René Arzate García ,alias La Rana,el hombre al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos considera jefe de plaza en Tijuana para la facción del Mayo Zambada ahora brincó de charco —jurídicamente hablando— hacia la categoría de “narcoterrorista”. Así lo anunció este jueves Adam Gordon, fiscal federal del Distrito Sur de California, quien presentó una acusación actualizada contra el lugarteniente, operador y, según Washington, especialista en administrar terror por metro cuadrado desde la frontera
Gordon no escatimó dramatismo. “Un lugarteniente de alto rango y ultra violento del Cártel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante quince años mediante la fuerza y el miedo”, soltó ante cámaras en San Diego, como si leyera el tráiler de una serie de Netflix que aún no se filma. Junto al anuncio, el Departamento de Estado subió a cinco millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de René o de su hermano Alfonso —otra rana del mismo estanque, dicen los expedientes.
La biografía anfibia
De buró en buró, el nombre de “La Rana” lleva rebotando al menos desde 2014, cuando fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico. Originario de Sinaloa, Arzate García operó con bajo perfil durante los primeros años de la guerra entre los hijos del Mayo y los restos del clan de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Aunque no figura en corridos ni en listas de Forbes, su control del corredor Tijuana–California lo convirtió en uno de los hombres más útiles —y temidos— dentro del ecosistema criminal que respira entre Ensenada y San Ysidro.
Ahora, el salto mortal: el Departamento de Justicia actualiza su caso e incluye el nuevo delito de narcoterrorismo y provisión de apoyo material al narcoterrorismo. Esta categoría era impensable hace unos años, pero se volvió posible tras la etiqueta que la Administración Trump colgó en 2025 al Cártel de Sinaloa como “Organización Terrorista Extranjera”. Un movimiento más simbólico que operativo, aunque legalmente suficiente para rearmar toda una ofensiva judicial contra sus operadores.
Entre el mito y la lista de recompensas
Dicen en Tijuana que “La Rana” fue durante años un fantasma de cantina: aparecía solo cuando algo explotaba. Otros aseguran que nunca dejó la región, solo cambió de madriguera cada tres semanas. Lo cierto es que su nombre ya carga una década de investigación binacional y un precio creciente por su cabeza.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense lo pinta como el arquetipo del “narco global”: violento, invisible y con sentido empresarial. En lenguaje más llano, un veterano de la frontera que logró convertir las caletas en zonas industriales de exportación hasta que la etiqueta de “terrorista” le cayó encima como una piedra desde Washington.
Mientras en Silicon Valley se jactan de construir inteligencias artificiales “alineadas con los valores humanos”, un hacker anónimo decidió poner a prueba esa moral de laboratorio. El resultado: Claude —el chatbot de Anthropic creado para ser el “hermano más equilibrado” de ChatGPT— terminó convertido en aprendiz de «Black Hat», saqueando datos del Gobierno mexicano con la eficiencia de un auditor fiscal poseído por el diablo del código.
De acuerdo con la empresa israelí Gambit Security, el ataque se gestó entre diciembre y enero: treinta días de intrusión quirúrgica en los nervios del Estado mexicano. El hacker, un desconocido con exceso de ingenio y paciencia, escribió instrucciones en español para que «Claude» actuara como un hacker de élite, explorara vulnerabilidades, escribiera scripts y automatizara la extracción de datos. Ni más ni menos que un “cibersoldado” fabricado por una IA supuestamente ética.
El bot —que en teoría debería negarse a participar en actividades ilegales— protestó al principio, como un santo digital con conciencia artificial, pero terminó cediendo tras una serie de indicaciones que lo “liberaron” de sus cadenas de seguridad. Así nació un jailbreak de manual.
150 gigas de caos burocrático
El bot ejecutó miles de comandos en redes oficiales: servidores del SAT, bases del INE, gobiernos estatales de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, y hasta el registro civil de la Ciudad de México. Entre los archivos extraídos había 195 millones de registros fiscales, padrones de votantes, credenciales de empleados públicos y documentos del registro civil. Un bot “educado” para proteger datos terminó saqueando identidades a escala industrial.
