En los próximos 24 meses, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la calificación soberana en escala global de México podría bajar si no hace algo con la deuda del país, sumado a que sigue en pie la posibilidad de darle punto final al T-MEC, sostuvo la calificadora Fitch Ratings.
De acuerdo con un artículo de la agencia, preocupa la carga de intereses que tiene la deuda del país y la trayectoria que ha tomado en los últimos años, por lo que el principal reto para la administración federal es estabilizar las finanzas públicas.
“Sumado a ello, también la calificación soberana podría cambiar si el país no reduce sus déficits fiscales de manera oportuna, de forma que se estabilice y contenga la deuda pública, la carga de intereses y pasivos contingentes”, se lee en el análisis.
Qué está pasando con el T‑MEC
Estados Unidos no mató el T‑MEC, pero lo dejó en “modo revisión anual”: cada año se vuelve a discutir si sigue igual, si se tuerce o si se cobra peaje extra.
Eso significa que las empresas que quieren traer fábricas, empleos y dólares a México ya no ven un contrato de 16 años, sino un “a ver si no se le antoja a Trump cambiar las reglas el próximo verano”.
Traducido: el tratado sigue vivo, pero en modo “noviazgo tóxico”: no te cortan, pero cada año te recuerdan que te pueden dejar.
Qué dice Fitch de la deuda
Fitch ve que la deuda de México viene subiendo y que el gobierno promete “ya, ahora sí, en serio, vamos a reducir el déficit”… pero sin explicar de dónde va a sacar más ingresos ni a quién le va a quitar gasto.
Si la deuda sigue creciendo más rápido que la economía, la calificación de México (el “historial crediticio” del país) se puede ir para abajo; eso encarece créditos, inversiones y termina pegándole al bolsillo de todos.
Banqueta pura: la tarjeta de crédito del país ya huele a sobregiro y el banco (Fitch) está mandando correos de “oye, compa, bájale”.
El mensaje de fondo
Fitch no está anunciando el apocalipsis, pero sí está diciendo: “su nota todavía aguanta, pero si combinan un T‑MEC incierto con una deuda que se les va de las manos, no esperen que sigamos haciendo como que todo está bien”.
Y remata con lo obvio que el gobierno no quiere decir: para que la deuda no se dispare, o recortas gasto de verdad o subes impuestos de verdad; el resto es discurso.
La misma película de siempre desde hace 20 años: un Diputado reprochando que “la seguridad debe dar resultados, no miedo”… y el país entero viviendo en un eterno reten militar, sitiado, humillado y con 673 días de guerra que nadie se atreve a llamar por su nombre.
Sinaloa: retenes que dan más miedo que resultados
Mario Zamora se planta en la Comisión Permanente como si fuera la conciencia incómoda del sistema y exige que el gobierno federal explique qué demonios están haciendo con los retenes en Sinaloa. Quiere números, criterios de inteligencia, costos, decomisos, detenciones; quiere algo más que el clásico “estamos trabajando” recitado detrás de una mesa con soldados de fondo.
Porque ya es grotesco que el propio gobierno de Sinaloa haya admitido desde 2023 denuncias por extorsiones y malos tratos en los retenes, prometiera garantizar el libre tránsito… y tres años después las mismas familias sigan paradas a media carretera, revisadas, humilladas y con miedo de que el próximo reten sea su última parada.
La seguridad, dice Zamora, no se mide por el número de retenes, sino por la confianza y los resultados, pero en la realidad el mapa parece un tablero de guerra: más soldados, más puntos de revisión, más discursos… y más violencia.
El remate es casi irónico: hasta los “madrinas” de los operativos —auxiliares a los que nadie les preguntó si querían ser autoridad sin placa— tienen que ser transparentados, regularizados y explicados ante la ciudadanía. Es el Estado reconociendo, con toda la dignidad perdida, que hay gente ejerciendo poder armado sin rostro, sin nombre y sin responsabilidad pública… pero eso sí, todo bajo el sello de “estrategia de seguridad”.
La ciudad sitiada: inteligencia prometida, fuerza bruta entregada
El otro espejo está en esa “ciudad sitiada y no protegida donde te bajan del camión”, esa crónica feroz que describe la estrategia que se suponía de inteligencia y terminó siendo otra vez pura fuerza bruta. El guion es calcado: los uniformes aparecen como si fuera una película de acción de bajo presupuesto, bloquean calles, revisan a todos, hacen demostraciones de músculo, pero la gente sigue atrapada entre balaceras, levantones y un terror que no cabe en las estadísticas oficiales.
