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miércoles, 22 de julio de 2026

«YA DEBERÍAN estar DETENIDOS: SOMETIERON a TORTURAS a DAFNE para CONSTRUIRLE el CARACTER y la DESTRUYERON»…sistemática y disfrazada de “disciplina”


Esto no fue un accidente: fue un régimen de tortura que terminó en feminicidio, y hoy hay responsables con nombre y apellido que deberían estar ya detenidos, entre ellos el director del Colegio Militarizado Doenitz, Jorge Luis Ponce, y Estrella “Estrellita” Mora, encargados de esa institución en Ciudad Madero, donde Dafne, de 13 años de edad, fue torturada y asesinada en nombre de “construirle carácter”, hasta destruirle la vida.

La escena del crimen, no un “campamento”

Alejandra,madre de Dafne no fue a recoger a su hija a un hospital, fue a recoger un cuerpo tratado como desecho: una niña de 13 años en una bolsa, tirada, orinada, vomitada, semidesnuda, con moretones, dentro de la misma institución que cobró por “formarla”.

No había ambulancia, no había policía, no había Protección Civil: ningún protocolo de emergencia, de preservación del lugar de los hechos ni de cadena de custodia; la academia convirtió el plantel en su propio SEMEFO clandestino y la fiscalía miró para otro lado.

Tortura sistemática disfrazada de “disciplina”

La madre habla de un patrón: niños y niñas violentados física y sexualmente, sometidos a humillaciones, a castigos extremos, a un ambiente de terror que solo se explica como tortura institucionalizada.

No son “excesos” aislados, son prácticas: encierros, privación de alimentos y sueño, golpes con mosquetones, alumnos colgados de las extremidades; un modelo de “educación militarizada” que cumple todos los criterios de tratos crueles y degradantes contra menores que se repiten por todo el pais.

Feminicidio, no accidente escolar

La necropsia revela asfixia y exceso de agua en los pulmones, junto con golpes en el cuerpo, lo que contradice frontalmente la versión de una simple caída en el baño; la propia madre informa que el peritaje apunta a homicidio y exige que se investigue como feminicidio.

La Fiscalía de Tamaulipas ya abrió carpeta bajo protocolo de feminicidio, lo que significa que reconoce indicios de violencia de género y responsabilidad humana, no un “evento fortuito” mientras una niña tomaba un baño.

Quiénes tendrían que estar ya detenidos

Alejandra identifica responsables directos: Estrellita Mora, la institutriz a cargo del grupo, y Jorge Luis Ponce, un arquitecto que se disfraza de militar y funge como director y propietario de la Academia Militarizada Marina/Doenitz que se muestra cercano al alcalde de Morena en Ciudad Madero,Erasmo González Robledo.

Ambos ejercían poder de mando sobre Dafne y sobre el régimen de castigos, autorizaron o toleraron prácticas de tortura y omitieron garantizar atención médica y salvaguarda de la vida; eso, en cualquier código penal, se llama responsabilidad por acción y por omisión.

Cadena de omisiones criminales

Cuando Alejandra llega, su hija “ya estaba como un paquete”, lista para entregarse, sin presencia de autoridad alguna: ni ministerio público, ni peritos, ni policía.

La entrega del cuerpo dentro de la propia academia, y no en el Servicio Médico Forense, es una violación frontal de protocolos de investigación y una omisión gravísima de la fiscalía y los servicios de emergencia, que facilitaron la manipulación del escenario.

El Estado: cómplice por inacción

Días después, el gobernador Américo Villarreal promete avances “en 48 horas”, mientras no hay un solo detenido y la madre tiene que etiquetar a Sheinbaum, a Harfuch y a medio gabinete en redes para que alguien se digne a responder y muy probablemente forzados, lo hagan, tarde y mal.

La muerte de Dafne es noticia internacional, con denuncias en varios idiomas, pero la respuesta institucional es burocrática, lenta y opaca; el mensaje es brutal: a una menor la pueden torturar hasta la muerte en un curso de verano y el Estado se toma su tiempo.

