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viernes, 21 de agosto de 2026

Lo “ÚNICO que CUMPLE son AÑOS”: AMÉRICO HOCICÓN dijo en CAMPAÑA que su GABINETE sería de TAMAULIPECOS y los ha IMPORTADO como le DA la GANA… y no es lo único que ha incumplido.


Tras su triunfo electoral de 2022 —atribuido, en parte, al financiamiento ilícito proveniente del tráfico de huachicol que le patrocinó Sergio Carmona, quien posteriormente pagó cara la apuesta al ser asesinado en noviembre de 2021 en la silla del barbero—, Américo Villarreal Anaya declaró que integraría su gabinete con “tamaulipecos que tuvieran un compromiso con su gente”, como cita la nota publicada el 6 de junio de 2022 por El Sol de Tampico y replicada por El Sol de México.

“Un gobierno que tenga el recurso suficiente para cumplir con las funciones que le encomiendan, y no tener situaciones superfluas, tener en el gabinete a tamaulipecos que tengan un compromiso con su gente”, afirmó durante una visita a EL SOL DE TAMPICO

La frase se dio en el contexto de su campaña, pero ya en su condición de virtual ganador de la elección del 5 de junio de 2022. 

Aunque ya en el poder, la promesa de Américo, como muchas otras incumplidas en distintos rubros de su quehacer gubernamental, parece haber entrado a la misma oficina donde descansan tantas ofertas electorales: la de asuntos pendientes.

Entre muchos nombramientos de “primos”, cuates y sobrinos que trafican, en su nombre, las cuotas al huachicol, y enseguida cambió de código postal, Villarreal Anaya nombró a Ricardo Guerrero, al inicio de su gobierno, en octubre de 2022, como jefe de la Oficina del Ejecutivo y, más recientemente, como secretario de Salud.

Es originario de la CDMX, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM donde fue «compañerito» de escuela del gobernador y su esposa.

Pero otro nombramiento vuelve a poner sobre la mesa una pregunta elemental: ¿en qué momento la promesa de privilegiar a tamaulipecos se convirtió en una invitación abierta para importar funcionarios ? 

Porque en Tamaulipas el discurso de la cercanía puede ser muy local, pero los nombramientos no siempre. 

En marzo, el gobernador designó a Gerardo Algarín Hernández como nuevo encargado del «cochupo,el chayote y el embute» a un Nayarita.

El propio gobernador presentó el relevo de Francisco Cuéllar Cardona, quien fue separado del cargo —según la crítica— por la “matriarca” de Tamaulipas, esposa del gobernador, a quien se atribuye ejercer poder sin haber sido elegida en las urnas y actuar como una “metiche profesional” que lo mismo instala perfiles que los retira.

Tras la renuncia de Cuéllar, quien afirmó: “Con cara de la señora María, me echó a la calle”, el gobernador nombró a Algarín, recomendado por Avidez Villarreal ,otro personaje polémico citado por la prensa nacional 

No es que el lugar de nacimiento incapacite a nadie para servir. El problema es otro: cuando un candidato «hocicon» vende una promesa de arraigo, representación local y compromiso con la gente del estado, no puede sorprenderse de que le pasen lista. En campaña, “los tamaulipecos primero”; en el gobierno, al parecer, primero los perfiles que vengan, y luego ya vemos de dónde.

Como suele ocurrir con la clase política con cada vez menos clase, lo único que se cumple puntualmente son los años. Las promesas, en cambio, dependen de disponibilidad.

Con información: TAMAULIPAS/ REDES/MEDIOS

“TARDE pero SIN SUEÑO: ANIMAL POLÍTICO MORENO DESPIDE a su SECRETARIO tras ACUSACIONES de ser PARTE de la MAFIA RUMANA…no lo infiltró: se fusionaron.”


