LOS "DESAPARECIDOS y la FIESTA MORENA ?":"EDITORIAL de WALL STRET JOURNAL DIARIO de los MAS INFLUYENTES del MUNDO le ATINA al RESPONSABLE MAS que CULPABLE"...Sheinbaum cambió el slogan,pero no el infierno.

La informacion fue publicada ayer por el prestigiado The Wall Street Journal ( WSJ ) bajo el titulo  “Mexico’s Missing and the Morena Party”, «Los desaparecidos de Mexico y la Fiesta Morena», firmada por Mary Anastasia O’Gradyy ; el eje es que el gobierno mexicano admitió que no puede localizar a más de 130 mil personas desaparecidas en las últimas dos décadas, y que las primeras medidas de Sheinbaum para recuperar confianza pública se quedan cortas. 

El texto también retoma que en 2023 organizaciones civiles acusaron a López Obrador de manipular cifras para bajar la presión política, y coloca a Morena en el centro del costo institucional de la crisis.

Morena no gobierna, administra el expediente del horror

El Wall Street Journal puso el dedo donde duele: México no sólo carga con una crisis de desaparecidos, sino con un gobierno que lleva años tratando el problema como si fuera un trámite de ventanilla, una molestia estadística o un asunto de imagen. Más de 130 mil personas siguen sin ser localizadas, y aun así el discurso oficial insiste en vender “avances” mientras las familias siguen buscando en fosas, caminos y terrenos donde el Estado aparece tarde, mal y, muchas veces, sólo para la foto.

Lo más escandaloso no es la cifra, sino el cinismo administrativo: mientras colectivos y familias denuncian desapariciones masivas, el poder se empeña en discutir si el número está “bien capturado”, como si el drama nacional se resolviera corrigiendo una base de datos. 

En el fondo, el WSJ exhibe una verdad incómoda para Morena: cuando un gobierno presume transformación, pero no puede garantizar ni verdad, ni justicia, ni localización, lo que transforma es la resignación social.

El ángulo político

El señalamiento a Morena no es gratuito ni caprichoso. El editorial enlaza la herencia de López Obrador con la promesa incumplida de Sheinbaum: corregir el registro, ordenar el sistema y recuperar credibilidad, pero sin tocar de fondo la impunidad que permitió que la crisis creciera hasta volverse una tragedia estructural. Dicho en castellano llano: cambiaron el eslogan, pero no el infierno.

La parte más áspera del texto es su diagnóstico de fondo: en México, la desaparición ya no es una emergencia excepcional, sino una forma de gobierno paralela donde el crimen organiza territorio, las autoridades administran la narrativa y las familias hacen el trabajo que el Estado no quiere o no puede hacer. Y mientras Morena presume control político, el país sigue produciendo ausencias como si fueran saldo normal del sistema.

México no necesita otro comunicado de empatía; necesita un Estado que encuentre personas, castigue responsables y deje de convertir la tragedia nacional en munición de propaganda bajo exacerbada complicidad con el crimen organizado.

Quien es WSJ

WSJ , The Wall Street Journal, es un periódico estadounidense fundado en 1889 en Nueva York, con fuerte enfoque en negocios, finanzas, economía y política económica. 

Qué tipo de medio es

El WSJ es uno de los diarios financieros más influyentes del mundo y también una de las llamadas “fuentes de registro” en Estados Unidos. Su redacción dice operar de forma independiente de las áreas comerciales para proteger su cobertura de influencias externas

Con informacion: THE WALL STREET JOURNAL/

LA «MINISTRA del LENGUAJE FLORIDO NOS RECETA TEXTO HISTORICO del AMPARO que ROZA la PROPAGANDA INSTITUCIONAL con SESGO NARRATIVO»…una hagiografía jurídica con maquillaje.

El texto de la Ministra Lenia Batres,publicado en El Universal+, es correcto en su estructura básica, pero está escrito con un marcado tono de pedagogía épica que roza la propaganda institucional, y además trae omisiones y simplificaciones que un constitucionalista serio no debería dejar pasar. El relato convierte una historia compleja del amparo en una especie de “epopeya fundacional” con héroes puros, enemigos difusos y una línea evolutiva casi inevitable, que es precisamente donde empieza la narrativa ideológica.

