«ESPOSA de CUINI de la BANDA de 18 HERMANOS del CJNG se DECLARÓ CULPABLE por METER a su HIJO a ESTUDIAR en ESCUELA de RICOS»…con dinero narco

Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, de 45 años, ex esposa —y según las autoridades, pareja actual— de Gerardo González Valencia, uno de los capos de Los Cuinis del bandon de 18 hermanos, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación, se declaró culpable esta semana de violar las sanciones antinarcóticos de Estados Unidos por meter a su hijo en IMG Academy, el internado privado de Florida donde entrenan a las futuras estrellas del deporte y a los hijos de quien tenga el cheque suficiente.

Mientras el papá se pudre en una prisión federal gringa cumpliendo cadena perpetua por mover toneladas de cocaína, la familia no iba a dejar que el heredero se quedara sin su educación de élite. Puro amor de familia narco.

El detalle jugoso: la señora lleva en la lista OFAC del Tesoro de EE.UU. desde 2015, marcada oficialmente como participante activa del cartel, con prohibición total de hacer negocios con cualquier persona o empresa estadounidense. ¿Y eso qué importa cuando hay más de 504 mil dólares para pagar colegiaturas? Según documentos judiciales citados por Breitbart, esa fue la cifra exacta que desembolsó mientras su hijo cursaba en la «posh» institución floridana.

La cereza del pastel: IMG Academy ya había arreglado sus cuentas con el Departamento del Tesoro en febrero, pagando 1.72 millones de dólares por hacer negocios con alguien en la lista negra. O sea: la escuela sabía —o debió saber— de dónde venía el dinero, y aun así cobró. Todos contentos, hasta que llegó la factura legal.

González Valencia, por su parte, sigue tras las rejas cumpliendo cadena perpetua, y CJNG fue designado organización terrorista extranjera por la administración Trump en febrero de 2015, por su historial de explosivos y masacres para expandir territorio.

Amaral Arévalo enfrenta hasta 10 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares, con audiencia de sentencia programada para diciembre.

Moraleja narco-capitalista: el dinero de la sangre paga las mismas colegiaturas que el de Wall Street, solo que a este cheque sí le hicieron cuentas después.

Con información: BREITBART/IDELFONSO ORTIZ/BRANDON DARBY

«ASI dijo de HARFUCH los ÁNGELES PRESS: de REPROBAR las PRUEBAS de CONFIANZA a OPERAR con IMPUNIDAD»…en vez de salir por la puerta de atrás.

Omar García Harfuch no llegó al poder por una trayectoria impecable ni por pasar con honores los filtros de confianza; más bien parece que el sistema decidió hacerle la vista gorda mientras otros sí eran exhibidos como ejemplo de “depuración”. Según la nota de Los Ángeles Press, en 2012 ya existía un expediente interno que ordenaba su baja por no aprobar las pruebas de control y confianza, pero en vez de salir por la puerta de atrás, siguió avanzando como si nada.

Lo más delicado del caso no es solo que haya reprobado evaluaciones obligatorias —psicométricas, toxicológicas, médicas, polígrafo y entorno social—, sino que aun así permaneciera en cargos clave sin sanción efectiva. 

En cualquier institución seria, fallar ese examen debería significar el adiós definitivo; en este caso, al parecer, significó otra cosa: protección institucional, carrera intacta y una impunidad bien administrada.

La nota también apunta que este no es un episodio aislado, sino parte de una lógica más amplia: la de un aparato que castiga a unos con rigor y a otros los blinda con cargos, silencios y ascensos. En resumen, no estamos ante una historia de mérito, sino ante una radiografía de cómo ciertas figuras sobreviven, escalan y se consolidan precisamente porque el sistema que debía frenarlas prefirió cuidarlas.

Con información: Los Ángeles Press/

«A que PINCHE RESERVADERO: AHORA OCULTAN los DETALLES del BANQUETE de OPACIDAD con la FIFA en el CASTILLO de CHAPULTEPEC»…juegan a las escondidas con documentos públicos.

México, se ha convertido en el país donde la transparencia se maneja bajo llave y con sello de “reservado”. El INAH decidió esconder los documentos que explican cómo autorizó la cena de gala de la FIFA en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, como si el problema fuera la curiosidad pública y no el sospechoso banquete de opacidad que montaron alrededor del evento.

