La SCJN acaba de darle oxígeno legal a la Defensa para suspender y cancelar licencias de portación como medida provisional “sin audiencia previa”, siempre que después se permita defenderse.
Aquí la ironía es que el Estado presume “seguridad pública” mientras el mercado negro de permisos y escoltas trae la puerta giratoria más aceitada del país: la misma maquinaria que “regula” las armas también ha permitido que licencias y portaciones terminen lubricando a grupos criminales.
La versión institucional: “es por tu bien”
La Corte declaró constitucional el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: la Defensa puede expedir, suspender y cancelar licencias de portación.
El argumento central suena impecable en papel: la suspensión/cancelación opera como medida provisional por razones de seguridad pública, y por eso no exige audiencia previa inmediata; bastaría con que la autoridad funde y motive, y que luego venga el espacio de defensa.
La versión realista: el negocio de las “portaciones VIP”
El reportaje de EL PAÍS retrata una red ligada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, donde operadores (Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce) movían un “holding” de empresas de seguridad privada y, en paralelo, un esquema para conseguir armas, permisos y licencias mediante “conseguidores” y contactos en dependencias, principalmente la Secretaría de la Defensa.
En las llamadas citadas se habla sin pudor de tarifas y paquetes: portaciones “a 11,000 pesos al mes”, depósitos por arma, “trámites” por pieza y mensualidades por escoltas armados, como si la portación fuera Netflix: pagas, te la activan y a ver quién te la cancela.
El escándalo que revientan las transcripciones: licencias que brincan a cárteles
EL Diario Español, El PAÍS narra el momento en que los propios integrantes de la red se alarman porque aparecen “pinches portaciones de ustedes” en decomisos ligados al Cártel del Golfo, y se menciona específicamente a SETER como origen de esas portaciones en la conversación.
Dicho de otro modo: el “control” no solo falló; dejó recibos, marcas y rastros administrativos en manos de quienes menos deberían tenerlos.
El remate: más facultades… en el mismo ecosistema
La decisión de la SCJN fortalece la herramienta para cortar licencias rápido cuando la autoridad diga “seguridad pública”, lo cual suena razonable si se asume un regulador fino, limpio y con reflejos.
Pero el caso que exhibe EL PAÍS sugiere que el problema no era la falta de palanca legal, sino el coctel de opacidad, intermediarios, “presentes” y presuntas mordidas para “destrabar” licencias y “que nos suelten armas otra vez”.
Mientras la FIFA vende el Mundial 2026 como la gran fiesta global de la hermandad, México carga con más de 133 mil personas desaparecidas y una impunidad que alcanza el 99%, casi perfecta… si eres delincuente o autoridad omisa. No es un país, es una fosa enorme maquillada con fuegos artificiales y spots patrioteros bajo un segundo piso igual de rancio que el primero.
El 11 de junio, mientras 87 mil aficionados entren sonrientes al Estadio Azteca para el partido inaugural, las familias de desaparecidos planean formar vallas humanas afuera, con fotos, mantas y nombres de quienes el Estado decidió borrar del mapa administrativo. Un inventario de una tragedia que el gobierno intenta reducir a “cifras” y “casos”. Esa postal va a recorrer el mundo, no por la belleza del gol, sino por la obscenidad de un país que organiza un Mundial mientras permite que más de 40 personas desaparezcan al día.
Hablamos de más de 72 mil cuerpos sin identificar apilados en instalaciones gubernamentales, congelados en trámites, bodegas y negligencia, con un 99.7% de impunidad. Es decir: aquí no se investiga, no se sanciona, no se busca de verdad; se archiva, se administra el horror, se espera a que las familias se cansen o se mueran. Si eso no es una política de Estado, se le parece demasiado.