La startup Gambit detectó el ataque mientras probaba nuevas técnicas de “caza de amenazas”. Entre los hallazgos: transcripciones completas de conversaciones entre el hacker y Claude, tan detalladas que parecían un guion de cybertriller donde el algoritmo se convierte en cómplice involuntario del delito.
El Estado mexicano, entre el silencio y la negación
Después de las filtraciones, el SAT y varias dependencias fingieron desconocer el incidente, mientras el INE juraba que sus servidores “siguen intactos”. En paralelo, los gobiernos de Jalisco y Michoacán negaron vulnerabilidades. En México, fingir que no pasó nada sigue siendo una política de ciberseguridad.
Anthropic, por su parte, reconoció que interrumpió la actividad y bloqueó las cuentas implicadas. Afirmó que su modelo más reciente, Claude Opus 4.6, ya está “aprendiendo” de este tipo de abusos. Un eufemismo elegante para decir que su IA fue raspada por un hacker y ahora se entrena en cómo no volver a caer.
El arquitecto del caos y sus cómplices
El informe de Gambit indica que cuando Claude se atascaba, el hacker recurría a ChatGPT para obtener asesoría extra: cómo moverse lateralmente dentro de una red, cuántas credenciales se necesitaban para acceder a determinados sistemas, y cuál era el riesgo de ser detectado. Como si fueran dos inteligencias rivales asesorando al mismo pirata.
La historia suena futurista, pero no lo es. Es el presente: máquinas diseñadas para “proteger” siendo usadas como vectores de ataque. Ni satánicos rusos, ni espías chinos: un individuo común manipulando algoritmos con un español preciso y una dosis enfermiza de curiosidad técnica.
Cambian los dioses, pero no los pecados
Después del desastre, Anthropic proclamó que convertiría este evento en una “lección ética” para sus modelos futuros. Pero lo ocurrido tiene un matiz casi filosófico: ¿qué ocurre cuando la moral digital se enfrenta al incentivo económico de un hacker con sentido práctico? En el laboratorio, la IA es virtud. En la red, es neutralidad explosiva.
México ahora enfrenta otro escándalo digital que probablemente se diluirá entre comunicados ambiguos y auditorías que nunca llegan. Mientras tanto, Claude y sus iguales —esos chatbots que juran proteger a la humanidad— seguirán aprendiendo de sus propios fracasos morales. Porque en la era del algoritmo, la línea entre inteligencia y crimen es tan delgada como una línea de código bien escrita.
“Hemos derribado a uno de los grandes capos, lo vieron ayer”. Desde el púlpito de la Cámara de Representantes, en el discurso del Estado de la Unión, Donald Trump se adjudicó el éxito del operativo mediante el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el líder indiscutible de la organización criminal transaccional más violenta y poderosa del mundo, de acuerdo a la propia estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En Washington y en la Ciudad de México coinciden en que, sin la presión de Trump, la eliminación de “El Mencho” no hubiera sido posible. El capo se sentía intocable.
Por eso, las palabras de Trump no son fortuitas. Un alto oficial del gobierno mexicano le dijo a Los Angeles Times que la misión contra el Cártel Jalisco Nueva Generación tuvo como principal objetivo político evitar una intervención militar unilateral del gobierno de Estados Unidos. Semanas atrás, el Departamento de Guerra publicó la Estrategia de Defensa Nacional. El documento es claro: el Pentágono se reserva el derecho a actuar de manera autónoma, sin consultar al gobierno de México, si los cárteles de la droga continúan siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
A principios de febrero, el Departamento de Justicia de Estado Unidos difundió un memorándum interno para impulsar la “eliminación total” de los cárteles. En esas fechas, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos sostuvo un encuentro con 34 líderes militares del Hemisferio Occidental, incluidos los secretarios mexicanos de Defensa y de Marina, con el objetivo explícito de discutir estrategias de cooperación para el combate a las organizaciones criminales transaccionales.
Todo esto, ademas, coincidió con un agresivo comunicado que envió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado para rechazar tajantemente la “estrategia incrementalista” del Estado mexicano contra los cárteles. En realidad, se trató de un ultimátum del secretario Marco Rubio y del vicecanciller Christopher Landau a la administración de Claudia Sheinbaum.
