«TRIPLE GOLPE TRAS el GOLPE»: «CDG QUEMA TALLER de DIPUTADO de MORENA,EXHIBE CONTRATISMO SIN PUDOR y TACTICA que AMAGA TALLERES SI REPARAN PATRULLAS»…traducido: Reynosa en poder del Cartel,como dice el INEGI.

Lo que seguramente el gobierno de Morena y Americo Villarreal en Tamaulipas, venderán como “incidente aislado” contra un taller mecánico, propiedad del diputado de Morena,Marco Gallegos,que ayer fue incendiado por el Cartel del Golfo en Reynosa,no solo exhibe la violencia que tiene a ciudadanos con percepción de altísima de inseguridad (86.1%) en la mas reciente medición del miedo del INEGI, exhibe tambien la falta de pulcritud de un gobierno que le entregó sin rubor al legislador el mantenimiento y reparación de patrullas de la Guardia Estatal,pero ademas una estrategia criminal que tiene amenazados talleres mecánicos que se atrevan a reparar el parque vehicular policial. 

De la detención al incendio

Reynosa tuvo ayer una madrugada violenta tras la captura de Alexander Benavides Flores ,alias “R9”, asi señalado en el Registro Nacional de Detenciones,aunque en redes se le reconoce como «M9/Metro-9», un operador de medio pelo de la facción del Cártel del Golfo que acababa de asumir funciónes operativas, lo que desató bloqueos, balaceras, quema de vehículos y ataques que se prolongaron a la frontera chica.

Fue en este mismo contexto que se reportó la quema de un taller mecánico donde había unidades de la Guardia Estatal, mientras el gobierno vendía el parte oficial como “situación bajo control” a las pocas horas.

En paralelo, en redes y prensa local se colocó el dato incómodo: el taller incendiado es de Marco Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Tamaulipas, con negocios en el ramo de servicios y contratos ligados a seguridad.

Es decir, los que legislan y reciben contratos de seguridad están recibiendo en carne propia el mensaje del grupo que realmente manda la “seguridad” en Reynosa.

El mensaje al diputado (y al Estado)

Un hilo de X resume la narrativa que todos repiten en corto: no fue solo fuego, fue un memorándum criminal.

Ahí se habla de rencillas entre delincuencia, pleito por contratos y señalamientos contra gente cercana al diputado, incluyendo a un tal Alejandro López, mencionado en redes como presunto prestanombres.

Cuando le prenden fuego a un negocio vinculado al diputado que preside Seguridad, el recado no es “te odiamos, Marco”, es “controlamos el tablero completo, del Congreso a los talleres”.

El incendio se da exactamente en la misma madrugada de represalias por la captura del Metro 9 que recien habia desafiado al gobierno con el derribo de videocámaras de vigilancia, mostrando que el Cártel del Golfo ya integra en una sola jugada: presión política, castigo económico, demostración territorial , no solo complicidad con el gobernador.

Guerra al paquete vehicular

Hay otro nivel de cinismo: el fuego no solo va contra el patrimonio del legislador, sino contra el paquete vehicular que sostiene el aparente “Estado de derecho”.

Desde hace semanas, incluso meses, circulan la versiones del asedio criminal del CDG a mecánicos de Reynosa que están amenazados si reparan patrullas de la Guardia Estatal, convirtiendo la logística de mantenimiento en blanco de guerra. Lo mismo pasa con el arreglo de llantas tras el uso de ponchallantas que ha obligado a la propia policias a adquirir equipos para «parcharlas» ellos mismo,aunque el estado de derecho se dificulte repararlo.

Aqui no se trata solo de quemar cámaras del C5 o bloquear carreteras, sino de estrangular la operatividad: sin talleres, sin refacciones, sin mecánicos, la “seguridad pública” se queda en comunicados de WhatsApp y fotos de operativos simulados.

El incendio del taller de Gallegos, donde se retiraron también unidades afectadas, embona perfecto con esa estrategia de sabotaje a la infraestructura móvil del Estado.

Otra vez la sombra de “La Chispa”

En este tablero aparece otra pieza, la misma de siempre: Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, señalado en reportes de inteligencia y crónicas locales como operador del Cártel del Golfo en Reynosa y hombre con vínculos políticos muy finos con el gobernador del estado.