El caso de Ana Amelí García, con medidas cautelares de la CIDH y una acción urgente de la ONU, lleva más de 200 días sin que se investigue seriamente ni siquiera la obstrucción policial inicial. Si con reflectores internacionales, la respuesta institucional es esta mezcla de desdén y simulación, ¿qué les espera a los otros 130 mil sin cámaras, sin conferencias, sin Mundial que “aprovechar” para gritar? México acumula 773 acciones urgentes de la ONU por desaparición, más que cualquier otro país; el gobierno, en lugar de aceptar la dimensión del desastre, lo niega como si fuera rumor de redes sociales.
El mensaje es brutal en su sencillez: para las autoridades, las personas desaparecidas son un problema de imagen, no de justicia. Por eso les urge más garantizar que el tráfico fluya el día del partido que garantizar búsquedas efectivas todos los días. Quieren un Mundial sin sobresaltos, no un país sin desaparecidos. No es que no puedan; es que no les importa lo suficiente como para romper la maquinaria de impunidad que los protege a ellos mismos.
Así que el 11 de junio habrá dos Méxicos frente a frente: el de las pantallas 4K, los himnos y las marcas, y el de las fotos impresas en papel barato, pegadas en cartulinas que gritan lo que el Estado calla. Si el gobierno se escandaliza porque “manchan la imagen del país” en plena inauguración, la respuesta es sencilla: la imagen ya está manchada de ausencia, de fosas y de carpetas vacías; lo único que hacen las familias es encender la luz para que se vea.
El ex-senador por un «ratito», Alejandro Rojas Díaz Durán ,buscó una entrevista con Carmen Aristegui, básicamente para prender una bengala en medio del gasoducto político de Morena y Tamaulipas: dice que Jesús Ramírez Cuevas,el jefe de asesores de la Presidenta Claudia Sheinbaum,es un pillo, sí, pero no es el verdadero operador del huachicol fiscal; el negocio, la red y la ingeniería del saqueo nacen y se consolidan en Tamaulipas, cobijados por panistas, morenistas y una clase política carmonizada hasta la médula.
El huachicol no salió de Palacio, salió de Reynosa
Rojas revienta una pieza clave del relato oficial: el libro de Julio Scherer (“Ni venganza ni perdón”) carga las baterías contra Ramírez Cuevas, pero, según él, omite al verdadero andamiaje que levantó la industria del huachicol fiscal.
La historia, dice, arranca en Reynosa, cuando “le dan la aduana” a Julio Carmona, hermano de Sergio, y ahí se cruzan, como si nada, panistas y futuros morenistas:
José Ramón “JR” Gómez Leal, hoy senador de Morena, entonces panista y cuñado de Cabeza de Vaca, con empresa de pipas heredera de las redes de González Calderoni, el policía estrella de Salinas que terminó asesinado en EE.UU.
La amistad de JR con Bobby González Beltrán, es decir, Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos de López Obrador, que abre la puerta para conectar a Carmona con Andy y desde ahí con la élite morenista.
Rojas recuerda que empezó a denunciar a “los carmonizados” desde 2020-2021, porque la élite tamaulipeca ya ni disimulaba: reuniones en San Pedro Garza García, departamentos en Soto la Marina y Polanco, contratos, campañas y una maquinaria aceitándose con gasolina robada… pero facturada finamente.
La ruta del dinero: de Carmona al partido
El relato de Rojas cuadra con lo que otras investigaciones han venido armando: Sergio Carmona, “el Rey del Huachicol”, no era un llanero solitario, sino la bisagra entre gobiernos, aduanas, SAT, Marina, ferrocarriles, crimen organizado y campañas de Morena en medio país. Según él:
Erasmo González, ex PRI y hoy morenista de hueso colorado, es quien lleva a Sergio Carmona con Mario Delgado y lo coloca como financiador de la operación electoral. Erasmo se vuelve pieza clave en la Comisión de Presupuesto en San Lázaro gracias a ese padrinazgo, mientras otro tamaulipeco toma la estafeta después.
Los presidentes municipales morenistas en Tamaulipas están, dice, amarrados a la red Carmona-huachicol, y el financiamiento empieza a desbordarse hacia la costa del Pacífico en 2021: Sinaloa, Nayarit, Colima, Baja California, con Américo Villarreal como delegado y operador en ruta.
