La escena es brutal en su sencillez: una oradora extranjera,Cayetana Alvarez , en foro empresarial mexicano, explicando a los mexicanos que su problema ya no es la “soberanía” de los libros de texto, sino la soberanía mínima de no pedirle permiso al narco para respirar.
Redacción irreverente del discurso
La tesis entra sin anestesia: la soberanía de México no está amenazada por marines imaginarios ni por reyezuelos ibéricos de museo, sino por tres corrosivos domésticos: crimen organizado, populismo autoritario y cultura de la dependencia. En vez de venderles la épica antiimperial de calendario oficial, les recuerda lo obvio y lo indecible: un país no es soberano si el ciudadano tiene que negociar cada día su derecho a vivir con un sicario, un burócrata y un gestor de programas sociales.[
El primer mazazo es contra el narco-Estado de facto: el “rancho del horror”, los zapatos vacíos, las madres con varilla y pala buscando huesos donde el Estado decidió declararse en huelga moral. No son metáforas: son escenas del crimen elevadas a prueba pericial contra una clase política que convirtió la fosa clandestina en parte del paisaje, igual que uno asume un bache o un anuncio espectaclar mal puesto.
Luego entra al segundo enemigo, más elegante pero igual de letal: el populismo que se viste de democracia mientras vacía de contenido las instituciones una por una, a golpe de decretos, mayorías dóciles y reformas “históricas”. No necesita tanques: le basta con capturar al árbitro electoral, al Poder Judicial y a los órganos autónomos hasta convertirlos en notarías del gobierno en turno, todo envuelto en el celofán del “mandato popular”. La etiqueta es precisa y demoledora: Narco-Estado, el antónimo exacto del ciudadano soberano.
El tercer tiro va al corazón del modelo clientelar: la política social que no levanta a nadie, sólo administra rodillas. El populista se disfraza de hada madrina pero opera como padrino: te da hoy para que le debas todo mañana, produce votantes cautivos, no ciudadanos libres. Ahí remata con Tocqueville: la servidumbre moderna no necesita cadenas, basta un poder tutelar que acostumbra a la gente a no conducirse por sí misma.
En clave casi hereje para la narrativa oficial, admite que sí, hubo reducción de pobreza, pero lanza la pregunta que el gobierno evita: ¿con más productividad o con más clientela electoral? ¿Con Estado de derecho o con chequera y propaganda? Y coloca el espejo frente a las élites económicas: creer que se puede blindar el negocio mientras se pudre la democracia es una fantasía contable; tarde o temprano la erosión institucional llega al contrato, al crédito, a la propiedad y, finalmente, a la empresa.
El cierre es quirúrgico: desarma el truco de la “soberanía” como biombo patriótico para tapar desaparecidos, fosas, cifras económicas y críticas incómodas. Recuerda que la gran batalla ya no es España ni la Conquista —esa guerra terminó hace dos siglos— sino si el mexicano será soberano frente al miedo, al abuso y a la dependencia. Y ahí deja plantada la bomba política: la disyuntiva no es abstracta ni retórica, es casi con nombre y apellido: soberanía o crimen organizado, soberanía o populismo autoritario, soberanía o narco-Estado, póngale usted las siglas.
Quien es Cayetana Alavarez
Cayetana Álvarez de Toledo es una política y periodista española de derecha liberal‑conservadora, conocida por su estilo combativo y su defensa sin matices del constitucionalismo, la economía de mercado y la crítica frontal al populismo y al nacionalismo.
Ha sido diputada en el Congreso español en varias legislaturas y ocupó la portavocía parlamentaria del principal partido de oposición, desde donde se hizo célebre por sus intervenciones duras, con alta carga intelectual y cero corrección política.
Formada en historia y periodismo, escribe y comenta regularmente en medios españoles e internacionales, y se ha especializado en una línea muy clara: denunciar el “ogro filantrópico” del Estado populista, la colonización de las instituciones por mayorías circunstanciales y la degradación del Estado de derecho.
En los últimos años ha proyectado ese discurso fuera de España, sobre todo en América Latina, donde se ha posicionado como una de las voces europeas que más directamente vinculan populismo, narco‑poder y demolición institucional, justo la triada que articula en el discurso sobre la “soberanía de los mexicanos”.
