Visitanos tambien en:

jueves, 24 de septiembre de 2026

“ELLA NO ACEPTABA TIJERAS: 40 AÑOS de IMPUNIDAD y una RECOMENDACIÓN al GOBERNADOR PRIISTA ACUSADO de GOLFO, PADRE de AMÉRICO”…entonces, todo venía en el paquete genetico de ADN.


La periodista Norma Alicia Moreno Figueroa tenía 24 años cuando la asesinaron frente al periódico donde trabajaba. Cuatro décadas después, el expediente sigue siendo la radiografía de un Estado que prometió justicia, dejó que el caso se quemara —literalmente— y nunca llegó a ningún culpable. 

Norma Alicia Moreno: 40 años de impunidad, amenazas y expedientes calcinados

El 17 de julio de 1986, Matamoros amaneció con 28 grados antes de las siete de la mañana. Calor de frontera, de ese que ya anuncia que el día va a apestar. David López del Cid, jefe de Redacción de El Popular, caminaba rumbo al diario cuando una Ford Bronco tocó el claxon: Ernesto Flores Torrijos, director del periódico, y Norma Alicia Moreno Figueroa, jefa de Información, lo saludaron con un movimiento leve de manos.

Sería la última vez que alguien los vería vivos.

Una reportera de la redacción iba retrasada unos 10 minutos. Bajó de una pesera en la calle Primera, en la ruta hacia el Puente Internacional Nuevo con Brownsville, Texas, y notó algo raro: silencio, poca gente, una ciudad que de pronto parecía estar conteniendo la respiración. A unos 100 metros de las nuevas oficinas de El Popular, en la esquina de Tipo A y Vizcaya, en la Colonia Bancaria, apareció la Bronco con ambas puertas abiertas.

Afuera estaban los cuerpos.

Ernesto Flores yacía boca arriba, con los brazos extendidos. Norma Alicia estaba acurrucada sobre el pavimento, pegada a la llanta trasera. El subdirector José Ángel Leal detuvo a la reportera antes de que se acercara: “No te puedes acercar, ya viene la policía en camino: están muertos”.

Después, la policía informó que dos hombres vestidos con ropa deportiva los esperaban. Cuando llegaron, caminaron hacia ellos y dispararon. A Flores le dieron 23 impactos; a Norma, 12. Ambos recibieron tiro de gracia. Usaron armas calibre .45 y 9 milímetros. Una ejecución con vocación de mensaje, en una zona transitada, junto a un deportivo frecuentado por empleados bancarios. Pero nadie vio nada. O, mejor dicho, nadie quiso haber visto nada. “Sólo escuchamos muchos disparos”, dijeron algunos vecinos.

La redacción de El Popular entró en shock. Los reporteros lloraban, apenas hablaban, trataban de entender cómo se escribe una noticia cuando los asesinados son quienes la dirigían. López del Cid, hondureño llegado a la frontera unos 15 años antes, recorrió los escritorios y ordenó seguir trabajando en las enormes máquinas Remington: “Hay que seguir, el periódico tiene que salir”.

Minutos antes, él y José Ángel Leal habían hablado con Amelia Flores, esposa de Ernesto. La decisión fue imprimir el vespertino ese jueves, aunque fuera tarde. “Es lo que Ernesto hubiera querido y no les vamos a dar el gusto de callar”, repetían. La edición 957 salió a la calle a las 16:00 horas, con fotos explícitas de los dos cuerpos. No fue sólo una portada: fue la obstinación de publicar cuando matar periodistas ya era parte del método.

Ernesto Flores y Norma Alicia se sumaron a una lista que apenas comenzaba a crecer y que, para 2026, acumula más de 181 periodistas asesinados en México desde el año 2000. Pero el caso de Norma tenía una marca adicional: a sus 24 años, fue la primera mujer periodista en México asesinada por violencia letal. Cuarenta años después, no hay justicia. Hay impunidad, que en México suele ser la forma administrativa de decir: aquí no pasó nada. 

Primero los panfletos

Dos meses antes del crimen, el 16 de mayo de 1986, Norma había terminado su tercer cigarro y su quinta nota del día. Estaba molesta por otro paro de clases y por la costumbre gubernamental de mirar hacia otro lado: “Otra vez van a parar las clases y otra vez el gobierno va a hacer lo mismo de siempre… ni verlos ni escucharlos; lo bueno es que eso pasa en el sur del país, aquí en el norte son bien agachones”.

