El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió ponerse serio —otra vez— y ayer 23 de abril anunció sanciones contra 23 personas y empresas que, sorpresa, forman parte de algo que ya todo el mundo sabía: una red transnacional perfectamente aceitada para fabricar y mover opioides sintéticos con sello del Cártel de Sinaloa, esa organización que Washington ahora etiqueta como “terrorista”, porque en Mexico dejaron crecer la infección y de problema policial de seguridad publica,ya es amenaza estratégica en ambos lados del la frontera.
La OFAC no se quedó en la superficie y tal como lo hizo con la reciente sanción que liga al abogado Juan Pablo Penilla,ex-asesor del Gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal,ligados a los Zetas . Esta vez apuntó a toda la cadena de montaje del fentanilo: desde los proveedores de químicos en Asia hasta los operadores logísticos y distribuidores en México.
Es decir, no sólo el narco con fusil, sino también el empresario con factura, el intermediario con Excel y el importador con cara de contribuyente cumplido.
Detrás del anuncio hay un desfile de siglas que suenan a poder absoluto: DEA, FBI, HSI, CBP, FinCEN… y un grupo de trabajo de seguridad nacional que, en teoría, lleva años persiguiendo la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos?
La narrativa oficial se apoya en tres órdenes ejecutivas, incluida una particularmente llamativa: la que prácticamente equipara el fentanilo con armas de destrucción masiva. No es exageración retórica; es el reconocimiento tardío de que este negocio mata más que muchas guerras, pero con cadenas de suministro que parecen sacadas de LinkedIn.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió que los “cárteles terroristas” no seguirán causando estragos ,que ya se miden en miles de cadáveres,lo mismo en Mexico por efectos del trasiego, que en EE.UU por efecto letal del consumo de estas drogas.
De la India a Sinaloa: la ruta empresarial del narco
El esquema que exhibe el Tesoro es menos “narco” y más “corporativo global”. En India, Satishkumar Sutaria y su socia Yuktakumari Modi enviaban precursores químicos a México y Guatemala mediante empresas con nombres perfectamente legales: SR Chemicals y Agrat Chemicals. Ambos fueron arrestados en 2025, pero el flujo que alimentaban ya había hecho lo suyo.
En Guatemala aparece otro eslabón: Jaime Barrientos Camaz, quien recibió más de 100 kilos de un precursor clave en apenas dos meses. No es un error logístico; es producción industrial. A eso se suma una empresa local de importación que funcionaba como puente discreto entre químicos y cárteles.
México: donde el negocio se vuelve familia
En México, la historia adquiere su forma más conocida: redes familiares, empresas fachada y vínculos directos con facciones del Cártel de Sinaloa. Karina Carrillo Torres —ligada a “Los Chapitos”— y su esposo Régulo Acosta operaban compañías que, en papel, podrían pasar por cualquier negocio legítimo. Ambos fueron detenidos en marzo de 2026.
El dato clave no es quiénes son, sino qué movían: un kilo de N-Boc-4-Piperidona puede convertirse en casi dos kilos de fentanilo. Traducido: hasta 900 mil dosis potencialmente letales. No es narcotráfico artesanal; es producción en escala farmacéutica, pero sin regulación… y con un margen de ganancia obsceno.
También aparece la versión “emprendedora” del negocio: empresas en Guanajuato, Jalisco y hasta Florida que importan, triangulan y distribuyen químicos. Todo con estructuras legales que permiten operar hasta que alguien —años después— decide incluirlas en una lista negra.
Los operadores: del laboratorio al mercado
Entre los sancionados hay perfiles más clásicos: operadores del cártel como “El Güero Reyna”, vinculado a “Los Mayos”, y químicos como Alejandro Reynoso, que producía pastillas en Guadalajara antes de ser detenido en Madrid. Sí, Madrid. Porque este negocio ya no tiene geografía: es una red global con nodos intercambiables.
El castigo financiero… y sus límites
Las sanciones congelan activos y bloquean empresas. En teoría, asfixian financieramente a los implicados. En la práctica, llegan cuando las estructuras ya se diversificaron, mutaron o simplemente cambiaron de nombre.
El mensaje de Washington es claro: atacar cada eslabón. La realidad también: el mercado se adapta más rápido que las sanciones.
Porque mientras el Tesoro emite comunicados, la cadena del fentanilo sigue operando como cualquier multinacional eficiente: proveedores en Asia, hubs logísticos en Centroamérica, producción en México y mercado final en Estados Unidos.