Lo acertado

Batres sí acierta en varios puntos duros: Otero llevó el amparo al plano federal en 1847; el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas es la base histórica del amparo federal; la Constitución de 1857 lo incorporó; la de 1917 lo consolidó; y la Ley de Amparo de 2013 abrió el debate sobre la procedencia frente a particulares en ciertos supuestos. También es real que la reforma de 2011 introdujo la declaratoria general de inconstitucionalidad, rompiendo parcialmente el viejo molde de relatividad.

Las simplificaciones

La primera trampa del texto es presentar a Mariano Otero casi como el inventor solitario del amparo nacional. En realidad, Otero no “creó” desde cero el amparo: lo sistematizó y federalizó, pero la matriz yucateca de Manuel Crescencio Rejón ya existía y no era un detalle ornamental, sino el antecedente decisivo que el propio texto reconoce a medias. Esa es una de esas redacciones donde el mérito histórico se distribuye con una mano y se concentra con la otra.

Otra simplificación es la fórmula “contra todo acto de los poderes Legislativo y Ejecutivo”. El artículo 25 del Acta de 1847 y la tradición posterior del amparo no se agotan en esa frase, y la evolución legislativa fue mucho más técnica, con límites, competencias y diseños procesales que el texto comprime para que suene lineal y heroico. Traducido: mucha épica, poca arquitectura.

El sesgo narrativo

El texto está construido como una pieza de legitimación moral: el amparo aparece como el “más poderoso escudo jurídico” nacido de la guerra, la arbitrariedad y la virtud republicana. Eso no es falso, pero sí selectivo: omite que el amparo también ha sido una institución altamente formalista, litigiosa, elitizable y, en muchos periodos, de acceso desigual, lejos de la postal de defensa universal y espontánea que sugiere la columna.

La frase sobre Otero detenido en 1843 y convencido por “la arbitrariedad en carne propia” también tiene carga literaria evidente. Puede ser históricamente verosímil como contexto, pero en el texto funciona más como una escena fundacional de biografía heroica que como una explicación jurídica rigurosa. Es el recurso clásico: si no alcanza el argumento, se mete el sufrimiento del prócer.

Propaganda de buena conciencia

La parte más propagandística no es la historia del amparo, sino el modo de narrarla: se le atribuye una pureza casi sagrada al instituto, como si toda su evolución fuese una marcha ascendente hacia la salvación de “mexicanos y mexicanas”. Ese tipo de cierre emocional no analiza el amparo: lo canoniza.

Además, el texto deja fuera algo incómodo: la discusión contemporánea sobre si el amparo debe expandirse, restringirse o reformularse para evitar abusos procesales, saturación judicial o distorsiones estratégicas. En otras palabras, la columna habla del amparo como patrimonio moral; no como campo de disputa constitucional real.

Inconsistencias y precisiones

Hay una precisión importante: el texto dice que la reforma de 2011 introdujo la declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual es correcto en términos generales, pero omite que su operatividad fue gradual y condicionada por el diseño constitucional y legal posterior. También dice que la Ley de Amparo de 2013 “introdujo el amparo contra particulares”, cuando jurídicamente el punto es más fino: la reforma y la ley ampliaron la discusión y admitieron supuestos de procedencia frente a particulares en funciones equiparables a autoridad o en contextos de derechos fundamentales, no una regla simple y universal contra cualquier particular.

Nuestra impresión

Un buen texto de divulgación, mala pieza si se vende como análisis constitucional neutro. Tiene base histórica, sí; pero está narrado como una hagiografía jurídica con maquillaje institucional, donde el amparo no se estudia: se celebra.

Con informacion: LENIA BATRES/ELUNIVERSAL+/

LA «VICTIMIZACIÓN PATRIOTICA»: «MEXICO es POTENCIA MUNDIAL en TRATADOS,PROTOCOLOS,COMISIONES,FISCALIAS,LEYES y REGISTROS pero NADA SIRVE cuando se TRATA de DESAPARECIDOS»…132 mil victimas y mas de 70 mil cuerpos sin identificar.

