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martes, 21 de abril de 2026

«2 MUERTOS y 13 HERIDOS»: «TURISMO INTERNACIONAL INCLUIDOS DOS NIÑOS quedarón ATRAPADOS en TIROTEO de PIRAMIDE de la LUNA»…Mexico avanza a cifra de 800 mil muertos transexenalmente registrados, la mayoría impunes.


En Teotihuacán, donde el Estado presume patrimonio milenario pero no logra garantizar lo básico —la seguridad—, la postal turística se convirtió en escena de crisis. Las autoridades ya pusieron nombre y nacionalidad a las 13 personas lesionadas en el tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, un episodio que expone, otra vez, la fragilidad del control institucional incluso en zonas de alta vigilancia simbólica.

Entre las víctimas hay dos menores: Gerónimo González, colombiano de apenas 6 años, con impactos en tibia y peroné, y Leticia Mondea, brasileña de 13, quien logró trasladarse posteriormente a la Ciudad de México. La escena no distingue pasaportes ni edades: el turismo internacional terminó atrapado en una situación que México insiste en calificar como “aislada”, aunque cada vez resulta más difícil sostener ese discurso.

El menor colombiano fue canalizado del Hospital General de Axapusco al de Especialidades de Ixtapaluca, donde también atienden a Dayana Paola Castro Calderón (37, Colombia), con lesiones en rótula y glúteo, y a Delicia Li de Yong (29, Canadá), herida en la región supraescapular. En paralelo, otros lesionados —de Rusia, Brasil y Colombia— fueron estabilizados en Axapusco con daños que van desde fracturas de fémur hasta lesiones musculoesqueléticas.

El mosaico de víctimas se completa con ciudadanos estadounidenses atendidos en hospitales privados de la zona: Jaslin Landaverde, Gregoire Magadini, Jalen Aybar y Alejandra Graciano, además de Alex Daniel Marco Witz y Barriet-D Marco Witz, estos últimos con heridas que incluyeron posible daño visceral. La dispersión hospitalaria no solo refleja la urgencia del momento, sino también la fragmentación del sistema de atención en crisis.

La Secretaría de Gobernación confirmó el saldo: dos muertos —una mujer canadiense y el agresor— y 13 heridos, de los cuales ocho siguen hospitalizados. El agresor, según los reportes, tomó rehenes antes de ser abatido por elementos de la Guardia Nacional, en una intervención que quedó registrada en video por un visitante. La narrativa oficial subraya la “neutralización” del atacante; lo que queda menos claro es cómo llegó armado a una de las zonas arqueológicas más vigiladas del país.

El gobierno federal asegura mantener contacto con familiares y representaciones diplomáticas, mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entra en escena con líneas telefónicas y acompañamiento institucional. Es el protocolo: contención posterior, comunicación diplomática y gestión de daños.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 55 10 00 20 00, extensión 57508, así como la cuenta @CEAVmex.

Listado de heridos

Hospital de Especialidades de Ixtapaluca: En este centro médico se encuentran las siguientes personas, algunas trasladadas desde otros recintos:

  • Gerónimo González (Colombiano) – Menor de edad trasladado desde el Hospital General de Axapusco.
  • Dayana Paola Castro Calderón (Colombiana) – 37 años.
  • Delicia Li de Yong (Canadiense) – 29 años.

Hospital General de Axapusco:

  • Maikol Michelle Mitrocil (Rusa) – 32 años.
  • Luisa Fernanda Puentes Alzate (Colombiana) – 22 años.
  • Francis Arlette Rivero (Brasileña) – 55 años.

Clínica San Martín (Teotihuacán): Atendidos inicialmente aquí y trasladados por sus propios medios a un Hospital Ángeles:

  • Alex Daniel Marco Witz (Estadounidense) – 29 años.
  • Barriet-D Marco Witz (Estadounidense) – 61 años.

Hospitales privados de Teotihuacán (con posterior traslado a Ciudad de México):

Leticia Mondea Folsta (Brasileña) – 13 años (se trasladó por sus medios a la CDMX).

Jaslin Landaverde (Estadounidense) – 26 años.

Gregoire Magadini (Estadounidense) – 38 años.

Jalen Aybar (Estadounidense) – 27 años.

Alejandra Graciano (Estadounidense) – 34 años.

Lo incómodo es lo estructural. 

