A ver, vamos a bajarnos de la nube de los billones y a poner las cosas a nivel de la banqueta, como cuando te sientas a echar cuentas en la mesa de la cocina después de que nos llegó la quincena.
Imagínate que ganas 10 pesos. Así, sencillito. Eso es el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027: 10.6 billones de pesos. Suena a un dineral, ¿verdad? Cualquiera pensaría que con eso nos alcanza para pavimentar hasta la luna, asegurar medicinas para el pueblo y hasta para darnos un lujo. Pero espérate, aquí es donde la puerca tuerce el rabo.
De esos 10 pesos que tienes en la mano, 8 pesos ya no son tuyos. Ya los debes antes de que acabe el día.
¿En qué se te van?
De entrada, 1.6 pesos (casi 1.6 billones) son solo para pagar los puros intereses de las deudas que ya traes arrastrando, incluyendo las broncas de tus «parientes incómodos» que no producen pero cómo gastan: Pemex y la CFE. Para que te des una idea de lo absurdo, vas a gastar más en pagar los puros intereses de tu tarjeta que todo lo que tienes pensado pedir prestado este año (3.9% del PIB).
Luego, tienes que soltar 1.84 pesos para las pensiones de los que ya se retiraron (IMSS, ISSSTE, etc.) y otros 64 centavos para las pensiones «del bienestar». Agrégale 1.25 pesos para los programas sociales, 3 pesos que le tienes que mandar a tus familiares en los estados (gasto federalizado) y 1.1 pesos para que medio alcance para el doctor y las medicinas (salud).
Al final de este «reparto», lo que realmente te queda libre en la bolsa para imprevistos, para mejorar la casa o por si se poncha una llanta es una miseria: apenas el 1.6% del PIB. O sea, centavos.
Como bien dice la experta Alejandra Macías, esto es vivir al día, al puro «ahí se va».
La gran diferencia entre nosotros y los vecinos ricos, como Estados Unidos o Alemania, es que ellos ganan mucho más de lo que gastan porque cobran bien sus impuestos (recaudan más del 30% de su economía) y los bancos les prestan barato. Nosotros apenas recaudamos el 18% del PIB. No tenemos ese colchón.
¿Cuál es el saldo de estas decisiones del gobiernoo manos de estomago?
Que cuando el dinero no alcanza y ya todo está comprometido, lo primero que se recorta es lo que de verdad importa para el futuro: carreteras que sirvan, hospitales de verdad, agua, energía y educación para los niños. El gobierno prefiere pagar deudas y repartir apoyos que invertir en lo que nos haría salir de pobres.
Básicamente, estamos condenados a vivir en el bache, tapando un hoyo para abrir otro y atrapados en la «trampa del ingreso medio»: trabajando un chorro pero sin que nos alcance para más. Una economía de supervivencia, de pura banqueta.
A Heriberto Bazán Rodríguez, «El Bazán», no lo encontraron cumpliendo una condena: según los reportes más recientes, volvió a aparecer en una persecución a balazos en Ciudad Victoria y terminó herido y bajo custodia obligada en un hospital. Breitbart lo identifica como jefe regional del Cártel del Golfo; Excélsior también informó de la presunta captura, aunque advirtió que, al publicarse su nota, las autoridades federales todavía no confirmaban oficialmente la identidad de los detenidos. Otra detención para el recuento; las explicaciones sobre su libertad anterior siguen pendientes.
El antecedente obliga a mirar bastante más atrás que la última patrulla. En junio de 2018, en Valor Tamaulipeco difundimos señalamientos de una fuga cuando Bazán ya estaba detenido y era trasladado a un lugar de reclusión. No se había escapado, los llamados «feregrino» ,un equipo especial de policias a servicio de ex-vicefiscal narco lo había dejado escapar.
Lo documentado oficialmente es que, ese mismo junio, la procuraduría tamaulipeca ofrecía dos millones de pesos por información para capturarlo y lo buscaba por extorsión.
El acuerdo publicado en el Periódico Oficial consignaba la existencia de una orden de aprehensión. No era, pues, un desconocido que apenas acabara de llamar la atención de las autoridades.
Después vino otra captura
Una relación de detenciones publicada por El Financiero registró que elementos de la Sedena detuvieron a Bazán el 15 de agosto de 2018. En ese mismo recuento figuraba la aprehensión, en Matamoros, de Emiliano González Beas, «El Jumex», quien posteriormente fue ejecutado en el penal de esa ciudad, presuntamente por órdenes de «El Contador», quien después lo habría despojado de sus bienes: el sello de la casa.