La única diferencia es que aquí el producto estrella no genera consumidores… genera muertos.
Con información: Diario Español/ELPAIS/ Andrés Rodríguez/
Omar Treviño Morales,alias el «Z-42», no cruza un pasillo de cárcel: desfila su ego criminal por una jaula federal como si fuera pasarela de guerra psicológica. A través de una rejilla, unos ojos fríos, de contador de cadáveres, le echan ojo no a las cámaras, sino a los perros del custodio: “Bonitos perros, oficial”, abre el expediente de intimidación con tono de criador de Dobermans, no de reo en Estados Unidos.
Los Dobermans son leales, difíciles de entrenar, pero “efectivos”, explica el Z-42 como si estuviera dando clínica de manejo de fieras, mientras recuerda de paso que él, en México, entrenó hombres igual de obedientes, igual de letales.
Es uno de los máximos jefes de los Zetas, hermano de Miguel Angel Treviño,el temible Z-40 cartel que no solo sembró horror en los noventa y dos mil en México, tambien corrompió al actual gobernador de Morena,Americo Villarreal,via su abogado, quien fue su asesor y ya es un escandalo.
El Z-42, quien ya habría cío cambiado de penal, exportaba su marca de terror al centro de detención de Alejandría, en Virginia, como si fuera franquicia criminal con sede en Washington.
No amenaza “en general”: se va directo al guardia, nombre no revelado pero ya diseccionado por la inteligencia del capo. Le suelta que sabe qué perros le gustan, que ya conoce detalles domésticos y que eso es apenas el tráiler: “No se sorprenda, hoy sé qué perros tiene, en un mes sabré dónde vive”. Remata con la cifra fetiche del narco paramilitar: 3 mil hombres afuera, esperando una señal, listos para convertir la dirección del custodio en coordenada de operativo.
En esa geometría del miedo, los muros gringos dejan de ser contención y pasan a ser simple decoración carcelaria. El líder de uno de los carteles más sanguinarios se planta frente al aparato penitenciario de Estados Unidos para recordarle que él ya controló prisiones mexicanas, ya compró mercenarios, ya infiltró militares y que, comparado con su época dorada, este módulo en Virginia es casi un Airbnb con rejas.
La seguridad que rodeaba a personajes como él en México era comparable a la de un jefe de Estado, solo que aquí la “razón de Estado” la dictaba la nómina del cartel. “Nunca nos hemos ido de la plaza, nos hemos estado agarropando. Somos los Zetas, pura guardia vieja”, es la forma en que describe la persistencia de la marca, como si estuviera dando parte de guerra desde un búnker y no desde un dormitorio numerado.
En paralelo, mientras la vieja guardia presume antigüedad, en el ecosistema criminal aparece la criatura de laboratorio: Zetas Nueva Generación. Un grupo que ya no tiene que ver con los desertores originales del Ejército mexicano, pero que copia la lógica: brazo armado que impone terror en cualquier punto donde se plante, multiplicando el mensaje que Treviño resume en ultimátum: “A todos los volteados, es su última oportunidad. Que no se olvide que la letra se llama tatuada”.
Desde una prisión a mil quinientos kilómetros de la frontera que alguna vez dominaron con sangre y fuego, Treviño manda un recordatorio doctrinal: las rejas de una prisión federal son un filtro, no una barrera. Su frase operativa es tan simple como brutal: “Sé quién eres, sé qué te gusta y sé dónde encontrarte”. En el espionaje carcelario, la información es un arma más letal que un fusil de asalto, y el Z-42 lo sabe desde antes de ponerse uniforme naranja.
El reportaje hace rewind: antes de ser número en un sistema penitenciario estadounidense, Miguel y luego Omar lideraron a los Zetas en México, con una habilidad especial: retrasar su extradición a Estados Unidos alrededor de una década. No era solo corrupción local; era cálculo de tiempos, de juicios, de gobiernos, un juego de espera en el que la justicia gringa llegó tarde pero llegó.
La genealogía del monstruo empieza en los noventa, cuando desertores del GAFE —élite del Ejército mexicano— deciden cambiar de bando. No eran ladrones de esquina: eran especialistas en inteligencia, tácticas de asalto y guerra psicológica, entrenados para combatir insurgencias y terminando por fundar la suya propia, con nómina en dólares y contabilidad en cuerpos.
