La escena es clara: la Guardia Nacional paró un camión, encontraron fierros, sacaron el boletín triunfal… y, aun así, la estadística dice que la inmensa mayoría de las armas sigue cruzando como si nada.
El camión “inocente” Illinois–Zacatecas
La Guardia Nacional y la ANAM presumen que, el 13 de junio de 2026, reventaron dos cargamentos ilegales de armas y cartuchos en un autobús de pasajeros que salió de Addison, Illinois, rumbo a Jerez, Zacatecas.
Un paquete iba pegado al pasajero, el otro disfrazado de “paquetería” en la misma unidad, como si fueran recuerdos del gabacho y no mercancía de guerra.
En el parte oficial, todo termina bonito: personas y armamento “puestas a disposición de la autoridad competente”, foto para redes y frase de cajón sobre “fortalecer las acciones de inspección y control” en la frontera.
El elefante en la aduana: casi todo sí pasa
Mientras en Piedras Negras se cuelgan la medalla por un camión, los números pintan otra historia mucho menos heroica: de las armas que México estima que entran, las autoridades apenas rasguñan una fracción.
Sedena calcula que a lo largo de la última década entraron de forma ilegal alrededor de 2 millones de armas; en ese mismo periodo se confiscaron unas 193 mil, es decir, menos de 1 de cada 10,publica la BBC.
En 2025, México rompió récord: 12 mil 528 armas aseguradas entre enero y noviembre, el mayor decomiso en al menos siete años, y aun así es una gota si se compara con el flujo anual estimado de más de 200 mil armas desde Estados Unidos.
Un informe reciente apunta que Estados Unidos apenas intercepta cerca del 3% del armamento que va con destino a los cárteles mexicanos, lo que convierte cada operativo exitoso en anécdota, no en política efectiva
De dónde vienen y cuánto se atora
Entre 74% y 78% de las armas aseguradas en México se rastrean a Estados Unidos; la ATF y datos oficiales coinciden en que la mayoría sale de estados como Arizona, Texas, California y Nuevo México,publicó el diario español,EL PAÍS.
El Departamento de Justicia gringo reconoció que 74% de las armas incautadas en México entre 2017 y 2021 venían de su lado de la frontera, mientras en México Sedena admite que cerca de 8 de cada 10 armas del crimen organizado traen sello estadounidense.
Con esa base, cuando el gobierno mexicano presume un operativo en un solo autobús, en realidad está contando una excepción en un sistema donde el tráfico hormiga y las redes de compradores de paja son la regla.
Si cada año entran unas 200 mil armas y México asegura alrededor de 12 o 13 mil, el mensaje es incómodo: más del 90% logra cruzar con éxito, paseándose entre aduanas, retenes y discursos sobre “coordinación binacional”.
Desde Palacio Nacional se ha repetido el mantra: Estados Unidos tiene que hacer su parte para frenar el envío de armas mientras México persigue fentanilo y migración hacia el norte.
Trump y Sheinbaum han hablado de “trabajar juntos” y de operativos del lado estadounidense, pero la orden ejecutiva sobre la frontera sur que firmó el presidente no trae medidas concretas para controlar el flujo de armas hacia México. Aunque mas problema que dejarlas de EE.UU ha sido dejarlas entrar en Mexico.
Incluso cuando se anunció un acuerdo para combatir en conjunto el tráfico ilegal de armas, con más rastreo balístico y tecnología, el propio diagnóstico oficial seguía reconociendo lo mismo: cientos de miles de armas cruzan cada año, y las reglas que realmente podrían frenarlo siguen atoradas en el lobby armamentista.
El show del decomiso y la realidad del mercado
Los decomisos crecen: se habla de aumentos de más de 100% en piezas aseguradas en los últimos años, y 2025 fue vendido como año récord en “armas fuera de circulación”.
Pero el mismo gobierno reconoce que el 75% de los homicidios de 2025 se cometieron con arma de fuego, lo que confirma que, mientras el boletín celebra la foto del camión cateado, el mercado de muerte sigue perfectamente abastecido.
Dicho de otro modo: la narrativa oficial vende cada hallazgo como si fuera el golpe definitivo al tráfico, pero las cifras lo desmienten; con un aseguramiento que no llega ni al 10% del flujo estimado, la “victoria” es más mediática que estratégica.