La militarización que iba a ser la solución se volvió el decorado permanente; el Estado presume operaciones y despliegues, mientras la ciudadanía describe su día a día como si viviera en zona de guerra sin la protección mínima que promete cualquier Constitución decente.
No hay inteligencia, hay patrullas; no hay desarticulación real de grupos, hay fotos de convoyes; no hay paz, hay silencio obligado. Y cuando organismos como Amnistía Internacional ponen cifras concretas —homicidios disparados, feminicidios triplicados, desaparecidos multiplicados, más de diez mil soldados desplegados en un solo estado— la narrativa oficial se derrumba sola.
673 días de una guerra que el gobierno finge que no existe
La tercera pieza es el parte de guerra que nadie quiere leer: 673 días de enfrentamiento entre bandos, una guerra interminable que la propaganda rebautiza como “estrategia de seguridad” para que suene menos brutal en conferencia de prensa. Dos años de muertos, desplazados y miedo acumulado, mientras el diseño institucional aplaude sus propios informes y los gobernantes se cuelgan medallas por operaciones que ni siquiera controlan el territorio de forma sostenible.
En ese contexto, la exigencia de Zamora de transparentar retenes parece casi un acto de mínima decencia: si van a seguir militarizando la vida cotidiana, al menos que tengan el valor de decir cuántas armas sacaron de circulación y cuántos civiles destruyeron en el proceso. Porque la numeralia es demoledora: más tropas, más supuestas “acciones contundentes”, más discursos sobre que “la seguridad debe dar resultados y no miedo”, y sin embargo el miedo es lo único que sí tiene cifras, rostros y memoria en cada familia que ya perdió a alguien en esta guerra sin acta oficial.
La realidad lastimosa no coincide con el cuento militar: la ciudad sigue sitiada, el campo sigue controlado por bandos armados, los retenes siguen siendo estaciones de incertidumbre, y la población sigue haciendo la misma pregunta que atraviesa esas crónicas de Tamaulipas y Sinaloa: ¿cuánto tiempo más, señora estrategia? Hasta ahora, la única respuesta clara es que el músculo no alcanza, la inteligencia no llega y la transparencia apenas está empezando a decir en voz alta que la “seguridad” ha sido, durante años, otro nombre para la guerra contra la ciudadanía.
Otro día, otro político local ejecutado, y otro comunicado oficial que suena a copia y pega. Ahora fue Pedro Martínez Barroso, ex alcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, acribillado dentro de una ferretería en pleno centro. Sí, una ferretería: donde se compran clavos, no donde te clavan una ejecución.
El guion no cambia. Llega un tipo armado, entra como cliente cualquiera, dispara directo —sin rodeos, sin mensaje cifrado— y se va. La víctima muere en el lugar. Después aparece la Fiscalía con su repertorio habitual: “equipo multidisciplinario”, “indicios balísticos”, “carpeta de investigación”. Traducción: vamos tarde y otra vez estamos contando casquillos.
Martínez Barroso ya no estaba en el cargo. Gobernó de 2022 a 2024 bajo la coalición PAN-PRI-PRD, luego intentó reciclarse con el Partido Verde —ese refugio político donde cabe casi cualquiera— y perdió. Aun así, eso no le alcanzó para salir del radar de alguien que decidió que su historia debía cerrarse a tiros.
El Partido Verde, por supuesto, “lamentó profundamente” el asesinato y exigió justicia. El mismo libreto de siempre: condolencias, exigencias y cero consecuencias visibles. En el México municipal, la política sigue siendo un oficio de alto riesgo, aunque ya ni siquiera haga falta estar en funciones para terminar en la lista.
Y mientras desde la capital se presume control y estrategia, en los municipios la realidad es más simple y más cruda: el poder local sigue siendo territorio disputado a balazos. No importa el partido, la camiseta o el pasado electoral; el mensaje es el mismo. Aquí, el retiro político no garantiza nada.
La cuenta de alcaldes y ex alcaldes asesinados sigue creciendo —con cifras que distintos medios y actores inflan o acomodan según convenga—, pero más allá del número exacto, el patrón es innegable: la violencia política en lo local no cede, se normaliza.
Y así, entre ferreterías convertidas en escenas del crimen y comunicados que ya nadie cree, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién gobierna realmente en esos territorios?
Norberto Barrón Barragán, ex-secretario particular del aun Gobernador de Morena,Americo Villarreal, pasó de ser el “cable rojo” del poder a bulto incómodo dejado en la banqueta de Palacio, y lo tiraron a la calle justo cuando más miedo da lo que sabe y a quién se lo puede contar.
El guarda‑secretos desechable
Durante años lo vendieron como simple secretario particular, pero en realidad era el cajero, mensajero y enlace con el narco de altos vuelos: el hombre que recogía maletas de dinero del Chapo Isidro mientras el extinto «Rey del Huachicol», Sergio Carmona, ponía avión, aduanas y campañas.
Desde CDMX hasta la sierra de Sinaloa, su nombre aparece en relatos de huachicol fiscal, campañas aceitadas con gasolina robada y acuerdos con la columna armada Pedro J. Méndez que convertían la democracia en negocio de balas al servicio de MORENA y el gobernador multiacusado por EE.UU.
Cuando hay poder: fuero, aviones y matriarca
Tan indispensable era el personaje que no le dieron escolta, le quisieron dar fuero: un diputado morenista empujó blindarlo justo cuando Washington ya hablaba de “alianza intolerable” entre gobierno y crimen organizado y sobrevolaban Tamaulipas aviones espía estadounidenses.
En paralelo, el gobernador se inventó,creó la Subsecretaría de Enfermería y colocó ahí a Irma Barragán Alvarado,su madre una enfermera sin mayor formación, salvo ser la progenitora del ex-poderoso secretario ligado estrechamente a la matriarca de Tamaulipas,la gobernadora de facto, Ma de la Luz Villarreal Santiago,esposa del gobernador blandengue ,huidizo y timorato.
Todo mientras su círculo es descrito por la prensa crítica e independiente como un gobierno de facto presidido por una matriarca y su “club de metiches” que reparten cargos como favores familiares.
Cuando se pierde: se rompe el juguete
En cuanto el ruido en Estados Unidos se volvió ensordecedor, el «muy bueno para ser malo» dejó de ser sombra indispensable y pasó a ser chivo expiatorio de emergencia: lo corren sin castigarlo, huye junto con todos los que incrustó en el gabinete y el boletín oficial vende la fuga como limpia moral.
Es la versión política del “no lo conocemos”, sólo que hay vuelos, fotos, columnas y expedientes que lo colocan en cada enroque clave del gobernador, desde Tamaulipas hasta las campañas en Sinaloa.
La madre, el puesto y la resaca
La pregunta que queda flotando es si, después de tirar a Norberto, también barrerán a sus incondicionales o si sólo reciclarán placas: qué va a pasar con la madre a la que le inventaron una subsecretaría cuando el hijo era intocable y la matriarca de Palacio repartía cariño y nóminas.
Porque si el guarda‑secretos ya no tiene silla, ni sus incondicionales tampoco, la subsecretaría hecha a la medida queda exhibida como lo que siempre fue: monumento burocrático al amiguismo familiar, hecho a mano y a destiempo.
Narcoestado de plastilina
Entre Norberto huyendo, sus cómplices sin castigo de lo que se presumen ya quebrantos multimillonarios y una «gobernadora de facto» mandando desde la sala de su casa, el gobierno de Américo Villarreal parece menos gabinete y más comité de riesgo: uno negocia con cárteles y otra manda sin haber ganado una elección.
Washington no necesita discursos ni “reestructuraciones”; necesita testigos, vuelos y estados de cuenta, y ahí Norberto, corrido y todo, sigue siendo la pieza que puede hundir a todos si decide dejar de ser guarda‑secretos para convertirse en confesionario federal.
La conducta que se desprende del audio y de la propia carta de Marina del Pilar encaja más con un uso personal y discrecional de información de seguridad que con la cooperación institucional regulada por la Ley de Seguridad Nacional; en ese sentido, no es que haya un “artículo único” violado, sino un probable choque con varios principios y prohibiciones de esa ley y de la Constitución.
