La caricatura de OBI para El Norte, retrata a un gobierno que se envuelve en la bandera de la “soberanía” para esconder a políticos ligados al narco de la acción de Estados Unidos, no para defender a México.
Qué muestra la viñeta
En la imagen vemos a una figura masculina pequeña, con una camisa gris y una hoja de marihuana en su brazo, claramente codificado como “narco” o criminal ligado a drogas. Está casi totalmente cubierto por una gran falda en color guinda que representa al poder político en turno –en el contexto actual, a la presidencia de Sheinbaum y el aparato de Morena–.
El globo de texto dice: “EU viene por unos, por otros no podemos permitirlo”, frase que ayer pronuncio Sheinbaum y que verbaliza el cálculo politico selectivo: sí se extraditan 92 capos esta bien, pero cuando Washington apunta hacia la «familia morena», el gobierno invoca la “soberanía” y se niega.
Aqui Sheinbaum claramente no está defendiendo la soberanía, sino rompiendo el propio tratado de extradición para proteger al gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, y a otros nueve acusados de narcotráfico y colaboración con los Chapitos.
La caricatura condensa esa tesis: Estados Unidos “viene por unos” (los 10 narcofuncionarios) y el gobierno responde que “por otros no podemos permitirlo”, tapándolos con la capa de la soberanía y el patrioterismo para que no lleguen a declarar a Nueva York.
Soberanía como escudo narco‑político
La falda roja en la viñeta funciona como esa “capa que todo tapa”: un discurso nacionalista que esconde el verdadero interés, que es proteger al aliado político cuya declaración podría exhibir el pacto narco‑electoral que habría beneficiado a Morena y a la propia presidenta.
Lectura política de fondo
En otro artículo planteamos una ecuación política: el sistema prefiere quemar el capital político de Sheinbaum antes que permitir que Rocha Moya declare en Estados Unidos y destape la cadena completa de acuerdos entre gobierno y narco. La caricatura lo traduce visualmente en el narco protegido detrás de la falda del poder, convirtiendo a la “jefa” en guarura del pacto antes que jefa de Estado.
Así, la “decisión tomada” del título es doble: se decide no cumplir el tratado de extradición cuando toca a los narcomorenos, y se decide usar la soberanía como escudo perfecto para normalizar la impunidad de funcionarios acusados de narco‑gobernar.
Las redes sociales, cuando no están llenas de gatitos y filtros, son el mejor desarmador de redes criminales que tiene hoy la ciudadanía: un chat filtrado, una captura de pantalla, una página de Facebook y se le cae la máscara al “empresario exitoso” que en realidad es gerente del infierno cuando no cena con el gobernador.
En Tamaulipas, donde el gobierno de Morena y Americo Villarreal juegan a la estatua de sal mientras crimen organizado le cobra renta a ciudadanos por sobarse el lomo, son esas redes —las de los usuarios, las que están empezando a desnudar la riqueza malhabida de de los señores del Cártel del Golfo que roban a Reynosa,pero desde las enaguas del Cartel de Jalisco.
La taquería que vende tacos… y silencio
En Reynosa se aplaude la “taquería exitosa”, llena todas las noches, sucursales bonitas, logo de vaquero simpático y horarios amplios para que alcance a cenar el turno nocturno del miedo.
Pero la filtración que corre por mensajería en redes ,ya advierte que esa taquería y otros negocios colindantes no son solo negocio familiar: serían parte del emporio de Remigio Morfín Morfín, “El Remy”, operador de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo y hermano del jefe máximo, César Morfín Morfín, “El Primito” y Alvaro Noe Morfin,alias el «R8».
Aqui no hablamos de un taquero que se desvió, sino de una franquicia levantada sobre un sistema de terror donde los dueños, según el mensaje filtrado, se diversifican en otros giros y “están por debajo del agua, son los permisos”. Es la vieja fórmula del narcoemprendimiento: primero levantan la plaza, luego levantan el negocio y al final levantan a cualquiera que se atreva a competir sin su bendición.
Los Morfín: de “narcotakuachez” a señores del delito
En Valor Tamaulipeco lo hemos documentado desde 2025, el “R8” (Álvaro Noé Morfín Morfín) y “El Remy” son algo más que hermanos incómodos de “El Primito”: son el staff ejecutivo del delito en Tamaulipas, un trío de “narcotakuachez” que pasaron de la nada al control de la extorsión, el tráfico y el control territorial de la Ribereña con la venia política de Morena y el resto de uniformes, muchos pixelados,muchos.
El «R8′ coordina jefes de plaza, mueve las piezas desde Jalisco y sus inmediaciones con Colima, opera con cuadros como el “R57”, mientras Remigio administra el terror en la frontera chica y ahora presume, según señalamientos ciudadanos, sus tacos gourmet como lavandería de lujo.