Se le atribuye, junto con el “Comandante Mono”, el control de todas las extorsiónes,lo mismo la industrial a maquilas, comedores y transporte, que la renta mensual a cuya cobro tiene sometidos a ciudadanos que se soban el lomo, bajo total permisividad del gabinete de Américo Villarreal que ademas le ha otorgado contratos, como afirma la prensa nacional.

Meses antes ya se había documentado otra quema vinculada a una recicladora controlada por este entorno criminal, episodio que incluso llegó a la prensa nacional por la mezcla tóxica de exmilitar, negocio “legal” y protección oficial.

El libreto es el mismo: fuego selectivo, mensaje político, silencio institucional y un gobernador que presume “gobierno humanista” mientras sus supuestos enemigos hacen control de daños con gasolina y cerillos a la vista de EE.UU

Metro 9, videovigilancia y sabotaje

La captura de Metro 9 no fue solo un arresto, fue la oportunidad del Cártel del Golfo para demostrar otra vez que, aunque les agarren un mando de poca monta y que por cierto ya fue reemplazado siguen decidiendo qué se ve y qué no se ve en Reynosa.

Por algo, junto a la quema de vehículos y talleres, se registran los ataque sistemáticos contra cámaras del C5 y sistemas de videovigilancia: si el gobierno se esfuerza en poner ojos, ellos se encargan de dejarlos ciegos a balazos.

Ahí conecta la pieza de “La Chispa”: ya había sido retratado como operador que reta abiertamente al gobierno a seguir instalando videovigilancia “para tumbarla”, mostrando que su negocio no tolera cámaras ni rastros.

El resultado: un esquema en el que los mismos actores que extorsionan empresas y controlan el territorio, son los que sabotean físicamente el aparato de seguridad que debería acotarlos.

No fue un taller: fue un comunicado

Si uno junta los puntos, la narrativa oficial de “hechos vandálicos aislados tras la detención de un objetivo prioritario” se cae sola.

Tenemos a un Cártel del Golfo que: captura castigo (Metro 9) y el Cartel responde incendiando amplio sector de la ciudad, sabotea cámaras, estrangula talleres, y manda un aviso directo al diputado de Morena que preside Seguridad, todo bajo la tolerancia de un gobierno que comparte vasos comunicantes con operadores como “La Chispa”,entre ellos el Secretario General del Gobierno,Hector Joel Villegas,alias El Calabazo,ligado a delitos federales en todas sus manifestaciones en Tamaulipas con el AVAL del gobernador.

La lectura irreverente es sencilla: en Tamaulipas el poder de fuego escribe la agenda de seguridad, los contratos se dirimen con gasolina y las comisiones legislativas son solo escenografía inflamable.

Si esto es “humanismo bajo control”, entonces el que realmente controla ya dejó claro que los talleres, las patrullas, los mecánicos y los diputados caben en la misma pira, cuando haga falta mandar otro mensaje.

Con informacion: @Furia_Tinta/ Medios/

LA «COARTADA FUE la SOBERANIA»: «ADICIONES a la LEY de SEGURIDAD del PUÑO de AMLO FUE por sus ADICCIONES de PROTEGER el ARREGLO NARCO»…atajar el paso a EE.UU y que investigaciones vs criminales politicamente organizados mueran antes de nacer.

El 18 de diciembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un decreto de la inspiración de tiempos de nula transpiración contra el narco del entonces presidente de Morena,Andres Manuel Lopez Obrador ,que vistió de “soberanía” adiciones a una Ley de Seguridad Nacional, que en los hechos le dio al narco un escudo perfecto contra la cooperación incómoda con Estados Unidos.

La coartada de la “soberanía”

La reforma mete a los “agentes extranjeros” en el corazón de la Ley de Seguridad Nacional, poniéndolos bajo un régimen hiperregulado, casi asfixiante: todo pasa por SRE, SSPC, Sedena y Marina, con circunscripción territorial y filtro político-burocrático. 

En el discurso suena a defensa del interés nacional; en la práctica, es un candado para cualquier acción ágil, incómoda o autónoma contra cárteles con conexiones políticas.

La narrativa oficial fue: “ya no habrá operaciones clandestinas de la DEA/CIA en México, se acabó el entreguismo”. Pero lo que realmente hizo fue elevar a nivel de “seguridad nacional” cualquier interacción con agentes extranjeros, lo que permite opacar información, clasificarla y administrarla políticamente, no técnicamente.