En el sur del Estado de México, donde la geografía se mezcla con la impunidad, un mando policial más acaba de ser reciclado por el sistema: Raymundo Martínez Monroy, jefe regional en Luvianos, pasó de ser autoridad a convertirse en expediente.
El lunes lo interceptaron. Así, sin más. Como suele ocurrir en esas zonas donde el control territorial no lo tiene el Estado, sino quien realmente manda. Después vino el silencio oficial: pérdida de comunicación, activación de protocolos, despliegue que siempre llega tarde. Horas después, el desenlace previsible: localizado sin vida en Tejupilco, con huellas de violencia, porque en estos casos la muerte rara vez es limpia o discreta.
La escena fue asegurada, como dicta el manual. Llegaron policías, luego peritos, luego la Fiscalía. Se levantaron indicios, se llenaron formatos, se tomaron fotografías. El cuerpo fue trasladado para la necropsia “de rigor”, esa expresión burocrática que intenta darle orden a lo que en realidad es una ejecución más en una región donde la ley es apenas un concepto aspiracional.
Y entonces comenzó la verdadera transformación: de persona a carpeta de investigación. La Fiscalía mexiquense abrió el expediente correspondiente —porque siempre hay un expediente— para “esclarecer los hechos”, “identificar a los responsables” y “determinar si el homicidio está relacionado con sus funciones”. Traducción: el sistema necesita clasificar el cadáver antes de archivarlo en la estadística correcta.
Porque al final eso es lo que queda. No el mando, no la historia, no el contexto de violencia estructural en el sur del Estado de México. Queda el número. Uno más en la contabilidad oficial. Otro caso que, salvo sorpresa, engrosará la lista de homicidios sin resolver en una entidad donde la línea entre autoridad y vulnerabilidad es cada vez más delgada.
Y así, mientras los discursos hablan de estrategia y coordinación, la realidad sigue escribiéndose con cuerpos.
Y vale la pena hacer el ejercicio incómodo: ¿qué habría pasado si Raymundo Martínez Monroy no hubiera sido ejecutado en Tejupilco, sino del otro lado del Río Bravo,en Estados Unidos ?
La respuesta no requiere demasiada imaginación. No estaríamos hablando de protocolos tardíos ni de carpetas que se acumulan en escritorios. Habría despliegues masivos, agencias coordinadas, conferencias de prensa con tono de urgencia y una cacería institucional que no se detendría hasta encontrar a los responsables “debajo de las piedras”, como les gusta decir. El mensaje sería claro: matar a un mando tiene consecuencias reales.
Pero en el sur del Estado de México, la ecuación es distinta. Aquí la violencia se administra, se normaliza y, sobre todo, se dosifica en informes. No hay persecución implacable, hay trámites. No hay prioridad nacional, hay saturación de casos. La diferencia no es solo geográfica; es estructural. De un lado, el Estado reacciona. Del otro, el Estado documenta.
Y en medio de esa frontera invisible, los muertos cambian de categoría: de crisis a estadística.
Cuando estaba camino a Tijuana para entregarse en la frontera a las autoridades de Estados Unidos que lo acusan de colaborar con el cártel de Los Chapitos, Marco Antonio Almanza recibió una llamada telefónica. Era su pareja. Lo que le dijo en esa llamada le hizo darse la media vuelta y emprender el regreso a Sinaloa, según fuentes de primer nivel con acceso a esta información.
El video que grabó para desmentir su entrega a las autoridades americanas despertó toda suerte de sospechas. Sobre todo al compararlo con su más reciente aparición pública, 4 días antes, cuando acudió a una “entrevista” a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.
El martes, el exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa apareció acicalado, con camisa de manga larga. El sábado, Marco Antonio Almanza distribuyó un video en el que aparece de bermuda negra informal y una playera deportiva.
¿Qué pasó? Según las mismas fuentes, Almanza y Dámaso Castro, vicefiscal del estado con licencia, acudieron ante la FGR en Culiacán y salieron de su “entrevista” con la misma percepción: para exonerar al gobernador Rocha, al senador Inzunza y al alcalde Gámez Mendivil, el gobierno de México va a decir que fuimos nosotros. Lo detectaron en el tono y sentido de las preguntas que les hicieron. Con su experiencia en estos temas, se las olieron de inmediato.
