La fiscal general de la República,Ernestina Godoy, nos recuerda en su artículo de El Universal+. que «en una democracia, las palabras importan». Tiene razón. Por eso conviene mirar con cuidado las suyas: el texto arranca con una lección sobre los sofistas, advierte contra la manipulación y termina pidiendo confianza en las instituciones. Entre una cosa y otra falta lo que una fiscalía debería poner en el centro: cómo se comprueban sus afirmaciones y cómo rinde cuentas por sus decisiones.
La excursión a la Grecia clásica merece una primera precisión. Los sofistas no fueron una cofradía de mentirosos antiguos. Enseñaron argumentación, intervinieron en los debates de su tiempo y contribuyeron al estudio del lenguaje y la vida pública.
Buena parte de su mala fama proviene de las críticas de Platón. Reducirlos a una advertencia contra el engaño resulta útil para un discurso, pero hace poca justicia a la historia que el propio discurso invoca.
Hay una ironía más interesante. En el Gorgias, Platón distingue entre persuadir a un auditorio y enseñarle a conocer lo justo. Esa pregunta atraviesa el mensaje de la fiscal: ¿ nos ofrece razones para evaluar a la institución o una intervención bien compuesta para que confiemos en ella ? Hablar de «verdad», «evidencia» y «ciencia penal» no sustituye la explicación de qué se investigó, qué pudo acreditarse y qué sigue sin saberse.
El texto acierta al decir que una investigación no debe depender de quien habla más fuerte ni de la versión que más se repite. Pero presenta esa regla como si bastara con enunciarla. La ley de la Fiscalía General de la Republica ya exige a los agentes del Ministerio Público actuar con independencia y objetividad, e investigar también las circunstancias que eximan o atenúen la responsabilidad de una persona imputada. No es una muestra de virtud institucional: es parte de su obligación.
Por eso chirría que el discurso pase de «tenemos la responsabilidad de investigar» a «cuando la justicia se fortalece, crece la confianza». La confianza aparece como desenlace natural de una cadena de buenas intenciones.
En una fiscalía, en cambio, debe poder ganarse —o perderse— a la vista de sus actuaciones: decisiones explicadas, errores reconocidos, investigaciones sujetas a escrutinio y cuentas rendidas ante los órganos competentes. La Constitución prevé un informe anual de actividades y la comparecencia de la persona titular ante las cámaras cuando se le cite; también establece responsabilidad por faltas, omisiones o violaciones a la ley.
Y hay otra omisión nada menor: la desinformación no es un problema que habite exclusivamente en las redes o en los medios. Una autoridad también puede confundir si presenta una hipótesis como conclusión, selecciona solo los datos que favorecen su versión o usa el peso de su cargo para descalificar preguntas legítimas.
Señalar ese riesgo no equivale a acusar a la fiscal de haberlo hecho en un caso concreto, aunque acaba de ocurrir; equivale a aplicar a su propia institución el estándar de verificación que reclama para todos.
La historia, pues, no deja a los sofistas sentados en el banquillo mientras la Fiscalía dicta cátedra. Devuelve la pregunta a quien tiene poder para investigar y acusar: ¿cómo distingue sus certezas de sus conjeturas, y qué permite al público comprobar esa diferencia? En justicia penal, la verdad no se recupera con una pieza de oratoria. Se busca con pruebas, procedimientos y disposición a responder incluso las preguntas que arruinan un buen discurso.
Morena se benefició de su alianza con el PT y el Partido Verde y, al mismo tiempo, los ayudó a crecer. Ahora que sus aliados quieren algo más que acompañar candidaturas y levantar la mano en el Congreso, descubre con disgusto que ellos también saben hacer cuentas por su cuenta.
