“DESTACA AMÉRICO en el SÓTANO de LISTADO NACIONAL de los 10 PEORES GOBERNADORES de TODO el PAÍS... 8 son de Morena.”

Américo Villarreal, aún gobernador de Morena en Tamaulipas —todo indica que por muy poco tiempo más— aparece con 29 % de aprobación en la medición de junio de 2026 de “México Elige” y está colocado en el bloque de gobernadores peor evaluados, es decir, en el “sótano” del ranking nacional, en la posición 28, a cuatro lugares de la peor distinción, que ya ha recibido en encuestas previas. 

Y no importa cuál, no importa cuándo.

Datos de la encuesta de junio

• México Elige reporta que los cinco mejores gobernadores superan holgadamente el 60 % de aprobación (Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Chiapas y Guanajuato)
• En el extremo opuesto, los diez peores incluyen a Rocío Nahle (37.2 %), Lorena Cuéllar (35 %), Clara Brugada (33.2 %), Marina del Pilar (31.7 %), Salomón Jara (30 %) y Américo Villarreal con 29 %, además de Morelos, Sinaloa, Baja California Sur y Zacatecas, que cierra con 19 %.
• El mismo texto subraya que 22 de los gobernadores con menos de 50 % de aprobación son de Morena y que Américo forma parte de ese grupo que concentra los últimos lugares.

En la captura de de pantalla , el panel de gobernadores por orden alfabético confirma que Villarreal está en 29 % en junio 2026, luego de haber tenido picos cercanos al 44 % meses atrás, mostrando una caída sostenida

Qué significa estar en el “sótano”

• “Sótano” en términos demoscópicos no es solo ser de los últimos: implica estar varios escalones por debajo del promedio nacional de aprobación de gobernadores, que otras casas sitúan en torno al 52 %.
• Con 29 %, Villarreal está más de 20 puntos por debajo del umbral simbólico de legitimidad cómoda (50 %) y casi 35 puntos debajo de los mejor evaluados, lo que indica debilidad estructural de liderazgo.
• México Elige enfatiza que los últimos ocho lugares son gobernadores de Morena, lo que convierte el “sótano” no solo en un problema personal de Villarreal, sino en evidencia de desgaste del partido en el poder en gobiernos locales.

Ejemplo claro: mientras un Mauricio Kuri ronda el 64.9 % y se usa como referencia de buen desempeño, un 29 % como el de Tamaulipas lo coloca en una zona de “gobernador tolerado”, no respaldado, con margen mínimo para tomar decisiones impopulares sin costo político inmediato.

Americo: la mediocridad nacional

• Trayectoria descendente: en la gráfica, Villarreal llegó a tener registros cercanos o superiores a 40 %, pero se ha ido deslizando hasta el 29 %, lo que evidencia que ni programas sociales ni narrativas de seguridad han conectado con la ciudadanía en el tiempo.
• Comparativo interno en Morena: cuando la mejor figura morenista en el ranking es Clara Brugada con 33.2 % y él está incluso por debajo, queda instalado en el subgrupo de gobernadores que arrastran la marca nacional más que apuntalarla.
• Desempeño frente a oposición: los gobernadores del bloque opositor se disputan la franja alta (60 %+), mientras que Villarreal queda como ejemplo de gestión incapaz de transformarse en capital político; es un gobernador que, en términos estadísticos, “resta” más de lo que suma al proyecto presidencial.

En lenguaje periodístico,Americo es un gobernador atrapado en el tercio de rechazo social, con una base dura insuficiente para blindarlo de crisis y con índices de desaprobación que lo convierten en un lastre para su partido en cualquier medición nacional.

