunicación que maquilla resultados.

Al final, el mensaje real no es que “la justicia funciona” ni que “los criminales se escapan por tecnicismos”. Es peor: que el Estado sigue sin poder hacer bien lo básico. Y mientras eso no cambie, cada operativo será solo otro capítulo de una serie donde la narrativa oficial gana titulares… y pierde casos.

Con informacion: ELNORTE/