Rafael Marín Mollinedo,ex-director de las corruptas aduanas, descubrió —con la puntualidad política de quien llega cuando ya apagaron las luces— que en su equipo había un voluntario bajo la sombra de la mafia rumana. Y entonces, claro: lo separó. No antes de que el asunto reventara en la prensa, no cuando la UIF bloqueó cuentas, no cuando los vínculos comenzaron a dibujarse con la sutileza de un anuncio espectacular; hasta que el costo reputacional tocó la puerta.

Marín dice que él no es Ministerio Público y tiene razón: no tiene por qué investigar delitos. Pero sí tendría que saber quién le carga las cajas, le organiza la campaña y se presenta como parte de su círculo. Sobre todo si aspira a gobernar Quintana Roo, una entidad donde la política y los intereses criminales suelen intentar sentarse en la misma mesa, aunque luego todos juren que sólo coincidieron “de manera voluntaria”.

La defensa fue de antología: “se acercó ahí y nos ayudaba, hasta ahí”. Como si Alejandro Enrique Arcos Romero hubiese aparecido espontáneamente entre los templetes, repartiendo abrazos, propaganda y sospechas. Un ciudadano solidario, digamos, con cuentas congeladas como detalle administrativo y presuntos nexos como accesorio de campaña.

Ahora, Marín se deslinda con la velocidad que no mostró para detectar el problema. El mismo político que parece no dormir —salvo cuando se trata de vigilar a quienes lo rodean— ya despertó de golpe ante el escándalo. Y es comprensible: el sueño de ser gobernador exige mucha resistencia, muchas giras y, sobre todo, una memoria selectiva capaz de convertir a un colaborador en un desconocido apenas las investigaciones lo vuelven incómodo.

Porque en la política mexicana hay amistades que duran años, sociedades que cruzan fronteras y contratos que mueven millones; pero, cuando llega la prensa, todos terminan siendo voluntarios que “se acercaron ahí”.

Con información: ELNORTE/

“NO FUE ERROR ADMINISTRATIVO: LIGAN EX-PJF de PASADO PESADO con OTRO SENADOR, DELINCUENTE POLÍTICO y CRIMINALMENTE ORGANIZADO que NO TOCA HARFUCH”… el enésimo caso retrata a la 4T con nitidez 4K.


La llegada del turbio exjefe policiaco Rodolfo León a Morena —hoy repudiado por el mismo partido que le abrió la puerta— no fue un accidente administrativo ni un error de captura. Tuvo padrino: el senador oaxaqueño Antonino “Nino” Morales Toledo.

El caso retrata con nitidez incómoda el ecosistema donde la política presume transformación mientras recicla personajes, lealtades y sospechas que huelen más a gasolinera clandestina que a renovación pública. Rodolfo León no aterrizó solo: fue empujado por una estructura política que, según denuncias y testimonios, ha convivido durante años con acusaciones de vínculos con narcotráfico, huachicol y operadores de reputación francamente tóxica.

Morales, cercano al gobernador Salomón Jara y mencionado como aspirante a la gubernatura de dos años, carga una historia que no desaparece por decreto, foto de campaña o discurso de plaza. 

En agosto de 2024, José Antonio López Ríos —entonces señalado como su secretario particular— fue detenido con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y una pistola. El episodio sobrevivió apenas en reportes locales; después vino el clásico final mexicano: liberación rápida, explicaciones escasas y una nube de dudas que nadie pareció interesado en disipar.

López Ríos, lejos de esfumarse de la escena pública, ha seguido presumiendo actividades políticas encargadas por su “líder y amigo”. En el Senado, según consultas realizadas, el secretario particular de Morales sería ahora Fernando Otáñez. Pero el cambio de nombre en la oficina no borra la pregunta central: ¿qué clase de filtros operan alrededor de un senador que aspira a gobernar Oaxaca ?

No es un hecho aislado. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera suspendió temporalmente las cuentas bancarias de Morales, entonces alcalde de San Blas Atempa, dentro de una indagatoria por presuntos vínculos con el CJNG. Un año antes, la FGR abrió la carpeta FED-OAX-SC-0001-48-2019 por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Posteriormente, la autoridad determinó que no ejercería acción penal en su contra.