La violencia dejó de ser “balacera tradicional” y se convirtió en espectáculo macabro: ya no solo muertos a tiros, sino cuerpos descuartizados y exhibidos en lugares públicos para intimidar a población, rivales y autoridades por igual. Su nombre se vuelve susurro prohibido mientras introducen conceptos que el país no conocía en su escala industrial: derecho de piso, control de aduanas, disciplina castrense aplicada al crimen.
La estructura del grupo se diseña con lógica burocrática militar: jerarquía inquebrantable marcada por letra y número. Es una red criminal clave en el noreste de México, operando en Tamaulipas y zonas aledañas, incubada primero como brazo armado del Cártel del Golfo bajo la batuta de Heriberto Lazcano y otros “Zetas originales”.
Los hombres iniciales eran desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, con entrenamiento militar de élite, técnicas de contrainsurgencia y perfil de comando; su primera encomienda: proteger a Osiel Cárdenas Guillén y a los operadores fuertes del Cártel del Golfo. De ahí el tono de ultimátum que destila el archivo sonoro: “Alíguense y déjense de m**, no pongan a la m** en esta plaza”, advertencia de quien posee la fuerza para convertir un municipio en zona de exclusión.
No buscaban ser invisibles; al contrario, su modelo era ser vistos, temidos y comentados. El poder no residía únicamente en las armas, sino en el miedo paralizante que sembraban, al grado de operar como un ejército paralelo que desafiaba no solo a otros carteles sino al Estado mismo.
El expediente de brutalidad incluye uno de los episodios más violentos de la historia reciente: la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Ocurre en agosto de 2010, justo cuando los Zetas rompen con Osiel Cárdenas y el Cártel del Golfo; para entonces llevaban siete meses de divorcio armado y ya estaban reescribiendo el mapa del terror por su cuenta.
La captura de Omar Treviño, Z-42, ocurre en marzo de 2015. Durante su estancia en prisiones mexicanas, presuntamente siguió operando dentro del cartel y dando órdenes directas para mantener el horror en Tamaulipas, demostrando que, para esta estructura, cárcel mexicana muchas veces significó oficina con barrotes.
Ya en la etapa de cooperación forzada, en febrero de 2025, Miguel Ángel Treviño, el Z-40, y su hermano Z-42 son extraditados a Estados Unidos junto con Rafael Caro Quintero, otro tótem del narco histórico. El trío hace escala en el centro de detención de Alejandría, Virginia, un pequeño catálogo del narco de alto perfil en manos del sistema federal.
En un primer momento, los recluyen en Virginia, pero el historial y el comportamiento de Omar obligan a apretar tuercas. Cuando le imponen Medidas Administrativas Especiales (las famosas SAMS) por riesgo de comunicación y control externo, lo envían al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, el MDC, la vitrina donde han pasado El Mayo, Genaro García Luna, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, entre otros.
Miguel Ángel se queda en Virginia, pero ambos comparten algo más que sangre y alias: comparten despacho jurídico de lujo. El Z-40 y el Z-42 contratan a los mismos abogados que han representado a figuras clave del narco mexicano, pagando honorarios que son en sí mismos radiografía del poder económico acumulado por el cartel.
El abogado de cabecera es Eduardo Balarezo, litigante de Washington que figuró en la defensa del Chapo Guzmán y de otros pesos pesados. A través de estos “abogánsters”, como los describe el reportaje, el Z-42 consigue regresar del MDC al centro de detención de Virginia, de nuevo junto a su hermano, como si moviera fichas en un tablero judicial binacional.
Y es ahí donde abre la boca de más: amenaza al guardia, presume inteligencia sobre su vida personal y activa todas las alarmas administrativas. La respuesta institucional es sacarlo de circulación en esa unidad y enviarlo a una prisión en Pensilvania, donde actualmente espera juicio, y donde, a diferencia de otros, Washington ha decidido no negociar nada: en la mesa solo está el proceso y la posibilidad de una condena ejemplar.
Su extradición generó un suspiro de alivio en el norte de México, pero la sombra de su mando sigue tatuada en tierra y memoria. Las instrucciones que solía dar —“Sigan con sus actividades normales, que nosotros no los molestaremos en nada”— siguen funcionando como regla de convivencia mafiosa en territorios donde la autoridad aún entra con permiso.