Por eso Almanza emprendió el camino hacia la frontera. Para sacar ventaja —como ya lo hicieron los exsecretarios de Seguridad y Finanzas— del criterio de oportunidad. Pero recibió esa llamada telefónica de su pareja.
Las autoridades de Estados Unidos se quedaron “vestidas y alborotadas”. Ya tenían todo dispuesto para recibir al exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, al que habían acusado de haber recibido sobornos de Los Chapitos y, a cambio, permitió que Los Chapitos operaran libremente en Sinaloa.
De acuerdo con dichas fuentes, la pareja trabaja en el gobierno de Sinaloa. Y en la llamada, ella le dijo que le mandaron un mensaje de arriba: si él se entregaba a Estados Unidos, ella y sus hijos sufrirían las represalias.
Desistió. De vuelta en Culiacán grabó el video como prueba.
Los documentos de la Fiscalía General de la República lo confirman: el huachicol fiscal fue una operación de Estado al más alto nivel de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y la plana mayor de la Secretaría de Marina aparecen de manera recurrente en el testimonio de los dos únicos testigos protegidos que están colaborando con una investigación que promete sacudir al sistema político mexicano.
Código Magenta tuvo acceso a la declaración inédita de un funcionario de la Marina que fue un eje fundamental en el esquema de contrabando de combustible en la aduana de Guaymas, Sonora, durante el tiempo de Horacio Duarte como administrador General de Aduanas.
El documento conecta al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador con una operación masiva de contrabando de combustible a través del buque Torm Agnes y de la empresa Intanza, dos instancias que están bajo investigación en la Corte del Distrito Sur de Texas y de la Fiscalía General de la República de México. Esto es lo que dice textualmente el testigo colaborador sobre las irregularidades en el momento del desembarque: “Le mandé un mensaje a Solano (señalado como principal operador de huachicol fiscal en la Marina) diciéndole que eso no estaba autorizado, que eso ya se había salido de control, me dijo que ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy, a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es sólo para tus ojos”.
Este fragmento de la declaración coincide con la revelación que hizo la semana pasada la agencia Reuters: Ikon Midstream, una firma energética basada en Texas que envía combustible a México, fue cateada en abril de 2026 en relación a un expediente del Departamento de Justicia que analiza potenciales vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, el gobierno mexicano también ha colocado a esta compañía bajo escrutinio, de acuerdo a tres funcionarios del aparato de seguridad nacional y a cuatro documentos citados por Reuters.
En última instancia, Ikon Midstream tiene terminaciones en el entorno político y empresarial de Andrés Manuel López Beltrán, relata una fuente de inteligencia estadounidense a Código Magenta. Los puntos se conectan con la operación del buque Torm Agnes y la empresa Intanza, responsable de la importación de combustible en los puertos aduanales. Se trata de la misma compañía que operó el desembarco del buque Challenge Procyon en Tampico, en el que la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisó 10 millones de litros de combustible. “El dinero lo llevó una persona de la empresa Intanza, sé que tenían una casa, pero no sé dónde estaba, ese dinero me lo entregaron en la oficina de la Subdirección Aduanera, yo se lo subí a García Arellano y me dijo que lo repartiera”, se lee en el testimonio del funcionario de Marina al que ha tenido acceso Código Magenta. “Al Titular le tocaban 350, al de operación aduanera 200, al coordinador Ramón Quintana Amaya 150 y de ahí todos 100… en total dieron 2 millones y sobraron 500 mil, “MK” (es decir, Miguel Ángel Solano) dijo que lo que sobró se lo diera a la ASIPONA”, agrega la declaración.
Las declaraciones no describen una anomalía en una aduana. Describen una mecánica de Estado: cambios de adscripción ordenados desde arriba, barcos esperados durante meses, empresas que aparecían sólo para mover combustible, operadores que se comunicaban por Threema, dinero repartido dentro de oficinas aduaneras y decisiones que, de acuerdo con el testigo, no podían ejecutarse sin respaldo de Marina, Aduanas y áreas centrales.
