En México la libertad de expresión no se censura… se administra. Se dosifica con contratos de publicidad, se castiga con demandas y, si hace falta, se intimida con el viejo catálogo de siempre: presión política, chantaje económico o el elegante “no te conviene”.
El artículo de Sergio Aguayo para EL Norte lo deja claro sin decirlo de frente: la relación entre poder y prensa nunca ha sido de principios, sino de presupuesto. Ahí están los números —La Jornada recibió mil 304 mdp; Milenio Diario 300 mdp; El Universal 138 mdp; El Financiero, 75 mdp; y REFORMA 24 mdp (cifras actualizadas a pesos de 2024). Se desconocen los criterios empleados. En este país, la línea editorial muchas veces empieza en la tesorería.
Y si alguien cree que esto es nuevo, basta rascarle tantito a la historia: desde el expresidente Plutarco Elias Calles cerrando periódicos incómodos hasta Manuel Bartlett operando castigos financieros. Cambian los nombres, no las mañas. Hoy no necesitas clausurar imprentas; basta con asfixiar ingresos o soltar a los fieles operadores judiciales.
Pero donde el asunto se vuelve más turbio es fuera de la CDMX. Porque no es lo mismo escribir desde un corporativo en Reforma que desde Tamaulipas, donde el poder político bajo el gobierno e Morena y Americo Villarreal no camina solo y donde el silencio muchas veces no es autocensura, sino instinto de supervivencia y no solo economíca.
Ahí es donde el texto de Aguayo conecta con el caso tamaulipeco: los relevos en comunicación social, antes «Paco» Cuellar,ahora el Nayarita Ricardo Algarin Hernandez— no cambian el sistema, solo cambian al operador del “chayote”. Se va Paco, llega Algarín, pero el mecanismo sigue intacto: premiar al dócil, castigar al incómodo y mantener alineado el relato.
Porque el verdadero mensaje es este: en estados como Tamaulipas, la libertad de expresión no depende de la Constitución, sino del humor del gobernador, del presupuesto disponible y de qué tan peligroso resulte publicar lo que sabes.
El periodista, entonces, no solo escribe: calcula. A quién incomoda, quién puede responder, qué tan caro puede salir. Y aun así, publica.
Por eso la frase final del texto pesa más de lo que parece: sí hay márgenes de libertad, pero vienen con gruñidos, manotazos… y a veces algo peor.
Y en ciertas plazas del país, esos “gruñidos” no son metáfora.
Que agentes extranjeros urden y ejecuten una operación para secuestrar en territorio mexicano a un capo del narcotráfico, vaya y pase. Pero lo que no se puede permitir es que cuando se le pregunte al embajador que representa al país que violó la soberanía nacional e hizo un arresto en suelo mexicano mienta y diga que no hubo ninguna operación, no se vale que responda “a mí que me esculquen, yo no sé nada”.
Ken Salazar mintió y traicionó a la Cuarta Transformación, incurrió en dos de los pecados capitales del credo del movimiento de transformación. Le mintió a la cara al mismísimo padre del movimiento. Traicionó a aquel buen hombre que le abrió de par en par las puertas de Palacio Nacional.
Capos hay muchos, que se lleven a uno sin permiso es algo grave, pero lo que más duele, es la mentira, y más cuando Salazar era casi un funcionario del gobierno del presidente López Obrador, quien lo recibió en la oficina presidencial en más ocasiones que a varios de los miembros de su gabinete.
Salazar no solo tenía derecho de picaporte en la oficina presidencial, sino que no había secretario de Estado, gobernador, alcalde, senador o diputado que no le tomara el teléfono para acordar con él temas sin el engorroso trámite de pasar por la cancillería, como lo hacen el resto de los embajadores acreditados en México.
Nada le costaba que cuando el presidente López Obrador le preguntó: ¿A ver mi Ken, que pasó aquí, cómo que “El Mayo” cayó del cielo en territorio estadounidense?, el embajador respondiera con la verdad. Quizá le habría ocasionado un enojo momentáneo a su amigo Presidente, pero la confianza no se hubiese perdido.
