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jueves, 13 de febrero de 2025

LA “OCUPACION TERRITORIAL”: “EX-MINISTRO INQUIETO de la SUPREMA CORTE DESMENUZA la IDONEIDAD del TERMINO USADO en MEXICO para REFERIRSE al CONTROL que EJERCEN CARTELES”…pero estan por todos lados.


El ex-ministro de la Suprema Corte,Jose Ramon Cossio,intenta en otro artículo para el Diario Español,EL PAIS,desmenuzar el termino de la “Ocupación territorial” por parte del crimen, para describir la presencia del crimen organizado en México, argumentando que esta analogía militarista simplifica y distorsiona la complejidad del fenómeno y a través de un análisis comparativo de estadísticas y dinámicas sociales, propone replantear el enfoque sobre el control delictivo.

Cuestionamiento a las métricas convencionales

Las cifras sobre territorios “controlados” por el crimen varían drásticamente según la fuente:

  • 75% del espacio nacional (48% de municipios) reportado por El Universal (2023)
  • 81% del territorio según AC Consultores (2023)
  • 30% estimado por US Northcom (2021)

Estas discrepancias evidencian la falta de consenso metodológico para medir la influencia criminal, más que demostrar una expansión geográfica uniforme.

Crítica a la analogía militar

El autor desmonta la comparación con ocupaciones bélicas históricas:

  1. En conflictos como las guerras mundiales, los ejércitos ocupantes imponían un control total sobre leyes, economía y vida cotidiana
  2. En México persiste un control estatal fragmentario:
  • Pago de impuestos y registros civiles mantienen vigencia institucional
  • Actividades económicas formales coexisten con extorsiones (“cobro de piso”)

Propuesta de análisis multifactorial

Plantea entender el fenómeno como un espectro de influenciasmás que como dominación absoluta:

CaracterísticaControl militar clásicoPresencia delictiva en México
Alcance normativoLeyes sustituidas totalmenteCoexistencia con normas estatales
IntensidadConstante y omnipresenteVariable según región y actividad
Respuesta socialResistencia organizadaAdaptación pragmática

Consecuencias de la terminología bélica

Advierte sobre dos riesgos derivados de este marco conceptual:

  1. Exterminacionismo: Suponer que solo una derrota total del crimen restablecerá el orden
  2. Normalización: Asumir la convivencia permanente con estructuras criminales

Hacia un nuevo paradigma analítico

Propone sustituir el concepto de “ocupación” por un modelo que reconozca:

  • Capas superpuestas de autoridad (estatal vs. criminal)
  • Gradientes de influencia según actividades económicas y geografía
  • Variaciones temporales en la intensidad del control delictivo

El artículo concluye que este replanteamiento permitiría diseñar políticas públicas diferenciadas, reconociendo que la recuperación del orden jurídico requiere estrategias adaptativas más que operativos militarizados.

Como lo dijo el Ministro (TEXTO ORIGINAL): 

“…En las muchas y variadas discusiones sobre la seguridad pública en México es cada vez más frecuente considerar la ocupación del territorio nacional por parte de las delincuencias. 

Desde diversos ángulos y con distintos propósitos se comunica que ciertos porcentajes de nuestro territorio están dominados por un cártel o grupo delictivo. Así, por ejemplo, en 2023, el diario El Universalreportó que el 75% del espacio —equivalente al 48% de los municipios— habían registrado actividades de al menos un cártel, banda criminal o célula delictiva, mientras que para el mismo año AC Consultores estimó esa presencia en el 81% del territorio y el 60% de los municipios. 

Estos datos contrastan con los que en 2021 reportó US Northcom, y en 2018 la CIA, en el sentido de que la ocupación era, respectivamente, del 30% y del 20% de nuestro espacio físico.

La primera cuestión que estas mediciones evidencian es, como se dijo, la extensión misma de los fenómenos delictivos a lo largo y ancho del territorio nacional. Considerando números absolutos o relativos, comparaciones o tendencias, lo cierto es que la presencia criminal dejó de ser un fenómeno adscribible de manera pintoresca o estigmatizante a ciertas entidades o regiones del país. Hoy en día es difícil suponer la existencia de zonas libres de las actividades criminales. Este punto plantea la verdadera cuestión acerca de lo que, efectivamente, deba considerarse como ocupación territorial por parte de las delincuencias.

