Sinaloa llega a 2027 con la factura sobre la mesa, y Morena pretende que el electorado la pague sin hacer preguntas. Imelda Castro admite lo obvio —que el voto de castigo existe y que “no hay que confiarse”—, pero su diagnóstico se queda corto: no se trata de un capricho ciudadano ni de una campaña digital que pueda neutralizarse con propaganda, sino de una reacción lógica ante años de violencia, zozobra, deterioro económico y una crisis de Gobierno que el partido ahora intenta presentar como accidente meteorológico.
El castigo no es paranoia
El voto de castigo no nace de la “guerra cognitiva”, de las “acusaciones falsas” ni de oscuros “intentos injerencistas”, como convenientemente sugiere el discurso oficialista. Nace cuando la gente abre la cortina de su negocio y descubre que vender, circular o simplemente llegar a casa se convirtió en un acto de fe; cuando una familia busca a un desaparecido y el Estado responde con burocracia, evasivas o promesas; cuando la economía depende más de la burbuja criminal que de empleos sólidos, inversión productiva y certidumbre.
Castro reconoce que Sinaloa arrastra una economía “falsa”, con 80% de burbuja y apenas 20% de base estructural. Es una confesión de tamaño industrial: el Estado que Morena presume gobernar está sostenido, en buena medida, sobre una estructura económica frágil, distorsionada y vulnerable a la violencia. Y, sin embargo, la aspirante ofrece como horizonte que “2027 va a ser un buen año”. Una especie de acto de fe electoral: primero sobrevivan, luego ya veremos si llegan las buenas noticias.
Morena quiere vender la idea de que su mayoría electoral nacional funciona como certificado automático de confianza en Sinaloa. Pero una elección no es una franquicia: no basta con colgar el mismo logotipo, repartir programas sociales y repetir que la coalición está arriba del 50%. La ciudadanía no vota en abstracto; vota con la memoria de sus muertos, sus desaparecidos, sus negocios cerrados, sus calles vacías y sus instituciones bajo sospecha.
Los apoyos sociales son derechos y deben mantenerse, pero no pueden convertirse en coartada para exigir gratitud política eterna. Ningún monto de inversión pública borra por sí solo el miedo, la incertidumbre ni la percepción de que el poder local quedó rebasado, cuando no comprometido, frente a la delincuencia organizada. Confundir política social con blindaje electoral es tratar al votante como cliente cautivo y no como ciudadano.
“No meto las manos a la lumbre”
La frase más reveladora de Castro no es que quiera reconciliar a Sinaloa ni que prometa restaurar la confianza. Es otra: “No tengo elementos para decir que hay infiltración [del crimen organizado], pero no meto las manos a la lumbre por nadie”.
Traducido al castellano de la realidad: no puede afirmar que el Gobierno esté infiltrado, pero tampoco se atreve a garantizar que esté limpio. Y esa ambigüedad resulta devastadora para un partido que aspira a retener la gubernatura. Si quien busca encabezar el relevo no puede asegurar que la administración saliente está libre de vínculos criminales, entonces la pregunta no es por qué habría voto de castigo, sino por qué Morena supone que todavía merece el beneficio de la duda.
La cautela jurídica es necesaria: las acusaciones deben probarse y nadie debe ser condenado sin debido proceso. Pero la prudencia legal no obliga a practicar la amnesia política. Que no exista una sentencia definitiva no significa que no existan responsabilidades públicas, decisiones fallidas, omisiones graves o un daño reputacional evidente. La política no se gobierna únicamente con expedientes cerrados; también con credibilidad, rendición de cuentas y capacidad para asumir consecuencias.
Un “cisne negro” demasiado cómodo
Presentar la crisis como resultado de un “cisne negro” —la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y sus repercusiones— sirve para diluir responsabilidades. Claro que los acontecimientos extraordinarios pueden alterar un Estado; lo imperdonable es que un Gobierno no tenga reflejos, controles ni autoridad suficiente para responder cuando la realidad se rompe.
No fue un meteorito. Hubo señales, hubo violencia, hubo deterioro de la gobernabilidad y hubo un intento de regreso de Rubén Rocha Moya aun bajo el peso de una investigación en Estados Unidos. La propia Castro reconoce que esa decisión colocó a Sinaloa, al Gobierno federal y a la relación bilateral en una situación difícil. Pero después pretende dejar la evaluación “al pueblo de Sinaloa”. Es correcto: precisamente el pueblo evaluará. Y lo hará en la urna, donde ningún coordinador partidista, programa social o eslogan puede borrar lo vivido.
