En Tamaulipas, el PAN eligió a su nueva dirigencia estatal en medio de una feria de acusaciones, con señalamientos de compra de votos y hasta presunto dinero sucio salido del huachicol. La planilla de César Verástegui Ostos, “El Truco”, y Gloria Garza Jiménez se llevó la victoria con 3 mil 740 votos, contra los 1 mil 239 que obtuvo la fórmula de Omeyra López Reina y Francisco Javier Garza de Coss que representaban el corral del ex-gobernador panista Francisco «Pancho» Javier Garcia Cabeza de Vaca,fugitivo federal por delincuencia organizada.
La jornada del pasado domingo , lejos de ser una fiesta democrática, terminó oliendo a gasolina, billetes y chapuza a decir del equipo del CDV donde todo se vale.
Afuera del comité panista en Tampico, Mario José Ramírez Rojas,a decir de videoreportaje fue captado repartiendo dinero a simpatizantes que iban a votar, mientras dentro del partido seguían las sospechas sobre el uso de recursos de procedencia más que dudosa.
Como ya se sabe,el pasado 5 de junio se reveló que Verástegui había metido en su planilla a José Alejandro Llana Salva, identificado por Estados Unidos como objetivo prioritario por lavado de dinero como jefe del Cartel del Golfo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Después del escándalo, Llana Alba salió del equipo sin mayor explicación, como si el problema se resolviera borrándolo del organigrama.
De los 9 mil militantes registrados, apenas votaron 5 mil. La otra planilla impugnó el proceso ante la Comisión de Procesos Electorales y la dirigencia nacional del PAN por los presuntos vínculos de Verástegui con el crimen organizado.
Wl nuevo comité estatal será el que reparta cartas, acomode fichas y defina candidaturas rumbo a 2027,donde el que parte y reparte se quedara con la mayor párte,la candidatura a Gobernador en 2028 para El Truko.
Santiago Nieto ,ex-titular de la Inteligencia Financiera (UIF) y el fugitivo federal por delincuencia Organziada,Francico Javier Garcia Cabeza de Vaca ,están montando un pleito digno de talk show de medianoche, pero con cártel, Madrid y gubernaturas en la mezcla.
El drama según Santiago Nieto
El morenista, aspirante a la Gubernatura de Querétaro, decidió que era buena idea explicar que no fue al World Trade Center a registrarse porque prefería conectarse en línea… desde Europa.
Primero lo vendió como “austeridad republicana”, pero luego confesó que andaba en Madrid en la graduación de su hija, la misma hija que, dice, está estudiando allá por una beca y porque supuestamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cabeza de Vaca la habrían amenazado de muerte.
Nieto se puso en modo mártir: aseguró que tuvo que separar a sus hijas “a muy temprana edad” por seguridad y que ahora los panistas y el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, traen una campaña en su contra.
En resumen: el aspirante de Morena a Querétaro intenta convertir un viaje a Europa en tragedia familiar, cruzada contra el narco y capítulo extra de la persecución del “PRIAN”.
La replica furiosa de Cabeza de Vaca
Cabeza de Vaca, que no sabe quedarse callado, desde su cuenta de X, entró directo al golpe y sin morderse la lengua: llamó a Nieto “corrupto”, hipócrita y sin ética familiar por usar a su hija como escudo para justificar “uno más de sus privilegios en el exterior”.
Le recordó que cuando estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera fue quien participó en la “descarada persecución política” en su contra y en la fabricación de documentos usando al Gobierno de Estados Unidos, todo, según él, a petición de AMLO.
El ex Gobernador negó tajantemente haber amenazado de muerte a la familia de Nieto, calificó la acusación de “absolutamente falsa y cobarde” y remató con el clásico “no somos iguales”, versión panista del “yo tengo otros datos”.
Luego pasó del linchamiento digital al terreno jurídico: dijo que las nuevas acusaciones le dan material suficiente para ampliar denuncias e investigaciones que —asegura— ya se siguen en Estados Unidos contra Nieto, y anunció que instruyó a sus abogados para iniciar nuevas acciones legales.