Cómo se protege al narco, paso a paso

Ahogar la cooperación operativa en papeleo El artículo 70 obliga a que cualquier reunión, llamada o intercambio con agentes extranjeros sea autorizado por un “Grupo de Alto Nivel de Seguridad” y que en las reuniones esté SRE presente. Eso mata la coordinación de campo rápida y directa con fiscales, ministerios públicos, policías estatales o unidades especializadas, justo las que suelen alimentar investigaciones estratégicas contra capos.

Además, obliga a que en tres días todo se reporte por escrito a SRE y SSPC, convirtiendo la cooperación en un acto casi de confesión ante el poder político federal. ¿Resultado? Cualquiera que quiera seguir trabajando con agencias gringas se lo piensa dos veces, y muchas investigaciones se mueren antes de nacer.

Desactivar al “soplón” extranjero El artículo 71 reduce a los agentes extranjeros a meros “enlaces de información”, les prohíbe cualquier actuación operativa, cualquier gestión directa con autoridades fuera del corsé diplomático y los obliga a reportar mensualmente todas sus actividades ante SRE y SSPC. Eso significa que si la DEA, por ejemplo, detecta una red de protección político-narco en un estado, por ejemplo y solo por ejemplo, la de Americo Villarreal en Tamaulipas, ya no puede trabajar discretamente con una unidad confiable: tiene que pasar por las mismas autoridades que podrían estar coludidas.

1.  Traducido: el que controla la ventanilla de trato con agencias extranjeras controla qué investigaciones avanzan, cuáles se filtran al narco y cuáles se congelan.
2. Frenar investigaciones que impliquen extradiciones o levantones “incómodos” El artículo 74 es oro puro para el discurso patriótico… y para cualquier político/narco preocupado por la extradición. Si un gobierno extranjero, “por conducto de sus agentes”, promueve conductas como cohecho, privación de la libertad o sustracción de personas para llevarlas a juicio a otro Estado, México puede suspender convenios de cooperación y prohibir actividades de esos agentes.
3. En abstracto suena a defensa de derechos humanos de humanos poco derechos. En concreto, pone bajo sospecha y amenaza de represalia cualquier operación que pueda terminar en que un pez gordo sea “levantado” para enfrentar cargo en Estados Unidos, incluso si hay acuerdos previos. Es un mensaje claro: si te metes demasiado a fondo con nuestros “actores sensibles”, te cierro la puerta del país.
4. Blindar políticamente la cadena de mando El Título Séptimo crea órganos auxiliares –Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Grupo de Coordinación Operativa– presididos por SRE y SSPC, es decir, por el Ejecutivo federal, que controlan y supervisan todo convenio y acción de cooperación. Eso concentra la llave de toda operación en el círculo político cercano al presidente, permitiéndoles decidir qué se toca y qué no se toca.
5.  Si una investigación extranjera comienza a rozar a mandos militares, aliados políticos, gobernadores o estructuras de financiamiento, basta con endurecer requisitos, retrasar autorizaciones, o simplemente no convocar reuniones. Todo aparentemente dentro de la ley.

El truco jurídico: soberanía como pantalla

En términos técnicos, la reforma no “protege al narco” de forma explícita; protege al Estado mexicano de la intromisión extranjera… pero en un contexto donde buena parte del Estado está infiltrado o cooptado por intereses criminales, esa protección estatal se traduce automáticamente en protección para las redes de corrupción y crimen.

Al elevar el trato con agentes extranjeros a tema de seguridad nacional, se le da al Ejecutivo la facultad de:

• Clasificar información.
• Bloquear canales de cooperación “incómodos”.
• Castigar administrativamente o penalmente a servidores públicos que colaboren informalmente con agencias extranjeras.

Esto desincentiva a los pocos actores mexicanos que sí quieren trabajar con inteligencia externa contra cárteles; deja la relación en manos de la cúpula política, que decide qué se investiga y qué se sepulta.

Conexión con el caso Chihuahua

Lo que se advierte en Chihuahua es precisamente la consecuencia de este diseño: si colaboras fuera de este corsé, eres ilegal; si colaboras dentro, quedas controlado por la misma estructura política que puede tener incentivos para proteger a ciertos grupos de la delincuencia criminal y politicamente organizada.