Tipos penales que encajan como anillo al dedo

No hace falta estirarle el código:

  • Tortura y tratos crueles contra menores, por castigos físicos, privación de sueño, humillaciones y novatadas violentas.
  • Homicidio doloso con agravante de feminicidio, por la combinación de golpes, asfixia, control absoluto del contexto y ocultamiento de la gravedad del estado de Dafne.
  • Responsabilidad de servidores y particulares por violar protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes y operar un centro que normaliza violencia como método “pedagógico”.

La voz de Alejandra: prueba política y moral

Sin la voz de Alejandra, esto habría quedado archivado como “accidente” escolar; gracias a que una madre alzó la voz, exalumnos empiezan a narrar años de violencia, acoso sexual y tortura dentro de la academia.

Ella no está pidiendo un milagro, está exigiendo lo mínimo: verdad, celeridad en la investigación, reclasificación a feminicidio y detención de quienes torturaron y dejaron morir a su hija bajo un uniforme que no les corresponde.

Con información: MILENIO/

«NI TAN RICO: MÉXICO NUNCA se ATREVIO a CAPTURAR al MAYO ZAMBADA porque era CAMARADA y ahora QUIERE PELEAR su FORTUNA»…para perseguir dinero si son buenos.


México: el país que nunca se atrevió a tocar al Mayo Zambada en casi 5 décadas de impunidad… ahora quiere pelearse por las sobras de su fortuna como si fuera rifa del bienestar.

El valiente… después del juicio

Durante 45 años, El Mayo Zambada fue el jefe histórico del Cártel de Sinaloa, pagando sobornos “en todos los niveles del gobierno mexicano” para operar sin molestias. Nunca lo pudieron —ni quisieron— capturar aquí, pero en cuanto una Corte de Nueva York le suelta cadena perpetua y orden de decomiso por unos 15 mil millones de dólares, de repente a México le salió el espíritu justiciero y contable.

Sheinbaum y la doctrina del “moche”

En Estados Unidos se ordena el decomiso de hasta 15 mil millones de dólares en bienes ligados al Mayo, aplicables también a hijos, descendientes y administradores, aunque ni ellos saben bien dónde está todo ese dinero. 

Y entonces aparece la presidenta Claudia Sheinbaum, muy institucional, anunciando que pedirá a la FGR revisar si México puede reclamar “parte de esa fortuna”, aclarando que todavía ni siquiera está asegurada, pero por si acaso: que no se diga que el gobierno no pelea lo que nunca quiso investigar a fondo.

Justicia retroactiva, versión tesorería

El capo tiene 76 años, sentencia de cadena perpetua, y un decomiso récord que, en la práctica, es más una cifra aspiracional que una cuenta bancaria localizada. 

Es la justicia a la mexicana: cuando el narco está armado y protegido, silencio administrativo; cuando está viejito, sentenciado en Brooklyn y su fortuna entra en Excel, entonces sí, todos se acuerdan de que “el dinero viene de delitos cometidos en territorio nacional” y que hay que defender la soberanía… sobre el botín.

Y quienes han sido los criminales mas ricos

Con información: GRAVITY/ ELNORTE/

«MAS de 350 MILLONES ?: EXHIBEN GENERAL OBEDIENTE TRANSANDO CONTRATOS ORDENADOS por AMÉRICO con DINERO de la SEGURIDAD PÚBLICA»…hasta narcos han recibido.


Bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal, Tamaulipas parece haber perfeccionado un viejo arte mexicano: el de disfrazar la transa con burocracia, sellos y una empresa que sirve para todo menos para lo que presume servir. Ahí está Casa Casve MX, la “consentida” que, nacida en 2020, ya presume 350 millones de pesos en contratos de seguridad pública, como si el erario fuera un cajero automático con vocación de beneficencia.

La elegancia de la transa y el montaje para justificarla es casi admirable, si no fuera porque el gobernador Villarreal Anaya lo paga con dinero de los contribuyentes. 

La empresa aparece con un catálogo de actividades tan amplio que parece más un menú de buffet corporativo que una razón social seria: fotografía, construcción, telecomunicaciones, cómputo, inmobiliaria, consultoría y hasta obras eléctricas; un verdadero todóloga de utilería para una administración que, al parecer, confunde la seguridad pública con la subcontratación sin pudor.