El reportaje subraya el componente familiar del negocio criminal: las grandes organizaciones no dejan el mando en manos extrañas. Prefieren sangre conocida, gente entrenada por ellos mismos, con vínculos que garanticen que se respetará la tradición, se cuidará la marca y se priorizará la supervivencia del grupo sobre cualquier proyecto individual.
Ejemplo de esa continuidad es Juan Cisneros Treviño, alias “La Sombra”, presentado como uno de los líderes actuales de la organización, heredero de ese linaje Treviño hecho a punta de ejecuciones y alianzas. Aunque el grupo se ha fragmentado, el control es ahora más regional, más atomizado, pero sigue orbitando alrededor de la misma constelación de apellidos y códigos.
En resumen, el Z-42 no solo intentó controlar una cárcel en Estados Unidos con amenazas personalizadas; intentó recordarles que su verdadero territorio no es geográfico, sino psicológico. Desde una rejilla en Virginia o Pensilvania, su mensaje es el mismo que en Tamaulipas: la cárcel es estructura física; el miedo, ese sí, no conoce fronteras.
San Pedro de las «Ejecuciones» Garza Garcia Nuevo Leon,puede presumir todos los powerpoints que quiera, pero con un ejecutado a plena luz del día afuera de Arboleda y muchos mas con antelación, lo que tienen no es “blindaje”, es campaña de relaciones públicas con chaleco antibalas.
San Pedro: récord histórico…en negación
La ENSU 2026 de 24 de Abril del INEGI, sí confirma que San Pedro Garza García trae la percepción de inseguridad más baja del país: 4.4% en marzo de 2026, contra 8.7% en diciembre. Traducido al idioma de los boletines: 95.6% dice sentirse “seguro”, o sea, 9.5 de cada 10 sampetrinos felices en su burbuja.
El propio reporte de resultados subraya que San Pedro es el área urbana con la mayor reducción de percepción de inseguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, pasando de 8.7 a 4.4, por debajo incluso de lugares que ya eran relativamente tranquilos como Piedras Negras. Eso es un récord, sí; la pregunta es: récord de seguridad o récord de desconexión con la realidad cuando un hombre de Sinaloa cae asesinado frente a un policía vial en el corazón del “oasis” norteño.
Mientras el municipio vende la idea de que el “blindaje” es producto de “presencia operativa y coordinación efectiva”, la misma ENSU muestra que a nivel nacional 61.5% de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, es decir, San Pedro no es la norma, es la excepción encapsulada.
Nuevo León: el club de los iluminados
San Pedro no está solo en la pasarela del “Nuevo León seguro”. Apodaca baja de 32.6 a 26.1%, San Nicolás de 27.5 a 19.4%, Guadalupe de 44.2 a 37.0, y Santa Catarina de 45.7 a 42.6 en percepción de inseguridad entre diciembre 2025 y marzo 2026. Monterrey también mejora un poco, de 62.6 a 59.7%.
Solo Escobedo rompe el coro y se va para arriba: de 46.8 a 48.4%, mientras todos los demás sacan su diploma de “mejoramos varios puntitos”. Es decir, en el discurso oficial, el Área Metropolitana de Monterrey es casi un showroom de políticas de seguridad ejemplares… hasta que la nota roja aparece en video y revienta la burbuja de la percepción.
Por si fuera poco, la propia ENSU revela que en el primer trimestre de 2026, 38.2% de la población nacional tuvo algún conflicto o enfrentamiento directo con otras personas, y San Pedro no está fuera del mapa: pasa de 27.5 a 30.6% en conflictos, mientras Santa Catarina se dispara de 23.1 a 44.4. Mucha “sensación de seguridad”, pero la gente se está peleando más con vecinos que con los criminales.
Reynosa: Las ligas de Americo dejan Inseguridad de grandes ligas.
Vámonos a Reynosa, en el Tamaulipas de Morena y Américo Villarreal, donde la percepción de inseguridad no se “contiene”, se dispara. Según la ENSU, Reynosa pasa de 81.7% en diciembre de 2025 a 86.1% en marzo de 2026, o sea, casi 9 de cada 10 personas sienten que vivir ahí es inseguro. Un año antes, en marzo de 2025, estaba en 74.1%, así que en vez de mejorar, se pudre: más de 12 puntos arriba en un año.
Mientras San Pedro presume récord histórico a la baja, Reynosa presume récord histórico… pero de resignación al plomo. La ENSU deja claro que Reynosa está entre los municipios donde la percepción empeoró de forma significativa, mientras que San Pedro aparece en el extremo opuesto.