Usted recordará que en julio de 2022 el influyente diario estadounidense The New York Times publicó en primera plana una nota en la que se afirmaba que en la cancillería estadounidense se cuestionaba mucho el trabajo del embajador Salazar y algunos desconfiaban de su cercanía con el presidente López Obrador y consideraban que representaba más los intereses de la Cuarta Transformación que los de los Estados Unidos.
Pues ahora resulta que ese gringo buena onda, bonachón y de sombrero texano, encubrió la operación clandestina que culminó con el secuestro de “El Mayo” Zambada. Y para agregar insulto al daño, dijo que él no supo de esa operación, que le sorprendió tanto como al gobierno mexicano y juró por el Tío Sam que ninguna agencia de su país participó en la abducción del capo fundador del Cártel de Sinaloa. Sugirió que fue una operación de traición entre narcos, pero la traición fue de él hacía la 4T. Cuanta ingratitud.
La mentira de Ken no solo acabó con la confianza en la relación bilateral en aquellos días, sino que deja huella.
Hoy cómo vamos a creer cuando el actual embajador Ronald Johnson diga que agentes de la CIA no están realizado más operaciones encubiertas en México, como la que realizaron en Chihuahua, en la que dos de sus activos perdieron la vida.
Cómo podemos descartar que uno de estos días un compadre suba a un avión al gobernador Rubén Rocha Moya diciéndole que lo va a traer a una fiesta que sus amigos le organizan en la Ciudad de México, y que el lugar de aterrizar en Toluca, el buen Rocha acabe esposado por la DEA o el FBI en un aeródromo de Texas, y que el embajador Johnson salga a decir: “caray, no me dijeron nada, pero no fueron nuestras agencias, sino su compadre”.
Y si una madrugada un comando se infiltra en Badiraguato y se lleva al senador Enrique Inzunza derechito a Nueva York para presentarlo ante un juez, como sucedió con Nicolás Maduro. El embajador va a salir con una mentira sobre la forma en la que apareció Inzunza en la Gran Manzana.
Lo ideal sería que además de ya no confiar mucho en los embajadores de Estados Unidos, por más que usen sombrero, ahora en lugar de pedirles que presenten sus cartas credenciales, mejor sean sometidos mejor sean sometidos a un examen de polígrafo.
La Fiscalía General de la República falló en su intento de llevar a prisión a la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.
Y es que la jueza de control Ileana García Peralta ratificó esta noche la libertad provisional a Gilda Susana Lozoya Austin, quien se dijo inocente y acusó «perversidad» y «acoso» de la FGR.
La detención de Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, sonó a golpe de autoridad… hasta que una jueza la dejó seguir el proceso en libertad porque la FGR ni siquiera acreditó adecuadamente el riesgo de fuga ni explicó por qué no la localizó en años.
La misma telenovela que ya vimos con Emilio Lozoya: prisión preventiva, fotos filtradas, discurso moralizante… y luego amparos que le permiten litigar en libertad mientras la FGR se queja de “privilegios procesales” ajenos, ocultando que su acusación es endeble y mal armada.
La FGR: gigante en discurso, enana en resultados
De las investigaciones que abre la Fiscalía General de la República, solo una fracción ínfima llega viva a tribunales;México Evalúa documentó que apenas alrededor del 4% de las carpetas avanzan a etapa judicial, dejando el 96% en el limbo perfecto de la impunidad.
INEGI reportó que, a nivel nacional, en 2022 se iniciaron más de 2.1 millones de investigaciones y que casi 2.9 millones de carpetas siguen pendientes de resolverse, con la FGR participando en ese atasco monumental que muestra que el cuello de botella está en las fiscalías, no en los jueces.
Impunidad estadística, no narrativa
Los datos de México Evalúa sobre el desempeño de la FGR muestran una institución que prácticamente no judicializa lo que investiga, consolidando una tasa de éxito procesal que haría sonrojar a cualquier fiscalía mínimamente seria en el mundo,como cita el diario español,El País.