El contexto incómodo
Todo esto ocurre mientras Morena abre su proceso para elegir a quien coordinará la llamada “defensa de la transformación” en Querétaro rumbo a la elección de 2027, donde Nieto quiere ser el abanderado pese a haber hecho el trámite desde la comodidad de la nube.
El video en el que explica que su hija está en Madrid por amenazas del CJNG y del ex Gobernador panista incendió las redes y le recordó a todos que su “austeridad” incluye viajes europeos y esposa consejera electoral, Carla Humphrey, a cuadro.
Mientras tanto, Cabeza de Vaca aprovecha cada acusación para reescribir su narrativa: de presunto lavado de dinero por miles de millones y cuentas congeladas por la UIF, a víctima de una persecución política diseñada desde Palacio Nacional.
El resultado: dos políticos que ya se odiaban desde los expedientes congelados ahora se acusan de usar a la familia, al narco y al sistema judicial estadounidense como utilería para su siguiente temporada electoral.
Los dos tenientes coroneles que hoy esquivan a la Fiscalía General de la República —señalados por su presunta participación en el contrabando de combustible desde la aduana de Matamoros, Tamaulipas— no solo cargan con acusaciones penales: también intentaron blindar su dinero antes que su reputación, honor,valor,lealtad y sacrificio. Ambos recurrieron al amparo contra el congelamiento de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese brazo financiero de Hacienda que suele llegar donde el discurso oficial se queda corto.
Hasta ahora, sus maniobras legales siguen en el limbo: ni el expediente radicado en Ciudad de México ni el promovido en Tamaulipas tienen sentencia definitiva. Pero el caso ya reventó en la esfera pública.
Ayer lunes, Reforma destapó que los dos mandos castrenses, junto con otro elemento militar, constituyen la columna verde olivo de una red criminal más amplia: una conspiración donde se entrelazan al menos diez funcionarios y empresarios que, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, habrían logrado colar 144 millones de litros de hidrocarburos. Sí, millones. No es fuga: es sistema.
El escándalo, que ya había salpicado a la Marina, escala ahora hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no como daño colateral, sino como pieza central.
Según las investigaciones, la “parte del león” —esa porción nada modesta del negocio ilícito— operó bajo el mando del teniente coronel Armando Barrera Trujillo. Él presentó su amparo a finales de febrero en juzgados de la capital. ¿Qué reclama? En esencia, que el Estado le cerró la llave del dinero: impugna “la orden y acuerdo de aseguramiento o cualquier otra restricción” sobre sus cuentas, así como su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Traducido: que le congelaron el acceso a seis cuentas distribuidas entre Banorte, Banjercito, BBVA y Banamex.
La justicia le dio un primer portazo en marzo al negarle la suspensión definitiva. Pero Barrera Trujillo —prófugo y litigante simultáneo— no se ha quedado quieto: ha interpuesto quejas, promovido revisiones y hasta intentado sembrar conflicto competencial entre tribunales, como quien busca grietas en el sistema. Algo logró: que se descongelara parcialmente una cuenta en Banjercito, aunque únicamente para liberar los fondos correspondientes a su pensión. El resto sigue bajo llave.
En paralelo, y casi en espejo, el teniente coronel Sarabia García promovió su propio amparo en Tamaulipas. Su paso por la aduana de Matamoros fue breve —menos de un mes dentro del periodo investigado—, pero suficiente para quedar bajo sospecha. Su reclamo es amplio: denuncia la “orden verbal o escrita” de bloquear o cancelar todas sus cuentas (BBVA y Santander), la falta de notificación del procedimiento administrativo y su inclusión en la lista negra de la UIF.
A diferencia de su colega, Sarabia sí consiguió oxígeno judicial: obtuvo la suspensión para que no se le inmovilice una cuenta en BBVA, con el argumento de garantizar su subsistencia. Es decir, el Estado le permite seguir cobrando como funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México mientras se investiga su presunta participación en una red que drenó combustible a escala industrial.
Conviene recordar el origen de todo esto. Desde mediados de 2020, el control de las aduanas mexicanas fue entregado a las Fuerzas Armadas: la Marina se quedó con los puertos; el Ejército, con las fronteras terrestres. La justificación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara y repetida hasta el cansancio: disciplina, honestidad y eficacia castrense para sustituir a estructuras civiles corroídas y salio el tiro por la culata.
