En Cajeme no solo se imparten sentencias: también se organizan estructuras partidistas. Y si alguien tenía dudas de hasta dónde llega el “nuevo modelo” de justicia, la jueza penal Blanca Diva Ponce Caro acaba de ofrecer una clase magistral… de cómo borrar la línea entre juez y operadora política sin el menor pudor.
La escena es sencilla, casi costumbrista: una jueza en funciones —sí, en funciones— levantando la mano en un acto partidista de Morena, rindiendo protesta como Secretaria Ejecutiva de un comité seccional. Todo bajo la batuta del dirigente estatal, David Mendoza, y con la bendición política de un partido cuyo Consejo Nacional preside, nada menos, el propio gobernador Alfonso Durazo. La foto no solo es incómoda: es jurídicamente explosiva.
Porque no se trata de una simpatía ideológica —eso aún cabría en el terreno de lo discutible— sino de una participación activa en la estructura orgánica de un partido político. Es decir, en un aparato cuya función expresa, según sus propios lineamientos aprobados en julio de 2025, es promover acciones partidistas, llamar al voto y operar territorialmente las bases electorales. Traducido al español llano: movilización política.
Y aquí es donde la Constitución entra… solo para ser ignorada.
El artículo 116 establece con claridad meridiana que la independencia judicial debe estar garantizada. No es un adorno retórico; es un principio estructural del Estado de derecho. Más aún, la Constitución de Sonora es todavía más explícita: los jueces en funciones no pueden desempeñar ningún empleo, cargo o comisión ni en el gobierno ni en entidades particulares. Y sí, un partido político entra perfectamente en esa categoría.
Pero en Cajeme parece que la ley es optativa.
Porque mientras Ponce Caro celebraba en redes sociales la “construcción de un movimiento más cercano y organizado”, lo que en realidad estaba construyendo era un conflicto de interés de proporciones grotescas. ¿Cómo puede una jueza penal garantizar imparcialidad cuando forma parte de una estructura que tiene intereses electorales directos? ¿Qué ocurre cuando un asunto judicial roza intereses políticos del mismo partido al que ahora pertenece orgánicamente?
La respuesta corta: nada bueno.
La respuesta larga: erosión institucional.
Y por si hiciera falta un toque adicional de ironía, la misma jueza que hoy milita de facto en Morena prometía en campaña aplicar “todo el peso de la ley”. Quizá olvidó especificar sobre quién.
El detalle no es menor: el Poder Judicial no solo debe ser independiente, debe parecerlo. Aquí no hay matices ni zonas grises. Una jueza que participa en órganos de dirección partidista no solo compromete su imparcialidad, la pulveriza.
Y lo más revelador no es el acto en sí, sino la normalidad con la que ocurre. Nadie se esconde. Nadie disimula. Nadie parece considerar que esto pueda ser problemático. Ese es el verdadero diagnóstico: cuando la ilegalidad deja de ser excepción y se convierte en práctica pública, el problema ya no es una jueza… es el sistema.
Por cierto, el INE ya había sancionado a Ponce Caro por irregularidades en su fiscalización de campaña. Un detalle menor, casi anecdótico, si se compara con el hecho de que hoy una juzgadora en funciones opera políticamente para el mismo partido que impulsa la reforma judicial que, en teoría, debía garantizar su independencia.
Así como se oye: les vale madre la ley.
Y no lo esconden.
Con información: ELNORTE/