Mero saldo de malos oficios:

• Subraya la brecha: “Mientras el mejor gobernador del país roza el 65 % de respaldo, Américo Villarreal deambula en un 29 % que lo confina al sótano del mapa político.”
• Vincula el dato con seguridad, corrupción y desempeño: el “29 %” es demas síntoma de fatiga ciudadana ante violencia, sospechas y evidencias de connivencia con grupos criminales e incapacidad para ordenar el estado.
• El “sótano” como metáfora: gobierno que no despega, gestión sin proyecto visible, mandatario que gobierna a crédito político y ya esta bien endeudado, pues cada crisis lo empuja aún más hacia la irrelevancia nacional con un pie en la carcel cringa.

Con información: La Aurora Mexico/ MEXICO ELIGE/

"VA A HABER PARTIDA de…PASTEL?: CUMPLE 70 DÍAS con TODO y NOCHES el BLINDAJE MAFIOSO a GOBERNADOR MORENO-NARCO de SINALOA"...son "Nuestra Cosa",la versión tropical de la "Cosa Nostra".

Setenta días bastaron para confirmar que en México la impunidad no es una falla del sistema: es una función avanzada.El caso Rocha–Inzunza no se explica por vacíos institucionales, sino por su eficacia cuando se trata de proteger a los propios. No es encubrimiento improvisado; es blindaje de Estado con manual y cronograma.

Ahí está la secuencia completa. Estados Unidos pide extradiciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En cualquier democracia funcional, eso detonaría controles, comparecencias, crisis abiertas. Aquí activa otra cosa: modo contención. 

Los implicados desaparecen del radar público, la Fiscalía administra el expediente como si fuera material radiactivo y la Cancillería decide que la transparencia puede esperar… cinco años. Hasta 2031, para ser exactos. Porque nada enfría mejor un escándalo que el tiempo burocratizado.

El mensaje no es sutil: cuando la política exterior se usa como caja fuerte, la verdad pasa a ser “riesgo diplomático”. El argumento es casi elegante: revelar información podría dañar la relación con Washington. Lo que no dicen es que ocultarla erosiona algo más básico: la mínima idea de rendición de cuentas. Pero en la lógica de esta cosa nostra tropical, el cálculo es claro: mejor sospecha crónica que evidencia verificable.

Mientras tanto, el Senado perfecciona el arte del cinismo administrativo. Inzunza no está, pero cobra. No legisla en el pleno, pero vota a control remoto cuando hace falta —incluso reformas clave— y su salario llega puntual en cheque porque sus cuentas están congeladas. 

Es una escena difícil de mejorar: un legislador blindado por el fuero, financiado por el erario y sostenido por una mayoría que convierte cualquier intento de control en trámite muerto. No es un error del sistema; es el sistema funcionando.

Y la Fiscalía, pieza central del engranaje, ofrece la coreografía habitual: abrir carpeta, llamar a declarar, dejar enfriar. El expediente existe, pero no avanza; respira, pero no camina. En paralelo, el Ejecutivo reconoce que el gobernador con licencia “está ubicable”… sin ubicarlo. Una presencia fantasma que, sin embargo, no altera la estabilidad política. Porque en este modelo, la ausencia también está administrada.

Lo más revelador no es el silencio, sino su arquitectura. Hay capas: el fuero como muralla, la mayoría legislativa como escudo, la opacidad diplomática como bóveda y la inercia ministerial como anestesia. Cada institución aporta lo suyo para que el conjunto funcione como un seguro de impunidad con cobertura amplia.

Se dirá que no hay pruebas públicas concluyentes, pero ahi estan en la etapa procesal correcta . Precisamente. Ese es el punto. Tras setenta días, el Estado no ha producido verdad ni justicia, pero sí ha producido algo más útil para el poder: tiempo, confusión y desgaste. La crisis deja de ser un problema jurídico para convertirse en un asunto de manejo político.

El segundo piso de la llamada transformación de Claudia Sheinbaum prometía romper con estas inercias. Hoy parece haberlas optimizado. Cambian los discursos, pero el reflejo es el mismo: cerrar filas, patear el expediente, encapsular la información y esperar a que el ciclo noticioso haga su trabajo. La cosa nostra ya no necesita esconderse en las sombras; opera a plena luz, con sello oficial y fundamento administrativo.