Por eso la reacción refleja del sistema fue decir: “si había agentes extranjeros, fue extraoficial; si participaron, nadie arriba sabía; ahora investigaremos violación a la Ley de Seguridad Nacional”. Ese marco legal permite voltear la tortilla: el problema ya no es el narco, sino la “intromisión extranjera” y la “falta de soberanía”,inexistente en gran parte del territorio porque estamos colonizados internamente por el narco con ayuda oficial.

En resumen: la ley fue vendida como un muro contra la injerencia de Washington, pero en un Estado capturado opera como paraguas legal para administrar, filtrar y limitar cualquier cooperación que pueda poner en riesgo a cárteles aliados o a políticos protegidos. La soberanía aquí no protege al pueblo; protege al arreglo.

Con informacion; LEY SEGURIDAD NACIONAL/

«CULPAN a MANDO MUERTO»: «COBARDIA PANISTA en CHIHUAHUA DESBARRANCA ESCANDALO de TURISTAS de la CIA y SACRIFICA FISCAL»…y mandan señal gravisima,»combatir al narco con ayuda de EE.UU es gravísimo».

En Chihuahua la cobardia panista gubernamental, timorata ante la federación y una ley que no por justa es ley, sino que debería haber sido justa para ser la ley ,descubrio una fórmula novedosa para resolver la en su diferendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum: si el problema escala a nivel federal, se baja al barranco… literalmente.

Primero, el hallazgo incómodo: dos ciudadanos estadounidenses muertos en un accidente, incrustados en un operativo estatal que —según la versión oficial— no eran, no parecían, no actuaban y casi ni existían. Nada de placas, nada de armas, nada de insignias. Una especie de turistas tácticos con pasamontañas que, por pura coincidencia, sólo hablaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera. El mismo que convenientemente también murió en el accidente.

Un detalle menor: nadie reportó su presencia. Nadie los registró. Nadie los vio… hasta que se desbarrancaron.

La narrativa oficial es una joya de contorsionismo burocrático: sí iban en el convoy, pero no participaban; sí estaban ahí, pero no operaban; sí eran extranjeros, pero no representaban a ninguna agencia… aunque luego resultaron ser “enlaces” de la Embajada de Estados Unidos y d acuerdo con The Washington Post,agentes de la CIA. Es decir, estaban, pero sin estar. Operaban, pero sin operar. Existían, pero administrativamente eran fantasmas.

Y como todo buen fantasma institucional, sólo se materializaron cuando el vehículo se fue al fondo del barranco.

Mientras tanto, el operativo —la destrucción de un meganarcolaboratorio— quedó reducido a nota al pie. Porque lo verdaderamente explosivo no era la droga,ni lo loable del propósito, sino la pregunta obvia: ¿desde cuándo agencias extranjeras participan “extraoficialmente” en operativos locales con panistas sin que nadie de la federación morena se entere?

La respuesta implícita parece ser: desde siempre… pero esta vez que todo salio muy bien pues resulta que al final salió mal.

Ante el incendio político dolosamente provocado, llegó la segunda fase del manual: control de daños. Y ahí entra la figura clásica del sistema mexicano: el funcionario que “asume la responsabilidad”.

El fiscal César Jáuregui renunció. No porque haya ordenado la operación, no porque haya autorizado la presencia extranjera, sino porque —según su propia versión— fallaron los mecanismos de control. Una forma elegante de decir: nadie sabía nada… hasta que ya era imposible ocultarlo.

Su salida cumple varias funciones simultáneas: ofrece una cabeza para calmar a la federación que en vez de hacer el bien,solo quiere verse bien, manda el mensaje de que “se actuó”, y, sobre todo, encapsula el problema en un error administrativo, no en una práctica sistemática.

Porque aceptar lo segundo implicaría algo más grave…para la federación : reconocer que hay cooperación operativa contra el narco con agencias extranjeras fuera del marco legal, sin supervisión y sin registro. Es decir, una política de facto, pero clandestina.

Así, el caso queda narrativamente resuelto:

• Los estadounidenses no eran oficialmente agentes.
• El director que los integró ya murió.
• El fiscal que no se enteró ya renunció.

Y con eso, el sistema vuelve a respirar.

Un muerto explica la operación. Otro funcionario absorbe la culpa. Y el resto de la estructura sigue intacta porque en Chihuahua no sólo combaten al crimen organizado; también dominan el arte de organizar la versión oficial.

Por qué cobardia:

Lo ocurrido no es un error: es un reflejo.