El propio censo del INEGI deja claro que las fiscalías —incluida la FGR— acumulan millones de averiguaciones e investigaciones sin conclusión, una montaña de expedientes a medio cocinar que sirve más como utilería para conferencias de prensa que como base para sentencias condenatorias,advierte La Silla Rota.
Narrativa de hierro, casos de papel
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pide a la FGR explicaciones completas sobre casos como el de Gilda Lozoya, la Fiscalía responde más con boletines y filtraciones de video que con imputaciones sólidas, lo que termina reforzando la percepción de que litiga en medios lo que no puede sostener en audiencia.
El patrón se repite: detenciones espectaculares, señalamientos de lavado de millones de dólares, brazaletes electrónicos y pasaportes retenidos… pero sin una construcción robusta del caso, la prisión preventiva se cae y lo único que permanece es la sospecha de que el show pesó más que el expediente.
La verdad procesal, esa gran desconocida
En la cancha judicial, la “verdad” no es un editorial ni un hilo en X: se construye con pruebas, con actos de investigación documentados y respetando plazos, y allí la FGR exhibe una torpeza que los datos ya no permiten maquillar como “fallas del Poder Judicial”.
Cuando una jueza niega la prisión preventiva a la hermana de Lozoya porque la FGR no justificó el riesgo de fuga y no la buscó seriamente en años, no está regalando impunidad: está poniendo en evidencia a una Fiscalía que ni siquiera domina el ABC del litigio penal.
Muchas veces en política importa menos el tema del que se habla que el asunto omitido deliberadamente. La presidenta Claudia Sheinbaum lleva dos mañaneras dedicadas al supuesto engaño del exembajador Ken Salazar a propósito del traslado y captura de Ismael El Mayo Zambada, ocurridos hace casi dos años.
Como malabarista de feria, con esa perorata distrae la mirada para que no reparemos en el asunto más relevante de la semana: la indagatoria de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el extraordinario caso de huachicol fiscal de esta administración.
Según la FGR, entre el domingo 1 de junio y el martes 22 de julio de 2025 ingresaron por la aduana de Matamoros 144 millones de litros de diésel y gasolina provenientes de Estados Unidos, declarados falsamente como solución de cloruro de calcio para evadir el pago de impuestos.
El desfalco al erario por esta operación habría ascendido a unos mil millones de pesos.
Hasta ahora, han sido denunciados como responsables Armando Riestra Fernández, representante legal de una empresa aduanal; dos tenientes coroneles, Armando Barrera y Blas Pedro Sarabia, quienes dirigían la aduana de Matamoros; y el policía militar Jorge García, responsable de la operación cotidiana de esa misma oficina.
Es evidente que esta trama de corrupción trasciende a estas cuatro personas. Sin el respaldo de las más altas esferas políticas no habría sido posible.
Un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fechado el miércoles 30 de julio de 2025, menciona como presunto integrante de esa misma red criminal al senador por Tamaulipas José Ramón Gómez Leal.
A pesar de que ese nombre llegó a la carpeta sobre el millonario desfalco, no hay noticia de que la FGR haya abierto una investigación en su contra, y mucho menos de que contemple solicitar juicio político para poder imputarlo.
Es un dato muy relevante que Gómez Leal haya conseguido su escaño gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal. En efecto, en diciembre de 2021, cuando el entonces senador pidió licencia para contender por la gubernatura de Tamaulipas, impulsó a Gómez Leal para que lo sustituyera.
Zoom: así como se habla del «Clan Culiacán», habría que hablar ahora del «Clan Matamoros», que en apenas cincuenta y dos días se embolsó mil millones de pesos. La pregunta es obligada: ¿por qué tanto Ken Salazar y tan poco Américo Villarreal?