Y para rematar el cuadro, los contratos no son una anécdota aislada ni una caída del sistema: según la información , vienen de 2023, 2024 y 2025, y se habrían firmado con funcionarios como Willy Zúñiga Castillo,ex-presidiaro reciclado del penal de Tamatan.

Igual ocurrió con Jorge Cuéllar Montoya y el actual General Carlos Arturo Pancardo Escudero. Es decir, no se trata de un desliz administrativo, sino de un método ordenado por el gobernador: el clásico modelo de siempre, ese en el que el dinero público viaja con una sonrisa institucional y regresa convertido en opacidad, exceso y sospecha.

Que dice la info:

El primer domicilio fiscal registrado por la empresa fue en calle Cristóbal Colón #2708, entre Yucatán y César López de Lara, en el fraccionamiento Valle Iraguayo, con una casa particular.

Posteriormente, Casa Casve MX cambió su domicilio fiscal a la calle Claveles #1247, entre avenida Las Torres y Ejevial, en el residencial Las Rosas, ubicada en otra vivienda.

El domicilio más reciente registrado por la empresa es en calle Loma Prieta #252, entre calle Mier y Terán y Pino Suárez, en el fraccionamiento Villarreal, que corresponde también a un domicilio particular.

Los tres domicilios están ubicados en zonas habitacionales de la capital tamaulipeca, sin que se identifique en ninguno de los casos una construcción con características de oficina corporativa, bodega o instalación industrial acorde al volumen de contratos que la empresa ha obtenido con el gobierno estatal.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a combatir la simulación de operaciones de empresas factureras.

El SAT tiene a la tarea de detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Cuando esos supuestos se cumplan, el SAT “presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, es decir, que es una empresa facturera.

Una dinámica criminal contra los intereses ciudadanos, en la que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) también era ducho en la transa.

Porque, al final de cuentas, lo único que los hace diferentes a los gobernantes, además del color del partido, es el nivel de sinvergüenzas que compiten por ser el peor.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

LES «DIERON PIN en VEZ de…BOTE ?»: la FGR se GASTA 1.5 MILLONES para RECONOCER EMPLEADOS que en REYNOSA estan BIEN RECONOCIDOS…pero por el Cartel del Golfo.


La austeridad, en la Fiscalía General de la República que dirige Ernestina Godoy, parece tener una definición bastante creativa: casi 1.5 millones de pesos para comprar pines de reconocimiento. Porque, claro, no hay mejor manera de honrar la procuración de justicia que con un adorno de cobre que termina costándole al erario como si fuera una medalla de guerra.

La FGR licitó hasta 9 mil 600 pines para su personal, entregados el 12 de julio, Día de la abogada y el abogado, con la leyenda “La Justicia al Servicio del Pueblo”, según el anexo técnico firmado por Moisés Tolento García. La pieza de colección institucional no solo lleva el logotipo de la dependencia; también carga con la ironía de que el “reconocimiento especial” sale, cómo no, del bolsillo de usted y para muchos que no lo merecen.

El elogio con factura

Aquí el problema no es reconocer al personal. El problema es que la FGR convirtió un gesto simbólico en una erogación que huele más a propaganda interna que a austeridad republicana.

Si el mensaje era “valoramos su trabajo”, bastaba una ceremonia sobria, una constancia, o incluso un aplauso que no requiriera licitación. Pero en la lógica burocrática mexicana, todo reconocimiento necesita su propia partida, su contrato y su factura, aunque el resultado final sea un pin de cobre con vocación de souvenir.

El contraste incómodo

La frase “La Justicia al Servicio del Pueblo” queda especialmente bien cuando la imprime una institución que paga casi 1.5 millones por un símbolo de autocelebración. Es el tipo de austeridad que no recorta excesos; los barniza.

Y ahí está el fondo del asunto: mientras se pide al país disciplina y contención, la fiscalía se permite un gesto de lujo administrativo para premiarse a sí misma. La cuenta, desde luego, no la pagan los funcionarios que reciben el pin; la paga el ciudadano que nunca pidió tan costoso homenaje.

