«40 MIL 894 RAZONES + 5 MUERTOS»: la PIANOLA sigue TOCANDO SOLA en GUANAJUATO PRINCIPAL CONTRIBUYENTE del MUERTERIO NACIONAL»…donde antes mataban cada 15 min,ahora cada 21.

Salamanca, Guanajuato. Viernes 29 de mayo de 2026. Las 10 de la noche. Un grupo de personas convivía tranquilamente en la esquina de las calles Mariano Abasolo y Río Bravo, en pleno corazón del centro de la ciudad, cuando llegaron los malos de siempre a cobrar la factura que el Estado mexicano lleva años sin saldar. Cinco muertos —tres hombres y dos mujeres, en proceso de identificación porque aquí ni nombre te dejan tener—, dos heridos en estado crítico y un secuestrado que se llevaron de regalo, de acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato. Así, con la misma normalidad con la que en otro país la gente sale a cenar los viernes.

El campeón que nadie quiere ser

Guanajuato lleva siete años consecutivos siendo el estado más violento de México,gracias al crimen organizado,pero mas a la estrategia de INseguridad que lo permite

No es una racha de mala suerte, es una política pública disfrazada de impotencia institucional. Durante la tercera semana de mayo de 2026, el estado volvió a encabezar el ranking nacional con 25 homicidios en una sola semana. 

Del 1 al 24 de mayo, ya acumulaba 93 asesinatos, el primer lugar indiscutible por encima de Sinaloa, Baja California, Estado de México y CDMX juntos en la carrera por el fondo del abismo. No es el Bajío industrial del que presumen en los foros de inversión extranjera; es el Bajío donde los cárteles —el CJNG y los Marros del Cártel Santa Rosa de Lima— reparten el territorio a balazos mientras los funcionarios reparten comunicados y fotos de Omar García Harfuch con la gobernadora panista Libia Denisse García.

40,894 razones para no presumir

Según el tablero de TResearch, al 28 de mayo de 2026 el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo acumula 40,894 homicidios en apenas 604 días de gobierno, con un promedio de 68 muertos diarios. 

Guanajuato es el principal contribuyente de esa estadística macabra: encabeza el Top 3del sexenio con 4,477 homicidios acumulados desde octubre de 2024, el récord más vergonzoso del país. 

Para ponerlo en perspectiva: el estado con menos muertos del periodo, Yucatán, registró apenas 64. Guanajuato mata en una semana lo que Yucatán en todo el sexenio. Alguien debería colgar ese dato en la oficina de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que celebra con bombo y platillo cuando hay un día sin muertos —cosa que ocurrió exactamente dos veces en mayo— como si eso fuera un logro y no una anomalía estadística.

La masacre como rutina

En enero de 2026, un ataque en Salamanca dejó once muertos y doce heridos en una convivencia deportiva en la comunidad Loma de Flores, presuntamente perpetrado por Los Marros. 

En mayo, la misma ciudad, el mismo guion, cinco muertos más y una persona secuestrada. El primer trimestre del año cerró con 394 homicidios acumulados, incluyendo la ejecución del titular de la JAPAMI en Irapuato y del director del DIF en Jerécuaro, porque aquí no respetan ni a los que reparten agua potable. La tasa anual es de 38.84 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra que haría palidecer a cualquier zona de conflicto certificada por la ONU.

La pianola sigue tocando sola

José Alfredo tenía razón: la vida no vale nada en estas tierras de corridos y balaceras. Mientras el gobierno federal presume una reducción del 42% en homicidios acumulados de enero a mayo de 2026 respecto al año anterior, Guanajuato sigue siendo la excepción que desmiente la narrativa triunfalista. 

El dato de cada 21 minutos:
El tablero mas actual marca 68 homicidios diarios en el sexenio de Sheinbaum. Haciendo la división: 1,440 minutos al día ÷ 68 = un muerto cada 21.17 minutos. El contraste con «antes cada 15 minutos» —que corresponde al sexenio de AMLO.

Cada semana, sin falta, el estado aporta su cuota de sangre al contador nacional. Cada semana, sin falta, algún funcionario habla de «estrategias» y «coordinación». Y cada viernes por la noche, en alguna calle del Bajío, alguien que solo quería tomarse una cerveza con los suyos termina convertido en número de expediente. La pianola toca sola. Los muertos pagan la música.