Un video de sólo 50 segundos viralizado en tiempo récord ha devuelto la tensión a la región indígena de los Altos de Chiapas. En la grabación se observa a decenas de hombres con actitud beligerante ataviados en uniformes tácticos que alzan fusiles de alto poder y, amparados por la noche que no deja ver con total limpieza sus rostros, advierten lo que hace semanas se pronosticaba: El Machete ha resurgido.
En Chiapas, donde el Estado suele llegar tarde o no llegar, dos grupos armados decidieron desempolvar viejas cuentas pendientes y resolverlas a la manera más rudimentaria: balazos, territorios y poder local. El asesinato de un líder paramilitar no fue un hecho aislado, sino el tipo de chispa que en esa región suele prender incendios largos y difíciles de apagar.
El grupo que se ha adjudicado el título de autodefensa sostiene desde 2020 una batalla campal con Los Herrera, otro grupo de civiles armados que opera en el municipio de Pantelhó.
Lo que hay detrás no es una simple riña entre bandas, sino un mosaico de intereses que combina crimen organizado, estructuras paramilitares recicladas y disputas por control territorial en comunidades indígenas. Allí, la línea entre “autodefensa”, “grupo político” y “brazo armado” es tan delgada que a veces parece un chiste de mal gusto. Cada facción se presenta como protectora del pueblo, mientras convierte a ese mismo pueblo en campo de batalla.
La muerte del líder reactivó alianzas oxidadas y odios bien conservados. Viejos rivales aprovecharon la oportunidad para ajustar cuentas y reposicionarse. En estos territorios, el poder no se hereda: se arrebata. Y si hace falta, se negocia con actores aún más grandes, incluyendo redes del narcotráfico que ven en la inestabilidad una oportunidad de negocio.
Mientras tanto, las comunidades indígenas quedan atrapadas en medio de este teatro de violencia. Desplazamientos, amenazas y control social son parte del paquete. La narrativa oficial suele hablar de conflictos “locales”, como si fueran pleitos domésticos, pero lo que se observa es un ecosistema de violencia con conexiones políticas, económicas y criminales más amplias.
Y el Estado, fiel a su costumbre, aparece en modo espectador intermitente: reacciona cuando la violencia escala, promete investigaciones, despliega operativos… y luego se diluye. En ese vacío, los grupos armados no solo sobreviven: evolucionan.
En Chiapas, la guerra no se desentierra: nunca se fue. Solo cambia de nombre, de líderes y de excusas.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JOSE TORRES/
La Presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar bajo qué condiciones entregó a Estados Unidos al piloto que trasladó a Ismael «El Mayo» Zambada, pese a que pudo ser una pieza clave para esclarecer cómo salió el capo de México.
La Mandataria dijo no tener información sobre la fecha de la entrega ni si ésta ocurrió durante la gestión de Alejandro Gertz Manero o ya con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía,exhibiendo una grave y dolosa ignorancia.
Claudia Sheinbaum pide explicaciones, pero todo huele a que llegó tarde a la fiesta… y además sin leer el expediente.
El absurdo del piloto “fantasma”
Según la versión oficial, el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada —identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”— era oro molido para cualquier investigación seria: sabía quién subió al capo al avión, quién lo bajó, quién dio la orden, quién protegió la operación, y hasta podía iluminar el papel de funcionarios mexicanos y estadounidenses. En lugar de eso, lo trataron como si fuera sobrecargo de VivaAerobus: va, viene y nadie le pregunta nada.
La FGR cuenta que el piloto aterriza en Estados Unidos el 25 de julio de 2024, es deportado a México, sigue delinquiendo en territorio nacional, lo detienen por portación de armas… y luego, como si fuera trámite de mensajería, lo entregan de nuevo al Gobierno de Estados Unidos bajo la Ley de Seguridad Nacional. Todo esto sin que la Fiscalía aclare cuándo lo detuvo en México, bajo qué figura legal lo mandó a Estados Unidos, ni qué demonios hizo con él en medio de ese ir y venir.