Después salió a almorzar a “Aquí es Don Simón”, en Primera y Terán, a unos 10 minutos del diario y a pocos metros de la casa de sus padres. Esa semana una reportera en formación la acompañaba. Norma le dijo que pasarían a ver a su mamá.

Norma era la mayor de seis hijos de Laurentino Moreno, pescador, y Margarita Figueroa, ama de casa. Vivían en la calle 4 y Guerrero, en el centro de Matamoros. Ella manejaba un Renault azul por la calle Primera cuando comenzó a ver anuncios de papel en paredes, postes y comercios. Cada cuadra tenía más. Al acercarse a la casa familiar, eran cientos.

Los panfletos mostraban su rostro, su cabello corto y una camisa blanca. El texto decía: “Conózcala, es una mala persona, se dice periodista y además es lesbiana”.

La campaña de odio terminaba, con puntualidad mafiosa, en la casa de sus padres.

Norma no bajó del auto. No saludó a su madre. Sólo dijo: “Te voy a regresar al periódico”. Desde entonces dejó de visitar a familiares y amigos; trataba de compensarlo con llamadas. Le preocupaban especialmente sus tres hermanas y sus dos hermanos. Una fotografía de aquella cercanía familiar muestra a las cuatro hermanas con playeras blancas idénticas, estampadas con un tucán colorido que Norma les llevó como recuerdo de una estancia profesional de seis semanas en Ecuador.

Pero los volantes ya habían cumplido su propósito: aislarla, lastimarla y marcarla ante la ciudad. La seriedad de Norma se convirtió en tristeza y hosquedad. Margarita Figueroa recordaría en 1992 que aquel ataque fue “un golpe terrible”, que no quiso hablar con su hija porque intuía cuánto le dolía que la atacaran por su familia y que desde entonces vivió con angustia, pidiéndole a Dios que no le ocurriera nada.

Los testimonios de reporteros de la época apuntaban a que los panfletos fueron elaborados en la imprenta municipal, dependiente de Comunicación Social del Ayuntamiento de Matamoros. 

El alcalde era Jesús Roberto Guerra Velasco: sobrino de Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, “Don Juan”, fundador del grupo criminal que daría origen al Cártel de Matamoros y, más tarde, al Cártel del Golfo. Nada sospechoso, salvo todo, aunque todo indica,nada ha cambiado.

El aviso que nadie atendió

Tres semanas después de los panfletos, intentaron secuestrar a Norma. Un grupo de jóvenes le cerró el paso mientras circulaba por la calle Primera, cerca de El Bravo. Ella salió del automóvil, corrió y logró refugiarse en el periódico.

No era el primer ataque. Elías Chávez publicó en Proceso, tres semanas después del asesinato, que un año antes Norma había intentado entrevistar al presidente municipal. El alcalde le reclamó por algunas publicaciones y terminó echándola de su oficina a empellones.

También había amenazas telefónicas. Unos 15 días antes de la ejecución, Ernesto Flores le dijo a su esposa que él y Norma las recibían constantemente. Amelia Gil, viuda del director, contó a Proceso una conversación que resumía el nivel de peligro:

—Me van a chingar —dijo Ernesto.
—¿Por qué?
—Porque no tengo cola que me pisen. Sólo matándome podrán callarnos.

Dos años antes del doble homicidio, El Popular ya había lanzado una alerta formal. El 20 de agosto de 1984 publicó un telegrama dirigido a Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación, para denunciar agresiones físicas y verbales del alcalde Jesús Roberto Guerra Velasco contra Norma Moreno, ocurridas en las oficinas de Prensa del Palacio Municipal.

El texto solicitaba intervención urgente por el “temor fundado” de que ocurrieran “acciones más graves” debido a amenazas. Lo firmó Ernesto Flores Torrijos, como presidente del Consejo de Administración de El Popular. Estaba avisando que podían matarlos. Dos años después los matarían.

Bartlett recibió incluso un reporte directo de un agente de la Dirección Federal de Seguridad, adscrito al llamado “Sector Especial” en Matamoros. El documento, fechado el 21 de agosto de 1984 a las 17:00 horas, quedó perdido entre miles de reportes políticos, fichas de espionaje y papeles amarillentos del Archivo General de la Nación.