Hoy, ese argumento hace agua. Tras el escándalo de corrupción que ya había brotado en la Marina, este nuevo caso marca el segundo gran episodio de contrabando de combustible con militares al mando de las aduanas. No es una anomalía aislada: empieza a parecer un patrón.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
Una familia de Reynosa denunció en redes sociales haber sido amenazada con un arma de fuego por Brando Deandar, identificado como primo de la diputada de Morena en Tamaulipas, Magaly Deandar,quien ademas es suspirante por la alcaldía de esta ciudad, esto tras un conflicto vial.
La información publicada por El Siglo de Durango y otros medios nacionales y denunciado en redes, fue por presuntamente sacar un arma de fuego frente a una familia que le reclamó estar estacionado en doble fila.
Qué se sabe del incidente
La familia difundió videos y testimonios en redes sociales y en los materiales difundidos, el denunciante afirma: “El señor está armado, me sacó la pistola delante de mi familia… se picudeó porque está en doble fila”.
El caso tomó relevancia nacional porque usuarios lo ligaron de inmediato con el hecho de que Deandar es primo de la diputada de Morena, Magaly Deandar, y Director General de El Mañana de Reynosa, hijo de Orlando Deándar Martínez.
Reacción pública y política
El caso fue amplificado por periodistas y conductores nacionales; entre ellos, cuentas que compartieron la denuncia de la familia, destacando el vínculo de Deandar con Morena y con un periódico local de Tamaulipas.
Páginas de noticias locales de Tamaulipas señalan que la diputada Magaly Deandar, aunque con escasas posibilidades, tiene aspiraciónes para contender por la candidatura de Morena a la alcaldía de Reynosa, lo que hace políticamente más sensible cualquier escándalo que involucre a familiares directos.
En al menos una publicación de medios digitales se menciona que Magaly Deandar habría emitido un posicionamiento sobre la controversia de su “primo-hermano” en Reynosa.
Marco penal aplicable
En términos penales, si se acredita que Brando Deandar portó y exhibió un arma de fuego para amenazar a una familia en vía pública, el hecho encaja en supuestos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y genera la obligación del Ministerio Público de iniciar investigación de oficio a partir de la notitia criminis producida por los videos y denuncias públicas
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) sanciona la portación de armas sin licencia, así como la posesión y acopio de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La doctrina penal mexicana clasifica estos hechos como delitos especiales federales, perseguidos de oficio, donde basta la portación o posesión ilícita del arma para configurar una conducta típica, sin necesidad de que se dispare.
Violación a la LFAFE en el caso Reynosa
Si el arma exhibida por Brando Deandar era de las comprendidas en los artículos 9 y 10 LFAFE (armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o sin licencia válida), la conducta de “sacar la pistola” en vía pública constituiría portación ilícita sancionable con penas que van, típicamente, de tres a ocho años de prisión y multa, según el catálogo de delitos especiales.
A ello se suma la amenaza directa contra la familia, lo que puede integrar un delito común (amenazas, e incluso tentativa de lesiones o homicidio según el grado de riesgo) a perseguir por la fiscalía estatal de Tamaulipas, concurrente con el delito federal por armas de fuego.
Notitia criminis y deber de investigar
La notitia criminis es la vía por la cual el Ministerio Público toma conocimiento de un posible delito: puede provenir de denuncia, querella, informe policial o incluso difusión pública de un hecho delictivo que llega a conocimiento de la autoridad.
En delitos de portación ilícita de armas (de carácter público), el MP está obligado a ejercitar acción penal de oficio una vez que tiene noticia razonable del hecho, sin necesidad de querella, es decir, debe iniciar carpeta de investigación apenas conoce la denuncia o audio‑visual que muestra la conducta.
