El ejército presume que cazó a Godzilla, pero en la foto sólo se ve la carcacha tuneada; puro “monstruo” decomisado y ni un solo monstruo detenido, como ya es tradición en la guerra eterna contra el crimen organizado de utilería.
El “monstruo” sin monstruos
Según el reporte oficial, en Cruz Pedregoza, municipio de El Rosario, Sinaloa, los militares encontraron un vehículo con blindaje artesanal, de esos que los partes informativos bautizan muy serios como “monstruo”, bien equipado para resistir balazos y montar armas de grueso calibre.
La joya metálica fue asegurada y entregada a la FGR, donde seguramente sera destruida o se archivará junto con la colección nacional de trofeos chatarra, mientras los verdaderos dueños del juguete siguen libres, frescos y muy probablemente estrenando otro blindado “hecho en Sinaloa”.
Éxito sin detenidos
El parte de seguridad celebra el aseguramiento como logro de la Estrategia Nacional de Seguridad, con lenguaje pomposo y fotos bien cuidadas, pero remata con el clásico: “no se reportan personas detenidas”, la frase favorita de cualquier operativo que sólo sirve para boletín y conferencia mañanera.
En resumen, el mensaje es claro: el Estado mexicano es implacable… contra los vehículos estacionados, abandonados o ya vacíos; si trae motor y balas, lo decomisa, pero si trae responsables, mejor los deja ir para no arruinar la estadística de “derechos humanos respetados”.
Narco-industria automotriz, franquicia permanente
El camión “monstruo” no es novedad: ya han asegurado otros juguetes similares en Cosalá, Concordia, Mazatlán y distintos puntos de Sinaloa, siempre con la misma narrativa de éxito heroico y casi siempre con el mismo desenlace: fierros a disposición de la autoridad, pero la cadena criminal intacta.
La foto cambia, el comunicado se copia y pega, y el resultado se repite: el narco taller mecánico sigue operando como planta automotriz de lujo, mientras el gobierno se conforma con cortar listones de chatarra y vender el show como “golpe al crimen organizado”.
El “granero seguro” entre México y Estados Unidos resultó ser, durante al menos diez años, un pasadizo VIP para el grano sucio… cortesía de un agente aduanal que decidió que la sanidad vegetal era negociable, pero el soborno, jamás.
El agente que confundió aduana con caja registradora
Carlos Leopoldo Alvelais, ciudadano estadounidense avecindado en El Paso, Texas, convirtió su Agencia Aduanal Alvelais Alarcón en Ciudad Juárez en algo muy parecido a una sucursal informal de “pásele sin revisión, aquí todo se arregla”.
La Corte para el Distrito Oeste de Texas lo sentenció a 18 meses de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de 250 mil dólares, después de que aceptó declararse culpable de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, es decir, sobornar funcionarios mexicanos como si fuera deporte olímpico.
Diez años de “fast track” sanitario
Según la acusación presentada bajo sello en octubre de 2025 y desclasificada apenas ayer, durante por lo menos una década Alvelais aceitou pagar sobornos a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para que dejaron pasar cargamentos de grano estadounidense sin revisar si venían con bonus: impurezas, contaminación o algo peor.
Los embarques cruzaban por las aduanas de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras Negras, una bonita ruta que demuestra que cuando la corrupción funciona, funciona en red, no en ventanilla única.
El negocio: pagar para no mirar
La lógica del esquema era tan simple como brutal: si los inspectores detectaban problemas sanitarios, los retrasos y costos podían superar los 100 mil dólares por cargamento para la empresa exportadora; así que mejor pagar para que nadie viera nada.
Alvelais y dos empleados cobraban de 2 mil a 3 mil dólares por embarque “para sobornos”, incluso de manera preventiva, como si se tratara de un seguro anti-moral pública, y la acusación calcula al menos 250 mil dólares recibidos para más de cien pagos, aunque ni siquiera queda claro cuántas veces el dinero llegó a las manos de los funcionarios de Sader.