Casi 40 años más tarde, investigadores del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico encontraron esa tarjeta. También localizaron una ficha que acreditaba que el alcalde Guerra Velasco había sido agente de la Dirección Federal de Seguridad: placa 976. Es decir, el funcionario señalado por agredir a la reportera tenía credencial de policía política federal. Era uno de los suyos. 

La frontera gobernada por “La Familia”

Matamoros ya era un manual de lo que ocurriría después en México: poder político, policías y crimen organizado entrelazados con la discreción de un abrazo en una foto oficial.

Desde la segunda década del siglo XX, su cercanía con Brownsville, Texas, la volvió plataforma para el contrabando de whisky durante la Prohibición estadounidense. Allí creció Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, “Don Juan”, quien construyó un poder criminal basado en prostitución, juego, robo de autos, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

Miguel Ángel Granados Chapa escribió en 1991 que Juan N. Guerra había entendido desde entonces que controlar policías, políticos y jueces era indispensable para que sus negocios prosperaran. Desde su silla de ruedas, protegido por la penumbra de su bar Piedras Negras, manejó su feudo hasta que delegó operaciones en sus sobrinos. Una calle de Tamaulipas lleva su nombre,en su honor.

A Juan García Ábrego lo impulsó hacia el negocio de la droga. A Jesús Roberto Guerra Velasco le facilitó contactos y red familiar para llegar, postulado por el PRI, a la Presidencia Municipal de Matamoros en 1984.

García Ábrego pasó de contrabandista y hombre de confianza de su tío a organizador del tráfico masivo de cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Fue fundador del Cártel de Matamoros, luego conocido como Cártel del Golfo, y obtuvo el dudoso privilegio de ser el primer narcotraficante radicado en México incluido en la lista de los 10 más buscados por el FBI.

Nació el 13 de septiembre de 1944 en Texas, pero recibió su certificado de nacimiento estadounidense hasta el 17 de mayo de 1965, cuando tenía 21 años. Según contó a sus allegados, el día 17 se volvió su favorito. La coincidencia dejó varias fechas sangrientas:

  • El 17 de junio de 1986 asesinaron en Reynosa a Jorge Brenes, médico y editor de El Río y Frontera.
  • El 17 de julio de 1986 asesinaron a Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa, en Matamoros.
  • El 17 de mayo de 1991 ocurrió una masacre en el penal de Matamoros: al menos 20 muertos y 50 heridos por la disputa entre García Ábrego y Oliverio Chávez Araujo por el control del tráfico de cocaína.

Hoy, García Ábrego, de 81 años, está recluido en el penal federal Hazelton, Virginia, cumpliendo 11 cadenas perpetuas. Don Juan murió en 2001. Jesús Roberto Guerra Velasco fue candidato independiente a la alcaldía de Matamoros en 2015 y actualmente es empresario de servicios funerarios en Tamaulipas. Los protagonistas cambiaron de escenario; la justicia para Norma nunca apareció. 

Una reportera que no aceptaba tijeras

Norma llegó al periodismo por la poesía. Tenía 16 años cuando envió poemas a Alma Delia Treviño, coordinadora del suplemento dominical de El Bravo, el diario más importante de Matamoros. Se los publicaron y después la contrataron para Sociales. Aprendió a diagramar, titular y editar; al poco tiempo coordinaba el suplemento.

Pero cubrir bodas, quinceaños y reuniones de asociaciones civiles le resultó insufrible. Se fue de Matamoros y se integró a la Familia Internacional, entonces conocida como Los Niños de Dios, organización que más tarde enfrentaría graves acusaciones de maltrato, abuso sexual y lavado de cerebro. Regresó un par de años después, predicando y con dinero; incluso regaló a su madre 2 mil pesos por el Día de las Madres.

Retomó el periodismo en XEEW Radio, propiedad del empresario y político Jorge Cárdenas González, exdiputado federal y dos veces alcalde de Matamoros. Cubrió fuentes políticas, pero la censura y las restricciones la hicieron salir de nuevo.

En 1984, con apenas 22 años, Ernesto Flores le ofreció trabajar en El Popular. Norma aceptó bajo una condición: que no le cortaran lo que escribía. No era un capricho, era un principio editorial elemental en una plaza donde publicar podía costar la vida.