México puede dormir tranquilo: tiene el marco jurídico más completo del planeta contra las desapariciones forzadas. No hay país que nos gane en cantidad de tratados, protocolos, comisiones, fiscalías, leyes generales, registros nacionales y unidades de atención. Ya sólo falta que todo eso sirva de algo.

Porque mientras el gobierno presume su “colosal aparato institucional” y presume puntualidad suiza ante los comités de la ONU, la realidad sigue siendo brutal: más de 132 mil personas desaparecidas, una crisis forense que acumula 70 mil cuerpos sin identificar, y una impunidad casi absoluta. Pero el discurso oficial sigue ocupado afinando su orquesta de autopremios.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ya perdió la cuenta de las veces que le ha dicho a México que tiene un problema gigantesco. En 2015, en 2018, en 2021, en 2023… y ahora otra vez en 2026. Cada vez más informes, más alertas y más documentos con palabras largas. Pero el Estado mexicano, incansable, sigue dedicándose a lo que mejor hace: negar, maquillar y ofender a quien lo exhibe.

El colmo llegó cuando el CED decidió llevar el caso mexicano ante la Asamblea General de la ONU, ante lo cual el gobierno respondió con la elegancia de un elefante ofendido: acusó al comité de ser “tendencioso, sesgado y carente de rigor jurídico”. Lo mismo que dijeron Calderón y Peña Nieto cuando los balconearon por exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora se repite el guion con un énfasis en la victimización patriótica: “no hay desaparición forzada desde el Estado, sólo desde la narrativa enemiga”.

En la práctica, negar el problema equivale a no tener que resolverlo. Y así, amparado entre comillas jurídicas, el gobierno puede seguir aplaudiéndose por su “colaboración internacional” y su “compromiso con los derechos humanos”, mientras las familias siguen buscándolos literalmente con las uñas.

Al final, México tiene más leyes que justicia. Se especializa en redactar protocolos, no en encontrarlos. Y aunque el discurso oficial insiste en que todo va bien, lo único que avanza es el número en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Un país que presume leyes perfectas pero entierra cuerpos sin nombre no necesita más tratados. Necesita memoria, verdad y menos simulación.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/SANTIAGO CORCUERA CABEZUT/

DE «TAL PADRE,TAL HIJO»: «ACUSAN FISCAL ANTICORRUPCION de MORENA de MONTAR una JUSTICIA S.A de C.V JUNTO con su HEREDERO en la COMISIÓN de VICTIMAS»…ambos unidos por sangre y por transferencia electrónica.

A Leonel Díaz Rogel, Fiscal Anticorrupción del Gobierno de Morena en Morelos, habría que ponerle un espejo de frente antes de hablar de valores éticos. Y no por narcisismo, sino para que vea al verdadero protagonista del teatro que ha montado: un anti anticorrupción de catálogo, bautizado con toga y moches.

Según denuncia ante la FGR, el señor fiscal —junto con su heredero, Leonel Díaz Grajales— operaba una microempresa familiar dedicada a cobrar comisiones de conciencia a las víctimas de delitos. Nadie les explicó que “reparación del daño” no se refiere al alma del funcionario, así que decidieron quedarse con hasta el 25% del sufrimiento ajeno, como si la justicia fuera un negocio de franquicia.

El esquema suena tan eficiente que podría llamarse “Justicia S.A. de C.V.”: el padre desde la Fiscalía Anticorrupción, el hijo desde la Comisión de Atención a Víctimas, ambos unidos por sangre y por transferencia electrónica. Mientras otros funcionarios leen el Código Penal, ellos aplican el Código Postal, buscando qué víctima vive más cerca del dinero público.

Todo sucedió bajo el luminoso gobierno de la morenista Margarita González, donde la ética y la opacidad conviven como roomies. En el 2024, el vástago fue contratado para manejar expedientes confidenciales y, cual alumno ejemplar del neoliberalismo que Morena tanto critica, aprovechó esa información para montar su despacho paralelo. La justicia social convertida en capital humano, versión Cuernavaca.

Cuando la madre patria de la transparencia preguntó por qué el fiscal pedía datos de los casos que manejaba su propio hijo, la respuesta fue un silencio institucional digno de “La Casa de los otros datos”. Presión, intimidación, tráfico de influencias y peculado: no faltó ninguno de los ingredientes del guiso típico de la 4T cuando presume pureza y le sale grasa.