La empresa fantasma con grano real
La compañía agrícola estadounidense que pagaba los sobornos ni siquiera tenía autorización de Sader para limpiar productos contaminados en instalaciones sanitarias mexicanas, privilegio reservado a otros exportadores que, al menos en papel, cumplen algo parecido a una norma.
Es decir, no podían legalmente sanear el grano en México, pero sí podían, gracias a la corrupción, saltarse la parte incómoda donde el Estado revisa lo que entra al país para que no termine en la cadena alimentaria como si nada.
WhatsApp, correos y la logística del soborno
El Departamento de Justicia documentó conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos que exhiben el esquema, aunque no se trató de comunicaciones directas con los funcionarios mexicanos, lo cual sugiere una cadena de intermediarios tan discreta como eficiente.
Además de la agencia aduanal en Juárez, Alvelais es dueño de Alvelais Forwarding & Logistics, una empresa de logística de carga desde el lado estadounidense, porque si vas a montar un sistema de sobornos transfronterizo, siempre ayuda controlar también el lado “serio” de la operación.
Ya han caído las dos piezas de caza mayor. Pero Washington no se conforma. Las cadenas perpetuas para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada -confirmada esta última el lunes por un tribunal de Nueva York- que ambos cumplirán en centros de Estados Unidos no suponen el final del camino de la lucha contra el narcotráfico en México y sus conexiones con políticos corruptos.
Son, acaso, un hito sobre el que la Administración de Donald Trump quiere seguir avanzando. Así lo dejó claro el lunes Terrance Cole, director de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) frente al juzgado de Brooklyn que minutos antes había sentenciado a Zambada a pasar el resto de sus 76 años entre rejas, así como al decomiso de 15.000 millones de dólares para resarcir a las víctimas de décadas de contrabando de cocaína, heroína y fentanilo.
Por qué la presión de EE.UU. es necesaria
Estados Unidos tiene razón en ir tras los capos, pero si de verdad quiere cambiar el equilibrio de poder del crimen organizado, primero tiene que ir por quienes, desde el gobierno, convierten al Estado en sucursal del cartel: sin esos funcionarios, los narcos dejan de ser intocables y caen por gravedad política
El crimen organizado en México no es solo una cadena de suministro de drogas, es una estructura que se incrusta en municipios, estados y dependencias federales aprovechando instituciones débiles mal gobernadas.
Frente a esa captura del Estado, la presión externa de Washington —investigaciones federales, cargos penales, congelamiento de activos— introduce un factor que muchos funcionarios locales no pueden controlar ni corromper tan fácilmente
La colusión gobierno–crimen como núcleo del problema
Diversos estudios documentan que, desde hace al menos dos décadas, cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o el CJNG lograron colocar a sus aliados dentro de gobiernos estatales y municipales: policías, fiscales, secretarios de seguridad y hasta gobernadores ,como ahora ocurre con Morena con Americo Villarreal y Ruben Rocha Moya,Marina del Pilar y muchos otros mas, muchos.
En gran cantidad de municipios, como ocurre en Sinaloa o TamaulipaZ ,las bandas deciden quién será comandante policial, qué empresas reciben contratos y cuánto del presupuesto se desvía por extorsión.
La línea entre alcalde y operador criminal se vuelve administrativa, no moral, como acontece en Matamoros con Alberto «Beto» Granados y gran parte del pais donde el comun denominador en 2024 fue otorgarle votos a Claudia Sheinbaum,corresponsable por añadidura.
Cuando el Estado se vuelve arma del cartel
La corrupción no solo implica “dejar hacer”, sino usar el aparato estatal para reforzar el poder criminal: proteger rutas, limpiar expedientes, desaparecer pruebas y perseguir a rivales de la organización aliada.
En esa lógica, un gobernador coludido es más peligroso que un capo aislado, porque convierte a toda la burocracia bajo su mando en red de protección del crimen, multiplicando el daño y dificultando cualquier reforma de seguridad.
El giro de Washington hacia los políticos
La nueva línea del Departamento de Justicia de catalogar a ciertos cárteles como “organizaciones terroristas” permite acusar a políticos mexicanos por proporcionar apoyo material a terrorismo, con penas que incluyen cadena perpetua.
En reuniones internas, funcionarios como Aakash Singh han instruido a fiscales federales a triplicar investigaciones contra servidores públicos que usen sus cargos para beneficiar a los carteles, dejando claro que el objetivo ya no son solo los capos, sino la red política que los sostiene.
Gobernadores bajo la lupa
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado en vínculos con el cartel del Mayo y “Los Chapitos”, fue presentado por Washington como el inicio de una ofensiva más amplia contra funcionarios coludidos que también incluye a Americo Villarreal de Tamauliaps,Alfonso Durazo de Sonora y Marina del Pilar en BC.
Medios estadounidenses como Los Angeles Times asi lo han reportado, gobernadores —como los de Sonora y Tamaulipas— están bajo investigación por sus conexiones con grupos criminales, lo que demuestra que la estrategia apunta a desmontar la alianza entre poder político regional y crimen organizado.
Por qué deben caer primero los de arriba
Un capo sustituible depende siempre de dos cosas: protección institucional y tolerancia política; cuando se rompe ese paraguas, el crimen pierde su blindaje y se expone a una combinación de persecución interna y externa.
En cambio, si caen solo los narcos mientras permanecen intactos los gobernantes coligados, la estructura se recompone: aparece otro líder, otra facción, el mismo andamiaje de complicidades, y el resultado es un ciclo infinito que solo cambia de nombre y siglas.
Que caigan gobernantes… y que caigan solos
El gran argumento a favor de la estrategia de Washington es simple: cuando EE.UU. investiga y procesa a políticos por su relación con carteles, está atacando el corazón de la impunidad que permite que el crimen sobreviva a cualquier operativo militar,tambien recurrentemente coludidos.
Pero el énfasis debe estar en que esos gobernantes caigan solos, sin arrastrar al Estado como víctima heroica: son ellos, no las instituciones en abstracto, quienes se enriquecieron vendiendo seguridad, justicia y soberanía al mejor postor.
La prensa de sociales en Tamaulipas parece más interesada en pulir coronitas que en mirar quién trae la zeta tatuada en la frente. Es un aparador de candidatos hechos de papel maché, sostenidos a fuerza de narrativa, no de realidad.
El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Carlos de Anda Hernández, aseguró que los gobiernos encabezados por Carlos Canturosas Villarreal y la actual alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal representan la etapa de mayor transformación que ha vivido la ciudad, al destacar que los resultados alcanzados durante ambas administraciones consolidaron un proyecto político con visión de largo plazo.
Los gobiernoZ con la zeta tatuada
Que Carlos de Anda, un secretario de Obras Públicas salga a decir, sin pestañear, que “los mejores gobiernos” de Nuevo Laredo han sido los de los Canturosas, es casi un performance de realismo mágico. El elogio llega justo cuando llueven notas por abandono de parques, crisis de agua, obras inconclusas, corrupción y desfalcos millonarios: pero la prensa de sociales recoge la frase como si fuera verdad revelada y la coloca enmarcada, sin una sola pregunta incómoda.
En lugar de diseccionar los vínculos con los Zetas, con quienes por ahora se vive una paz fingida sostenida únicamente por la economía oficial que comparte ganancias al entregarles el control de muchas áreas bajo responsabilidad del municipio —que ambos administran como negocios gracias a la clara omisión y sumisión de Carmen Lilia Canturosas—, el periodismo rosa local se dedica a fabricar personajes “respetables”, con biografías lavadas, como si la hoja de vida se escribiera en la oficina de comunicación social.
Así se construyen candidatos con narrativas que no se sostienen un día en la calle: se les atribuye “transformación”, “visión de largo plazo” y “compromiso con la ciudadanía” mientras la ciudad se cae a pedazos.
Prensa que aplaude y no pregunta
El resultado es una prensa que no cuestiona la censura porque ha aprendido a convivir con ella: elimina el conflicto, borra las conexiones incómodas y normaliza que el poder político venga perfumado de pólvora. A fuerza de repetir elogios y omitir contextos, convierten gobiernos cuestionados en epopeyas familiares y la democracia en un reality donde siempre gana el mismo apellido.
En vez de hurgar en el pasado del ahora “respetuozo” diputado Carlos Canturosas, este se traga la lengua frente al Pollo, sus narconexos y los padrinos ligados al secretario de Osiel Cárdenas,tambien ligado a otra diputada.
Nadie, en la nota de sociales, se pregunta por la censura ni por la autocensura: solo registran la foto, la sonrisa y el discurso de ocasión. Los silencios son tan escandalosos como las portadas, pero el saldo informativo se presenta como si fuera normal que el narco esté en el guion, aunque nunca en el lead, es decir, en el primer párrafo donde debería condensarse lo más importante de la noticia.
En Tamaulipas la extorsión es deporte exclusivo del crimen organizado y de un gobierno gobernado por criminales: es política pública no escrita y modelo de negocios de ambos, con foto oficial del mandatario de Morena, Américo Villarreal, posando junto a Mario Guitián Rosas, el lugarteniente formado en el Ejército Mexicano y deformado en el CDG, que hizo de la actividad extorsiva un imperio político y criminalmente organizado de la mano del Cártel del Golfo en Reynosa, sostenido por todos aquellos que sí se soban el lomo y tienen que pagar cuota, si chivatean, se mueren y si acusan al gobernador, también: “Juan te llamas”.
La “extorsión disfrazada” que todos conocen
Asi ocurre en Reynosa,lo mismo que en Matamoros o Ciudad Mante el crimen no solo cobra piso, además decidió convertirse en proveedor exclusivo de papa, huevo, carbón, cigarros y cerveza, imponiendo un monopolio criminal que todos acatan y nadie se atreve a denunciar, pues saben de la colusion estatal tal y como fue denunciada por Breitbart desde 2022 a la llegada de Morena y Americo Villarreal.
Los comerciantes del Sur de Tamaulipas también sintieron lo duro y lo tupido tras ser nombrado Américo como gobernador, como cita REFORMA.
Ni se diga Ciudad Victoria, la capital de los poderes que no pueden, donde su aliado, el Cártel del Golfo de Alfredo Cárdenas, alias “El Contador”, decide quién paga y quién muere cuando se niega a pagar.
La situación es tan grave que ciudadanos inermes piden ayuda al cártel en vez de al gobierno y sus autoridades, que no gobiernan y no tienen autoridad, incluida la moral.
Un negocio redondo del crimen y gobierno criminal
Todos tienen prohibido comprar con otros proveedores, obligados a pagar sobreprecio por mercancía de tercera “a precio de primera”, mientras el margen de ganancia se les reduce a tres o cuatro pesos y los delincuentes se llevan hasta 20 por kilo.
Cuando algún negocio se atreve a comprar fuera del circuito bendecido por el cártel, aparece un “negociador” escoltado por hombres armados que secuestran de facto al dueño y le imponen una multa de 80 mil pesos, so pena de cierre forzoso o muerte si no paga “a la brevedad”.
El cierre y despojo de la frutería Vaneliz terminó en saqueo, huida del estado y ni siquiera la dignidad de una carpeta de investigación; llamaron al 911 durante el robo y la policía simplemente nunca llegó, pero eso sí, las cifras oficiales presumen que la extorsión “bajó” 62 por ciento.
El estado que abraza a los lugartenientes
Mientras comerciantes huyen sin documentos y sin patrimonio en toda la geografía estatal, el gobernador Américo Villarreal aparece en fotos con Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo en Reynosa, operador de una estructura que controla precios, alcohol, mercados y cobro de piso que ha sido cuestionada por la prensa nacional.
