En Guadalajara, Héctor Flores no busca justicia: persigue las migajas que dejaron quienes —según una resolución judicial— participaron en la desaparición de su hijo Daniel, de 19 años, en mayo de 2021. Daniel fue sacado de su vivienda por hombres armados; algunos portaban uniformes de la Fiscalía de Jalisco y, de acuerdo con los testimonios recogidos por su familia, obedecían a jóvenes armados vinculados al crimen organizado.
La secuencia es brutalmente mexicana: autoridades que primero niegan, luego confunden, después alteran declaraciones y finalmente investigan al padre antes que a los captores. A Héctor le sugirieron que su hijo podía ser criminal, lo asociaron con cárteles y lo embarraron con campañas de desprestigio. El método es conocido: si no pueden desaparecer el caso, desaparecen la credibilidad de quien insiste.
Héctor fundó el colectivo Luz de Esperanza, que reúne a más de 300 familias que hacen el trabajo que el Estado cobra por hacer y no hace: buscar, documentar, pegar fichas, presionar y marchar. Todo mientras él denuncia vigilancia, amenazas, mudanzas forzadas y una supuesta protección oficial que llega en forma de cámaras y botones de pánico que, dice, ni siquiera funcionan.
En junio de 2025, un tribunal ordenó reconocer la responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco en la desaparición de Daniel. Pero la sentencia no identificó responsables ni explicó la cadena de mando; ordenó buscar al joven, sancionar a los culpables y reparar el daño. Es decir: cinco años después, la justicia mexicana descubrió que debe empezar por hacer su trabajo.
Daniel sigue desaparecido. La pista más dolorosa apunta a que pudo haber terminado en una casa de seguridad o en uno de los centros de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Héctor sigue vivo, aunque encerrado en una casa convertida en búnker, con una sola pregunta que el Estado no responde: si a él le pasa algo, ¿quién seguirá buscando a su hijo ?
Sinaloa no enfrenta al crimen: lo mira desde una banca, con chaleco prestado y una patrulla que quizá no alcance ni para llegar al siguiente reporte. Mientras la violencia se prolonga y el discurso oficial insiste en que hay coordinación, estrategia y voluntad, los datos duros del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2026dibujan una realidad bastante menos heroica: el estado tiene la menor tasa de policías estatales del país, con apenas 0.6 elementos por cada mil habitantes.
Al cierre de 2025, la institución estatal de seguridad reportó 1,584 personas adscritas. Pero una cosa es tener gente en nómina y otra contar con policías suficientes, capacitados, equipados y desplegados para enfrentar a organizaciones criminales que no operan con horarios de oficina ni con austeridad republicana.
La media nacional es de 1.0 policía por cada mil habitantes; Tabasco alcanza 2.1. Sinaloa, en cambio, comparte el sótano con Sonora y queda apenas por encima de Durango y Morelos, que registraron 0.5. Es decir: el estado donde la disputa criminal se volvió rutina pretende contenerla con una cobertura policial que parece diseñada para custodiar un municipio pequeño, no una entidad en emergencia.
La precariedad no se reduce al número de uniformados. De quienes sí cuentan con grado policial en Sinaloa, el 88.9 por ciento realiza tareas de prevención y 10.9 por ciento de reacción. En proximidad social e investigación, el registro es de cero. Cero. Ni una sola persona reportada formalmente en esas funciones. En otras palabras, la policía estatal tiene elementos para rondar y responder, pero no para construir confianza comunitaria ni para investigar de manera estructurada los delitos que desangran al estado. Mucha presencia, poca inteligencia; mucha prevención en el papel, pero sin músculo investigativo propio.
Y eso en un estado donde el crimen no se comporta como una travesura de barrio. El modelo queda reducido a patrullar, reaccionar tarde y esperar a que las fuerzas federales hagan el trabajo pesado. La propia explicación de los funcionarios apunta en esa dirección: las corporaciones locales son el eslabón débil de la cadena. No es una metáfora exagerada; es una admisión burocrática de que la seguridad estatal depende de que otros lleguen primero, lleguen mejor armados o, de plano, lleguen.