Morelos, al igual que Tamaulipas.pues, sigue siendo ese laboratorio donde la moral pública se mide en puntos porcentuales de moche. Porque en el país donde “no somos iguales”, parecería que la corrupción ya se nacionalizó, y hasta tiene fiscal propio.

Con informacion: ELNORTE/

«HUMANISMO de AMERICO entre las CUERDAS»: «EX-ALCALDE ACUSA GOLPE INSTITUCIONAL de DIRECTOR de DEPORTES que IMPIDIÓ que su HIJO PARTICIPARA en TORNEO REGIONAL de BOX»…con el Canelo si se arrastrarón.

Hay funcionarios públicos que inspiran respeto, otros que inspiran desconfianza… y luego está Manuel Virués, el funcionario estrella del “humanismo” villarrealista, Director del Deporte, capaz de convertir cualquier promesa deportiva social en un espectáculo de soberbia institucional. Tamaulipas volvió a los titulares —cómo no— no por un triunfo, sino por el capricho burocrático que descalificó a un joven pugilista tamaulipeco, mientras el responsable político se parapetaba en su cargo.

Por no decirle que tenía que presentarse al pesaje el pasado viernes por la mañana, toda vez que pelearía hasta el sábado, el joven tamaulipeco de 16 años,Servando López fue descalificado del torneo regional de boxeo en Zacatecas, lo que generó el enojo de su padre, el ex alcalde y diputado local Servando López Morenoque pidió su renuncia en redes sociales.

Pero vamos por partes. En el evangelio administrativo de la 4T tamaulipeca, el artículo 134 constitucional señala que los recursos públicos “se administrarán con eficiencia, honradez y sin discriminación”. El problema es que, cuando el funcionario actúa como árbitro de la frustración y juez del destino ajeno, la norma se vuelve decorativa. Lo mismo sucede con el Reglamento Estatal del Deporte, que exige trato igualitario, respeto a los principios del esfuerzo y el mérito, y estricto apego a las reglas federativas. Nada de eso se respetó.

La conducta de Virués, al convertirse en protagonista del agravio al deportista, toca varios puntos rojos:

• Posible violación al principio de imparcialidad previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al interferir en una decisión técnica con criterios personales.
• Afectación de derechos juveniles y deportivos, contemplados en la Ley de Cultura Física y Deporte, que prohíbe expresamente actos de discriminación o humillación en el ámbito competitivo.
• Abuso de autoridad moral, ese que no está tipificado pero que cuando se ejerce frente a un menor atleta tiene el mismo peso que un uppercut en cámara lenta.

El resultado: una institución que falla en proteger al talento local y un gobierno que presume “humanismo” mientras exhibe la descomposición moral de quienes lo representan. En Tamaulipas, el deporte, como la política, sigue siendo una pelea desigual: los jóvenes ponen los golpes; los funcionarios, las descalificaciones.

Si algo revela este episodio es la distancia entre el discurso de Américo Villarreal —ese de la “transformación con valores”— y la realidad de su gabinete, donde algunos parecen convencidos de que el poder público da derecho al protagonismo, no a la justicia.

Porque sí: en la esquina roja del ring está el joven boxeador; en la azul, un funcionario con el ego inflado. Y el réferi —la ley— parece haber tirado la toalla.

El humanismo oficial entre las cuerdas

Virués entró al cuadrilátero del servicio público creyendo que el poder era cinturón de campeón. Lanzó ganchos de arrogancia, esquivó las reglas con footwork burocrático y terminó recibiendo un gancho al hígado de la opinión pública. El joven boxeador, pese al golpe institucional, mostró lo que el reglamento olvidó: coraje, disciplina y respeto.

Mientras tanto, el gobierno de Américo Villarreal sigue contando rounds morales tantos como inmorales ,sin notar que su esquina se desmorona. El público —es decir, los tamaulipecos— ya no aplaude el espectáculo. Espera el knockout técnico de los que juraron jugar limpio y no lo estan haciendo en ninguno de los quehaceres gubernamentales.