Otras fuentes han documentado que el huachicol fiscal de Carmona llegaba a significar cientos de millones de pesos al año y financiaba campañas de Morena a nivel nacional; se habla de al menos 500 millones para comicios de 2021 y contratos por más de 300 millones de pesos con gobiernos morenistas. El negocio: comprar combustible en Estados Unidos, meterlo “por la libre” con apoyo de carteles y autoridades, evadir impuestos y revenderlo al doble en México.
Los que “no salen” en el libro
Rojas no se guarda nombres. Acusa que el libro de Scherer se queda corto, casi cómodo, cuando reduce el escándalo a Ramírez Cuevas. Para él, el foco debería estar en:
Mario Delgado, apadrinado desde Tabasco por Adán Augusto López para llegar a la dirigencia nacional de Morena, beneficiado por el financiamiento del huachicol a través de aduanas y operadores como Carmona, según lo que documentó en su momento Porfirio Muñoz Ledo en un expediente que hoy nadie sabe dónde quedó.
Adán Augusto y la refinería de Dos Bocas, con contratos multimillonarios a allegados; Rojas sugiere que ahí también corre la lógica de la renta petrolera paralela, pegada al huachicol y a la red político-empresarial del sexenio.
El general Audomaro Martínez y el CNI (antes CISEN), con presencia en Tamaulipas, que habrían jugado un rol logístico y de inteligencia en el blindaje del esquema Carmona, como han señalado investigaciones de Código Magenta y otras piezas periodísticas.
Mientras tanto, Ramírez Cuevas es descrito por Rojas como perverso y pillo, sí, pero en otro negocio: el de la propaganda. Asegura que maneja el periódico Regeneración como negocio privado con transferencias acumuladas por 2,800 millones de pesos reportadas en informes del propio partido, alrededor de 400 millones anuales en años recientes.
Carmona, crimen de Estado y guerra de pelones
La entrevista pone sobre la mesa otra bomba: el asesinato de Sergio Carmona en San Pedro Garza García se parece más a un crimen de Estado que a un ajuste simple entre bandas, según lo que le contaban al propio Carmona sus cercanos. El empresario decía que ya jugaba el papel de “pacificador” y que, a través de Mario Delgado, los recursos del huachicol se movieron a campañas a lo largo del Pacífico en 2021.
En paralelo, el contexto de Tamaulipas en 2024-2025 se vuelve aún más grotesco:
Américo Villarreal, ya como gobernador, acusa a Julio Carmona y a Cabeza de Vaca de un quebranto de 344 millones de pesos por contratos y esquemas ligados a la red Carmona.
Sin embargo, reportes locales exhiben que ese mismo Julio Carmona habría sido antes su patrón político y financiero en Río Bravo, financiando estructuras morenistas mientras hacía negocios con el gobierno panista de Cabeza de Vaca.
De ahí el apodo perfecto: “el pelón denunciante y el pelón denunciado”: Américo se victimiza por un quebranto que, en buena medida, habría sido parte de la gasolina (literal) que lo impulsó a él y a su grupo. La línea es clara: en Tamaulipas el huachicol fiscal fue la caja chica bipartidista, primero con el PAN, luego con Morena, y muchas veces con los mismos personajes sentados a ambos lados de la mesa.
Cabeza de Vaca, la columna armada y la denuncia
Al final de la charla, Rojas recuerda que él sí denunció formalmente a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador panista, por corrupción y por su vínculo con Sergio Carmona y con una “columna armada” que operó primero para el PAN y luego para Américo Villarreal. Esa estructura criminal habría sido clave en el control territorial y electoral en Tamaulipas, mientras los contratos con Carmona rondaban los 400 millones de pesos en tiempos de Cabeza de Vaca.