Y aquí viene lo más incómodo para la narrativa oficial: Culiacán, capital consentida de las balas felices, está en 84.4% de percepción de inseguridad en marzo de 2026, por debajo de Reynosa, que se coloca en 86.1%. Sí: la tierra del cártel emblemático registra menor percepción de inseguridad que la joya del “nuevo” Tamaulipas “en transformación”.
Tabla rápida: para que no digan que es “percepción selectiva”
Ciudad
Diciembre 2025 inseguro (%)
Marzo 2026 inseguro (%)
Tendencia ENSU
San Pedro Garza García NL
8.7
4.4
Baja fuerte, récord “histórico” nacional
Reynosa Tamps
81.7
86.1
Sube, más gente se siente insegura
Culiacán Sin
88.1
84.4
Baja, pero sigue muy alta
Culiacán baja un poco (de 88.1 a 84.4),pero sigue en los niveles de siempre: arriba del 80%, zona de guerra normalizada. Reynosa, en cambio, decide competirle hacia arriba, mientras el gobierno estatal vende la película de la “pacificación” y la “coordinación con la federación”.
Percepción versus realidad: la encuesta no miente, pero el discurso sí acomoda
INEGI hace su chamba: te dice, con método y tabla, que San Pedro tiene la menor percepción de inseguridad del país, que es el municipio con la caída más fuerte del trimestre, y que Nuevo León tiene varias áreas urbanas con reducciones relevantes. También te dice que Reynosa está en la franja donde la percepción se agrava, y que Culiacán, aún altísimo, baja unos puntos.
El truco está en lo que los gobiernos hacen con esos numeritos:
En San Pedro, convierten la estadística en estampita milagrosa: “récord histórico nacional”, “blindaje”, “referente en seguridad”, todo esto en un municipio donde, cronológicamente, la encuesta se levantó antes de un asesinato a plena luz del día en Arboleda frente a un policía vial.
En Reynosa, la estrategia es culpar al pasado, a “herencias” y a la “percepción” mientras la propia ENSU marca el deterioro: 74.1% a 86.1% en un año de gobierno “humanista”.
Y en Culiacán, el descenso de 89.7 a 84.4% permite contar la narrativa de “algo estamos haciendo bien”, aunque 8 de cada 10 sigan sintiéndose en zona de riesgo constante.
Mientras tanto, a escala nacional la gente sigue modificando su vida por miedo: 43.7% dejó de llevar cosas de valor, 39.1% dejó de caminar de noche alrededor de su vivienda y 39.2% no deja salir solos a menores del hogar por temor al delito, todos datos del primer trimestre de 2026. Esa no es la foto de un país en “récord de seguridad”, sino de una sociedad que se encierra y se adapta a la violencia.
En resumen: San Pedro es el alumno aplicado en el examen de “percepción”, Reynosa es el ejemplo vivo de cómo siempre se puede estar peor que Culiacán en la mente de la gente, y los gobiernos de ambos lados venden la encuesta como les conviene.
La ENSU no lava caras; los que lavan son los que convierten cuadros estadísticos en propaganda, mientras el plomo se encarga de recordar que la realidad no cabe en un comunicado y menos en «Reynosa la maldosa» territorio que gobierna el crimen organizado que gobierna a Morena y Americo Villarreal.
«Pobre Reynosa,tan cerca de EE.UU y tan lejos de la cura prometida por el doctor que resultó charlatán».
En otro estado campeón del simulacro de justicia, donde el 94.11 por ciento de los casos se van directo al archivo muerto y el asesinato a plena luz del día en Arboleda,en San Pedro Garza García N.L, no es una excepción: es el estándar de fábrica en todo Mexico.
Crónica de una impunidad anunciada
Diez días después de que a Juan Carlos García Núñez, sinaloense de 26 años, lo acribillaran en mediodía godín dentro de una camioneta blindada frente a policia de transito frente a Arboleda, la Fiscalía de Nuevo León y el municipio de San Pedro siguen en lo suyo: mirando al techo y “reservando” la información.
Ni móvil, ni responsables, ni una triste captura de las al menos 63 cámaras públicas y privadas de la zona de Avenida Roble; lo único que avanza es el calendario y el porcentaje de casos no resueltos que coloca a Nuevo León arriba del 90 por ciento de impunidad, como ya documentan ejercicios recientes de medición.