El crecimiento del PT y del Verde es uno de los frutos —si se les puede llamar así— más visibles de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Durante años sirvieron como satélites electorales: aportaban puntos en las urnas, votos en las cámaras y una lealtad que parecía venir incluida en el paquete. Pero el paquete cambió. Ya no les basta con unas plurinominales, bancada propia en San Lázaro y un grupito de senadores. Ahora quieren gubernaturas. Gobiernos estatales completos, con despacho, presupuesto y capacidad de repartir ellos también las cartas.
Y tienen razones para exigirlas. El Verde cuenta con estructuras y aspirantes propios; San Luis Potosí es el caso más claro de una posible candidatura sin Morena. En Quintana Roo también hay intereses locales en disputa, aunque de ahí a dar por hecho una victoria hay un trecho. El PT, por su parte, tiene presencia en distintas entidades y una exigencia que no cabe en ninguna encuesta: que Morena lo trate como socio y no como palero de planta. Aunque, llegado el caso, haya desempeñado el papel con entusiasmo.
En Morena, la ambición de sus aliados se recibe con la paciencia de quien acaba de descubrir que los muebles hablan. A los reclamos se les llama chantaje; a la autonomía, arribismo. La idea de fondo es sencilla: sin Morena no ganan nada. Quizá. Pero fue el partido guinda el que se benefició de sus votos, los sentó a la mesa y les dio margen para crecer. Ahora lamenta que quieran elegir del menú. Les puso zancos a los enanos y se indigna porque ya no aceptan mirar desde abajo. Serán enanos, pero no tarados.
El PT ha llevado esa incomodidad al terreno de las candidaturas. Se apartó del proceso con el que Morena elige sus coordinaciones estatales, cuestiona las encuestas y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de competir solo en 2027. No es todavía una ruptura: la dirigencia petista prevé esperar a que terminen las designaciones antes de decidir qué hará con la alianza. Pero tampoco es el berrinche que a Morena le convendría imaginar. En Zacatecas, por ejemplo, el PT apostaba por Geovanna Bañuelos; Morena eligió a Verónica Díaz. La diferencia entre ser aliado y ser convidado de piedra empieza a verse justo cuando se reparten las candidaturas.
La amenaza tiene una lógica electoral que Reginaldo Sandoval, diputado del PT, formuló sin rodeos, según la declaración citada en el texto original: “Cediendo, sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder siete, ocho, hasta 12”. La cifra puede discutirse; el mecanismo, no tanto. Un partido no necesita ganar por sí solo para volver decisivos sus votos en una contienda cerrada. El PT quizá no sepa todavía cómo conquistar una gubernatura propia, pero sabe que puede complicarle la conquista a Morena.
Negociar exige escuchar incluso a quien uno considera prescindible, y ahí comienza el problema guinda. Puede que Morena tenga la fuerza electoral para ir sola en muchos lugares. Lo que no tiene garantizado es que cada candidatura deje detrás a aliados y aspirantes dispuestos a perder sonrientes. Despreciar al socio sentado enfrente es una mala táctica, sobre todo si conoce la casa, participó en la obra y sabe dónde cruje el piso.
Morena puede intentar bajarlos del tapanco. El Verde y el PT pueden probar cuánto pesan sin el brazo del socio mayoritario. Por lo pronto, la pelea tiene todos los ingredientes de una disputa familiar por la herencia: unos hablan desde la soberbia del dueño; los otros, desde los zancos que el dueño les prestó y ya no sabe cómo recuperar.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/IGNACIO ZAVALA/
El respaldo político entre el aun gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya y Erasmo González Robledo,alcalde del mismo partido en Ciudad ,acero, puede leerse como la estampa protocolaria de una alianza; pero, bajo los señalamientos públicos que los rodean, también luce como algo bastante menos decorativo: complicidad por aclamación.
El gobernador abrazó el informe del alcalde maderense mientras el huachicol, esa industria nacional que todo lo engrasa salvo la verdad, sigue apareciendo en el trasfondo de acusaciones, reportajes, redes políticas e investigaciones federales en EE.UU ,que no se despejan con una foto de presidium.