Si se recurre a las analogías militaristas tan comúnmente utilizadas para entender y combatir a las delincuencias, de inmediato se evocan las condiciones de completa y total ocupación por parte de las fuerzas armadas de un país. 

A partir de ahí podría suponerse que prácticamente la totalidad de los fenómenos sociales generados en ese espacio estarían regulados por las normas emitidas por los ocupantes. 

Si, por ejemplo, se tomaran los casos bien conocidos de las dos guerras mundiales, podría suponerse que los habitantes de una zona del país caracterizada como ocupada, habrían de actuar en todo tiempo y lugar conforme a lo que los capos y sus agentes determinaran cotidianamente, a semejanza de lo que sucedió con la ocupación francesa o polaca. Esta imagen militarista no se corresponde, sin embargo, con lo que acontece en las zonas de nuestro país que se han considerado ocupadas.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ocupación delictiva del territorio mexicano? En primer lugar, a una diversidad de presencias e intensidades. Desde luego es posible advertir que en aquellos lugares en donde actúa la delincuencia existen desde cobros de piso paralelos a la acción estatal, hasta normas de conducta impuestas por el crimen e internalizadas por la correspondiente población. 

Puede existir, en efecto, un estado de cosas en el que las personas realicen la mayor parte de sus actividades cotidianas conforme a las normas estatales, con independencia de que una porción de ellas se ajuste a las prescripciones y coactividades criminales. Asimismo, es factible considerar que en otras zonas tenidas también como de ocupación, un conjunto mayor de actividades cotidianas estén reguladas por los mandatos delictivos.

De esta manera, el uso de la expresión “territorios ocupados” u “ocupaciones territoriales” termina deformando la comprensión de lo que actualmente sucede en el país. O se asume que, como en la guerra, la presencia es total y las condiciones de dominación son de tal manera imperantes que el restablecimiento de la normalidad implica la completa derrota o el total exterminio de las fuerzas de ocupación, o se asume que la misma es tan granular y especifica, que las poblaciones deben resignarse a vivir con ella.

Los extremos del exterminio o de la trivialización a que conducen las evocaciones de la ocupación impiden comprender las muchas y diferenciadas prácticas criminales presentes en la vida cotidiana de muchas personas. 

La ocupación territorial no significa –al menos hasta ahora— que todas y cada una de las actividades de la totalidad de la población estén reguladas por las normas y prácticas de los órdenes normativos delincuenciales. Aún en los casos en donde la presencia de la delincuencia y de sus grupos armados es muy grande, las personas mantienen comportamientos igualmente cotidianos basados en las normas estatales. Las personas compran, venden, se registran, pagan impuestos o denuncian delitos cometidos en su contra, más allá de que los criminales les impongan, simultáneamente, ciertas prácticas mediante el uso de su propia coacción.

La ocupación territorial es en realidad un plural lleno de matices,cambios y ajustes, dadas las muchas dinámicas que la atraviesan. Lejos de poderse postular un solo modo de ser o de estar, es necesario identificar matices. Lo que las expresiones “territorios ocupados” u “ocupaciones territoriales” debieran significarnos son puntos de partida para comprender y diferenciar las múltiples maneras en las que las delincuencias están presentes de distintas formas, momentos y espacios. Es decir, apenas una indicación inicial para comenzar a entender las diversas presencias criminales para, a partir de ahí y en todo caso, posibilitar la recuperación del orden jurídico nacional.

Con informacion.-DIARIOESPAÑOL/ELPAIS/JOSE RAMON COSSIO

“GUERRA de TRIBUNALES”:”FALLO de la SUPREMA CORTE ECHA ABAJO FALLO de TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL”…que bueno que no andan armados.


La Suprema Corte de Justicia declaró improcedente el impedimento de cuatro de sus integrantes para discutir un conflicto entre jueces de amparo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) sobre suspensiones contra la reforma judicial.

Impacto en las elecciones de junio de 2025
La resolución elimina un obstáculo legal para avanzar en la organización de los comicios, donde se elegirán 881 jueces, incluidos los 9 ministros de la SCJN. Al mantener el quórum necesario (7 ministros), la Corte evita un vacío de autoridad que podría retrasar el calendario electoral.

Validación del proceso electoral judicial
La Corte determinó que los impedimentos planteados contra cuatro ministros (incluida la presidenta Norma Piña) eran improcedentes, al considerar que el conflicto no versaba sobre la reforma judicial en sí, sino sobre una disputa jurisdiccional interna entre órganos del Poder Judicial. Esto permite que la SCJN continúe resolviendo controversias relacionadas con la implementación de la reforma sin bloqueos procedimentales.

Refuerzo de la autonomía judicial
Al rechazar los argumentos del TEPJF, que buscaba recusar a ministros críticos de la reforma, la Corte afirmó su papel como árbitro final en conflictos institucionales. El ministro Alfredo Gutiérrez destacó que el caso no implicaba un pronunciamiento sobre la reforma, sino la delimitación de competencias entre tribunales. Esto evita que disputas administrativas paralicen el proceso electoral.

Tensión política y polarización
Las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel (aliadas al gobierno) votaron en contra, argumentando que los impedimentos debían tramitarse formalmente. Acusaron a la Corte de intentar limitar las facultades del TEPJF, lo que refleja una división ideológica dentro del máximo tribunal. Este enfrentamiento subraya los riesgos de politización en la implementación de la reforma.

Conclusión
La decisión consolida el avance de la reforma judicial, pero profundiza las tensiones entre poderes. Aunque se preserva la funcionalidad inmediata del proceso electoral, la polarización dentro de la SCJN y las críticas a la independencia judicial plantean incertidumbres a largo plazo, especialmente ante elecciones que buscan transformar radicalmente el sistema de justicia mexicano.

Con informacion: REFORMA/

“JEFE del COMANDO del NORTE RECONOCE ante LEGISLADORES de EE.UU que AUMENTÓ la VIGILANCIA a CARTELES MEXICANOS y QUIERE del CAPITOLIO MAS FACULTADES LEGALES”…problemas complejos, requieren soluciones complejas.

El General Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo a legisladores durante una audiencia que el Ejército está aumentando su vigilancia de los cárteles de la droga mexicanos y solicitó al Capitolio otorgar mayores facultades legales para llevar a cabo operaciones conjuntas con las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de México.

“Hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los cárteles que impulsan la migración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones”, declaró.

Estrategias de vigilancia reforzada

  • Tecnología aérea ISR: Implementación de sistemas avanzados de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para rastrear movimientos de cárteles en zonas fronterizas.
  • Vuelos de reconocimiento: Incremento de operaciones aéreas autorizadas por el Departamento de Defensa, aunque no por México según confirmó Guillot al senador Roger Wicker.

Solicitudes de ampliación legal

El alto mando militar estadounidense pidió al Congreso:

  1. Mayor margen legal para operaciones conjuntas con fuerzas especiales mexicanas
  2. Facultades expandidas en asistencia y asesoramiento táctico
  3. Marco jurídico para operaciones de inteligencia transfronterizas.

Cooperación bilateral actual

  • Intercambio de inteligencia: Compartición de datos recopilados con autoridades mexicanas para acciones contra redes de fentanilo.
  • Presencia militar: 5,000 soldados en servicio activo desplegados en la frontera sur.
  • Estrategia marítima: Solicitud de ampliar coordinación con Guardia Costera y posible despliegue de grupos de ataque naval.

Postura mexicana

La Secretaría de Defensa Nacional reconoció esta semana que los vuelos de inteligencia estadounidenses operan en:

  • Espacio aéreo de EE.UU.
  • Aguas internacionales
  • Zona del Mar de Cortés.

Esta coordinación asimétrica muestra los complejos mecanismos de seguridad compartida, donde EE.UU. amplía capacidades unilaterales mientras busca mayor interoperabilidad con fuerzas mexicanas, todo en el marco de la crisis por opioides que causa 70,000 muertes anuales por sobredosis en territorio estadounidense.

Con informacion: ELNORTE/

“NACIO Pa’POETA y en el AIRE las COMPONE”: “CIUDADANOS MERECEN PERROS GUARDIANES,NO MASCOTAS del PODER,NI TAMPOCO SICARIOS de la PLUMA o el TECLADO que TENGAN la EXTORSION como POEMA”…hay uno que se presume autor de la ficha de CDV en Texas.


La prensa, en su función ideal, debería actuar como contrapoder y garante de la transparencia en democracia, pero cuando se convierte en instrumento de chantaje o legitimación gubernamental mediante prácticas de “toma y daca”, su rol se pervierte, transformándose en mecanismo de control social que socava los cimientos del derecho de ciudadanos a estar bien informados.

Este fenómeno, el de servir al poder publico,economico,militar,criminal,politico o cualquier otro, esta documentado en múltiples contextos históricos y geográficos y genera efectos corrosivos en la vida pública.

El poema de la extorsión o la extorsión como poema

En Reynosa,en Tamaulipas,Hugo Ramos de “Multicosas”,un viejo ente de la “prensa extorsiva” ,se presumio en 2001 como el autor de la ‘ficha signaletica” que la policía de Texas registró tras la captura en 1986 del “guerco” que luego se iba convertir en gobernador de Tamaulipas,su nombre, Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN 2016-2022).

(Debí de haber patentado la ficha criminal)

El 27 de septiembre del 2001, mismo día en que Multicosas publicó por primera vez la ficha criminal de Francisco García Cabeza de Vaca (que ahora todos publican como propia), manos misteriosas prendieron fuego a la camioneta del director de la publicación, o sea (yo mero). Hoy lo recordamos con esta rima a casi 21 años del atentado.

Pero usar el “chantaje como medio de un medio para allegarse medios”, no es precisamente el modelo de periodismo que sirve a ciudadanos, pues suele “pegar hasta que les pagan”, algo todo indica por esas mismas fechas no le gusto a algun inconforme y dice Hugo Ramos, le incendiaron parte de su patrimonio,aunque las lenguas buenas de gente mala de esa epoca,presumen que el incidente fue parte de la misma estrategia mediática contra Cabeza de Vaca y fue sufragado por el peticionario del “favorcito”,lo que provoco una vez llegado al poder, los “vientos de cambio llegaran huracanados, arrastrando a todos a sus paso,incluyendo las inocentes arcas estatales,cuyos quebrantos hoy son materia de abundantes carpetas de investigación que aun no llegan a nada,bajo el gobierno de igual de “mañoso” de Morena y Americo Villarreal Anaya.

Pero la estrategia de “pegar hasta que les paguen”, no la invento Ramos y ha sido una practica transexenal ,casi institucionalizada,usada lo mismo por columnistas,reporteros,editores y gran parte del conglomerado de medios de confusion, que ya saben que dejar de decir la verdad es un negocio muy rentable y por eso se rentan.

Dinámicas de la prensa servil: el intercambio como instrumento de poder

El “quid pro quo” (literalmente “algo por algo”) estructura relaciones donde medios obtienen privilegios económicos (publicidad oficial, contratos) o acceso a información exclusiva, a cambio de omitir críticas o difundir narrativas oficialistas. Este sistema crea dependencia material que anula la independencia editorial, como muestran casos donde el 40% de periodistas modifican contenidos por presiones económicas.

La censura soft se ejerce mediante:

  • Autocensura anticipatoria por miedo a represalias legales o económicas.
  • Saturación informativa con contenidos banales que desplazan temas relevantes.
  • Hostigamiento institucional mediante procesos judiciales abusivos.

Impactos en el ecosistema democrático

  1. Erosión de la función fiscalizadora: Cuando los medios replican discursos oficiales sin contraste, desaparece el control sobre el poder. En México, el 66% de compras estatales bajo regímenes de excepción presentaron irregularidades no investigadas por prensa alineada.
  2. Privatización de la verdad: La OEA alerta que la desinformación sistemática “anestesia el derecho a participar”, creando ciudadanías mal informadas para decisiones cruciales.
  3. Criminalización del disenso: No solo en Mexico hay represalia,en Nicaragua y El Salvador, gobiernos estigmatizan medios críticos como “enemigos del pueblo”, usando incluso leyes antiterroristas para procesar periodistas.