Detrás de estos personajes no solo asoma el Cártel del Golfo, también la complicidad institucional: audios del “Mofles” hablando de arreglos con el secretario de Gobierno, reuniones documentadas en redes y un largo historial de “dejar hacer y dejar deshacer” a cambio de una nómina que se paga en efectivo, muertos y concesiones.
Cuando un gobierno multiacusado en víspera de ser enjuiciado por EE.UU ,igual que su gemelo en mañas de Sinaloa, presume “humanismo” y termina siendo el principal proveedor de oxígeno para el crimen, los Morfín no son accidente: son producto.
Reynosa: patrullas nuevas, miedo viejo
Mientras en Reynosa se multiplican las noches de tacos, también se multiplican las noches de balazos y levantones.
El propio INEGI, vía ENSU 2026, deja claro que la percepción de inseguridad alcanzó 86.1% en marzo de 2026, cuando hace un año estaba en 74.1%: cada rodada de patrullas nuevas se acompaña de un aumento en el miedo, un récord digno de un gobernador “subcampeón nacional en levantados”.
Américo Villarreal y su general de cabecera,Arturo Pancardo, también «encochinado» en redes, presumen camionetas, uniformes y operativos en ruedas de prensa, pero las calles gritan otra cosa: más equipos, menos seguridad, más contratos, menos justicia.
El problema no es la falta de presupuesto sino el exceso de podredumbre: el gobernador fotografiado con operadores como “La Chispa”, la DEA señalando la estructura híbrida gobierno–cártel, y un gabinete que parece junta de accionistas del miedo antes que autoridad.
Gobernador embarrado hasta el cogote
Desde 2023 se acumulan imágenes, testimonios y reportes que colocan al gobierno de Villarreal Anaya abrazando lugartenientes del Cártel del Golfo con más cariño que a las víctimas.
Muchísimos medios han exhibido cómo Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, exmilitar, se pasea como empresario de la extorsión lanzando funerarias que podria llenar con sus propios cadaveres, apps de transporte, bases de taxis, purificadoras, talleres y table dance donde se denuncia incluso explotación sexual de menores, todo dentro de un inventario de “riqueza pútrida” imposible de justificar con trabajo honrado.
Mientras Reynosa se hunde en un 86.1% de percepción de inseguridad, el gobernador mantiene la coreografía:comunicados tibios, discursos de “humanismo” y silencio total cuando le preguntan por qué sus mesas de honor parecen consejos de administración del crimen organizado.
En este contexto, la taquería del Remy no es excepción, es capítulo nuevo de la misma novela: negocios que florecen al amparo del terror, del cobro de piso y de la garantía implícita de que nadie en Palacio de Gobierno va a hacer demasiadas preguntas.
Hora de que la UIF deje de hacerse güey
La buena noticia —si se le puede llamar así en medio de este lodazal— es que ya no estamos en los tiempos donde la autoridad podía alegar que “no sabía” de dónde salía el dinero.
Con las herramientas actuales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rastrear la ruta del efectivo, las franquicias exprés, los permisos bajo el agua y las compras millonarias de taquerías, palapas, plataformas, funerarias y hasta tequilas, está al alcance de un clic y una orden institucional mínimamente decente.
Hoy la UIF tiene todo para intervenir estos negocios sin mayor pretexto y aplicar la inversión de la carga probatoria: que sea Remigio Morfín Morfín, sus socios y demás beneficiarios quienes demuestren que su riqueza es lícita, que cada sucursal, cada tráiler y cada permiso no son el resultado de la extorsión y la sangre.
Si con datos abiertos, redes sociales y periodistas hartos ya se ve la mugre a simple vista, lo que está en el banquillo no es solo el Cártel del Golfo: es la voluntad política de usar las herramientas que ya existen o seguir administrando la impunidad como si fuera programa social de Morena.
No todos los días se ve caer a un general de división —el rango más alto dentro del Ejército mexicano, apenas por debajo del secretario de la Defensa—, y mucho menos verlo comparecer ante un juez con los pies y las manos encadenados. La imagen no es menor: es la metáfora perfecta de lo que ocurre cuando el poder, mal ejercido, termina por convertirse en evidencia.
Hoy no se juzga un uniforme, sino las decisiones que se tomaron mientras se portaba.
El mensaje de la Corte del Distrito Sur de Nueva York fue directo, sin estridencias pero con filo: hay pruebas, y no son pocas. La juez Katherine Polk Failla lo dejó claro al señalar que la evidencia en contra de Gerardo Mérida Sánchez es abundante, lo suficiente como para abrirle una ruta procesal donde ya no bastan los rangos ni los contactos, sino los argumentos legales.