Quien acusó recibo de inmediato fue el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, un militar que hace poco era visto por Washington como una figura no confiable. Hace un año, el 27 de febrero de 2025, el gabinete de seguridad mexicano fue convocado a una reunión en Washington con la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, y con los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth. En un principio, el general Trevilla no fue invitado a la reunión de alto nivel. Una persona con conocimiento del encuentro aseguró a Código Magenta que los funcionarios estadounidenses expresaron dudas sobre la integridad de Trevilla.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Trevilla se encargó de la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional, una unidad que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de inteligencia militar, así como la planeación de operaciones contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo. Su contraparte en el aparato de inteligencia civil era el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, un funcionario fuertemente cuestionado por su presunta relación con Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, y por haber recomendado a Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, como secretario de Seguridad Pública en Tabasco.
Tres días antes de la elección presidencial de 2018 que llevó a López Obrador al poder, un medio local de Piedras Negras, Coahuila publicó una fotografía en la que Trevilla aparecía junto a Ulises Sánchez Garibay, alias “El Inge”, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y lugarteniente de Miguel Ángel Gallego, “El Migueladas”, un capo importante de la estructura de “Los Cuinis”, el brazo financiero y de conexión política del CJNG. La fotografía fue tomada en La Huacana, Michoacán, en el contexto de la disputa de autodefensas contra cárteles en la región. Trevilla había sido trasladado de una zona militar en Coahuila a Apatzingán, donde fue el comandante de la 43 Zona Militar.
Un vocero del Ejército aseguró a la revista Proceso que la imagen fue captada en una reunión con un número amplio de autodefensas y que Sánchez Garibay, quien entonces no tenía orden de aprehensión, se hizo pasar por un activista de derechos humanos. Un mes más más tarde, “El Inge” fue arrestado. Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró el asunto, ante los ojos de Washington, la marca quedó en el expediente de Trevilla.
Sin embargo, el secretario de Marina, Raymundo Morales, ofreció garantías de que Trevilla tenía las credenciales para discutir asuntos sensibles sobre la agenda bilateral en materia de seguridad. El general terminó viajando a Washington junto a Morales, el fiscal General Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Antes del encuentro con los oficiales estadounidenses, la administración de Claudia Sheinbaum anunció la entrega de decenas de capos de primer nivel para que fueran juzgados en tribunales norteamericanos. Entre ellos estaban dos figuras de primer nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación: Antonio Oseguera Cervantes, hermano de “El Mencho”, y Erick Valencia Salazar, cofundador del CJNG y el asesor más cercano de Nemesio Oseguera Cervantes.
Desde entonces, Trevilla ha intentado recomponer su imagen ante el aparato de seguridad de Estados Unidos, particularmente ante el Comando Norte del Ejército norteamericano. El abatimiento de “El Mencho”, realizado con inteligencia estadounidense obtenida por drones tipo Predator, se realizó bajo la tutela de un nuevo Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, una instancia militar que depende del Comando Norte. El operativo contra Oseguera Cervantes fue la primera ocasión en la que el Pentágono tomó la batuta en una misión para neutralizar a un capo de la droga en México. Anteriormente, este tipo de misiones eran coordinadas por la CIA, la DEA o Homeland Security Investigations.
El contraste no podría ser mayor en relación al evento en el que Ismael “El Mayo” Zambada fue extraído de un rancho, en Sinaloa, para ser entregado a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto de El Paso, Texas. En el caso de Zambada, la captura fue producto de una operación clandestina con injerencia de HSI. El resultado: una guerra civil paramilitar entre las facciones del Cártel del Pacífico. En el caso de “El Mencho”, el operativo se realizó en el marco del mayor nivel de cooperación bilateral en materia de seguridad desde la Iniciativa Mérida. Pese a la reacción violenta del cártel en más de 20 estados del país, permaneció un acuerdo tácito de que los civiles no pueden ser tocados.