Asi le respondieron a REFORMA:

En respuesta a solicitudes de información presentadas por REFORMA, el Instituto negó el acceso al oficio mediante el cual autorizó el uso del recinto, al dictamen técnico que avaló el evento, a las comunicaciones por las que la Dirección General de la dependencia tuvo conocimiento de la celebración y a cualquier convenio o instrumento jurídico relacionado con la organización de la cena, previa a la apertura del Mundial de Futbol.

La Dirección de Asuntos de lo Consultivo informó que la documentación fue clasificada como reservada con fundamento en el Artículo 112, fracciones VII, X y XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, «ya que forma parte de un procedimiento administrativo en trámite» y su difusión podría afectar las estrategias de defensa institucional.

En una segunda respuesta, el Instituto clasificó como parcialmente reservada la información relacionada con la distribución del pago de «más de un millón de pesos» realizado por la FIFA por el uso del Castillo y confirmó que los documentos solicitados se encuentran vinculados a una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre la información reservada se encuentran oficios, convenios y comunicaciones intercambiados entre el INAH, el Gobierno de la Ciudad de México y el fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec para fundamentar el reparto del pago que habría realizado la FIFA entre esos dos destinatarios y la Tesorería de la Federación, así como la instrucción de pago dirigida a la organización deportiva con las cuentas bancarias y porcentajes asignados a cada receptor.

Porque, claro, cuando toca explicar por qué un recinto histórico terminó convertido en salón VIP para mil invitados, la respuesta institucional es la de siempre: “no hay nada que ver aquí, salvo una investigación en curso, secretos administrativos y la sana costumbre de echarse la bolita.”

Lo verdaderamente escandaloso no es solo la fiesta, sino el teatro burocrático para ocultar oficios, convenios, dictámenes y hasta la ruta del dinero, como si el país no tuviera ya suficiente experiencia en simulación gubernamental.

Lo más delicioso de esta tragicomedia es el clásico truco del poder: primero afirman que hubo pago, luego que hubo distribución, luego que no aparece el convenio, y al final todos dicen que la responsabilidad está en otra ventanilla. 

Un desfile de funcionarios que incluye a la Presidenta Claudia Sheinbaum jugando a las escondidas con documentos públicos, mientras el Castillo de Chapultepec queda como escenario de lujo para una cena privada y la rendición de cuentas, otra vez, termina servida en plato hondo… pero invisibilizada.

Y así, entre reservas, carpetas, “búsquedas exhaustivas” y autoridades que se señalan entre sí como si fueran estudiantes ante el maestro, el mensaje es clarísimo: si la cosa huele a privilegio, opacidad y posible irregularidad, entonces se clasifica; si huele a rendición de cuentas, se archiva; y si alguien pregunta demasiado, se le receta secrecía institucional.

Es un «Pinche reservadero» convertido en política pública.

Con información: ELNORTE/

"FACTURÓ de MENTIRITAS CASI 3,000 MILLONES de PESOS y LIBRÓ la CÁRCEL con tan solo DONAR una SILLA de RUEDAS"...y luego el proceso fue sobreseído con efectos de sentencia absolutoria.

Parece que en México ya no hace falta demostrar que una “facturera” era una fábrica de humo; basta con que al imputado le toque una salida alterna, cumpla tres requisitos de película menor y listo: adiós proceso, hola absolución con moño de caridad.

El protagonista de esta historia es Gerardo Daniel Ledezma Sánchez, representante legal de Grupo Raven Tecnologías de la Información, S.C., empresa que en 2018 facturó 2 mil 931 millones de pesos como si fuera una potencia corporativa, aunque el SAT detectó que operaba con el encanto administrativo de una caja de zapatos: sin activos, sin personal y sin capacidad material, pero eso sí, con una habilidad admirable para emitir comprobantes fiscales por 225 millones de pesos en operaciones presuntamente simuladas.

En diciembre de 2020, Grupo REFORMA destapó el caso y el SAT empezó el trámite para declararla EFOS, esa categoría elegante para decir “empresa que factura fantasmas”. Y no era para menos: la supuesta consultora en informática estaba instalada, aparentemente, en un modesto interior 303 de la calle Francisco Javier Mina, pero facturaba como si tuviera oficinas en Silicon Valley y una nómina que haría llorar de envidia a cualquier trasnacional.