La paradoja es brutal: el mismo huachicol fiscal que, según Rojas, dejó un boquete de más de 600 mil millones de pesos a las finanzas públicas, terminó convertido en pegamento político que une a panistas, morenistas, gobernadores, alcaldes y operadores de campaña en todo el corredor noreste–Pacífico. Y en medio del desastre, el debate público se quiere quedar en si el malo de la película es un solo vocero, cuando lo que describe Rojas es una industria nacional del saqueo, con partido, logo y mapa pintado de guinda.
El ex-gobernador Priista de Veracruz, Javier Duarte,ya soñaba con salir en abril a celebrar sus nueve años de cárcel como si fueran bodas de hierro con el Reclusorio Norte. Pero un juez federal le acaba de arruinar la fiesta: prisión preventiva justificada por un «nuevo» desvío de cinco milloncitos. Sí, apenas cinco, de esos que en Veracruz se siguen perdiendo como si fueran boletos del carnaval.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor, que ya se sabe la película de 2016 cuando Duarte tomó su helicóptero exprés rumbo a Guatemala, decidió fingir el calculo politico detras de la medida y dijo que no lo dejará escapar. “No resuelvo cuestiones políticas”, dijo, mientras mencionaba la escena exacta del helicóptero en plena fuga. La ironía fue involuntaria, pero deliciosa.
Duarte, siempre con su cara de “todo es un complot”, alegó que lo quieren preso por puro interés político. Pero el juez le recordó que no es paranoia si tienes antecedentes. Y si la nueva imputación por peculado le alcanza hasta 14 años, pues sí, las ganas de otro vuelo charter no se pueden descartar.
La defensa, encabezada por Diego Uriza y Jimena Martínez, trató de apelar al sentido práctico: “Ya está preso, ¿para qué otra medida cautelar?”. Pero el juez contestó que cada caso es autónomo. O sea, puede estar preso por un delito y recibir prisión preventiva por otro. México mágico.
Y todo por unos fondos destinados a casas hogar: dinero que debía alimentar a niñas, niños y adultos mayores, pero terminó en ese agujero negro llamado “cuentas concentradoras del gobierno de Veracruz”. La FGR detalló el caminito bancario como un thriller financiero: Tesofe, Santander, BBVA, HSBC… un pase de bola entre bancos digno del Real Madrid de la cleptocracia. El destino final de cinco millones se evaporó, como las inversiones del “nuevo Veracruz”.
Entre las joyas del caso, apareció el testimonio de Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero y hoy testigo colaborador (traducción: se arrepintió antes de que lo refundieran). Según él, los “barridos de cuentas” eran política oficial del sexenio duartista: mezclar fondos federales, estatales y hasta el cambio de la tiendita para pagar desde nóminas hasta sobornos “fuera de presupuesto”.
El juez ordenó que la FGR lo localice y lo lleve —por la buena o con fuerza pública— a testificar. Detalle menor: el testigo está prófugo. O sea, ni está ni se le espera.
Así que Duarte seguirá en su suite del Reclusorio Norte, esperando que el próximo martes el juez tenga un arranque de clemencia o de humor negro. Si no, el ex gobernador que juró “haber cambiado Veracruz” seguirá cambiando solo el calendario de su celda.
Adrián de la Garza no está buscando gobernar Nuevo León, está buscando que Nuevo León se acostumbre a ser gobernado por alguien que, según los expedientes, aprendió a vivir entre narconóminas, tortura institucional y contratos que huelen más a lavandería que a administración pública.
El “fichaje” estrella: asalariado de Los Zetas
Mientras los partidos hablan de “perfiles competitivos”, NarcoPolíticos lo describe como lo que realmente es: el fichaje narcopolítico de la temporada, un político que aparece en listas de presuntos asalariados de Los Zetas, con nombre y apellido en libretas decomisadas por el Ejército.
En 2009, tras un enfrentamiento con Los Zetas, el nombre de Adrián de la Garza queda apuntado en esas narconóminas, y, por una de esas casualidades tan mexicanas, la investigación termina en la misma Procuraduría donde él hacía carrera.
