LA «SANGRIA de MORENA»: SE «RESQUEBRAJA la ORGANIZACION POLITICA y CRIMINALMENTE ORGANIZADA MAS PELIGROSA del PAIS»…se declaran la guerra entre bandos de la misma banda.

Morena, el partido en el poder, está en guerra contra sí mismo: Julio Scherer contra Jesús Ramírez Cuevas; Mario Delgado contra Marx Arriaga; Pablo Gómez contra Manuel Velasco; Rafael Marín Mollinedo contra Mara Lezama; Saúl Monreal contra Alfonso Ramírez Cuéllar; Adán Augusto López contra el mundo entero. Los pragmáticos contra los puros. El movimiento de la Cuarta Transformación está implosionando.

Uno de los ejemplos más significativos de esta guerra civil es la cruzada de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer de Adán Augusto López un ejemplo de disciplina. El ex secretario de Gobernación, “hermano” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pactó una alianza electoral con “Andy” López Beltrán y está impulsando una agenda de movilización sin autorización de Palacio Nacional. Contra la indicación de la presidenta Sheinbaum, Adán Augusto López insiste en colocar a Andrea Chávez como candidata a la gubernatura de Chihuahua. La respuesta del gobierno federal no tardó en llegar.

La semana pasada, un operador financiero del senador de Morena fue arrestado en Tabasco. La detención pasó desapercibida en medios, pero fue confirmada a Código Magenta por un antiguo colaborador de una red de empresas vinculadas a Adán Augusto López. El arresto pone bajo tela de juicio a la constelación de empresas fachada que fueron beneficiadas con contratos públicos en el Senado por intermediación directa de Jorge Alberto Medina González, mano derecha de Adán Augusto López y ex director general de Recursos Materiales de la cámara alta. En Tabasco, la detención se entendió como un mensaje.

Días más tarde, N+ Televisa publicó un reportaje en el que revela cómo se desviaron por lo menos 10 millones de pesos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur para financiar la precampaña presidencial de Adán Augusto López en el 2023. No es casualidad que el gobernador del estado, Victor Castro Cosío, sea señalado como uno de los beneficiaros de la estructura de financiamiento ilegal de campañas electorales operada por el empresario Sergio Carmona en 2021. Los gobernadores que llegaron al poder con dinero del huachicol fiscal terminaron como alfiles de Adán Augusto López en la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena.

El expediente de Sergio Carmona es objeto de interés del aparato de justicia de Estados Unidos. Julio Carmona, hermano de Sergio y ex administrador General de la Aduana de Reynosa, se entregó a las autoridades norteamericanas y funge como testigo colaborador, de acuerdo a una fuente con conocimiento del asunto consultada por Código Magenta. 

La presión de Washington fue clave para que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenara la remoción de Adán Augusto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. ¿Es casualidad que el gobierno haya vetado al senador morenista de operar electoralmente en los estados de la Primera Circunscripción Electoral, es decir, las entidades que en 2021 fueron beneficiadas con financiamiento de la red de Sergio Carmona?

Esta semana, el gobierno filtró una decisión trascendental en relación al proceso electoral de 2027. Ricardo Monreal, un político pragmático que el año pasado tuvo un serio desencuentro con Adán Augusto López, será el responsable de coordinar las campañas de Morena en los estados de la Primera Circunscripción: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco Nayarit, Sinaloa y Sonora. El mensaje para Adán Augusto López no podría ser más claro. En público, la presidenta Sheinbaum sostiene que no existen investigaciones en contra del ex secretario de Gobernación. En privado, sin embargo, el gobierno federal se ha volcado contra Adán Augusto López.

En septiembre de 2025, cuando N+ Televisa publicó un reportaje con datos confidenciales bajo control del SAT sobre las omisiones mutlimillonarias de Adán Augusto López, el senador lanzó una amenaza implícita contra la presidenta Sheinbaum: “Yo sí sé de parte de quién y de quiénes, sé por qué lo hacen, pero como decimos en el pueblo: ‘a todo santo, le llega su capillita’… yo soy parte fundamental en un movimiento, y desde luego, todo este tipo de ataques, llevan a un solo objetivo, dañar el movimiento. Ahora resulta que el pato mayor le tira a las escopetas”. Meses más tarde, el fuego amigo de Palacio Nacional alcanzó a Adán Augusto López.