Y así, entre cheques cobrados sin presencia, expedientes congelados y documentos sellados hasta 2031, la pregunta deja de ser qué hicieron Rocha e Inzunza. La pregunta incómoda es otra: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para no saberlo?

Con información: DIARIO ESPAÑOL/EL PAIS/ELIA CASTILLO/

«NO ESPEREN NADA BUENO,pero MEXICO lo PAGA: SHEINBAUM se LANZA Vs EE.UU y lo ACUSA de PACTAR con NARCOS CUATITOS»…ella es beneficiaria de esos otros pactos ,pero de este lado del Río y la valla.

En una suerte de revés declarativo, la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó el caso de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, extraído de México por el FBI en julio de 2024 en un operativo secreto del que no se informó al gobierno mexicano, para acusar al gobierno de los Estados Unidos de realizar “pactos y acuerdos” con los capos de la droga mexicanos y acusó a su embajador en México de mentir sobre la participación de agencias estadounidenses en el secuestro y traslado del Mayo al territorio norteamericano, lo cual, dijo, “viola tratados internacionales y la Constitución mexicana”.

“La primera pregunta es: ¿quién miente?, ¿mintió el embajador Ken Salazar?…A partir de la detención de un miembro relevante del Cártel de Sinaloa viene una serie de hechos como la llegada de su familia (a territorio de EU), como la llegada de este avión; entonces, se hace la pregunta: ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Porque nosotros, no”, dijo tajante la Presidenta de México, al sugerir que es el gobierno de Donald Trump el que ha hecho pacto con los narcos mexicanos.

En respuesta a las revelaciones del periodista Luis Chaparro, quien dio a conocer imágenes y videos que mostraban el traslado del Mayo Zambada desde Culiacán a territorio de Estados Unidos en una avioneta antigua a la que se le apagó el sistema de localización, y confirmó que dicha operación fue coordinada por el FBI, la doctora invocó la violación de la soberanía mexicana, de tratados internacionales de la ONU y de la OEA por parte del gobierno estadounidense al haber secuestrado y extraído ilegalmente al capo mexicano del Cártel de Sinaloa, sin el conocimiento del gobierno de México.

“Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro de la delincuencia organizada”, reiteró Sheinbaum luego de que sus secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad detallaran los pormenores de la extracción del Mayo Zambada, de la extradición de Ovidio Guzmán y de los acuerdos y negociaciones que el gobierno de Estados Unidos hizo con la facción de Los Chapitos, quienes colaboraron a través de Jesús Guzmán Salazar para entregarles a Zambada, luego de secuestrarlo mediante engaños en una casa de descanso de Culiacán el 25 de julio de 2024.

La molestia y las acusaciones de la presidenta Sheinbaum contra Estados Unidos y su ex embajador en México, Ken Salazar, ocurren justo en el contexto de las acusaciones de narcopolítica en contra de destacados miembros del partido Morena, como el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Games, además de otros 7 políticos de Sinaloa a los que el gobierno de Trump ha pedido a México detener con fines de extradición desde hace ya más de dos meses.

Y es que justo hace una semana, a inicios de este mes de julio, se venció el plazo de 60 días que tenía el gobierno mexicano para responder a las órdenes de detención con fines de extradición que le mandó el Departamento de Justicia a la administración Sheinbaum a finales de abril pasado. La negativa de las autoridades mexicanas a detener, investigar o extraditar a los 10 políticos morenistas de Sinaloa, argumentando la falta de pruebas en su contra, es algo que aún está pendiente de responder desde Washington, donde siguen a la espera de que el gobierno mexicano cumpla con lo que mandata el Tratado de Extradición entre los dos países.