Cobardía para admitir que sí hay coordinación informal con agencias extranjeras cuando conviene, pero negarla cuando estalla. Cobardía para transparentar la cadena de mando y, en su lugar, esconderse detrás de tecnicismos: “no estaban”, “no operaban”, “no se identificaron”.

Cobardía institucional para dejar que el único que podía explicar la operación —el director— sea también el único que no puede hablar. Y, acto seguido, convertir su muerte en cortina de humo.

Y cobardía política, la más útil de todas: sacrificar a un fiscal que no diseñó el esquema, pero sí sirve como fusible. La renuncia no corrige el problema; lo encapsula, lo administra y lo vuelve digerible.

Porque aquí nadie aclara qué se autorizó, quién lo permitió y bajo qué marco legal. Sólo se reordena la narrativa para que la responsabilidad se diluya entre muertos, omisiones y “fallas de comunicación” en un caso donde si bien es cierto la normatividad se transgrede,no asi el propósito principal, combatir al narco.

No es rendición de cuentas.

Es control de daños con apariencia de ética.

Con informacion: ELNORTE/

«MAS POLVO del MISMO LODAZAL»:»CONTRALMIRANTE HIZO BISNE con el CONSUEGRO de GOBERNADOR de MORENA en SONORA»…el que compró casita al Señor de los cielos y su hijo estudiaba con «Chapito».

El Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de la Marina Rafael Ojeda Durán y presunto líder de una red de huachicol fiscal, mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escoboza, empresario sonorense sentenciado en 2013 en Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema millonario de exportaciones simuladas.

Salazar Escoboza es consuegro del actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Su hija, Viviana Salazar Escalante, es pareja de Alfonso Durazo Chávez, hijo del mandatario.

Las transferencias fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y forman parte de la causa penal que la FGR sigue en contra de Farías Laguna y otros miembros de la Secretaría de Marina que integraban la red de huachicol fiscal que el gobierno federal descubrió tras el arribo del buque Challenge Procyon al puerto de Tampico en marzo de 2025.

El expediente, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre los que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. 

Por su parte, el Contralmirante realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE.

Las transferencias por más de 15 mdp con las empresas de Salazar Escoboza se detallan en la causa penal que la FGR sigue contra los sobrinos del ex secretario de Marina por encabezar una red de huachicol fiscal.

Aunque la causa penal no menciona quiénes son los accionistas o representantes de Agronegocio SE y Agroexportadora SE, MCCI pudo comprobar, mediante una búsqueda en registros mercantiles, que detrás de ellas se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías.

La causa penal tampoco establece el motivo de las transferencias; sin embargo, ambas sociedades tienen como objeto social la compraventa y comercialización de ganado, hortalizas, frutas y verduras, así como la inversión en todo tipo de actividad agrícola.

Gilberto Salazar Escoboza preside el Consejo de Administración de las dos empresas con las que el Contralmirante Fernando Farías Laguna mantuvo operaciones millonarias.

El 14 de julio de 2012, Salazar Escoboza fue detenido en San Diego, Estados Unidos, y acusado de tres cargos de fraude bancario por defraudar por más de 4.4 millones de dólares a El Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. (EXIM Bank), institución cuya misión es facilitar las exportaciones de productos estadounidenses a través del otorgamiento de préstamos a compañías extranjeras que tengan la solvencia de comprarlos e importarlos a sus países de origen. 

La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, señala que, entre 2008 y 2009, Salazar Escoboza presentó documentos y cheques falsos afirmando que sus empresas habían comprado y recibido mercancía de la compañía estadounidense Cal-Pine, cuando en realidad dichas operaciones comerciales nunca se realizaron.

En 2012, Salazar Escoboza fue acusado de defraudar por 4.4 mdd a El Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. mediante operaciones de comercio simuladas.

Esto le permitió obtener tres préstamos que sumaban 4.4 millones de dólares con el Frost Bank de San Antonio. En dichos créditos, EXIM Bank (el gobierno de EE.UU.) actuaba como intermediario y garante; si el deudor no pagaba, EXIM Bank cubría la deuda pendiente.

De acuerdo con la acusación, Salazar Escoboza usó los fondos para enriquecerse ilícitamente. 

Pese a que cada uno de los cargos implicaba una pena máxima de 30 años, Salazar Escoboza formalizó un acuerdo de culpabilidad que implicó resarcir 2.7 de los 4.4 millones de dólares defraudados, pagar una multa de 500 mil dólares y recibir un año de libertad condicional. 