Una corporación a dieta
El presupuesto tampoco luce como el de una entidad que se asume en crisis. Durante 2025, Sinaloa ejerció 965.4 millones de pesos para su institución estatal de seguridad pública. Sonora, con una población comparable, ejerció 4 mil 546.3 millones; Coahuila, 2 mil 569.7 millones. Sinaloa operó con cerca de una quinta parte de lo destinado por Sonora. La comparación no es caprichosa: revela que la crisis de seguridad no sólo se mide por balaceras, homicidios o despliegues militares, sino por cuánto dinero se pone —o no se pone— para construir una policía que no sea decorativa.
Con ese presupuesto, tampoco sorprende que la infraestructura parezca más simbólica que operativa. En todo el estado se reportaron únicamente cinco instalaciones policiales en funcionamiento: una comandancia o estación y cuatro cuarteles. No hubo módulos ni casetas fijas, tampoco móviles. Para ponerlo en perspectiva, Nayarit reportó 44 unidades de infraestructura policial; Tamaulipas, 86; Yucatán, 112. Sinaloa, cinco. El estado no tiene una red de presencia territorial; tiene puntos aislados intentando parecer sistema.
La carencia llega incluso a especialidades indispensables. Aunque existen unidades de inteligencia, proximidad e investigación, la policía cibernética figura “en proceso de integración”. En pleno auge de extorsiones digitales, fraudes, reclutamiento criminal por redes sociales y circulación de información delictiva, la respuesta institucional todavía está en fase de armado. El delito ya usa teléfonos, plataformas y mensajería; la policía, según el censo, sigue esperando que termine el trámite administrativo.
Reclutar para el riesgo
El problema tampoco se resuelve solo con convocatorias. En 2024 ingresaron 407 personas a programas de formación inicial para policía preventiva o de proximidad; en 2025 fueron 313. La caída es de 94 aspirantes, aproximadamente 23 por ciento. Egresaron 290 y desertaron 23. Es un dato que merece leerse sin maquillaje: cuando ser policía implica enfrentar una guerra criminal, salarios limitados, prestaciones incompletas y protección cuestionable, el uniforme deja de ser una opción laboral atractiva y se convierte en una apuesta de alto riesgo.
Las prestaciones refuerzan el mensaje. Sinaloa ofrece seguro de vida, apoyo para familiares de personal fallecido y licencia por riesgo de trabajo. Sin embargo, no reportó créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para hijas e hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral. Se pide a los agentes que enfrenten al crimen organizado, pero el Estado no les garantiza respaldo integral si una bala, una emboscada o una lesión les cambia la vida. El mensaje institucional parece sencillo: servicio sí; protección, a medias.
La certificación y los controles de confianza también exhiben una corporación incompleta. Solo 58.7 por ciento del personal de las corporaciones estatales en Sinaloa contaba con Certificado Único Policial, por debajo del promedio nacional de 61.4 por ciento. Además, 46.2 por ciento tenía evaluaciones de control de confianza aprobatorias vigentes, mientras 38.2 por ciento aparecía sin evaluación. No se trata de señalar a los agentes, sino de preguntar por qué el Estado mantiene una institución con tantos pendientes en filtros, formación y acreditación profesional.
Mucha llamada, poca capacidad
Mientras la estructura policial se encoge, la demanda ciudadana no espera. En 2025, Sinaloa recibió 294,814 llamadas procedentes a los sistemas de emergencia; una cifra equivalente a cientos de solicitudes de atención cada día. Sin embargo, el desempeño operativo que aparece en el censo muestra una respuesta limitada: se realizaron 601 puestas a disposición de personas.
De ellas, 357 fueron ante autoridades de Justicia Cívica y 244 ante el Ministerio Público. Esas intervenciones derivaron en 357 presuntas faltas cívicas y 872 presuntos delitos. La diferencia entre el volumen de llamadas y la capacidad formal de respuesta no prueba por sí misma inacción en cada caso, pero sí revela la desproporción entre una población que pide auxilio y una corporación que opera con recursos estrechos, pocos elementos y cobertura territorial mínima.
La institución estatal también reportó el aseguramiento de 858 armas de fuego durante 2025. El dato revela actividad, sí, pero también la magnitud de un entorno armado que no se combate con discursos de “pacificación” ni con fotografías de operativos. Si la autoridad reconoce que necesita duplicar policías, elevar salarios, garantizar vivienda, mejorar capacitación y adquirir chalecos, vehículos y unidades blindadas, entonces el diagnóstico es claro: la fuerza actual no alcanza para la tarea que se le exige.