Mejoró ?, esta siendo cuestionado versus desapariciones , pero igual se advierte que te puedes morir tres veces antes del recreo.

Con informacion: TRESEARCH/ LA JORNADA/

«EXTORSION se DIVERSIFICA: CRIMINALES APUNTAN en N.L a GREMIO de ARQUITECTOS USANDO TRAMPAS con FACHADA de RENDER»…y el levantamiento arquitectónico ya puede convertirse en levantón.

Los intentos de extorsión a despachos de arquitectura en el Estado de Nuevo León por parte de grupos criminales han generado alerta entre profesionales del gremio.

A diferencia de las extorsiones o «trampas» ya conocidas contra empleados y profesionistas en otros campos de trabajo, en este caso, el modus operandi comienza con mensajes de WhatsApp enviados a números de despachos de arquitectos que aparecen en redes sociales.

Crimen se diversifica

En el plano maestro de la inseguridad, hay un nuevo trazo que empieza a repetirse con preocupante simetría: la extorsión dirigida al gremio arquitectónico. No es casualidad ni error de cálculo; es un diseño deliberado donde el crimen organizado ha decidido ampliar su portafolio de “clientes”, incorporando despachos como si fueran simples proveedores en su cadena de suministro ilícita.

El caso arranca como cualquier anteproyecto mal planteado: un supuesto cliente, discurso pulcro, narrativa de desarrollo turístico —cabañas, para ser exactos— y una tarifa inicial que suena lo suficientemente atractiva como para justificar el levantamiento de campo. 

Cinco mil pesos por una visita técnica. Hasta ahí, todo parece dentro del catálogo habitual de servicios. Pero pronto empiezan a aparecer las grietas estructurales: evasivas ante reuniones presenciales, incapacidad para sostener una conversación técnica básica, y una vaga definición del programa arquitectónico. Es decir, un “cliente” sin proyecto, sin terreno claro y sin noción espacial. Un render sin cimientos.

El arquitecto, con más criterio que entusiasmo, decidió no colarse en esa obra fantasma. Consultó con colegas y descubrió que el mismo guion ya estaba circulando como plantilla entre despachos. Resultado: contacto bloqueado, expediente cerrado. Proyecto cancelado antes de la excavación.

Pero no todos lograron detectar las fallas en la cimentación.

Una arquitecta —con práctica en obra foránea y acostumbrada a desplazamientos fuera de Monterrey— recibió un encargo para remodelar un rancho en Cadereyta. El “cliente”, generoso en apariencia, aceptó pagar 2,500 pesos por hora de traslado. Una cifra que, en el papel, compensa la lejanía y el desgaste logístico. Un incentivo que funciona como acabado de lujo para ocultar una estructura podrida.

El día de la visita, la arquitecta se moviliza con un diseñador de su equipo. Error de cálculo: también llevaba a sus hijos. Día inhábil, decisión práctica, pero en retrospectiva, un riesgo que ningún manual de obra contempla.

El recorrido comienza en pavimento —la parte visible del proyecto— y pronto deriva en brechas de terracería: caminos sin trazo oficial, sin señalización, sin cobertura. La señal celular, ese equivalente contemporáneo de la bitácora de obra, empieza a desaparecer. El sitio se vuelve cada vez más inaccesible, más opaco, más fuera de norma.

En pleno trayecto, el supuesto cliente solicita los nombres completos de todos los ocupantes del vehículo “para autorizar el acceso”. Lenguaje de control de obra, pero sin obra. Sin permisos. Sin DRO. Solo un filtro más en un montaje que ya huele a colusión.

La arquitecta empieza a cuestionar la logística del proyecto:¿cómo demonios pretenden llevar mobiliario, carpintería, instalaciones y proveedores hasta ese punto? La respuesta implícita es brutal: no hay proyecto. Nunca lo hubo.

A cinco minutos de “llegar”, el sentido común irrumpe como supervisor de seguridad: se cancela la visita, se replantea la estrategia, se da media vuelta. Pero el diseño criminal ya había pasado a su siguiente fase.

Llega la primera llamada: “Tenemos detectado un teléfono por vía satelital. Está entrando en una zona prohibida”. El discurso muta de cliente a autoridad de facto. La intimidación sustituye al briefing.

