Un juez federal de Colorado dictó ayer martes sentencia en firme en contra de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, en respuesta a una demanda que el exlíder del Cártel de Sinaloa presentó por sus condiciones de reclusión en ADX Florence.
En la sentencia, difundida por el periodista Keegan Hamilton, el juez Gordon P. Gallagher concede a los acusados: Mistelle J. Starr, directora de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, y John Holbrooks, consejero penitenciario en Florence, la moción de desechar la demanda del “Chapo”, quien cumple sentencia de cadena perpetua.
La justicia en Estados Unidos el dijo «NO» con una velocidad que ni el túnel más sofisticado podría igualar. Esta vez, el protagonista del portazo judicial intentó revivir su ya de por sí desgastada narrativa legal, solo para encontrarse con un juez que, sin rodeos, le bajó la cortina al espectáculo: caso desechado, función terminada.
Porque sí, en algún punto alguien pensó que una demanda más podría cambiar el guion,eso no pasó. El capo que alguna vez burló sistemas penitenciarios completos con ayuda del mismo gobienro,ahora se topa con algo mucho más infranqueable: la indiferencia procesal.
Ni túneles, ni contactos, ni mitología criminal alcanzan cuando el expediente simplemente no da para más. Y el juez, lejos de entrarle al drama, optó por lo más pragmático: cerrar el caso y seguir con su día.
Hay algo casi poético —y bastante irónico— en ver cómo quien construyó un imperio a base de esquivar la ley ahora queda atrapado en los tecnicismos de esa misma ley. El mensaje es claro: en este capítulo no hay fuga, no hay giro inesperado, no hay corrido que lo salve. Solo un seco “no procede” que retumba más fuerte que cualquier operativo.
Claudia Sheinbaum descubrió por fin la verdadera Cuarta Transformación: de víctima del “imperio mediático” a vocera honoraria de los gobernadores que le juran al New York Times que jamás, pero jamás, le han pasado chismes a la DEA. La presidencia y los gobiernos de Alfonso Durazo en Sonora y el Americo Villarreal en Tamaulipas montaron una especie de mañanera diplomática: desmentido aquí, desplegado allá, carta indignada acullá, todo para decirnos que no hay una sola carpeta, ni un folio, ni un Post-it que respalde lo que publicó el diario neoyorquino.
El show de la honorabilidad ofendida
El libreto es conocido: el reportaje del Times habla de al menos una decena de políticos de Morena que se habrían convertido en informantes de Estados Unidos contra otros compañeros de partido, con énfasis en los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas). No da nombres a diestra y siniestra, pero sí pinta un cuadro donde varios morenistas tocan la puerta del tío Sam para contarle los pecados internos de la 4T.
La respuesta oficial ha sido de telenovela de las tres: el gobernador Villarreal “niega de manera categórica, absoluta y contundente” las acusaciones; su gobierno paga un desplegado en prensa nacional para repetir que no existe acusación ni procedimiento alguno en su contra, como si la realidad empezara y terminara en los archivos de la Fiscalía local.
Durazo, por su parte, manda carta al Times regañando al diario por publicar “afirmaciones sin aportar una sola evidencia verificable”, y exigiendo rectificación como si estuviera hablando con el portal de noticias de su oposición municipal, no con uno de los periódicos más influyentes del planeta.
Sheinbaum, árbitro y parte
Sheinbaum entra en escena diciendo que su gobierno “no tiene ninguna información al respecto”, así que no puede opinar sobre algo que, oficialmente, no existe. Es un argumento hermoso: si en Palacio no les ha llegado el memo, entonces el resto del mundo está fabulando. El problema es que la película no va de si la Presidenta está enterada, sino de si las autoridades estadounidenses y sus fuentes están moviendo piezas que en México se niegan a ver, o prefieren no mirar.
Ya hubo antes otro capítulo: cuando se reveló desde Estados Unidos que Durazo y Villarreal estaban bajo la lupa por presuntos vínculos con actividades del crimen organizado, la respuesta fue casi calcada: duda sobre el “timing”, sospecha de motivaciones políticas y defensa corporativa de los suyos. Ahora, el guion se recicla: si la información incomoda, entonces es “especulativa”, “sin contexto” o producto de fuentes anónimas malvadas.
El juego de las fuentes puras
El Times cita “una decena de personas” que hablaron bajo condición de anonimato y que aseguran que al menos diez funcionarios electos en México se han acercado para compartir información sobre otros políticos. No es la primera nota sobre México basada en fuentes anónimas, ni será la última, pero de repente en la 4T descubrieron el purismo metodológico: sin nombre, RFC y CURP de cada fuente, la historia debe ser mentira.
