El Gobierno mexicano, el del segundo piso que encabeza Claudia Sheinbaum, volvió a sacar las tijeras, pero esta vez no para recortar presupuesto, sino para cercenar a la sociedad civil. Desde el confort burocrático del SAT, el Estado “informó” que más de un centenar de organizaciones perdieron su permiso para recibir donativos. El argumento suena técnico —que si los requisitos, que si los comprobantes, que si la deducción fiscal—, pero huele a lo de siempre: control político camuflado de orden administrativo.
Encabezan la lista del paredón organizaciones incómodas que han osado fiscalizar al poder: el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero. Todas especializadas en lo que el régimen menos tolera: evidenciar con datos cómo el Gobierno falla. También cayeron víctimas colaterales —el Ateneo Español de México, fundaciones de ayuda social, centros de atención a adultos mayores, e incluso la asociación que preserva la obra del caricaturista Abel Quezada—, porque en un Estado autoritario nadie se salva del ajuste de cuentas.
Que dice El Universal+:
En política, nos dicen, no hay casualidades. No es casualidad, comentan, que a muchas de las organizaciones que realizan investigaciones en las que cuestionan al gobierno, entre ellas el IMCO, Mexicanos Primero y México Evalúa, la Secretaría de Hacienda les haya retirado el estatus de donataria argumentando temas administrativos. Tampoco es casualidad, nos hacen ver, que varias de las organizaciones no quieran salir a los medios para exponer el tema, pues temen que les sigan negando la donataria, figura que les permite recibir donativos privados, que luego pueden ser deducidos de impuestos por los donantes, y que les permiten subsistir, ya que estas agrupaciones no reciben ningún financiamiento público. Y tampoco parece una casualidad que el gobierno le haya dado a la asociación “Humanidad con América Latina”, a solo 24 días de haber sido fundada, el carácter de donataria autorizada que, “casualmente”, fue creada para recibir fondos para apoyar a Cuba y que, “casualmente”, promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El SAT sostiene su narrativa con la liturgia de los “nuevos estándares fiscales” y la eterna cruzada contra el lavado de dinero. Pero Amnistía Internacional puso el dedo en la llaga: esto no es depuración, es represión contable. En el manual del poder autoritario, se llama sofocar el espacio cívico por etapas—un trámite aquí, una revocación allá—hasta que la sociedad civil se quede sin oxígeno financiero.
Edith Olivares, directora de Amnistía, lo dijo con diplomacia: el Gobierno usa la regulación como pretexto contra las voces críticas. Traducido a lenguaje llano: si denuncias, te desautorizan; si callas, te regularizan. Así opera la burocracia del silencio.
México Evalúa, IMCO y otros afectados, fieles al protocolo, declararon que ya están “revisando con el SAT” los trámites para su reinstalación. Es decir, bajaron la cabeza y entraron al peregrinaje administrativo que el Estado diseñó para domar rebeldes cívicos. Lo irónico es que las acreditaciones dependen del mismo gobierno que te fiscaliza: ellos te otorgan la clave, ellos te la arrancan.
Desde 2021 el oficialismo viene endureciendo este collar regulatorio. López Obrador lo inauguró con su campaña de desprestigio contra las ONG, acusándolas de “desviar recursos” y “oponerse a la transformación”. Hoy, su herencia sigue viva: el fisco actúa como brazo tecnocrático de una cruzada política.
Detrás del membrete del SAT no hay contadores, hay comisarios. Y en esta versión tropical del control civil, el castigo llega con firma electrónica.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/SONIA CORONA/ELUNIVERSAL+