El deber ser: de la lisonja a la auditoría social

La Corte Interamericana establece que los Estados deben “garantizar condiciones para el periodismo libre”no cooptarlo. El modelo óptimo incluye:

Función tradicionalFunción transformadora
Transmitir comunicados oficialesContrastar los datos del gobeirno,con fuentes independientes, dudar es de gente inteligente
Reproducir declaracionesContextualizar impactos de políticas, analizando el efecto discursivo del gobierno sobre ciudadanos.
Actuar como altavozEjercer vigilancia sobre uso de recursos,señalando con puntualidad a los responsables de quebrantos

La Declaración de Chapultepec enfatiza que “la prensa es para los gobernados, no para los gobernantes”. Esto implica:

  • Priorizar el interés público sobre acuerdos cupulares,nada de arreglitos,ni convenios, ni regalos en especie.
  • Exigir rendición de cuentas mediante acceso a información verificable, bajo el entendido que el gobierno es el fabricante de mentiras mas exitoso e impune.
  • Resistir presiones económicas que comprometan la línea editorial o dedicarse a otra cosa que no requiera de ayudas del gobierno.

La UNESCO demuestra que países con prensa independiente reducen 20% la corrupción, mientras sistemas mediáticos capturados por el poder incrementan riesgos de autoritarismo. El verdadero servicio público periodístico no consiste en aplaudir aciertos gubernamentales, sino en señalar omisiones y exigir rectificaciones, aunque esto implique confrontación con el poder.

La ciudadanía merece medios que operen como “perros guardianes” , no como “mascotas del poder” o “Censores temporales”,pues solo así se cumple el mandato constitucional de informar verazmente, base de toda democracia funcional.

Con información: @redes/medios/

“YA le DIERON PISO”: “NARCO FUGITIVO HOLANDES AFILIADO a la MAYIZA FUE EJECUTADO en la ZONA ESMERALDA de EDOMEX”…a 11 dias de aterrizarse al “Kastor” por los mismos rumbos.


Marco Ebben, un narcotraficante holandés vinculado a redes internacionales de drogas y a facciones del crimen organizado en México, fue hallado muerto el 13 de febrero de 2025 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y su cuerpo localizado en el Fraccionamiento Real Antigua, cerca del Aeropuerto de Atizapán, en una zona exclusiva conocida como Zona Esmeralda.

Antecedentes criminales

  • Condena en Europa: En octubre de 2020, fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión en Países Bajos por traficar 400 kg de cocaína desde Brasil entre 2014 y 2015. La droga se ocultaba en contenedores de piñas
  • Perfil internacional: Figuraba en la lista de los más buscados de Europol por narcotráfico y evadió su condena al fugarse.

Conexión con cárteles mexicanos

  • Alianza con “El Mayo” Zambada: Desde 2024, se le vinculó con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos (“El Mayito Flaco”). Participó en el conflicto contra “Los Chapitos” (hijos de “El Chapo” Guzmán).
  • Movimientos en México: Ingresó al país con un pasaporte rusotras un incidente violento en Turquía. Su presencia se reportó en enfrentamientos armados en Culiacán, Sinaloa, donde habría sido emboscado.

Detalles de su muerte

  • Ejecución en Atizapán: Fue asesinado por un grupo armado, según fuentes de seguridad. Las autoridades cruzaron datos de su fisonomía y objetos personales para confirmar su identidad.
  • Contexto violento: Su muerte se enmarca en la guerra entre cárteles. En octubre de 2024, el rapero holandés Djaga Djaga —encarcelado por homicidio— ya había anunciado su fallecimiento en redes sociales, aunque sin confirmación oficial hasta ahora.

Contexto familiar y estilo de vida

  • Legado criminal: Hijo de Henk Ebben, líder de la banda “Rainforest” (involucrada en tráfico de hachís y éxtasis a Inglaterra en los 90). Henk fue condenado a 18 años por cinco homicidios.
  • Lujo y evasión: Marco afirmó que su riqueza provenía de familiares adinerados en Rusia e Italia. Usó redes internacionales para mantenerse prófugo.

Reacciones y vacío legal

Ninguna autoridad mexicana ha emitido un comunicado oficial sobre su muerte, aunque Europol seguía investigando sus vínculos transnacionales. Su caso refleja la globalización del crimen organizado y la infiltración de actores europeos en conflictos locales mexicanos.

