“NO ERA GRIPE: AFIRMA el GOBIERNO FEDERAL que el HUACHICOL sigue TRAFICANDOSE”… detectan 10 casos diarios.

Claramente no era gripe: el huachicol fiscal resultó ser una epidemia de alto octanaje y con factura pendiente para el Gobierno federal.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) afirma que está metiendo freno a por lo menos 10 casos diarios de contrabando o evasión vinculados con combustibles. Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio pasado, la dependencia detectó 3 mil 109 casos de posible huachicol fiscal: 109.4 millones de litros de hidrocarburos que buscaban entrar, circular o facturarse con trucos para esquivar 4 mil 600 millones de pesos en contribuciones fiscales.

Según el Segundo Informe de Gobierno, las irregularidades fueron detectadas mediante sistemas de revisión no intrusiva instalados en las 50 aduanas del país. Es decir: sin abrir cada carga, las autoridades comenzaron a encontrar combustibles con papeles creativos, clasificaciones arancelarias sospechosamente equivocadas y rutas fiscales hechas para que el erario no viera ni una gota.

El reporte presume que las herramientas de trazabilidad y control de hidrocarburos permitieron cancelar 3 mil 434 sellos digitales de facturación y presentar 118 denuncias penales. En otras palabras, no sólo había combustible con identidad dudosa: también había contribuyentes usando sellos fiscales hasta que la fiesta se les apagó.

La Fiscalía General de la República reportó, de septiembre a junio, el inicio de 9 mil 459 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos. En ese lapso hubo 859 personas detenidas, 307 vinculadas a proceso, 137 cateos y el aseguramiento de más de 10.3 millones de litros de hidrocarburos.

La ANAM sostiene que mejoró los controles de los procesos estratégicos de comercio exterior. Su balance es que los 3 mil 109 casos detectados corresponden a clasificaciones arancelarias incorrectas en productos petrolíferos e hidrocarburos, una fórmula burocrática para describir un fraude bastante más terrenal: declarar una cosa para mover otra y, de paso, evitar el pago de impuestos.

Para vigilar el negocio, el Gobierno federal desplegó 2 mil 663 militares de manera permanente en 32 aduanas bajo coordinación de la ANAM: 21 fronterizas y 11 interiores. A eso se sumaron 582 marinos en ocho aduanas —seis marítimas y dos terrestres—, además de 2 mil 446 elementos de la Guardia Nacional comisionados para, según el informe, “inhibir los actos de corrupción e impulsar la recaudación fiscal”.

El dato incómodo es que este nivel de reporte oficial no existió durante el sexenio anterior, pese a que diversas investigaciones penales apuntan a que el huachicol fiscal alcanzó su apogeo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. El problema, pues, no apareció de pronto: apenas comenzó a ser contado con más detalle.

Bajo el nuevo esquema de seguridad de Claudia Sheinbaum, las aduanas han reportado el aseguramiento de 737 mil 300 litros de hidrocarburos. Por su parte, la Guardia Nacional aseguró, en el mismo periodo y en todo el país, un millón 507 mil litros de combustibles, 85 autotanques, 33 tractocamiones, 22 semirremolques, 29 dollys, 11 camiones tipo torton, 172 vehículos y 28 inmuebles.

No era gripe. Era una red de combustible disfrazado, facturas maquilladas, clasificaciones aduaneras de fantasía y millones de litros circulando con la intención de dejar al fisco oliendo el humo.

Con información: ELNORTE/

«YA DEJAMOS de JUGAR ESCONDIDAS con la CALCULADORA: GOBIERNO ADMITE que CERRARA 2027 DEBIENDO 55 de CADA 100 PESOS que PRODUCE»…y sigue financiando parte de su presente con dinero del futuro.

La confesión, traducida del haciendés al castellano llano, es ésta: el gobierno admite que México cerrará 2027 debiendo el equivalente a 55 de cada 100 pesos que produce en un año. No es que la nación vaya a desaparecer mañana ni que el SAT vaya a rematar el Ángel de la Independencia en Mercado Libre, pero sí que la tarjeta del país seguirá echando humo mientras el discurso oficial presume “responsabilidad”. 

