«¿127.4 MILLONES DIARIOS ?: EMPRESAS MILITARES TIENEN de CLIENTE al PRESUPUESTO del PUBLICO y NUNCA les DICE que NO»… Traducido: es un tiradero de dinero a lo bestia.

Las empresas administradas por las Fuerzas Armadas tienen un cliente que nunca puede decir que no: el presupuesto público. Para 2027, el Paquete Económico contempla subsidios por 127.4 millones de pesos diarios para el Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías. La cuenta anual: 46 mil 529 millones de pesos, porque sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos de operación, según la información publicada por EL UNIVERSAL. 

El paquete que el secretario de Hacienda, Édgar Amador, entregó el 8 de septiembre prevé mantener la respiración presupuestaria de estos cinco proyectos, que el diario identifica como empresas creadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Cambia el calendario, pero no la mecánica: si la caja no alcanza, el erario completa. 

La cuenta del uniforme

El reparto previsto para 2027 deja al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a la cabeza de los apoyos, por encima del Tren Maya. Así se distribuye la factura diaria: 

Empresa o proyecto	Dependencia responsable	Subsidio diario previsto
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec	Secretaría de Marina	69.2 millones de pesos
Tren Maya	Secretaría de la Defensa Nacional	49.8 millones de pesos
Grupo Mundo Maya	Secretaría de la Defensa Nacional	5.9 millones de pesos
Mexicana de Aviación	Secretaría de la Defensa Nacional	2.4 millones de pesos
Islas Marías	Secretaría de Marina	0.1 millones de pesos

Las cantidades corresponden a las cifras publicadas por el diario y están redondeadas.

El Tren Maya fue inaugurado en diciembre de 2023, el mismo mes en que Mexicana de Aviación comenzó su nueva etapa bajo control estatal. Grupo Mundo Maya, por su parte, fue creado en abril de 2022 para administrar infraestructura. Desde su puesta en marcha, estos proyectos han necesitado subsidios; durante 2026, los apoyos ascienden a 159 millones de pesos diarios. Es decir: para 2027 se prevé una factura diaria menor, pero la dependencia del dinero público sigue instalada en primera clase. 

Advertencias hubo; transparencia, no tanta

Juan Carlos Machorro, especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, advirtió que estas empresas no muestran una trayectoria de consolidación financiera. Por el contrario, sus déficits pueden profundizarse si los gastos de operación y mantenimiento aumentan sin que los ingresos derivados de la demanda crezcan al mismo ritmo. El uniforme, por lo visto, no sustituye a los clientes. 

Según Machorro, buena parte del deterioro pudo anticiparse: desde la concepción de los proyectos existían análisis que alertaban sobre su inviabilidad financiera. Citó los sobrecostos del Tren Maya documentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad en sus primeras etapas y señaló que, frente a esas advertencias, el gobierno restringió el acceso a la información con argumentos de seguridad nacional. Para revisar la cuenta, primero había que atravesar la cortina. 

El especialista también sostuvo que estas empresas operan con elevados niveles de opacidad y, en algunos casos, sin suficientes mecanismos de control financiero y técnico. Recordó que ya se habían señalado los riesgos de avanzar sin estudios rigurosos de demanda, transparencia y una gestión separada de los intereses políticos. Además, mencionó la advertencia de Transparencia Mexicana: cuando los costos de una empresa pública superan sistemáticamente sus ingresos, pueden generarse condiciones para eventuales procesos de privatización. No afirmó que ese desenlace esté decidido, sino que existe el riesgo. 

La política antes que los números

Clemente Ruiz Durán, catedrático de la UNAM, ubicó una de las principales debilidades en la falta de planeación: proyectos impulsados por decisiones políticas, no por evaluaciones técnicas sobre rentabilidad, generación de riqueza y contribución al desarrollo económico. Primero el anuncio; después, a ver cómo cuadran las cuentas. 

El académico advirtió que los subsidios se convertirán en compromisos financieros para el gobierno y pueden cobrar especial relevancia cuando el presupuesto esté bajo presión. Porque una cosa es inaugurar con ceremonia y otra sostener la operación cuando los ingresos no pagan la fiesta. 