En los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum está desplazando del mapa político al grupo de “Los Puros”, al ala más radical de Morena, la más leal al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En su libro, “Ni venganza, ni perdón”, el ex consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusa implícitamente a esta facción de lavado de dinero, desvío de recursos públicos y colusión con la delincuencia organizada. Scherer narra la conexión del ex vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, con el empresario huachicolero, Sergio Carmona. Ramírez Cuevas fue quien le abrió las puertas de Palacio Nacional. El ex consejero jurídico también ofrece una imagen nítida de cómo Ramírez Cuevas financió ilegalmente la campaña de Clara Brugada a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una jugada que le costará 27 mil millones de pesos a los contribuyentes mexicanos. Asimismo, Scherer describe cómo “Andy” López Beltrán colocó a decenas de sus amigos en posiciones de poder, particularmente en funciones relevantes para la asignación de contratos públicos. Antes de publicarse, el libro fue consultado con Presidencia.

El despido de Marx Arriaga, el protegido de Beatriz Gutiérrez Müller en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, y la remoción del obradorista José Romero como director del CIDE complementan el rompecabezas: Palacio Nacional se está deshaciendo de los radicales.

En el fondo, estos conflictos son producto de la tensión permanente entre la herencia política de Andrés Manuel López Obrador y el intento de la presidenta Claudia Sheinbaum por ejercer el poder. La remoción de Adán Augusto López de la bancada de Morena en el Senado, el rompimiento con la política de “abrazos no balazos” y el empoderamiento de Omar García Harfuch como el eje del aparato de seguridad nacional representan quiebres silenciosos de la inquilina de Palacio Nacional respecto a su antecesor.

La firma de análisis político León Barrena Rodríguez and Partners lo pone de esta manera: “Morena está entrando en una fase de fragmentación abierta impulsada por una restricción externa más que por una evolución ideológica interna. La presidencia de Sheinbaum está priorizando la supervivencia del régimen y la contención internacional por encima de la cohesión del movimiento, bajo presión directa de Estados Unidos, que ha dado señales de haber seleccionado ya a Omar García Harfuch como el sucesor aceptable y garante de seguridad. La amenaza implícita de la Administración Trump es clara: alineamiento político o escalada militar. Sheinbaum ha optado por el alineamiento”.

Sin embargo, la respuesta de Palenque, a veces por medios violentos, amenaza la estabilidad del país. El asesinato de dos familiares de Mario Delgado, el ex dirigente nacional de Morena que tuvo relación directa con el esquema de huachicol fiscal de Sergio Carmona, es un recordatorio de que el poder tras las sombras utiliza la violencia como divisa. La sangría de Morena apenas está por comenzar.

Con información: CODIGO MAGENTA/

«JUECES SIN ROSTRO,la FIGURA TOXICA»: «MAFUFADA a la MEXICANA INTENTA COMBATIR al CRIMEN TAPANDOSE la CARA»…en vez de borrar el rostro, hay que exhibirlos, junto con su trayectoria, decisiones y vínculos.

Los “jueces sin rostro” son la última genialidad de un sistema que pretende combatir al crimen organizado tapándose la cara, pero dejando intacta la corrupción, el nepotismo y la puerta giratoria de la impunidad.

Por qué la figura es tóxica para un juicio justo

• En cuanto tú le quitas el nombre y el rostro al juez, le quitas al acusado la posibilidad de cuestionar su idoneidad, independencia o imparcialidad; no puede saber si ese juzgador fue abogado de un cártel, compadre de un gobernador o pieza de un grupo político.
• La Corte Interamericana ya lo dijo clarito en casos contra Perú: los tribunales “sin rostro” violan el artículo 8.1 de la Convención Americana porque impiden conocer quién juzga, recusar, y garantizar que sea un tribunal independiente e imparcial.
• El truco del anonimato convierte al juicio en acto de fe: “créeme que soy independiente, pero no puedes saber quién soy, ni de dónde vengo, ni a quién le debo el cargo”. Eso no es justicia, es liturgia de oscuridad con toga.