Y que Hacienda por fin dejó de jugar a las escondidas con la calculadora: para 2027, México cargará una deuda pública equivalente a 55% del PIB. O sea, por cada 100 pesos que genera toda la economía nacional —la señora que vende tamales, la fábrica, el Uber, la tienda, el exportador y hasta el contribuyente que paga impuestos con resignación cristiana—, el gobierno tendrá comprometidos 55 pesos con acreedores.

Es la versión macroeconómica de aquel vecino que jura que “ya se está apretando el cinturón”, mientras llega a la fiesta con una pantalla nueva, seis meses de pagos diferidos y la tarjeta bancaria pidiendo auxilio en morse.

La cifra corresponde al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el nombre técnico para decir: “todo lo que el gobierno debe, aunque lo disfracen en varios cajones contables”. Hacienda proyecta que pase de alrededor de 54% al cierre de 2026 a 55% en 2027; a junio, la deuda total ya rondaba 51% del PIB. 

Qué significa de verdad

No significa que cada mexicano deba sacar mañana una alcancía para pagar “su parte” exacta de la deuda. Pero sí significa que el Estado tendrá menos margen para maniobrar cuando llegue otra bronca: una crisis económica, una caída petrolera, un desastre natural, una recesión estadounidense, un rescate financiero o cualquier ocurrencia presupuestal de las que suelen venir con conferencia mañanera.

En términos sencillos:

• El gobierno está acumulando una deuda que crece más rápido, o al menos sigue creciendo, respecto del tamaño de la economía.
• Cada peso destinado a pagar intereses es un peso que no se va a hospitales, escuelas, infraestructura, seguridad o mantenimiento; aunque, claro, también puede terminar en alguna obra inaugurada a medio terminar y con lonas triunfalistas.
• Una deuda mayor vuelve al país más vulnerable a tasas de interés altas, bajo crecimiento o pérdida de confianza de inversionistas.
• La promesa de “no endeudar al país” queda convertida en una frase decorativa, como el extinguidor de un restaurante: está ahí, pero nadie quiere preguntarse si sirve.

La trampa del porcentaje

El 55% del PIB no es automáticamente una sentencia de quiebra. Hay economías con deudas mucho más altas. La diferencia incómoda es para qué se pide prestado, cuánto cuesta financiarlo y si la economía crece lo suficiente para cargarlo.

Si una familia se endeuda para ampliar un negocio rentable, puede tener sentido. Si se endeuda para cubrir la despensa, pagar intereses viejos y sostener un ritmo de gasto que ya no alcanza, entonces no compró futuro: pateó el problema hasta que llegue la siguiente administración, o la siguiente crisis, con la factura bajo el tapete.

Y aquí está el detalle que Hacienda no puede maquillar con PowerPoint: incluso si prevé bajar el déficit —la diferencia anual entre lo que gasta y lo que ingresa—, el saldo total de la deuda seguiría subiendo. Es decir, prometen frenar un poco el acelerador, no bajarse del vehículo. El propio escenario oficial contempla que el déficit baje de 4.3% del PIB en 2025 a 3.5% en 2027, pero aun así la deuda seguiría escalando. 

La confesión no es que México “tenga deuda”; todos los gobiernos serios usan deuda. La confesión vulgar es otra: que el gobierno sigue financiando parte de su presente con dinero del futuro y ahora admite, sin rubor, que la cuenta crecerá hasta representar más de la mitad de toda la economía nacional.

Dicho sin corbata ni lenguaje de oficina: el gobierno no está saneando las finanzas; está aprendiendo a decir “controlado” mientras la deuda sube otro piso. Y como siempre, la boda es hoy, los aplausos son hoy, el discurso es hoy… pero la cuenta se la dejan a los que todavía no llegan al salón.

Con información: PROCESO/

“TENÍA RAZÓN AMÉRICO: RETIRO de VISA es MERITORIO y SHEINBAUM, SIN VERGÜENZA, ACLARA que NO AFECTA CANDIDATURAS”…la visa no vota, solo delata.

La presidenta Claudia Sheinbaum despachó ayer el retiro de una visa estadounidense como si fuera un detalle consular, una incomodidad migratoria comparable a perder una reservación de hotel: “no tiene nada que ver con la elección”. Técnicamente, puede tener razón. Una visa no es una sentencia judicial, no sustituye una carpeta de investigación ni cancela por sí misma una candidatura. Pero políticamente, pretender que no significa nada es otra cosa: una operación de maquillaje moral.