El problema no cabe en un boletín
La conclusión incómoda es que Sinaloa intenta enfrentar una crisis criminal de gran escala con una policía estatal pequeña, subfinanciada, dispersa y con tareas especializadas prácticamente inexistentes. No es sólo falta de patrullas o de reclutas: es un modelo institucional incapaz de sostener, por sí mismo, la seguridad cotidiana de la población.
La militarización puede contener temporalmente algunos incendios, pero no sustituye una policía local robusta, cercana, investigadora y profesional. Mientras el gobierno presuma coordinación, los números siguen contando otra historia: en Sinaloa la seguridad pública opera con menos policías, menos infraestructura, menos presupuesto comparativo y menos condiciones laborales de las que exigiría una entidad sometida a la presión permanente del crimen organizado. Y cuando el Estado deja vacante su función básica, alguien más suele ocupar el territorio.
Mientras Morena presume que ya tiene la mesa puesta para repartir las gubernaturas de 2027, sus inseparables aliados —el Verde y el PT— parecen haber descubierto algo elemental: acompañar al gigante está muy bien, hasta que el gigante pretende quedarse con todo el pastel y dejarles las migajas para la foto.
El guinda ya empezó a destapar “coordinadores”, ese eufemismo con el que la clase política finge que todavía no está haciendo campaña. Pero el Verde y el PT sacaron la calculadora, vieron los números y en varios estados parecen haber llegado a una conclusión de una elegancia brutal: “mejor húndete sola”.
No es una ruptura, dirán; es “autonomía”, “estrategia”, “fortalecimiento partidista” y demás palabras que sirven para maquillar el hecho de que los aliados ya no quieren seguir cargando el paraguas mientras Morena se queda con el crédito, la candidatura y, desde luego, el presupuesto.
En Campeche, Colima, Querétaro, Chihuahua y San Luis Potosí, el Verde tantea si le conviene abandonar el vagón guinda y vender cara su compañía. En Zacatecas, el PT ya lanzó a Geovanna Bañuelos, como quien deja claro que también existe y que no fue fundado únicamente para aplaudir desde la tercera fila. Porque una cosa es ser aliado y otra ser florero electoral.
Morena, por supuesto, quiere conservar la fórmula de siempre:ellos ponen el candidato, los demás ponen votos, estructura, porras y disciplina; luego todos sonríen en la foto como si aquello fuera una alianza entre iguales.
Pero el Verde y el PT quieren cobrar su cuota. Y si no les toca candidatura, territorio o poder de negociación, quizá la respuesta no sea tan diplomática como esperan en Palacio: gracias por todo, pero mejor húndete sola.
La verdadera prueba no será saber si la coalición aguanta, sino cuánto cuesta mantenerla viva. Porque en 2027 no sólo se disputarán 17 gubernaturas: se abrirá la subasta anticipada rumbo a 2030. Y cuando los partidos satélite dejan de comportarse como satélites, el planeta dominante descubre que la gravedad no siempre alcanza para retenerlos.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO
Morena acaba de ofrecernos otra clase magistral de cómo convertir la “honestidad y justicia” en nombre de utilería. En el expediente Rocha Moya, la Comisión parece menos un tribunal partidista que una sala de espera: todos reconocen que algo apesta, nadie quiere decir quién tiró el cadáver político al pasillo.
El cinismo con membrete
Citlalli Hernández admite tres cosas, aunque intenta envolverlas en algodón burocrático: Rocha actuó unilateralmente; Morena no estuvo de acuerdo con que volviera a la gubernatura; y hay investigaciones por posibles delitos. Pero, en lugar de explicar qué hará el partido frente a un gobernador que vuelve al cargo en medio de indagatorias, se refugia en el conjuro favorito del oficialismo: “que lo decidan los órganos internos”.
Qué conveniente. Cuando el problema es ajeno, Morena presume principios. Cuando el problema lleva chaleco guinda y tiene oficina en Palacio de Gobierno, aparecen los “procesos”, las “valoraciones”, las “instancias” y las neblinas administrativas.
Rocha regresó después de 112 días de licencia, recobró —entre otras cosas— el blindaje político del fuero y, ante el escándalo, volvió a pedir licencia menos de 36 horas después. No fue un regreso: fue un ensayo de impunidad con salida de emergencia.