El episodio más reciente ocurrió el 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con los reportes periodísticos, una persecución y un enfrentamiento con fuerzas federales terminaron con el presunto mando criminal herido y finalmente custodiado en un hospital de Ciudad Victoria.
El asunto no se resuelve anunciando que «ya cayó», como si la memoria pública también estuviera obligada a darse a la fuga. La pregunta incómoda es qué ocurrió entre aquella captura y esta nueva balacera: qué cargos se formularon, qué pruebas presentó la fiscalía, qué resolvió el juzgado y con qué fundamentos recuperó la libertad. Si hubo una liberación legal, que se explique; si hubo fallas o responsabilidades, que se investiguen. El expediente debe hablar más fuerte que el boletín.
Capturarlo otra vez puede ser noticia. Explicar por qué hubo que capturarlo de nuevo es la rendición de cuentas que falta. Peor aún: volverá a escapar por la puerta del frente del penal, al estilo del «Contador», que ya lo ha hecho tres veces nomas.
En Tamaulipas, la justicia tiene oficinas, presupuesto y fiscal con pasado de recluso,pero lo que escasea son los resultados. No es una ocurrencia para arruinar el discurso oficial del gobierno de Morena y Americo Villarreal: el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, de Impunidad Cero, coloca a la institución tamaulipeca en el lugar 25 de 32, con 34.7 puntos. Suficiente para tener membrete; bastante poco para presumir desempeño.
Y cuando se trata de matar, la cifra resulta demoledora: la impunidad acumulada en homicidio doloso en Tamaulipas fue de 90.7% ,de acuerdo con el mismo informe que aunque abarca de 2016 a 2021,el promedio se ha mantenido.
Bajo esa medición ,aproximadamente nueve de cada diez homicidios quedaron sin sentencia condenatoria. No estamos hablando de una denuncia por un espejo roto: estamos hablando de vidas arrebatadas y de un aparato de justicia incapaz de producir condenas en una proporción abrumadora.
La Fiscalía cambia de titular; la exigencia no cambia
Hoy la institución está a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, designado para un periodo de siete años a partir del 16 de diciembre de 2025. Pero la herencia que recibio,bajo el mismo gobierno no es salvoconducto: recibió la responsabilidad de corregir una institución, no solamente el derecho a ocupar su despacho y empeorarla.
El IEDF 2026 permite identificar el tamaño del problema que tiene enfrente. Sus principales indicadores operativos y de resultados corresponden a 2024; el de impunidad en homicidio, a 2016-2021. Esa distinción importa: una crítica seria no necesita acomodar el calendario para pegar más fuerte.
El delito que no llega a la ventanilla
En 2024, Tamaulipas tuvo el menor porcentaje de delitos denunciados del país: apenas 5.1%. Dicho sin anestesia: alrededor de 95 de cada cien delitos no fueron denunciados ante las autoridades y el feomeno se repitio en 2025,de acuerdo con informe del EVIPE 2026.
La cifra corresponde al conjunto de delitos estimados mediante la ENVIPE, no específicamente a homicidios. Que haya pocas denuncias no acredita que haya poca delincuencia; también revela lo poco que del problema llega formalmente al sistema por desconfianza en el sistema.
Y aun dentro de ese sistema, la respuesta es limitada. La efectividad de la Fiscalía tamaulipeca en la resolución de casos fue de 15.8% en 2024, frente al promedio nacional de 23.1%. El indicador considera asuntos nuevos y rezagados, así como distintas salidas procesales y que coincide con otras mediciones oficiales.
Cuando el estudio combina la proporción de delitos que llegan a investigación con la efectividad institucional, la probabilidad estimada de denuncia y esclarecimiento en Tamaulipas queda en 0.44%. Menos de medio punto porcentual. El promedio nacional, ya de por sí miserable, fue de 1.47%.
Abrir carpetas no es resolver crímenes
El problema no se reduce a que las carpetas permanezcan abiertas. También pueden salir de la estadística mediante decisiones que no equivalen a esclarecer los hechos ni a castigar responsables.
Impunidad Cero advierte que las fiscalías recurren excesivamente a salidas administrativas tempranas y que esa práctica puede simular eficiencia sin ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas. El señalamiento es nacional; no debe presentarse como una distribución específica de los expedientes de Tamaulipas.
Por eso, la frase precisa no es solamente que opera una industria que abre y no cierra carpetas. Es más incómoda: opera un sistema donde abrir, archivar o dar por terminado un expediente no garantiza que alguien responda por el crimen.