Luego vino la parte más creativa del sistema judicial: la Fiscalía General de la República lo imputó por expedir comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, aunque solo por 30 comprobantes por 225 millones 698 mil 848.05 pesos, porque al parecer el resto del festival contable quedó fuera del guion.

Y entonces apareció la joya procesal: el juez le concedió la suspensión condicional del procedimiento, siempre y cuando Ledezma cumpliera tres condiciones dignas de manual de redención exprés: vivir en un domicilio determinado, tener un trabajo lícito durante seis meses y donar una silla de ruedas a la Cruz Roja. Sí, una silla de ruedas. Porque aparentemente el expediente penal se limpia con domicilio fijo, empleo honesto y filantropía de última hora.

Seis meses después, al comprobarse que sí había cumplido el trámite moral, el proceso fue sobreseído con efectos de sentencia absolutoria. Traducido al español del ciudadano de a pie: la acusación se evaporó. La ley, en este caso, no castigó el negocio simulado; lo administró con plazos, condiciones y un gesto benévolo hacia la dignidad del acusado.

Claro que el SAT no se quedó aplaudiendo. Impugnó la suspensión y el sobreseimiento, porque resulta que al fisco no le entusiasma demasiado la idea de que una presunta red de facturación falsa termine convertida en una anécdota judicial con final piadoso. Pero incluso ahí la historia conserva su tono tragicómico: el tribunal declaró sin materia una de las impugnaciones porque ya había sido superada por el sobreseimiento. O sea, primero se cierra la puerta y luego nos explican que ya no vale discutir si estaba abierta.

En resumen: una empresa que facturó miles de millones, un expediente por cientos de millones, una imputación penal, y al final una salida alterna resuelta con domicilio, empleo y una silla de ruedas. En México, la simulación fiscal puede ser grave; pero si el proceso encuentra la combinación correcta de formalidades, también puede convertirse en una postal de redención administrativa.

Con información: ELNORTE/

«QUIÉN los MATO?: FAMILIA de VÍCTIMAS piden INDAGAR 3 MUERTES en HOSPITAL de REYNOSA, que DIRIGE AMIGO de AMÉRICO tras FALLA ELÉCTRICA»… amiguismo, compadrazgo y primocracia son letales.

No fue la electricidad. No fue el personal médico. El verdadero asesino tiene nombre de oficina, olor a escritorio y sello de gobierno: la negligencia. En el Hospital General de Reynosa, cuando la luz se va y la planta de energía no responde como debería, lo que queda al descubierto no es un “incidente”: es el abandono administrativo que hoy presume Ricardo Guerrero desde la Secretaría de Salud de Tamaulipas, sin más mérito para el cargo que haber sido cercano desde tiempos de estudiantes en la UNAM con Américo Villarreal, otro médico de profesión, pero «matasanos» por vocación.

De acuerdo con los denunciantes, las personas fallecidas fueron identificadas como María Elena Salazar, Sofía Gracias Cobos y Romel Rafael Reyes. Indicaron que uno de los pacientes se encontraba en el área de Urgencias y los otros dos permanecían hospitalizados en piso.

Si tres muertes se denuncian tras fallas eléctricas, la pregunta no puede quedar en el apagón, sino en el desastre previo:¿dónde estaban la planeación, el mantenimiento, la supervisión y la capacidad de respuesta ?.

Porque una secretaría que dice tener como misión garantizar atención integral, calidad, seguridad y uso eficiente, honesto y transparente de los recursos no puede esconderse detrás de excusas cuando un hospital opera al filo del colapso. 

Aquí no basta con culpar al cable, al transformador o al “evento inesperado”. El problema es más vulgar y más grave: administraciones que se benefician del contratista, pero no atienden las necesidades urgentes que sí salvan vidas, como una planta de energía funcional, mantenimiento preventivo y protocolos reales de emergencia. Cuando la salud pública se maneja como botín político, el resultado no es gestión: es tragedia.