También está el antecedente de 2018: César Morales, hermano del político, fue detenido en San Blas Atempa por portar armas de uso exclusivo del Ejército y llevar 250 mil pesos en efectivo. Fue liberado. Otra vez: dinero, armas, liberaciones y expedientes que no terminan de ofrecer una explicación pública proporcional al tamaño de las sospechas.

Y como si el retrato no fuera lo bastante oscuro, el periodista Alejandro Leyva Aguilar —asesinado el 22 de julio— acusó este año al senador de encabezar el robo de combustible en la región y de obtener ganancias superiores a 2 millones de pesos diarios. Es una acusación grave que debe investigarse con rigor, independencia y garantías; no puede tratarse como munición de coyuntura ni como un dato incómodo que se barre bajo la alfombra.

La política como lavandería de reputaciones

El problema no es sólo Rodolfo León. El problema es el mecanismo: personajes cuestionados entran, reciben respaldo, se acomodan en las estructuras partidistas y sólo son rechazados cuando el escándalo deja de ser administrable. No es depuración; es control de daños.

Morena debería explicar quién promovió el ingreso del exjefe policiaco, bajo qué criterios y con qué información disponible. Y Nino Morales debe responder, con documentos y no con consignas, por qué su trayectoria política aparece una y otra vez rodeada de dinero en efectivo, combustible, armas, investigaciones y colaboradores bajo sospecha.

Porque Oaxaca no necesita otra candidatura construida sobre silencios convenientes. Necesita autoridades que entiendan que la presunción de inocencia no equivale a la obligación ciudadana de cerrar los ojos.

Con información: ELNORTE/

EL “GEMINIANO” ROCHA, GOBERNADOR, CUMPLE 112 DÍAS DE IMPUNIDAD, MUY y GRACIAS a la PRESIDENTA, QUE PREFIRIÓ DEFENDER a la CAMADA antes que a MÉXICO…y ,si se entiende, que no entienda.


Van 112 días de impunidad, pero no se preocupen: en la República del “no somos iguales”, la justicia puede esperar sentadita, con paciencia franciscana y expediente ‘gringo» reservado por «segurida_» nacional.

Porque tener una amiga así —o ser una presidenta así— no tiene precio. Bueno, sí lo tiene: lo pagan las instituciones, la credibilidad pública y el ciudadano que todavía creía que la transformación venía con recibo, garantía y derecho a devolución.

El aun gobernador de Morena,con licencia, en Sinaloa ,Ruben Rocha Moya no carga con una investigación incómoda; carga con algo mucho más útil: una sombrilla guinda de cobertura nacional. 

Y mientras la conversación pública pregunta por qué no hay consecuencias, desde el manual Sheimbaunista responden con el repertorio de siempre: “no hay pruebas”“es una campaña de la derecha”“son los conservadores”“el pueblo está con nosotros”“antes robaban más” y, por supuesto, el comodín institucional: “se está investigando”.

¿Investigando qué? 

Quizá la manera de convertir 112 días en una nueva unidad de medida de la impunidad. Un Rocha podría equivaler a cuatro meses sin respuestas, varias conferencias con evasivas y una tonelada de solidaridad selectiva.

En la camada guinda, la presunción de inocencia parece tener membresía VIP: acceso prioritario, protección presidencial, silencio estratégico y una fila express para evitar que la justicia haga preguntas inoportunas. No es encubrimiento, dirán; es “acompañamiento político”. No es protección, aclararán; es “confianza en los compañeros”. No es corporativismo: es humanismo mexicano con chaleco guinda.

Y ahí está el verdadero valor de pertenecer al partido criminal y políticamente organizado —según la crítica pública, desde luego—: no necesitas rendir cuentas, basta con repetir que eres pueblo, que los adversarios están nerviosos y que todo cuestionamiento forma parte de una conspiración neoliberal financiada por alguien, en algún lugar, probablemente desde una cafetería de Polanco.