El documento central es un acta de entrevista levantada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Tiene fecha del 27 de febrero de 2026. El entrevistado comparece como testigo de identidad resguardada. El entrevistador es un agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la FEMDO. La entrevista forma parte de una carpeta relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. Es decir: no se trata de una denuncia anónima, una filtración sin origen ni un rumor político. Es una declaración rendida ante autoridad ministerial, bajo la carpeta de investigación federal FED/ FEMDO/ FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024.
En otro fragmento, el testigo describe la operación inicial: “En el mismo 2022, aproximadamente en mayo o junio, me habló Rolando Sosa Bravo, el que se había ido a Tuxpan, me dijo que quería hablar conmigo, me dijo que le habían asignado una misión, que estaban haciendo un equipo en la Aduana de Guaymas, que ya lo tenía organizado; me dijo que iba a ser una omisión de impuestos, que iba a llegar un barco, va a declarar unas cosas que no es, me dijo que era diésel”.
El fragmento que revela la corrupción operativa es brutal por su normalidad burocrática: “Capitanía de puerto, ASIPONA, aduana, agencia naviera, agencia aduanal, la transportista, todos están alineados”. Es difícil pensar en una figura política con el nivel suficiente para coordinar a todas estas instancias. El testigo relata: “El 30 de marzo llegó un correo de ANAM me pedían mi renuncia como Subdirector de operación aduanera, entregué mi renuncia, le dije a Solano que ya había llegado mi cambio; me dijo que son movimientos normales, que fue algo político, que hasta que la política estuviera alineada se iba a empezar a mover otra vez, lo mismo le dije a Enrique Cordero el operador logístico de la empresa Intanza, me dijo que estaba raro porque ya les habían mandado a hablar a ANAM del buque de Tampico, que también era de ellos y que iban bien, que habían metido amparo y lo del Ensenada también era de ellos y que ahí no tenían problema, porque ese hallazgo no tenía relación con el barco, porque el hallazgo fue en un predio; y que aparte no se puede parar porque no es poco el dinero que se avienta para arriba, con ANAM, la Fiscalía, Guardia Nacional, eso no va a parar”. Esta es una confirmación adicional de que el huachicol fiscal se operó al más alto nivel político. El testigo de la FEMDO, desde adentro de la aduana, describe la otra mitad de la operación: quiénes sabían, cómo se coordinaban, qué autoridades intervenían, cómo se manipulaba el despacho y cómo se repartía el dinero.
Después de mencionar a Andrés Manuel López Beltrán, el funcionario de la Marina describe a un representante de la empresa Intanza como el enlace para evitar que el buque Torm Agnes fuera decomisado: “Le comenté a Cordero, que ya había valido, me dijo que era algo político, que él había ido a México a SEMAR en fin de año y que había hablado con alguien y que ya era un tema arreglado; y efectivamente, como en 1 hora o 1:30 ya habían sacado todas las pipas y las maniobras, la fiscalía sí llegó, pero el barco ya estaba en maniobra de zarpe”.
Esta es la segunda vez que el hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un expediente federal de huachicol fiscal. En un acta de entrevista del 11 de junio de 2025, con el testigo protegido de nombre código “Santo”, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, se describe lo siguiente: “Solano volvió a tranquilizar a ‘Santo’. Le dijo que ‘se trataba de choques políticos entre el secretario de seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo (…) no va a pasar nada’”.
En ese misma acta, también es mencionado el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El 11 de junio de 2025, el Capitán Torres Joaquín le dijo a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que los sobornos de la red eran pagados en una oficina de Plaza Laguna en Tampico, Tamaulipas. Su testimonio señala que ahí se encontraba, comúnmente, con una persona de apellido “Capirucho Pinto”, que realmente es “Capiterucho Pinto”, representante legal del recinto fiscal 289, la instancia mediante la cual se coordinaba el desembarco ilegal de buque tanques con millones de litros de combustible clandestino.
Esta es la declaración textual del testigo protegido ‘Santo’: “No recuerdo, sólo me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaba trabajando con personas de la delincuencia organizada, eso me lo dijo el Almirante del puerto de Tampico, Tamaulipas y que el dueño o concesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López Hernández, me refirió también el Almirante que no podía hablar por traste de las relaciones y personas que eran”.
