«119 PRIMAVERAS ?: BUSCAN CERTIFICAR a DON PEPE como el HOMBRE MÁS LONGEVO del MUNDO»… una hazaña biológica, como si el tiempo le debiera algo.

En una costa de Costa Rica donde el turismo suele llegar con prisa y la memoria a veces se alquila por noche, José Flores resiste como si el tiempo le debiera algo. Tiene 119 años, sí, pero más que una cifra parece una prueba viviente de que la historia no siempre se escribe en los libros: a veces se sienta en una silla de patio, mira de frente y sigue ahí, terco, entero, casi como un reproche.

Su vida pertenece a otra época, una en la que la tierra mandaba, el reloj no apuraba y la vejez todavía no era un accidente estadístico. Hoy, mientras su caso se tramita para intentar certificarlo como el hombre más longevo del mundo, su existencia también habla de algo menos celebrable y más incómodo: un modo de vida rural, sobrio y comunitario que se va encogiendo frente al ruido del progreso y la postal turística.

Hay algo profundamente humano en su historia. No solo impresiona que haya atravesado guerras, crisis y revoluciones como quien se cambia de camisa; también conmueve pensar que, detrás del récord, hay un hombre común que ha llegado tan lejos sin pedirle permiso a la modernidad. 

Y quizá por eso su figura incomoda tanto como fascina: porque recuerda que vivir mucho no siempre es lo mismo que vivir mejor, pero a veces sí es una forma silenciosa de dignidad.

Asi lo dice El Pais:

El Registro Civil de Costa Rica dice que el 11 de julio de 1907, hace 119 años, una mujer llamada Josefa en la provincia Guanacaste, en la costa del Pacífico norte del país centroamericano, dio a luz a un niño bautizado como José Flores Flores. Todos los nacidos en esa primera década del siglo XX y muchos de años posteriores están ya fallecidos, pero el señor José aún vive saludable en un municipio rural en los linderos de una “zona azul”, como se le conoce a regiones del mundo con abundancia de personas centenarias gracias a condiciones de vida sana.

Lo que no reporta el registro oficial del país centroamericano es que el señor José está fuerte, que deja ver su sonrisa y músculos en los brazos, que duerme sabroso y come todo lo bien que se puede en un hogar pobre, de ambiente campesino y cuido familiar. Es, sin duda, la persona más longeva en Costa Rica y posiblemente en el mundo, un probable récord que depende de certificaciones aún en trámite a cargo de familiares con ayuda de una organización local y un investigador español que no duda en calificar a Flores como “un caso absolutamente extraordinario”.

Lo encontramos en su casa de madera y chapa ubicada en una hacienda ajena en el pequeño poblado Obandito de Sardinal, en un caluroso municipio llamado Carrillo, ubicado en las inmediaciones de la Península de Nicoya. Es parte de la provincia Guanacaste, a donde volvió en 2024 casi un siglo después de haber partido para trabajar en plantaciones bananeras en el sur del país, cuando esta región estaba muy lejos de ser el destino de miles de turistas extranjeros que cada año llegan atraídos por sus playas, sí, pero también por el entorno rural que en parte explica la abundancia de personas locales longevas.

“Con toda la pata (muy bien)”, responde Flores al saludo mientras reposa sentado junto a unos globos que quedaron de la fiesta de cumpleaños reciente, después del desayuno de gallo pinto (arroz y frijoles mezclados), queso fresco y rebanadas de plátano frito. Al lado de la mesa donde a veces juega dominó o naipe, saluda con fuerte apretón de mano y una sonrisa lenta, pero franca. Ahora es famoso en el poblado y más allá; su rostro moreno aparece en los medios locales con la gorra de Batman que era de un hijo ya fallecido. Le cuesta oír y padece un desgaste de rodilla, dice que se siente “amolado y sin filo”, comparándose con un machete gastado. Camina con ayuda de una andadera para salir a recibir la brisa, escuchar a los pericos en los árboles o saludar a los vecinos, acompañado de su nieta Hellen Flores, quien se reparte entre cuidar al abuelo y acudir a los cursos de asistencia de personas mayores, porque ha descubierto una una vocación y posibilidad de empleo.

