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miércoles, 21 de octubre de 2026

«ESE DÍA los MAYOS NUNCA LLEGARON»: a 7 AÑOS del CULIACANAZO en SINALOA AÚN se PADECE una GUERRA de BANDOS con EFECTO de 70 CULIACANAZOS»… pero la rivalidad ya germinaba.


Se cumplen siete años del primer culiacanazo, aquel episodio del jueves 17 de octubre de 2019 que le dejó a la vida culichi una cicatriz que no cierra. Desde entonces, nada volvió a ser igual. El miedo encontró dónde instalarse: en la cabeza de quienes salen a trabajar antes del amanecer; de quienes buscan un rato de descanso por la noche; de quienes entonces iban en secundaria o preparatoria y pasaron horas encerrados en una plaza, tirados en el piso; de las madres que, en una ciudad como esta, nunca terminan de quitarse la angustia de encima.

Aquel día se quedó clavado. En un abrir y cerrar de ojos los ciudadanos entendieron que la ciudad no era suya y tampoco del Gobierno, por mucho uniforme, oficina y discurso que tuviera. Era de los narcos.

El enfrentamiento fue contra las fuerzas gubernamentales, pero también abrió más una herida dentro del propio negocio criminal: la relación de los Chapitos con Ismael Zambada García, el Mayo, el capo más emblemático de la historia moderna de Sinaloa y de México. Los operadores de los hijos de Joaquín Guzmán pidieron refuerzos a las células del Mayo. La ayuda nunca llegó. Los Chapitos se batieron solos y terminaron ganando la batalla.

El objetivo era recuperar a Ovidio Guzmán, detenido por fuerzas federales en una de sus casas del Desarrollo Urbano Tres Ríos. Con Culiacán en llamas y el Gobierno contra las cuerdas, el bajo mundo interpretó aquella jornada como la “graduación” de los Chapitos. Su ceremonia de titulación tuvo balazos, muertos y una ciudad entera de rehén.

Al caer la tarde, el Gobierno cedió. Entregó a Ovidio y apaciguó la furia de sus hermanos. Para entonces, según el recuento de Rio Doce, un integrante de la Guardia Nacional había muerto y al menos una decena de soldados estaban heridos. 

La misma crónica señala un saldo oficial de 12 civiles muertos, sin contar los cuerpos de los gatilleros que sus propios cómplices retiraron de los escenarios de la guerra minutos después del acuerdo con el gabinete de seguridad. Para esa faena, sostiene el relato, el Gobierno les concedió tiempo y espacio. La autoridad puso la retirada; ellos recogieron los restos.

Días después, el autor de la crónica vio videos de cámaras domésticas de la colonia Chapultepec: comandos reunidos en una calle, hombres bajando de camionetas con las armas a la espalda, apretones de manos, abrazos y festejos. Eran las seis de la tarde. Lo habían conseguido. Mientras la ciudad intentaba volver a respirar, ellos celebraban.

Pero los Chapitos también tomaron nota de quién no había llegado.

La relación con el Mayo ya venía enfriándose. Su padre había sido condenado a cadena perpetua en Nueva York, y los testimonios de Vicente Zambada Niebla, hijo del Mayo, y de Reynaldo Zambada García, su hermano, habían sido determinantes para hundir al Chapo. Tambien trascendió que el propio Mayo había pedido a los Chapitos que convencieran a su padre de declararse culpable: que era lo mejor para todos. Para todos, claro, salvo quizá para quien iba a cargar con la condena.

No ocurrió. Y después del 17 de octubre de 2019, la distancia entre las dos facciones dejó de ser un asunto disimulado.

Apenas pasó un mes antes de que comenzaran las fricciones entre sus comandos. El 25 de noviembre de aquel año aparecieron 11 policías municipales de la sindicatura de Tepuche con las nalgas molidas a tablazos. Según el relato, los responsables fueron pistoleros del Ruso, identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, operador del Mayo. Los municipales trabajaban para los Chapitos y a los otros no les hizo ninguna gracia: aquella plaza, consideraban, era de los mayos. La distribución del territorio se hacía a golpes; la de las lealtades policiales, también.

Por esos días, un comando encabezado por el Nini, Néstor Isidro Pérez Salas, entró con patrullas clonadas a Agua Caliente, el poblado donde nació. La incursión encendió las alarmas de los mayos. Después vinieron los encuentros en las brechas, los choques en el norte de Culiacán y las confrontaciones en avenidas de toda la ciudad. El Mayo terminó frenando las hostilidades al enviar al Ruso a la frontera.