Luego, el colapso total del montaje: otra llamada, otro tono, otra jerarquía. “No te muevas, somos de un cártel. Te vamos a matar. Tenemos francotiradores apuntándote”. La amenaza ya no es implícita ni técnica: es directa, cruda, sin recubrimiento.

En paralelo, el falso cliente refuerza la narrativa: mensajes insistentes para que no se mueva. Coordinación perfecta entre fachada y estructura criminal. Un proyecto de extorsión ejecutado con precisión quirúrgica.

La arquitecta acelera. Literal. Rompe topes de tierra, ignora cualquier trazo previo y regresa a la carretera —ese eje estructural que conecta con la realidad—. Logra salir. Bloquea contactos. Cierra el expediente.

Pero el daño ya estaba hecho: no solo emocional, sino sistémico.

Al compartir el caso, descubre que no es un incidente aislado, sino un patrón constructivo en expansión. Otros arquitectos e interioristas han recibido el mismo tipo de “encargos”. Incluso circula el caso de un joven que sí llegó a la “obra”: fue golpeado, despojado de su vehículo y abandonado como escombro en carretera.

Conclusión: el crimen organizado no solo controla territorios; también está rediseñando el mapa de riesgo profesional. Ahora, el levantamiento arquitectónico puede convertirse en levantón. El cliente potencial, en amenaza latente. Y el sitio de obra, en zona de exclusión.

En este nuevo plano, el primer filtro ya no es el presupuesto ni el programa arquitectónico, sino la verificación básica de que el proyecto no sea una trampa con fachada de render.

Con informacion: ELNORTE/

LA «VALENTIA DURÓ 3 DIAS y VINO la RECULADA: DIPUTADOS NO RATIFICARON y la SOLICITUD de JUICIO POLITICO a GOBERNADORA TERMINA en RIDICULO»…el trasfondo es más interesante que el tecnicismo.

En la política mexicana hay iniciativas que nacen muertas, pero hay otras que simplemente se acobardan en el camino. El intento de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, terminó siendo lo segundo: una ofensiva que se desinfló antes de siquiera arrancar.

La presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, confirmó lo evidente: la solicitud quedó sin efecto porque sus propios promoventes —11 diputados— no tuvieron ni la disciplina ni el valor político de ratificarla dentro del plazo legal de tres días. Traducción sin eufemismos: se echaron para atrás.

El procedimiento, que acusaba a la mandataria panista de atentar contra la soberanía, la seguridad nacional y el orden federal (acusaciones nada menores), requería un trámite básico para avanzar: la ratificación formal antes del 29 de mayo. No ocurrió. Y en el mundo jurídico, lo que no se ratifica, no existe.

“No fue ratificado… ya no existe”, dijo López Rabadán, cerrando el caso con una frase que suena más a acta de defunción que a declaración política.

Pero el trasfondo es más interesante que el tecnicismo. Porque esto no fue un error administrativo: fue una retirada. Una reculada política de manual.

Primero, se lanza una acusación de alto calibre que intenta colocar a Maru Campos al nivel de crisis,luego, cuando toca sostenerla con procedimiento y responsabilidad legal, los firmantes desaparecen. Ni firma, ni defensa, ni seguimiento.

La narrativa oficialista intenta suavizar el ridículo hablando de “decisión de los promoventes” y apelando a la “seguridad de las familias”, como si el desistimiento fuera un acto reflexivo y no una retirada estratégica ante la falta de sustento o cálculo político fallido.

En realidad, el episodio deja tres lecturas incómodas:
Primero, que se usan figuras como el juicio político más como herramienta de presión mediática que como mecanismo serio de control constitucional.

Segundo, que quienes impulsan estas acciones no siempre están dispuestos a sostenerlas cuando entran al terreno legal.
Y tercero, que el caldo ya estaba saliendo mas caro que las albondigas, la Presidenta va en declive en encuestas y EE.UU esta atento al caso. 

Al final, el juicio político contra Maru Campos no fue derrotado: se evaporó. No hubo defensa, no hubo debate, no hubo resolución. Solo una retirada silenciosa que confirma que, en política, hay acusaciones que sirven para el titular… pero no sobreviven al expediente.

Porque acusar es fácil. Ratificar, sostener y probar… eso ya es otro nivel.