Fue jefa de Información y escribió la columna política “Buscando Caminos”. Criticaba al alcalde Guerra Velasco, recogía denuncias de corrupción en las aduanas y la policía, señalaba la impunidad de grupos criminales vinculados ya al narcotráfico y cuestionaba al presidente Miguel de la Madrid, a quien acusó de viajar, gastar y permitir que sus colaboradores hicieran lo mismo con el dinero de los contribuyentes.

Su última columna fue todavía más frontal: acusó al jefe de la Policía Municipal de haber conseguido el cargo por ser chofer del alcalde y llamó al subjefe de la corporación “delincuente y matón a sueldo”.

Su madre le pidió usar pseudónimo. Norma rechazó la idea: “Eso no iba con ella, que eso era de cobardes”.

La periodista no se escondió. El Estado tampoco la protegió. 

La justicia que se redujo a cenizas

El doble homicidio ocurrió en un contexto de pugnas dentro de la red criminal que daría origen al Cártel del Golfo. En mayo de 1984, un grupo armado emboscó a Casimiro “El Cacho” Espinoza, antiguo colaborador de Juan N. Guerra. Herido, se refugió en la Clínica Raya de Matamoros. Dos días después, los agresores regresaron a rematarlo: asesinaron a cinco pacientes y Espinoza escapó, sólo para morir dos días más tarde en un hospital de Monterrey.

Proceso reportó en 1986 que Ernesto Flores se había atrevido a denunciar ese entorno y había publicado una fotografía de “Don Juan”, al que señaló como sospechoso de la matanza en la Clínica Raya. Periodistas de Matamoros dijeron entonces que, desde esa publicación, Flores “firmó su sentencia de muerte”.

El periódico ya había denunciado que la Policía Judicial Federal lo detuvo ilegalmente en enero de 1984 para intimidarlo y obligarlo a dejar de publicar críticas contra corporaciones policiacas. En su nota, El Popular acusó que agentes federales pretendían fabricarle un delito y que esas corporaciones, convertidas en “enemigos públicos principales de la sociedad”, protegían a delincuentes a cambio de cuotas económicas. 

Tras el asesinato, las autoridades desplegaron el repertorio de rigor: condenas, comunicados, promesas de grupos especializados. El gobernador Emilio Martínez Manautou ordenó investigar. El alcalde Guerra Velasco dijo que el cabildo condenaba los hechos y que estaba en contacto con el procurador estatal. Las asociaciones de periodistas realizaron un plantón frente a la Presidencia Municipal y pidieron la intervención de Miguel de la Madrid.

Felipe Flores García, entonces procurador de Justicia de Tamaulipas, dijo una frase que envejeció con una rapidez brutal: “No hay crimen perfecto, ni en el ánimo de las autoridades de justicia está la palabra impunidad”.

Cinco años más tarde no había avances.

La CNDH emitió en 1991 la Recomendación 52/1991 al gobierno de Tamaulipas, encabezado entonces por Américo Villarreal Guerra. Jorge Carpizo McGregor documentó una cadena de negligencias que parecía diseñada para garantizar que nadie respondiera:

  • La averiguación previa no había identificado ni detenido a presuntos responsables.
  • El agente del Ministerio Público tardó nueve meses en pedir a la Policía Judicial un informe sobre el homicidio.
  • Más de cuatro años después, la Procuraduría informó que el expediente había sido destruido en un incendio ocurrido el 30 de agosto de 1990 en el Centro de Readaptación Social de Matamoros.
  • La investigación no registraba avances y, al haberse quemado el expediente original, ni siquiera era posible conocer cómo se había integrado.
  • El expediente llevaba cuatro años sin resolverse cuando, según la autoridad, ardió en el incendio.
  • Siete meses después de informar que la averiguación estaba en reposición, la autoridad todavía no concluía el procedimiento.

Carpizo lo llamó por su nombre: una “clara denegación de justicia que ofende y causa agravio a la sociedad”. También advirtió que la justicia pronta y expedita se iba olvidando con los años.

Tenía razón. Cuarenta años después, el caso de Norma Alicia Moreno Figueroa no es sólo la historia de una reportera asesinada por hacer periodismo. Es la crónica de advertencias ignoradas, hostigamiento homofóbico, amenazas, policías señalados, autoridades infiltradas, expedientes incendiados y una impunidad que sobrevivió a casi todos sus protagonistas. 