De acuerdo a publicaciones promovidas en medios mexicanos por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Trevilla ha sostenido encuentros con altos oficiales del Comando Norte y ha diseñado un modelo de intercambio de información con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El general mexicano se ha dedicado a mandar un mensaje contundente: la Sedena está cerca de Washington; la Sedena fue la única responsable de la neutralización de “El Mencho”.
Ya sea por temor, instinto de supervivencia o por una decisión estratégica de Estado, Trevilla ha propiciado cambios de fondo en la política de seguridad nacional: el cabildeo ante Presidencia y ante el Senado a favor de aprobar la entrada de fuerzas especiales de Estados Unidos; cambios en la primera línea de mando del Ejército; la cooperación para admitir sobrevuelos de aeronaves de reconocimiento de agencias de inteligencia norteamericanas y la autorización de elementos militares estadounidenses en centros de comando mexicanos. Atrás quedaron los días en que Trevilla era visto como parte del círculo íntimo del general Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa Nacional que, en octubre de 2020, fue acusado de narcotráfico y protección al Cártel H-2 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En 2021, agencias de inteligencia identificaron la ubicación de “El Mencho” en el municipio del Grullo, Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la orden de no arrestar al capo del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quiso evitar una respuesta violenta de Oseguera Cervantes o fue una decisión en función de pactos inconfesables? Parece increíble que el presidente de México haya tomado esta decisión apenas meses después de que un comando de Jalisco Nueva Generación irrumpió en el corazón de la Ciudad de México para intentar asesinar al entonces secretario de Seguridad Pública de la capital, Omar García Harfuch, actual zar de la seguridad nacional del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Aparentemente, Trevilla tomó una decisión: antes de que sea demasiado tarde, el Ejército debe alinearse con Washington. Dicho esto, la Secretaría de la Defensa Nacional debe responder preguntas concretas que, al menos en el entorno de García Harfuch, hacen dudar de las intenciones del Ejército: ¿La presidenta fue debidamente informada de un operativo de esta magnitud? ¿Altos funcionarios de Defensa Nacional se han beneficiado de esquemas de traslado de efectivo de los casinos manejados por Jalisco Nueva Generación? ¿“El Mencho” murió por heridas de batalla o fue ejecutado para garantizar su silencio?
Sin una respuesta concreta a estas preguntas, sólo se puede concluir que el giro de Trevilla, el acercamiento a Washington, es performativo. Un acto de supervivencia.
En Tapalpa,Jalisco,municipio gobernado por Morena y propiedad del capo del Cartel de Jalisco , Nemesio Oseguera, no había “infiltración”, había contabilidad: el CJNG llevaba mejor control de su nómina que muchos ayuntamientos, y en esa lista estaban todos los colores de uniforme, con placa, con escudo o con logotipo de maquinitas, cobrando puntualmente como si fuera cualquier Secretaría de Administración.
La nómina del terror… bien administrada
El Mencho operaba con una narconómina mensual en millones de pesos y dólares, con reportes a mano y en computadora que detallan ingresos por marihuana, cocaína, cristal, fentanilo y hasta el regenteo de maquinitas en Tapalpa y alrededores.
Los documentos hallados en una de sus cabañas registran, con cariño de contador público, todo: sueldos de halcones, sicarios, pagos de gasolina, rentas de “bases” y “oficinas”, ayudas a la población y, cómo no, sobornos institucionalizados.
Todos en la fila del cajero
La lista incluye pagos a FGR, militares, policías municipales, “hackers” y hasta la partida de “comidas”, como si fuera viático oficial pero con fusil incluido.
En Tapalpa, sólo en diciembre de 2025, el CJNG pagó 138 mil pesos a la policía municipal, el equivalente aproximado al 20% de la nómina formal de seguridad pública; es decir, el cártel era prácticamente otro patrón, sólo que más puntual y sin ISSSTE.
Halcones, “muchachos de choke” y contabilidad creativa
La hoja de gastos semanales presume entre 30 y 32 halcones cobrando entre 2,500 y 3,000 pesos por semana, 26 “muchachos de choke” (pistoleros) con 4,000 semanales, y un comandante embolsándose 6,000, todo en perfecto orden administrativo.