Con informacion: ELNORTE/

«BIENVENIDOS a TOMBSTONE: POLVAREDA de 630 DIAS de BALAS de NARCOS de la MISMA MARCA y SHERIFF de CARTÓN CONVIRTIERON CULIÁCAN en PUEBLO del VIEJO OESTE»…los que cabalgan no son vaqueros, son sicarios con AR-15 y Cuernos de chivo en vez de Winchester.

Culiacán ya no es ciudad: es un pueblo del viejo oeste plantado en medio del desierto de la estrategia fallida, donde el plomo manda, la ley obedece y la autoridad en 630 dias de guerra de bandos de la misma banda ha hecho lo que pueden y en abonos, en vez de hacer lo necesario.

«Bajo la actual estrategia,se suponía que el pueblo iba sufrir mucho por poco tiempo,pero su aplicación,aun bajo éxitos intermitentes, los esta haciendo sufrir todo el tiempo».

Culiacán, versión Tombstone

En el mapa oficial le dicen “Sinaloa seguro”, pero en la cartografía real Culiacán se llama Tombstone y los que cabalgan no son vaqueros, son sicarios con AR-15 en vez de Winchester.

En esta película de serie B, los duelos a la hora de la comida ya no son de pistola a diez pasos, sino ráfagas desde camionetas robadas que se multiplican como los créditos de interés moratorio: en un solo año Culiacán duplicó el robo de autos, y aun así casi no hay detenidos por ese delito.

El letrero en la entrada del pueblo debería decir: “Bienvenido a Culiacán: estación terminal, no se aceptan devoluciones ni denuncias”.

Parte de guerra del Tombstone moderno

El último parte de guerra llega, cómo no, desde la Guardia Nacional, esos forasteros uniformados que patrullan como si fueran Wyatt Earp pero con reglamento de uso de la fuerza redactado por un asesor de imagen.

En Aguaruto, Culiacán, un reporte nocturno termina en balacera: sujetos armados atacan a los agentes, se arma la persecución entre parcelas, un guardia nacional cae herido y los agresores se esfuman en la oscuridad, dejando otra escena de polvo, casquillos y silencio institucional.

No es un episodio aislado; es un capítulo más del mismo western infinito en el que los federales son blancos móviles, los grupos criminales son los dueños de la cantina y la población es el público atrapado en la función.

Cada enfrentamiento se vende como “reacción oportuna” y “hechos aislados”, mientras el saldo real se cuenta en muertos sin nombre, detenidos que entran y salen y patrullas que llegan tarde a recoger los casquillos.

El marcador luminoso de este estadio de sangre:

• 3,309 homicidios dolosos desde el 9 de septiembre de 2024 al 29 de mayo de 2026: 5.3 ejecuciones diarias, como si cada amanecer trajera su cadáver de cortesía.
• 3,873 personas privadas de la libertad: 6.2 desapariciones diarias, un servicio de esfumar gente más puntual que cualquier paquetería.
• 11,306 vehículos robados en el mismo lapso: 18 carros por día, un lote automotriz clandestino renovándose más rápido que la flotilla oficial.
• 3,636 personas detenidas, 5.8 al día, que suenan a eficacia… hasta que uno recuerda cuántos se esfuman en el laberinto judicial y cuántos eran simples rellenos para la estadística.

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En el marcador no aparece el rubro “impunidad”, pero sabemos que el porcentaje anda cerca del 90, 95 o 99 por ciento, elija el lector su cifra favorita: total, nadie se la va a discutir con datos serios.

Tampoco aparece “miedo”, medido en escuelas que cierran temprano, negocios que bajan cortina, una masacre de empleos perdidos y colonias que aprenden a diferenciar el calibre por el sonido.

El sheriff de utilería,es el «Batman» de los comics

Como en todo pueblo del viejo oeste de caricatura, hay sheriff, pero es de cartón piedra.

La Federación presume que en marzo de 2026 el promedio de homicidios dolosos bajó a 2.5 diarios en Sinaloa, y lo vende como prueba de que la “estrategia” está funcionando, como si cinco, cuatro o dos muertos al día fueran un logro digno de plaque en Palacio.