Un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad confirmó que el representante legal en cuestión es Antonio Dávila Capiterucho y que el concesionario es el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa. Se trata de un personaje cercano a Adán Augusto López. Saúl Vera Ochoa creó la empresa Tampico Terminal Marítima SA de CV, en junio de 2020. Ese mes le entregaron la concesión del recinto fiscal 289. Acuitab, una de las empresas asociadas a la concesionaria, fue constituida en la notaría de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. Una confirmación adicional de que la conspiración alcanza el más alto nivel de la 4T.
El testigo que fue entrevistado en febrero de 2026 declara que, desde 2022, un capitán le habló de una operación en Guaymas y le dijo que “ya estaba soportado y/o autorizado”, lo que el propio testigo interpreta como que “ya estaba acordado en áreas centrales”. Cuando preguntó por quién, afirma que le respondieron que era “con Humberto López Arellano”, un alto mando de Aduanas.
Más adelante, el testigo amplía el alcance de esa protección. “Para que alguien haga algo, se necesita que esté respaldado, por parte de Marina y Aduana”, declara. Y remata con una frase que perfora la narrativa oficial de que la militarización de las aduanas servía para limpiar la corrupción civil: “Los hermanos Farías Laguna jugaron un papel importante de respaldo, al pasar combustibles o cualquier cosa por aduana, sé que ANAM estaba corrompido, pero Marina también había corrupción”.
Sin embargo, la declaración también describe una cadena de nombres, llamadas, mensajes y mandos que, en la Secretaría de Marina, van mucho más allá de los hermanos Farías Laguna. Aparecen referencias a Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado en el testimonio como “MK” o “Mike”; al capitán García Arellano; al vicealmirante García Urbina; a mandos navales; a la ASIPONA; a la Capitanía de Puerto; y a las áreas centrales de la ANAM. El testigo afirma que, cuando el laboratorio central o la autoridad aduanera detectaban irregularidades, el asunto debía ser tratado con Solano Ruiz y Humberto López Arellano “para que a niveles centrales se trate”.
El caso de los hermanos Farías Laguna confirma el costo político de esa trama. Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra preso y enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fernando Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires después de permanecer prófugo; desde Argentina, dijo a Código Magenta que huyó por temor a su vida y por amenazas contra su familia. Las autoridades argentinas decidieron no entregarlo por deportación o expulsión inmediata, por lo que comenzó el proceso para que México formalice su solicitud de extradición. Ambos sostienen, a través de sus defensas y declaraciones, que son chivos expiatorios de una red más amplia.
Esa defensa no cancela las acusaciones. Pero sí obliga a ampliar el perímetro de la investigación. Si los Farías fueron, como sostiene la Fiscalía, piezas de una red de contrabando de combustible, la pregunta institucional es ¿quién los nombró, quién los protegió, quién ignoró las alertas, quién permitió que continuaran las maniobras y quién se benefició políticamente de un flujo de dinero que no podía producirse sin aduanas, puertos, recintos, transportistas, agencias navieras, empresas fachada y funcionarios federales?
Por eso, el expediente ya no puede cerrarse con capturas selectivas. La Fiscalía debe citar a declarar a Andrés Manuel López Beltrán para explicar la mención a “Andy” en el contexto del Torm Agnes. Debe citar a Adán Augusto López Hernández por las referencias del testigo “Santo” al recinto 289, al concesionario con vínculos políticos y al operador que permitía atraques. Y debe citar a la plana mayor de almirantes que tuvo mando, información, responsabilidad administrativa o conocimiento operativo sobre las aduanas controladas por la Marina. El huachicol fiscal no fue únicamente un fraude contra el fisco. Fue una forma de captura del Estado desde sus puntos de entrada: puertos, aduanas y recintos fiscalizados. El expediente de la FEMDO muestra que el combustible ilegal atravesaba una estructura política completa. Y si la estructura funcionó durante años bajo gobiernos de la Cuarta Transformación, la investigación no puede limitarse a castigar operadores. Tiene que subir en la cadena de mando.
Sinaloa lleva casi dos años en guerra de bandos de la misma banda, y el Estado —ese fantasma que presume gráficos a la baja— apenas se inmuta mientras las facciones armadas de «Chapitos» y «Mayitos’ se hacen pedazos a balazos con los ciudadanos atrapados entre estos y la estrategia militar y civil que los combate.