“Mucha gente ve a los abuelos como muebles; los alimentan y los limpian, pero no siempre se les ve como personas con derechos plenos. Aquí él tiene la última palabra sobre sus cosas”, dice la nieta, quien decidió encargarse del cuidado a pesar de no tener un ingreso fijo. La familia recibe sólo unos 150.000 colones mensuales (unos 330 dólares), una octava parte del ingreso promedio por hogar en el país. La pobreza acompaña a José desde que nació en otro municipio de Guanacaste, donde su abuela lo crió después de que él fue abandonado por la mamá y perdió al papá a los siete años.

De niño aprendió a trabajar en el campo y apenas de adolescente migró para ganar dinero propio en los enclaves bananeros del sur del país, a cambio de jornadas durísimas en condiciones que nadie vincularía a una vida larga, placentera ni saludable, salvo por las ventajas del ejercicio físico diario. Después, ya casado y con hijos, se trasladó a la zona norte del país, sin dejar las faenas de jornalero que nunca alcanzaron para adquirir un terreno propio. En algún momento el Estado le iba a asignar una parcela, pero él tenía casi 75 años y no calificó porque nadie creía que a esa edad iba a poder trabajarla, recuerda la nieta riendo. Ahora viven en precariedad sin que se hayan cumplido diversos ofrecimientos de una vivienda propia digna, pero José siempre supo resistir a las carencias.

“Trabajar mucho, encomendarse a Dios y comer sano”. Esa es la clave que da José. Su esposa, Ofelia, murió a los 71 años. “Puedo decirle que él es reflejo de ese estilo de vida funcional de la región: redes familiares y comunales, comida orgánica, actividad física permanente y la tranquilidad de una vida sencilla, una rutina marcada por la luz solar, una espiritualidad asociada a la religión… es una mezcla de muchas cosas”, dice Jorge Vindas, fundador de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul. Este grupo se encarga de promover y proteger esta parte de Guanacaste como una región con alta presencia de personas centenarias, como registró hace 20 años el investigador estadounidense Dan Buettner al fundar un proyecto internacional que también integran Loma Linda de California, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia y la isla japonesa Okinawa. Recientemente se ha incorporado Singapur, por efecto de fuertes inversiones gubernamentales que ni siquiera caben en la imaginación del señor José y su nieta.

Flores, sin embargo, no es “producto” de la zona azul de Guanacaste. Vindas en broma dice que “él sólo se fue un siglo y volvió”. Lo cierto es que coincidió en buena parte con el estilo de vida de la provincia que ahora, más allá de la modernidad, está sometida a cambios profundos y acelerados por la industria del turismo, con la llegada adicional de nuevos habitantes que alteran el entorno e inciden en los hábitos de los locales. Casi dos millones de viajeros llegaron en 2025 directo al Aeropuerto de Guanacaste; abundan los anuncios en inglés en las carreteras para ofrecer servicios y propiedades. El turismo y el negocio inmobiliario van desplazando a las enormes haciendas y parcelas agrícolas. Queda muy poco de aquella economía de subsistencia que permitió a determinadas generaciones alimentarse sin comida procesada, otro de los factores que suelen subrayar especialistas.

“Son muchos los ingredientes de esta ensalada llamada longevidad. La genética, la alimentación, la actividad física… ahora hemos incorporado las relaciones humanas y la conexión social. Pero no hay una respuesta definitiva que permita tener la explicación completa, porque otras personas en condiciones similares han fallecido a edades más cortas”, dice José Antonio Rabadán, doctor en Gerontología de la Universidad de Alicante e investigador de la región guanacasteca en Costa Rica, donde ha realizado más de setenta visitas a personas centenarias.

Rabadán conoció a Flores cuando cumplió 117 años y quedó impresionado por su condición física. “A los 119 años no existe lo normal. Son casos que estamos empezando a conocer”, describe el investigador sobre el hombre que aún a los 113 años caminaba cada día un kilómetro para reunirse con otros adultos mayores en un centro diurno del pueblo donde vivía entonces. Es optimista con lograr la certificación internacional de José. Puede serlo porque el registro estatal es de fiar y también tiene en mano una copia del acta del bautizo a cargo del obispo Luis Leipod en 1907.