Teotihuacán no es un punto cualquiera: es vitrina internacional, símbolo histórico y destino turístico estratégico. Si ahí ocurre un evento de esta naturaleza, la pregunta ya no es solo quién disparó, sino qué falló antes de que alguien pudiera hacerlo.

Porque en México, incluso entre pirámides milenarias, la seguridad sigue siendo más relato que garantía.

Con informacion: ELNORTE/

lunes, 20 de abril de 2026

EL «FISCAL de las FUGAS»: «TALONEAN GOPES MULTIASESINO del CARTEL de la BARREDORA del CDV que HUYÓ SOSPECHOSAMENTE»…ligado a masacre de Camargo de 19 personas en 2021.


En Tamaulipas ya no saben ni cómo disfrazar el olor a fuga: se escapa un ex GOPE multiasesino , aparece la clásica promesa de recompensa, se activan los reflectores y, como siempre, la verdad queda enterrada debajo de una cortina de “investigación en curso” que desde el inicio oculto la identidad del fugado, un ex-miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) ,identificado en medios como  José Arturo “A” o José Arturo “N”, ligado a la masacre de Camargo ocurrida en el ejido Santa Anita el dia 22 de enero de 2021, cuando 19 personas fueron asesinadas y calcinadas bajo el gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca,quien primero quisó culpar al Cartel del Golfo.

El fiscal de Justicia Jesús Eduardo Govea Orozco entra aquí como personaje imposible de ignorar. No sólo encabeza la narrativa de búsqueda e investigación para dar con el paradero del prófugo, sino que carga sobre la espalda un pasado que él mismo ha intentado explicar como persecución, mientras reportes periodísticos lo conectan con el expediente de Matamoros de 2001, cuando fue detenido por su presunta participación en la fuga de “El Kelin”, un lugarteniente de pesos y de «pesos» del capos Osiel Cardenas Guillen.

Y aunque Govea niega vínculos con el crimen organizado y sostiene sin pruebas que todo fue un operativo arbitrario aunque paso 7 meses recluido en un penal de alta seguridad, que otra vez mangonea Cardenas Guillen, el antecedente criminal no desaparece: en un estado donde la desconfianza al gobernador Americo Villarreal es latente, casi deporte estatal, tener a un fiscal con ese historial y luego verlo administrar otro caso de fuga no ayuda precisamente a disipar sospechas.

Del otro lado está el general Arturo Pancardo, que salió a escena con la serenidad del funcionario que no quiere salpicarse, mientras la fuga se pudre en la cancha ajena: la Fiscalía investiga, la SSP “colabora”, los custodios ya detenidos después de decir que no , y el expediente avanza con la velocidad típica de la justicia tamaulipeca, esa que siempre corre cuando ya se escapó el culpable.

Lo que huele raro no es sólo la evasión; es la coreografía completa: un fugado de alta peligrosidad que sabe demasiado de algo nunca totalmente aclarado , una recompensa de 300 mil pesos, custodios ahora presos, autoridades repartiendo responsabilidades y una información pública tan recortada desde el inicio que parecia diseñada para proteger la fuga más que para esclarecer su paradero.

Y luego viene la joya: la prensa actuando como tonto útil. En vez de exigir el nombre completo del prófugo, la ruta de custodia, los responsables directos y el porqué de tanto enredo, muchos medios replicarón el boletín en modo servil, como si su trabajo fuera aplaudir la opacidad gubernamental en vez de romperla. 

Cuando el nombre se reserva, cuando los detalles se fragmentan y cuando la versión oficial llega mascando chicle, el mensaje real es otro: aquí alguien quiere que la fuga parezca accidente y no síntoma de un mal gobierno que se parece tanto al que le antecedió.

La sospecha se vuelve más incómoda por el antecedente del propio Govea. En publicaciones periodísticas y declaraciones difundidas por el propio fiscal, él reconoce que fue detenido en 2002 en Matamoros por un caso vinculado a una supuesta red de protección al crimen organizado, aunque insiste en que fue un procedimiento ilegal y que terminó liberado sin exhibir documentales que prueben fue absuelto y no dejado en libertad por cansancio procesal.

El pasado de Govea no prueba por sí solo una maniobra presente, pero sí explica por qué cualquier fuga que pase por sus manos no se lee como un simple tropiezo administrativo, sino como una escena donde demasiados actores parecen saber exactamente qué no deben decir.

Con informacion: Noticiero de Victoria/MEDIOS/REDES

«CUANTOS VAN ?…39,073 con SHEINBAUM y 735 MIL MUERTOS en TOTAL»: «SUJETO DISPARA en la PIRAMIDE de la LUNA en TEOTIHUACAN y MATA TURISTA CANADIENSE»…deja otros mas heridos.


Una turista canadiense asesinada en la Pirámide de la Luna y un tirador que se vuela la cabeza frente a familias enteras dicen más de la “pacificación” de Claudia Sheinbaum que cualquier grafiquita mañanera con colores patrios. No es un incidente aislado: es un punto más en una gráfica que ya suma decenas de miles de muertos en 566 días de gobierno, mientras el oficialismo presume un “ahorro” en formol como si el problema fueran las funerarias y no los asesinatos.

La masacre en Teotihuacán

El Gabinete de Seguridad informó que un hombre subió a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra turistas, mató a una mujer canadiense y lesionó al menos a tres personas, para luego suicidarse. La escena, con el agresor atrincherado en lo alto del monumento y visitantes corriendo despavoridos hacia las puertas del sitio arqueológico, convirtió una visita familiar en un campo de tiro improvisado.

En el lugar se aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles, pero la narrativa oficial se limita a la típica plantilla: operativo desplegado, investigación en curso, zona acordonada. Detrás de cada frase aséptica hay una familia extranjera que regresa a casa con una urna o con alguien conectado a un respirador, y un país que vuelve a confirmarse como destino turístico donde la muerte forma parte del tour.

566 días de cadáveres

Según el propio tablero de TResearch, al 20 de abril de 2026 se contabilizan 39,073 homicidios en lo que va del sexenio de Sheinbaum, con un promedio de 69 asesinatos diarios en 566 días. El gobierno vende que “bajó” respecto al infierno de López Obrador, pero 69 personas al día no es una estrategia de seguridad: es una administración del colapso donde la única constante es la morgue llena.

En los mismos 18 meses de mandato, TResearch registra 38,162 homicidios para Sheinbaum frente a 54,646 en el mismo tramo de AMLO, una caída aproximada de 30% que se traduce, según el gabinete, en 35 homicidios menos diarios. El truco contable es obvio: comparar con el peor periodo de la historia reciente permite presumir “mejores números” aunque el país siga acumulando decenas de miles de asesinados y escenas como la de Teotihuacán.

La cuenta macabra desde Salinas

Si se miran los datos históricos, la alfombra bajo la que intentan barrer la sangre ya no alcanza: Salinas cerró con 76,767 homicidios dolosos, Zedillo con 80,671, Fox con alrededor de 60,280, Calderón con 120,463, Peña Nieto con 156,066 y López Obrador con cerca de 202,336 asesinatos.

A esa montaña de muertos hay que sumar los 39,073 homicidios acumulados en lo que va del sexenio de Sheinbaum, lo que empuja la cifra combinada de estos gobiernos por encima de los 735 mil 656 asesinatos, mas lo que se acumulen. hoy

La llamada “Cuarta Transformación” se limita a administrar la misma tragedia con otra paleta de colores y otro eslogan: se presume que antes se mataba más rápido, como si hoy se matara con tarifas de promoción. El país vive de gobierno en gobierno sumando decenas de miles de víctimas, y la discusión pública se reduce a qué presidente logra que la curva baje un poquito mientras sigue creciendo el panteón nacional.

Más allá del “ahorro” en formol

La narrativa oficial insiste en que hay menos homicidios diarios, como si el logro del sexenio fuera que al SEMEFO le dura un poquito más el formol. El punto no es si los refrigeradores están un poco menos saturados, sino que se ha normalizado que 50, 60 o 70 personas asesinadas al día sean una cifra políticamente vendible.

Para las víctimas y sus familias, no existe “disminución porcentual” que alivie el hecho de que su ser querido fue una estadística más en una tabla que se actualiza diario. La mujer canadiense que murió en Teotihuacán no es evidencia de que “vamos mejor” ni daño colateral de la gráfica: es la prueba de que, mientras el gobierno celebra su presunto ahorro en formol, México sigue siendo un país donde hasta las pirámides se convirtieron en tiraderos de cuerpos.

UN «ACTO HORRENDO» dice CANADA

El Gobierno de Canadá calificó como un «horrendo acto de violencia» el tiroteo en Teotihuacán en el que un hombre mató a una canadiense e hirió a otro de la misma nacionalidad.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Ananda, expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima, y agradeció la comunicación con la Cancillería mexicana encabezada por el Secretario Roberto Velasco.

«Como resultado de un horrendo acto de violencia armada, un canadiense fue asesinado y otro herido en Teotihuacán, México. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos, y los funcionarios consulares de Asuntos Globales están en contacto para brindar asistencia», escribió la diplomática en su cuenta de X.

Con informacion: TRESEARCH / ELNORTE/

EL «FRACKING en MORENA»: «MAGENTA DESMENUZA REVIENTE de la ROCA PARTIDISTA y CUESTIONA CUANTOS PEDAZOS de VAN a DESPRENDERSE el DIA que CANTE PENILLA»…mas propiamente dicho,la Organización Criminal.


El análisis mas reciente de la mesa de Círculo Magenta, básicamente explica que el fracking ya no es solo para las piedras: ahora también se le aplica a Morena, a sus dirigentes, a sus huachicoleros fifís y al ego de Andy López Beltrán.

El fracking energético: despertar con resaca ideológica

Claudia Sheinbaum salió a decir que siempre sí le gusta el fracking porque “soberanía energética”, después de seis años de catecismo anti-fracking de la 4T.

Los magentas lo explican clarito: se inyecta agua a presión para reventar lutitas en la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas) mientras México sigue importando alrededor de 65% del gas que consume y se pone la soga energética al cuello frente a Estados Unidos.

El episodio pinta la escena: mercados felices, Texas festivo, Burgos soñando empleos, y la 4T vendiendo como “soberanía” lo que en realidad es pánico porque si mañana EU decide mandar todo su gas de fracking a Europa, la industria mexicana colapsa.cnnespanol.

Los analistas sueltan el dardo: no es que México haya innovado, es que despertó de un coma ideológico de 15 años y de pronto descubrió que la geopolitik hoy se mide en BTUs, no en mañaneras.

El fracking político: reventar la roca Morena

De ahí se brincan al fracking realmente divertido: el de Morena, donde la roca a perforar se llama Andy.

La metáfora es brutal: si en el subsuelo inyectas agua para fracturar la roca, en el partido se inyectan investigaciones gringas, cambios en el SAT y manotazos de Sheinbaum para fracturar la red del hijo del ex presidente.

En la superficie, Luisa María Alcalde jura que no se va de la dirigencia, que todo es complot mediático, pero Código Magenta la describe ya con maletas listas y Citlalli subiendo al ring para operar las candidaturas rumbo a 2027.

El diagnóstico es demoledor: con los números actuales, Morena podría perder entre 6 y 8 de las 17 gubernaturas en juego, y la presidenta no está dispuesta a que el “huachicol político” de Andy le reviente el tablero electoral.

La línea magenta es clara: Sheinbaum está usando el fracking interno para marcarle frontera a Andy sin todavía romper de lleno con Andrés Manuel, pero dejando claro quién controla las válvulas del gas partidista.

Y rematan con veneno: si Andy quiere empezar “desde cero” en Tabasco, que primero devuelva lo del huachicol, el balastro y las concesiones a sus amigos; fracking moral, no nada más electoral.

El fracking fiscal: sacar gas del SAT

Otro pozo donde le meten dinamita a la red de Andy es el SAT.

Antonio Martínez Dagnino sigue de titular “nominal”, pero las decisiones ya pasan por otro grupo político, porque Sheinbaum no quiere que el hijo del ex presidente meta mano en la caja registradora del Estado.

Código Magenta conecta puntos: el SAT de Dagnino operó casos espinosos como las presiones a empresas y magnates, y su relevo abre la puerta a un perfil más técnico, menos tatuado con el sello de Palenque.

Sumado a eso, Claudia también está incómoda con otros cuadros que reportan a Andy, como el responsable de finanzas en CDMX o Horacio Duarte en Edomex; en palabras magentas, la presidenta ya empezó a mover alfiles, no monaguillos.

El mensaje de la mesa es quirúrgico: fracking administrativo para cortar los ductos de dinero, de información y de impunidad que conectaban al SAT y a ciertas oficinas clave con la red del junior.

El fracking judicial: OFAC, narcos y la red Andy

Ahí entra el fracking versión OFAC: Estados Unidos agujereando la corteza del sistema morenista con sanciones y expedientes.

Uno de los casos estrella es el del abogado Peñilla, exhibido como defensor de narcos pesados como el Z-40 y ahora intervenido por OFAC y ligado tanto a grupos criminales como a operadores jurídicos de Morena en Tamaulipas y al propio Andy.

La mesa lo plantea así: cuando se siente con los gringos, la pregunta no será si canta, sino qué ofrece a cambio de que no lo hundan, y cuántos pedazos del partido se van a desprender en el proceso.

Encima, aparece la triada de Pemex–Infonavit: Octavio Romero, Marcos Sereira y Javier Núñez López, ex chofer de la familia López Beltrán convertido en jurídico que firmó miles de millones en contratos direccionados a la red de Andy.

Magenta suelta la bomba: hay 100 mil millones de pesos en contratos asignados a amigos y familiares del círculo de Andy, y ahora el Departamento de Justicia trae la lupa encima gracias a testigos protegidos como Alejandro Rovirosa.

Según el relato, Sereira viajó a declarar a Estados Unidos y puso el dedo en Adán Augusto López Hernández como beneficiario mayor del esquema, mientras los fiscales en Texas ya tienen bien trazada la red Andy.

Fracking global: cuando Sheinbaum quiere jugar a internacionalista

Para rematar la metáfora, la mesa se va al fracking geopolítico.

Sheinbaum, que era alérgica a los foros internacionales, ahora quiere ir a España al encuentro de la Internacional Socialista, rodearse de izquierdas variopintas y salir en la foto anti-Trump.

Los magentas prenden las alarmas: esa postal puede ser el ácido que termine fracturando la relación con el actual presidente Donald Trump, personaje con psique inflamable y memoria selectiva cuando se trata de lealtades.

Le preguntan, casi con sorna, si vale la pena encabezar la porra contra Washington mientras México depende de EU para gas, maíz, frijol y hasta para sobrevivir energéticamente.

La advertencia es clara: una cosa es fracking bien calculado hacia dentro (Morena, SAT, operadores, redes de huachicol) y otra es dejar que te arrastren al fracking global, donde un mal movimiento con Trump puede acabar reventando la soberanía energética que dices estar construyendo con la Cuenca de Burgos.

En el cierre, Círculo Magenta deja la frase tipo epitafio: si Sheinbaum no mide sus fracturas internas y externas, puede terminar en un escenario tan turbulento que, como diría García Márquez, no vivamos para contarlo.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

«PLAN ESTRATEGICO o…MAS CHORO ?»:LA «FISCAL de FGR en MEDIO de OTRA LARGA LISTA de COMPROMISOS IMPECABLEMENTE REDACTADOS pero SISTEMATICAMENTE INCUMPLIDOS»…el éxito pasa por acabar con la impunidad que pasa por el mismo Estado,pero eso nunca pasa



La procuración de justicia en México no “ha sido uno de los eslabones más frágiles del Estado”; ha sido, en demasiados casos, su coartada perfecta. La distancia entre la ley y la realidad no es una herida abstracta: es una política tolerada, administrada y, a veces, convenientemente ignorada. La impunidad no apareció por generación espontánea ni por “inercias históricas”; es el resultado de decisiones concretas —o de la ausencia deliberada de ellas— dentro de instituciones que hoy prometen reinventarse.

Decir que la justicia “no es un privilegio, sino un derecho” suena bien en el papel, pero en la práctica mexicana sigue operando como un bien escaso, condicionado por poder, dinero o utilidad política. Romper inercias no es redactar planes estratégicos; es procesar a quienes las sostienen, empezando por dentro.

En el llamado Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 recien echado a andar por Ernestina Contreras, Fiscal General de la Republica (FGR) ,afirma colocar a las víctimas en el centro. La pregunta incómoda es inevitable: ¿cuándo dejaron de estar en la periferia? Porque durante años, la víctima ha sido expediente, estadística o estorbo procesal. Hablar de verdad, justicia y reparación como “componentes inseparables” contrasta con un historial donde la verdad se negocia, la justicia se posterga y la reparación rara vez llega.

La Fiscalía promete abandonar un modelo “reactivo, fragmentado y burocrático”. Sin embargo, ese modelo no es un error técnico: es el reflejo de una institución que ha funcionado más como administradora de conflictos que como garante de derechos. Sustituir palabras —de “inercia” a “inteligencia”— no sustituye resultados. La inteligencia, por cierto, no se decreta: se construye con autonomía real, capacidades técnicas verificables y, sobre todo, voluntad política para tocar intereses.