Julio Valdivieso, expresidente del Consejo del Colegio de Ingenieros Ambientales, cuestionó el uso de recursos públicos en proyectos que, a su juicio, no han dado un beneficio real al país. Señaló que ese dinero podría destinarse a otras necesidades, como la prevención de inundaciones. Su crítica fue directa: el mantenimiento del drenaje y otras obras recibe menos atención porque no se puede presumir igual que los proyectos útiles para la propaganda política. La alcantarilla no luce en el templete, aunque haga falta cuando empieza a llover. 

Mucho gasto, rendimiento cuestionado

Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura, vinculó estos subsidios con el menor crecimiento del Producto Interno Bruto, al considerar que no se trata de gasto que impulse la economía. Según su evaluación, desde la llegada de Morena a la Presidencia, la economía mexicana ha crecido apenas a un ritmo similar al de la población. 

Gamas también sostuvo que se ha incrementado el gasto social para fortalecer la base política del gobierno y se han promovido proyectos de infraestructura con enormes sobrecostos. Su señalamiento final resume el problema que describe la nota: algunos de esos proyectos cuestan más en su operación de lo que generan. El negocio lleva uniforme; la diferencia la paga el presupuesto. 

Con información: ELUNIVERSAL/

LAS «SUCURSALES del TUCÁN: el VERDE, MÁS que ÁRBOLES, lo que CULTIVA son GUBERNATURAS»… Crece en espacios e influencia.

El Partido Verde encontró un ecosistema más rentable que cualquier bosque: el presupuesto público. Romper con el PRI y acomodarse junto a Morena no fue una conversión ideológica; fue cambiar de mesa para seguir comiendo. Y, a juzgar por el reparto rumbo a 2027, al tucán ya no le sirven las sobras: le reservan varios platos fuertes.

La promesa de transformar la política terminó con una escena bastante conocida: negociaciones de cúpula, apellidos con ventaja y militantes que pueden hacer fila mientras los aliados pasan por la puerta de servicio. Una columna de EL PAÍS resume el saldo: el Verde impuso condiciones en cuatro de las 17 disputas estatales del oficialismo, entre candidaturas y acuerdos para facilitarle el camino. 

La militancia pone las sillas

En Nayarit, la beneficiada fue Jasmine Bugarín. Según la información proporcionada, Héctor Santana ganó la encuesta, pero declinó para aplicar un criterio de paridad y favorecer a la mujer mejor posicionada como candidata. Geraldine Ponce era más conocida; Bugarín tenía una ligera ventaja en preferencia. La candidatura terminó del lado del Verde.

La pregunta no es si debe haber paridad, sino cómo se decide dónde aplicarla. Porque en Chihuahua, donde Andrea Chávez quedó en empate técnico con Cruz Pérez Cuéllar, el desenlace fue distinto. Según las fuentes citadas en el texto, el Verde había condicionado su alianza a que el elegido fuera Pérez Cuéllar.

La paridad merece reglas claras, no instrucciones de montaje según las necesidades del acuerdo. Cuando el criterio cambia de una entidad a otra, explicar la metodología debería ser obligatorio, no un acto de generosidad de la dirigencia.

En Baja California Sur, Manuel Cota desplazó a Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz y la aspirante más conocida según la encuesta descrita. Ella exigió una revisión técnica. Él, diputado adscrito a la bancada del Verde e hijo del exgobernador Leonel Cota Montaño, obtuvo la designación.

La renovación política, por lo visto, también viene con árbol genealógico. En el camino quedó Christian Agúndez, hijo de otro exgobernador, que podría competir por el PT. No era precisamente una contienda escasa de apellidos heredados.

El tucán tiene sucursal

En Quintana Roo, Eugenio «Gino» Segura, senador de 32 años y considerado delfín de Mara Lezama, se quedó con la candidatura. Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en la entidad y exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas, reconoció haber empezado tarde y terminado tercero en la encuesta.

Aquí conviene no inventar un despojo: según el relato, Marín perdió en las preferencias. Pero el resultado retrata quién tiene hoy la fuerza política. La segunda mejor posicionada era Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez y también formada en el Verde.

La antigüedad morenista sirve para contar la historia del movimiento; no necesariamente para quedarse con la candidatura. El tucán, en cambio, aprendió a instalarse en los lugares donde se decide el futuro. El reparto en Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur figura entre las principales victorias políticas del PVEM señaladas por EL PAÍS. 

Antinepotismo con salida de emergencia

San Luis Potosí merece capítulo aparte: ahí el discurso contra el nepotismo encontró una puerta lateral.