Con información: ELUNIVERSAL / MEDIOS/

“JR, YA ENTRÉGATE a EE.UU.”: EDY PINTOR RESPONSABILIZA a SENADOR GUINDA, CUATE de la CHISPA del CDG y CUÑADO del CDV, SI ALGO le PASA a ÉL y a su FAMILIA… hay razones de sobra para fundar el temor.


El mensaje desde sus redes del periodista Edy Pintor, no es una denuncia con expediente a la vista: es un señalamiento preventivo, público y personal. Dice haber recibido advertencias, seguimiento y mensajes por intermediarios; por ello responsabiliza de cualquier agresión contra él o su familia al senador morenista José Ramón Gómez Leal.

Y es que en Tamaulipas, cuando reaparece el apellido Carmona, no llega solo: viene acompañado de silencios, videos de deslinde, políticos que “apenas conocían” al difunto empresario y, ahora, de una advertencia que no debe perderse entre el ruido de la grilla.

El periodista nos advierte con copia al FBI,la DEA y hasta la CIA , que que ha recibido mensajes cifrados y advertencias indirectas. Dice que lo observan, que lo siguen en cada viaje y que alguien se ha tomado la molestia de hacerle saber que sus pasos —y los de su familia— están bajo vigilancia.

Por eso decidió dejar constancia antes de que el asunto escale: responsabilizó directamente al senador de Morena por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, de cualquier daño, amenaza, intimidación o agresión que pudiera sufrir él, sus hijos, sus padres o cualquier integrante de su familia.

En 2025, el empresario Gabriel Hernández grabó un video en el que denunció una presunta colusión política con el Cártel del Golfo y responsabilizó a “La Chispa”, integrante del CDG en Reynosa, de cualquier atentado contra su vida. Poco después, fue asesinado.

No es una frase lanzada al aire. Pintor afirma que ya emprendió acciones legales tanto en México como en Estados Unidos. Y el mensaje está escrito con la claridad de quien sabe que, en ciertos territorios, primero circula el recado y luego aparece la explicación oficial.

“Cualquier acto, amenaza, daño o intimidación que se concrete en contra mía o de los míos recaerá, sin ambigüedad, sobre quien hoy señalo”, advirtió el comunicador.

La acusación ocurre mientras el nombre de Gómez Leal vuelve a flotar alrededor de la vieja y pestilente trama de Sergio Carmona Angulo, el empresario asesinado en noviembre de 2021 y conocido mediáticamente como el “Rey del Huachicol”. El muerto, por lo visto, sigue teniendo más vida política que muchos de los que hoy fingen no recordar ni el nombre.

El propio senador ha reconocido al igual que Américo Villarreal Anaya,aun gobernador de Morena en Tamaulipas,que si conoció a Carmona y señala desde sus rede que su experiencia personal, siempre lo conocío como una persona atenta, servicial y de buen trato, como casualmente lo dice Américo Villarreal,casi como si se hubieran puesto de acuerdo en el guion.

En el caso de Americo incluso abundo : Carmona se le acercó por adeudos pendientes derivados de contratos públicos, pero afirma que le respondió que él no era el conducto para intervenir.

El punto no es sentenciar desde una publicación ni jugar a fiscal de Facebook. El punto es otro: cuando un periodista asegura que está siendo vigilado y responsabiliza con nombre y cargo a un senador de cualquier cosa que pueda ocurrirle, las autoridades no pueden hacerse las sorprendidas después.

Porque en Tamaulipas la política criminal tiene una costumbre indecente: primero todos niegan, después todos se deslindan, luego alguien aparece en una fotografía, un video, una bitácora o una carpeta de investigación; y al final nadie sabía nada.

El fantasma de Carmona —que también persigue a la senadora Olga Sosa y a buena parte de los morenistas de alcurnia— sigue pasando lista. 

Unos dicen que apenas lo conocían; otros, que sólo coincidieron con él. Y ahora, un periodista asegura temer por su vida y la de su familia.

Edy Pintor tiene sobradas razones —que no menciona— para temer por su integridad y la de los suyos. En el ambiente flota suficiente evidencia para dimensionar cómo podría materializarse una amenaza que, por ahora, permanece cifrada.

Con información: @EdyPintor/ medios

LO “PROHÍBE la LEY”, ¿Y QUÉ?: es CONTRATISTA del EJÉRCITO y TAMBIÉN FUNCIONARIA del PODER JUDICIAL FEDERAL… la diferencia entre unos y otros es solo el nivel de sinvergüenzas.