Porque si Estados Unidos le retira la visa a un personaje con aspiraciones electorales —o a un político en activo— no se trata de que Washington tenga derecho a decidir quién compite en México. Eso sería inadmisible. El problema es otro: ¿ por qué una señal de desconfianza emitida por el vecino que presume compartir información de inteligencia, seguridad financiera y persecución criminal debería tratarse como basura diplomática ?

La respuesta oficial parece ser: porque la ley mexicana exige un “riesgo razonable”, no rumores, no sanciones extranjeras, no sospechas consulares. Muy bien. Pero entonces habría que explicar cómo se concilia esa pulcritud garantista con el mecanismo que el propio gobierno presume: UIF, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional Bancaria y de Valores e inteligencia revisando información para advertir al INE y a los partidos si existe o no un riesgo razonable de vínculos criminales.

El choque de principios

El discurso gubernamental se estrella contra sus propios postulados:

• Dice que toda la información relevante debe analizarse, pero cuando la información proviene de Estados Unidos se minimiza como un asunto ajeno.
• Dice que habrá coordinación entre instituciones de seguridad, pero parece sugerir que una decisión migratoria de Washington no merece ni siquiera levantar una ceja.
• Dice que se protegerá la integridad de las candidaturas, pero deja la decisión final en manos de los partidos: esos mismos aparatos que, llegado el momento, suelen encontrar virtudes cívicas hasta en el candidato más embarrado.
• Dice que el mecanismo será preventivo, pero reduce cualquier alerta externa a una especie de chisme sin valor hasta que llegue una prueba con sello, expediente y moño judicial.

Ahí está la contradicción. Si la información de inteligencia, financiera, ministerial y de seguridad sirve para establecer un “riesgo razonable”, no debería descartarse de entrada por el pasaporte de quien la genera. Una revocación de visa no prueba culpabilidad; nadie serio debería afirmar lo contrario. Pero tampoco es una medalla al mérito, ni una anécdota burocrática, ni una casualidad digna de archivarse bajo el rubro de “asuntos que no nos incumben”.

La moral de la conveniencia

La moral oficial parece funcionar con un manual de doble entrada. Cuando una autoridad extranjera señala a un adversario político, la información adquiere súbitamente valor noticioso, relevancia transnacional y hasta aroma de expediente definitivo. Pero cuando la señal toca a alguien útil, cercano o incómodo para el poder, entonces hay que defender la soberanía, recordar el debido proceso y advertir que una visa “no tiene nada que ver con la elección”.

La soberanía no consiste en cerrar los ojos; consiste en tener instituciones capaces de preguntar, investigar y decidir con evidencia propia. Lo contrario no es dignidad nacional: es comodidad política.

El estándar ético mínimo debería ser más alto. Quien aspira a representar a ciudadanos no tendría que esconderse detrás de la frase “no hay sentencia”. Tendría que explicar, con claridad y documentos, por qué un gobierno extranjero decidió retirarle el privilegio de ingresar a su territorio. No porque Washington deba imponer candidaturas, sino porque una candidatura exige algo más que no haber sido condenado: exige confianza pública.

No es una condena; es una alarma

El problema no es que Sheinbaum recuerde que una visa no define una elección. El problema es que, al decirlo, parece pedir que una alerta potencialmente relevante sea neutralizada antes de ser examinada. Y eso choca con la promesa de blindar las candidaturas frente al dinero ilícito, los grupos criminales y las redes de poder opaco.

Una democracia no se degrada porque investigue señales incómodas. Se degrada cuando convierte la ignorancia voluntaria en doctrina de gobierno.

Con información: ELNORTE/

“NI CÓMO SACAR la TROMPETA; GRÁFICO de EL ECONOMISTA, en el RUBRO de INVERSIÓN EXTRANJERA, deja VER que el APLAUSO OFICIAL se TOPA con la CAJA REGISTRADORA”…única asignatura que aprueba es “Huachicol IV y Crimen Autorizado”.