El operativo de Addison–Jerez es el póster publicitario de un sistema que sigue dejando pasar, todos los días, armas que nunca aparecen en conferencia de prensa, pero si aparecen en la guerra de Sinaloa.
Ante los señalamientos en contra del delegado de la Sebien en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, por presuntos desvíos de recursos del erario para la campaña de Morena en esa entidad,su padre,el tambien multiacusdo Gobernador de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya acusó que se trata de fines políticos y electorales, cita hoy Reforma.
Pero en entrevista con Azucena Uresti,un empresario Victorense que acusa moche de 110 millones de pesos para el junior consentido de la gobernadora de facto de Tamaulipas que no fue elegida en las urnas, Maria de la Luz Villarreal Santiago,dijo presentara denuncias.
El empresario Israel Alejandro Valdez acusa extorsión, intimidación y amenazas en su contra y advierte que son 3 personas cercanas al grupo de Américo Villarreal Santiago a quienes acusará penalmente:
Jorge Beas
Jesús Justiniani
Felipe Salinas
“Son nuestros empleados, los pusimos a administrar, no soy político y dejo claro, no quiero, es una persecución ciudadana que le puede pasar a cualquier ciudadano”.
El Mandatario morenista de Tamaulipas ya habia defendido en entrevista al chilpayate que salio buenísimo para la «transa», dijo que era falso ademas que haya sido el autor de la derrota de Morena en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila, donde funge de operador de los apoyos sociales.
Para el gobernador lo importante es construir un villano útil y desechar las voces que ya hablaban de división previa, el hijo del gobernador ya restaba en vez de sumar mucho antes de la elección, ni en Morena lo aguantaban, antes de ser echado de Tamaulipas pero aun sigue a control remoto, controlando la transa de Tamaulipas.
Es de tal nivel el saqueo,que desde redes sociales se ha dado cuenta puntual del notorio cambio de la situación financiera del Ameriquito y sus testaferros.
La denuncia del empresario podria ser infructosa y asi lo explica pues no hay fiscalía que abunde en los indícios, ni jueces independientes que judicialicen las pruebas, en ambas instancias a cargo de incondicionales del gobernador.
El gobierno de Claudia Sheinbaum presumió hoy una reducción del 46% en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Pero el marcador letal de TResearch Internacional —La Guerra en Números— y otros escrutinios independientes revelan que esa cifra esconde tensiones metodológicas, sesgos de medición y contextos que el discurso oficial omite deliberadamente.
La narrativa gubernamental: el 46%
El SESNSP, encabezado por Marcela Figueroa Franco, presentó este dia su informe mensual de incidencia delictiva con los siguientes argumentos centrales:
En septiembre de 2024 el promedio diario era de 86.9 homicidios dolosos; en mayo de 2026 descendió a 47.3, una reducción de 46%
Mayo de 2026 fue «el mes con menor incidencia de homicidios dolosos» del sexenio actual
28 de 32 entidades registraron disminuciones al comparar el primer semestre de 2025 vs. 2026
San Luis Potosí (-81%), Zacatecas (-63%) y Quintana Roo (-60.8%) lideran las caídas estatales
Se reportó también una reducción del 31% en delitos de alto impacto
La funcionaria remarcó que el SESNSP no genera cifras propias sino que las recibe de las 32 fiscalías estatales y la FGR, y que la actualización metodológica de 2026 no elimina delitos sino que «desagrega categorías».
Lo que TResearch revela
El grafico de la La Guerra en Númerosfechado el lunes 15 de junio de 2026— permite un escrutinio simultáneo con fuente independiente que funciona como termómetro diario en tiempo real:
Los datos de TResearch no contradicen que los homicidios bajaron; cuestionan la magnitud y el marco de referencia con que se presenta esa baja:
Acumulado real del sexenio CSP (oct.2024–jun.2026): 41,797 homicidios en 622 días, promedio de 67 diarios — no 47.3. La diferencia entre el promedio «de mayo» y el promedio acumulado del sexenio ya revela que los meses recientes muestran cifras por debajo de su propia media histórica interna
El acumulado enero–junio 2026 suma 8,049 homicidios (-44% vs. el mismo período de 2025 que tuvo 14,488), pero el promedio diario del sexenio sigue siendo 67, no los 47.3 del «mejor mes».