La experiencia internacional: del “remedio” al desastre

• Perú y Colombia ya jugaron este experimento: en el contexto de terrorismo y crimen organizado se montaron tribunales sin rostro y terminaron con cientos, incluso más de mil personas inocentes condenadas, al grado de que la propia Corte IDH y organismos de derechos humanos obligaron a desmontar el modelo.
• Amnistía Internacional documentó en Perú alrededor de 700 casos de personas inocentes encarceladas por jueces sin rostro y organizaciones locales estimaron hasta 1,400; al final, el mecanismo se retiró por inhumano y arbitrario, no por “falta de comunicación”.
• El Salvador, en plena fiebre de régimen de excepción, retomó la fórmula: juicios sin presencia del acusado, identidad oculta de juzgadores, ampliación de prisión preventiva, incluso contra menores de 12 años, y un deterioro brutal de garantías básicas.
• Moraleja internacional: cada país que mete jueces sin rostro acaba retirándolos con un costal de víctimas, condenas internacionales y sentencias de la Corte IDH recordándole que el estado de derecho no se defiende a oscuras, sino justamente con luz.

México: el anonimato como coartada perfecta de la corrupción

• En México el problema no es que los jueces tengan rostro, es que tienen padrino: gobernadores que los “recomiendan”, partidos que los impulsan, redes familiares dentro del Poder Judicial, despachos que se reciclan en juzgados, y una larga tradición de favores procesales a políticos y narcos.
• La corrupción judicial no se combate tapando caras, sino exhibiendo trayectorias: quién fue abogado de quién, quién ascendió por mérito y quién por cuota política, quién aparece en los expedientes como salvavidas de criminales de alto perfil.
• Anonimizar a jueces en un país donde la opacidad es la regla es como darle pasamontañas a un ladrón y luego sorprenderte de que robe más tranquilo: se vuelve imposible rastrear patrones de resoluciones a favor de ciertos grupos, mapear redes de complicidades o vincular sentencias escandalosas con carreras políticas.
• Cuando el Estado propone “proteger” a los jueces con anonimato, pero es incapaz de proteger a testigos, periodistas, defensores y víctimas, no está diseñando una política integral de seguridad: está construyendo un blindaje selectivo para un eslabón del sistema que además ya opera bajo altos niveles de impunidad interna.

Lo que dicen las y los especialistas (y lo que se lee entre líneas)

• Mercedes Carbonell recuerda que los países que implementaron esta medida terminaron por retirarla; es una figura con fecha de caducidad porque choca frontalmente con los estándares interamericanos y genera más daño que protección]​
• María Luisa Aguilar, del Centro Prodh, admite que el Estado debe proteger a quienes imparten justicia, pero subraya que el anonimato judicial es incompatible con los principios básicos del juicio justo: si el procesado no sabe quién lo juzga, no puede cuestionar competencia, independencia ni imparcialidad.
• Cristina Reyes Ortiz advierte que regular mal la figura abre la puerta a un uso expansivo y autoritario: lo que empieza como “excepción contra el crimen organizado” termina siendo herramienta para perseguir disidencia, criminalizar pobreza y atacar oposición política, tal como pasó en Colombia y Perú.
• Del otro lado, voces como Rubén Pacheco Inclán hablan de “viabilidad” en México por el riesgo que enfrentan jueces, pero su solución es el bisturí de carnicero: en vez de exigir protección real, investigación de ataques, castigo a agresores y depuración interna, promueve una máscara procesal que deja al ciudadano viendo un teatro de sombras.
• La idea del “comité ético” que autorice el anonimato suena muy institucional hasta que recuerdas dónde estás: México, donde los comités se llenan de cuotas y lealtades, y donde las decisiones “técnicas” muchas veces son políticas con corbata.

Por qué no debe aplicarse en México (y por qué no va a funcionar)

1. Porque viola estándares internacionales ya probados
   • La Corte Interamericana tiene una línea sólida: tribunales sin rostro violan el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, con garantías de defensa; México está obligado por la Convención Americana y por esa jurisprudencia.
   • Adoptar jueces sin rostro sería un retroceso reconocido como tal: académicos y organizaciones han señalado que esta reforma implica echarse décadas para atrás en materia de derechos humanos y debido proceso.
2. Porque el verdadero problema de seguridad no se resuelve con anonimato
   • La experiencia comparada muestra que la figura no garantiza seguridad real: en países donde se aplicó, la violencia contra operadores de justicia no desapareció; lo que sí creció fueron las violaciones de derechos y la opacidad.[
   • Proteger a jueces implica investigar y sancionar agresiones, robustecer escoltas, reforzar infraestructura, depurar cuerpos policiales, no esconder nombres en expedientes mientras los cárteles siguen sabiendo perfectamente quién firma qué.
3. Porque en un sistema corrupto, el anonimato es gasolina, no freno
   • En México, donde hay denuncias de nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial, y un largo historial de resoluciones que favorecen a élites políticas y criminales, ocultar la identidad de quienes deciden es facilitar el negocio, no proteger la justicia.
   • La reserva de identidad permitiría que jueces con vínculos turbios tomen decisiones cruciales sin escrutinio público, sin presión social, sin que víctimas, periodistas o académicos puedan documentar patrones de impunidad.
4. Porque abre la puerta al autoritarismo procesal
   • Una vez que normalizas el juzgar con identidad oculta, el siguiente paso es ampliar los supuestos: hoy “crimen organizado”, mañana “terrorismo”, pasado mañana “seguridad nacional”, y pronto cualquier caso incómodo puede terminar ante un tribunal opaco.
   • La experiencia de El Salvador ya mostró cómo, bajo la narrativa de seguridad, se pueden usar este tipo de figuras para encarcelar masivamente, incluidas personas menores de edad, con mínima o nula capacidad de defensa.
5. Porque choca frontalmente con la exigencia de transparencia en un país de impunidad crónica
   • México no necesita jueces sin rostro; necesita jueces con historia pública rastreable, declaraciones patrimoniales creíbles, audiencias transmitidas, resoluciones completas accesibles y mecanismos reales para recusar y sancionar.
   • En un país donde la ciudadanía ya desconfía de ministerios públicos, fiscalías y tribunales, pedirle que confíe en decisiones de alguien a quien ni siquiera puede identificar es casi una burla institucional: “confía en mí, pero no preguntes quién soy”.

En resumen: los jueces sin rostro venden la ilusión de seguridad de los juzgadores mientras compran, a muy buen precio, más opacidad para un sistema judicial que ya es experto en esconder la impunidad detrás de sellos, tecnicismos y puertas cerradas. En México, donde la corrupción judicial tiene nombre, apellido y padrinos, la solución no es borrar el rostro del juez, sino exhibirlo por completo junto con su trayectoria, sus decisiones y sus vínculos.

Con informacion: ELNORTE/ AGENDA DE DERECHO/ FDP/

«TRANQUILO AMERICO y DELINCUENTES MORENOS»: «TRIPLE REALIDAD DESCARADA AUSPICIADA por SHEINBAUM EXHIBE CIRCULO del NEGOCIO de IMPUNIDAD a CRIMINALES de CUELLO GUINDA»…lo dejaron clarito como agua de manantial corrupto.

Atención, ciudadanos contribuyentes, pagadores de impuestos, víctimas del sistema y demás especímenes de buena fe que aún creen en la justicia mexicana: el mecanismo está completo. Perfectamente engrasado. Blindado con triple cerradura y sellado con lacre presidencial. Porque si todavía les quedaba duda de cómo opera la fábrica de impunidad más exitosa del continente, la presidenta Sheinbaum y su secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, lo dejaron clarito como agua de manantial corrupto.

El triple descaro, desglosado para los incrédulos

Primer descaro: «que presenten su denuncia». Así, tal cual, con el cinismo de quien te pide que llenes un formulario en una oficina que ya cerró. Le preguntaron a Buenrostro si no debería investigar las acusaciones de Julio Scherer Ibarra —el mismísimo exconsejero jurídico de López Obrador, no un anónimo tuitero— sobre lavado de dinero, narcopolítica, extorsión y corrupción en la 4T. ¿Y qué respondió la encargada de «combatir la corrupción»? Que la narrativa no es suficiente, que sin denuncia formal no hay investigación. 

Y de remate, Sheinbaum le sopla la respuesta como maestra de primaria: «Que presenten su denuncia». Soberbio. Porque en México, los delitos como lavado de dinero, narcotráfico y extorsión se persiguen de oficio, es decir, la autoridad tiene la obligación constitucional de investigarlos tan pronto tiene conocimiento de los hechos, sin necesidad de que nadie presente denuncia. 

Pero aparentemente el libro Ni venganza ni perdón, que ya va en varias reediciones y que acusa directamente a operadores clave del obradorismo de huachicol fiscal y financiamiento ilícito, no es «conocimiento suficiente».