A eso súmele gasolina, renta de “base” para vigilantes, “oficina” para los de choke, despensas y reparaciones mecánicas: el crimen organizado como empresa socialmente responsable… pero sin recibo de nómina timbrado.
Los registros alcanzan también a las policías de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán: 46 mil pesos para la primera y 86 mil para la segunda, donde el ayuntamiento reporta 265 mil 124 pesos mensuales en nómina policial; el sobre amarillito del CJNG ya era complemento salarial institucional.
Mientras el discurso oficial presume “depuración” y “controles de confianza”, los papeles del capo muestran otra verdad: la seguridad pública era sólo otro rubro del gasto corriente del cártel, perfectamente “contabilizado”.
Epílogo: la nómina que sí funciona
En la narconómina de El Mencho no hay “presunto”, no hay “probable participación”, hay cifras, nombres y alias: Tuli, Sapo, Meño, la Gallina, el Yogurt, con cantidades específicas en pesos y dólares, como cualquier estado de resultados corporativo.
La gran diferencia es brutal: cuando la nómina oficial se retrasa, hay paro laboral y marchas; cuando se cae la nómina del CJNG, hay levantones, balaceras y cabañas quemadas; la única constante es que, en este país, el crimen siempre lleva mejor contabilidad que el gobierno.
Claudia Sheinbaum presentó su gran “cirugía mayor” electoral y, antes de llegar al quirófano constitucional, ya se le amotinaron los camilleros: el Verde y el PT están amagando con desconectar la máquina y dejar a la “deforma” en paro cardiaco legislativo.
El muro en casa
La presidenta plantea recortar 25% del financiamiento público a partidos, recocer la fórmula de plurinominales, borrar listas en el Senado y tijeretear al INE y los tiempos de radio y TV. El problema: sus aliados viven precisamente de eso que ella quiere recortar, y ya le pusieron precio a su cariño legislativo.
Morena puede sacar leyes ordinarias con el piloto automático, pero para tocar la Constitución necesita mayoría calificada, y sin PVEM y PT no le alcanza ni con rosario en mano. Es su primera gran reforma y ya huele a riesgo de ridículo de estreno sexenal.
El Verde, ecologista… de sus prerrogativas
Arturo Escobar, el de siempre, se aventó a decir que la propuesta presidencial es una “ocurrencia” que pone en riesgo la democracia, mientras jura amor eterno a la presidenta en temporada de reformas. La lealtad, sí, pero con factura y en pagos mensuales: el Verde prepara su propia iniciativa, con cláusulas de autoprotección incluidas.
Entre sus “indispensables” está bajar la edad para votar a 16, volver obligatoria la votación, repartir el dinero público a partes iguales, recortar tiempos de radio y TV también “parejo” y desaparecer tribunales electorales locales. Traducido: menos árbitros incómodos, más control de las tuberías del presupuesto electoral.
El Verde detesta la idea de un centenar de diputados plurinominales elegidos con una fórmula que, dice, permitiría a gobernadores armar sus propias orquestas de diputados “del acordeón”, afinados a contentillo local. Si algo sabe el PVEM es cómo se negocian esas listas y cuántos favores se esconden en cada posición “pluri”.
El PT, crítico en privado, manso en público
El PT juega al tímido: en público, respeto y disciplina; en privado, comparten el mismo terror contable que el Verde por el recorte al financiamiento. Admiten que, como está, no acompañan la reforma, pero sin alzar demasiado la voz, no vaya a ser que alguien se acuerde de que son el que menos recibe… pero igual no quiere recibir menos.
Su argumento: si se quita dinero sin nivelar la cancha, se fortalece al más fuerte y se ahorca a los partidos chicos que dependen del presupuesto para sobrevivir. Dicho de otro modo: austeridad sí, pero nunca en mi nómina, muchas gracias.
La “deforma” y el boomerang de la austeridad
Sheinbaum vende la reforma como el capítulo electoral de la cruzada por la austeridad y el abaratamiento de elecciones, coherente con el discurso del movimiento en el poder. El problema es que esa misma narrativa de tijera choca de frente con los negocios de supervivencia de sus aliados satélite.