Con información: HoyTamaulipas/

“C.J.N.G en PUENTE GRANDE y…OSIEL en el ALTIPLANO ?: REOS CONVIERTEN PENALES en CATALOGO de SERVICIOS de PAGA con CHAROLA de REO”…le subarriendan reclusorios a la autoridad de la plaza, como en Tamaulipas.

Caguamas a 200 pesos, visitas conyugales a 2 mil y celulares rentados en 15 mil pesos al mes. No es una broma de mal gusto ni una propaganda de feria: es el catálogo de servicios de la Comisaría de Sentenciados de Puente Grande, donde el Estado parece haber subarrendado la autoridad a “la plaza” y luego se fue a fingir que todavía manda, tal y como ocurre —de manera semejante— en el penal federal del Altiplano con Osiel Cárdenas.

El penal de «Puente Grande», ese que alguna vez presumió su aura de “máxima seguridad” —con huéspedes de lujo como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma— hoy luce más bien como un centro comercial del crimen con vigilancia decorativa. Primero fue cárcel; después, museo del fracaso; ahora, sucursal de autogobierno con tarifa publicada y caja chica para el que pague.

Según testimonios recogidos por Grupo REFORMA, ahí la cerveza se sirve con sobreprecio carcelario, la intimidad se cobra como si fuera hotel boutique y hasta las regaderas tienen peaje de 5 pesos. El detalle verdaderamente obsceno no es el monto, sino la naturalidad con la que el negocio opera: dentro manda el crimen, fuera administra la simulación la autoridad estatal, como ocurre en Tamaulipas bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal.

Y mientras el gobernador Pablo Lemus y su aparato penitenciario miran hacia otro lado, Puente Grande confirma la vieja doctrina del sistema carcelario mexicano: cuando el Estado se hace el ciego, el autogobierno no llena un vacío; lo ocupa con uniforme, celulares, cuchillos y cobros. 

 Lo de Osiel en el Altiplano no sería una anomalía: sería apenas la versión más descarada de un modelo que ya está podrido desde antes

Con información: ELNORTE/MEDIOS

«UNA ESTOCADA ?… y que dijo el TRIBUNAL DIGITAL ?: NOTIFIERO AFILIADO a la PAGA de AMERICO le TUPE a CABEZA de VACA SESGANDO e INFLANDO FALLO»… le congelaron las cuentas al prófugo y no saben situarse en medio.

El periodista Fernando Acuña, uno más afiliado a la paga puntual del gobierno que encabezan Morena y Américo Villarreal, dio a conocer, con el estilo sesgado que le ha dado fama, información relativa al más reciente fallo de la justicia federal en contra de 11 cuentas bancarias del prófugo federal Francisco J. García Cabeza de Vaca.

Y sí hay base factual en la nota, pero está escrita con una carga propagandística muy clara: mezcla datos verificables con lenguaje de condena, inferencias políticas y varias afirmaciones que no quedan probadas en el propio texto. En resumen: sí informa, pero también empuja una lectura muy alineada contra Cabeza de Vaca.

Lo real de la nota

Sí hubo un fallo del Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa que dejó sin efectos el amparo que había liberado las cuentas de Cabeza de Vaca,como cita hoy El Financiero ,el mismo que ya habia citado en 2016 que su fortuna era de 956 millones de pesos.

También es correcto que el bloqueo abarca 11 cuentas del exgobernador, además de 12 personas físicas y 24 morales, entre ellas familiares y empresas como Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

La resolución fue por unanimidad, y la medida queda vigente mientras continúan las investigaciones federales.

La SCJN ya había resuelto antes revocar un amparo que protegía al exgobernador, lo que fortalecía la posición de la FGR en el caso. 

Lo sesgado e inflado

• “Estocada fulminante”, “clan”, “narrativa obsoleta”, “zarpazo de poder” y “apretando tuercas” no son periodismo neutro; son recursos de golpe retórico para fabricar un veredicto político antes que explicar los hechos.
• Afirma que la decisión “derrumba por completo” la idea de persecución política, pero eso es una conclusión editorial, no un hecho demostrado por el fallo. El tribunal revoca un amparo; no dicta una sentencia final sobre culpabilidad ni sobre la existencia o no de persecución.
• Introduce comparaciones con “ley RICO” y “crimen organizado” en Estados Unidos como si eso fuera equivalente automático en México. Esa asociación suena contundente, pero en la nota está usada más para dramatizar que para precisar jurídicamente.
• Dice que “la justicia federal le otorga la razón jurídica” a Santiago Nieto, aunque lo que en realidad ocurrió es que un tribunal revocó un amparo; eso no equivale a validar todas las acusaciones de fondo ni a cerrar el caso.