Segundo descaro: la secretaria anticorrupción es parte del chiste. Resulta que en ese mismo libro, Scherer revela que la funcionaria que quiso investigar al hijo de Bartlett durante el sexenio de López Obrador fue corrida del cargo. Mensaje cristalino: no te metas o te va mal. ¿Y Buenrostro qué hace? En lugar de investigar, anuncia reformas para legalizar «agentes encubiertos» y proteger a denunciantes. Magnífico teatro: primero te dicen que sin denuncia no hay caso, y luego te prometen que algún día vas a poder denunciar con seguridad. Es como el bombero que prende el fuego y después te vende el extintor.

Tercer descaro: el circuito cerrado de la impunidad. Supongamos que eres valiente, temerario o simplemente ingenuo y decides denunciar. Aquí viene el laberinto kafkiano del morenismo:

• ¿Quién investiga? La Fiscalía General de la República, encabezada por alguien afín a Morena.
• ¿Quién juzga? Los jueces electos por voto popular en una reforma diseñada por Morena, donde el oficialismo arrasó con candidatos a modo.
• ¿Quién revisa? Los magistrados, que son de Morena.
• ¿Quién tiene la última palabra? La Suprema Corte, ahora presidida por Hugo Aguilar, exfuncionario del gobierno de López Obrador, en una corte que cerró la etapa de «confrontación» con el Ejecutivo para inaugurar la de «colaboración institucional».
• ¿Y si hay juicio político? El Congreso también es de Morena, con mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución de manera unilateral.

El caso Manso: cuando sí denuncias y no pasa absolutamente nada

Para los que todavía crean que «presentar la denuncia» sirve de algo, ahí está el ejemplo del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, acribillado a ocho balazos el 1 de noviembre de 2025 mientras se tomaba fotos con niños en la Plaza Morelos. Su viuda, Grecia Quiroz —ahora alcaldesa—, hizo exactamente lo que el gobierno pide: denunció formalmente ante la Fiscalía de Michoacán al senador Raúl Morón, al exalcalde Ignacio Campos y al exgobernador Leonel Godoy, los tres de Morena. El propio Manso los señaló decenas de veces en vida: «Si me pasa algo, son estos tres».

Resultado después de 109 días: ninguno de los tres ha sido siquiera citado a declarar. Ni para guardar las apariencias. Y la cereza del pastel presidencial: Sheinbaum tiró línea desde la Mañanera diciendo que «todo indica que fue delincuencia organizada», exonerando de facto a los morenistas señalados antes de que la fiscalía concluya la investigación.

El negocio redondo

Lo que tenemos, entonces, no es un sistema de justicia. Es una franquicia. Morena controla al que investiga, al que acusa, al que juzga, al que revisa y al que absuelve. Es el círculo perfecto de la simulación: te piden que denuncies sabiendo que la denuncia va a caer en manos del mismo partido del denunciado. Es como quejarte del servicio al cliente con el dueño del changarro que te robó.

Así que ya saben, morenistas de todas las cepas: si robaron, si se involucraron con el narco como Americo Villarreal o Ruben Rocha Moya y resto de animales politicos, si se hicieron huachicoleros, si desviaron recursos o si mandaron matar a alguien, pueden dormir tranquilos. El sistema está diseñado, afinado y perfeccionado para que no les pase absolutamente nada. La impunidad ya no es un defecto del sistema; es la función principal.

Con información: LATINUS/

«HAY le HABLAN a la PRIMOCRACIA de AMERICO»: «OBLIGAN a GOBERNADOR de MORENA en OAXACA a CORRER TODA su PARENTELA del GOBIERNO»…hay sanciones, pero no quien los sancione.

El gobernador de Morena en Oaxaca, Salomón Jara acaba de inventar la “limpia familiar” como método de gobierno: primero llena el árbol genealógico de cargos y luego presume valentía política por sacarlos, pero solo después de que 357 mil oaxaqueños en un proceso de revocación de mandato, le gritaron en las urnas que ya bastaba de mas de su gobierno y querían que se largara.

Oaxaca: se fue la familia… pero después de cobrar

• Jara corrió a 24 funcionarios de primer nivel y del gabinete ampliado, entre ellos parientes en primera y segunda línea, a raíz de la revocación donde casi 4 de cada 10 votantes le dijeron “gracias, pero lárgate”.
• Salió su sobrino político Carlos Vichido Hernández, que controlaba Infraestructura pese a que su mérito principal era estar casado con una sobrina del gobernador.
• Renunciaron también el hijo, Shabin Jara, que era secretario de Organización de Morena en Oaxaca, el sobrino Emmanuel Navarro Jara, que presidía el comité estatal del partido, y la sobrina Sara Mariana Jara, secretaria general del Tribunal Electoral local.
• El gobernador ahora jura que ya no queda “nadie de la primera ni segunda línea” familiar en su gabinete y que viene una “nueva etapa”, como si el problema hubiera sido un descuido administrativo y no un modelo patrimonialista disfrazado de “transformación”.