“Hay un expediente muy completo que a nosotros nos merece toda la credibilidad sobre la vida de José, con documentos oficiales y verificados”, añade Rabadán, confiado en una respuesta favorable del ente validador, el Grupo de Investigación en Gerontología (GRG, por sus siglas en inglés), una organización global fundada en Estados Unidos que registra e investiga a los supercentenarios, personas mayores de 110 años. 

Después quizás llegue a ser un récord Guinness, pero advierte que prefiere ir paso a paso. Hasta ahora la persona viva de más edad es la inglesa Ethel Caterham, quien el 21 de agosto cumplirá 117 años, según datos de GRC. Hasta donde se sabe, la marca la tiene la francesa Jeanne Calment, con 122 años y 164 días, fallecida en 1997.

Rabadán y Vindas saben que Flores es excepcional como individuo, pero también es parte de generaciones guanacastecas particulares con ventajas de longevidad que están desapareciendo en las nuevas cohortes, como señaló desde 2023 el reputado demógrafo Luis Rosero-Bixby, fundador del Centro Centroamericano de Población (CCP) en la estatal Universidad de Costa Rica (UCR). El especialista, sin embargo, advirtió que los nacidos antes de los años 30 siguen mostrando una longevidad excepcionalmente alta en esta región del país que, en cualquier caso, tiene una expectativa de vida al nacer más alta que el promedio internacional (83,7 años en mujeres y 78,6 años para hombres, según cifras oficiales).

Estas edades altas se combinan, sin embargo, con una tendencia nacional de reducción de la tasa de fecundidad, de solo 1,1 hijos por mujer, lo que acelera el envejecimiento de la sociedad y pone en aprietos a la economía, al modelo estatal de servicios sociales y a los sistemas de pensiones. La nieta Hellen, por ejemplo, tiene sólo un hijo, quien la ayuda a cuidar a su bisabuelo. “¿A un hogar de ancianos? Sobre mi cadáver. Aquí lo cuidamos entre mi mamá, mi hijo y yo, esta es su casa y esta es su familia”, añade la mujer mientras José sonríe sin quitar la mirada del televisor donde disfruta ver la serie sesentera estadounidense Bonanza. Él responde que sí disfruta del deporte de los puños y se cuadra para echar un pulso con el brazo izquierdo, su fuerte.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ALVARO MURILLO

«6 MUJERES en 90 DIAS: REPORTAN MUERTES en SERIE en PENAL de SANTA MARTHA ACATITLA»…una dicen se suicido a días de salir.

Seis mujeres muertas en 90 días dentro de una cárcel de la Ciudad de México y la versión oficial suena a trámite burocrático: suicidio, causas naturales, complicaciones médicas. Como si la muerte en serie pudiera archivarse con etiquetas clínicas y un sello institucional. Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, no es un hospital ni un asilo; es una prisión bajo custodia del Estado. Y aun así, seis internas —Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura— salieron de ahí en bolsas negras mientras la autoridad explica que todo fue, básicamente, mala suerte.

Las cifras son frías, pero los nombres no: dos asfixias, una broncoaspiración, una acidosis metabólica, una hipertensión maldita y una insuficiencia renal. Traducido: una colección de muertes que, juntas, dejan de parecer coincidencia y empiezan a oler a sistema. En redes, sus rostros circulan editados por familiares que no compran la versión oficial. Ninguna aparenta siquiera rozar los 60 años. Ninguna parece parte de una estadística inevitable.

El caso que más incomoda es el de Diana Laura: a días de recuperar su libertad, murió en lo que la autoridad llamó suicidio. Porque claro, nada más lógico que quitarse la vida justo cuando estás por salir. Otro caso también entra en esa cómoda categoría. Y todos, sin excepción, fueron “notificados” al Ministerio Público, como si el acto de avisar fuera sinónimo de investigar.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que no suele encender alarmas por deporte, recibió seis quejas y decidió mirar más de cerca. Traducción: algo no cuadra. Hablan de posibles responsabilidades, de factores de riesgo, de condiciones estructurales. Lenguaje técnico para decir que tal vez el problema no es que seis mujeres decidieran morir, sino que el sistema les facilitó el camino.

Casualmente —porque en México todo es casualidad—, días después de que se anunciara la investigación, la subdirectora operativa del penal, Yéssica López Avilés, dejó el cargo. Motivos personales, dicen. Nada que ver con seis muertes bajo su gestión. Pura coincidencia administrativa.

El problema es más grande que Santa Martha. En México hay unas 16 mil mujeres privadas de la libertad, apenas el 6% de la población penitenciaria, hacinadas en espacios diseñados para hombres. Módulos pequeños, servicios deficientes, sobrepoblación como norma. En 2023, once mujeres murieron por suicidio en el Cefereso 16, una prisión federal que operaba sin atención médica ni de salud mental. Pero el discurso oficial insiste en que cada caso es aislado, casi anecdótico.

Y no es como si nadie hubiera avisado. Desde 2019, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya había detectado condiciones en Santa Martha que podían derivar en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Veinte recomendaciones después, el resultado es este: seis mujeres menos y un sistema que sigue funcionando exactamente igual.

Porque en el fondo, el mensaje es claro: el Estado te encierra, te administra y, si mueres en el proceso, lo más probable es que lo llame “incidente”. Y siga adelante.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO/

“ESCÁNDALO de GOBERNADORA de MORENA EXHIBE su DISCAPACIDAD de DISCERNIMIENTO y la PROTECCIÓN del ESTADO CORRUPTO…no distingue alcances entre ciudadana y gobernadora.”

Marina del Pilar Ávila gobierna Baja California con las siglas de MORENA, aunque a ratos parece estar gobernando otra cosa: su propia confusión. No es una menor. Es, más bien, estructural. La mandataria da la impresión de no distinguir entre la ciudadana que puede improvisar soluciones a su conveniencia y la funcionaria que está obligada a respetar límites, protocolos y, sobre todo, el sentido básico de responsabilidad pública. Que ese enredo ocurra en quien encabeza un estado fronterizo no es un detalle pintoresco: es un problema serio.

Su reciente entrevista con EL PAÍS México no disipó dudas; las administró. Tuvo en bandeja la oportunidad de explicar por qué el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa —un hecho ya de por sí extraordinario para una gobernadora fronteriza— y eligió, en cambio, el rodeo, la evasiva y el tono agraviado. Una gobernante sin visa estadounidense en Baja California no es una anécdota: es una contradicción funcional. Y aun así, lo sustantivo quedó sin respuesta.

Pero lo verdaderamente revelador no es lo que no dijo, sino lo que sí hizo. Para intentar recuperar su visa, Ávila decidió transitar por un camino que oscila entre lo informal y lo francamente cuestionable: intermediarios sin acreditación clara, contactos sugeridos por un adversario político —Jaime Bonilla— y una disposición inquietante a negociar en terrenos donde una mandataria no debería siquiera asomarse. No es que falten canales institucionales; es que decidió ignorarlos.

Los audios difundidos y reconocidos por la propia gobernadora pintan un cuadro incómodo: una funcionaria dispuesta a explorar “arreglos” con actores difusos, incluso dejando entrever que podría compartir información sensible. Aquí la confusión deja de ser teórica. Porque una cosa es que una ciudadana busque atajos en un trámite migratorio —cuestionable, sí, pero comprensible— y otra muy distinta que quien encabeza un estado trate asuntos potencialmente delicados como si estuviera resolviendo un problema personal en ventanilla.

Cuando se le cuestiona si informó a la federación, responde con precisión quirúrgica… para no decir nada: “sabían que estaba haciendo gestiones”. Traducción: sabían lo suficiente como para no poder alegar ignorancia, pero no lo necesario como para evaluar la naturaleza real de esas gestiones. El doble lenguaje no es un accidente; es una herramienta.

Y cuando la evidencia aprieta, llega el concepto estrella: la “emboscada psicológica”. Una expresión que, más que explicar, delata. Según su versión, fue manipulada, presionada, llevada a un estado de vulnerabilidad. Puede ser. Pero incluso si se concede ese punto, la pregunta incómoda permanece: ¿ese es el umbral de resistencia de quien toma decisiones de seguridad, gobernabilidad y relación binacional en un estado como Baja California?

El giro al victimismo completa el cuadro. Ávila habla de miedo, de su familia, de escenarios extremos como una posible extradición. Humanamente, es entendible. Políticamente, es devastador. Porque al colocarse en esa narrativa, la gobernadora no solo busca empatía: también admite que, ante la presión, su prioridad puede desplazarse de lo público a lo personal. Y ahí el problema deja de ser discursivo para volverse institucional.

La ironía final es casi pedagógica: en su intento por defenderse, Marina del Pilar ha terminado exhibiendo justo aquello que debía disipar. No aclaró por qué perdió la visa, pero sí dejó claro cómo entiende —o malentiende— su papel como gobernante. No explicó sus decisiones, pero sí mostró su método. No resolvió dudas: las confirmó.

Quizá, en efecto, la solución más sensata sería quitarle el peso del cargo. No como castigo, sino como acto de coherencia. Tal vez así, liberada de la responsabilidad pública, la ciudadana Marina del Pilar Ávila pueda gestionar sus asuntos personales sin confundirlos con los de todo un estado. Porque hoy, más que una gobernadora bajo presión, lo que hay es una función pública en entredicho.

Con información: SALVADOR CAMARENA/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

"JUEZ FEDERAL CANCELA ORDEN de CAPTURA de LIGADO V.I.P a MEGAHUACHICOL que HUYÓ a EE.UU"...se entregó a dios en vez de la FGR.

En el emocionante episodio de “La justicia selectiva mexicana sí funciona… pero en cámara lenta y con final alternativo”, un juez federal decidió que detener a un presunto operador de uno de los mayores escándalos de huachicol fiscal del país era, básicamente, un exceso de entusiasmo.

Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal vinculado al contrabando de unos discretos 144 millones de litros de hidrocarburos por la Aduana militarizada de Matamoros —una minucia, casi un error de contabilidad—, acaba de recibir un elegante “usted disculpe” cortesía del sistema judicial. 

El juez Mario Jorge Melo Cardoso concedió un amparo que, en términos prácticos, borra la orden de aprehensión y propone algo más civilizado: invitarlo a comparecer… sin prisas, sin esposas y, de ser posible, sin incomodidades.

Porque, según el criterio judicial, la Fiscalía General de la República no logró explicar por qué detener a alguien que ya se les peló una vez sería una buena idea. Detalles, formalismos, minucias legales: esas cosas aburridas que, al parecer, pesan más que 144 millones de litros de combustible ilegal.

Y es que Carretero no solo tenía una orden de captura previa, sino que —según versiones periodísticas— ya había hecho lo que cualquier ciudadano responsable haría en su situación: cruzar tranquilamente a Brownsville, Texas, aprovechando su nacionalidad estadounidense. Un pequeño viaje de negocios, nada que ver con evadir la justicia.

Pero no nos adelantemos. El juez de control que originalmente ordenó su aprehensión había argumentado, con una lógica bastante terrenal, que el acusado tenía motivos suficientes para no presentarse voluntariamente: posibles penas altas, prisión preventiva y, por si fuera poco, vínculos con una organización criminal transnacional, redes de apoyo y dinero suficiente para desaparecer del mapa. Vamos, lo básico.

Sin embargo, para el juez Melo Cardoso, muy conocido entre criminales organizados del Cártel del Golfo, todo eso fue considerado poco más que especulación con tintes dramáticos. “Razonamientos dogmáticos”, los llamó, como si hablar de fuga en un caso donde el implicado ya se fugó fuera una exageración literaria.

Así que la nueva estrategia será más cordial: en lugar de buscarlo con orden de captura, ahora la FGR podrá pedirle amablemente que asista a una audiencia. Quizá con un recordatorio por correo. O un mensaje de “cuando gustes, sin compromiso”.

Eso sí, la historia no termina aquí. La Fiscalía ya impugnó el amparo, así que ahora el asunto queda en manos de un Tribunal Colegiado. Es decir, el capítulo continúa, con la esperanza de que en algún punto alguien recuerde que estamos hablando de uno de los mayores casos de contrabando de hidrocarburos del país… y no de una falta administrativa.

Mientras tanto, el mensaje parece claro: en México, puedes mover millones de litros de combustible ilegal… pero cuidado con no llenar bien el formato.

Con información: ELNORTE/

«Y que TAL SI DANDO y DANDO…? un SOMBRERUDO por OTRO: FISCAL de EE.UU. ABIÓ la posibilidad de REVISAR SOLICITUDES de EXTRADICIÓN»…entre ellas la de CABEZA de VACA.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, abrió la posibilidad de revisar las solicitudes de extradición presentadas por México que continúan sin respuesta, incluida la del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, requerido por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante una conversación con el periodista Jesús García, de La Opinión (Los Ángeles), en el contexto de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, Blanche fue cuestionado sobre la falta de respuesta de la Administración de Donald Trump respecto al tema.

Lo que dijo Blanche

Aunque el punto clave es que la frase proferida por Blanche no equivale a autorizar extradiciones ni a ordenar entregas inmediatas. Hasta ahora, la información consultada subraya que no hay confirmación pública de una revisión formal ya iniciada por el Departamento de Justicia.

El caso Cabeza de Vaca

La solicitud mexicana se mantiene viva, al igual que la de Rubén Rocha Moya, a la que la presidenta Sheinbaum se resiste dolosamente en México; aun así, Washington ha pedido información adicional sobre ese expediente, lo que en la práctica lo deja frenado y no resuelto.

Medios consultados ubican el caso dentro de las 269 peticiones de extradición formuladas por México entre 2018 y 2026, de las cuales 233 seguían pendientes y 36 habían sido negadas a mayo de 2026. Sheinbaum ha insistido en que México busca reciprocidad, porque —según su gobierno— EE. UU. no ha entregado a ninguno de esos requeridos.

El mensaje de Blanche huele a diplomacia de ventanilla: “sí, revísenlo”, que en lenguaje burocrático suele significar “no se emocionen todavía”. Aunque el subtexto para Tamaulipas es puro combustible: el expediente de Cabeza de Vaca vuelve a ponerse en la mesa justo cuando México presiona por reciprocidad y Washington contesta con esa elegancia tan suya de “faltan papeles”.

En resumen: “Dando y dando, pero no se emocionen, hasta ahora EE. UU. cobra la cortesía en efectivo y paga la extradición en promesas”. El eje útil no es que ya lo van a extraditar, sino que Blanche reabrió el tema y eso le da oxígeno político al reclamo mexicano sobre los casos congelados.

Con information: OEM/ LOPEZ DORIGA/ LA OPINIÓN

«NO, NO ERA CLORURO de CALCIO: ADUANA MILITAR INGRESÓ CONTRABANDO de 804 MILLONES de KILOS y la MAGIA OCURRIÓ en MATAMOROS»…transa verde olivo creció 100,000% y exSecretario de Defensa debe ir a prisión.

En México no hubo un problema de “huachicol fiscal”. Hubo, más bien, un acto de prestidigitación institucional: convertir millones de litros de gasolina en “solución de cloruro de calcio” ante la mirada —o la conveniente ceguera— de una aduana militarizada que prometía exactamente lo contrario.

Porque claro, todos sabemos que el país de pronto desarrolló una sed incontenible por el cloruro de calcio. Una fiebre nacional. Una urgencia química. Pasar de 750 mil kilos a 804 millones en un año no es sospechoso: es, aparentemente, una muestra del dinamismo económico. México, potencia mundial en… ¿encurtidos firmes y pozos petroleros imaginarios?

La magia ocurrió en Matamoros, ese laboratorio donde la realidad se reetiqueta. Ahí, miles de trámites convirtieron pipas de combustible en inocentes soluciones químicas. 

Y todo bajo la tutela de quienes llegaron a “poner orden”: mandos militares que, según el guion oficial, eran sinónimo de disciplina, honestidad y eficacia. El resultado fue tan eficaz que el contrabando se disparó justo cuando ellos tomaron el control.

Pero no se trata de un descuido. No es que 804 millones de kilos se hayan colado por error, como quien olvida declarar una botella de tequila en la maleta. 

A decir del diario español, El Pais, aquí hubo estructura, ritmo, continuidad. De enero a julio de 2025, la aduana de Matamoros operó como una máquina bien aceitada… solo que no para recaudar, sino para dejar pasar.

Y entonces ocurrió el milagro inverso: una denuncia anónima, un cateo, 17 vagones, 1.6 millones de litros de combustible disfrazado… y, de pronto, el flujo de “cloruro de calcio” regresó a niveles normales. 