El gobierno de Morena y Américo Villarreal en Tamaulipas, tan disciplinado para sacar la trompeta cada vez que aparece una foto, una promesa o una visita de funcionarios, guarda esta vez un silencio de biblioteca: el estado captó apenas 5.9 millones de dólares de nuevas inversiones extranjeras durante el primer semestre de 2026.

El gráfico publicado por EL ECONOMISTA ,deja a Tamaulipas sin material para el boletín triunfalista: en el primer semestre de 2026 apenas captó 5.9 millones de dólares de nuevas inversiones extranjeras, mientras Baja California Sur, Nuevo León y Querétaro rebasaron los 400 millones. Es decir: mucho discurso, poca llegada de capital fresco.

Sí, 5.9 millones. No 590. No 59. 5.9.

Mientras Baja California Sur recibió 523.9 millones de dólares; Nuevo León, 473.4; y Querétaro, 410.5, Tamaulipas quedó arrumbado entre los estados de captación marginal, con cifras incluso menores que Campeche, Sinaloa y Durango. Una potencia logística en el discurso; una escala menor en la libreta de los inversionistas. 

La ironía es inevitable: Tamaulipas presume frontera, puertos, los cruces internacionales mas gordos, industria maquiladora, comercio exterior, energía y cercanía con Estados Unidos. Pero cuando se trata de nuevo capital, no de reinversión ni de anuncios inflados, la entidad aparece con 5.9 millones de dólares. Una cifra tan pequeña que difícilmente alcanza para justificar la propaganda, pero suficiente para explicar por qué el gobierno estatal prefiere cambiar de tema.

Américo Villarreal y su administración han hecho de la narrativa su especialidad: cada recorrido, cada convenio, cada declaración es presentado como prueba de que “Tamaulipas avanza”. El problema es que los números no suelen aplaudir. Y los números de la Secretaría de Economía dicen que, en nuevas inversiones extranjeras, Tamaulipas no está encabezando la carrera: está mirando cómo otros estados se llevan el dinero. 

Lo que realmente dice el gráfico

• La cifra de 5.9 millones de dólares corresponde a nuevas inversiones extranjeras en Tamaulipas entre enero y junio de 2026, no a toda la IED acumulada.
• Tamaulipas quedó por debajo de entidades como Veracruz, Guerrero, Michoacán, Durango y Sinaloa; apenas superó a Oaxaca, Campeche, Tabasco, Chiapas, Morelos y Colima.
• El contraste con los líderes es brutal: Baja California Sur captó casi 89 veces más nuevo capital que Tamaulipas; Nuevo León, alrededor de 80 veces más; y Querétaro, cerca de 70 veces más.
• A escala nacional, las nuevas inversiones sumaron aproximadamente 2,726 millones de dólares, pero representaron sólo 7.8% de la IED total; el grueso fue reinversión de utilidades. Eso vuelve todavía más relevante medir qué estados realmente están atrayendo proyectos nuevos.

Tamaulipas no necesita más conferencias para presumir intenciones; necesita inversiones que se puedan contar sin usar lupa. Porque una cosa es posar junto a empresarios y otra muy distinta lograr que el capital llegue, se instale, produzca y genere empleo.

En este corte, la administración de Américo Villarreal tiene poco que celebrar y mucho que explicar: si el estado tiene tanta ventaja geográfica y tanto potencial proclamado, ¿por qué sólo recibió 5.9 millones de dólares de inversión nueva?

Con información: ELECONOMISTA/

«TIENE HERENCIA,NO TIENE PRUEBAS: CREDO INMOBILIARIO de EX-OPERADOR de SHEINBAUM INSISTE su FORTUNA es HEREDADA»…faltan los papeles que conviertan la fe en evidencia.

El funcionario publico «morenista nuevo rico», al que el periodista Salvador Garcia Soto ubica en EL UNIVERSAL ,como ex-operador financiero de la campaña de Claudia Sheinbaum pide que le crean por un acto de fe: dice que los departamentos pagados de contado salieron de ahorros, herencias y operaciones “debidamente acreditadas”, pero sin exhibir en su mensaje el detalle documental que permita despejar las dudas. 