Citlalli y el arte de no decir
La versión de Citlalli es una pequeña joya del cantinfleo institucional:
“Se está investigando de cualquier delito que haya, que pudiera, pues estar, digamos, pues que se está investigando…”
Traducido al español: sabemos que hay un asunto grave, pero no nos pongan a describirlo porque se nos descompone el relato.
Citlalli no afirma que Rocha sea inocente —porque no puede—, tampoco exige una separación tajante —porque no quiere—, ni anuncia un procedimiento concreto —porque quizá no existe, o existe pero estorba—. Sólo patea la pelota hacia la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, una institución cuyo nombre, en este caso, ya parece chiste involuntario.
La Comisión de Honestidad y Justicia tendría que resolver si procede una sanción o incluso una expulsión, mientras Hernández insiste en que investigar no equivale a prejuzgar. Correcto: investigar no es condenar. Pero tampoco significa habilitar el limbo eterno en el que el poderoso permanece protegido mientras el partido simula pulcritud.
“No estás solo”… hasta que estorbas
El libreto morenista cambió con una velocidad admirable: del “no estás solo” al “no compartimos tu decisión”; de la defensa cerrada al deslinde cuidadosamente perfumado; de la fraternidad militante a la amenaza de que “los órganos internos decidirán”.
Eso no es justicia partidista. Es control de daños.
Mientras Rocha podía representar un costo asumible, la nomenclatura lo arropó. Cuando su retorno se volvió demasiado escandaloso, se activó el protocolo: “fue una decisión personal”. El partido que presume ser una fuerza moral superior descubrió de pronto que sus cuadros también tienen voluntad propia, justo cuando conviene lavar las manos colectivas.
Y ahí está la gran farsa: Morena proclama ser “el único partido” con ética, principios y autoridad moral, pero frente a uno de los casos más incómodos de su propia casa no presenta una decisión, una sanción, un criterio ni una línea roja. Presenta una comisión.
La frase que exhibe todo
Decir que “no son bienvenidos” quienes buscan “el poder por el poder” suena precioso en un templete. Pero queda francamente grotesco cuando se dice al mismo tiempo que un gobernador bajo investigación puede volver al cargo, recuperar fuero y retirarse otra vez sólo después de que el escándalo le explota al partido en la cara.
La pregunta no es si Rocha merece garantías procesales: las merece, como cualquier persona. La pregunta es por qué Morena pretende que sus garantías procesales equivalgan a garantías de protección política.
Porque si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia termina siendo el lugar donde la honestidad se aplaza y la justicia se administra según el costo electoral, entonces deberían renombrarla con mayor franqueza: Comisión Nacional de Contención de Daños y Administración de Vergüenzas.
La Gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, y su familia han realizado al menos 43 vuelos al extranjero en dos aviones privados administrados por la empresa Pabe-Tax, vinculada con Grupo Seguritech, empresa con la que tiene contratos el Gobierno estatal.
Según la investigación de POPLab y Connectas, retomada por Grupo REFORMA, Lezama y su familia acumularon al menos 43 vuelos internacionales entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, a bordo de dos Gulfstream G200 —matrículas XA-PKR y XA-GLF— operados por Pabe-Tax.
No se trata de una empresa cualquiera: Pabe-Tax forma parte del universo empresarial relacionado con Grupo Seguritech, compañía que presta servicios de seguridad al Gobierno de Quintana Roo.
Mara Lezama dice que viajó “como mamá”. Qué alivio: por un momento podía parecer que una Gobernadora viajando al extranjero en aviones privados vinculados a un grupo empresarial contratado por su propio Gobierno era un asunto de interés público.
La coincidencia, desde luego, es de esas que exigen mucha imaginación para verse inocentes: la empresa que opera los aviones tiene representantes comunes con Seguritech; Seguritech tiene contratos públicos; y la Gobernadora utiliza esas aeronaves desde su etapa como Alcaldesa de Cancún y ahora como mandataria estatal. Pero la versión oficial pide que todo se lea bajo la luz tierna de la maternidad.
Porque no fueron vuelos de Gobierno, afirma Lezama, sino “servicio privado” para conciliar sus deberes públicos con su papel de madre. Una explicación conmovedora, salvo por un detalle menor: cuando una funcionaria de alto nivel viaja en jets privados asociados empresarialmente con un proveedor de su administración que nos recuerda el caso del corrupto exsecretario de Defensa, el asunto deja de ser una postal familiar y se convierte en una pregunta elemental de transparencia que no tendra respuesta.