En la FGR, la justicia no solo se procura: también se cotiza por pieza. Y cada pin parece decir, con un brillo muy institucional, que el reconocimiento puede ser sencillo, pero el dispendio jamás pierde el estilo.

Con información: ELUNIVERSAL+/

«TOMENLES FOTOS: REYNOSA NO OCUPA MESAS de COORDINACION de PAZ, sino un GOBERNADOR que deje de COORDINAR CRIMEN y GOBIERNO… las mesas son como misas de domingo del narcoestado laico.»


El aún gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ,fichado por Narcopolitico ,estuvo ayer en Reynosa para encabezar la mesa de “paz” o de coordinación en materia de seguridad y a lado tuvo al principal aliado del crimen organizado,su Secretario General de Gobierno Hector Joel Villegas,alias «Calabazo», quien ahora intima con el mismo Cartel que lo quiso matar en julio de 2023, justo al otro extremo del ejercito que cree ilusamente que es su aliado.

Pero lo que Reynosa necesita con urgencia es que el mandatario y su gabinete de inseguridad dejen de coordinar el crimen con el gobierno y de llamar “estrategia” a lo que claramente es administración del terror en detrimento de los gobernados, que siguen padeciendo la extorsión, la auténtica y la disfrazada, esa que impone: compras lo que te vendo o cierras, así de fácil

Ciudad al 86.1% de miedo

En una ciudad donde de acuerdo con el INEGI el 86.1% de la gente se siente insegura, la única encuesta que hace falta es la del síndrome de costumbre: ¿te acostumbraste ya a vivir con miedo o todavía te indigna ?.

Cada patrulla nueva ha sido un recordatorio rodante de que el presupuesto se mueve más que la justicia: suben las camionetas, sube la percepción de inseguridad, baja, eso sí, la vergüenza oficial.

Reynosa pasó en un año de 74.4% a 86.1% de percepción de inseguridad, pero el discurso oficial insiste en que la “pacificación” va viento en popa, sólo que el viento sopla desde las casas de seguridad del Cartel del Golfo.

Para el ciudadano de a pie, la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana (ENSU) no es estadística: es el recordatorio trimestral de que el gobierno sigue brillando por presencia en la foto y ausencia en el territorio.

Las mesas de coordinación: templos del placebo

Las mesas de coordinación en Reynosa son como misas de domingo del narcoestado laico: se sientan todos, cruzan las manos, se toman la foto y luego cada quien regresa a su zona de confort, menos el ciudadano, que regresa a su zona de riesgo.

Mientras las pantallas del salón muestran diapositivas y gráficas, afuera las únicas cifras que cuentan son las de levantones, patrullajes extorsivos y “cuotas” que el comerciante paga, no al SAT, sino al Cártel del Golfo y a la Guardia Estatal.

La escena es impecable: gobernador, general, funcionarios, bandera, escudo y hasta el retrato presidencial, todos alineados en torno a un documento que jamás ha servido para frenar el 86.1% de miedo, pero sí para justificar viáticos, bocadillos y ruedas de prensa.

Que la inseguridad se “atienda” en mesa tiene algo de ironía refinada: el problema está en la calle y el gobierno prefiere verlo sentado, con aire acondicionado y café, no vaya a ser que el Excel se traumatice.

Lo peor de la ecuación es que gobernante, funcionarios y militares siguen abordando los mismos pendientes de siempre, tal y como lo narramos en 2022,donde al gobernador ya se advertía era parte del problema y no la solución: 

Guardia Estatal: policía o franquicia de extorsión

La Guardia Estatal, rebautizada asi por Americo Villarreal para borrar el pasado por decreto , ha funcionado como franquicia local de secuestro exprés: patrulla, detiene, golpea, exige 35 mil dólares, se conforma con 7 mil y se lleva los bienes personales, todo con uniforme, arma oficial y expediente NUC/029/2026 calentándose en la congeladora judicial.

Lo que en cualquier otro lugar sería un caso de crimen organizado aquí se tramita como asunto interno, porque los sospechosos no llevan pasamontañas, llevan gafete y nómina con un jefe de plaza administrando el dinero del gobierno desde una silla en el tercer piso del palacio del gobierno de cuarta, mientras la acusaciones federales por todo tipo de delitos ligadas al crimen organizado se acumulan en EE.UU.