TResearch compara al sexenio Sheinbaum contra todos los sexenios desde 1988: incluso con la baja, el promedio diario de 67 es superior al de los sexenios de Zedillo (35/día), Fox (29/día) y Calderón (55/día), aunque inferior al de AMLO (95/día) y Peña Nieto (71/día)
El peor día del año fue 03-oct-2024 con 97 homicidios; el mejor día reciente fue 14-may-2026 con 31 — la brecha entre el mejor registro puntual y el promedio sostenido es enorme
Las tres fallas del sesgo narrativo oficial
1. El punto de arranque es el peor posible
El gobierno elige septiembre de 2024 —último mes de AMLO, históricamente uno de los más violentos del sexenio anterior— como línea base. Comparar contra el peor punto de partida infla artificialmente el porcentaje de reducción. Si la base fuera enero de 2022, la caída sería notablemente menor.
2. Promedios diarios vs. cifras absolutas: la trampa métrica
El cambio del indicador de referencia —de víctimas absolutas a promedio diario— permite mostrar tendencias descendentes incluso cuando el número total de víctimas apenas se mueve. Expansión Política documentó que el SESNSP «ajustó silenciosamente fechas de corte, modificó umbrales de agregación por entidad y cambió el indicador de referencia» sin notificación previa.
3. La brecha SESNSP–INEGI: el subregistro estructural
Este es el problema más grave y tiene base empírica:
Año
SESNSP (víctimas)
INEGI (víctimas)
Diferencia
2023
25,271
32,252
+6,981 (+27.6%)
2024
30,062 (SESNSP) / 25,463 (otra cifra SESNSP)
33,241–33,550
+3,181 a +8,087
El INEGI —cuya fuente son certificados de defunción, no carpetas de investigación— consistentemente registra entre 25% y 32% más homicidios que el SESNSP.
La organización Causa en Común documentó que algunos gobiernos estatales mezclan cifras INEGI con SESNSP para fabricar comparativos favorables. La directora de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, advirtió que las cifras del SESNSP «deben tomarse con reserva porque pueden tener errores que deriven en subregistro».
La percepción ciudadana como termómetro alternativo
El dato más revelador del sesgo narrativo no viene de los estadísticos sino de la ciudadanía: mientras el gobierno presume una caída de 49% en homicidios, de abril a mayo de 2026 subió 10 puntos (de 56% a 66%) la proporción de mexicanos que califica la seguridad pública como mal/muy mal. La población no registra esa supuesta «caída histórica» en su experiencia cotidiana.
Lo que sí es genuino en la reducción sin contar que crecieron desaparecidos
Fuentes independientes confirman que hay una reducción real, aunque menor a la anunciada:
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), en su Índice de Paz México 2026, confirmó un avance del 5.1% en pacificación con una reducción del 22.7% en homicidios dolosos, no 46%
El primer trimestre 2026 registró 4,574 víctimas vs. 6,804 en el mismo periodo de 2025, una caída real de 32.8% según el SESNSP
Guanajuato muestra una tendencia descendente sostenida de 15 meses, pasando de 12.7 a 4.1 homicidios diarios, corroborado también por TResearch (726 acumulados en 2026)
El patrón de manipulación metodológica documentado
No es la primera vez. Analistas señalan que el equipo de José Merino —hoy en el gobierno federal— modificó la metodología de registro de muertes durante la pandemia COVID en la CDMX para bajar artificialmente la tasa de exceso de mortalidad. En seguridad, el patrón se replica: en 2025 el SESNSP amplió los tipos de delito registrados de 53 a 71, generando discontinuidades en la serie histórica que dificultan comparaciones legítimas.
Conclusión del escrutinio
«El gobierno no miente en que los homicidios bajaron, aunque las desapariciones subieron y no han encontrado a las personas en un país donde desaparecer equivale a morir. Aquí se cae la versión de ‘bajaron los homicidios’, tan solo porque no se han encontrado los cuerpos.
«Y aunque suene crudo, cuando los encuentran ya no cuentan en las cifras de homicidios del día, porque se van al apartado de fosas clandestinas, de donde hemos cosechado la siembra de 75,000 cadáveres que esperan ser identificados.»
Miente en la magnitud, el método y el contexto con que lo presenta. La reducción real, validada por fuentes independientes, es de entre 22% y 32%, no 46%.
El 46% se sostiene solo si se acepta: (a) septiembre 2024 como base justa, (b) el promedio del mejor mes como representativo del sexenio, y (c) las cifras del SESNSP como suficientemente completas frente al subregistro estructural del 25–32% que el INEGI revela consistentemente.