Obligación de citar y hacer comparecer
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) regula la citación y órdenes de comparecencia: cuando el MP tiene datos que hagan presumir la probable comisión de un delito, debe mandar citar al imputado; si éste no acude, el juez puede librar orden de comparecencia e incluso orden de aprehensión según la gravedad
Tratándose de posible violación a la LFAFE, el MP federal (FGR) puede solicitar al juez de control medidas como orden de aprehensión y prisión preventiva oficiosa, como ocurre rutinariamente en casos de portación y acopio de armas de uso exclusivo.
Responsabilidad penal potencial de Brando Deandar
En el escenario más sólido probatoriamente (videos claros, testigos, arma asegurada), Brando Deandar enfrentaría:
Delito federal por portación ilícita de arma de fuego, con penas de varios años de prisión y multa.
Delitos del fuero común por amenazas y, según la lectura del riesgo generado, posibles figuras agravadas si se demuestra ánimo de causar daño.
La condición de presunto propietario/directivo de un medio y primo de una diputada no lo exime de responsabilidad; sin fuero federal o local, se le considera particular sujeto a la ley penal común y federal.
¿Por qué debe castigarse?
Bajo una lógica Giuliani de tolerancia cero, la conducta de sacar un arma frente a una familia en la vía pública no solo no debe perdonarse: debe convertirse en el tipo de caso ejemplar que dispara una respuesta inmediata del Estado, porque es exactamente la “ventana rota” que, si se deja impune, normaliza el desorden y la violencia cotidiana.
Qué significa tolerancia cero al estilo Giuliani
La política de tolerancia cero, inspirada en la teoría de las “ventanas rotas”, parte de una premisa: si no se sancionan las infracciones aparentemente menores, se crea un clima de desorden que abre paso a delitos más graves.
En Nueva York, el modelo Giuliani se tradujo en perseguir y sancionar sistemáticamente conductas en el espacio público (beber alcohol en la calle, peleas, daños, contravenciones), como señal de que la ley se aplica siempre, sin excepciones simbólicas.
Por qué este caso es “ventana rota” de libro
Un individuo con poder económico, mediático y político, que usa una pistola como extensión de su palabra en un conflicto vial doméstico, encarna la combinación perfecta de incivilidad, abuso de poder y desprecio por la ley que la tolerancia cero busca cortar desde la raíz.
Si el Estado no actúa frente a un hecho así —grabado, denunciado, difundido— manda el mensaje opuesto al de Giuliani: hay ciudadanos “de primera” que pueden romper la ventana, apuntar un arma y no pasa nada, porque su apellido y sus conexiones los blindan.
La obligación política y penal de no perdonar
La filosofía Giuliani sostiene que “no importa por qué se delinque: lo importante es que las autoridades cumplan la ley”, empezando por las propias jefaturas y élites; es decir, la tolerancia cero se prueba justamente en los casos que tocan al poder, no en los eslabones más débiles.
En clave mexicana, eso se traduce en que la Fiscalía, el gobierno estatal y el federal deberían activar de oficio la investigación por armas de fuego y amenazas y llevar al presunto responsable a comparecer, porque tolerar este episodio rompe la cadena de credibilidad de todo el discurso de seguridad.
Mientras el discurso oficial presume “reducciones” en la violencia, la realidad se escribe con otra tinta: la de los muertos que, convenientemente, dejan de contar.
Este fin de semana en Sinaloa, la aritmética del poder volvió a hacer magia. El Gabinete de Seguridad informó que un elemento de Marina murió y tres más resultaron heridos tras un ataque con explosivos improvisados en las inmediaciones de la presa Picachos. Hasta ahí, la tragedia sí entra en la estadística de ya casi 43,000 cadaveres,segun las cifras de TREsearch a un ritmo de 67 diarios en 641 dias de violencia bajo el segundo piso del gobierno.
Pero luego viene el truco.
Tras el operativo desplegado, en El Rosario fueron abatidos 10 presuntos integrantes de “Los Chapitos”. Diez. Muertos. Con armas, enfrentamiento y todo. Solo que, en el peculiar diccionario oficial, esos no siempre engrosan la cifra de homicidios. Son “abatidos”, “agresores neutralizados”, “bajas operativas”… cualquier cosa menos lo que son: personas muertas.
Y así, con un simple cambio de etiqueta, los números se maquillan.
En el mismo paquete informativo, tres detenidos —dos mexicanos y un colombiano— fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los marinos heridos fueron trasladados a hospitales, uno de ellos en estado grave. La Secretaría de Marina, como es habitual, emitió condolencias solemnes por su elemento caído.
Pero el contraste es brutal: un muerto que sí cuenta y diez que, dependiendo del corte estadístico, pueden evaporarse del registro.
La narrativa oficial habla de operativos exitosos y control de la violencia. La contabilidad, en cambio, parece diseñada para otra cosa: que los muertos incómodos no arruinen el balance.
Porque en esta guerra de cifras, no todos los cadáveres pesan igual. Y algunos, aunque estén muertos, simplemente no existen en el papel.
La Corte Suprema acaba de decirle al Estado profundo: “baja esa mano del GPS, compadre, tu dragnet digital se acabó”. Y lo hizo con una sentencia que básicamente declara que tu celular NO es un grillete electrónico de cortesía para la policía con la ayuda de ordenes por escrito a Google.
Qué decidió la Corte
En el caso Okello T. Chatrie v. United States, la Suprema, 6–3, dictó que el uso de datos de “geofence” o «geocérca» por parte de la policía es un “registro” sujeto a la Cuarta Enmienda. Traducido al idioma calle: si el gobierno quiere saber quién estaba en cierto lugar según la ubicación de sus teléfonos, ahora necesita justificarse como antes, con causa probable individualizada, no con “porque se me antoja” como esta ocurriendo en Mexico.
La mayoría, escrita por Elena Kagan, dice que una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre los registros de ubicación de su celular, incluso si están en los servidores de una empresa y aunque el periodo de tiempo sea limitado. Es decir, el viejo truco de “si se lo diste a Google, ya no es tuyo” se fue directo al basurero jurídico.
Adiós a la redada digital masiva
Este tipo de órdenes, las «geofence warrants», la orden para obtener el perímetro virtual o geocérca, permitían que la policía le pidiera a Google los datos de todos los dispositivos que estuvieron cerca de un crimen, aunque no hubiera sospechosos claros al capturar millones de movimientos y luego se filtran para obtener las coincidencias con el objetivo.
La Corte dice que eso se parece demasiado a las órdenes de registro o detención sin especificar a quién, dónde ni qué se va a buscar o incautar ,las “general warrants” que los colonos odiaban del Imperio británico, esas órdenes en blanco para registrar a todo mundo, que justamente la Cuarta Enmienda nació para enterrar. Ahora cada paso de una «geofence warrant» —desde el primer cerco hasta el filtrado posterior— tiene que pasar por el filtro estricto de la Cuarta Enmienda.
El mensaje a los sabuesos digitales
Kagan y compañía dejan claro que el «Bill of Rights», la carta de derechos no tiene fecha de caducidad digital y que llevar un smartphone, un teléfono inteligente, no convierte tu vida en un «reality show disponible on demand» para cualquier fiscal aburrido. Proximidad a la escena del crimen, dice el fallo, no es sinónimo de causa probable.
La decisión revienta la narrativa gubernamental de que si enciendes la ubicación, voluntariamente renunciaste a tu privacidad constitucional. El tribunal insiste: cuando la policía “mete mano” a las bases de datos de ubicación para reconstruir tus movimientos, eso es una búsqueda, y se somete a las mismas reglas que si entraran a tu casa a revisar tus cajones del armario de tu casa.
Los detalles del caso Chatrie
Okello Chatrie fue condenado por un robo bancario en Virginia después de que la policía usó una orden de búsqueda de la «geocerca» que identificó su teléfono cerca del banco. La Corte tumba el criterio que avaló ese uso indiscriminado de datos y regresa el caso al tribunal inferior para que evalúe, paso por paso, si el gobierno violó la Cuarta Enmienda en cada etapa del “cerco digital”.