La “investigación” según Adela Micha
Adela Micha lo resume con la elegancia de un mazo: esto parece una investigación hecha por la Pantera Rosa o el Súper Agente 86. Dos años diciendo que investigan la sustracción —ahora ya le dicen “extracción”— del Mayo Zambada, dos años prometiendo resultados… y lo que presentan es una mezcla rara entre comedia, tragedia y farsa institucional.
En la conferencia, la FGR se la pasa acusando a Estados Unidos de haber estado detrás de la extracción del Mayo y de mentir sistemáticamente, pero lo único que logra es exhibir su propia mediocridad investigadora.
El FBI, dice Ernestina Godoy, bloqueó el acceso al avión, no dejó ni tomar fotos, mientras un periodista como Luis Chaparro sí consiguió documentar lo que la institución no pudo ni quiso. La moraleja: al reportero, acceso; a la Fiscalía, desconfianza total.
El piloto que vio “la película completita”
Micha subraya el absurdo central: el piloto era “el hombre clave”, el que había visto “la película completita de principio a fin”. Podía decir quién se llevó al Mayo, quién mató a Héctor Melesio Cuén, si había o no agentes del FBI en territorio mexicano, qué papel jugó el Gobierno de Estados Unidos y hasta qué tan hundido está el gobernador Rubén Rocha Moya en esta historia.
Pero en vez de exprimirlo como testigo protegido, construir un caso y dejar constancia procesal, lo que hacen es un sketch: Estados Unidos deporta al piloto, México lo recibe, lo deja seguir delinquiendo, lo detiene… y luego lo manda de regreso a Estados Unidos. Y para rematar la ironía, el ex fiscal Alejandro Gertz Manero llegó a insinuar que podían acusarlo de “traición a la patria”; pero a la hora buena, prefirieron seguir mandando oficios diplomáticos y perder al testigo clave.
Sheinbaum, la FGR y el vacío
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum aparece con una postura tan institucional como aséptica: pide a la FGR explicar bajo qué condiciones entregó al piloto a Estados Unidos, admite no saber si eso ocurrió con Gertz Manero o ya con Ernestina Godoy, y encarga al canciller Roberto Velasco que “revise el caso”. Dice que no tiene la información y que es la Fiscalía la que debe precisar fechas, mecanismos y razones para esa entrega, dentro del paquete de 92 presuntos delincuentes enviados entre 2024 y 2025.
El problema es que mientras la Presidenta exige claridad, la película que describe Adela ya está completa: lo que hay es una cadena de decisiones que favorecen el olvido, no la verdad. La FGR asegura que la investigación ha sido “exhaustiva”, pero al mismo tiempo admite que no encontró pruebas contra personajes como Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, ni parece haber rascado sus cuentas bancarias o las de sus familias. Exhaustivo, pero solo hasta la puerta del poder.
Ken Salazar, la “verdad” y la vergüenza compartida
Para cerrar el circo, entra Ken Salazar desde Washington con tono de regaño diplomático: dice que él y el fiscal Merrick Garland le dijeron al Gobierno de México, desde julio de 2024, que no era su avión, ni su piloto, ni su operación. Remite a su libro “Borderlands” y prácticamente le contesta a Sheinbaum: “¿Querían la verdad? Esa es la verdad”.
Adela remata el editorial sin anestesia: en el caso del Mayo Zambada, todo está mal: Estados Unidos operando y mintiendo, México haciendo pseudo-investigaciones, la protección política a Rocha Moya y un piloto clave que fue desperdiciado como si fuera equipaje extraviado.
“Qué vergüenza”, dice Micha, y cuesta trabajo contradecirla cuando se ve cómo la pieza central de la trama fue usada no para esclarecer el crimen, sino para borrar la escena completa.
La misma taquería Remigio’s de Reynosa, donde el Cartel del Golfo no sólo vende tacos de pastor, sino también de poder político y criminal, ya terminó convertida en mostrador de desapariciones y cuotas: negocio, persona y comunidad, todo en la misma parrilla.