¿Quién pagó? ¿Cuánto costó? ¿Qué relación contractual, comercial o de cortesía existe entre quienes operan los aviones y la Gobernadora? ¿Hubo descuentos, préstamos, invitaciones o contraprestaciones indirectas? Y, sobre todo: si no hubo dinero público, ¿hubo dinero privado con intereses públicos?
La Presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo mínimo indispensable: pedir una explicación sobre el uso de las aeronaves, el pago de los traslados y las condiciones bajo las cuales se realizaron. Lezama, por su parte, negó haber compartido vuelos con el senador Eugenio “Gino” Segura. Bien. Pero esa negación responde apenas una esquina del problema.
El punto no es si iba Gino, si iba la familia o si el avión llevaba maletas, niños y recuerdos vacacionales. El punto es que en la política mexicana el “viaje privado” suele ser la cortina favorita para esconder privilegios que, por la ruta del contratista, terminan oliendo demasiado a negocio público.
Porque una cosa es viajar como madre. Otra muy distinta es que la maternidad venga con Gulfstream, operadores vinculados a proveedores gubernamentales y una explicación que parece redactada para que nadie haga la siguiente pregunta.
El Dr. Israel Alejandro Valdez Sánchez ha sido víctima de una injusta persecución por haber ganado legalmente una licitación para venderle despensas al gobierno de Américo Villarreal y negarse a pagarle un súper moche a “Ameriquito”. Así, como lo están leyendo.
Lo quieren meter a la cárcel por no ser un corrupto; repito, por no darle un moche al hijo de Américo y por haberse defendido jurídicamente. Hasta la esposa del gobernador, mamá de Ameriquito, también está involucrada.
¿Cómo era? “No mentir, no robar y no traicionar”, decía AMLO. De lengua se comieron un taco.
Debía entregar 1 millón 701 mil despensas en los 43 municipios del estado a partir de abril de 2023.
Hacen toda la documentación, adjudican el contrato y, cuando le iban a dar el anticipo, recibe un mensaje de Felipe Salinas, operador de Ameriquito, en el cual, en Excel, le presenta la corrida financiera del moche que le exigía, el cual se dividía un tanto para Américo y otro tanto en efectivo para Coahuila, pues “Ameriquito” es el delegado del Bienestar en ese estado.
“Le dije: ‘Estás loco. Lo que tú me estás pidiendo es inoperable. No lo voy a hacer.”
Fuerte doble
‘Pues atente a las consecuencias’. ‘No te tengo miedo’, le contesté, y pensé: ‘¿Qué me puede pasar? Nada’”.
Como el contrato estaba firmado y había invertido para la logística y entregar todo en tiempo y forma, presenta una demanda por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Obtiene un fallo a su favor a principios de 2025.
Tres doritos después, estando en su consultorio, recibe la visita de la esposa de Américo (chequen el video), quien le dice: “Vengo a arreglar un tema porque perdimos. Quiero que me digas cómo lo vamos a arreglar”.
(Foto: Lourdes Mendoza)
“La paso a mi oficina y, muy educada, la señora me dice: ‘Desístete, yo te paso contratos en el DIF. ¿Cómo nos podemos arreglar?’. Yo me negué. Le dije: ‘Tengo un contrato firmado y no voy a agarrar otro. No me van a pagar. Discúlpeme, pero no confío’. Entonces, ella pregunta: ‘¿Cuánto quieres?’. Y le contesté: ‘Lo que dice mi fallo’”.
¿Qué tiene que hacer la presidenta del DIF y mamá de Ameriquito visitando al empresario y ofreciéndole contratos?
(Foto: Lourdes Mendoza)
Días después, recibe la llamada y luego la visita de Jorge Beas (aquí el video), subsecretario de Gobierno de Legalidad, quien también le pide que se desista de su demanda.
Ojo, Jorge, además, es esposo de Tania Contreras, sí, de la presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, la misma que demandó a Héctor de Mauleón y quien ha sido apoyada por el Cártel del Golfo y por la Columna Armada.