1. El marco legal aplicable
La Ley de Seguridad Nacional define la seguridad nacional como las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, regidas por principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.
También tipifica como amenazas “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano” y actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.
El Título Sexto (artículos 65‑67) ordena cómo deben cooperar los estados: su papel es aportar información a la Red Nacional de Información, coordinarse con la Federación y celebrar convenios de colaboración, siempre respetando los artículos 117, 118 y 119 constitucionales sobre relaciones con gobiernos extranjeros.
El Título Séptimo (arts. 68 y ss., reforma de 2020) regula expresamente la cooperación con gobiernos extranjeros y la actuación de “agentes extranjeros”, que deben operar bajo convenios bilaterales y con principio de reciprocidad, no mediante gestiones privadas de actores locales.
2. Lo que ella admite hacer
En el audio filtrado la gobernadora reconoce que sostuvo conversaciones “con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses”, a quienes ofreció información sobre mesas de seguridad o “algo en particular” que el Gobierno de EU quisiera saber, para intentar resolver su cancelación de visa y frenar posibles cargos, sanciones o incluso una extradición.
En el audio, se le escucha decir que está dispuesta a “hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”, incluyendo lo que ha escuchado mientras expresa temor a que OFAC le finque lavado de dinero y que se dicte orden de extradición.
La carta intenta reconducir eso diciendo que se trató solo de “escenarios legales” sin documentos oficiales y que las referencias de cooperación corresponden a la coordinación institucional que mantiene Baja California con autoridades de México y EU en materia de seguridad.
Sin embargo, en el audio el contexto no es un programa bilateral firmado por la Federación, sino una negociación individual para obtener beneficios personales frente a investigaciones en Estados Unidos.
3. Artículos y principios potencialmente vulnerados
No hay tipificación penal directa dentro de la Ley de Seguridad Nacional, pero sí principios y reglas que pueden haber sido infringidos o eludidos:
Artículo 3 y 4 (finalidad y principios de seguridad nacional)
La seguridad nacional debe servir a la integridad y permanencia del Estado, y se rige por legalidad, confidencialidad y lealtad.
Ofrecer información obtenida en mesas de seguridad, fuera de los canales institucionales, para evitar sanciones personales en EU, desvirtúa esa finalidad y rompe el principio de lealtad y confidencialidad: la información de seguridad se convierte en moneda de cambio para la protección de una funcionaria, no del Estado.
Artículo 5, fracción II (interferencia extranjera en asuntos nacionales)
La ley considera amenaza “actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano”.
Cuando una gobernadora abre la puerta a que agencias extranjeras usen información de mesas de seguridad para procesarla a ella o presionar actores políticos locales, sin mediación del gobierno federal ni convenios formales, puede configurarse una forma de interferencia que ella facilita, en contra del diseño institucional previsto.
Artículo 30 y 31 (quién puede recabar y usar información de seguridad)
La información con fines de seguridad nacional solo puede ser recabada, procesada y diseminada por las instancias autorizadas (Centro, Consejo, dependencias federales).
Una gobernadora que promete entregar a intermediarios de un gobierno extranjero lo que escucha en mesas de seguridad está, en los hechos, diseminando información fuera de las instancias autorizadas y sin control del Consejo o del Centro.
Artículos 51‑55 (información reservada y confidencialidad)
Se considera reservada la información que revele métodos, fuentes, procedimientos de inteligencia o que pueda potenciar amenazas, y se prohíbe su difusión no autorizada.
Las mesas de seguridad contienen precisamente información sensible sobre operaciones contra crimen organizado, capacidades de fuerzas federales y alianzas institucionales; ofrecer esa inteligencia a terceros como moneda de negociación personal vulnera el deber de confidencialidad y resguardo.
Artículos 65‑67 (cooperación de entidades federativas)
Los estados deben cooperar aportando información a la Red Nacional de Información y mediante convenios de colaboración firmados por el Secretario Ejecutivo del Consejo; se les recuerda que están sujetos a los artículos 117‑119 constitucionales sobre relaciones con estados extranjeros.
Negociar directamente con “personas que se presentan como agentes o intermediarios” para obtener inmunidad o frenar cargos, fuera de convenios federales, desborda esa competencia y se acerca a una relación autónoma con un gobierno extranjero, que el artículo 117 constitucional prohíbe a los estados.