La historia es, en esencia, ésta:
El 20 de mayo de 2019 un hombre robó una cooperativa de crédito en Midlothian, Virginia: entró con una nota exigiendo 100 mil dólares, amenazó a la cajera con dañar a su familia, sacó un arma, tiró a todos al piso y obligó al gerente a sacar unos 195 mil dólares de la caja fuerte antes de huir a pie. Testigos y cámaras permitieron a la policía saber que el ladrón había llegado desde la esquina de una iglesia vecina, fingiendo hablar por teléfono, pero la investigación se atascó y no lograron identificarlo.
Casi un mes después, el 14 de junio, los agentes pidieron a un magistrado de Virginia una “geofence warrant” dirigida a Google: querían todos los datos de ubicación de teléfonos dentro de un radio de 150 metros alrededor del banco, entre las 4:20 y las 5:20 de la tarde (media hora antes y media hora después del asalto), usando el servicio Location History, que registra dónde está un celular cada dos minutos.
El esquema era de tres pasos: primero, Google entregaría datos anonimizados de todos los dispositivos dentro del geocerca; segundo, la policía reduciría la lista y Google ampliaría los datos (movimientos dentro y fuera del perímetro durante dos horas, de 3:50 a 5:50); tercero, tras otro filtrado, Google revelaría la identidad de los usuarios finales (nombre, número, correo).
El magistrado firmó la orden y Google respondió: en la primera fase aparecieron 19 usuarios; los agentes redujeron a nueve y obtuvieron sus trayectos dentro y fuera del área; en la tercera fase se quedaron con tres dispositivos y Google dio sus identificaciones. Uno de ellos era Okello T. Chatrie: sus datos mostraban que entró al área de la geocerca unos diez minutos antes del robo y se dirigió hacia una zona residencial inmediatamente después de salir del banco. Con ese punto de partida y trabajo policial adicional, un gran jurado federal lo acusó de robo y delitos relacionados con armas, y Chatrie pidió suprimir toda la evidencia de Google alegando que se trataba de un “registro” amparado por la Cuarta Enmienda y que la geofence warrant era inválida.
El tribunal de distrito reconoció que esa orden de geocerca “claramente viola” los derechos de la Cuarta Enmienda, pero negó su moción aplicando la excepción de buena fe a la regla de exclusión: los agentes, dijo, confiaron de manera no objetivamente irrazonable en la orden del magistrado.
Luego, un panel dividido del Cuarto Circuito confirmó, aunque por otra ruta: sostuvo que no hubo “registro” porque Chatrie no tenía una expectativa razonable de privacidad en dos horas de datos de ubicación expuestos voluntariamente a Google; en el plenario, el circuito se dividió 7–7 sobre si había o no búsqueda, y terminó afirmando la sentencia en una escueta per curiam.
La Suprema Corte aceptó el caso solo para resolver una pregunta: si la policía violó la Cuarta Enmienda al obtener los datos de ubicación de Chatrie; respondió que sí hubo “registro”, porque una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre la información de ubicación de su teléfono, incluso cuando está en manos de una empresa y aunque el periodo sea breve.
Al mismo tiempo, dejó para el Cuarto Circuito la tarea de decidir en remisión si cada etapa del proceso de geocerca cumplió con los requisitos de causa probable y particularidad, y si, pese a la violación, la prueba puede mantenerse al amparo de la excepción de buena fe.
Teléfonos, tobilleras y protestas
Mientras tanto, organizaciones de libertades civiles celebran; hablan de un parteaguas en materia de privacidad, una reafirmación de que no se puede hacer vigilancia masiva sin el freno constitucional. Del otro lado, en la disidencia, Samuel Alito lamenta que se exija warrant para algo que, en su lectura, debería ser herramienta rutinaria para atrapar culpables.
La Corte retoma la lógica de Carpenter: seguir tu celular es casi lo mismo que ponerte una tobillera electrónica. Si el gobierno puede saber dónde estuviste, a qué hora, con quién coincides, puede reconstruir tus rutinas, tus visitas a clínicas, tus misas, tus marchas.
Esta sentencia pega directo en la cabeza de cualquier intento de usar geofences para mapear asistentes a protestas, congregaciones religiosas o lugares “incómodos” políticamente. La herramienta no desaparece, pero se convierte en un instrumento quirúrgico, no en una red de arrastre que atrapa a media ciudad “por si las dudas”.