Claudia Sheinbaum promovió una reforma hipocrita para impedir la sucesión inmediata entre familiares, pero la entrada en vigor quedó aplazada sospechosamente hasta 2030. Morena adoptó a regañadientes la prohibición en sus reglas internas; el Verde encontró una solución bastante cómoda: competir por separado y abrirle paso a Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

De acuerdo con la informacion, Morena postuló a Elí César Cervantes, un funcionario con poca presencia estatal que ni siquiera se había registrado para buscar la coordinación. Ariadna Montiel sostuvo que ninguno de los aspirantes inscritos era competitivo y no presentó los resultados de la encuesta.

Es decir: para explicar que nadie daba el ancho, la dirigencia prefirió guardar la cinta métrica.

La lectura crítica es demoledora: Morena mantiene su prohibición interna, pero facilita una competencia en la que la esposa del gobernador podría sucederlo desde otro partido aliado. No equivale a infringir una prohibición constitucional que comenzará en 2030; sí exhibe la distancia entre el discurso antinepotista y los arreglos políticos. La columna consultada identifica precisamente ese acuerdo como una derrota de los principios promovidos por la presidenta. 

Ecología del presupuesto

Los números incluidos en la información muestran por qué el Verde está tan contento con su hábitat:

• Su votación federal pasó de 2.6 millones en 2021 a 4.9 millones en 2024.
• Su financiamiento público pasó de 403 millones de pesos en 2019 a 832 millones en 2026.
• Para 2027, el texto prevé 1,200 millones de pesos.
• Cuenta con 61 diputados y 14 senadores, una fuerza legislativa que incrementa su capacidad de negociación.

El tucán no necesita ser el partido más votado. Le basta con ser el aliado cuyos votos hacen falta cuando llega la hora de aprobar reformas. Entonces las convicciones se negocian, las candidaturas se acomodan y las propuestas que amenazan sus ventajas encuentran resistencia.

Manuel Velasco anunció sus prospectos desde abril. Meses después, cuatro de ellos aparecen encaminados a competir gracias a los acuerdos con Morena. El aliado incómodo resultó bastante cómodo para cobrar y bastante incómodo para contradecir. 

La ironía no está en que el Verde negocie: para eso lleva años entrenando. Está en que Morena venda el reparto como renovación de la vida pública.

La militancia pone las sillas, la dirigencia acomoda a los invitados y el tucán pregunta cuánto presupuesto incluye el menú.

Con información: ERNESTO NUÑEZ/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS

EL «NEGOCIO IBA VIENTO en POPA: GIRAN TERCERA ORDEN de CAPTURA al SEÑOR CORRUPTOR de los BUQUES»…le vendió huachicol hasta al Ejército.

A Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques”, y a José René Tijerina Mendoza, copropietarios de Mefra Fletes, les cayó una tercera orden de aprehensión por traficar huachicol fiscal. que vendía hasta el ejercito mexicano, como cita Codigo Magenta.

En el mismo paquete judicial aparece su socio José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”, hermano de José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, preso por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Parentesco aparte, a “El Choko” lo buscan por su presunta participación en esta trama de contrabando.

El juez Mario Elizondo Martínez libró los mandamientos contra los tres, actualmente prófugos, además de otros empresarios y dos agentes aduanales vinculados al contrabando de petrolíferos transportados en el buque Challenge Procyon. Según el expediente, ese cargamento dejó un daño al fisco superior a 146 millones de pesos. Un agujero nada discreto para un negocio que, presuntamente, quería pasar de puntillas por la aduana.

La Fiscalía General de la República sostiene que “El Choko”, “El Señor de los Buques” y sus presuntos cómplices formaban parte de una organización criminal encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenidos por presuntamente controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas. Mucho rango naval en una acusación sobre combustible de contrabando.

De acuerdo con el fallo judicial al que tuvo acceso REFORMA, las órdenes se emitieron por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos y contrabando. Es decir: la acusación no apunta a un simple tropiezo de papeleo, sino a una presunta estructura criminal.

Las dos órdenes anteriores corresponden a otros decomisos: 8.8 millones de litros asegurados en Ensenada, Baja California, el 27 de marzo de 2025, y 2.4 millones de litros incautados dos días después, el 29 de marzo, en una bodega de Altamira, Tamaulipas.

Ahora suman una tercera orden. Porque una cosa es hacerse llamar “El Señor de los Buques” y otra lograr que los expedientes judiciales se vayan a pique.