Título Séptimo (cooperación con gobiernos extranjeros)
La reforma de 2020 introduce el concepto de “agentes extranjeros” y establece que su actuación debe darse en el marco de convenios bilaterales y programas de cooperación que contribuyan a preservar la seguridad nacional, bajo principio de reciprocidad.
En el caso de Marina del Pilar, lo que hay es una negociación privada para proteger su situación migratoria y penal, usando información de seguridad como ficha; eso no encaja en la figura de cooperación regulada, sino que la distorsiona hacia la protección de intereses particulares.
A Ismael “El Mayo” Zambada le están cerrando la llave con todo: la Fiscalía de EU pidió cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares, como para dejar claro que no solo buscan mandarlo tras las rejas, sino vaciarle también el bolsillo.
La solicitud llega a unos días de la audiencia de sentencia, con el mensaje implícito de que en este caso no hay espacio para la nostalgia, ni para acuerdos suaves, ni para salidas elegantes.
En otras palabras: si el capo pensaba que el expediente iba a cerrarse con un regaño institucional, Washington le respondió con la versión más brutal del “y además me pagas todo”.
La Fiscalía estadounidense básicamente le dijo a “El Mayo”: no solo te queremos lejos del mapa, también queremos que tu fortuna deje de existir como si nunca hubiera sido tuya.
Es el clásico golpe de Estado judicial, pero con contabilidad incluida.
La Fiscalía de Morelos ratificó ayer lunes la vinculación a proceso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, por el delito de violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, y de su hijo de 6 años de edad. La decisión, que ha cobrado otros matices después de que la mujer presentase una carta en la que otorga el perdón a Padilla, puede cambiar el futuro del proceso en las próximas horas y quedará en manos de la dependencia estatal, que abrió la investigación de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presentara una denuncia formal.
La Fiscalía estatal inició el expediente al darse a conocer un video y entrevistas con la mujer en las que quedaban evidenciados dos delitos: violencia vicaria y violencia familiar. Uno de los abogados de Padilla ha dicho que no sabían de la carta de perdón y ha indicado que, “de aplicarse la ley”, su cliente continuará el proceso en libertad.
La carta de perdón suena a giro dramático… pero jurídicamente huele más a distractor que a salvavidas.
En Morelos, la violencia familiar no es un pleito privado que se arregla con una disculpa manuscrita y buena caligrafía. Es un delito de persecución oficiosa: el Estado entra aunque la víctima se retire, dude o perdone. Y entra, precisamente, porque la experiencia muestra que el “perdón” en contextos de violencia no siempre es libre, ni espontáneo, ni seguro. Traducido sin eufemismos: la voluntad de la víctima no extingue la acción penal.
El Codigo Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es todavía más claro y menos romántico. El artículo 187 cierra la puerta a los acuerdos reparatorios en violencia familiar. Es decir, no hay “arreglo entre particulares” que valga. Si alguien esperaba que una carta resolviera lo que la ley prohíbe negociar, está confundiendo justicia penal con conciliación de vecindario.
Ahora bien, donde sí se pone interesante —y donde la defensa intenta colarse— es en las salidas alternas. La suspensión condicional del proceso no depende del perdón, pero una víctima que “otorga” puede suavizar la narrativa de riesgo y facilitar que el juez considere condiciones menos estrictas. No cancela el delito; reconfigura el tablero. Es una diferencia clave: no absuelve, pero puede abrir la puerta a que el imputado enfrente el proceso fuera de prisión si cumple condiciones.
El argumento de la defensa (“de aplicarse la ley, seguirá en libertad”) juega con esa ambigüedad. Porque “aplicar la ley” aquí no significa liberar por perdón, sino evaluar riesgos, medidas cautelares y viabilidad de una salida alterna. Y ahí pesan factores como edad, salud, riesgo para la víctima y, sí, el mensaje que envía la propia víctima. Pero mensaje no es mandato.
Hay además un elefante en la sala: el video. Si la evidencia muestra agresión directa, el perdón no borra el hecho ni su tipicidad. En delitos de esta naturaleza, el proceso no se sostiene en el ánimo actual de la víctima, sino en la acreditación de la conducta y el deber del Estado de perseguirla.