Respaldo que se traduce: complicidad
En Ciudad Madero la escena fue la habitual: elogios, cifras, aplausos, funcionarios alineados y esa liturgia del poder donde la rendición de cuentas suele terminar rindiéndole cuentas a la propaganda.
Cuando dos figuras políticas profusamente señaladas en publicaciones y espacios periodísticos por una misma trama —la del dinero, los operadores y las presuntas redes vinculadas al huachicol— se arropan en público, el gesto deja de ser mera cortesía institucional. Parece un pacto de supervivencia: yo te legitimo, tú me acompañas; tú inauguras, yo certifico; tú hablas de desarrollo, yo miro hacia otro lado mientras el olor a gasolina se instala en el salón.
Erasmo González presume presupuesto, pavimento y playa; Américo celebra coordinación y bienestar. Nada nuevo: en el diccionario del poder, “coordinación” suele significar que nadie pregunta demasiado y “bienestar” que el discurso llega puntual, aunque las explicaciones se queden atoradas en el camino.
El problema no es que un gobernador respalde a un alcalde. Para eso existen los gobiernos, al menos en el papel. El problema empieza cuando el respaldo se produce en un ambiente cargado de acusaciones públicas sobre presuntos vínculos políticos y financieros con la estructura de Sergio Carmona, empresario señalado en reportajes como pieza central de una red de contrabando de combutibles y financiamiento electoral que alcanza a otras figuras de talla politico-criminal.
Las acusaciones no equivalen a una sentencia —para eso deberían servir las fiscalías—, pero tampoco se borran con un apretón de manos, una inversión anunciada o un informe de gobierno con música de fondo.
En Tamaulipas, el huachicol no sólo ha sido combustible: ha funcionado como metáfora de una política donde el dinero presuntamente ilícito puede lubricar campañas, repartir contratos, aceitar lealtades y, después, exigir protección. Según el reportaje citado sobre Río Bravo, empresas relacionadas con el entorno de Carmona habrían recibido contratos municipales durante la administración de Héctor Joel Villegas; la publicación sostiene que las obras y los domicilios de las compañías abren preguntas que todavía piden respuestas serias, no descalificaciones automáticas.
Por eso el respaldo de Américo a Erasmo no es inocente ni políticamente neutro. Es una fotografía tomada encima de un expediente social: el de una clase política que se abraza mientras alrededor crecen los señalamientos, las sospechas y las exigencias de investigación.
Porque, seamos francos: en política, la solidaridad entre correligionarios es saludable; la solidaridad frente a acusaciones graves, sin explicaciones verificables ni investigaciones transparentes, puede terminar pareciéndose demasiado a una coartada colectiva.
Y cuando el respaldo necesita tanta ceremonia para verse limpio, quizá no es respaldo.
Quizá es complicidad con micrófono, tarima y boletín oficial.
Una columna política puede tener filo, ironía y postura. Lo que no debería hacer es vender una metáfora como si fuera una radiografía electoral. En «A Maki se le acaban los pollitos», el periodista Marco Esquivel afirma que «los pollitos que incuban no crecen» y recurre a la imagen de una granja para hablar del grupo familiar. La elección retórica es clara: antes de discutir trayectorias, resultados o propuestas, convierte a los posibles aspirantes en crías incapaces de levantar el vuelo.
La maniobra merece atención. Si alguien «incuba» candidatos, esos candidatos dejan de aparecer como actores políticos con méritos o defectos propios y pasan a ser productos de una familia. Si «no crecen», el lector recibe un veredicto de inviabilidad sin que ese fragmento le dé una medida para comprobarlo. La ironía puede ser eficaz; la pregunta es si debajo del plumaje hay datos.
Esquivel presenta a los posibles sucesores del grupo de Maki Ortiz como «alfiles», «pollitos» y funcionarios a los que hay que «vender» desde Comunicación. En cambio, Magaly Deándar es un perfil que «camina solo», aparece entre los «nombres fuertes» y, según la columna, «estorba bastante». Unos entran al texto convertidos en criaturas de granja; la otra sale convertida en aspirante con vuelo propio.