Pero el huevo de aquella guerra ya se incubaba desde el juicio del Chapo en Brooklyn.

Los Chapitos siguieron la escuela de su padre: invirtieron tiempo y recursos en levantar un ejército de sicarios, con Culiacán como plaza principal y presencia en los demás municipios donde operaban. Según la crónica, también reprodujeron el método de los viejos jefes: apropiarse de las policías municipales y sobornar a mandos estatales y federales. La herencia no consistía únicamente en contactos y dinero; incluía el manual para comprar autoridad y administrar impunidad.

Ya no eran simplemente los hijos del Chapo. Eran los Chapitos: una facción del Cártel de Sinaloa, con Iván Archivaldo Guzmán Salazar al frente.

Bola y cadena: de las armas a las urnas

Y, como los viejos, también metieron las manos en la política. Porque controlar calles y policías no les bastaba: faltaba intervenir en quién se sentaba a gobernar.

El artículo atribuye a sus operaciones un papel vital en las victorias de Morena en algunos municipios y en la elección estatal de 2021, cuando Rubén Rocha Moya ganó la gubernatura y Américo Villarreal,hoy gobernador de Tamaulipas,fue delegado de Morena.

Aqui Rio Doce describe lo ocurrido en Badiraguato, Concordia y Escuinapa como un despliegue de narcopolítica sin pudor aun sin castigo.

En 2022, Rocha organizó una posada en Jesús María y llevó miles de regalos y cientos de bicicletas. Era el pueblo de Griselda López Pérez, madre de Ovidio Guzmán, y el lugar donde este se refugiaba, custodiado por cientos de pistoleros, de acuerdo también con Rio Doce.

Veinte días después de aquella fiesta, las fuerzas federales detuvieron a Ovidio a sangre y fuego. Del reparto de regalos al operativo armado: veinte días de distancia.

Sentido contrario: Ovidio, el Mayo y la guerra

Después de esa captura, los Chapitos cambiaron sus prioridades. Defender a Ovidio en los tribunales estadounidenses se convirtió en un asunto central. No iban a dejarlo solo.

La crónica sostiene que se pusieron de acuerdo con agencias estadounidenses y planearon el secuestro del Mayo. Es una acusación que el texto presenta como parte de su explicación del conflicto, no un hecho acreditado aquí de manera independiente.

Conocían las debilidades del Gobierno mexicano y, según ese relato, las aprovecharon.

Y estalló la guerra. La factura, otra vez, quedó para la ciudad.

Con información: ISMAEL BOJORQUEZ/RIO DOCE/publicado el 18 de octubre de 2026 en la edición impresa 1238 del semanario .

“LEGISLAN para la FOTO: DIPUTADOS ILUSOS VAN a COMBATIR al CRIMEN con MÁS LEYES contra RECLUTAMIENTO FORZADO”… el problema no es de leyes, sino de cumplimiento de las leyes.


La Cámara de Diputados encontró otra vez la manera más cómoda de enfrentar al crimen organizado: subir a la tribuna, aumentar las penas y posar junto al problema como si ya lo hubiera resuelto. Con 419 votos a favor y ninguno en contra, aprobó tipificar el reclutamiento forzado de personas. La unanimidad luce impecable en el comunicado; falta ver si consigue salir de él.

Porque una cosa es tener un país de leyes y otra, bastante más exigente, tener un país donde las leyes se cumplan. Para lo primero alcanzan los votos, las sesiones y una buena oficina de comunicación social. Para lo segundo hacen falta investigaciones, protección a las víctimas, fiscales que respondan, policías que investiguen y autoridades dispuestas a abandonar la complicidad para perseguir a los responsables, no solamente a anunciar que ahora sí podrán perseguirlos.

La reforma incorpora a la legislación general contra la trata de personas un capítulo sobre reclutamiento forzado. Prevé entre 10 y 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días de multa para quien invite, induzca, incorpore o reclute personas para la delincuencia organizada, mediante engaño o sin él. Cuando intervengan intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las penas serán de entre 15 y 25 años y de 10 mil a 80 mil días de multa.

También establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se entenderá y castigará como forzado. Contempla, además, incrementos de hasta una mitad en determinados supuestos relacionados con antecedentes en seguridad privada, corporaciones de seguridad pública o la Fuerza Armada Permanente, así como con el aprovechamiento de información confidencial o capacitación.

Son disposiciones relevantes. Precisamente por eso merecen algo mejor que convertirse en utilería parlamentaria.