Pero a este ritmo sin prisa cuando ya han transcurrido 631 de guerra, y esperando que la «boca se nos haga chicharrón», no es descabellado pensar que asi continue y cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum termine su “segundo piso” el 30 de septiembre de 2030, el parte de guerra tendrá más cuerpos, más levantados y más carros robados que votos obtuvo en Sinaloa.
La ola que no baja
Desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 31 de mayo de 2026, el registro diario de Noroeste deja un inventario que haría sonrojar a cualquier vocero optimista: 3,330 homicidios dolosos, 3,874 personas privadas de la libertad y 11,344 vehículos robados.
Son promedios de 5.3 asesinatos, 6.2 levantones y 18 autos robados cada día, todos los días, incluyendo mañaneras, giras y aplausos en el Zócalo.
Mientras en Palacio Nacional presumen que el homicidio doloso “va a la baja” gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, en Sinaloa los números reventaron el tablero y se colocaron muy por encima del promedio estatal de principios de 2024.
El colmo del cinismo se ve cuando se cotejan las cifras: mientras la Presidenta repite que hay una reducción de homicidios en el país, Sinaloa carga con más de 3 mil asesinatos en menos de dos años solo en esta “ola” de violencia.
No es una racha, es un régimen de violencia: enfrentamientos, riñas en penales, ejecuciones selectivas y levantones que ya forman parte del paisaje, como los espectaculares de campañas que nunca se molestaron en quitar.
Y en el colmo de la normalización, el pasado domingo reciente dejó 14 homicidios y 38 vehículos robados, apenas una nota más en el reporte diario; si eso no escandaliza al gobierno, es porque el gobierno decidió profesionalizarse en mirar para otro lado.
La guerra intestina: bandos del mismo cártel
Lo que hoy desgarra Sinaloa no es la fantasía de “el Estado contra el narco” sino una guerra intestina de bandos dentro de la misma organización criminal, disputándose calles, colonias, rutas, policías y presupuestos. El Estado llega siempre después: a recoger cadáveres, a levantar casquillos, a inventariar carros robados y a minimizar la cifra para que cuadre con la conferencia de la mañana. El mensaje es clarito: que maten, desaparezcan y despojen, pero que no arruinen el guion estadístico.
Cuando una riña en el penal de Aguaruto deja siete muertos de un jalón, el sistema penitenciario no exhibe una falla, sino su verdadera función: gestionar, contener y de vez en cuando depurar la nómina criminal. Esa carnicería no ocurre en un vacío, sino en un entorno donde las privaciones de la libertad se duplicaron, los homicidios crecieron más de 200 por ciento y el robo de autos se volvió deporte cotidiano desde septiembre de 2024. La misma banda que controla calles controla módulos, patios y custodios; lo único que aporta el gobierno es la firma en el acta de defunción.
Proyección al 2030
Tomemos la aritmética fría de la indolencia oficial: si hoy Sinaloa promedia 5.3 homicidios dolosos diarios, 6.2 levantones y 18 robos de vehículos desde septiembre de 2024, lo mínimo que podemos asumir —visto que la estrategia es “resistir y negar”— es que esos promedios no bajarán, y probablemente empeoren. Para ser piadosos, usemos la versión “optimista”: que se quede igual de mal, ni un muerto menos, ni un levantado menos, ni un carro menos desvalijado.
Entre el 1 de junio de 2026 y el 30 de septiembre de 2030 hay alrededor de 1,582 días de segundo piso: un sexenio recargado en el mismo discurso y sobre los mismos cuerpos. Si la violencia se mantiene al ritmo actual, el saldo adicional hacia el final del periodo de Sheinbaum sería del orden de:
Homicidios dolosos: 5.3 por día × 1,582 días ≈ 8,385 asesinatos más.
Personas privadas de la libertad: 6.2 por día × 1,582 días ≈ 9,808 levantones adicionales.
Vehículos robados: 18 por día × 1,582 días ≈ 28,476 robos de autos extra.
Sumados al saldo ya acumulado de la ola (hasta el 31 de mayo de 2026), al 30 de septiembre de 2030 Sinaloa podría cargar algo como:
Cerca de 11,700 homicidios dolosos solo dentro del periodo de esta ola y su prolongación.
Aproximadamente 13,700 personas privadas de la libertad, es decir, levantones que en muchos casos terminan en fosas, ríos o silencio administrativo.