En Reynosa, “Los tacos de Remigios” no son sólo garnacha: son la franquicia sentimental de Remigio Morfin Morfin, mando del Cartel del Golfo que sigue engordando la billetera,sacandole jugo a la condición de “carnal de Cesar Morfin Morfin,alias Primito”, lider de la facción de los Metros del CDG.
La lógica es simple y brutal: se quedan con todo —taquería, proveedores, central de abastos— y los ciudadanos pagan la cuenta con miedo, sobreprecio y silencio, el que chivatea se muere.
Esa fachada de “economía local” con aval estatal es el modelo de administración del jefe de plaza: se comen la ciudad a mordidas chiquitas, a través de negocios que parecen familiares pero responden a la cadena mando–cartel–político.
Y mientras el gobernador Américo Villarreal presume fotos con Mario Guitian Rosas,alias La Chispa,un ex-militar ahora lugarteniente del «Comandante Mono», otro ex-militar que controla al CDG como si fuera networking empresarial, no evidencia de captura criminal del Estado.
El empleado que desaparece
En ese ecosistema aparece la ficha de búsqueda de Ricardo Jael San JuanCruz, joven empleado de la taquería Remigio’s desaparecido el 30 de junio de 2026 en Reynosa, Estado de Tamaulipas, con alerta nacional emitida por la Comisión Nacional de Búsqueda.
La nota oficial es limpia y técnica: edad, señas particulares, carpeta de investigación FGJT/FEIDDFP/REYUE1/00225/2026; lo que no dice es lo que la ciudad ya sabe, que trabajar en un negocio tocado por el CDG es firmar contrato con el riesgo de ser vulgarmente levantado a la primer diferencia y ya son casi 14 mil desaparecidos,con Tamaulipas de Subcampeon nacional.
En el relato de comerciantes, la desaparición no es un caso aislado, sino la consecuencia lógica de un sistema donde “no pagas y te matan, pagas y también” y donde la extorsión acaba en homicidio, secuestro o desaparición para que nadie se atreva a romper las reglas del cartel que tienen a la policía y el estado a su servicio,por eso NO SIRVEN.
La extorsion disfrazada
En la central de abastos de Reynosa no hace falta leer el menú para saber quién manda: todos conocen al “comandante” Reynaldo Villarreal Noria, operador del CDG y cerebro de la extorsión en las carnicerías y pasillos donde debería reinar el olor a carne y no a miedo.
Cada martes se presenta el enviado: un tipo tatuado que se presenta como “el Cholo”, sin credencial pero con la misma autoridad que una pistola cargada, y repite el mismo libreto: viene “de parte de la maña” a recordar que aquí sólo se compra “a la fuerza” todo en el negocio “La PRINCIPAL”, la casa comercial de la jefa Lupita Luna dentro de la central de abastos.
La jugada es clara: o compras con ellos o te conviertes en problema, y en Reynosa cualquier problema se resuelve a balazos, levantones o quiebre del negocio. Los locatarios ya no pueden elegir proveedor; sólo pueden elegir si se doblan o se arriesgan a convertirse en otra estadística sin nombre.
Por eso este mensaje va directo: ciudadanos subyugados piden apoyo urgente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (…tambien son socios) que dirige a nivel estatal, Jesus Eduardo Govea, un fiscal que estuvo en el tambo por sirvir al Cartel del Golfo que comandaba Osiel Cardenas en 2001 (…aun lo comanda desde prisiones responsabilidad de Harfuch).
Los comerciantes piden que la autoridad deje de mirar hacia otro lado y atienda las denuncias de extorsión sistemática en la central de abastos. Porque mientras los jefes de plaza administran la economía con amenazas y emisarios tatuados, la ciudad entera se hunde entre la carne, el miedo y el silencio obligado.
Bajo este entendido: Reynosa funciona como laboratorio de terror económico: el crimen decide quién vende carne, quién vende pollo, quién puede surtir tacos y quién puede llegar vivo al cierre del turno.