En marzo de 2013, Salazar Escoboza fue declarado culpable de un solo cargo por declaración falsa a un banco y fue deportado a México.

Salazar Escoboza: en negocios con socio de Farías Laguna

Documentos del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) consultados por MCCI revelan que las empresas de Gilberto Salazar Escoboza también han mantenido relaciones de negocios con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez, quien es socio del Contralmirante Fernando Farías Laguna en la compañía Inmobiliaria Falaycava SA de CV.

En noviembre de 2023, Agroexportadora SE –con la que Farías Laguna mantuvo operaciones millonarias– solicitó un crédito de 7 millones de pesos a la SOFOM LC Liquidez Corporativa. Como garantía de pago, la empresa de Salazar Escoboza dejó en prenda 21 vacas “cargadas”, 16 vacas “vacías”, 26 vaquillas tiernas y 2 vacas paridas cuya propiedad acreditó con la factura número F1936 de fecha 17 de octubre de 2022, emitida por Ramón Ángel Castillo Vázquez.

En septiembre de 2025, Latinus dio a conocer que Castillo Vázquez también es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la empresa Sedona Springs SA de CV.

Castillo Vázquez, como se reveló entonces, también se encuentra asociado en Estados Unidos con Durazo Chávez en la empresa Proxima Centauri LLC, la cual ha construido desarrollos inmobiliarios en Arizona.

De izquierda a derecha: Alfonso Durazo Chávez (hijo del gobernador Alfonso Durazo Montaño) y Fernando Farías Laguna en la ceremonia de hundimiento del buque Suchiate en marzo de 2024.

Sus vínculos con el poder en Sonora

Además de este vínculo con el hijo del actual Mandatario morenista, el empresario agroindustrial de Hermosillo, sentenciado en Estados Unidos, ha estado ligado al poder político en Sonora y se le ha relacionado con los ex gobernadores antecesores de Durazo. 

Durante su audiencia de detención preventiva en San Diego, el 24 de julio de 2012, la defensa de Salazar Escoboza presentó una carta de apoyo firmada por el entonces gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien estuvo en prisión más de dos años y enfrentó acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. 

La misiva de Padrés fue incluida junto con numerosas cartas que fueron presentadas por la defensa del empresario para dar testimonio de su buena reputación.

Durante su audiencia de detención, Salazar Escoboza presentó una carta firmada por el entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en la que daba fe de su integridad.

Durante esa misma audiencia se señaló que el acusado, identificado como dueño de empresas agrícolas en Hermosillo con exportaciones a Norteamérica, contaba con amplios recursos financieros y compañías con utilidades en cientos de millones de dólares. 

Su influencia política en la entidad lo llevó a estar también cerca de la sucesora de Padrés: la entonces priísta Claudia Pavlovich, quien gobernó Sonora en el periodo 2015-2021. 

En julio del 2019, el empresario sentenciado acompañó a Pavlovich en la entrega de las Villas del Papa Francisco, para albergar a hijos de jornaleros y menores migrantes, cuya construcción fue financiada con recursos federales y estatales y con la donación de empresarios, siendo precisamente Salazar Escoboza el presidente del Patronato de Villas del Papa Francisco. 

Gilberto Salazar Escoboza con la entonces gobernadora de Sonora y hoy cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich

Incluso, fue la propia Pavlovich quien “apadrinó” unos meses antes, en marzo de 2019, la toma de protesta de Salazar Escoboza y su esposa como encargados del patronato de la casa hogar Villas del Papa Francisco, como consignaron medios locales. 

A través de otra de sus empresas, Videxport S.A de C.V. –empleada para cometer el fraude por el que fue sentenciado en Estados Unidos– Salazar Escoboza participó en programas federales para facilitar créditos al sector agropecuario. 

En un boletín del 6 de marzo de 2019 de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura), sobre el financiamiento a proyectos productivos en Sonora, se señala que el director de la institución, Rafael Gamboa González, se reunió con Salazar Escoboza, a quien identifican como director general de Videxport, en el campo El Arenoso de Guaymas, donde cultivan sandía, pimientos y vid de mesa. 

“Esta empresa, cuenta actualmente con líneas de crédito en operación y autorizadas por disponer”, señala el boletín sobre el programa que opera con intermediarios financieros en los estados. 

Con informacion: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD/