En Tamaulipas, aun bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal, la justicia digital —ahora a cargo de una «currícula tatemada»— tiene una incómoda relación con las matemáticas: de las 14 categorías de herramientas consideradas básicas para la investigación criminal por México Evalúa, la Fiscalía estatal reportó contar solo con siete. La mitad.
No es una ninguna calificación de eficacia ni significa que la eficiencia resuelva la mitad de los delitos; significa algo más elemental: en el inventario examinado, apenas reunió la mitad de las capacidades tecnológicas consultadas. El informe distingue entre disponer de herramientas y utilizarlas para construir investigaciones sólidas.
El informe Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México, realizado con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann, permite ir más allá del resumen nacional difundido tambien por El Economista: en el caso tamaulipeco, el problema no es una ausencia absoluta de tecnología, sino una combinación de herramientas disponibles, capacidades faltantes y respuestas pendientes. Hay con qué trabajar en algunas áreas; en otras, el hueco está reconocido por la propia institución.
En el diagnostico de Tamaulipas se reportan instrumentos para procesar ciertos indicios y administrar expedientes, pero también vacíos en la captura temprana de información, el análisis transversal de casos y la supervisión tecnológica del trabajo policial. Modernización por partes, no una cadena completa de investigación.
Hay ADN y balística; falta demostrar qué justicia producen
Aunque en la realidad tangible la Fiscalía tamaulipeca parece operar como una oficina sin más tecnología que un sello y una engrapadora, reportó contar con sistemas de huellas dactilares, dos programas de identificación genética —DNAVIEW y Smallpond—, un sistema de identificación balística mediante IBIS y herramientas para desbloquear teléfonos celulares y extraer su información.
Esto sirve de poco o nada frente a los delitos de alto impacto, si atendemos a otros informes que siguen dejando todo pendiente. El problema de fondo es de complicidad, no de tecnología.
El detalle incómodo viene después del inventario: el estudio no permite saber cuántas investigaciones tamaulipecas utilizaron esas herramientas, qué evidencia produjeron, cuántos casos llegaron a juicio gracias a ella ni qué resultados obtuvieron.
Tener el programa no acredita, por sí solo, una investigación sólida. La licencia no declara ante el juez; la prueba tiene que hacerlo y es tanta la desconfianza que la cifra negra de delitos, la gente que no denuncia,es abrumadora.
En identificación humana, el documento subraya además una diferencia esencial: en los casos de desaparición puede ser necesario identificar tanto a las víctimas como a las personas responsables. Son trabajos relacionados, pero no intercambiables. Identificar unos restos no equivale a esclarecer quién cometió el delito.
En una entidad doblemente campeona: en personas desaparecidas y en cadáveres sin identificar.
Por eso, para Tamaulipas, la pregunta periodística de fondo no termina en “¿cuántos sistemas compraron?”. Empieza ahí: ¿en cuántos casos los utilizaron, cuánto tardaron los dictámenes y cuántos de esos resultados fueron incorporados efectivamente a una investigación judicializada? Son precisamente los tipos de indicadores que recomienda construir el informe.
Sin análisis masivo: expedientes que pueden convivir sin conocerse
Uno de los rezagos más relevantes es que Tamaulipas declaró no contar con un sistema para el análisis masivo de información de casos. No es el único: otras 14 fiscalías dieron la misma respuesta. Pero que el problema tenga compañía no lo vuelve menos grave.
Estas herramientas permiten cruzar información sobre víctimas, personas investigadas, lugares, indicios y formas de operación para buscar patrones y relaciones entre expedientes. Sin esa capacidad reportada, queda una brecha en el uso sistemático de los datos que la propia institución acumula. Eso no significa que no haya analistas ni que nadie haga cruces manuales; significa que no reportó disponer de la herramienta consultada para hacerlo de manera masiva.
Dicho sin incienso burocrático: una fiscalía puede tener montañas de información y seguir necesitando que alguien descubra, a mano, que varios expedientes se están contando pedazos de la misma historia.
Tamaulipas también quedó entre las entidades que reportaron no contar con sistemas para rastrear direcciones IP y declaró carecer de identificación facial. Son brechas distintas: una afecta las herramientas disponibles para explorar rastros digitales en las redes; la otra, la búsqueda de posibles identidades a partir de imágenes. Ninguna autoriza a concluir que un delito sea imposible de investigar, pero ambas reducen el repertorio tecnológico propio declarado.
Denunciar por internet no es lo mismo que recibir la denuncia donde ocurrió el delito
Tamaulipas reportó una plataforma de denuncia digital. Pero, al mismo tiempo, declaró no contar con un sistema para recibir denuncias en el lugar de los hechos. Son dos puertas distintas y el informe las evalúa por separado.
La primera permite un contacto remoto con la institución. La segunda busca que la policía capture desde el sitio información inicial, testimonios, fotografías y referencias de tiempo y lugar, y que esos datos lleguen a la Fiscalía.
Querétaro ofrece un contraste concreto: reportó 2,062 tabletas electrónicas para recibir denuncias mediante su Sistema Informático Único y señaló que el 53.41% de las denuncias por delitos patrimoniales comenzaban de esa manera. Es información declarada por esa entidad, no una auditoría independiente de sus resultados, pero muestra una integración operativa que Tamaulipas no reportó tener en esa categoría.
Cámaras corporales: una carencia; patrullas: una respuesta ausente
En el apartado de monitoreo de cámaras corporales, Tamaulipas reportó no contar con ese sistema. El rezago alcanza herramientas que el informe considera útiles para documentar intervenciones policiales, esclarecer controversias sobre detenciones y uso de la fuerza, y proteger tanto a la ciudadanía como al personal operativo.
Sobre el seguimiento en tiempo real de patrullas ministeriales, la respuesta fue todavía menos informativa: Tamaulipas no contestó. No se puede convertir ese silencio en una prueba de inexistencia. Sí se puede señalar lo evidente: el estudio quedó sin información para conocer esa falta de capacidad estatal que permite a la policia ir reunirse con el crimen organizado a bordo de su patrullas.
El documento de México Evalúa explica que el seguimiento de unidades puede servir para atender emergencias, conservar registros de recorridos y supervisar comportamientos atípicos. No es únicamente saber dónde anda una camioneta; también es poder reconstruir qué hizo y por dónde pasó y luego indagar a que pasó.
La salida no es otra compra para la foto
Las recomendaciones del informe no consisten en llenar una bodega de aparatos. Plantean priorizar el registro inicial de información, conectar policías, fiscales, peritos y analistas, capacitar al personal, asegurar mantenimiento y licencias, evaluar el uso cotidiano y medir qué evidencia llega realmente a los procesos penales. También proponen ajustar las inversiones a los delitos y necesidades de cada entidad.
Aplicado a los huecos reportados por Tamaulipas, eso exige algo más serio que presumir una plataforma: demostrar cómo se relacionan los casos, cómo se documenta el trabajo policial, cómo se incorpora información desde el lugar de los hechos y qué resultados producen los sistemas forenses que ya existen.
Aunque la palabra que debe ordenar esa discusión es resultados. No cuántas pantallas se encendieron, sino qué cambió para una víctima y qué pudo acreditarse legalmente. El informe no responde todavía esa pregunta para Tamaulipas; precisamente por eso, la Fiscalía no puede dar por solventada su modernización con presentar el inventario.
Con información: EL ECONOMISTA/ MEXICO EVALUA/