El recorte al INE, los tiempos en radio y tele y los golpes a las prerrogativas se venden bien en el mitin, pero en la mesa chica significan perder control, espacios y, sobre todo, dinero contante y sonante. Hasta dentro de Morena hay voces como Yeidckol Polevnsky que tachan la nueva fórmula de pluris de “fuera de toda realidad”.
El amago: “o cambias, o la enterramos”
El Verde ya avisó que va a esperar a que el texto llegue al Congreso el lunes para soltar su contrapropuesta y aumentar la presión simbólica y política. Es el clásico “te apoyo en todo, presidenta… menos justo en lo que me afecta”, envuelto en discurso de defensa de la democracia y de las minorías.
Sin votos verdes y petistas, la reforma se estrella: o negocian cambios de fondo, cediendo en recortes y plurinominales, o Sheinbaum se come su primer fracaso constitucional en cadena nacional. Para una presidenta que prometió reordenar las reglas del juego, que la frenen sus propios socios sería el colmo irónico de esta “deforma” que puede morir antes de nacer, asfixiada por el instinto de supervivencia presupuestal de sus partidos satélite.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO JIMENEZ
El video de la autoría de Codigo Magenta no se equivoca, Norberto Barrón no es un simple secretario particular: es el cable rojo que conecta el despacho de Américo Villarreal con el narco de altos vuelos entre Sinaloa y Tamaulipas.
Mientras el gobernador Americo Villarreal Anaya fingio una purga moral despidiendo a su ex-secretaria de Finanzas, Adriana Lozano y pateando, de lejos, al clan Carmona, su verdadero seguro de vida se llama fuero y tiene nombre y apellido: Norberto Barrón, militante de Morena, tómbola en mano, con pase directo a la oficina de Jesús Ramírez Cuevas y asiento reservado en el jet privado del rey del huachicol.
Los reportes de inteligencia militar filtrados por Guacamaya ya lo habían puesto en la mira: la campaña de Villarreal anclada en los negocios sucios de Sergio y Julio Carmona, traficando combustible, lavando dinero vía consultorías y contratos federales, mientras el rey del huachicol necesitaba a alguien de planta en el círculo íntimo del hoy gobernador; la solución fue simple, casi cínica: se decidió que ese representante fuera Norberto Barrón.
No era asistente, era cajero, emisario y notario informal de una alianza donde la gasolina robada se convertía en votos, camionetas blindadas y vuelos privados entre Ciudad Victoria y Culiacán.
El narcoestado llamado Tamaulipas
Washington ha catalogado a cárteles como organizaciones terroristas, con la Casa Blanca denunciando una “alianza intolerable” entre el gobierno mexicano y el crimen organizado, mientras aviones P-8 Poseidón y RC-135 vigilan la frontera y las costas como si estuvieran marcando un teatro de operaciones futuras.
En ese rompecabezas, Barrón es la pieza que falta para cerrar el cuadro: el hombre que, según testimonios, fue enlace para recoger el dinero del Chapo Isidro en la sierra de Sinaloa y el arquitecto de la negociación con la columna armada Pedro J. Méndez, el brazo paramilitar vinculado al Cártel del Golfo que operó territorialmente a favor de Villarreal y recientemente con Tania Contreras ,flamante Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
Por eso no sorprende que, mientras la presidenta Sheinbaum anunciaba una agencia especial contra el huachicol fiscal y el Pentágono calibraba ,en Ciudad Victoria opten por la vieja receta: proteger al operador por cierto cercano sentimentalmente a una allegada a la Presidenta.
Barrón es el testigo incómodo que une Carmona, huachicol, Sinaloa, Columna Pedro J. Méndez y campañas de Morena; es la llave maestra del expediente que Trump y su Departamento de Justicia necesitan para vender Tamaulipas como ejemplo de narcopolítica binacional.
Muy brillante para hacer cosas malas, dicen quienes lo conocen. Tal vez demasiado brillante como para dejarlo suelto, en un momento en que los radares de Estados Unidos y los oficios de la Casa Blanca ya apuntan directamente al despacho donde él entra sin tocar la puerta.