Resulta casi entrañable ver a los gobiernos de Sonora y Tamaulipas, que viven en estados donde el crimen organizado dicta la agenda a balazos, indignarse más por lo que un reportaje dice que por lo que sus ciudadanos padecen.
En un país donde todo mundo filtra, graba, manda notas de voz y opera en la sombra, el oficialismo quiere que creamos que lo único que no existe son los soplones dentro de Morena. Eso sí sería un milagro sexenal.
Moralina de sobremesa
Lo que este episodio deja claro no es si el Times tiene toda la razón o si Durazo y Villarreal son santos incomprendidos, sino que el poder en México se siente más cómodo descalificando al mensajero que respondiendo el mensaje.
La Presidenta se coloca como juez de la legitimidad de la prensa extranjera mientras sus aliados estatales posan de víctimas impecables, sin un solo rasguño en sus expedientes… al menos en los que ellos mismos controlan.
En el fondo, la pelea no es entre México y el New York Times, sino entre dos narrativas: la épica de la 4T impoluta y la realidad incómoda de un sistema donde los leales pueden terminar vendiéndose al mejor postor, incluida la justicia de otro país. Y si algo irrita a cualquier gobierno, de cualquier color, no es que lo acusen de corrupto: es que lo acusen de tener traidores en casa.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal dio luz verde al recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra el amparo concedido a Abraham Oseguera Cervantes, alias «DON RODO», hermano de “El Mencho”, para efecto de que se le dicte una nueva resolución en la que se funde y motive la acusación por portación de armas fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
La resolución le abre una rendija a la FGR, pero también la exhibe: si no arma bien el caso, el amparo de Don Rodo puede terminar siendo un boquete jurídico del tamaño del CJNG.
La escena: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal le dice a la FGR “ok, pásale, vamos a revisar tu queja contra el amparo de Don Rodo”, pero no le promete nada más que un buen regaño procesal si llega con el expediente hecho bolas.
La FGR presume “luz verde” como si fuera gol en el último minuto, cuando en realidad lo único que consiguió es que un magistrado redacte un proyecto de sentencia que puede terminar confirmando que el juez de amparo tenía razón al patear su vinculación a proceso por armas y cartuchos exclusivos del Ejército.
Y mientras tanto, Don Rodo —operador financiero del CJNG, recapturado en Tonaya por Guardia Nacional, Ejército, FGR y SSPC— sigue en Altiplano, pero con un escudo constitucional que ya le tumbó la primera versión de la historia que contó el Ministerio Público.
Contexto: la “libertad se la regaló la Guardia”
El antecedente es escandaloso: videos y contradicciones de la Guardia Nacional desbarataron la narrativa de detención y posesión de drogas y armas de Don Rodo, hasta el punto de que un tribunal de apelación confirmó que no había forma decente de vincularlo a proceso.
En cristiano: los agentes federales narraron una detención épica y un hallazgo de pastillas “M30” tipo fentanilo, pero las imágenes desmintieron la versión y dejaron al descubierto que la carpeta de investigación estaba tan frágil que ni siquiera resistía un análisis comparativo mínimo
De ahí que se haya instalado la idea de que la “libertad se la regaló la Guardia”, no porque el juez fuera un activista de derechos humanos, sino porque alguien en la operación decidió que el rigor probatorio era opcional cuando se trataba del supuesto “segundo hombre más poderoso del CJNG”.
Qué significa jurídicamente la resolución
Admisión del recurso de revisión
El Tribunal Colegiado admite el recurso de revisión de la FGR contra la sentencia de amparo que benefició a Don Rodo respecto de la vinculación a proceso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo.
Esto no cancela el amparo ni libera al imputado: sólo abre la fase de control superior, donde se revisa si el juez de amparo aplicó correctamente la Ley de Amparo, el estándar de fundamentación y motivación y la presunción de inocencia.
Proyecto de sentencia y tres posibles desenlaces
Un magistrado del Tribunal Colegiado elaborará un proyecto que puede: a) confirmar el amparo, b) modificarlo o c) revocarlo.
Si se confirma el amparo, la vinculación a proceso se sigue cayendo y se consolida el mensaje de que la FGR imputó mal, reclasificó delitos sin sustento (posesión vs portación) y violó garantías básicas.
Si se modifica, el Tribunal puede ajustar los alcances de la protección, quizá acotando la crítica al juez de control pero manteniendo exigencias de mejor fundamentación.
Si se revoca, la FGR recupera aire: el proceso penal se reactiva y el juez de control mantiene o reestructura la vinculación con un margen mayor para sostener los cargos.