Jorge, al igual que la mamá de Ameriquito, trata de disuadirlo de que se desista de la demanda. El doctor le plantea que le haga una propuesta, pero no llegan a un acuerdo, pues, según Jorge, el doctor había ganado 500 mdp, lo cual fue mentira, pues eso valía el contrato.
Dos días después regresa, vuelve la burra al trigo. “Desístete, no sabes el daño que puede hacer”. Y como el doctor se vuelve a negar, le suelta:
Redoble de tambores
(Foto: Lourdes Mendoza)
Jorge: “Eres un zancudo y te voy a aplastar como un zancudo. Con todo el poder del Estado”.
Alejandro Valdez: “Me enojo y le contesto: Soy un zancudo, pero traigo dengue y te voy a hacer temblar a ti y al gobernador. Lo único que he hecho es trabajar. Nunca he estado en problemas. No le debo nada a nadie. Discúlpame, pero no me voy a dejar’”.
Prepárense para leer la siguiente frase
(Foto: Lourdes Mendoza)
Jorge: “Para cuando mi esposa llegue, tu situación legal va a cambiar considerablemente”.
Tania aún no era la presidenta del Tribunal, sino la consejera jurídica de Américo. ¿Cómo les quedó el ojo?
Tras la tercera visita, el doctor sube un video a IG diciendo que acababa de recibir una amenaza. No da nombres, pero hace responsable, por si le pasaba algo, al gobierno de Tamaulipas.
Horas después, Jorge Beas hace una rueda de prensa con la secretaria de Administración, diciendo que el doctor había falsificado las fianzas y que había una carpeta de investigación en su contra. ¡Le cumplieron la amenaza!
“¿Cómo? ¿A mí me levantan una carpeta de investigación en la Fiscalía Anticorrupción, si no soy funcionario público?”
Irreal pero cierto, Govea Orozco fue empleado de Tania, luego fiscal Anticorrupción y desde hace unos meses es el fiscal general del estado.
Días después le revocan el fallo a su favor del Tribunal tras incorporar al Lic. Lázaro, exempleado de Jorge Beas, como primer magistrado.
En las audiencias, el doctor Alejandro Valdez se entera de que sus carpetas ya no eran por las fianzas falsas, sino por falsedad en declaraciones y fraude.
Lo peor no fue la reclasificación de los delitos inexistentes, sino que le pidieron al juez medidas cautelares y este, sin vergüenza, las otorgó, a pesar de que el Código Penal dicta que no ameritaba.
Le impusieron una fianza, le retiraron el pasaporte y la visa, tiene que ir a firmar todos los viernes y no puede salir de Ciudad Victoria sin permiso. Han pedido 17 años de cárcel.
Lo más irreal es que, si hubiera cometido –que no cometió– el fraude, el delito estaría prescrito. Porque ellos contestaron la demanda administrativa el 8 de junio del 2023 y lo están acusando por fraude en el 2025 y este delito prescribe a los 12 meses. Jamás le depositaron un peso.
Repito: al doctor Alejandro Valdez lo persiguen por negarse a darle un moche al hijo de Américo Villarreal.
“En una audiencia, el representante legal del gobierno, Jesús Justiniani, me mandó decir: ‘Que me aplaque o estaba en juego mi seguridad y la de mi familia’”.
En ese momento le pasan una llamada.
El subsecretario de legalidad, segundo de Jorge Beas, Marco Antonio García Barrientos, también se acerca y le ofrece que si se desiste de la demanda, ellos se desisten de la penal.
Al negarse, lo vuelven a exhibir en otra rueda de prensa como delincuente.
“Van tres veces que le pido permiso al juez para ir a ver a mi familia. La tuve que sacar de Victoria de un día para otro. Jorge Beas, nos expuso, dijo que había ganado 500 mdp. ¿Te imaginas en el peligro que los puso? Decir eso fue una sentencia directa para que los secuestraran”.
“Yo he denunciado a Américo Villareal Santiago, Felipe Salinas, Jesús Alvin, Verónica Aguirre, entre otros, por delincuencia organizada y por extorsión y ni siquiera me las aceptan.”
No son iguales, resultaron peores
Por otro lado, a Rómulo Garza, exsecretario de Bienestar con Cabeza de Vaca, lo tiene Américo Villarreal en la cárcel por haber hecho una licitación de manera legal y transparente.
LM ¿Tienes miedo?
-“Claro que tengo miedo. Me van a meter a la cárcel estos desgraciados”.