Pero lejos de dar una respuesta formal a dicha petición, la cual no se cumplió porque ni Rocha Moya ni Inzunza, o cualquiera de los otros políticos acusados han sido detenidos ni tampoco investigados por el Gobierno de México, la presidenta Sheinbaum hoy pretende voltearle la tortilla a la administración Trump acusando que quienes sí pactan y negocian con los narcotraficantes mexicanos, son las autoridades estadounidenses, que les ofrecen tratos privilegiados a cambio de que entreguen información para sus investigaciones.

Habrá qué ver cómo responden en Washington a los señalamientos graves y directos de la Presidencia de la República, porque tampoco es ninguna casualidad que la información sobre cómo se llevó a cabo el operativo para secuestrar y extraer al Mayo Zambada de México, sin que se enterara el gobierno de López Obrador, esa que tanto pidió y reclamó el expresidente y también su sucesora, se haya filtrado a un periodista mexicano justo en este momento, cuando sigue pendiente la cooperación de Sheinbaum para entregar a Rocha Moya y demás acusados mexicanos en la Corte del Sur de Nueva York.

Tal vez ese video y esas fotos que publicó el periodista Chaparro en el sitio Pie de Nota son, además de una gran exclusiva periodística, un mensaje directo desde la Casa Blanca para recordarle a la Presidenta mexicana que, si no quiere entregar a losnarcopolíticos sinaloenses por las buenas y a través de los canales diplomáticos, entonces la posibilidad de que se repitan operativos como el que hizo posible la extracción de Zambada hacia Estados Unidos, está más que latente.

Es decir que ni el ocultamiento ni la protección que el gobierno de Sheinbaum le ha dado a Rocha Moya y demás acusados de apoyar al narcotráfico, podrán evitar que, un día de estos, los sinaloenses aparezcan, como por arte de magia (o del FBI la CIA, la DEA o cualquier otra agencia estadounidense) del otro lado del Río Bravo. ¿Y qué dirá entonces la Presidenta guardiana de la soberanía nacional y del señor de Palenque?

Con información: Salvador Garcia Soto/ELUNIVERSAL+

«Y AUN ASI se LLENAN la BOCA de SURRAZÓN: SHEINBAUM ESCONDE, SELLA y PATEA por 5 AÑOS INFORMACIÓN del CASO ROCHA MOYA… como si ciudadanos fueran menores de edad.

En México, el gobierno humanista y transformador, el que se llena la boca hablando de transparencia acaba de hacer exactamente lo contrario: esconder, sellar y patear hacia el futuro la información que hoy incomoda. La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar por cinco años —sí, cinco— todo lo relacionado con las comunicaciones con Estados Unidos sobre las acusaciones de narcotráfico que salpican al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázares.

Cinco años no es un plazo administrativo: es una estrategia política. Es apostar a que la memoria pública se desgaste, que los responsables se reciclen y que el escándalo se diluya. Es gobernar con la calculadora en la mano, no con principios.

El argumento es un clásico del manual burocrático: “proteger la confianza”, “cuidar la confidencialidad”, “no afectar la relación bilateral”. Traducido al español de a pie: no queremos que se sepa qué tan comprometidos están nuestros funcionarios, ni qué tanto sabe Estados Unidos de ellos.

Porque aquí está el punto que el gobierno pretende enterrar: no se trata de rumores ni de chismes de pasillo. La Fiscalía de Nueva York ya puso sobre la mesa acusaciones contra exfuncionarios de Sinaloa vinculados con Los Chapitos. Entre los señalados aparecen nombres que hoy siguen orbitando el poder. Y mientras uno cobra su dieta legislativa por cheque tras el congelamiento de sus cuentas, la Cancillería decide que la ciudadanía no merece saber qué se está diciendo —ni qué se está negociando— en su nombre.

El mensaje es insultante: el gobierno actúa como si los ciudadanos fueran menores de edad, incapaces de procesar información incómoda. Como si la rendición de cuentas fuera un lujo opcional y no una obligación constitucional. Como si el derecho a saber pudiera suspenderse cuando toca a los cercanos al poder.