TResearch, al mostrar el acumulado real de 41,797 homicidios y el promedio sostenido de 67 diarios, ofrece el marco que el discurso oficial evita: México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, aunque hoy sea menos violento que hace 18 meses.
“Bajo mi instrucción, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos cumplió un ataque kinésico, rápido y letal para ejecutar exitosamente a ‘Niño Guerrero’”. De manera pública, a la vista de todos, el presidente Donald Trump confirmó que un comando militar norteamericano realizó un operativo en territorio venezolano para asesinar al líder del Tren de Aragua. La Casa Blanca publicó el video del bombardeo.
El régimen de Delcy Rodríguez, la presidenta chavista que fue instalada en el poder gracias a un acuerdo clandestino con el gobierno de Estados Unidos, comunicó que se trató de “una operación conjunta”. El ataque representa la hoja de ruta de la nueva política exterior de Washington para América Latina: ‘la Doctrina Donroe’. México debe entender este ataque como un mensaje, una advertencia de que la cruzada de la administración Trump contra los cárteles podría derivar en ataques unilaterales ordenados desde la Oficina Oval.
“¿Los norteamericanos deben esperar que Estados Unidos siga involucrado militarmente en Venezuela? ¿Deben esperar operaciones similares en lugares como Ecuador y Guatemala, donde Estados Unidos está trabajando en conjunto con esos gobiernos?”, preguntó la periodista Margaret Brennan, de Face the Nation, al secretario de la Defensa norteamericano. “Sí, deben esperarlo”, respondió Pete Hegseth. “Se llama la Coalición de las Américas contra los Cárteles y la estamos formando con gobiernos asociados de Centro y Sudamérica para perseguir, derrotar y destruir a las organizaciones terroristas internacionales, los cárteles”, agregó el jefe del Pentágono.
La política vigente en Washington identifica a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación como la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Hegseth argumenta que deben utilizarse contra los cárteles las mismas herramientas que fueron desplegadas contra ISIS y Al-Qaeda en Medio Oriente. “Es un refuerzo increíble de la Doctrina Monroe, ahora llamada la Doctrina Donroe”, declaró el secretario de la Defensa de Estados Unidos.
México no es parte del ‘Escudo de las Américas’. Bajo el pretexto de la soberanía nacional, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha remarcado que hay dos líneas rojas para la coalición dela Cuarta Transformación: la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y la cooperación del aparato de justicia mexicano con las acusaciones de Gran Jurado que los tribunales de Estados Unidos han presentado contra políticos en México, destacadamente contra el gobernador de Sinaloa en funciones, Rubén Rocha Moya. “Vienen por unos, luego por otros, hasta que Estados Unidos sea el principal elector”, se quejó la presidenta Sheinbaum en un evento de corte partidista en el Monumento a la Revolución el pasado 31 de mayo.
Sin embargo, Washington le ha hecho saber al sistema político mexicano que la falta de cooperación tiene consecuencias serias. Sara Carter, directora de la Oficina Nacional para la Política de Control de Drogas, dijo este fin de semana que el objetivo de la administración de Donald Trump no es sólo neutralizar a los cárteles, sino desmantelar las redes políticas que sostienen al sindicato del crimen:“Puede hacer eso”, dijo sobre la posibilidad de que se abran más casos contra la narcopolítica.
“Uno, porque el gobierno mexicano como muchos en nuestro hemisferio, sabe que el presidente Trump habla en serio absolutamente cuando dice: ‘vamos a ir por ti, si no cooperas con nosotros, y te vas a arrepentir’”, sentenció la zarina anti drogas de la Casa Blanca. En poco menos de una semana vence el plazo que tiene el gobierno mexicano para cumplir la orden de arresto con fines de extradición contra Rocha Moya y los ex funcionarios de Sinaloa que continúan prófugos. “Que presenten las pruebas”, exige la presidenta Sheinbaum, una señal inequívoca de que no habrá cooperación en este terreno.
En la misma entrevista en la que Sara Carter lanzó una advertencia al gobierno mexicano, la funcionaria estadounidense reconoció que nunca antes había existido este nivel de cooperación con México.