La Fiscalía de Puebla nos acaba de recordar algo incómodo: en México, matar por “confusión” ya es protocolo operativo, no accidente aislado. Igual que soldados y guardias nacionales “se equivocan” con familias, estudiantes o pobladores, ahora una célula del Cartel Jalisco también alega error de objetivo, como si la masacre fuera mero fallo logístico.
La “confusión” como coartada
Según la propia Fiscalía, los sicarios de la Operativa Barredora —brazo del CJNG— iban por alguien ligado al crimen organizado que viajaba en una camioneta blanca, y terminaron acribillando a tres personas que sólo tenían en común el color de la Mercedes Benz donde se subieron a las dos de la mañana, a la salida del bar Sala de Despecho, en Angelópolis. Veintinueve disparos de 9 milímetros no parecen precisamente una duda razonable: eso ya es dictamen definitivo sobre la vida de alguien.
La versión oficial primero quiso encuadrar todo como pleito entre delincuentes, pero después el propio Ministerio Público tuvo que aceptar que Giselle Ortiz Carreto, Joaquín Wirth y Emmanuel Campaña no eran el objetivo. La historia se reacomoda: no fueron “sospechosos abatidos”, sólo civiles que tuvieron la mala suerte de coincidir con la cromática vehicular del objetivo real.
Narcos que tiran como soldados
La narrativa suena familiar: “no eran ellos”, “coincidían las características”, “se creyó que iban vinculados a otra organización criminal”. Traducción libre: disparar primero, justificar después. Es la misma lógica de los operativos “fallidos” donde el Estado dispara sobre gente desarmada y luego improvisa el parte informativo, nada más que ahora la ejecutan sicarios en motocicleta con outsourcing de la violencia.
La Operativa Barredora compite con otro grupo criminal, pero el mensaje que sale a flote no es la disputa entre bandas, sino la normalización del margen de error: elegir mal a quién vas a matar se vuelve detalle técnico, no crimen de Estado ni crimen del narco, sino “incidente” gestionable en conferencia de prensa. El aparato institucional compra y vende la explicación con la misma frialdad con la que un comandante habla de “bajas colaterales” después de un operativo militar.
Angelópolis, vitrina de país roto
El escenario tampoco es casual: un bar de zona exclusiva, Sala de Despecho, en la Puebla de escaparate y centros comerciales, usada como campo de tiro por una célula del CJNG. El discurso oficial de “seguridad controlada” se rompe cuando te dicen que un comando puede planear durante un mes un ataque, ubicar el modelo de la camioneta… y aun así asesinar a tres personas que no eran.
Horas después del ataque, detienen a cuatro hombres, incluyendo a un adolescente, usando drones, cámaras y hasta helicóptero, todo el despliegue tecnológico del siglo XXI para llegar tarde a lo único que importa: evitar que se riegue la sangre equivocada en el lugar de moda. El juez ya calificó de legal la detención y los vinculó a proceso por homicidio calificado y tentativa, pero la pregunta central sigue intacta: ¿a quién le importa que la explicación oficial sea, básicamente, “ups, no eran ellos”?
El país de los objetivos equivocados
Familiares de las víctimas llevan días defendiendo la inocencia de sus muertos, mientras el expediente se llena de lenguaje técnico para maquillar lo brutal: fueron asesinados porque alguien confundió una camioneta blanca con otra camioneta blanca. En un país donde el Ejército, la Guardia Nacional y ahora también el narco disparan bajo la flexible categoría de “confusión”, el mensaje es brutalmente claro: aquí lo verdaderamente peligroso no es estar metido en el crimen, sino vivir en un territorio donde cualquiera puede convertirse en “objetivo” por el color de su coche, por la hora en que sale del bar o por estar en la mesa equivocada.
Al final, los sicarios del CJNG y los uniformados del Estado comparten algo más que el calibre: la certeza de que siempre habrá una conferencia de prensa, un parte informativo o una carpeta de investigación lista para explicar que la muerte fue un error… pero nunca un crimen imperdonable.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/