Con información: ELNORTE/

«¿Lo QUIEREN HABLANDO o CALLADITO?: DEJAN en el ALTIPLANO al SOL que PODRÍA QUEMAR MAS a la CUARTA TRANSFORMACIÓN que APESTA a HUACHICOL»… otro que sabe todo de todos.

En el contraste entre México y Estados Unidos, la pregunta resulta cada vez más incómoda: ¿se busca que los operadores de una presunta red criminal hablen para llegar hasta arriba o basta con encerrarlos y dejar que el expediente haga menos ruido? El caso de Miguel Ángel Solano Ruiz permite plantearla.

Al capitán de corbeta en retiro, conocido como «El Capitán Sol» o «El Fantasma», un juez federal le impuso prisión preventiva de oficio en el penal del Altiplano. La Fiscalía General de la República lo acusa de integrar una supuesta red de delincuencia organizada dedicada al huachicol fiscal en las aduanas marítimas. Todavía falta que el juez determine si lo vincula a proceso: estar preso no equivale a haber sido declarado culpable.

Pero, según los testimonios citados en la investigación, Solano no sería precisamente un empleado que pasaba por ahí con una carpeta bajo el brazo. Lo señalan como pagador de sobornos, enlace con superiores y supuesto intermediario capaz de destrabar las complicaciones de los contrabandistas. Un hombre al que, de acreditarse esas funciones, habría mucho que preguntarle. Sobre todo, quién daba las órdenes y hasta dónde llegaba el reparto.

Una audiencia sin espectadores

La audiencia inicial de ayer domingo comenzó a las 6:10 y terminó a las 17:27 horas. Se celebró a puerta cerrada y por videoconferencia, sin acceso del público ni de la prensa. Uno de los fiscales federales sí acudió al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

A petición de la defensa, el juez duplicó el plazo para resolver la situación jurídica del marino y fijó para el jueves, a las 5:00 horas, la continuación de la audiencia.

La imputación es por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Ese fue el fundamento de la prisión preventiva de oficio. Conviene distinguirlo: una cosa es la medida judicial y otra, todavía no acreditada, la sospecha política de que resulte más cómodo tener al presunto intermediario encerrado que escucharlo señalar hacia arriba.

Sobornos con tarifa por barco

El capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico y hoy testigo protegido de la FGR, declaró que Solano le enviaba un millón 750 mil pesos por cada buque con huachicol que permitía descargar. Según su testimonio, repartía el dinero con otros seis funcionarios.

Torres admitió que, entre abril de 2024 y enero de 2025, permitió la descarga de 14 de los 31 buques mencionados en su declaración. Los sobornos, dijo, llegaban entre tres días y una semana después de que los barcos zarparan. Primero salía la mercancía; después, según ese relato, se liquidaba la obediencia.

El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar también señaló a Solano. En una carta fechada el 14 de junio de 2024 y dirigida al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, afirmó que, cuando encabezaba la Aduana de Pantaco, recibía de «El Capitán Sol» 200 mil pesos mensuales como «bono» por su buena administración.

Qué considerada resultaba esa supuesta administración: además del sueldo, venía con gratificación. Guerrero fue asesinado el 8 de noviembre siguiente, casi cinco meses después de escribir la carta. La secuencia merece investigación, pero no permite afirmar, por sí misma, que el homicidio estuviera relacionado con la denuncia.

«Solo para tus ojos»

Otro testimonio introduce el ingrediente políticamente más delicado. Juan Carlos Soto Picha, subdirector de Operación Aduanera de Guaymas y hoy testigo colaborador de la FGR, declaró que Solano intervino para facilitar la descarga de petrolíferos ilegales del buque Torm Agnes.

Según Soto, Solano le dijo que hablaría con Rafael Ojeda porque el embarque era «un tema de Andy». La información proporcionada identifica esa referencia con Andrés Manuel López Beltrán, aunque el testimonio no lo menciona por su nombre completo. Esa alusión no acredita, por sí sola, su participación en un delito.

«Esto es solo para tus ojos», habría advertido Solano. Una frase bastante poco compatible con la vocación de transparencia.

Soto también relató que informó a un hombre identificado como Cordero, quien le respondió que se trataba de un asunto político y que ya estaba arreglado. Según su declaración, en una hora o una hora y media habían salido las pipas y concluido las maniobras cuando llegó la fiscalía, el barco ya estaba en maniobra de zarpe.

El encierro no responde todo

La pregunta de fondo no es únicamente si «El Capitán Sol» debe enfrentar un proceso. Es si la investigación seguirá la cadena de presuntas complicidades hasta donde conduzca, sin detenerse ante uniformes, cargos o apellidos.

Porque una cosa es perseguir al supuesto repartidor de sobres y otra averiguar quién autorizaba el reparto. Una cosa es encerrar al presunto enlace y otra identificar a los enlazados.

Ahí está el contraste que incomoda: buscar que un detenido hable para investigar a sus superiores, o conformarse con exhibir su captura mientras las preguntas importantes se quedan afuera.

Con información: ELNORTE/

«IZQUIERDAS en LIQUIDACIÓN: AVANZA BOLSONARO en BRASIL y LULA RECIBE AVISO de DESALOJO, AÚN SIN EJECUTAR»… Ya solo quedarían México, Uruguay y Guatemala. A ellos se añaden Cuba y Nicaragua.

La izquierda latinoamericana, que hace unos años presumía una nueva marea de gobiernos aliados, empieza a encontrarse con una escena bastante menos revolucionaria: cada vez quedan menos invitados sentados a la mesa. Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia cambiaron de dirección política; ahora Brasil amenaza con sumarse al inventario de desalojos. No es todavía el funeral del bloque, pero el resultado brasileño permite leer la primera vuelta como un posible preludio de su desmantelamiento gubernamental. 

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, terminó por delante de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones del 4 de octubre: alrededor del 47 por ciento de los votos válidos frente al 45 por ciento del mandatario, con prácticamente todo el escrutinio contabilizado. Ambos disputarán la segunda vuelta el 25 de octubre. Lula conserva posibilidades de reelegirse, pero recibió algo que no figuraba en el guion de las encuestas: un aviso de desalojo, todavía sin ejecutar. 

Los sondeos anticipaban una ventaja de Lula cercana a los tres puntos. Las urnas invirtieron el orden. El dirigente que busca un cuarto mandato deberá remontar frente a un apellido que la condena del patriarca no consiguió borrar del mercado electoral. Jair Bolsonaro cumple una sentencia de más de 27 años por la trama golpista posterior a su derrota de 2022; su hijo promete buscar una amnistía. La renovación, en este caso, viene con cláusula de rescate familiar.

Pero reducir la elección a una pelea entre apellidos también escondería lo que los brasileños tienen sobre la mesa: costo de vida, endeudamiento, inseguridad y desconfianza por la corrupción. Los dos principales candidatos se ausentaron de los grandes debates televisados. Mucha guerra de identidades y bastante menos discusión sobre cómo pagar las cuentas.

Las que ya perdieron

El retroceso tiene nombres y fechas. Para no convertir el mapa en una licuadora ideológica, conviene separar las derrotas recientes de gobiernos de izquierda de los países donde ese espacio lleva años sin recuperar la presidencia.

País	Qué cayó y cuándo	Qué significa
Argentina	El oficialismo peronista perdió frente a Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre de 2023.	El Gobierno de Alberto Fernández no consiguió transferir el poder a su candidato. Fue una derrota del peronismo gobernante, aunque ese movimiento es más amplio que la izquierda.
Bolivia	El MAS quedó fuera del balotaje de 2025. Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta del 19 de octubre, frente a Jorge “Tuto” Quiroga.	La izquierda perdió la presidencia y ni siquiera llegó a la disputa final: la segunda vuelta quedó entre dos opciones ajenas al MAS.
Chile	José Antonio Kast derrotó a Jeannette Jara el 14 de diciembre de 2025, con aproximadamente 58,2 por ciento contra 41,8 por ciento.	La coalición gobernante de Gabriel Boric no logró conservar La Moneda. La derecha ganó con una ventaja contundente.
Honduras	Nasry Asfura ganó las elecciones del 30 de noviembre de 2025; Rixi Moncada, candidata del oficialista Libre, quedó tercera, con alrededor del 19 por ciento.	El partido de Xiomara Castro no solo perdió: terminó fuera de la pelea entre los dos primeros. Asfura inició su mandato el 27 de enero de 2026.
Colombia	Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda en el balotaje del 21 de junio de 2026.	La izquierda no logró dar continuidad presidencial al ciclo de Gustavo Petro. De la Espriella figura como jefe de Gobierno en el registro regional actualizado en septiembre.
Perú	El proyecto presidencial de Pedro Castillo terminó con su destitución y encarcelamiento en diciembre de 2022. Keiko Fujimori ganó el balotaje de junio de 2026.	No fue una simple derrota electoral de un oficialismo de izquierda: hubo primero una ruptura institucional y, posteriormente, una victoria de la derecha.
Ecuador	El correísmo no recuperó la presidencia en 2021; Daniel Noboa volvió a impedir su retorno en las elecciones de 2025.	Es una izquierda que sigue fuera del Ejecutivo, no un Gobierno de izquierda recién derribado en esta última elección.

