El Gobierno de la cuarta transformación juró que venía a abaratar la democracia, a ponerle dieta al INE, a recortar “privilegios” y a convertir cada elección en una especie de consulta popular con presupuesto de tianguis. Y, sin embargo, aquí estamos: sin elección presidencial, sin senadores, sin revocación de mandato… pero con la elección más cara de la historia en puerta. Qué hermoso es el milagro mexicano: se recorta para ahorrar… y se termina pagando más.
Porque no, no habrá boleta para elegir a la jefa del Estado ni para llenar el Senado de la República; será “solo” para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y un tsunami de cargos locales.
Pero el INE ya se apuntó una bolsa histórica: 36.119 millones de pesos para 2027, a los que habrá que sumar más de 10.000 millones para la maquinaria partidista, esas empresas políticas que viven del erario y juran que también ellas son víctimas del sistema.
Resultado: más de 47.000 millones de pesos para un proceso de medio sexenio que, según la propia presidenta, debería costar lo mismo que el de 2024… pero misteriosamente cuesta 15.000 millones más.
El chiste se cuenta solo: en 2024, año de elección presidencial, Senado, Cámara de Diputados y cargos locales en las 32 entidades, el gasto electoral fue de alrededor de 32.766 millones de pesos. Tres años después, con menos cargos en juego a nivel federal, el INE pretende que la fiesta democrática salga aún más cara. Es la primera vez que la “austeridad” se define como: hacer menos… y cobrar más.
El truco contable viene disfrazado de tecnicismo: 14.036 millonespara el “presupuesto base” (sueldos, oficinas, burocracia que nunca falta); 17.395 millones para la famosa “cartera institucional de proyectos”, el cajón donde cabe todo lo que huela a proceso electoral; y, por si fuera poco, una partida precautoria de 4.687 millones por si algún día se les ocurre convocar una Consulta Popular. Precautorio, dicen, como si la democracia fuera un seguro de gastos médicos mayores… solo que aquí la póliza la paga el contribuyente y el beneficio lo cobran los partidos.
Lo más pintoresco es escuchar cómo todos presumen el mismo dogma: “austeridad”. La presidenta del INE se declaró devota de la Cuarta Transformación y su credo de ahorro; la presidenta de la República repite que el incremento es “exagerado”; los legisladores oficialistas se rasgan las vestiduras por las cifras “desproporcionadas” y prometen revisar el proyecto con lupa. Mientras tanto, el instituto opera este año con 14.099 millones y ya sueña con saltar a 36.119 millones para el siguiente ejercicio. Si eso es disciplina presupuestaria, la inflación ya puede recibir el premio a la eficiencia.
La narrativa oficial es que se gasta más porque hay más ciudadanos, más casillas y más democracia. Que la Lista Nominal creció a más de 102 millones de electores, que se instalarán 176.741 casillas, 6.000 más que en 2024; que hay que empezar desde 2027 a preparar la elección judicial y la revocación de mandato de 2028. En resumen: no es que salga caro, es que usted no entiende lo sofisticado que es pagar por adelantado procesos futuros que todavía ni se convocan. La austeridad preventiva, versión 4T: se recorta hoy, se compensa mañana… y se justifica siempre.
Al final, la película es la misma de los últimos años: el INE pide, la Cámara recorta, el Gobierno presume el tijeretazo y los partidos se quejan de que no hay dinero… mientras siguen recibiendo miles de millones en “financiamiento público” para campañas, estructuras y propaganda. Se castiga el presupuesto en nombre del pueblo… pero se mantiene intacta la cuota para las marcas políticas que viven de convencerlo (o de saturarlo) en cada elección.
Entre el discurso de “reducir el costo de la democracia” y la realidad de la elección más cara de la historia, la única constante es que el contribuyente siempre paga la cuenta. Austeridad no es que el Gobierno se cuelgue la medalla de recortar a las instituciones y luego permita, muy sereno, que el sistema político armado a su medida se vuelva más caro, más opaco y más dependiente del presupuesto público. Austeridad, aquí, es la coartada perfecta: con ella se justifica el recorte… y también el exceso.
Así que no, no serán elecciones presidenciales, pero sí serán la prueba definitiva de que la “austeridad” salió por la culata: se disparó contra el INE, contra la democracia y contra el discurso de ahorro, y terminó convirtiendo el próximo proceso electoral en un monumento al derroche controlado. Democracia de bajo costo, dijeron; lo que no dijeron es que el costo bajo era solo en el discurso, no en el presupuesto.
Y si hacemos cuentas:
Tomando el proyecto de gasto del INE para 2027 (36.119 millones de pesos) y una lista nominal de 102 millones de personas, el costo promedio es de unos 354 pesos por cada elector. Si además sumas el dinero público a partidos (más de 11.700 millones), el costo total ronda los 47.800 millones y el costo promedio sube a unos 468 pesos por cabeza.
“No todos votan”
*El cálculo lo hicimos por persona en la lista nominal (potencial votante), justo como hacen varios estudios de costo electoral.
Si la participación termina siendo, digamos, del 60%, el número de votos efectivos bajaría a unos 61 millones y el costo por voto emitido se dispararía todavía más, arriba de los 750 pesos por voto con el gasto total considerado.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/