En Tamaulipas se habla de control de precios de carne, huevo, cerveza y hasta conciertos, donde solo se puede comprar y vender con proveedores “autorizados” por el crimen organizado, que decide quién vive del comercio y quién firma su sentencia de muerte,todo en sociedad con el cartel del golfo desde la esfera oficial.
Lo de “extorsión disfrazada” es casi un chiste interno: si el kilo de arroz vale 20, el negocio está obligado a venderlo en 25, con cinco pesos extras que no son para el comerciante sino para la estructura criminal que ya opera como Secretaría de Economía paralela.
En este ecosistema, el gobierno estatal queda retratado como espectador nada simpático: mientras los grupos delictivos fijan aranceles del miedo, las denuncias señalan colusión de autoridades estatales, municipales y judiciales, pero la prioridad institucional parece ser cuidar la imagen del mandatario y exigir disculpas públicas cuando lo vinculan con la delincuencia organizada de la que vive politica y criminalmente secundado por un gabinete putrido.
Dinámica “exitosa” de extorsión a escala nacional
El esquema que se documenta en Tamaulipas no es una excentricidad local, sino parte de una estrategia nacional donde el crimen organizado controla precios de la canasta básica, materiales de construcción, gasolina, transporte y hasta servicios de telefonía en al menos nueve estados.
En Tamaulipas,Michoacán, Guerrero, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco se repite la fórmula:bodegas obligatorias, cuotas, cobro de piso y redes de comercios ilegales, donde el consumidor paga más mientras el productor se hunde y el gobierno finge que es “problema de seguridad” y no de captura del mercado por mafias.
Los testimonios describen que si un dueño de tienda no compra en las bodegas del cártel “firma su sentencia de muerte”, y que incluso la gasolina es más cara que en ciudades vecinas porque el transporte y el producto pagan cuota a la delincuencia que tiene harta a la población de todo Tamaulipas,no solo Reynosa.
Productores, comerciantes y transportistas relatan un ambiente de amenaza permanente, sin posibilidad real de denuncia, obligados a pedir ayuda al gobierno federal porque en sus estados, incluyendo Tamaulipas, las autoridades locales no solo están ausentes, no solo son omisas, estan coludidas hasta el tuetano.
Américo, las fotos y el límite de lo que se puede hacer
En paralelo a este control mafioso de mercados, el nombre de Américo Villarreal y de su círculo cercano aparece una y otra vez asociado en investigaciones periodísticas y denuncias a presuntos moches, redes de extorsión y la foto incómoda con “La Chispa”, operador del Cártel del Golfo que controla al Cartel,de acuerdo con la DEA.
No es un detalle menor que, en el contexto de la “extorsión disfrazada” que el cártel practica como deporte en sociedad —y hasta la saciedad— con el gobierno de Villarreal Anaya, se subraye que en el estado donde el gobernador se toma fotos con el lugarteniente del cártel, esa misma organización controla los precios de “todo”: no pagas y te matan, pagas y también, pero eso sí, la autoridad sonríe al lado del operador criminal.
Mientras el mandatario se indigna con los medios que lo vinculan con investigaciones de Estados Unidos y hasta amaga con demandar al influyente diario Los Angeles Times por exhibirlo como presunto traficante de huachicol como esta acreditado ya en investigaciónes en EE.UU que solo aguardan el momento coyuntural.
En tanto, en el territorio que dice gobernar Americo Villarreal, los comerciantes documentan públicamente su salida forzada por la extorsión, sin que la policía aparezca ni por error y cuando aparece es también para extorsionar,robar y secuestrar.
Con un gobernador que abraza y cena como exhibe la foto a lugartenientes del Cártel del Golfo de extracción militar, lo único que se puede hacer contra la extorsión es cambiarle de nombre, maquillar las cifras y esperar que el terror siga sosteniendo la dinámica “exitosa” del cobro de piso en los mercados que el estado dejó en manos del crimen por comodidad politica.
Como se advierte, lastimosamente, en Tamaulipas todo tiene explicación, pero no está en la casualidad, sino en la causalidad.