Y un punto incómodo para quien quiera cerrar el caso con una carta: el menor. La violencia ejercida frente a un niño introduce una dimensión de interés superior que tampoco se negocia con tinta. Aunque la jueza haya descartado la violencia vicaria por falta de prueba, el contexto sigue siendo relevante para medidas y valoración de riesgo.
En suma, el “perdón de la esposa” no opera como botón de apagado del proceso. A lo mucho, funciona como pieza táctica en la estrategia de la defensa para buscar beneficios procesales. Pero si alguien vende que con eso se cae el caso, está vendiendo humo jurídico con membrete.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ERIKA ROSETE
El primer informe llegó al Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 4 de agosto de 1969. Un informante aseguró que el escritor mexicano Carlos Monsiváis (Ciudad de México, 1938-2010) y otros personajes destacados habían respaldado a Eldridge Cleaver, uno de los dirigentes más conocidos de los Black Panthers, quien entonces permanecía refugiado en Argelia tras ser acusado de intentar asesinar a dos policías en California. Aquel apoyo público a quien el Gobierno estadounidense consideraba uno de los principales líderes radicales del país bastó para que el autor de Días de guardar acabara en la lista negra de Washington, según revelan documentos desclasificados del FBI obtenidos por EL PAÍS.
Cuatro años después, en noviembre de 1973, la agencia volvió a posar la mirada sobre Monsiváis. El escritor había solicitado una visa de turista para participar en un congreso académico organizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Le otorgaron el permiso sin demoras, pero activaron las alertas de los servicios de inteligencia.
“Se informó que el individuo no era elegible para ingresar a Estados Unidos debido a su afiliación con organizaciones proscritas”, señala un reporte que la Embajada estadounidense en la Ciudad de México envió al director del FBI. Con el término “proscritas” la representación diplomática aludía a grupos vetados, entre ellos los Black Panthers y activistas del movimiento chicano, que por aquellos años encabezaban multitudinarias protestas contra la guerra de Vietnam en Los Ángeles.
La tensión política en el sur de California atravesaba uno de sus momentos más álgidos. Ese mismo año, la indignación se multiplicó tras la muerte del periodista Rubén Salazar. Un proyectil de gas lacrimógeno que fue disparado por un policía golpeó el rostro del reportero del diario Los Angeles Times y le quitó la vida. Ocurrió mientras cubría una manifestación del movimiento chicano en esa ciudad. El FBI temía que Monsiváis viniera a echar más leña a ese fuego.
Interesado por la disidencia del norte
Considerado el padre de la crónica moderna en México, Monsiváis fue un crítico permanente del intervencionismo estadounidense, en particular del peso que Washington ha ejercido sobre América Latina. Le preocupaba la subordinación política, económica y cultural de México frente a su vecino del norte, así como la criminalización de los migrantes.
Los organismos de inteligencia mexicanos también siguieron de cerca al autor de Catecismo para indios remisos. Una ficha de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), citada por El Universal, lo describía como un “espécimen indescifrable” y un “resentido personal”, además de acusarlo de haber obtenido rédito personal de la matanza estudiantil de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Una antigua entrevista publicada hace unos días por El Universal volvió a poner a Monsiváis en el centro de la conversación. En el texto, el cronista supuestamente hacía varias referencias al expresidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el periodista Edmundo Cázarez no pudo acreditar la autenticidad del encuentro cuando el medio le solicitó la grabación. Ante ello, el diario ofreció disculpas y retiró la publicación.
Monsiváis vivió un tiempo en Estados Unidos durante la década de 1960, donde observó de cerca las luchas por los derechos civiles y los movimientos sociales que transformaron aquella época. “Uno sentía que estaba viendo algo distinto, que además iba necesariamente a impregnar a México, que en muy buena medida está constituido por la influencia norteamericana”, dijo en 1997 en un programa televisivo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). “Todos estos movimientos de los sesenta tuvieron una consecuencia formidable al crear lo que no había en México”, agregó.
Personas cercanas al escritor aseguran que siempre mantuvo interés por los grupos de resistencia en EE. UU. “Todas las expresiones de independencia política y cultural dentro de Estados Unidos: el movimiento chicano, los Black Panthers, los Students for a Democratic Society. Él tenía esa capacidad de acercarse a ellos, preguntar, observar cómo vivían. Le interesaba la naturaleza de los disidentes dentro de Estados Unidos”, recuerda el historiador mexicano Lorenzo Meyer, quien participó en la convención académica de 1973 para la que Monsiváis solicitó la visa de turista. “Le interesaba casi como respirar conocer qué pasaba al norte de nuestra frontera en materia de críticas y disidentes de la política imperialista”.