Carlos Ulloa, hoy director de Birmex, salió a explicar cómo compró de contado dos departamentos por 22.4 millones de pesos. Su argumento, en versión mañanera, es sencillo: créanme, porque sí.

Dice que su patrimonio viene de ahorros, herencias, compraventas y recursos “debidamente acreditados”. Pero a la hora de la precisión, los documentos, los montos, las fechas y el camino exacto del dinero se quedaron guardados en el mismo cajón donde suelen dormir las explicaciones incómodas: el de “ya se aclarará”.

La Presidenta, que lo conoce desde que era adolescente y lo considera honesto, tuvo que salir a aplicar la fórmula presidencial de control de daños: “que aclare”. Porque una cosa es la confianza personal y otra que dos departamentos de 22.4 millones aparezcan pagados de contado mientras las herencias y ahorros no se asoman con nitidez en las declaraciones patrimoniales revisadas. 

Ulloa sostiene que todo está reportado, documentado y verificable. Perfecto: entonces que lo verifiquen. No basta con invocar a los padres, una herencia en Chiapas y 37 años de vida laboral como si se tratara de una estampita contra la sospecha. En el gobierno de la transformación, al parecer, la transparencia también puede venir en modalidad religiosa: usted crea primero; los papeles, si acaso, llegan después.

Y mientras se pide fe para justificar departamentos millonarios, desde otros frentes circulan versiones periodísticas —no acreditadas de manera independiente en esa publicación— sobre presuntas aportaciones millonarias a la campaña presidencial. Es decir: en la 4T hay quienes no cargan una carpeta de pruebas, sino un rosario de explicaciones. 

La pregunta no es si Ulloa puede tener patrimonio ni si una herencia puede explicar una compra. La pregunta es la que el propio discurso oficial debería abrazar sin titubeos: si todo fue legal, transparente y plenamente verificable, ¿por qué la ciudadanía tendría que conformarse con creerle de palabra?

Con información: ELUNIVERSAL/

EL “GRAN ELECTOR”: DIARIO ESPAÑOL y el INE YA SABEN que NARCOS que DIERON el TRIUNFO a AMÉRICO PODRÍAN REPETIR la DOSIS en 2027… las pruebas no hablan, gritan.

El verdadero “gran elector” de Tamaulipas y gran parte del pais, ya no opera desde Los Pinos ni desde las cúpulas partidistas: se mueve en camionetas blindadas, cobra derecho de piso y decide quién se sube a la boleta y quién termina bajándose —por las buenas, por las malas o por las funerarias.

El quita y pon electoral

La infiltración del crimen organizado en la política de Tamaulipas y en todo Mexico, dejó de ser ese elefante incómodo que todos fingían no ver. 

Ahora el propio INE admite, con lenguaje institucional y cara de ceremonia, que las bandas criminales ponen y quitan candidatos, financian campañas, compran lealtades, chantajean funcionarios y presionan a quienes ya llegaron al cargo.

En otras palabras: mientras los partidos presumen democracia, el narco juega a ser el gran elector. No necesita credencial de elector ni casilla; le basta con una llamada, una amenaza, una maleta o un levantón para inclinar la balanza que incluye el amago de pueblos completos que votan completamente por quien el crimen les indica,otra vez Americo,otra vez Tamaulipas de mal ejemplo.

El consejero Arturo Chávez, presidente de la flamante Comisión de Verificación de Candidaturas, lo resumió con una frase impecable para el discurso: el crimen organizado no tiene ideología y se infiltra donde puede, sin importar el color partidista. 

Traducido del burocratés: al narco le da igual si el candidato lleva chaleco guinda, azul, tricolor, naranja o de cualquier franquicia de temporada; lo que busca es una plaza política disponible y una autoridad dispuesta a obedecer.

Una elección para 30 mil expedientes

El problema no es menor. En 2027 estarán en juego 17 gubernaturas, 1.098 diputaciones locales y más de 2.200 alcaldías y presidencias municipales en 30 entidades. Con ocho partidos en la pelea, podrían aparecer más de 30.000 candidaturas para revisión.

Es decir, una feria de puestos públicos donde cada candidatura puede convertirse en botín, blindaje, oficina de gestoría o ventanilla de impunidad. 