Del orden de 39,800 vehículos robados, suficientes para renovar el parque vehicular de una ciudad mediana a punta de pistola.
Todo esto, insistamos, sin contar la violencia previa ni el resto del país: es únicamente una proyección lineal de un estado que la propia Presidenta se permite minimizar diciendo que no está entre los cinco con más homicidios. Traducido del tecnócrata al castellano: lo que pasa en Sinaloa no alcanza a despeinar el PowerPoint, así que puede seguir pasando.
El Estado como espectador profesional
Mientras las cifras reales documentadas por medios y colectivos duplican o triplican lo que el gobierno reporta al Secretariado Ejecutivo, el mensaje institucional es simple: lo importante no es reducir la violencia, sino reducirla en los informes.
El domingo de 14 asesinatos se convierten mágicamente en cuatro homicidios federales; el resto se evapora en el aire contable, pero no en la vida de las familias que los entierran. La “estrategia” consiste en administrar la percepción, mover las categorías, meter delitos en otros rubros y rezar para que la gente crea más en la conferencia mañanera que en lo que oye en su propia cuadra.
Mientras tanto, los grupos armados afinan logística, mejoran sus métodos de desaparición y profesionalizan el robo de autos como si fuera una subsidiaria del sistema financiero. El Estado se vuelve un aparato de acompañamiento: instala mesas de paz, hace conferencias, firma convenios, publica fotografías con gráficos decrecientes y llama “casos aislados” a masacres que se repiten con puntualidad de calendario. Es un país donde el gobierno ya no compite con el crimen, sino por el control de la narrativa.
Lo que significan esos números
Hablemos claro: si estas proyecciones se cumplen, al final del segundo piso de Sheinbaum Sinaloa habrá sumado miles de asesinatos, decenas de miles de levantones y un océano de autos robados, todo bajo una administración que jura haber “pacificado” al país. No se trata de un error técnico, sino de un pacto tácito: el gobierno asegura estabilidad macro y elecciones tranquilas; los cárteles manejan el territorio, la policía real y la cuota de sangre.
Cada una de esas cifras tiene nombre, apellido y familia, aunque para las autoridades solo existan como líneas en una tabla o como “hechos aislados”. Los promedios diarios son una forma educada de decir que, de aquí a 2030, Sinaloa vivirá como si cada día fuera un pequeño Culiacanazo de baja intensidad, repetido más de mil quinientas veces. Si eso no alcanza para despertar conciencias, entonces el país habrá decidido que vivir en guerra permanente es un costo aceptable con tal de no incomodar la narrativa presidencial.
Sí: con el nuevo “rasero” que Sheinbaum le impuso al caso de 10 funcionarios,entre ellos Ruben Rocha Moya, gobernador de Morena con licencia de Sinaloa ,que se niega a extraditar por falta de pruebas,aunque estas no las contempla el tratado en esta etapa procesal, Audias Flores Silva, alias el jardinero del CJNG, sabedor de que por el momento no habrá extradición, puede dormir más tranquilo en el penal del Altiplano,tras su reciente captura… pero en Medellín de los 80’s, con un Pablo Escobar que gritaba “prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, el final habría sido igual de sangriento, aunque con un presidente con «A» convertido en su abogada defensora y no en su perseguidora.
El contexto Sheinbaum–Washington
Estados Unidos acusó formalmente a 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluido un gobernador en funciones, por cargos de narcotráfico y protección a estructuras ligadas al fentanilo.
Sheinbaum respondió que no arrestará ni extraditará a ninguno mientras Washington no presente “pruebas contundentes”, calificando ademas el caso de persecución “política” e injerencista, que no viene al caso y ya respondió el embajador de EE.UU.
Traducido: se congelan las extradiciones de mexicanos hasta nuevo aviso, pues hacerlo pondria de manifiesto la forma selectiva en que se extradita, narcos SI,pero narcos de Morena,NO.
El jardinero del CJNG, respirará más hondo, al menos mientras dure el berrinche diplomático y se defina el destino del «nuevo estándar probatorio a la carta de Sheinbaum», que nunca debió ser exigido, pues no lo mandata el tratado.