Otra vez, el milagro administrativo mexicano: una funcionaria de la Suprema Corte que, al parecer, encontró la manera de vivir con un pie en la ponencia de un ministro y el otro en los contratos de la Defensa. Nada sospechoso, nada incómodo, nada que una adjudicación directa no pueda barnizar con apariencia de normalidad.

El doble turno de la legalidad

María Margarita Eugenia Ontiveros y Sánchez de la Barquera aparece como Secretaria Auxiliar II en la ponencia del ministro Arístides Guerrero —el célebre “Ministro Chicharrón”— y, simultáneamente, como representante legal de Servicio de Consultoría de Valor Agregado S.C., empresa que obtuvo de la Defensa un contrato por 668 mil 914 pesos para mantener la plataforma digital de la Revista de Sanidad Militar durante 2026. 

La cronología, por supuesto, tiene esa impecable estética institucional que tanto tranquiliza al ciudadano: el 22 de octubre de 2025, Defensa solicitó la cotización a Ontiveros como representante de la empresa; el 10 de diciembre notificó la adjudicación; y el 30 de diciembre ella firmó el contrato. Todo mientras seguía integrada a la ponencia de Guerrero, uno de los nueve ministros que llegaron a la nueva Corte el 1 de septiembre de 2025. 

La Constitución, ese adorno incómodo

El pequeño detalle es que el artículo 101 constitucional no está escrito para decorar oficinas ni para citarlo únicamente en discursos sobre el Estado de derecho. Establece que las y los funcionarios del Poder Judicial no pueden aceptar ni desempeñar empleos o encargos de la Federación, los estados o particulares. La Ley Orgánica del Poder Judicial replica la prohibición en su artículo 215.

Pero en este país la incompatibilidad parece una cuestión de interpretación creativa: quizá ser funcionaria judicial de tiempo completo y representante legal de una empresa privada contratista de la Defensa no cuenta como “encargo de particular” si se pronuncia muy rápido, se mete en una carpeta administrativa o se bendice con la palabra “servicio”.

La Constitución dice una cosa; la práctica parece responder: “sí, pero ¿ya revisaron que el contrato tenía firma, domicilio fiscal y número de expediente?”.

El contrato: directo, oportuno y conveniente

La contratación fue por adjudicación directa electrónica nacional. Es decir, el método predilecto de la burocracia cuando la competencia, la transparencia y el escrutinio público son molestias prescindibles. El objeto contratado: mantenimiento de una plataforma digital. El monto: 668 mil 914 pesos. La vigencia: todo 2026. 

No se trata de una sospecha construida con humo. Hay documentos oficiales, un contrato identificado como D.G. ADMON. SAIT-4/P/26, una representante legal identificable y un cargo judicial visible en el directorio de la Corte, según la investigación de EMEEQUIS.

Prestaciones de lujo, compatibilidades flexibles

Como Secretaria Auxiliar II, Ontiveros tiene un sueldo mensual bruto reportado de 84 mil 781 pesos, además de prestaciones que incluyen primas, seguros, apoyos y un aguinaldo de 40 días de sueldo básico bruto. Nada despreciable para quien, además, puede representar a una empresa privada que cobra contratos federales. 

Mientras la mayoría de los trabajadores mexicanos recibe el mínimo legal de 15 días de aguinaldo y pelea por conservar su empleo, en las alturas del aparato público parece existir un régimen laboral de realismo mágico: se sirve a la Corte, se representa a una firma privada y se contrata con Defensa. Todo en el mismo menú institucional.

El crimen perfecto

Eso es lo verdaderamente obsceno: no hace falta ocultar demasiado cuando la información está dispersa en registros públicos, contratos oficiales y directorios institucionales. La fórmula del crimen perfecto no consiste en borrar las huellas; consiste en dejarlas a plena vista, apostando a que nadie se tomará la molestia de unir los puntos.

Y así, mientras desde el poder se predica austeridad, combate a la corrupción y renovación de la justicia, una integrante de la ponencia del “Ministro Chicharrón” aparece también como representante de una contratista de la Defensa. La pregunta no es si el sistema tiene grietas. La pregunta es cuántas adjudicaciones directas, compatibilidades imposibles y silencios administrativos caben todavía en una Corte que prometió ser distinta. 

Con información: EMEEQUIS/