Mientras tanto, los “operativos interinstitucionales” dan postes para la foto: siete detenidos, armas largas, cargadores y cartuchos asegurados, boletín triunfal y aplauso de ocasión; luego, semanas más tarde, la realidad se encarga de recordar quién manda cuando vuelven las balaceras.

En otros episodios, ni siquiera hace falta que salgan los malos: la Guardia Nacional y la Policía Estatal se confunden entre sí y terminan tiroteándose, dejando un agente muerto y dos federales heridos; el viejo oeste administrativo donde los buenos se disparan por error.

Los dueños de la cantina

En este Tombstone tropicalizado, el verdadero ayuntamiento es la mesa donde se sientan las distintas facciones del Cártel de Sinaloa a repartirse territorio.

El gobierno se limita a administrar la narrativa: la violencia se explica como pleito entre “células”, como si fuera bronca doméstica entre primos mal llevados, y no consecuencia directa de años de entregarle la plaza al crimen a cambio de una paz clientelar que ya venció.

Cuando la captura de un capo detona la crisis de homicidios y levantones, el mensaje es claro: aquí no gobierna la Constitución, gobierna el equilibrio del terror.

La población queda en medio, como extras mal pagados en una película donde el libreto lo escriben a balazos los chapitos, los mayitos y otras franquicias, mientras la autoridad improvisa comunicados a ver si alguno cuaja.

El relato oficial vs. el polvo del desierto

Cada que se anuncia una baja “histórica” de homicidios, conviene voltear al pizarrón completo: homicidios que bajan un mes, robos de vehículos que se disparan, desapariciones que crecen y enfrentamientos que se vuelven paisaje.

La paz de la que presumen es como esos pueblos fantasma del oeste: se ve tranquila porque la gente ya no sale, porque ya entendió que la calle es territorio de otro dueño

Culiacán está convertido en un Tombstone moderno donde todos los días hay duelo, pero nadie sabe quién es el forastero y quién es el cacique; los únicos constantes son los muertos y los desaparecidos.

La estrategia oficial no es más que un telón pintado: por delante, discursos de coordinación y mesas de seguridad; por detrás, un desierto de impunidad donde el polvo de las balas cubre los nombres de las víctimas.

Con informacion: NOROESTE/

«NO ME EQUIVOQUE dice SEÑOR de las MASACRES: ARRASTRANDO 120 MIL MUERTOS,RECLAMA al SEGUNDO PISO de MAS de 40 MIL,CONTINUIDAD del PRIMERO de 202 MIL CADAVERES»…incendió el país y escogió mal a los bomberos.

Diciembre de 2006: arranca la guerra. Mayo de 2026: el marcador no miente, aunque incomode. Más de 736 mil muertos ,sumados todos los sexenios combatientes al crimen y ya contada la violencia exacerbada durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, e incluso los mas de 202 mil de AMLO y los mas de 40 mil de Claudia Sheinbaum,aunque todos insistan dolosamente en solo constar los suyos.

El preambulo de cifras porque ayer reaparecio Felipe Calderon el señor de las 68 masacres perpetradas por el ejercito y policias, documentadas por Vice (2007-2011), para decir con una serenidad casi quirúrgica, que sí, que todo estuvo bien… bueno, casi todo.

Porque en su versión, el error no fue incendiar el país con militares, sino escoger mal a los bomberos.

En un mitin de apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos —envuelta también en sus propias historias judiciales capitalizadas politicamente por la estultez de morena y el Gobierno—, Calderón defendió lo que ya es uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de México. Según él, enfrentar al crimen organizado no era una opción, sino una obligación moral. Y lo sigue siendo. El detalle, dice, fueron los “errores y limitaciones”.

Traducido del calderonés: la estrategia era impecable… salvo por los funcionarios, las ejecuciones, las alianzas tácticas dudosas y ese pequeño detalle de que, en muchos casos, el Estado parecía combatir a unos cárteles mientras otros avanzaban con escolta institucional.

Pero Calderón insiste: no había alternativa. O estabas con los ciudadanos o con los delincuentes. Blanco o negro. Una narrativa cómoda que omite ese amplio espectro gris donde operaron complicidades, omisiones y, según múltiples investigaciones, estructuras infiltradas hasta el tuétano.