La cárcel de papel

La simulación comienza cuando se presenta la aprobación de una norma como si fuera el cumplimiento de una obligación. No lo es. Describir mejor un delito puede aportar herramientas para perseguirlo; no produce, por generación espontánea, investigaciones sólidas, responsables detenidos ni víctimas protegidas.

El reclutador no queda neutralizado porque un diputado pronuncie «hasta 25 años de prisión». Esa pena necesita una investigación que identifique al responsable, pruebas que sostengan la acusación y una sentencia que pueda ejecutarse. Sin esa cadena, el endurecimiento penal sirve para endurecer el discurso y poco más.

Ahí está la terquedad legislativa: ofrecer más texto cuando también se necesita exigir resultados. Confundir la facultad de escribir obligaciones con la capacidad de hacerlas cumplir. Vender el instrumento como si fuera el trabajo terminado.

Todos contra el delito; las responsabilidades, por separado

Durante el debate, Noemí Luna señaló la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades como condiciones que facilitan el reclutamiento. También cuestionó los obstáculos para que el fiscal de Jalisco comparezca por lo ocurrido en el Rancho Izaguirre.

El señalamiento toca el nervio del asunto: ¿qué valor tiene presumir nuevas herramientas de rendición de cuentas mientras se obstaculiza el escrutinio de quienes deben responder? La exigencia, desde luego, debe aplicarse a todos los partidos, no únicamente al adversario de turno. De otro modo, la indignación también acaba convertida en propaganda.

Pablo Vázquez Ahued sostuvo que la modificación permitirá que las fiscalías asuman sus responsabilidades sin ambigüedades. Bien: que esa promesa se traduzca en expedientes, no en otra explicación sobre por qué nadie era competente.

Socorro Jasso reconoció que combatir el reclutamiento exige mucho más que penas de prisión: instituciones capaces de investigar, sancionar y atender integralmente a las víctimas. Esa advertencia debería ser el criterio para evaluar la reforma, no la nota al pie que se olvida después del aplauso.

Elena Segura destacó el alcance nacional de la disposición. Pero la cobertura jurídica tampoco debe confundirse con presencia efectiva del Estado: que una conducta pueda perseguirse en todo el país no significa que efectivamente vaya a perseguirse.

Menos celebración, más cuentas

No sobra una norma útil. Sobra la pretensión de cobrarla como victoria antes de demostrar que funciona.

Si los legisladores quieren distinguirse de los farsantes, tienen una tarea menos fotogénica que levantar la mano: vigilar la implementación, revisar capacidades y presupuestos, exigir cuentas a las fiscalías y dar seguimiento a la protección de las víctimas. Preguntar cuántas denuncias se investigan, cuántos responsables llegan ante un juez y qué ocurre con las personas rescatadas.

La pose consiste en mandar una señal mediática y dar por cumplida la responsabilidad pública. La seriedad empieza después de la votación.

Porque el crimen organizado no se combate acumulando amenazas de cárcel en el papel. Se combate haciendo que la ley alcance a quienes hoy actúan como si no existiera.

Con información: ELNORTE/

«FINGIÓ DEMENCIA: DIPUTADA MAGALY BUSCA GOBERNAR REYNOSA y su PROVEEDOR es LUGARTENIENTE del CDG que CENÓ con AMÉRICO»… todo el aparato de gobierno estatal come de su mano.


A la hora de pedir el voto, la honestidad se presume con micrófono. A la hora de explicar quién arregla la camioneta y a qué proveedor se le tramitan recursos del Congreso de Tamaulipas, aparece la amnesia.

Magaly Deandar Robinson, diputada local de Morena en esta entidad aun gobernada por Americo Villareal, fue cuestionada sobre la solicitud de pagos para Mario Guitián Rosas, señalado como presunto lugarteniente del Cártel del Golfo en Reynosa. Su respuesta fue tajante: NO.

Pero documentos oficiales aparece una hoja con su nombre y firma que incluye al proveedor LLANTIRES LLC MÉXICO y pone en entredicho su versión. La contradicción merecía algo más que un “honestamente no sé”.

En la entrevista del 21 de octubre, la pregunta fue directa:

—¿Usted no ha solicitado que le paguen servicios del Congreso del Estado a Mario Guitian Rosas?

La respuesta también:

—No. No, honestamente no sé si me puedes explicar de qué se trata. La única refaccionaria que he utilizado es un taller que se llama Treviño, ahí me arreglaron mi camioneta.»

Hasta ahí, el relato de la diputada que recien se registro en el preámbulo de conseguir la candidatura a la alcaldía de Reynosa.