Se reconoce que el fenómeno criminal es complejo, estructurado y dinámico. Nada nuevo bajo el sol. Lo novedoso sería ver investigaciones que desmantelen redes completas en lugar de producir detenciones selectivas, mediáticamente rentables pero estructuralmente inútiles. Apostar por evidencia científica suena correcto; el problema es cuando la evidencia incomoda narrativas oficiales y termina archivada.

La transformación “ética” que se invoca —erradicar corrupción, opacidad e indiferencia— es, en rigor, una admisión de que esos vicios siguen vivos dentro de la institución que promete combatirlos. La integridad no es una aspiración declarativa; es una práctica comprobable. Y la transparencia no se mide en discursos, sino en acceso real a información, en auditorías independientes y en consecuencias para quienes fallan.

Cada carpeta de investigación representa, sí, una historia. Pero también representa un termómetro de la institución: cuántas se judicializan, cuántas se caen, cuántas se congelan. Recuperar la “sensibilidad institucional” suena loable, aunque insuficiente si no viene acompañada de eficacia procesal. Escuchar sin resolver es otra forma de simulación.

El Plan Estratégico asegura que la Fiscalía “reconoce sus desafíos” y “asume su responsabilidad”. Falta el paso que históricamente se ha evitado: asumir costos. Porque transformar la procuración de justicia en México no depende de redactar mejores diagnósticos, sino de romper pactos de impunidad, incluso —y sobre todo— cuando esos pactos atraviesan al propio Estado.

Si la justicia deja de ser promesa y se vuelve realidad, no será por la fuerza de un documento, sino por la evidencia verificable de que la ley se aplica sin excepción. Hasta entonces, el riesgo es que este plan se sume a la larga lista de compromisos impecablemente redactados y sistemáticamente incumplidos.

Asi lo dice la Fiscal:

La procuración de justicia en México ha sido durante décadas, uno de los eslabones más frágiles del Estado. La distancia entre la ley y la realidad ha generado una herida persistente: la impunidad. Por ello, asumir que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, implica romper con inercias históricas y reconstruir desde sus cimientos la función del Estado frente a las víctimas.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro, como eje rector de toda acción institucional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación del daño son componentes inseparables de una misma obligación ética y jurídica. Cuando el Estado investiga, no solo busca sancionar; busca restituir, dignificar y reconstruir.

Con esta convicción, la Fiscalía General de la República abandona un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, para dar paso a una lógica estratégica, basada en inteligencia, coordinación y análisis científico. Este tránsito —de la fragmentación a la inteligencia, de la inercia a la acción— es estructural. La justicia no puede seguir siendo entendida como un trámite o una estadística, sino como el cimiento de la democracia y del contrato social. Cuando falla, no solo se vulnera a la persona: se debilita el tejido entero de la sociedad.

La reingeniería institucional que expone el Plan reconoce, además, la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo. Ya no se trata de delitos aislados, sino de estructuras dinámicas, articuladas, que requieren respuestas igualmente sofisticadas. De ahí la apuesta por un modelo de investigación sustentado en evidencia científica, trabajo multidisciplinario y coordinación interinstitucional.

Esta transformación, también es ética. Implica erradicar prácticas que durante años minaron la confianza ciudadana: la corrupción, la opacidad, la indiferencia. Una Fiscalía que aspire a ser justa debe ser, primero, íntegra. Por esto, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar legitimidad. En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para responder a la demanda histórica de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.

Cada carpeta de investigación representa una historia, un agravio y una expectativa legítima de respuesta. Fortalecer la procuración de justicia implica, por tanto, no solo perfeccionar procedimientos, sino recuperar la sensibilidad institucional: escuchar con seriedad, actuar con responsabilidad y garantizar que cada decisión tenga como horizonte la dignidad humana. Se trata de una justicia que encuentra su sentido en servir al pueblo y que da sustento real a la misión de garantizar acceso efectivo a la justicia y a la visión de consolidar una institución íntegra, eficaz y humana.

Con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República reconoce sus desafíos, asume su responsabilidad y decide emprender la ruta de la transformación, para que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en un mandato ineludible frente al pueblo; para que la Ley deje de ser privilegio, sino garantía para todas y todos.

Fiscal general de la República

Con informacion: ELUNIVERSAL+/