En Tamaulipas, además, la Fiscalía registró en 2024 un presupuesto de 405 pesos por habitante, frente a un promedio nacional de 448; una carga de 114 investigaciones nuevas por agente del Ministerio Público, frente a 128 en el promedio nacional; y 33 puntos en transformación digital en donde casi operan solo con un sello y una engrapadora.
El diagnóstico combina limitaciones materiales y malos resultados. No todo se explica con falta de dinero, ni todo se arregla exigiéndole al personal que haga milagros entre expedientes.
Govea: menos ceremonia, más resultados comprobables
El contraste institucional tiene otro filo: Tamaulipas obtuvo 88.9% en la evaluación de autonomía de las fiscalías, uno de los puntajes más altos. Pero esa calificación examina designación, remoción y estabilidad de la titularidad; no certifica investigaciones impecables ni independencia efectiva en cada expediente.
El propio informe advierte que la autonomía formal no garantiza mejor desempeño. La autonomía no es una medalla para la oficina del fiscal: debe servir para investigar sin obedecer consignas y rendir cuentas sin esconder resultados. algo que no hacen,pero eso no lo dice el informe,lo dice la realidad cotidiana.
La vara para Govea Orozco debe ser verificable: cuántos homicidios se investigan, cuántos casos se llevan ante un juez y cuántas órdenes se ejecutan. Un informe por separado de la administracion de justicia parece confesarlo sin rubor.
Mo importa que tan complicado sea ,como admitio recientemente y sin pena el Fiscal Anticorrupcion.
Con fechas, universos comparables y separación entre rezago heredado y resultados de su gestión. Porque anunciar detenciones no equivale a probar responsabilidades, y presumir carpetas iniciadas no demuestra que las víctimas hayan obtenido justicia.
Cometer delitos sale barato cuando la consecuencia penal es excepcional.
Norberto García Repper, aun fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, pero no contra «Morenos y Morenas» llegó con el pecho inflado a la entrevista con Carmen Aristegui: negó persecuciones políticas, llamó prófugo a Francisco García Cabeza de Vaca y quiso dar cátedra sobre fuero, derechos electorales y doble nacionalidad. Pero la periodista le hizo una pregunta que le desacomodó el discurso: ¿qué bucaba a replicar si el caso del exgobernador no correspondía a su fiscalía ?
Después de los rodeos llegó la precisión. Aristegui le planteó: «No tengo ningún cargo, ninguna imputación, ninguna acusación contra García Cabeza de Vaca. ¿Ese es el mensaje?». El fiscal respondió: «Así es». Ahí quedó el dato que su despliegue retórico había mantenido entre la hojarasca: la institución que encabeza no tenía una acusación contra el exmandatario.
No lo absolvió. No presentó una resolución judicial ni desmintió la existencia del asunto federal discutido durante la entrevista. Confirmó algo más acotado, pero políticamente aprovechable para Cabeza de Vaca: su fiscalía no tenía cargos ni imputaciones en su contra.
¿En qué papel quedó García Repper?
En el de un fiscal ingenuo,por no llamarlo tarugo, que solicitó una réplica sin identificar una imputación dirigida contra su institución y terminó haciendo comentarios sobre un expediente ajeno a su competencia. Él mismo reconoció que Cabeza de Vaca no se había referido a su persona ni a su fiscalía. Aristegui tuvo que ponerle nombre al ejercicio: más que réplica, una aportación.
El remate fue suyo: después de insistir en que no persigue opositores, volvió al fuero, cuestionó la doble nacionalidad y sostuvo que hubo un «fraude a la Constitución». Es decir: ninguna acusación desde su fiscalía, pero abundantes señalamientos desde el micrófono.
Quiso marcar distancia de la persecución política y terminó exhibiendo la tensión entre su responsabilidad institucional y su entusiasmo por polemizar. Mucho pecho para pedir la palabra; poca precisión para explicar a cuenta de qué.
En Reynosa, las filtraciones ya parecen trabajar por relevos: una suelta el apodo, otra señala un taller y la siguiente llega con más fotografías. Lo que comenzó con un mensaje sobre el supuesto operador tecnológico conocido como «Changuito» derivó en señalamientos sobre un establecimiento atribuido al llamado «Comandante Mono» y administrado, según un informante anónimo, por su hermano.
Ahora, una nueva aportación incorpora otra referencia comercial: el Taller Chompi, en la colonia Longoria. La cadena de publicaciones y mensajes existe; los vínculos delictivos que denuncian todavía necesitan acreditarse y eso ya le toca a la autoridad,la que no este comprometida,es decir,comprada y metida.
Porque una cosa es que las denuncias vayan sacando direcciones y otra que cada dirección venga acompañada de una escritura a nombre del narco. Pero tampoco se trata de exigirle al ciudadano que entregue la investigación terminada, engargolada y con moñito para que alguien se digne a revisar .