El proveedor que sí aparece en el papel

La Unidad de Transparencia del Congreso de Tamaulipas,obligada por la ley, remitió mediante el oficio LEG66/UT/314/2026, fechado el 3 de septiembre, la respuesta de Tesorería a una solicitud que pedía documentos sobre gestiones, solicitudes o autorizaciones de diputados para pagar servicios con recursos públicos a distintos establecimientos, entre ellos Treviño Refacciones y Llantires LLC México. Tesorería respondió que anexaba la documentación solicitada.

Entre las imágenes de esos documentos figura una hoja con el nombre de la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson y una firma. En el único renglón que quedó visible aparece “LLANTIRES LLC MEXICO”, el concepto “MANTENIMIENTO TRANSPORTE” y un importe de 8,208 pesos. 

El resto de los renglones está cubierto por testaduras. Esa hoja documenta la inclusión del proveedor y el importe.

La pregunta, entonces, no necesita adjetivos para incomodar: si la única refaccionaria que reconoce haber utilizado es Treviño, ¿por qué aparece Llantires en un documento con su nombre y firma, entregado por Tesorería en respuesta a una solicitud sobre pagos gestionados por legisladores?

La memoria política puede tener baches, igual ocurre con Humberto Prieto, flamante presidente de la Junta de Gobierno.La rendición de cuentas no debería funcionar como taller de hojalatería para enderezar versiones.

El nombre detrás de la empresa

Un documento del Registro Público de Comercio identifica a LLANTIRES LLC MÉXICO, S. A. DE C. V., constituida mediante instrumento del 15 de agosto de 2019. En la sección de capital aparece Mario Guitián Rosas con 70 acciones, por un valor total de 70,000 pesos, frente a un capital social mínimo de 100,000 pesos. El documento acredita su participación accionaria al constituirse la sociedad.

No es un nombre que aparezca únicamente en un registro empresarial. En Valor Tamaulipeco hemos identificado a Mario Guitián Rosas como “La Chispa” y hemos replicado informacion de prensa nacional que lo señala como operador de Los Metros, facción del Cártel del Golfo reconocido por la DEA,como publicó ADN Noticia.

El periodista Héctor de Mauleón en El Universal exhibió el 29 de septiembre de 2025, no solo su catadura criminal,tambien documento la presencia en una reunión con Américo Villarreal. 

De la misma informacion se advierte que tanto a Taller Treviño como a Taller LLANTIRES se sitúan en una relación de negocios que se atribuyen a Guitián Rosas. 

La honestidad no se acredita con cara de sorpresa

Aquí la hipocresía que debe ponerse bajo la lupa es la distancia entre la pureza que se vende en el discurso y la disposición a explicar, sin rodeos, los proveedores que aparecen en los papeles y que se busca diluir con dichos de guerra sucia.

Esta no es la única diputada que mantiene estrecha cercanía con el crimen organizado, como ha quedado lastimosamente evidenciado.

Con información: AnalisisMex/

“AL VOLANTE, en la COCINA y LÍDER de PROYECTO: TRAPACERÍAS en el INE PRESUMEN CATADURA de CORRUPTA de la PRESIDENTA TADDEI”…de moralmente poco etico a delictivo.


En la oficina de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, los cargos parecen servir para todo, menos para explicar qué hace cada quién. Hay un chofer contratado como “líder de proyecto” que también le cocina y otro acreditado para transportarla al que, según la información citada, no se le ve ni manejando sus vehículos ni en las oficinas del Instituto. Eso sí: ambos tienen una categoría administrativa más lucidora que la de conductor.

El sonorense Luis Alberto Bustamante Canizales percibe casi 70 mil pesos mensuales como “líder de proyecto”, aunque se le ha visto al volante del vehículo de la presidenta. 

Según fuentes del organismo electoral citadas en el texto, también prepara sus alimentos. Un empleado multifuncional: del volante al sartén, con una plaza cuyo nombre no permite saber dónde termina el proyecto institucional y dónde empieza el servicio personal.

Bustamante acompaña a Taddei desde que ella encabezaba el organismo electoral de Sonora. En aquella etapa ocupó una plaza de “analista administrativo”. Ahora aparece como “líder de proyecto”, pero las labores descritas siguen teniendo bastante más de asistencia personal que de conducción de proyectos.

También se le vio manejar una camioneta blindada que no pertenecía a la flotilla del INE. Taddei explicó que se la habían “prestado”, pero no reveló quién. Una cortesía con blindaje y benefactor sin identificar: precisamente el tipo de favor que una autoridad electoral tendría que explicar sin rodeos.