Que dice el tribunal digital:

Los comentarios en reacción a la publicación huelen menos a análisis y más a catarsis política con tinta de Facebook. Hay un núcleo común: todos aceptan, de entrada, que la nota está cargada, pero cada quien la usa para su propia guerra contra Morena, contra Cabeza de Vaca o contra “la corte”.

Lo que realmente dicen

• Reyna Campuzano Salinas: no compra la “estocada”; dice que si sus cuentas llevan meses congeladas y aun así vive en lujo en EE. UU., entonces la nota está sobredramatizando. También acusa narrativa estatal y desvío de temas reales.
• Ramon Vazquez: ve la nota como cortina de humo para tapar a los “morenarcos”; para él, el caso se usa para distraer, y encima cuestiona por qué no se actúa contra los señalados en EE. UU.
• Armando Morales: pide piso parejo; quiere que también investiguen y congelen cuentas de morenistas actuales y del sexenio pasado.
• Oscar Castillo Torres: corrige un detalle nominal, como quien dice “ni eso escribieron bien”: insiste en que el apellido correcto es García, no solo Cabeza de Vaca.
• Adriana del Castillo: amplía el reclamo de “piso parejo” y mete a Rocha, Adán Augusto, Layda, Durazo y Nale en la misma cubeta de presuntos rateros.
• Roberto Muñiz Castillo: suelta el insulto de rutina, “del cartel de los trukoz”, o sea, descalificación total sin argumento.
• Jose Mauricio Luciano Rosas: afirma que tenía dinero enterrado en casas de Reynosa; es acusación dura, pero sin prueba.
• Juan Jr Martinez: se va por la superioridad económica de EE. UU.; comentario clasista y burlón, más pose que idea.
• Jorge Marroquin: casi no aporta contenido; puro ruido.
• Luiyi Mount: combina burla y ataque político; llama hipócrita al adversario con insulto.
• Guy Peters Hawkes: exagera a nivel caricatura; dice que tiene cuentas en todos los países y dinero para 20 generaciones.
• Carlos CN: dice que la nota tiene años y no pasa nada hasta que lo metan a la cárcel; es escepticismo por desgaste.
• Iñacky Cordova: usa sarcasmo vulgar para celebrar más “costales de naranjas”; es fanatismo disfrazado de chiste.
• Lenardo Bautista Rivera: acusa que la Corte está sometida al poder político; típico argumento de captura institucional.
• Filiberto Galván: lo pinta como beneficiado por dinero de Tamaulipas y remata con “karma”.

El patrón de fondo

En estos comentarios no hay mucha discusión sobre hechos; hay bandos. Unos dicen que el caso es real pero la nota está usada como propaganda estatal; otros responden que Cabeza de Vaca es un corrupto y que la nota apenas se queda corta. Entre ambos extremos se cuela el mantra favorito de Facebook: “piso parejo”, que sirve para exigir justicia, pero también para relativizar cualquier señalamiento.

Lo que sí conviene notar

• Hay mucha desconfianza en la versión oficial y también en la nota.
• Varias personas no discuten pruebas, sino lealtades políticas.
• El tema de fondo para casi todos no es el bloqueo de cuentas, sino la idea de selectividad: “a unos sí, a otros no”.
• El lenguaje es deliberadamente agresivo; eso dice más del clima político que de la solidez de los argumentos.

En una frase

La sección de comentarios convierte la nota del periodista afiliado a la paga del Gobierno de Americo Villarreal al que no señala, solo aplaude, en una pelea de trincheras ,donde cada quien proyecta su resentimiento, su sospecha o su militancia.

En sintesis:

La información no se equivoca en los datos centrales, pero sí está cargada de intención política: quiere presentar el fallo como una derrota total y moral de Cabeza de Vaca, no como un avance procesal dentro de un litigio todavía abierto.

Con información: Notifer/Fernando Acuña/Medios/redes/