Oaxaca nos deja una moraleja incómoda: no fue la ética, ni la ley, ni la 4T la que sacó a la parentela, fue la presión electoral y el riesgo de convertirse en el primer gobernador tumbado vía revocación.

Tamaulipas: de la primocracia a la familia empresa

Mientras en Oaxaca la familia sale por la puerta trasera, en Tamaulipas la primocracia,el poder de los primos  de Américo Villarreal sigue instalada como si el estado fuera una franquicia hereditaria o parte de su rancho en Guemez,donde su ex-caballerango,Luis Lauro Reyes,es ahora Delegado Federal del bienestar.

El término no es gratuito: en Tamaulipas se habla abiertamente de “gobierno de primos, sobrinos y demás parentela”, todos bien acomodados en la nómina, ignorando olímpicamente la Ley Federal de Austeridad Republicana que prohíbe contratar familiares hasta cuarto grado.

El propio texto cita el Artículo 21 de esa ley y el 63 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tipifican el nepotismo como falta grave, pero aclara el detalle clave: “hay sanciones, pero no quien lo sancione”.

A diferencia de Jara, que al menos reaccionó bajo presión, Américo ni siquiera se ha tomado la molestia de simular un ajuste: en Tamaulipas la familia no sale, se multiplica.

Árbol genealógico con presupuesto público

La cosa con los Villarreal no es solo que haya familia en la política, es que se ha institucionalizado una dinastía de largo aliento.

• El padre de Américo Villarreal Guerra, ya fue gobernador de Tamaulipas entre 1987 y 1993, en tiempos priistas y con señalamientos de vínculos con el Cártel del Golfo documentados por INFOBAE.
• Hoy gobierna Américo Villarreal Anaya, en el cargo desde 2022 hasta 2028, el segundo Villarreal en el trono estatal y aún bajo la sombra del narco y financiamientos ilícitos de dinero del huachicol y relaciones probadas con la delincuencia organizada.
• La hermana de Americo, Mónica Villarreal Anaya, despacha como presidenta municipal de Tampico para el periodo 2024–2027,luego de la traición de Jesus Nader al PAN.​
• Pedro Cepeda Anaya es Secretario de Obras Publicas,vinculado a contratos a narco extraditado que ya fue sentenciado a 10 años por traficar cocaina a EE.UU
• Claudia Anaya,otra prima , es la actual titular del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE)
• Damaso Anaya,fue impuesto en la Universidad Autonoma de Tamaulipas donde sobrevive a los escándalos un dia si y otro tambien.

Todo eso mientras la narrativa oficial insiste en que se “devolvió el poder al pueblo” y se gobierna con “visión humanista”, pero en la práctica el poder se recicla dentro del mismo clan desde los ochenta.

El contraste incómodo: revocación para unos, impunidad para otros

La revocación de mandato en Oaxaca dejó un mensaje: cuando la ciudadanía se organiza y castiga en las urnas, hasta los gobernadores “obradoristas” se ven forzados a sacar a la familia del presupuesto.

Pero ese mismo mecanismo, aplicado al modelo Villarreal, difícilmente resistiría un escrutinio serio: un gobernador con árbol genealógico incrustado en la estructura pública, legado político desde los ochenta, señalamientos de pactos con cárteles y una primocracia que viola el espíritu de las leyes de austeridad y anticorrupción.

La pregunta que queda flotando es sencilla y brutal: si 357 mil votos bastaron para que en Oaxaca sacaran a sobrinos, esposos de sobrinas e hijos del poder, ¿cuántos harían falta en Tamaulipas para desmantelar una primocracia que lleva décadas perfeccionando el arte de gobernar en familia sin distingo de partidos.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

«CONCIENCIA,SATIRA y PACIENCIA»: LA «JEFA de la REPUBLICA CUATRITRANFORMADA se OFENDDIO ante el INE por USO de las SIGLAS CSP»…alfabeto tiene suerte de no tener conciencia, porque ya estaría buscando un amparo.