El otro nombre es Jonathan Navarrete Torres. De acuerdo con lo publicado por Grupo REFORMA, está acreditado oficialmente como chofer de Taddei y tiene encomendada la función de transportarla “de manera segura y eficiente”. Sin embargo, su nivel en el tabulador es LC4, correspondiente a un “jefe de departamento”. Al parecer, hasta para llevar el volante hace falta membrete de oficina.

Pero el asunto rebasa la creatividad de la nómina. Según el Registro Público de Comercio citado en la información, Navarrete figura como apoderado para “pleitos y cobranzas” de Corporativo Zeg, una proveedora del INE que, de acuerdo con el mismo reporte, es investigada por la UIF por presunta corrupción. Esa relación exige aclaraciones: una investigación no acredita culpabilidad, pero tampoco vuelve irrelevante el vínculo entre un empleado de la presidencia y una empresa proveedora del Instituto.

Y queda la pregunta más elemental: ¿dónde está el chofer? Según la información proporcionada, a Navarrete no se le ve en las oficinas del INE ni conduciendo los automóviles de Taddei. El reporte lo presenta como un chofer “fantasma”; corresponde al Instituto documentar qué labores realiza, dónde las desempeña y cómo se comprueba su cumplimiento.

El contraste tampoco ayuda. De acuerdo con el directorio citado, el INE cuenta con 211 choferes en oficinas centrales y sus 332 delegaciones. Cuatro consejeros sí tienen registrados a sus conductores como tales, con remuneraciones de entre 31 mil y 39 mil pesos mensuales. El “líder de proyecto” que conduce y cocina para Taddei percibe casi 70 mil.

La diferencia relevante no es que ambos empleados tengan estudios de preparatoria: la escolaridad no demuestra una irregularidad. Lo que exige explicación es la correspondencia entre sus nombramientos, sus funciones efectivas, sus remuneraciones y, en el caso de Navarrete, su relación con una proveedora del organismo.

Una red de siete empresas proveedoras del INEy otros organismos electorales locales es indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.

Actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas, pero la investigación se encuentra en curso y la autoridad federal no ha informado de las firmas y sujetos sancionados.

Además, entre el 2023 y el 2024, la UIF bloqueó más de 400 cuentas bancarias de 13 personas físicas y siete empresas, como parte de la indagatoria a proveedores de materiales electorales.

También se investiga a empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recibieron recursos de alguna de esas firmas de proveeduría electoral investigadas.

La red de corrupción es encabezada, según la investigación, por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco HernándezCasillas, vinculados a Corporativo Zeg y Cajas Graf, y cinco firmas más, a quienes se relaciona con el equipo administrativo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aunque hicieron negocios desde el 2012.

Personajes como Jesús Octavio García González, quien fungió como director de Administración del INE entre septiembre del 2025 y abril del 2026, y Claudia Espino, quien fuera Secretaria Ejecutiva entre noviembre del 2024 y septiembre del 2026, son algunos de los investigados por estar involucrados directamente en contrataciones irregulares, aunque el foco principal está en los hermanos Hernández.

La indagatoria incluye licitaciones en el instituto electoral de Sonora, cuando Taddei fue presidenta del organismo, donde se acreditó simulación de competencia mediante propuestas que aparentaban ser independientes o alianzas entre sociedades vinculadas con el fin de favorecer al grupo de los Hernández.

«El análisis financiero, fiscal y corporativo», dice el reporte, «permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras».

Las empresas relacionadas con los Hernández son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Grupo REFORMA documentó que García fungió en distintas contrataciones con el INE y organismos electorales locales como representante de al menos Cajas Graf y Corporativo Zeg.

En esa condición fue nombrado en septiembre del 2025 por Taddei como director de Administración del INE.

El pasado 3 de febrero, Grupo REFORMA publicó que García había representado a Corporativo Zeg para ganar en el INE un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer al Instituto de urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio del 2024.

Aún así fue nombrado por Taddei funcionario del Instituto, a pesar del evidente conflicto de interés.

El 20 de enero del 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por conflicto de interés y abuso de funciones.

García tuvo que renunciar en abril pasado a su cargo como director de Administración en medio de la polémica de su relación empresarial.

Desde el 2025, también fue contratado en el INE como chofer de la presidenta del organismo, Jonathan Navarrete Torres, quien según el Registro Público de Comercio es apoderado de Corporativo Zeg.

Con información: ELNORTE/