La cuenta más defendible es esta: cinco derrotas de continuidad presidencial —Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y Colombia—, un colapso institucional en Perú y un retorno frustrado en Ecuador. Meter todo en el mismo costal produciría un titular más cómodo, pero una explicación más floja. 

Las que siguen en pie

En el núcleo latinoamericano de esta discusión quedan cuatro gobiernos electos de izquierda o centroizquierda: Brasil, México, Uruguay y Guatemala. A ellos se añaden Cuba y Nicaragua, que requieren otra categoría por sus sistemas autoritarios, y Venezuela, cuya continuidad política no puede describirse sin explicar la salida de Nicolás Maduro y la permanencia de Delcy Rodríguez. 

País	Quién gobierna	Qué queda del proyecto
Brasil	Luiz Inácio Lula da Silva.	Sigue gobernando y compite por la reelección. Su derrota en la primera vuelta no equivale a perder la presidencia; el desenlace llegará el 25 de octubre.
México	Claudia Sheinbaum, elegida el 2 de junio de 2024.	Morena conserva el Ejecutivo federal y el siguiente calendario presidencial apunta a 2030.
Uruguay	Yamandú Orsi, ganador del balotaje del 24 de noviembre de 2024.	El Frente Amplio recuperó el Gobierno. Es el contraejemplo que impide vender el giro regional como una marcha uniforme y sin excepciones.
Guatemala	Bernardo Arévalo, elegido en agosto de 2023.	Permanece un Gobierno progresista o de centroizquierda, aunque no conviene presentarlo como una copia del chavismo o del obradorismo.
Cuba	Miguel Díaz-Canel, ratificado por la Asamblea en abril de 2023.	Continúa el régimen comunista. Su permanencia no procede de una competencia presidencial directa y plural como la brasileña.
Nicaragua	Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Continúa el régimen autoritario. Las elecciones de 2021 fueron rechazadas por buena parte de la comunidad internacional; el registro del CRS recoge además el anuncio de Ortega de julio de 2026 de que no habría más elecciones.
Venezuela	Delcy Rodríguez, presidenta interina desde el 5 de enero de 2026.	Maduro fue capturado por Estados Unidos el 3 de enero, pero Rodríguez, su vicepresidenta, quedó al frente. Cayó el mandatario; eso no demuestra, por sí solo, la desaparición del aparato chavista.

El alcance importa: este inventario se concentra en América Latina, no en todo el Caribe. Ampliarlo a América Latina y el Caribe obliga a incorporar otros gobiernos y tradiciones partidistas; Guyana, por ejemplo, aparece entre las administraciones de izquierda en algunos recuentos regionales. No sería riguroso anunciar la extinción continental a partir de una lista recortada. 

La escena regional, por ahora, es la de una izquierda que pierde gobiernos y ve achicarse su círculo de aliados. Brasil puede convertir ese repliegue en una derrota de alcance continental, pero todavía falta la votación decisiva. El 25 de octubre se sabrá si Lula consigue detener la mudanza o si el bolsonarismo vuelve a instalarse en el palacio, esta vez con el hijo al frente y una promesa de amnistía para el padre.

Con información: ELNORTE/ JPMORGAN/CONGRESS/GISREPORTS/LATINTIMES

“NO lo VAN a CREER… ¿o SÍ?: el EJÉRCITO deja ESCAPAR MILITARES TRAFICANTES, pero el HUACHICOL NO HUYÓ de MATAMOROS”… el uniforme pixelado y el Cártel pesan.