El punto fino: reclasificación y presunción de inocencia
El juez de amparo cuestionó que el juez de control hubiera reclasificado el delito de posesión de armas de fuego a portación, lo que alteraba la base fáctica de la imputación y se traducía en una afectación indebida a la presunción de inocencia.
En términos técnicos, el mensaje es: no puedes ajustar la calificación jurídica como si fueras editor de nota roja; si cambias el tipo penal, necesitas soporte probatorio y argumentativo robusto, no un copy-paste improvisado del parte policial.
Alcance para otros casos de crimen organizado
Este tipo de amparos manda una señal al ecosistema de detenciones de alto perfil: si la captura se arma con versiones policiales infladas, cadena de custodia dudosa y reclasificaciones oportunistas, el control de constitucionalidad los va a desarmar uno por uno.
Para la FGR, este expediente es un test de estrés: si pierde, no sólo se complica el caso Don Rodo, sino que se fortalece un precedente sobre la necesidad de imputaciones finas y narrativas probatorias coherentes en asuntos de armas de uso exclusivo y delitos contra la salud.
Cómo se le complica a la FGR
Obligación de justificar, no de gritar
El Tribunal no le está regalando la razón a la FGR, sólo la oportunidad de demostrar que su acusación por portación de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo está realmente fundada y motivada, más allá del discurso político de “estamos combatiendo al CJNG”.
Eso implica revisar cadena de custodia, versiones de los agentes, ubicación real de las armas y cartuchos, circunstancias de la detención y coherencia interna del relato ministerial, punto por punto.
Riesgo de que el amparo se consolide como escudo
Si la FGR llega con los mismos argumentos flojos que ya fueron exhibidos, el Tribunal Colegiado puede terminar confirmando el amparo, lo que refuerza la protección de Don Rodo contra la vinculación mal armada y convierte la sentencia en un escudo jurídicamente elegante.
De cara a otros litigios, la defensa puede usar este precedente para atacar imputaciones que presenten el clásico combo: detención vistosa, conferencia de prensa y expediente huérfano de pruebas sólidas.
Exposición de fallas estructurales de la FGR
La FGR ya quedó exhibida en episodios anteriores del caso: no pudo sostener acusaciones por delitos contra la salud y armas, fue incapaz de formular nuevos cargos tras la liberación inicial y terminó acusando al Poder Judicial de dar “ventajas indebidas” en lugar de reconocer sus propias omisiones.
Si ahora, ante el Tribunal Colegiado, vuelve a perder, el relato de “jueces corruptos” se debilita y se fortalece la narrativa de que el problema está en las malas investigaciones, en las carpetas improvisadas y en la dependencia excesiva de partes policiales que no resisten un video de cámaras domésticas.
Tiempo, opinión pública y presión política
Cada giro procesal prolonga el caso y mantiene al hermano del Mencho en el escaparate mediático, con la FGR tratando de explicar por qué un operador financiero del CJNG logra hacer valer mejor sus derechos que muchos detenidos anónimos.
En un ambiente donde el Ejecutivo ha usado este expediente como ejemplo de la “corrupción judicial”, una derrota para la FGR en revisión sería dinamita política: mostraría que, aun con presión pública, el expediente no se sostiene y que el sistema acusatorio sigue exigiendo pruebas, no discurso.
Octavio Leal Moncada, alias “El Viejo Narco”, líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, fue detenido el pasado domingo en Nuevo León por delincuencia organizada, pese a que ya cargaba con otra orden de aprehensión previa, junto a otros secuaces, que no impidió que, aun con calidad de fugitivo, Morena y Américo Villarreal lo cobijaran en 2022 para sumar votos que fueron determinantes en su triunfo en las urnas.
Pero tras el amasiato y la posterior ruptura con el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022), Leal Moncada no fue el único capo del Cártel del Golfo que los “buenos oficios” de CDV terminaron haciendo correr a los brazos de Americo y Morena.
Tambien el Contador Moreno
José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador” —identificado en narcomantas desde 2016 como “Señor Cortés”—, líder vigente del Cártel del Golfo (CDG) en Matamoros y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del cártel, fue aliado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Y aunque no lo crean,efimeramente tambien aliados de Zetas para combatir la inseguridad en Ciudad Victoria,hoy disputada por ambos, pero con supremacia CDG.
Sin embargo, diferencias irreconciliables llevaron a «Luci» ,como el propio gabinete llamaba al exgobernador en alusión a «Lucifer», a capturarlo tras aquellas siete horas de terror que derivaron en la masacre del 19 de junio de 2021 en Reynosa, un caso que posteriormente se vino abajo en los tribunales porque si algo sabia hacer el hampón Irving Barrios Mojica,su pequeño Garcia Luna,eran montajes malhechos.