En esta pelea entre ética y vanidad, el humanismo oficial quedó contra las cuerdas, temblando al sonido de la campana legal. Y como dirían en el ring: “se acabó el round… pero el combate por la decencia apenas empieza.”

Con informacion: @Redes/

SE «NIEGAN a BUSCARLO_S»: «AMERICO y FISCAL MANCHADO IGNORAN LEVANTÓN de MEDICO PERPETRADO por el CONTADOR MORENO-CDG por OFENDER ESPOSA de LIDER»…lideresa y cuñada de lugarteniente recien detenido.

En Tamaulipas, el gobierno de Morena, Américo Villarreal y el fiscal Jesús Eduardo Govea,mas que enfrentar una “crisis compleja” de desapariciones donde la entidad aparece con el subcampeonato nacional, enfrentan una obligación legal que llevan arrastrando con una flojera institucional que raya en lo punibles decir tienen responsabilidad legal,pero no hay nadie que los castigue por ello.

Mientras colectivos y miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos con más rabia que apoyo, acusando incluso la falta de atención del gobernador ante la presidenta ,que tampoco canta mal las rancheras,el Estado y criminales siguen atrapados en su deporte favorito: los narcos levantando a su antojo y el gobierno sin levantarse de la silla.

No hay margen para la excusa ni para la pose. El Acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicado recientemente el pasado mes de marzo de 2026, ordena actualizar el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas; además, el análisis publicado por Nexos detalla que los estados deben terminar el rezago de la Base Nacional de Información Genética a más tardar el 31 de julio de 2026, y que la Base Nacional de Carpetas de Investigación debía estar disponible para integrar información desde el 12 de enero de 2026.

Lo que deberían estar haciendo

En vez de seguir consecuentamdo a lugartenientes y lideres del crimen organizado o perder el tiempo administrando el dolor ajeno, el gobierno de Tamaulipas y su fiscalía deberían estar cumpliendo con su obligación legal para garantizar las búsquedas y la coordinación efectiva con colectivos, algo que la propia fiscalía dijo haber iniciado en marzo de 2026, pero que en Tamaulipas suele quedarse en el ritual de la reunión, la foto y el compromiso vacío. 

El conflicto de interés que huele a podrido

Y aquí viene la parte que el poder odia: cuando el narco manda, la autoridad negocia o se hace la sorda, la omisión deja de parecer incapacidad y empieza a oler a complicidad. Si además hay vínculos políticos, protección selectiva o la sospecha de que ciertos casos se dejan pudrir porque incomodan a padrinos, jefes o aliados, entonces no estamos ante simple ineficiencia: estamos ante una estructura que esta normalizando la impunidad.

De otra forma no se entienden mas de 13 mil 719 desparecidos a las 04:04 hrs de hoy, la segunda mayor cifra del pais y mas tarde serán mas.

Por eso el caso de Edgar Patiño, el médico levantado en Matamoros por ordenes de Alfredo Cardenas, capo de Los Escorpiones del Cartel del Golfo de filiación partidista Morena» y los señalamiento sobre las redes de protección que lo rodean, incluido el alcalde de Morena Alberto Granados y el mismo Gobernador.

Esto claramente no debería ser tratado como un escándalo más de coyuntura, sino como una prueba de fuego para medir al Fiscal de Tamaulipas recien desempacado y saber de una vez por todas si va administrar complicidad y silencio o va proteger a las víctimas en vez de proteger al crimen como ya lo hizo en 2002.

El medico, que padece autismo, fue levantado tan solo minutos después de publicar en redes una cartulina con alusiones obscenas contra Balquis Garcia Leal, esposa del contador y multiseñalada como parte de la delincuencia organizada.

Balkis es hermana de Noelia García,esposa de lugarteniente recientemente detenido.

Lo indignante no es sólo que haya desaparecidos; lo verdaderamente obsceno es que existan acuerdos nacionales, protocolos homologados y obligaciones explícitas mientras en Tamaulipas siguen actuando como si el reloj no corriera. Esa negligencia institucional acompañada de sobrada complicidad no es un accidente administrativo: es una forma de violencia de Estado que secunda la ejecutada por el crimen organizado,el mismo al que en el pasado ha servido el nuevo fiscal.

Con informacion: SEGURIDAD/NEXOS/REDES/RNPDNLO/