Seis años después de que el entonces Presidente Andrés Manuel López «hablador» militarizó las aduanas del País con la promesa de frenar la corrupción y el contrabando, el combustible ilegal sigue cruzando la frontera. La diferencia es que ahora, entre los señalados —y los prófugos—, también hay miembros del Ejército. La promesa de poner orden se topó con una incómoda postal: militares sin valor, honor,lealtad o sacrificio son acusados de participar en el negocio que debían combatir.

Al menos 13 funcionarios de la Aduana de Matamoros están señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. El uniforme, por lo visto, no era garantía de una aduana libre de sospechas.

La acusación, revelada el 6 de julio por Grupo REFORMA, incluye a los Tenientes Coroneles Armando Barrera Trujillo y Blas Pedro Sarabia García, quienes fueron titulares de esa aduana entre 2024 y 2026. Ambos están prófugos de la justicia por su presunta participación en el tráfico de 144 millones de litros de hidrocarburos durante el año pasado: uno de los mayores casos registrados hasta la fecha. No se habla de unas cuantas pipas extraviadas, sino de un negocio de dimensiones monumentales.

Y aunque hay operativos intermitentes el contrabando no desaparece de las aduanas que el gobierno militarizó en 2020.

La FGR, el Ejército y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) supuestamente hicieron una “limpia” en ese puerto comercial terrestre, reforzaron la vigilancia y aseguran perseguir a los criminales que actuaron como cómplices de los exfuncionarios. Pero el tráfico de combustibles persiste por Matamoros. Una “limpia” que, a juzgar por la continuidad del negocio, todavía tiene bastante mugre pendiente.

Fuentes consultadas advierten, incluso, que Matamoros es la ciudad por donde más combustible se trafica en la frontera de Tamaulipas para abastecer el mercado negro de gasolineras del País, incluidas las de Nuevo León. 

El negocio no termina al cruzar el río: encuentra compradores y surtidores tierra adentro.

Los Indios: la ruta del negocio

De acuerdo con los informantes, el huachicol fiscal —la importación de combustibles sin pagar los impuestos correspondientes— se ha concentrado en el puente Tratado de Libre Comercio-Los Indios.

El cruce se ubica a 33 kilómetros de la mancha urbana de Matamoros, en una zona despoblada y rodeada de rancherías. Opera desde 1992, aunque durante décadas mantuvo un flujo relativamente bajo. El contrabando de gasolina y diésel cambió esa dinámica, según las fuentes: un puente de escaso movimiento terminó convertido en una ruta para el combustible ilegal.

Los informantes señalan una ventaja para los traficantes: los accesos al puente y las carreteras hacia Reynosa y Valle Hermoso —esta última conectada con Ciudad Victoria y el sur del País— tienen poca vigilancia, lo que facilita el desplazamiento de pipas. Para un negocio que necesita mover grandes volúmenes, la escasa supervisión no es un detalle: es parte del atractivo.

Un prófugo y varias rutas

También se reportan cambios en el origen y en las formas de transportar la gasolina y el diésel que cruzan ilegalmente.

Según las autoridades mexicanas, durante los últimos dos años el principal operador de huachicol en Matamoros era Roberto Blanco Cantú, también identificado como Roberto Brown Cantú y conocido como “El Señor de los Buques”. El empresario matamorense nació en el poblado El Control, situado a unos metros del puente Los Indios, y actualmente está prófugo.

Su operación, de acuerdo con esas autoridades, no se limitaba a los ya conocidos “huachibuques” que llegaban a Altamira, Tamaulipas, y a otros puertos del País. También utilizaba pipas de sus empresas transportistas y carrotanques de ferrocarril para introducir combustible por Matamoros. Por mar, carretera o vías férreas: el negocio tenía más de una puerta de entrada.

Miles de millones hacia el crimen

El coronel Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, declaró en agosto pasado ante legisladores estatales que el contrabando de combustibles genera ganancias de miles de millones de dólares para el crimen organizado en México. Según su advertencia, el huachicol ya rivaliza en ingresos con el narcotráfico.

“En vez de meter droga en camionetas de verdura, muebles y partes de auto”, dijo Martin, “ahora cargan pipas de gasolina, camiones de caja, camiones de gas o cualquier contenedor que se les ocurra, y lo llevan al sur”.

Seis años después, la militarización no ha cumplido la promesa de cerrar el paso a la corrupción y al contrabando. En Matamoros, el combustible ilegal sigue encontrando camino y dos exjefes militares de la aduana están prófugos. La frontera cambió de custodios; el negocio encontró cómo seguir.

Con información: ELNORTE/