Por ahora, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa tendrá acceso a ese cúmulo de pruebas para “evaluar sus opciones”, una frase elegante que en el lenguaje judicial suele traducirse en una disyuntiva incómoda: defender lo indefendible o negociar lo inevitable.
La audiencia duró apenas 20 minutos. Veinte minutos para pasar de ser “señor secretario” a simplemente “señor Mérida”. Veinte minutos para confirmar que, en ciertos tribunales, el nombre pesa más que el cargo, y los hechos más que la narrativa oficial.
Pero este caso no ocurre en el vacío. No es una anomalía aislada ni un error administrativo dentro de las filas. Es, más bien, una pieza dentro de un rompecabezas más amplio donde durante décadas —sexenios, partidos y discursos mediante— algunos mandos han aprendido a hablar con fluidez otro idioma: el del dinero ilícito. Uno que, como bien documentan diversas investigaciones, no distingue colores políticos ni lealtades institucionales.
La diferencia hoy es que ese idioma ya no siempre se traduce en impunidad automática.
Que un alto mando termine encadenado frente a una jueza extranjera no es motivo de celebración, pero sí de reflexión. Porque si algo evidencia este episodio es que las consecuencias, tarde o temprano, alcanzan incluso a quienes parecían blindados por el sistema. Y que el expediente —ese que hoy se describe como “abundante”— no se construyó de la noche a la mañana, sino a partir de decisiones acumuladas, de omisiones toleradas y de complicidades que durante años se creyeron invisibles.
El plazo de 60 días para procesar la evidencia no solo marca el ritmo del juicio, sino también el tiempo en que se pondrá a prueba la narrativa del acusado frente a los documentos, testimonios y registros que lo señalan. La siguiente audiencia, fijada para el 4 de agosto, será otro punto de inflexión en una historia que ya dejó de ser política para convertirse en estrictamente penal.
Y aquí está la lección incómoda para quienes, dentro del mismo instituto armado o en las estructuras de seguridad, aún creen que el uniforme protege de todo: no hay rango que resista un expediente sólido, ni jerarquía que sobreviva a la evidencia bien documentada.
El caso de Mérida —como el de otros antes que él— no es único. Es, en todo caso, un recordatorio de que la línea entre autoridad y colusión no se cruza sin consecuencias. A veces tardan años. A veces cruzan fronteras. Pero llegan.
En México, la ley no es ciega: distingue perfectamente entre quién cae y quién se acomoda. Y cuando se trata de los cercanos al poder, el sistema judicial suele comportarse como un acordeón bien afinado: se estira lo suficiente para que quepa otro más en la lista de los intocables.
El turno ahora es para Ramiro Chávez Gochicoa, ex rector de la Universidad Politécnica del Centro en Tabasco y, no por casualidad, ex colaborador de Adán Augusto López durante su paso por la gubernatura. El mismo personaje que después fue premiado con la Secretaría de Cultura estatal. Porque en México, la cultura también incluye la tradición de reciclar funcionarios bajo sospecha.
Chávez fue imputado por su presunta participación en uno de los tantos tentáculos de la Estafa Maestra: un contrato por más de 31 millones de pesos firmado en 2016 con Sedatu para desarrollar indicadores de deterioro habitacional. En papel, todo muy técnico; en la práctica, otro episodio donde universidades públicas funcionaron como intermediarias para desviar recursos con entregables cuestionables, incompletos o, de plano, plagiados.
La Fiscalía lo dijo sin rodeos: productos deficientes, documentos copiados al Infonavit, una app inexistente o de baja calidad y cobros realizados como si todo hubiera sido entregado impecablemente. El clásico esquema donde el dinero sí fluye, pero los resultados se evaporan.
Sin embargo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal decidió que no hay elementos suficientes para procesarlo. ¿La razón?
El Ministerio Público de la Federación no explicó con precisión qué pruebas acreditan el delito ni cómo vinculan directamente al imputado. Traducido del lenguaje judicial: la acusación llegó mal armada… y eso bastó.
El propio tribunal incluso sugirió una reinterpretación cómoda del desastre: si los productos eran deficientes, entonces no estamos ante un delito, sino ante un simple incumplimiento contractual. Es decir, no sería corrupción, sino una especie de “trabajo mal hecho”. Un detalle administrativo, casi doméstico, para un contrato de 31 millones de pesos.
Así, entre tecnicismos y vacíos argumentativos —reales o convenientemente tolerados—, Chávez Gochicoa evita la vinculación a proceso. Primero lo liberó un juez de control; ahora lo confirma un tribunal. Dos filtros superados en un sistema donde, para otros, basta mucho menos para quedar atrapados.