Y el foco rojo está, precisamente, donde la política toca el territorio: municipios y Estados. Ahí, donde un alcalde puede controlar policías, permisos, obras, licencias, nóminas y la información que conviene esconder como ocurre en el caso de Matamoros,con el alcalde de Morena,Alberto Granados Favila.

La experiencia reciente no deja mucho margen para el optimismo. En 2024, según registros de Data Cívica, hubo 138 agresiones contra candidaturas: 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición. En la democracia mexicana, la campaña ya no solo se mide en mítines, spots y encuestas: también se cuenta en balas, funerales y candidatos que aprenden a hablar bajito.

El filtro que no filtra

La respuesta institucional llega con una Comisión de Verificación de Candidaturas. Suena imponente, casi como si el INE hubiera instalado un arco detector de narcopolíticos en la entrada de los partidos. Pero al revisar el mecanismo, el aparato luce más parecido a un detector de metales sin pilas.

La verificación será voluntaria. Los partidos decidirán qué candidatos envían a revisión y cuáles prefieren dejar fuera del radar. Si una dirigencia no quiere someter a alguien al escrutinio, no habrá sanción jurídica ni se considerará indicio de riesgo. La comisión tampoco podrá retirar una candidatura, ni definir el nivel de peligro, ni manejar información sensible. Al final, la decisión de mantener o retirar a un aspirante seguirá en manos de los propios partidos.

Es decir: los mismos que confeccionan las listas podrán decidir si quieren revisar sus propias listas. Una especie de “pásale, patrón, usted escoja qué cuarto de la casa inspeccionamos”.

La comisión pedirá información a la Secretaría de Seguridad, Hacienda, SAT, Fiscalía General, fiscalías estatales, Centro Nacional de Inteligencia, Unidad de Inteligencia Financiera y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero serán esas instituciones las que determinen si existe “riesgo razonable”, y responderán directamente a los partidos. El INE queda como mensajero elegante: toca la puerta, pide el reporte y entrega el sobre, sin poder abrirlo del todo ni usarlo para sacar a nadie de la contienda.

Vigilantes cercanos al poder

El dato político tampoco pasa desapercibido. Arturo Chávez llegó al Consejo General del INE en abril y ha reconocido su relación personal y profesional con la presidenta Claudia Sheinbaum, promotora de la reforma que dio vida a esta comisión. Junto a él estarán Norma Irene de la Cruz, identificada como cercana a Morena, y Uuc-kib Espadas, con pasado militante en el PRD.

Así, tres consejeros vinculados —en distintos grados y trayectorias— al ecosistema político del régimen tendrán la misión de coordinar la revisión de perfiles con el Gabinete de Seguridad. No es que la comisión nazca condenada, pero sí nace bajo la inevitable sospecha: ¿será un instrumento serio para detectar la narcopolítica o una aduana selectiva, severa con los adversarios y comprensiva con los propios?

El expediente de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, investigado en Estados Unidos junto con nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, vuelve imposible ignorar el problema. La cooptación no empieza cuando un político ya está sentado en el despacho: muchas veces arranca en la precampaña, con financiamiento oscuro, operadores territoriales, amenazas a rivales y pactos que jamás aparecen en la declaración patrimonial.

La democracia bajo cuota

Chávez pide que empresarios no financien candidaturas para luego corromperlas y que los medios difundan información veraz y objetiva. El llamado es correcto, aunque llega a un país donde la política local suele disputarse entre estructuras partidistas debilitadas, intereses económicos y grupos criminales que ya aprendieron que capturar una alcaldía puede ser más rentable y menos riesgoso que abrir una nueva ruta de contrabando.

PRI, PAN y Morena seguirán intercambiando acusaciones sobre narcopolítica. MC, PAZ y otras fuerzas menores advierten, con razón, que no se puede ir a otra elección con candidatos amenazados, secuestrados o asesinados. Pero la discusión de fondo es más brutal: mientras la revisión sea opcional y los partidos conserven la última palabra, el “gran elector” seguirá operando fuera del INE.

Porque en México ya no basta preguntar quién ganó una elección. También habrá que preguntar quién autorizó que ese candidato llegara vivo a la boleta, quién pagó la campaña y a quién le deberá el favor cuando tome posesión.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/