No hubo consecuencias penales, pero sí hubo una constante: los señalados no solo sobrevivieron políticamente, también ascendieron dentro de la estructura de seguridad del estado.
El procurador de la tortura
El currículum institucional de Adrián de la Garza viene con sello de garantía: recomendaciones de derechos humanos por tortura sistemática cuando fue procurador de Nuevo León entre 2011 y 2015.
Las comisiones documentaron el combo clásico de la “guerra contra el narco”: detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica para arrancar confesiones de supuestos Zetas o Golfo.
NarcoPolíticos sostiene que no eran manzanas podridas, sino un método de trabajo tolerado desde arriba, mientras el jefe del aparato seguía sumando puntos para su carrera política.
De la narconómina al contrato público
Cuando Adrián pasa de procurador a alcalde de Monterrey, el guion no mejora, solo cambia de escenario: ahora las acusaciones incluyen contratos a empresas fantasma vinculadas a esquemas de lavado y presunta cercanía con operadores del Cártel de Sinaloa.
Las empresas cobraban del erario y luego las transferencias terminaban en instituciones financieras ya observadas por autoridades extranjeras, como si el municipio fuera sucursal contable de la narcopolítica.
No hay sentencia en su contra, pero el expediente público está ahí, armado con documentos oficiales, reportes internacionales y una larga estela de opacidad administrativa.
El candidato perfecto para un estado capturado
Hoy, mientras se vende como opción seria para Nuevo León, su nombre aparece en investigaciones periodísticas, reportes militares, observaciones internacionales y listas de narcopolíticos que lo señalan como ejemplo de captura institucional.
Es el político que encarna el manual de la impunidad moderna: todo documentado, nada sancionado, mucha narrativa de “persecución política” y cero rendición de cuentas.
Llamarle “fichaje narcopolítico” no es una metáfora creativa: es la descripción incómoda de lo que pasa cuando un estado elige como proyecto de futuro a quien lleva años orbitando entre cárteles, tortura y dinero público desviado.
1. El guion oculto: “alcaldesa eficiente rumbo a 2028”
Toda la narrativa de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas,en reciente entrevista con el periodista Carlos Manuel Juarez,de Elefante Blanco, está construida sobre tres ejes de…campaña: ciudad “reconstruida”, “segura” y “punta de lanza” de la 4T en la frontera.
No hay datos duros, sólo adjetivos en avalancha: “ciudad pujante”, “en constante crecimiento”, “gobierno eficiente”, “más seguridad”, “gran obra pública”, “zoológico renovado”, “planetario”, “infoteca moderna”, “toda la ciudad alumbrada”, “somos la aduana número uno”.
El truco retórico es clásico:
Hipertrofia de logros administrativos menores (alumbrado, parques, techumbres) presentados como épica transformadora.
Omisión total de indicadores duros: inseguridad, expresiones de violencia ,homicidios, desapariciones, extorsión, migración, desplazamiento, participación criminal en aduanas, etc.
Uso del “antes–después” sin pruebas: “recibimos una ciudad destruida, hoy es otra ciudad”, pero sin una sola cifra de comparación.
Cuando Carlos Manuel le pregunta por el primer trienio, la alcaldesa responde que “reconstruyó una ciudad desde sus cimientos”, que todo estaba “en pésimas condiciones” y que ahora todo está limpio, iluminado, conectado, funcional.
No hay una sola vez en que admita un problema actual: todo conflicto es “pasado” o “en reconstrucción”.
Traducción política: spot de aspirante a gobernadora en 2028, no entrevista.
2. Seguridad: el elefante armado fuera del cuadro
La palabra “seguridad” aparece, pero descafeinada.
Habla de “más seguridad”, de un nuevo cuartel militar y de coordinación con Guardia Nacional, pero no se menciona ni una vez: al cártel del Noreste que le «sopla en la nuca», las desapariciones, masacres, trasiego, cobro de piso,inlcuido al gobierno,ni un solo caso concreto.
El contexto real de Nuevo Laredo queda reducido a “balaceras” como fenómeno casi meteorológico, que ella atiende paternalmente avisando a la población.
El discurso de las alertas municipales está armado para construir imagen de madre protectora: “son como si fueran todos mis hijos”, “lo más importante es la seguridad del ciudadano”, “queremos evitar desgracias”.
Pero en ningún momento se pregunta quién dispara, quién manda, qué límites tiene su “poder” frente al crimen organizado.
La pregunta del entrevistador es complaciente: celebra que el municipio avise, lo contrasta con otros que callan y convierte una política de comunicación reactiva en una política de seguridad ejemplar.
Cero repreguntas sobre:
¿qué acuerdos hay con Los Zetas ?
¿qué pasa con los casos de abusos militares y desapariciones en la frontera?
¿cómo opera el crimen en la aduana y las carreteras?
Como opera el ayuntamiento el contratista de la obra publica
Que pasó con la pasada feria de Nuevo Laredo operada por Los Zetas ?
El resultado: seguridad sin crimen, balas sin balaceadores. Un relato higiénico para uso electoral.
3. La 4T como coartada y trampolín
Carmen Lilia se pega a la marca 4T como si fuera logo en la frente: López Obrador por la aduana, Claudia Sheinbaum por el TMEC y el «multimanchado» Américo Villarreal por el “estado en reconstrucción”.
Usa la narrativa nacional para blindarse:
“Estamos escribiendo una nueva historia en México”,
“la cuarta transformación sí es real porque todo está cambiando”,
“es tiempo del gobernador”.
Funciona así:
Se presenta como soldado disciplinada de Morena, “orgullosa del partido”, respetuosa de todos los liderazgos y sin pleitos con nadie (… ni con la Senadora Olga Sosa,ni con la Presidenta del Supremo Tribunal, Tania Contreras,que perdio la elección Judicial en Nuevo Laredo,como en casi toda la frontera de Tamaulipas.
Evade definirse para 2028 con la típica fórmula mística: “que sea lo que Dios quiera”, mientras el entrevistador introduce 2028 y “gubernatura” en la dinámica de palabras rápidas, para dejar plantada la idea de sucesión.
Indirectamente, la entrevista instala en el imaginario:
Carmen Lilia = alcaldesa eficiente, leal a la 4T, con visión binacional y capacidad de “reconstruir” estados dañados, como Américo.
2028 ya no como rumor, sino como horizonte plausible mencionado al aire.
4. La victimización calculada: violencia digital y blindaje moral
La parte de la “violencia cibernética” es el bloque más políticamente útil. Carmen Lilia mezcla tres capas:
Ataques reales y misóginos sobre su cuerpo, operaciones estéticas, peso, apariencia.
“Campañas de odio” y “desinformación” atribuidas a páginas y personas no nombradas, pero asociadas al conflicto con su ex contrincante Yalila Abdala.
Su propio papel de promotora del empoderamiento femenino y el Instituto de la Mujer.
Con eso, logra varias cosas:
Se presenta como víctima y al mismo tiempo como ejemplo de valentía: “soy una mujer fuerte”, “no me voy a quedar callada”, “quiero sentar un precedente para las mujeres”.
Se legitima para judicializar la crítica en redes bajo el paraguas de “violencia en razón de género”, aunque en la entrevista no se distingue entre crítica legítima a su gestión y ataques misóginos.
Cambia el foco: ya no se habla de corrupción, violencia, colusión o ineficacia gubernamental, sino de su integridad física y emocional y la de su familia.
El entrevistador nunca pregunta:
¿cómo asegura que no está usando el discurso de género para inhibir crítica política legítima?
¿qué páginas denunció?, ¿qué contenidos calificó como violencia?, ¿dónde está la línea entre discurso de odio y escrutinio público?
En lugar de eso, le tiende la mesa para explicarse y reforzar su papel de víctima valiente, sin contrapunto.
5. Corrupción: la espada que nunca corta hacia adentro
La parte “anticorrupción” es manual de campaña:
Presenta a Enrique N. y exfuncionarios como ejemplo de que en Nuevo Laredo sí se combaten los excesos del pasado.
Habla de “muchísimas arbitrariedades legales” y amparos que frenan el avance de los procesos, pero afirma que “esto va muy avanzado” y que hay abogados dándole seguimiento.
Remata con una frase de pureza moral: “cuidamos mucho el dinero de la gente porque no es el dinero mío ni de los funcionarios”.
El entrevistador, otra vez, funciona como apuntador: recuerda los procesos abiertos, habla de “cosas que no son pequeñas” y le regala la narrativa de “congruencia entre lo que se dice y lo que se hace”.
Ninguna pregunta incómoda:
¿qué montos?, ¿qué obras?, ¿qué contratos?
¿qué auditorías independientes respaldan sus afirmaciones sobre buen uso de recursos?
¿no hay señalamientos actuales, dentro de su administración, por contratismo, empresas amigas o familiares?, como le fue con su pugna con Zetas ? ya la resolvió ? estan en pausa ?
En resumen: la anticorrupción es selectiva, dirigida hacia el sexenio pasado, sin espejo hacia el presente.]
6. Carlos Manuel Juárez: un moderador mas que periodista
La entrevista huele a pacto desde la primera línea:
Presentación amable, reconocimiento mutuo, agradecimientos repetidos, cero tensión en el tono.
La estructura entera está diseñada para que la alcaldesa recorra su check list de mensajes clave: obras, educación, mujer, violencia digital, aduana, tren, TMEC, relación con EU, coordinación con Américo, Morena, diversidad interna, 2028 y gobernatura.
Los sesgos del entrevistador se notan en varias capas:
Pregunta–piropo Cada pregunta va cargada de halagos o presupuestos favorables:
“municipio más importante para el comercio”,
“obra que da un suelo de bienestar”,
“único municipio que avisa a la población”,
“proceso que sí llevó el discurso anticorrupción a otro plano”.
Ausencia total de contrapregunta No hay una sola vez que Carlos interrumpa para pedir cifras, confrontar discursos, recuperar críticas ciudadanas o incorporar testimonios que contradigan el relato oficial. Todo lo que ella afirma se deja pasar como verdad no problematizada.
Normalización de la agenda de 2028 Es él quien introduce 2028, gubernatura, sucesión adelantada, dinámica de palabras rápidas con “gubernatura” y “2028”, mientras ella se hace la modesta con el “que sea lo que Dios quiera”. Así, legitima públicamente la conversación sobre la carrera por la gubernatura, pero sin poner el tema en formato de cuestionamiento ético (uso de recursos, adelantamiento de tiempos, uso del municipio como plataforma).
Cierre de infomercial El final es brutalmente transparente: promociona el portal de Elefante Blanco, se autodefine como medio de “información objetiva” y descalifica la “paja” de otros medios. Después de casi una hora de dar línea limpia a una alcaldesa con aspiraciones a 2028, repetir sus talking points y evitar cualquier contradicción, la autopresentación como “objetivos” sólo subraya la ironía.
7. Lo que no se dijo (y define más que lo que se dijo)
Lo más revelador de la entrevista es lo que no existe en el audio/papel:
No se menciona ni un caso concreto de violencia grave en Nuevo Laredo.
No se tocan a Los Zetas,las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos ni denuncias de participación de fuerzas federales.
No se cuestiona el control real del territorio ni la capacidad del municipio frente a grupos criminales que lo tienen a cuota, igual que ciudadanos.
No se examina la relación de la familia Cantúrosas con élites económicas y políticas de la frontera, ni sus conflictos internos dentro de Morena.
No se problematiza su evidente campaña permanente con recursos de imagen institucional.
En suma: entrevista “blanca” sobre un territorio profundamente oscuro.