La consigna es sencilla: si el señalado es de casa, se pide prudencia; si es opositor, se exige cárcel antes del desayuno. Si el caso incomoda, se cambia el tema. Si la evidencia insiste, se acusa a los medios. Y si la ciudadanía pregunta demasiado, se le receta una dosis de mañanera, una gráfica coloreada y dos menciones a Calderón y García Luna.

Así, 112 días no son un escándalo: son una demostración de afecto político. Porque en el México guinda hay amistades que no se rompen, investigaciones que no arrancan y responsabilidades que, por misterios de la transformación, siempre terminan extraviadas entre el discurso y la lealtad.

Y para cerrar el horóscopo de la impunidad: 

Nacido el 15 de junio de 1949, Rocha Moya es Géminis. Eso explica la doble personalidad institucional: una cara para el discurso de “cero tolerancia” y otra para la protección a sus compañeros del crimen.

Mercurio retrógrado, seguramente, se llevó las carpetas de investigación; Venus en Morena mantiene las amistades fieles; y Júpiter, generoso como siempre, expandió el manto protector hasta convertirlo en política de Estado.

El zodiaco advierte: Géminis tendrá días de mucha comunicación… siempre que no le pregunten por responsabilidades, víctimas o rendición de cuentas.

Con información: @MlopezSanMartin/

LA “EFICACIA” en DUDA: la SEGURIDAD se VOLVIÓ CASTIGO y el AUTORITARISMO PRESUME MUERTE DIGITAL de 2.5 MILLONES de CELULARES con TERMINACIÓN CERO… el criminal no sufre: se adapta, con ayuda oficial.


La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones celebra como éxito administrativo que millones de líneas telefónicas hayan sido “vinculadas” a la identidad de sus usuarios. La palabra parece inocua, técnica, casi higiénica. Pero detrás de esa burocrática ceremonia de depuración hay una realidad más áspera: el Estado condiciona el acceso pleno a un servicio esencial a que cada ciudadano entregue y mantenga actualizado un rastro personal ante operadores y autoridades.

«El calendario continuará de acuerdo con el último dígito de cada número: 1, el 31 de agosto; 2, el 15 de septiembre; 3, el 30 de septiembre; 4, el 15 de octubre; 5, el 31 de octubre; 6, el 15 de noviembre; 7, el 30 de noviembre; 8, el 15 de diciembre, y 9, el 31 de diciembre»…El Norte

Se presume que 73.2 millones de líneas ya están registradas. Se anuncia, además, que cerca de 25 millones serán “depuradas” por estar supuestamente en desuso, mientras 2.5 millones de líneas con determinada terminación podrían quedar inactivas definitivamente. El tono oficial es triunfal: más control, menos anonimato, más herramientas contra el fraude y la extorsión.

El problema es que la retórica de la seguridad suele ser mucho más eficiente que la seguridad misma.

Porque al delincuente profesional no le pesa demasiado adquirir chips mediante terceros, usar identidades robadas, recurrir a eSims electrónicas de lineas extranjeras, plataformas digitales, números virtuales o teléfonos desechables. 

El criminal se adapta; es, de hecho, su principal habilidad. Quien no tiene esa facilidad para adaptarse es el ciudadano común: la persona mayor que no domina una plataforma digital, el trabajador que cambió de compañía, quien compró un equipo usado, el visitante temporal, el migrante, el comerciante o quien simplemente no se enteró a tiempo de un calendario impuesto desde la comodidad del escritorio público.

Para ellos no hay sofisticación criminal: hay suspensión.

La CRT asegura que nadie “pierde” su número, pues puede recuperarlo al completar el trámite. Es la clásica generosidad burocrática: primero le cierran la puerta al usuario y después le agradecen por formarse para pedir la llave. Mientras tanto, puede llamar a emergencias, recibir alertas y comunicarse con la telefónica. Como si el teléfono no fuera también una herramienta de trabajo, contacto familiar, banca, trámites, ubicación, ventas, escuela y vida cotidiana.

No es una molestia menor. Es una sanción preventiva disfrazada de actualización de datos.