Con informacion: ELNORTE/ MEDIOS/ REDES

“SIGUE la MATA DANDO”: “EXHIBEN a la OPERADORA MORENA MANCHADA de CHAPOPOTE HUACHICOLEADO IGUAL que AMERICO que JALA P’al ANDY LOPEZ”…es y ha sido el combustible de alto octanaje gringo el que mueve a Morena.


La transfiguración política de Gabriela Jiménez, una operadora electoral de Morena, representa una radiografía de cómo ha cambiado el centro de poder electoral en la 4T: de Sergio Carmona a ‘Andy’ López Beltrán.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

LA “ENMARAÑADA SOLICITUD de DESAFUERO del EX-GOBERNADOR BLANCO de CONCIENCIA PRIETA que TIENE 10 CARPETAS de INVESTIGACION”…y tuvo proteccion presidencial.


Cuauhtémoc Blanco ha regresado a las primeras planas de los diarios mexicanos. Los reflectores apuntan nuevamente al político y exfutbolista mexicano por una intempestiva solicitud que busca retirarle la inmunidad procesal para que pueda ser juzgado por el presunto intento de violación a su hermana. 

El entremés advierte un proceso enmarañado. Posibles condiciones de ventaja, conflictos de interés, críticas de “guerra sucia” y un bloque oficialista que no le ha dado su apoyo a ciegas y le ha regateado su manto protector. 

Además, el procedimiento ha caído en manos de un correligionario y viejo adversario político. Estos son algunos de los elementos que trazan el posible proceso de desafuero al que se puede enfrentar el exgobernador de Morelos los próximos meses en la Cámara de Diputados. Un eslabón más al historial de polémicas sin resolver que pesan sobre el delantero convertido en político hace 10 años.

Hugo Erik Flores, dirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES), hoy diputado de Morena, es una pieza clave en el proceso. El político preside la Sección Instructora, instancia jurisdiccional del Congreso mexicano por la que transitan los juicios de desafuero. Ahí, se procesará la solicitud que logró encausar Uriel Carmona, el fiscal de Morelos destituido el jueves pasado, momentos después de asestar el recurso contra la figura del balompié mexicano. 

Flores aupó ocho años atrás (2017) la candidatura de Blanco al Gobierno de Morelos coaligado con Morena y el Partido del Trabajo, cargo que gañó en la elección de 2018. La relación no duró mucho, se fracturó poco tiempo después, en 2023. El quiebre tuvo como eje denuncias públicas sobre posibles irregularidades en la gestión del exfutbolista; además tuvo de por medio las aspiraciones políticas de Blanco que tenía un pie dentro del partido gobernante mucho antes de chocar con su mentor.

Blanco ha insistido en desvelar un golpe interno, fuego amigo. “Ya me agarraron de piñata. Sé quién está detrás de la señorita, hay guerra sucia”, ha sostenido este lunes el exgobernador sin dar nombres ni detalles sobre sus declaraciones que ha replicado en los últimos días. Nadia Fabiola “N”, media hermana del exgobernador, ha defendido su versión, los detalles de la denuncia no los ha querido dar para respetar el debido proceso, pero ha confiado en que pese más la impartición de justicia que la protección que pueda tener el exgobernador.

El caso tiene de frente un largo camino por recorrer antes de resolver si es o no procedente privar al exgobernador de la inmunidad procesal que le da su diputación plurinominal, conocida como fuero constitucional, un blindaje que le da la Constitución para ser procesado penalmente por algún delito. El miércoles de esta semana la Sección Instructora dará entrada a la petición que ya ha sido ratificada por la fiscalía del Estado. Con ello, inicia un periodo de 60 días para que la instancia formada por cuatro diputados, tres de ellos del bloque oficialista. Hugo Erik Flores y Adriana Quiroz de Morena; Raúl Bolaños del PVEM y Germán Martínez del PAN, serán los encargados de realizar las indagatorias necesarias para deliberar la responsabilidad de Blanco y después emitir un veredicto. Flores descarta excusarse en el juicio. “Voy a actuar con ética”, responde a las críticas sobre el conflicto de interés en el que puede incurrir por el historial que comparte con el implicado.