El crimen que impone precios
La mecánica criminal no es nueva, solo mas atrevida, ya sin maquillaje: en Tamaulipas hay control de precios de carne, huevo, cerveza y productos básicos, impuesto por células del crimen con complicidad de autoridades que prefieren las fotos con lugartenientes a las órdenes de aprehensión. Es la “extorsión disfrazada”: sólo puedes comprar a proveedores autorizados por el cartel, y si intentas comprar con tu proveedor de toda la vida, te multan o te matan.[
Ese mismo patrón lo reportan comerciantes y campesinos en otros estados: los cárteles acaparan mercancías, fijan precios y obligan a comprar mercancía robada, usando el miedo como herramienta de política económica. La extorsión se vuelve política pública paralela: el gobierno cobra impuestos; el cartel cobra vida, cuotas y disciplina, y entre ambos exprimen al mismo negocio pequeño.
La central de abastos tomada
Los testimonios que se recogen van directo al corazón del modelo: “No nos dejan comprar nuestro producto en Guajardo, dicen nos van a multar si seguimos comprando ahí… debemos comprar solo con la central de preferencia La principal y la Chona”.
Proveedores que fiaron pollo por más de veinte años quedan fuera del juego, sustituidos por la red que opera “a nombre del nuevo jefe de la central de abastos, Reynaldo Villarreal Noria, pariente de un militante de Morena Alexander Bolaños”, mientras hombres armados llegan al negocio a revisar notas como si fueran auditores del miedo.
La cuota tiene reglas de importación criminal: “Si traes productos de Monterrey se tienen que dejar en las farmacias López, propiedad de Jorge López de Meat Co, que está obligando a comprar la pechuga con él; su primo Carlos López lo ayuda con toda la fachada de lavado de dinero, ya las empresas de Monterrey no pueden venir a surtir”. No es mercado libre, es mercado tomado: cada pollo, cada pechuga, cada camión viene con su propio derecho de piso encriptado en la cadena de suministro.
Empresarios de fachada, políticos de utilería MORENA y el Cartel
Los “disque empresarios y políticos” que se retratan ayudando al pueblo operan como el brazo legal del negocio ilegal: firman permisos, posan en inauguraciones, patrocinan eventos y al mismo tiempo sostienen la estructura de extorsión y lavado que tiene hundida a la comunidad.
En Tamaulipas, el gobernador de Morena se toma fotos con criminales sin distingo de facciones o carteles ,lo mismo con un lugarteniente del CDG,que Zetas,mientras los rastros, las carnicerías y las centrales de abasto se vuelven centros de recaudación del cartel. Los dejan ser, hacer y deshacer a su antojo.
La narrativa oficial habla de desarrollo, inversión y cadenas de valor; en el piso, los comerciantes te dicen otra cosa: “Ya estamos hartos de que no nos dejen trabajar y nos digan que tenemos que seguir haciendo ricos a esos delincuentes que usan su fachada para el crimen organizado”. Esa frase es la síntesis de la política económica del narco–Estado local: tu negocio funciona, pero sólo si se vuelve engrane de la maquinaria del CDG y sus socios de corbata.
Las tres piezas del mismo rompecabezas
Cuando juntamos las tres piezas —taquería de Remigios, desaparición del empleado, control de proveedores y cuotas— lo que aparece no es una historia aislada, sino el manual de administración territorial del Cartel del Golfo bajo protección política de Americo Villarreal.
La taquería es la vitrina, la desaparición es el recordatorio, la central de abastos y las farmacias López son la caja registradora del modelo, todo envuelto en un discurso de “apoyo al pueblo” que se cae en cuanto se revisa quién marca los precios y quién manda a los hombres armados.
Reynosa se convierte en el mapa perfecto de cómo se gobierna con miedo: el gobernador se fotografía con la “Chispa”, el mando del CDG monta taquerías y cadenas de distribución, los empresarios de fachada lavan dinero, y en medio de ese teatro, un joven empleado desaparecido se convierte en una línea más en una alerta nacional que nunca menciona la palabra cartel.