El mismo comunicado del 27 de febrero de 2022 es ilustrador: fue detenido en el preámbulo de la elección, buscando inhibir al capo para evitar que su estructura se volcara en favor de Américo Villarreal.
Pero el líder delincuencial no se inmutó y, desde prisión —como acostumbra—, dirigió la organización para poner al servicio de Américo Villarreal todo el andamiaje que le aportó los votos de Matamoros, abriéndole la puerta “mágica” que le permitió ganar… y la trágica que vendría después.
Esa puerta quedó sellada en un compromiso plasmado en un contrato con Alberto García Vilano, alias “La Kena-19”, operador del Contador y hoy detenido en Estados Unidos tras su extradición; escucharlo es suficiente para sumar a Américo más indicios que podrían mantenerlo en prisión de por vida.
Vivito,libre y coleando gracias a Morena,AVA y «Beto»
La organización criminal sigue encabezada por El Contador, luego de haber sido nuevamente liberado con la intervención de Morena, Américo Villarreal y el alcalde de Matamoros a quien «Escorpiones» impusieron en la silla en 2024 para allegarle votos que también beneficiaron a Claudia Sheinbaum,de ahi lo difícil que es actuar.
Basta un vistazo a la libertad condicional otorgada —donde Alberto “Beto” Granados aparece como su supervisor de la medida cautelar— para que cualquier ciudadano alcance a ver lo podrido que está todo.
Quien es el Contador Cardenas que YA le apostaba a Morena
“El Contador”, de sobrada filiación política morenista, fue cercano al alcalde de Matamoros. Es originario de Llera, Tamaulipas, hijo de Agustín Cárdenas Guillén y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén —detenido en 2003, extraditado a Estados Unidos en 2007 y aún líder del CDG desde una prisión federal que ya controlaba: el Altiplano.
“El Contador” del Cartel del Golfo ha escapado tres veces de prision y todas por la puerta del frente del penal.
Fue detenido en marzo de 2019 en San Luis Potosí por los delitos de privación ilegal de la libertad y asalto; sin embargo, en octubre de 2020 salió del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 14, en Gómez Palacio, Durango, luego de que un juez de Control de la Primera Región, en el Primer Distrito Judicial con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, decidió no vincularlo a proceso.
La madrugada del 19 de febrero de 2019, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) detuvieron a “El Contador” en el fraccionamiento San Francisco, en Matamoros, Tamaulipas.
Sin embargo, dos días después, un juez de Distrito especializado en el sistema penal acusatorio, con sede en El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, dejó en libertad a Cárdenas Martínez, atribuyendo la pifia a la Marina y a su falta de pulcritud en la detención.
Esa decisión fue secundada por omisión del gobierno de García Cabeza de Vaca, pues en tiempos de alianzas con “El Contador” la Fiscalía de Tamaulipas nunca lo indició por ningún delito.
Resulta que, durante la audiencia de control, el juez federal detectó contradicciones respecto a la forma en que los elementos de la SEMAR llevaron a cabo la detención de “El Contador” en el fraccionamiento San Francisco.
Los marinos habían señalado que la aprehensión de Cárdenas Martínez se realizó en la vía pública, mientras que la esposa del líder del CDG presentó como evidencia cuatro videos en los que se observa que la captura se llevó a cabo al interior de su domicilio particular.
El lunes 19 de febrero de 2019, la SEMAR informó, a través de un comunicado, que la detención de Cárdenas Martínez se logró durante un operativo, luego de tener conocimiento de la ubicación de un domicilio donde se encontraba un grupo de personas armadas.
“Por lo que, personal naval se dirigió al área y al arribar a inmediaciones del domicilio, el grupo de personas armadas al percatarse de la presencia de elementos navales emprendieron la huida en diferentes direcciones; cabe destacar que en esta acción se logró la detención de José Alfredo ‘N’, quien presuntamente era líder de una organización delictiva en esa región”…. SEMAR.
Ante las contradicciones y fallas en el procedimiento de detención, el juez federal ordenó la libertad inmediata de “El Contador”, quien había sido ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Según información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “El Contador” se convirtió en uno de los líderes del CDG tras la detención de Cárdenas Guillén, ocurrida el 14 de marzo de 2003, también en la misma ciudad fronteriza, a manos de elementos del Ejército Mexicano y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy es afanosamente buscado y su captura se considera inminente: todas las agencias de aplicación de la ley, incluida la DEA y la CIA, siguen las pistas de su paradero, que lo ubican entre Ciudad Victoria, Monterrey, Ciudad de México y San Luis Potosí. En breve —más temprano que tarde— será extraditado; dicho en jerga de barrio: “MUY PRONTO VA A SONAR BOFO”.