La operación más hábil está en las encuestas. Esquivel dice que ha visto algunas que colocan a Deándar arriba y reconoce que los resultados cambian según la metodología y la fecha. Pero no identifica en el texto cuáles son, quién las levantó ni qué resultados obtuvo cada aspirante.
Así, la encuesta funciona como sello de autoridad sin darle al lector los elementos para revisar la afirmación. No demuestra que los datos sean falsos; demuestra que, tal como está escrita la columna, no son verificables.
Después viene la denuncia de la supuesta consigna «Nada de hablar de Magaly». El autor atribuye esa versión a colegas, pero admite que no puede asegurar si hubo una amenaza. Hasta ahí, la cautela es pertinente.
Sin embargo, enseguida invita a imaginar que el mensaje pudo sentirse «hasta en la cartera». La frase deja flotando una presión económica que el propio texto no acredita. Insinuar sale barato; comprobar, al parecer, cuesta más.
¿Ya tiene candidata el columnista?
No se puede demostrar una preferencia personal ni un acuerdo político tan solo leyendo una columna. Lo que sí se puede decir es que su relato toma partido: ridiculiza a los aspirantes ligados a Maki, concede a Deándar el lugar de alternativa competitiva y cierra con una pregunta —«¿De verdad les preocupa tanto la tía Magaly?»— diseñada para que cualquier movimiento del grupo contrario parezca confirmar su fuerza.
La opinión política tiene derecho a ser mordaz. También tiene la obligación de distinguir entre lo que sabe, lo que le contaron y lo que sospecha; de separar, en suma, lo informado de lo confirmado.
Al ciudadano le serviría conocer las encuestas, sus fechas y metodologías; saber quiénes recibieron la presunta instrucción de callar; y comparar la trayectoria de todos los perfiles con el mismo rigor.
Sin eso, la columna no termina de desmenuzar una sucesión: despluma a unos, acaricia a otra y le pide al lector que confunda el plumaje con las pruebas.El periodismo útil al ciudadano puede tomar partido en una columna de opinión, siempre que haga visible su postura y sostenga sus juicios.
Lo que merece sospecha no es la opinión de Esquivel, sino el veredicto disfrazado de análisis. Si el lector termina sabiendo quiénes son los «pollitos», pero no por qué serían mejores o peores opciones para gobernar, la columna habrá servido más para repartir picotazos que para orientar una decisión pública.
«Si existe un dejo de dignidad en su labor como funcionaria, Ernestina Godoy debería de estar presentando su renuncia como Fiscal General de la Nación. O si no fuera así, que el Senado se lo demande por incompetente.
La descomunal pifia que evidencia el mal manejo de su dependencia quedó al descubierto con el decomiso en falso de 59 millones de litros de combustible almacenados en una enorme instalación en San José de Iturbide, Guanajuato. No eran “huachicol”, sino gasolinas y diésel de Pemex, consignados legalmente a una empresa privada -SIMSA- con décadas de servicio, para ser distribuidos en gasolineras del Bajío.
El caso del huachicol -que no era huachicol- es patético, porque lo que se hizo no soporta, ya no digamos una investigación, sino la más elemental prueba de sentido común.
De arranque, el anuncio del “decomiso” -el mayor en la historia de México- se dio dos semanas después de que las instalaciones de SIMSA fueron cateadas y consignadas. Durante 15 días, ningún funcionario ni de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percataron del enorme error que cometieron.
No pudieron confirmar, en dos semanas, que aquel “magno golpe” era una instalación legal, autorizada y operando de la mano de Pemex. Y “se llevaron al baile” tanto a la fiscal Ernestina Godoy como al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Porque el tamaño del presunto “decomiso histórico” obligaba a revisar bien el supuesto “ilícito”. Y ahora resulta que “el chivo expiatorio” de esta pifia de clase mundial es un delegadito de la Fiscalía en Guanajuato.