Hablan de “no afectar la cooperación internacional que con sus acciones cotidianas afectan, un dia si y otro también”, pero lo que realmente se protege es la opacidad interna. Porque la confianza entre países no se rompe por la transparencia; se rompe cuando un gobierno encubre a sus propios funcionarios bajo el pretexto de la diplomacia.

La pregunta es inevitable: ¿qué es exactamente lo que están ocultando que no pueda resistir la luz pública?

Reservar esta información no fortalece al Estado mexicano, lo debilita. No protege las relaciones exteriores, las contamina. Y no cuida a la ciudadanía: la desprecia.

Porque un gobierno que prohíbe saber no está gobernando; está administrando la ignorancia como herramienta de control.

Con información: REFORMA/

«NO son 43 MIL…son 740 MIL: GOBIERNOS de INUTILES de DISTINTOS PARTIDOS se HEREDAN MONTAÑAS de CADAVERES pero REINICIAN su CUENTA desde CERO»…la indecencia es politica,jurídica y ética.

No, no son casi 43 mil: son más de 739,144 homicidios dolosos, cadáveres acumulados desde el sexenio de Carlos Salinas (PRI) hasta Claudia Sheinbaum, y más de 75 mil cuerpos embodegados sin identificar por todo el pais y por la falta de pericia del Estado mexicano, que al ritmo actual va a necesitar 150 años —además de ganas, que se ven muy pocas— para procesarlos, pero además se niega a ver ese cadáver colectivo como una sola escena del crimen.

La suma que ningún gobierno quiere hacer

Si tomamos las cifras sexenales más citadas TResearch con conteo hasta el 4 de Julio y las alineamos con los datos , el grafico del mapa letal es este:

Pero si sumamos todos esos números, sin truco de calendario ni cambio de metodología, estamos frente a casi 740 mil homicidios dolosos desde 1988 hasta hoy.

La matemática letal: de “variación” a barbarie estructural

Y la lámina de Tresearch lo dice sin querer: cada sexenio se mide contra el anterior como si fueran reportes trimestrales de una empresa, con “variación” en rojo, verde o amarillo.

• Salinas y Zedillo se mueven en el rango de 35–37 asesinatos diarios, ya con miles de carpetas impunes y un sistema judicial que apenas podía registrar el volumen.
• Fox presume una “baja” de -25%, 28 muertos diarios, como si hablar de menos cadáveres por día fuera un mérito de gestión y no un reconocimiento de que el país vivía encima de fosas invisibles.
• Calderón dobla prácticamente la violencia de sus antecesores: 120 mil homicidios, 55 diarios; militariza, rebautiza la guerra, pero no se hace cargo de la aritmética de las víctimas anteriores.
• Peña Nieto rompe otro récord: 156 mil homicidios, 71 diarios; su “Pacto por México” nunca pactó con los muertos, sólo con gobernadores.
• AMLO convierte la curva en pared: mas de 202 mil homicidios, cerca de 95 diarios; cada 15 minutos una persona asesinada, mientras el discurso oficial hablaba de “atender las causas” y de que “ya no es igual”,tenia razon,fue peor.
• Sheinbaum llega con un país que ya venía con una tasa de casi 90 homicidios diarios y, aun con la cuestionada reducción que presume (42–46% en su promedio diario), carga ya casi 43 mil homicidios dolosos en 641 días ,a ritmo de 67 diarios, uno cada 21 minutos y con un brutal aumento de desparecidos que no aparecen y cuando aparecen muertos en fosas, tampoco en sus cuentas, que tampoco contabiliza abatidos. 

Aquí no estamos frente a sexenios distintos, sino frente a un continuo de barbarie: cada administración hereda una montaña de cadáveres no investigados, no juzgados y no reparados, pero al tomar protesta vuelve el contador a cero —como si la justicia fuera un reloj sexenal y no una obligación acumulativa.