DEL «CHANGUITO» AL PRIMER TALLER: ALGUIEN EMPEZÓ A SOLTAR LA SOPA
La primera publicación, del 16 de noviembre, recogió un mensaje que presumía capacidades de vigilancia sobre el río y hasta para enfrentar drones estadounidenses. En aquella fanfarronería apareció el alias «Changuito», señalado como supuesto operador tecnológico al servicio de la estructura del Cártel del Golfo vinculada con los hermanos Morfín. El mensaje no acreditaba su identidad ni sus funciones, pero dejó una pista donde pretendía presumir poderío. Mucha tecnología para vigilar a los demás y ningún dispositivo para cerrar la boca.
Después llegó otra delación, publicada el 17 de noviembre, que bajó la conversación de los drones a la banqueta: un taller ubicado, según el informante, por las calles Río Álamo y Río Conchos, en la colonia Longoria. El anónimo lo atribuyó al «Comandante Mono» y aseguró que lo administraba su hermano, identificado únicamente como «Alan». La fotografía difundida mostraba el rótulo «Mecánica y Detalle Express».
Ahí cambió el tamaño de la pregunta. Ya no se trataba solamente de averiguar quién se esconde detrás de un apodo, sino de establecer si existía una conexión real entre un negocio identificable y el mando criminal al que lo atribuía el denunciante.
AHORA APARECE EL «CHOMPI»: OTRA FACHADA EN LA CONVERSACIÓN
La nueva aportación anónima, fechada ayer 17 de noviembre a las 4:10 de la tarde, anuncia «más fotos», afirma que «también está su padre» y menciona grúas a ambos lados de la calle, además de una referencia a la esquina con Río Mante.
Y efectivamente,entre las imágenes que nos fueron proporcionadas ,aparece una vista de la calle y una captura de la página de Facebook de Taller Chompi, cuyo anuncio ofrece hojalatería, pintura y restauración vehicular.
En el emblema comercial se lee la dirección Emilio Carranza número 750, colonia Longoria,casi esquina con Río Mante». Es una referencia que coincide con la ubicación en la filtracion inicial por parte del nuevo nuevo o el mismo informante.
Dicho sin revolver la pintura con el expediente: el material permite identificar un negocio anunciado como Taller Chompi y ahora corresponde a las autoridaes establecer la pertenencia a la «familia mona que ya es hora que pase a formar parte de la familia N». Esa es precisamente la conexión que debe verificarse, no rellenarse con entusiasmo.
«EPIDEMIA DE TALLERES»: POR AHORA, LO QUE SE MULTIPLICA SON LOS SEÑALAMIENTOS
La secuencia resulta reveladora por su dinámica: primero se publica un alias; después, otro informante aporta un nombre de pila, una ubicación y una fotografía; más tarde, un nuevo mensaje añade imágenes y otra referencia comercial. Una publicación abrió espacio a la siguiente aportación. Eso puede ampliar las pistas disponibles, aunque repetir una acusación no la convierte automáticamente en corroboración independiente.
De ahí la importancia de mantener abierta la denuncia pública sin convertirla en una máquina de fabricar culpables. Que lleguen datos, no significa que deban publicarse como verdades consumadas. Que falten pruebas concluyentes, tampoco significa que las preguntas deban ir directamente al bote de la basura.
La «epidemia de talleres», por ahora, es una multiplicación de negocios señalados en mensajes anónimos, no una red patrimonial demostrada. Si existe esa red, habrá que acreditarla. Si algún establecimiento fue involucrado falsamente, también habrá que decirlo con la misma claridad y el mismo volumen.
LA DENUNCIA PONE LA PISTA; NO LE TOCA FABRICAR LA PRUEBA
El asunto no consiste en perseguir a todo el que tenga una pistola de pintura ni en convertir cada taller de la Longoria en guarida por asociación de colonia. Consiste en esclarecer las afirmaciones concretas: quién opera cada negocio, si existe el parentesco alegado y si hay algún vínculo económico comprobable con la estructura criminal mencionada.
Porque las redes pueden poner una fachada frente a los ojos del público; no pueden hacer que esa fachada confiese.
Y ahí está lo incómodo de esta cadena de filtraciones: cada nuevo mensaje agrega preguntas. Lo que sigue no debería ser otro concurso de apodos ni una condena de Facebook, sino una verificación que permita distinguir el dato útil del chisme interesado.
Que siga llegando información. Pero que nadie confunda el buzón de denuncias con un juzgado, ni la falta de sentencia con un pretexto para no mirar.