Tampoco el sentido común -si es que lo tienen- les dio para intuir que aquellas instalaciones con mega tanques de almacenamiento, con calles y jardines y oficinas de despacho formales, para nada reflejaban una operación clandestina. Bastaba comparar los fierros retorcidos de la huachi-refinería de Cadereyta en Nuevo León -que esa sí era clandestina- con las instalaciones de San José de Iturbide para concluir que, aquella enorme y muy cuidada inversión, nada tenía de ilegal. Pero ni hablar, se fueron de bruces y exhibieron ante la Nación el descrédito de sus investigaciones, prontas para culpar inocentes, eficientes para proteger a culpables.
Si de verdad Ernestina Godoy y Omar García Harfuch quieren saber por qué están sucediendo pifias como la captura y expedita liberación de huachicoleros -lo mismo en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas o Sinaloa, por citar seis estados- o por qué no existen detenidos en los operativos de la media docena de huachi-refinerías sorprendidas destilando crudo o combustibles robados, que indaguen las conductas de sus delegados en cada una de esas entidades.
Algunos de esos delegados -tanto de la Fiscalía como de Seguridad Nacional- ya le hallaron la receta para cobrar -y muy bien cobradas- las liberaciones de esos mega delincuentes que tienen en su poder cientos de millones de pesos en efectivo. Dinero fácil que están dispuestos a “compartir” con la autoridad que los tiene contra la pared, antes que irse a pasar años a una celda de una prisión en el Altiplano o en Nuevo León.
El negocio de algunos de los delegados de la Cuarta Transformación es claro. Detectan al huachicolero o facturero de moda -lo identifican por sus autos de mega lujo y su estilo extravagante y prepotente de vivir- los investigan y los capturan para negociarles el “indebido proceso” que les garantice su liberación, a cambio de decenas de millones de pesos de “gratificaciones”, producto de las utilidades de sus ilícitos. Si esos cobros de los delegados van a dar “más arriba”, eso es tema de las indagatorias. Lo que sí es cierto es que ya es un modus operandi que se tiene probado y comprobado. Y si de verdad se quiere llegar al fondo, que se le vaya pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera que rastree las cuentas y los bienes de esos delegados.
Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar un escarmiento a aquellos que la llevaron a mentirle flagrantemente a la Nación con este mega decomiso en falso de un huachicol, que no era huachicol, que ordene una investigación de las delegaciones. ¿Quién o quiénes fueron a extorsionar a SIMSA para venderles el favor de no clausurar sus operaciones y a cambio de qué o de cuánto?
Lo que ocurrió en San José de Iturbide, en Guanajuato, no debe quedar en un “nos equivocamos y el delegado es el culpable”. La dimensión del decomiso y los 15 días que transcurrieron entre el operativo y su anuncio en la Mañanera, obligaba a que tanto los personajes más cercanos a Ernestina Godoy y a Omar García Harfuch revisaron los expedientes con detenimiento, antes de embarcar a la inquilina de Palacio Nacional.
Por eso decimos que, Ernestina Godoy, debe renunciar. Porque sus presuntas capacidades fueron burladas por subalternos de poca monta -en el mejor de los casos- o exhibidas sus complicidades en el peor de los escenarios. Pero eso sí, ni a Andy López Beltrán ni a Adán Augusto López los tocan con el pétalo de una indagatoria. Tampoco podemos entregarle el citatorio al Almirante Rafael Ojeda. Esos, son intocables. En la Fiscalía y en la Mañanera.
La Auditoría Superior de la Federación puso la lupa sobre el primer periodo de Miguel Sánchez Altamirano al frente del municipio oaxaqueño y encontró más de 100 millones de pesos en recursos federales con irregularidades o pendientes de aclarar entre 2022 y 2024. La cuenta fue creciendo: 48.9 millones en 2022, alrededor de 14 millones en 2023 y 41 millones en 2024.