La contabilidad obscena: “mis muertos” contra “los muertos de antes”

El truco político es contable:

• Cada presidente presenta su gráfica empezando en el día 1 de su gobierno y borrando de la pantalla los homicidios previos, aunque el mismo aparato de seguridad y justicia que investiga —si investiga— es el que dejó impune al sexenio anterior.
• Los informes oficiales hablan de “reducción porcentual”, “tendencia a la baja”, “variación”… nunca del stockacumulado de homicidios sin sentencia, de carpetas archivadas, de investigaciones mal integradas.
• Cuando Sheinbaum dice que baja de 86.9 a 47.3 homicidios diarios, no está hablando de los 202 mil de AMLO ni de los 156 mil de Peña, ni de los 120 mil de Calderón; está hablando sólo de su propia curva, como si el país no arrastrara un inventario masivo de crímenes sin resolver.

Desde el ángulo de procuración de justicia, la mayoría de esos casi 740 mil homicidios son crímenes sin resolver: no hay sentencias firmes proporcionales, no hay reparación integral, no hay verdad pública que cierre el caso.

En términos de ética de Estado, el mensaje es brutal: el gobierno mexicano no se concibe como responsable del cadáver de la nación, sólo del pedazo que le toca en el sexenio; el resto es “historia”, “culpa del pasado”, “otros datos”.

Analogías de la barbarie: el país como fosa contable

• Entre Salinas y AMLO, México pasa de un homicidio cada 41 minutos a uno cada 15; la vida útil del ciudadano se comprime a ritmo de reloj, mientras el libro histórico de homicidios se engrosa de manera exponencial.
• La suma de todos los sexenios equivale a borrar del mapa completo estados medianos del país: ciudades enteras desaparecidas si esos homicidios se concentraran en un solo territorio imaginario.
• El “NO, NO son 43 MIL” es el rompimiento del relato oficial: cuando se habla de 42,561 homicidios acumulados durante la gestión de Sheinbaum, la cuenta real es de cientos de miles; lo que ella presenta como variación porcentual es, en contexto, una contabilidad sobre un cementerio nacional.

Una forma de plantearlo es compararlo con una empresa que cierra sexenio como si fuera cierre fiscal: cada CEO-político sólo reporta pérdidas de su ejercicio y oculta el pasivo histórico de homicidios impunes, que ya no caben en el balance.

El desmenuce moral: por qué es indecente reiniciar la cuenta

En clave de procuración de justicia, hay al menos tres niveles de indecencia:

• Jurídica: el Estado es una continuidad institucional; no puede alegar “borrón y cuenta nueva” frente a delitos graves, porque el deber de investigar, juzgar y sancionar no prescribe sexenalmente ni se resetea con el cambio de partido.
• Política: al mostrar sólo “mis muertos” contra “los muertos del otro”, cada presidente explota la tragedia como insumo de propaganda; el dolor de las víctimas es utilizado como gráfica en la mañanera o en el informe, no como mandato de reconstruir la justicia.
• Ética: al borrar la suma de todos, el mensaje implícito es que los muertos de antes ya no existen; no son un problema, no son una deuda, no son un caso abierto; son estadísticas caducas, útiles sólo para atacar al adversario o justificar la inacción propia.

Nuestra frase central “NO, NO son 43 MIL” apunta justo ahí: no estamos discutiendo la cifra técnica de TResearch o SESNSP, sino desenmascarando el truco moral que consiste en hablar siempre en cortes parciales, nunca en acumulado nacional de impunidad y violencia.

Con informacion: TREsearch/

LA «ESTRATEGIA ARGUENDERA de BATMAN : HARFUCH RAFAGUEA con SALIVA la CIFRA de HOMICIDIOS en SINALOA y PRESUME BAJA INEXISTENTE»…es y ha sido un reverendo fracaso que exhibe su verdadera estatura.

La “baja” que presume Omar Garcia Harfuch,el estratega de la Seguridad federal en Sinaloa ,existe sólo en su PowerPoint: en la realidad, los muertos siguen cayendo al ritmo de una guerra que el Gobierno maquilla con porcentajes y discursos de saliva.