¿Cómo se explica el contraste entre el discurso antagónico, retador de la presidenta Sheinbaum en la plaza pública y esta declaración de Carter? México mantiene dos posturas, producto de un divorcio silencioso en las altas esferas del poder: la de Palenque, que representa a los políticos que construyeron su carrera alrededor de Andrés Manuel López Obrador y que están bajo la mira por presuntos pactos criminales; y la del aparato de seguridad nacional, civil y militar. La Secretaría de la Defensa Nacional ha construido un canal de comunicación directo con el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.
La Secretaría de Marina ha hecho lo propio con su contraparte norteamericana. Semanas atrás, el almirante secretario Raymundo Morales fue llamado a una gira de reuniones en Washington. Y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha establecido una política de colaboración con la CIA, la DEA y Homeland Security Investigations. “Estuvimos en posibilidades de ir tras ‘El Mencho’, y lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional de México, las fuerzas especiales de México, el general Ricardo Trevilla, su operación, ellos colaboraron con nosotros”, reconoció Sara Carter.
La Doctrina Donroe tiene consecuencias concretas en México. El lunes, el periódico El Universal publicó en primera plana, a ocho columnas, que la Secretaría de la Defensa Nacional planea gastar 1,200 millones de dólares para comprar 12 aeronaves de guerra que reemplacen a los cazas F-5. Una decisión de esta magnitud no se entiende fuera del contexto de presión norteamericana.
Washington ha dado muestras explícitas de intervenciones paramilitares y de espionaje en México. La explosión de una camioneta en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el que viajaba un operador de nivel medio del Cártel de Sinaloa, fue atribuido a la CIA, según un reporte de CNN basado en fuentes de alto nivel. Desde junio de 2025, esta agencia desplegó en México un impresionante aparato de vigilancia clandestina, de acuerdo al portal especializado Intelligence Online: sobrevuelos de aeronaves militares para interceptar telecomunicaciones, operadores del Comando Sur en el terreno, el desembarco de agentes del servicio de acción terrestre de la CIA y el uso de software desarrollado por Palantir para ubicar a objetivos criminales de alto perfil. ¿El resultado? El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes y la detención de Audias Flores Silva, los dos principales líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación; el desmantelamiento casi total de la estructura de ‘Los Chapitos’; y arrestos relevantes como el de Iván ’N’, alias ‘El 24’, lugarteniente de ‘El Chapo’ Isidro y uno de los primeros capos designados por el Departamento de Justicia bajo un esquema de terrorismo.
Apenas la semana pasada, Donald Trump advirtió que “un ataque por tierra” contra los cárteles mexicanos es inminente. Héctor Rusthenford Guerrero, el líder del Tren de Aragua que fue neutralizado este fin de semana en Venezuela, tenía una orden de aprehensión vigente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. A pesar de ello, Washington optó por su asesinato, no por su detención y extradición. Es un mensaje implícito para los capos mexicanos y para la clase política: la administración de Donald Trump está dispuesta a llevar al límite la relación bilateral si es necesario, sobre todo, si ya cuentan con la cooperación de la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La línea política tanto del establishment de seguridad nacional como de las voces más radicales del Partido Republicano coinciden en que el Hemisferio Occidental y el combate a los cárteles es prioridad de esta administración. Si el acuerdo de cese al fuego en Irán se concreta, podemos esperar que la atención del Estado Profundo se vuelque hacia América Latina. La semana pasada, Donald Trump nominó a Jay Clayton, ex fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, como el nuevo Director Nacional de Inteligencia. Estamos hablando del fiscal que construyó el caso contra ‘Los Chapitos’ y contra la red política de Rubén Rocha Moya.
Tras el ataque en Venezuela, Terry Cole, administrador general de la DEA, ratificó la postura de Washington: “La DEA y nuestros socios continuarán persiguiendo de manera agresiva a los cárteles terroristas designados y a sus líderes, donde quiera que operen. Ningún rango está fuera de nuestro alcance, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”. ¿Así o más claro?
El clima de la relación bilateral obliga varias preguntas: ¿Por qué el secretario de Relaciones Exteriores de México y un equipo de seguridad nacional acudieron a la Embajada de Estados Unidos para sostener un encuentro con funcionarios norteamericanos? ¿Por qué se rompió el protocolo diplomático? ¿Por qué no se mencionó con qué agencias estadounidenses se reunieron? ¿De qué se habló en el encuentro que no podía saberse en alguna oficina del Estado mexicano? Las respuestas podrían cimbrar a México.