Eso sí, la puerta no está completamente cerrada: la ASF y la Sedatu aún pueden impugnar vía amparo. Pero en el historial reciente de estos casos, esa posibilidad suele ser más una formalidad que una amenaza real.
El patrón se repite: expedientes débiles cuando se trata de figuras conectadas, interpretaciones judiciales que minimizan conductas graves y una línea cada vez más difusa entre la incompetencia y la impunidad. Porque si cobrar millones por trabajos deficientes no alcanza el estándar penal, entonces el mensaje es claro: en ciertos círculos, el fracaso también se factura… y se absuelve.
Otro acordeón que se estira. Otro nombre que pasa la prueba. Y otra señal de que, en la justicia mexicana, no todos caben… pero algunos siempre encuentran espacio.
Si naciste después del 2000, pon mucha atención; y si naciste antes, pon mucha más. Porque aventar los reflectores al pasado solo se hace con la finalidad de que no veas lo que ocurre en el presente. Pero aquí, aquí te lo decimos.
Lo único que hoy deberías saber es dónde está el narcogobernador Rubén Rocha Moya. ¿Y el Rocha? Deberías saber dónde están los 600 mil millones de pesos que se robaron con el huachicol fiscal. Deberías saber si las investigaciones llegarán hasta el exsecretario de Marina de López Obrador o se van a quedar ancladas a sus sobrinos, los Farías.
Deberías saber dónde están más de 130 mil personas desaparecidas y qué está haciendo este gobierno para apoyar a sus familias. Deberías saber por qué no le abren las puertas de Palacio a las madres buscadoras. Deberías saber por qué no puedes abrir un negocio sin que te extorsionen o por qué te asaltan en la combi.
Deberías saber por qué sigue sin haber medicamentos para niños con cáncer. Deberías saber por qué continúa el desabasto de medicinas en todo el sector salud. Deberías saber dónde quedó la megafarmacia por la que los mexicanos pagamos 15 mil millones de pesos.
Deberías saber dónde están los 113 mil millones de pesos que la 4T tiró a la basura cuando decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco. Deberías saber que el Tren Maya fue un capricho tabasqueño que costó 470 mil millones de pesos; que, según sus propios datos, presenta pérdidas operativas por 2 mil 283 millones; y que echarlo a andar cada día es como quemar en el boiler 25 millones de pesos. Finalmente, lo que debes saber con toda claridad es que el gobierno no genera un solo peso: todo el dinero que gasta, que se roba o que desperdicia es dinero que salió de tus impuestos.
En ciertos pasillos donde se administra la justicia federal —o al menos eso dice el letrero— parece que la fauna nociva encontró refugio antes que la ley.
No es metáfora gratuita. Entre expedientes empolvados y escritorios donde el tiempo se archiva mejor que las sentencias, hay quienes juran haber visto más movimiento en las esquinas que en las resoluciones. Y no precisamente de funcionarios diligentes.
El problema, dicen en voz baja, no es solo de salubridad. Es de costumbre.
Porque cuando las estructuras se vuelven laberintos, siempre hay criaturas que prosperan en la oscuridad. Algunas caminan en cuatro patas; otras firman documentos. Las primeras huyen de la luz. Las segundas, curiosamente, también.
La “fumigación” que algunos reclaman no se limita a químicos ni trampas. Es otra cosa: un intento —tardío, quizá ingenuo— de ventilar espacios donde lo que más abunda no es precisamente la transparencia.
Pero limpiar implica remover. Y remover implica riesgos. Porque cuando se levanta la alfombra, no solo salen los insectos: también aparecen las huellas de quienes los alimentaron.
En el oficio SEA/DGIM/316/2026, cuya copia posee , la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento (DGIM) del Órgano de Administración Judicial, alertó que después de visitas técnicas llevadas a cabo el incremento de esta fauna nociva incide en la conservación de inmuebles, equipos, preservación de archivos, así como en la salud de usuarios.
“Se ha identificado un incremento en la presencia de fauna nociva y plagas en diversos inmuebles del Poder Judicial de la Federación, situación que incide directamente en la conservación de los inmuebles, la funcionalidad de las instalaciones y equipos, la preservación de archivos y documentación institucional, [así como en] las condiciones de salubridad para las personas usuarias”.
Así que el dilema no es menor: ¿se combate la plaga o se protege el ecosistema que la permitió?
Mientras tanto, en los tribunales donde debería reinar el orden, el ruido no proviene de martillos de juez, sino de un discreto y persistente crujir en las paredes.
Nada nuevo, dirán algunos. Solo que ahora ya nadie puede fingir que no lo escucha.