El ciudadano como sospechoso

El argumento oficial parte de una promesa seductora: eliminar el anonimato para combatir delitos cometidos mediante telefonía celular. La premisa parece simple: si cada número tiene dueño, será más fácil encontrar al responsable de una extorsión o un fraude.

Pero ese razonamiento tiene una omisión enorme: que un número tenga un titular no prueba quién lo utilizó para delinquir.

Un teléfono puede ser robado. Una SIM puede ser clonada, transferida, utilizada por un familiar, adquirida con documentos falsos o activada mediante una identidad usurpada. En todos esos escenarios, la “trazabilidad perfecta” puede convertirse en la ruta más directa para que una investigación apunte contra la persona equivocada.

La tecnología no elimina el delito; tampoco convierte automáticamente los registros administrativos en pruebas penales fiables. Lo que sí produce es una enorme base de datos de ciudadanos identificados, accesible para el aparato estatal y vulnerable a filtraciones, abusos, corrupción y uso político.

México tiene una dolorosa experiencia con padrones, bases de datos y autoridades que prometen custodiar información sensible. Lo que debería preocupar no es sólo quién puede consultar esos registros hoy, sino quién podrá hacerlo mañana, bajo qué controles, con qué órdenes judiciales, con qué auditorías y con qué consecuencias cuando la información termine en manos indebidas.

La pregunta que el Gobierno evita no es si se deben combatir las extorsiones —por supuesto que sí—, sino por qué la carga del combate recae primero sobre quienes no han cometido ningún delito.

La eficacia que falta probar

El discurso oficial sugiere que registrar líneas móviles es sinónimo de cerrar el paso al crimen. Sin embargo, para que una medida de este tamaño sea legítima no basta con publicar porcentajes de vinculación ni presumir millones de registros acumulados. Habría que demostrar, con datos verificables, que el padrón reduce de forma sostenida las extorsiones, los fraudes y otros delitos; que no desplaza esas conductas a otros medios; y que sus beneficios superan el costo en derechos, privacidad y acceso a servicios.

Sin esa demostración, la política pública parece más una exhibición de control que una estrategia seria de seguridad.

La autoridad mide líneas registradas porque es fácil de contar. Pero el ciudadano debería exigir que se midan otros resultados: ¿cuántas redes de extorsión fueron desmanteladas?, ¿cuántos responsables fueron procesados?, ¿cuántas investigaciones se sustentaron en inteligencia financiera, ciberinvestigación y órdenes judiciales?, ¿cuántas víctimas fueron protegidas?, ¿cuántas identidades fueron robadas o usadas para incriminar a inocentes?

Porque registrar a 73.2 millones de usuarios no equivale a resolver 73.2 millones de problemas de seguridad. Es, apenas, una cifra administrativa. Y una cifra administrativa no debe confundirse con justicia.

Seguridad sin tutela

Combatir el crimen exige inteligencia, investigación profesional, protección de víctimas, persecución del dinero, controles en la venta irregular de chips y coordinación real entre instituciones. Exige policías y fiscalías capaces de identificar a los extorsionadores, no sólo de identificar a quienes pagan una línea telefónica.

La diferencia importa: una democracia persigue al delincuente con pruebas y controles; un Estado inclinado al autoritarismo prefiere registrar masivamente a todos y confiar en que, entre tanto dato, algún culpable aparezca.

La seguridad no puede consistir en convertir el teléfono de cada persona en una credencial de sospecha. Mucho menos cuando el mecanismo castiga primero al usuario cumplido y deja al criminal profesional con las herramientas de siempre: anonimato comprado, identidades robadas y redes de corrupción.

Llamarle “vinculación” no cambia su naturaleza. Si el Estado puede suspenderte, condicionarte y rastrearte bajo la promesa de protegerte, entonces el debate ya no es tecnológico. Es político.

Y conviene decirlo sin eufemismos: una política que normaliza que el ciudadano demuestre constantemente que merece comunicarse no fortalece la seguridad; fortalece la costumbre de obedecer.

Con información: ELNORTE/