Qué coincidencia. Como si el mercado hubiera decidido, espontáneamente, dejar de necesitar cantidades industriales del químico justo después de que alguien encendió la luz.

Ahora sabemos que no era el químico el problema. Ni siquiera el huachicol en sí. El problema era —y es— el aparato que debía impedirlo y terminó administrándolo. Porque cuando las aduanas se militarizaron, la promesa era cerrar la puerta a la corrupción. Lo que ocurrió fue algo más sofisticado: se cambió al portero, pero el negocio siguió pasando… solo que con uniforme y aval oficial.

Y mientras los nombres comienzan a aparecer —tenientes coroneles, subdirectores, empresarios bien conectados— el discurso oficial se queda sin coartadas. Porque ya no alcanza con culpar a “las mafias” cuando el mecanismo operó, durante meses, dentro de la estructura del Estado.

Al final, el cloruro de calcio no endureció quesos ni estabilizó pozos. Sirvió para algo mucho más útil: evidenciar que el problema nunca fue el combustible ilegal, sino la legalidad flexible de quienes debían detenerlo.

Asi lo dice hoy el Diario Español,El Pais:

Las importaciones de solución de cloruro de calcio, uno de los mantos con los que los contrabandistas esconden el combustible que introducen en México desde Estados Unidos, crecieron un 100.000% entre 2024 y 2025, pasando de menos de un millón de kilos -750.000- a 804 millones de kilos al año. Las nuevas importaciones se concentraron en una sola aduana, la de Matamoros, que es justamente donde la Fiscalía General de la República sitúa una red de huachicol fiscal que contaba con la colaboración de tres miembros de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargados de dirigir este recinto comercial. Las operaciones sospechosas se concentraron de enero a julio de 2025, deteniéndose, justamente, cuando una denuncia anónima llevó a un cateo inicial de 17 vagones de carga con 1,6 millones de litros de combustible que habían entrado a México como cloruro de calcio. Tras este decomiso, los ingresos de esta mercancía cayeron a niveles de los años anteriores.

La solución de cloruro de calcio se usa en medicina para tratar la falta de calcio y la toxicidad por magnesio, también para que los quesos y vegetales enlatados se queden firmes y, en el caso de la industria petrolera, es uno de los múltiples recursos que ayudan en la perforación de pozos. México tenía, desde 2019, unas importaciones constantes de entre 650.000 y 850.000 kilos anuales, con entre 100 y 400 trámites aduaneros. Pero en 2025, a través de Matamoros, comenzaron a entrar cada día más cargamentos de solución de cloruro de calcio que el resto del año en todo México. Entre enero y julio de 2025, esta aduana recibió 804 millones en 14.000 trámites.

Este mismo julio, 10 meses después de la detención de los integrantes de una red de corrupción liderada por marinos de alto rango, se hizo público que la Fiscalía General de la República quiere detener a tres miembros del ejército por su papel como cabezas de la aduana de Matamoros. 

Con esto, el gran escándalo de corrupción que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador salpica a la Secretaría de la Defensa Nacional además de a la Armada. Las fuerzas militares tienen el control de las aduanas desde mediados de 2020, cuando López Obrador, alegando su honestidad y eficacia, entregó a los marinos los puertos y a los soldados las terrestres.

Los tres soldados prófugos son los tenientes coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, titulares de la aduana de Matamoros entre 2024 y 2026, y el teniente de policía militar Jorge García García, exsubdirector de operación aduanera en el mismo espacio. 

Están acusados de permitir la entrada de 144 millones de litros de hidrocarburos entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025. Hay otros 10 civiles, entre empresarios y funcionarios, en la orden de captura. La trama estaba presuntamente encabezada por Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, y preso desde enero de 2026 en el penal del Altiplano. Riestra Fernández también es uno de los acusados en el caso contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

La aduana de Matamoros es uno de los epicentros del contrabando de combustible entre Estados Unidos y México. Una investigación reciente de EL PAÍS, realizada con informes confidenciales y bases de datos de comercio exterior, reveló que este crimen se multiplicó en este recinto desde que la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo cargo. 

El pasado junio, el Gobierno de Estados Unidos deportó al subdirector de esta aduana de Matamoros, acusado junto a los militares y el empresario Riestra Fernández.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/