Para comprobar gastos, contratos y obras, al ayuntamiento le faltaron documentos; en algunas adjudicaciones, además, aparecieron empresas vinculadas entre sí. Una administración de esas en las que la transparencia parece haber pedido licencia.
Que dice El Pais:
La gota que derramó el vaso fue el ataque a la casa de Elvis Guerra, la artesana muxe que confeccionó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum la noche del Grito del 15 de septiembre. La agresión a la vivienda ubicada en un callejón de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, visibilizó la violencia que sufren cotidianamente los habitantes del municipio y retrató de un golpe la impunidad con la que operan los grupos criminales en la región del Istmo de Tehuantepec, mezclados con autoridades municipales y protegidos por el grupo político que gobierna el Estado desde 2022.
No es casual que, cinco días después de la agresión al domicilio de la fundadora del Taller Biulú -que ha vestido a Sheinbaum en más de una ocasión-, haya caído preso el presidente municipal de Juchitán,Miguel Sánchez Altamirano, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de estar relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha negado la relación entre ambos hechos, pero los actores políticos locales afirman que la agresión a Elvis Guerra hizo impostergable la intervención federal en la zona.
La detención del presidente municipal de Juchitán ha puesto contra las cuerdas al gobernador de Oaxaca,Salomón Jara, quien tuvo que deslindarse de uno de sus principales operadores políticos. “La agresión a Elvis Guerra detonó todo; fue lo que provocó que ya no se pudiera esconder más lo que todo mundo sabe aquí: la protección del presidente municipal y del gobernador Salomón Jara a esos delincuentes. Era un secreto a voces que el cabecilla de esos grupos dedicados a la extorsión era el alcalde y que este sujeto es operador y protegido del gobernador”, acusa Benjamín Robles, dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca y opositor número uno del actual mandatario estatal.
Miguel Sánchez Altamirano, conocido en Juchitán como Quetu, llegó a la presidencia municipal en noviembre de 2022, como suplente de Emilio Montero, quien gobernaba desde 2018 y tuvo que interrumpir su segundo periodo cuando fue llamado por Salomón Jara para integrarse a su gabinete como titular del poderoso Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Sánchez Altamirano asumió como presidente municipal interino y, en 2024, se presentó a las elecciones como candidato de la alianza Morena-Partido Verde y obtuvo el triunfo. En sus casi cuatro años de Gobierno, el municipio registró un notable incremento en la incidencia de delitos de alto impacto, principalmente homicidio doloso y extorsión.
No solo eso; los ocho años de los alcaldes Montero y Sánchez Altamirano coinciden con el florecimiento del grupo conocido como Los Cromos, una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación asentada en los municipios del Istmo: Juchitán, Ciudad Ixtepec, Matías Romero, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz. Todos gobernados por Morena.
Lidereado por un personaje al que las autoridades denominan Comandante Cromo,este grupo criminal está ligado al despojo de tierras y extorsiones ocurridas durante la construcción del Tren Interoceánico, una de las principales obras de infraestructura de los gobiernos morenistas. En fechas recientes, la Marina había asestado varios golpes a este grupo criminal, pero nunca se había tocado a su red de protección política.
La presencia de Los Cromos, según reportes de la Fiscalía Estatal y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, provocó que Juchitán se colocara como el municipio más inseguro de Oaxaca y la quinta ciudad más violenta de todo el país, solo debajo de Cajeme, Culiacán, Irapuato y Cuernavaca. La incidencia en los delitos de tráfico de personas y extorsión aumentó considerablemente y la violencia se hizo cotidiana. Algunos de los negocios criminales en la región -como el cobro de piso, el narcomenudeo y el tráfico de personas- se operaban por medio de la red de mototaxis que circulan en los municipios istmeños, presuntamente controlada por delincuentes como Alberto de la Paz López alias La Parca, detenido el pasado miércoles junto con el edil Sánchez Altamirano.