La versión oficial es casi poética: la Fiscalía de Javier Flores dice que todo está bajo llave “para avanzar en las investigaciones” y “proteger al testigo”, que no es otro que el policía vial armado que detuvo a la víctima y vio, en primera fila, cómo lo ejecutaban.
Traducción al castellano castizo: no preguntes, no estorbes y, si acaso, agradece que no te toque a ti ser el siguiente testigo “protegido”.
El tránsito con memoria selectiva
Del lado municipal el show corre por cuenta de un agente de tránsito que empezó diciendo que sólo revisaba documentos y acabó confesando que andaba cazando un “moche”.
No encendió la bodycam, pese a estar obligado a grabar toda interacción, y cuando la Fiscalía admitió públicamente esa omisión, convenientemente olvidó explicar el porqué de esa pequeña ilegalidad con olor a colusión.
El policía ni siquiera ha sido oficialmente identificado, pero sí goza de un spa jurídico VIP: separado del cargo, pero no inhabilitado, y en libertad “bajo las reservas de ley” mientras “concluyen las investigaciones”.
En un estado donde más del 90 por ciento de las carpetas se pierden en el limbo institucional, esa frase es casi una absolución anticipada, un pase directo al club del 94.11 por ciento que nunca verá una sentencia.
El carro fantasma y las cámaras de adorno
El vehículo del sicario hizo tour turístico: salió de San Pedro y fue a aparecer en Pesquería, cruzando cinco municipios metropolitanos llenos de patrullas, retenes, arcos de vigilancia y cámaras que en los PowerPoints siempre funcionan perfecto.
En la vida real, las cámaras se vuelven tímidas justo cuando hay balazos; parecen diseñadas para multar placas vencidas, no para seguir autos de homicidas.
Mientras tanto, la autoridad no ha explicado cómo demonios nadie detectó ese carro, ni por qué de todo ese sistema de “seguridad inteligente” sólo queda la parte de la deuda pública.
En un país donde en promedio nueve de cada diez casos se quedan sin resolver, lo lógico no es pensar que falló el sistema, sino preguntarse cuántos funcionarios tuvieron que hacer bien su trabajo para asegurar que no pasara nada.f
El alcalde zen y la fe ciega en la Fiscalía
El Alcalde panista Mauricio Farah pide paciencia, mesura y confianza ciega: “hay que dejar que la Fiscalía termine y, cuando sea el momento, se esclarecerán las dudas”.
La traducción al castellano peninsular sería algo así como: “no arméis alboroto, que los muchachos de la Fiscalía están en ello… o eso dicen entre café y café”.
El problema es que en otros casos en San Pedro, con menos reflectores, las mismas autoridades municipales salían enseguida a presumir avances, hasta dando de baja policías sospechosos en tres días, como ocurrió en un homicidio del 2 de diciembre de 2024.
Hoy, en cambio, con un policía cazando “moche”, bodycam apagada, ejecución a metros de tiendas de lujo y un coche fantasma cruzando media zona metropolitana, la consigna oficial es silencio administrativo y fe religiosa en una institución que, estadísticamente, sólo resuelve una fracción mínima de los delitos que le caen.
Nuevo León, vitrina de lujo para la impunidad
El mapa nacional de casos no resueltos dibuja a México como un museo de la impunidad, con varios estados rebasando el 90 por ciento de carpetas que jamás llegan a una solución efectiva, y Nuevo León instalado cómodamente en esa franja oscura, como publica Mexico Evalúa.
La escena es casi didáctica:
Un joven sinaloense, cantante de corridos tumbados, ejecutado en una de las zonas más “seguras” y exclusivas del país.
Un tránsito municipal que apaga la cámara, negocia un moche y se convierte de pronto en testigo estrella.
Una Fiscalía que reserva todo con el pretexto de proteger la integridad del testigo, pero no protege el derecho de la sociedad a saber qué pasó.
Un alcalde que predica prudencia mientras el expediente se encamina alegremente a la estadística nacional del “caso no resuelto”.
En resumen, el caso Arboleda no rompe la lógica del sistema: la confirma.
En un Nuevo León con más del 90 por ciento de impunidad penal, lo verdaderamente sospechoso sería que este asesinato se esclareciera; eso sí sería noticia, porque implicaría que, por una vez, alguien decidió traicionar al 94.11 por ciento.