Resulta que ahora el Palacio Nacional libra batallas… lingüísticas. La Presidencia presentó una denuncia ante el INE porque un grupo político, Construyendo Solidaridad y Paz, se atrevió a usar las letras “CSP”. ¡Sacrilegio! Esas tres letras, al parecer, tienen copyright celestial: son las iniciales de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y usarlas sin permiso “podría generar confusión en el electorado” y hasta “violar derechos humanos”.

Sí, leyó bien. En el país donde los desaparecidos rebasan el registro de mas de 132 victimas y la matazon de cada dia no cesa en medio de escándalos Morenos,el nuevo frente de defensa de los derechos humanos son… tres letras. El alfabeto tiene suerte de no tener conciencia, porque ya estaría buscando un amparo.

La paradoja da para tesis: la organización acusada la dirige un diputado de Morena, Hugo Eric Flores, viejo aliado del oficialismo, resucitando —por tercera vez— el espíritu del extinto PES. Pero la queja llega un año después de que se conociera el nombre. ¿Por qué justo ahora, cuando el INE cierra la ventanilla para aprobar nuevos partidos? Ah, el calculo politico, ese arte que ni los gramáticos explican.

Decir que “CSP” confunde al pueblo es, en el mejor de los casos, admitir que el votante promedio no distingue entre un logo partidista y un acrónimo personal; en el peor, es la consagración del ego presidencial. ¿Y si algún día aparece una cooperativa llamada “Círculo de Solidaridad Popular”? ¿Habrá otro operativo jurídico?

A este paso, pronto veremos denuncias por usar letras que “se parecen” al nombre de algún funcionario. Porque en esta administración, cuidar la imagen parece tener rango de política de Estado. Mientras tanto, los ciudadanos seguiremos intentando construir, aunque sea, otra C–S–P: Conciencia, Sátira y Paciencia

Con información de: ELNORTE/

«FUEGOS ARTIFICIALES y DINAMITA MEDIATICA»:»DOCUMENTO FILTRADO de CDV NO le QUITA CIUDADANIA GRINGA pero DESNUDA la MORAL LAXA que le HA DADO PODER y FORTUNA»…el éxito de un hombre depende de la honestidad y el juego limpio; por suerte, siempre se pueden fingir, y con eso basta para ganar.

El diputado Federal de Morena,Sergio Gutierrez Luna, filtro ayer un documento y citó textual desde sus redes: 

«EXCLUSIVA: Aquí el documento en el que Cabeza de Vaca —espontáneamente— renunció a cualquier estado extranjero, particularmente al de los Estados Unidos de América; también renunció a cualquier protección de leyes o autoridades extrajeras y a la protección que tratados o convenciones internacionales conceden a extranjeros.

Lo exhibió él mismo cuando trató de recuperar su pluri —sin éxito— con un amparo que le dió el juez Alvarado (inhabilitado la semana pasada ).

El papel que firmó Cabeza de Vaca es, para efectos de ciudadanía y de voto en Estados Unidos, poco menos que fuegos artificiales notariales: mucho ruido en México, pero jurídicamente insuficiente para despojarlo, por sí solo, de la ciudadanía estadounidense o de sus derechos electorales en EE. UU.

1. Qué es (y qué NO es) ese documento

• Es un “Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento” donde él declara renunciar a toda protección de cualquier Estado extranjero, “especialmente” Estados Unidos, y a la protección de sus leyes y tratados.
• La copia que circula está certificada por notario en Monterrey en 2024; el notario solo da fe de que la copia coincide con el original, no de que Estados Unidos haya modificado nada en sus registros.
• No es un acta del gobierno de EE. UU., no es un acta consular, no es un “Certificate of Loss of Nationality” (CLN) ni consta que haya sido presentado ante autoridad estadounidense alguna.

Traducido al idioma de un litigante en Manhattan: es una declaración solemne ante México, no una cirugía jurídica sobre su estatus migratorio ante Washington.