En la última década, mientras aumentaba la criminalidad en la región del Istmo, creció el control político de Morena, gracias a la operación de personajes como el exalcalde Emilio Montero y el alcalde detenido,Quetu Sánchez Altamirano, por un lado, y por otro, por el senador Antonino Morales Toledo, expresidente municipal de San Blas Atempa, exsecretario de Administración en el Estado y líder del otro grupo político dominante en la zona. Aunque son bandos rivales, todos son cercanos al gobernador Salomón Jara, quien ha recurrido a ellos para financiar y operar su campaña electoral de 2022; la campaña de Morena en 2024 y la Revocación de Mandato a la que se sometió en enero de este año. En aquel polémico proceso, en el que Jara recibió un claro voto de castigo en zonas urbanas, fue la Región el Istmo la que le permitió ganar el revocatorio. Juchitán le aportó 36.427 votos; Ixtepec, 27.691; Tehuantepec, 13.837 y Matías Romero, 27.947 votos. Es decir, una quinta parte de los 550.000 votos para que Jara siguiera en la gubernatura se depositaron en los distritos del Istmo.
“Ahí se hizo el fraude en la revocación de mandato de Salomón Jara; en Juchitán, ni siquiera se permitió la entrada de representantes y observadores”, acusa Benjamín Robles, quien denunció, al término del revocatorio en Oaxaca, una operación del gobierno estatal para comprar el voto y evitar que ganara el no a la continuidad del gobernador. “Todo eso lo operó el sujeto al que se ha detenido. La detención de uno de sus grandes amigos en Juchitán confirma lo que venimos diciendo, que Salomón Jara es presunto socio de la delincuencia”, añade Robles.
Todos se deslindan del ‘Quetu’
Tras la detención del alcalde de Juchitán, todos sus aliados lo han desconocido, comenzando por el gobernador, a quien el secretario García Harfuch le agradeció su colaboración para poder asestar este golpe a la delincuencia organizada. “Me duele cuando algún funcionario del movimiento cae en la tentación y cambia su misión por ambición, pero me dolería más fallarle al pueblo”, ha dicho Jara para tratar de deslindarse del alcalde de Juchitán. En el mismo tono, los diputados de Morena en Oaxaca firmaron un pronunciamiento en el que desconocen a su compañero de partido y aplauden el operativo de las Fuerzas Federales que llevó a su detención. El senador Antonino Morales, por su parte, dijo que en Oaxaca “no hay espacio para la impunidad”.
Pero, mientras la clase política se deslindaba del Quetu, la prensa local de Oaxaca registró este jueves cómo en Juchitán algunos policías municipales y mototaxistas trataron de impedir que la Marina concretara la orden de aprehensión. Algunos líderes locales de Morena protestaron en la plaza municipal por la detención y su familia ofreció una conferencia de prensa para exigir explicaciones a Salomón Jara. Según su esposa y su madre, el edil siempre mantuvo una relación institucional con el gobernador, a quien ahora acusan de abandonar a quien fuera su aliado. “Le pido, señor gobernador, ayuda en esto: no nos deje solos, conoce a Miguel, sabe de su persona, sabe de su integridad”, declaró Reyna Alonso Carrasco, esposa del alcalde, horas después de ser detenido.
El pasado 15 de septiembre, justo cuando la presidenta Sheinbaum lució el vestido confeccionado por el taller de Elvis Guerra, Miguel Sánchez Altamirano publicó en sus redes una fotografía que se tomó con Salomón Jara en una de sus muchas visitas a Juchitán, con el siguiente mensaje: “hoy quiero felicitar con mucho aprecio al gobernador de nuestro estado, por cumplir un año más de vida. Le deseo un feliz día junto a su familia y seres queridos. Que siga teniendo motivos para celebrar y la fortaleza para continuar trabajando”. La cercanía entre ambos no era un secreto en Oaxaca.