Si la percepción de inseguridad está por las nubes, no es por falta de patrullas, sino por exceso de policías que se parecen demasiado a los delincuentes que supuestamente persiguen.

Extorsión y levanton: el verdadero gobierno de la plaza

La extorsión en Reynosa no es un delito aislado, es el sistema operativo de la ciudad: el Cártel del Golfo decide quién vende qué, a quién le surte botellas de alcohol, quién puede abrir y quién cierra si no compra “al proveedor correcto” con la tacita colaboracion del gobernador a los «cobrones» con los que abraza y cena.

Y son tantos los reY son tantos los recursos económicos que obtienen los cárteles sin siquiera hacer necesario traficar drogas —que durante mucho tiempo fue su principal cometido criminal antes del tráfico de migrantes—, que la extorsión se ha convertido en una industria sin chimeneas practicada desde el propio gobierno, en áreas como COEPRIS, Protección Civil, oficinas fiscales y pare usted de contar.

El mensaje es simple y empresarial: “nos compras o cierras” ha sido la constante que vive Reynosa y todo Tamaulipas bajo el flagelo del Cártel del Golfo, en medio de inútiles leyes antiextorsión que supuestamente iban a evitar que la denuncia fuera necesaria. 

Esas leyes se convirtieron en el perfecto pretexto de autoridades que no hacían nada porque los ciudadanos no denunciaban, y de ciudadanos que no denunciaban porque las autoridades no hacían nada.

Cuando la renta la cobra el cartel y la protección la vende la policía, el Estado se reduce a trámite: compra patrullas, cobra impuestos (…como ellos), participa en mesas de “construcción de paz”, da fe de la inauguración de alguna obra y aparece sonriente mientras la economía local funciona a punta de amagos.

La población exhibe a quienes les cobran renta por “sobarse el lomo” o les imponen al comercio sus productos de contrabando, que no pagan impuestos ni cruzan legalmente por aduanas militarizadas.

Esto queda evidenciado en la imagen de un gatillero del cartel imponiendo su mercancía, editada y extraída de la grabación original en video para proteger al denunciante.

Escenas como estas se repiten todos los días: llegan sin pudor, te imponen la cuota, te dejan un número telefónico y, a partir de ahí, ya eres parte de la estructura que financia al narcoterrorismo.

Lo que para la narrativa oficial es “coordinación interinstitucional”, para el comerciante reynosense es una doble cuenta: la del gobierno que finge gobernar y la del grupo criminal que realmente manda y si se equivoca, vuelve a mandar y si te equivocas tu,te levanta y te mata.

Americo, La Chispa y el humanismo de morgue

El llamado humanismo mexicano en Tamaulipas se parece más a un protocolo de morgue que a un proyecto de seguridad:levantones, desapariciones y patrullas que salen en la foto antes de salir a la calle a perseguir al ciudadano equivocado.

Cuando el gobernador, aun en libertad, presume abrazos y cenas con Mario Guitian Rosas, alias La Chispa ,exmilitar y lugarteniente del Cártel del Golfo que todos los días genera riqueza propia a partir de la ajena, el mensaje que se lee en Reynosa es transparente: la seguridad sirve para el negocio, no para la gente.

Abrazar al lugarteniente y luego financiar patrullas que patrullan para quien paga mejor es el tipo de coherencia política que explica por qué el miedo crece al mismo ritmo que el presupuesto.

La omisión frente a él no es pasividad, es decisión: no procesarlo pese a los indicios, no tocar sus contratos, no reventar su estructura, mientras los ciudadanos rellenan tendederos de extorsiones como si fueran exhibición académica del narcoempresariado local.

Con este contexto, querer arreglar Reynosa con otra “mesa de coordinación” es como querer apagar un incendio abrazando a los bomberos que le prenden fuego al edificio mientras dos exmilitares, el teniente y el lugarteniente ex-miembros del ejercito Mexicano (…si como los Zetas) se llenan los bolsillos a lo bestia que buscan financiar tus próximas elecciones, tal y como acusa EE.UU.

Con información: MEDIOS/REDES/