2. Exigencias del derecho estadounidense para perder la ciudadanía

El marco aplicable es la Immigration and Nationality Act (INA), 8 U.S.C. § 1481 (INA § 349). Para que un ciudadano de EE.UU pierda su nacionalidad deben concurrir:

• Un acto “potencialmente expatriatorio”: por ejemplo, prestar juramento formal de lealtad a un Estado extranjero o renunciar ante autoridad estadounidense.
• La intención específica de abandonar la ciudadanía, evaluada por el Departamento de Estado caso por caso.
• En el caso de renuncia expresa (INA § 349(a)(5) o (6)), comparecencia personal ante un funcionario consular o diplomático de EE. UU. en el extranjero, o ante un funcionario designado dentro del país, y firma del “Oath of Renunciation”.
• Emisión posterior, por el Departamento de Estado, de un Certificate of Loss of Nationality (CLN); sin CLN la renuncia no surte efectos.

El propio Departamento de Estado deja claro que la renuncia solo es efectiva cuando todas estas condiciones se cumplen y el CLN está aprobado; antes de eso, la ciudadanía sigue intacta.

3. Por qué su renuncia ante México no le quita el pasaporte americano

• La firma de una declaración ante autoridades mexicanas de que renuncia a protección extranjera es, a lo sumo, un “foreign oath/declaration” de tipo INA § 349(a)(2), pero solo causa pérdida de ciudadanía si el Departamento de Estado determina que lo hizo con intención real de abandonar la ciudadanía.
• En la práctica moderna, el estándar del gobierno de EE. UU. es extremadamente protector de la ciudadanía: si el interesado sigue comportándose como estadounidense (reside en EE. UU., usa pasaporte americano, litiga allá, etc.), se presume que NO quiso perderla.
• Además, para efectos de renuncia expresa, el propio Departamento de Estado indica que la vía inequívoca es la comparecencia ante consulado/embajada con el Oath of Renunciation; una declaración ante un tercero extranjero no basta y no genera CLN.

Así que, desde la óptica de un juez federal, ese certificado mexicano es evidencia de su deseo de afianzar su mexicanidad, pero no prueba que haya pasado por el ritual consular exigido por la INA. Sin CLN, en los archivos de Washington él sigue siendo ciudadano hasta que se demuestre lo contrario.

4. Impacto en sus derechos políticos en EE. UU.

Para votar o postularse a cargos federales en Estados Unidos, la premisa básica es ser ciudadano estadounidense y no estar descalificado por normas específicas (p. ej. ciertos delitos, disposiciones estatales).

• Mientras el gobierno de EE. UU. lo siga considerando ciudadano —y nada en ese documento mexicano cambia por sí solo esa condición— mantiene, en principio, el derecho a registrarse para votar, sujeto a los requisitos estatales de prueba de ciudadanía (acta de nacimiento, pasaporte, naturalization certificate, CLN si fuera ex–ciudadano, etc.).
• Si alguna autoridad electoral norteamericana tuviera noticia del certificado mexicano, podría usarlo como “red flag” ,una señal de alarma para indagar si renunció formalmente; pero sin un CLN o sin anotación oficial de pérdida de nacionalidad, no hay base jurídica sólida para excluirlo del padrón por esa sola pieza.

5. Cómo puede usarse políticamente ese papel

Desde la trinchera electoral, el certificado sí tiene valor, pero más político que jurídico en EE. UU.:

Permite argumentar que, al aceptar un certificado mexicano que le exige “renunciar” a toda protección extranjera, se colocó —al menos declarativamente— en conflicto con el concepto de lealtad exclusiva que suele exigir el discurso patriótico estadounidense.

Puede servir como munición retórica para cuestionar su narrativa en EE. UU.: o es un perseguido que necesita el “amparo” americano, o es el patriota que juró no acogerse a ninguna protección extranjera; ambas cosas al mismo tiempo son difíciles de sostener en un debate público.

Donde sí pesa jurídicamente es en el terreno de la extradición: al haber renunciado expresamente a la “protección” de Estados Unidos como extranjero, México puede alegar que no hay un compromiso de tratarlo como ciudadano que deba frenar una eventual entrega, pero eso impacta la cooperación bilateral, no sus derechos electorales en el padrón estadounidense.

Conclusión al estilo de una firma legal de Wall Street: ese certificado es dinamita mediática en México y munición para litigar la narrativa, pero en el universo de la legislación estadounidense sobre ciudadanía y voto, vale lo que un NDA sin firma de la contraparte: no extingue, por sí mismo, la ciudadanía de Cabeza de Vaca ni lo deja automáticamente fuera del juego electoral en EE. UU. mientras Washington no haya emitido un Certificate of Loss of Nationality.

Con información: TRAVEL.STATE.GOV