La aritmética mágica del 44%

El Secretario federal recien acusado de amenaza por el abogado del «Chapo»,que preludia sus viejos nexos con el CDS, se cuelga una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos desde el abatimiento de “La Perris” en junio de 2025, como si matar a un capo fuera botón de apagado de la violencia. 

Noroeste, que se ha destacado publicitando las cifras de las tres principales violencias: levantón, ejecución y despojo de autos, además no vive de conferencias mañaneras arguenderas, sino de cobertura diaria, registra otra historia: desde la fractura interna del Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, hasta junio de 2025, el promedio fue de 5.44 asesinatos al día.

Junio de 2025, el mismo mes que Harfuch usa como pivote del relato, es el mes más violento del que se tiene registro: 241 muertes entre asesinatos y fosas clandestinas, pero eso en la narrativa oficial se vuelve “avance”. Desde entonces, trece meses seguidos de violencia sostienen un promedio de cinco homicidios diarios; sólo marzo de 2026 baja a 3.9, una anomalía que el discurso convierte en tendencia milagrosa. El 44 por ciento no es estadística seria, es maquillaje: se seleccionan tramos, se acomodan fechas y se omiten cuerpos.

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“Batman” y la estrategia de saliva

“Batman” —porque se la pasa más en la narrativa épica que en la escena del crimen— afirma que la estrategia ha “contenido la escalada de violencia”, ha “reducido capacidades operativas” de los grupos y ha “sostenido la presencia del Estado” donde más pega el delito. Traduzcamos: mientras el funcionario declama desde Ciudad de México, en Sinaloa la guerra intestina del cártel sigue marcando el pulso de los homicidios, con ejecuciones, fosas y rutina de terror.

Llamar “contención” a un promedio de cinco ejecutados diarios es insultar a las víctimas y usar el lenguaje como escudo blindado. No hay estrategia visible, sólo operativos intermitentes, decomisos que no cambian la estructura criminal y cifras que se usan como efectos especiales para la conferencia. El “héroe” federal presume victoria en la estadística, mientras en el territorio la gente sigue contando muertos, no porcentajes.

Los números que no se convierten en paz

Harfuch vende como logro la muy cuestionada detención de 2 mil 540 personas con puras cifras que ya eran fantasiosas cuando iban 46 mil.

Como parte del mismo humo estadístico presume el decomiso de 94.5 toneladas de droga, 5 mil 900 armas aseguradas y la desarticulación de 2 mil 412 laboratorios de metanfetamina. Es el inventario perfecto para la narrativa oficial: montañas de droga, filas de armas, cientos de detenidos… y, sin embargo, el promedio de homicidios se mantiene casi intacto.

Si desmantelar más de dos mil laboratorios no mueve el indicador de muertes, la conclusión es brutal: esos golpes son ruido táctico, no cambios estratégicos. El mercado se reorganiza, las facciones se reacomodan y el Estado se conforma con mostrar fotos de decomisos mientras los asesinatos persisten. El contraste es claro: mucho espectáculo de fuerza, cero reducción sostenida de la letalidad.

El choque con la realidad de Sinaloa

El propio Noroeste lo señala sin rodeos: la supuesta baja que presume la Secretaría es “inexistente” frente a la dinámica real de homicidios en el estado. Donde el Gobierno ve curva descendente, los reporteros ven notas rojas diarias, fosas nuevas, ajustes de cuentas, balaceras y familias quebradas.

La fractura del Cártel de Sinaloa abrió un ciclo de violencia que no se ha cerrado, y reducirlo a un antes y después de “La Perris” es simplificar una guerra criminal a un cuento de superhéroes. 

La política de seguridad federal se comporta como editorialista complaciente: integra sólo los datos que favorecen el relato y encierra al resto en silencio estadístico. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos muertos más necesita la federación para dejar de hablar de “contención” y admitir que su estrategia es pura saliva y uno que otro éxito intermitente.

Con informacion: NOROESTE/