Mientras tanto, el país siguió acumulando cadáveres como si fueran estadísticas administrativas. Hoy, con gobiernos posteriores sumando su propia cuota —mas de 40 mil muertos en los primeros meses del nuevo sexenio y un ritmo de 69 homicidios diarios que apunta a otros 151 mil—, el debate ya no es si la estrategia funcionó, sino quién carga con qué parte del desastre.

Y ahí es donde Calderón decide voltear la mesa: acusa al actual gobierno de proteger a criminales, denuncia persecución política contra “funcionarios que cumplen” y advierte que México se encamina a un Estado autoritario.

El problema es que ese discurso llega después de haber inaugurado una lógica donde la militarización se volvió norma, la violencia se disparó y la línea entre autoridad y crimen se volvió, en demasiados casos, peligrosamente difusa.

Así que no, Calderón no se equivocó —según él— en la decisión ni en la estrategia. Se equivocó en los nombres.

Como si cambiar piezas en un tablero donde ya se jugaba con reglas rotas hubiera sido suficiente para evitar que el país terminara convertido en un campo de batalla con saldo de guerra no declarada.

Pero en política mexicana, parece que siempre hay margen para una última pirueta narrativa: convertir una tragedia estructural en un simple error de casting que aun esta castigando a los ciudadanos ,pues su gobierno esta usando su misma estrategia,con el mismo ejercito, para ilusamente esperar un resultado distinto.

Con informción: ELNORTE/ TRESEARCH/

"LAVADO y PLANCHADO esta en...CHINO ?: PESOS PESADOS del NARCO NO SOLO TRAFICAN DROGAS,TRAFICAN SISTEMAS FINANCIEROS COMPLETOS"...blanquearon 312 mil millones de dolares entre 2020 y 2024.

En el negocio global del narcotráfico ya no basta con cruzar droga: hay que saber cruzar dinero. Y en ese rubro, los cárteles mexicanos encontraron socios que no hacen ruido… pero sí hacen magia contable. Según un informe del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), con sede en Bulgaria, las mafias chinas se han convertido en los lavadores de confianza del narco mexicano, especialmente en la multimillonaria economía del fentanilo que abastece a Estados Unidos.

El documento, titulado “Shadow Alliances: Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America”, no se anda con rodeos: las organizaciones criminales chinas no sólo suministran fentanilo y precursores químicos, sino que además operan sofisticadas redes de blanqueo que convierten ganancias ilícitas en dinero aparentemente limpio. Todo bajo el paraguas del comercio legal a gran escala, que funciona como una lavadora industrial donde los dólares sucios se diluyen entre transacciones legítimas.

La escala del asunto no es menor. Datos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos estiman que entre enero de 2020 y diciembre de 2024 se habrían lavado alrededor de 312 mil millones de dólares. No es un desliz financiero: es un sistema.

El mecanismo es elegante en su cinismo. Operadores del cártel en Estados Unidos entregan dólares a intermediarios chinos; estos, a su vez, entregan pesos en México a los socios del narco. Después, esos dólares son revendidos a clientes chinos interesados en evadir controles de capital en su país, quienes transfieren renminbi a cuentas controladas por la red en China. Resultado: todos ganan —el narco limpia dinero, los clientes chinos sacan capital y las redes criminales consolidan un circuito financiero transnacional perfectamente aceitado.

En esta coreografía delictiva participan pesos pesados: el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo, según el informe. Y no se trata de abstracciones: el caso de Li Xizhi ilustra cómo estas redes operan en la práctica, facilitando la conversión y redistribución de efectivo ilícito mediante estructuras financieras que cruzan jurisdicciones sin despeinarse.

Mientras tanto, en México, el sistema financiero formal tampoco sale ileso del lodazal. CIBanco, ya señalado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero del narcotráfico, enfrenta ahora medidas judiciales más severas: un juez de la Ciudad de México ordenó el embargo de 500 millones de pesos, además del arraigo y la suspensión de facultades de su grupo controlador. Entre los señalados figuran Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunell, su familia, el abogado Salvador Arroyo Rodríguez y Roberto Pérez Estrada.

Así, entre maletas de dólares, transferencias en renminbi y bancos intervenidos, el mapa del crimen organizado revela algo más incómodo que sorprendente: el narco ya no sólo trafica sustancias, trafica sistemas financieros completos. Y en ese juego, la frontera entre economía legal e ilegal no se cruza… se administra.

Con informacion: ELNORTE/