El oficialismo actúa con cautela y ha preferido no dar su cobijo incondicional al exgobernador, al menos públicamente. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ha sostenido que no se protegerá a nadie, pero tampoco condenarán a inocentes. “No nos queremos inclinar ni a un lado u otro, lo cierto es que son dos versiones, hay una acusación y hay un desmentido completo por parte del diputado, entonces serán las autoridades quienes deslinden responsabilidades”, refiere el líder parlamentario.

En medio de la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha subido al tema. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, que se hagan siempre las investigaciones en todos los casos”, lanzó en su conferencia matutina de este lunes para responder sobre las acusaciones que pesan sobre Blanco, el presunto intento de violación a su hermana Nadia Fabiola “N”. A la declaración le ha seguido un matiz. “¿No les parece extraño que, después de siete años de haber estado [el fiscal Uriel Carmona], cuatro días antes, cuando ya sabía que lo iban a desaforar, por el caso de un feminicidio que él ocultó, de pronto salen un montón de carpetas de investigación contra el exgobernador?”, lanzó la mandataria.

Sobre Blanco pesan al menos 10 carpetas de investigación por diversos delitos en los que presuntamente ha incurrido, dijo antes de su destitución el exfiscal de Morelos. Margarita González, gobernadora del Estado y militante de Morena se suma a la ecuación. Edgar Maldonado, hace nada consejero jurídico de la entidad, hoy titular de la Fiscalía del Estado, —relevo de Carmona—, presentó la primera quincena de enero una denuncia por presuntas irregularidades en el Gobierno de Blanco que alcanzan los 40 millones de pesos de recursos públicos repartidos en distintos proyectos: la entrega de fertilizantes como apoyo a productores, la venta de predios del lago de Tequesquitengo, la remodelación de un mercado y la contratación de artistas.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO JIMENEZ/

EL “AMO y SEÑOR de los PROCESOS”:”GOBERNADOR MEDIOMORENO de NUEVO LEON es un COMPENDIO de IRREGULARIDADES SISTEMATICAS en MEDIO de una OPOSICION que BUSCA DESGASTARLO”…porque las comadres estan “peliadas”.


Apenas un día después de que el Congreso local votó a favor de iniciarle dos juicios políticos al Gobernador Samuel García, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) volvió a resolver en contra del emecista, por uso indebido de recursos públicos en la pasada contienda electoral local.

Con esto, García acumula 22 procesos electorales en su contra.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta una crisis institucional y política sin precedentes tras acumular 22 procesos electorales en su contra. Este escenario revela patrones y tensiones subyacentes que van más allá de las acusaciones formales:

Patrón de incumplimiento normativo

Los 22 casos (17 del TEPJF y 5 del TEE) muestran reiteración en conductas sancionadas:

  • Uso de redes oficiales para promocionar candidaturas de Movimiento Ciudadano (MC)
  • Difusión de encuestas favorables a su esposa, Mariana Rodríguez, durante procesos electorales
  • Vulneración sistemática de los principios de neutralidad institucional y equidad en contiendas

Contexto político conflictivo

La simultaneidad de resoluciones judiciales y acciones legislativas sugiere:

  • Coordinación entre oposición (PRI, PAN, PRD) para activar múltiples frentes legales
  • Uso estratégico de mecanismos de control político tras derrotas electorales
  • Judicialización de diferencias partidistas, con tribunales como campo de batalla política

Impacto en la gobernabilidad

La acumulación de procesos genera:

  • Parálisis institucional: recursos estatales dedicados a defensa legal
  • Erosión de autoridad moral: dificultad para implementar agenda política
  • Riesgo de vacío de poder si se activan sanciones de suspensión o destitución

Lectura institucional

El voto disidente de la magistrada presidenta del TEE indica:

  • Divergencias en interpretación legal dentro del órgano electoral
  • Posibles tensiones entre criterios técnicos y presiones políticas
  • Debilidades en mecanismos de fiscalización previa para prevenir infracciones

Este cúmulo de procesos refleja una crisis de legitimidad donde se entrecruzan fallas de supervisión, prácticas clientelares y polarización partidista. La recurrencia de sanciones sugiere tanto posibles irregularidades sistemáticas como una estrategia de oposición para desgastar al ejecutivo estatal mediante herramientas jurídico-legislativas.

Con informacion: ELNORTE/