Si Escobar hubiera tenido una Sheinbaum
El capo colombiano Pablo Escobar no sólo tenía poder de fuego; tenía proyecto político, bancada propia, caridad populista y un Estado colombiano quebrado, corrupto y chantajeado a punta de bombas. Su famosa lógica era simple: tumba en Colombia antes que celda en EE.UU.
Imaginemos tres efectos si hubiera tenido una presidenta versión Sheinbaum:
Un discurso de “soberanía selectiva”. El presidente-colchón de Escobar habría salido a decir que Estados Unidos hace “acusaciones políticas”, que no hay “evidencia contundente” y que no permitirá que “una nación extranjera decida el destino de Colombia”, línea casi calcada de lo dicho por Sheinbaum
Congelamiento de extradiciones “para todos”. Escobar no sólo habría frenado su propio envío; habría arrastrado a toda la lista de capos a un limbo jurídico, igualito a los 10 morenistas y el resto de expedientes que ahora se van al congelador mexicano.
Más margen para seguir mandando desde casa. Como ya hizo cuando se “entregó” y siguió operando desde su cárcel boutique hasta su fuga. Con un presidente defensor, la narrativa oficial sería: “Está bajo jurisdicción colombiana, no nos dicten desde Washington”.[
¿Seguiría vivo?
Probablemente no. Estados Unidos en los 90 no se quedaba en comunicados diplomáticos y Colombia ya tenía encima a Escobar por terrorismo masivo; lo habrían terminado cazando vía fuerza letal, con o sin tratado de extradición en marcha.
Lo que sí habría cambiado es que ese presidente habría entrado a la historia no como un estadista bajo presión, sino como el abogado litigante del capo más sanguinario del continente.
Tabla del paralelismo blasfemo
Elemento
Caso Escobar – Colombia 90s
Caso Rocha y 9 funcionarios – México 2026
Acusadores en EE.UU.
Corte y agencias contra cártel de Medellín
Fiscalía del Distrito Sur de NY y DEA
Personaje protegido
Pablo Escobar, capo absoluto
Gobernador y 9 funcionarios ligados a Sinaloa/Morena
Frase-símbolo
“Prefiero una tumba en Colombia…”
“No hay pruebas contundentes, es persecución política”
Respuesta del gobierno
Pacto, cárcel a modo, luego persecución letal
Negativa a arrestar y extraditar sin “más evidencia”
Extradiciones
Amenaza real, motor del pánico de Escobar
Temor de que una vez detenido y trasladados, se conviertan en testigos y hablen
Mensaje al narco
“Te podemos mandar a EE.UU. si rompemos el pacto”
“Mientras EE.UU. no entregue pruebas, aquí te atoras”
En este espejo retorcido, Escobar habría tenido lo que los 10 mexicanos hoy sí tienen: un jefe de Estado que toma su caso como causa patriótica.
El narco, feliz: patria convertida en bufete
Si el presidente de Escobar en Colombia lo hubiera defendido con la misma pasión y la misma narrativa de “inherencismo”, “no hay pruebas” y “es político”, el capo habría explotado ese discurso hasta el último segundo.
Cada bomba de Escobar habría sido reetiquetada como “presión” para que se respetara la soberanía, no como terrorismo.
Washington habría endurecido sanciones, inteligencia y operaciones encubiertas, pero puertas adentro el mensaje al narco sería claro: el Palacio de Gobierno ya no es el enemigo, es el departamento jurídico de la organización.
En México, el subtexto es parecido: si para tocar a un gobernador vinculado a un cártel necesito un estándar probatorio más alto que para cualquier campesino detenido con un kilo de mota, el “Estado de derecho” se vuelve un traje hecho a la medida de tus aliados.
¿Escobar vivo y libre? Tal vez no, pero mejor representado
La Colombia de Escobar terminó usando la bala donde ya no alcanzaba la toga; lo cazaron en un tejado cuando el pacto se rompió y el costo político del terror fue insoportable.
Con un presidente-sheinbaum defendiendo su “honor” ante Washington, Pablo Escobar no habría ganado inmortalidad, pero sí habría disfrutado algunos años más de impunidad patriótica, más mártires inventados y más discurso antiimperialista reciclado para cubrir lo obvio: que el Estado trabaja, no para la ley, sino para su criminal preferido.