Meyer evoca con dificultad aquel evento, el Cuarto Congreso Internacional de Estudios Mexicanos, celebrado durante cinco días de octubre de 1973 en el hotel Miramar de Santa Mónica, California. El historiador participó en la mesa sobre ‘Partidos Políticos’, mientras que Monsiváis estuvo presente el primer día del evento, en el panel ‘Pasado, presente y futuro del México contemporáneo’, donde compartió espacio con el poeta José Emilio Pacheco.
“Fue una reunión bastante grande, pero no hubo un hecho extraordinario que merezca ser recordado. Fue uno de tantos encuentros entre académicos estadounidenses y mexicanos. También acudieron políticos. Entre ellos estaba quien años después sería presidente de México: (José) López Portillo”, recuerda Meyer.
La investigación en Los Ángeles
Al FBI le interesaba qué había hecho el escritor en los días posteriores al congreso de UCLA. Monsiváis declaró al solicitar la visa que se quedaría unos días más visitando Estados Unidos, sin especificar en qué lugares estaría ni con quién. En su ficha informativa lo identificaron como “autor”, “soltero”, con domicilio en “San Simón”, hijo de “Esther Monsiváis”. En el apartado para el nombre del padre, la embajada escribió: “No lo dio”.
En diciembre de 1970, un informante aseguró que Monsiváis era “uno de los miembros del grupo ‘Nueva Izquierda’ en México que publicó una revista que fue distribuida en universidades locales”, según un documento del FBI. La fuente afirmó que la publicación no tenía nombre y que Monsiváis, junto con otros personajes, había colaborado con la organización desde mayo de 1963.
Ante ese señalamiento y la posibilidad de que el escritor hubiera participado en actividades del movimiento chicano en Los Ángeles, el FBI ordenó buscar nuevas fuentes que pudieran aportar información sobre su visita. “Basados en los resultados de estas solicitudes en Los Ángeles, se hará una determinación respecto a realizar más investigaciones sobre este asunto”, señala el documento.
El 15 de enero de 1974, otro informe del FBI registró los esfuerzos de la agencia por reconstruir la participación de Monsiváis en el congreso académico de UCLA. Los agentes obtuvieron el programa del evento, con los nombres de los participantes, y una fuente les informó que las discusiones habían girado principalmente en torno a “programas educativos”. Pero no pudieron confirmar si el escritor mexicano había asistido.
Por esa incertidumbre, el FBI recurrió a otro informante, descrito en el expediente como una persona “familiarizada con grupos mexicoestadounidenses en Los Ángeles”. Los agentes le entrevistaron en tres ocasiones, entre el 14 de diciembre de 1973 y el 8 de enero de 1974. La respuesta fue contundente: aseguró que “no podría proporcionar información” sobre Monsiváis, es decir, no lo había visto en ninguna actividad en la ciudad. Aun así, el Gobierno pidió a sus informantes “permanecer alerta por cualquier información referente al sujeto”.
Poco después, el FBI cerró el seguimiento. “En vista de que no hay pistas pendientes en este asunto, (la oficina del FBI en) Los Ángeles no está llevando a cabo más investigaciones”, concluye el reporte.
Para Lorenzo Meyer, estos documentos desclasificados reflejan “un ejemplo de ociosidad de los servicios de inteligencia norteamericanos” y una “pérdida de tiempo y estupidez del FBI al gastar el dinero de los contribuyentes norteamericanos en seguir a personajes como Carlos Monsiváis”. El historiador considera que las posiciones críticas del escritor y su cercanía con activistas eran ampliamente conocidas y no justificaban una investigación de esa naturaleza.
Monsiváis continuó viajando a Estados Unidos durante las décadas siguientes y sus cuestionamientos a Washington jamás cedieron. Murió en junio de 2010, a los 72 años. “Lo interesante es que nunca tuvo restricciones para ir a Estados Unidos”, afirma Meyer. “Hasta su muerte siguió yendo y viniendo”.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ISAIAS ALVARADO/