El voto como ajuste de cuentas
El voto de castigo está fundado porque no reclama perfección: reclama algo mucho más elemental. Reclama un Gobierno que no se esconda detrás de explicaciones externas, que no atribuya cada crítica a una conspiración digital, que no convierta la inseguridad en asunto ajeno porque “el crimen organizado es federal”, y que no pida confianza mientras evita responder por la podredumbre que pudo crecer bajo su propia administración.
Morena puede pedir otra oportunidad, pero no la merece y NO puede exigirla. Para merecerla tendría que ofrecer más que reconciliación retórica, protección para candidaturas y promesas de industrialización. Tendría que romper con la opacidad, deslindarse de quienes arrastran al partido al descrédito, permitir investigaciones completas y asumir que gobernar Sinaloa no consiste en administrar el discurso, sino en recuperar un Estado que demasiadas familias sienten perdido.
En 2027, el voto de castigo no será una exageración ni una maniobra de adversarios. Será, si ocurre, el mecanismo más democrático para recordarle a Morena una lección elemental: la confianza pública no se hereda, no se compra con propaganda y, sob
La entrevista con El Pais
La senadora con licencia recibe a EL PAÍS a pocos días de su nombramiento, en medio de una sucesión marcada por la crisis que atraviesa el Estado y por el controvertido intento de Rubén Rocha Moya de regresar al Gobierno pese a la investigación que enfrenta en Estados Unidos. Con más de cuatro décadas de trayectoria política, la morenista asegura que nunca ha tenido contacto con integrantes de una célula delictiva.
Cuando se le pregunta por la posible infiltración del crimen organizado en el Gobierno de Sinaloa —encabezado durante cinco años por Rocha, gobernador con licencia y señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con un brazo del Cartel de Sinaloa—, Castro responde con cautela. “No tengo elementos para decir que hay [infiltración del crimen organizado]”, responde. Y de inmediato matiza: “Tampoco meto las manos a la lumbre por nadie”.
Pregunta. Como sinaloense, ¿qué cambiaría de lo que han hecho los gobiernos hasta ahora en Sinaloa?
Respuesta. Es muy importante considerar la secuela que produce la confrontación entre grupos del crimen organizado: económica, política y emocional. En materia económica, hay que entender que Sinaloa, por su propia historia narcótica, tiene una economía distinta a cualquier parte del país. Tenemos una economía falsa. Que tiene 80% de burbuja y 20% de base estructural. Hay que partir de la economía real: recuperar empleos y empresas, impulsar inversiones públicas y privadas y avanzar en la necesaria e inevitable industrialización, para que podamos cambiarle el rostro a Sinaloa. No se trata de un cambio cosmético. En materia política, Sinaloa tiene que arribar a una especie de reconciliación y cierre de filas. No me refiero a la guerra que está sucediendo, sino a la población y a las fuerzas políticas. Más allá de la competencia. Tenemos que caminar con la oposición. Implementar la justicia restaurativa: debe haber reconciliación y reparación del daño. Todas las familias que tienen desaparecidos deben saber el destino de sus seres queridos, aunque sea fatal. Si atendemos esas tres grandes secuelas, Sinaloa va a poder salir adelante.
P. ¿Reconciliación con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano?
R. Necesitamos inclusión. El Poder Ejecutivo en el Estado tiene que convocar a una reconciliación política en Sinaloa y dejar atrás el proceso electoral. Tenemos que convocar antes de los comicios para que la competencia se dé de manera sana y no pensemos en la guerra cognitiva y digital.
P. ¿Cómo recuperar la confianza de los sinaloenses?
R. Ha habido crisis en la clase política que han afectado su credibilidad, pero no es un factor dominante. En los últimos años, si algo se ha recuperado en México es justamente la confianza y la credibilidad. Morena ha ganado la mayoría de las gubernaturas, de las dos cámaras y la presidencia. Sinaloa tiene el mismo comportamiento que el país. Los partidos de la coalición están arriba del 50% y eso se va a reflejar en las elecciones. Algunas acciones de servidores públicos no se ven bien por parte de la ciudadanía y generan pérdida de confianza, pero es totalmente recuperable para Morena cualquier problema. Graciela Domínguez [gobernadora interina] es una servidora pública honesta, profesional y con experiencia. Ella va a iniciar un plan de seguridad y gobernabilidad que mucha falta le hace a Sinaloa y por esa vía se puede recuperar la confianza.
P. ¿Cree que el desgaste de los últimos meses no cobrará factura?
R. Ninguna competencia política es un día de campo, porque se trabaja con el recurso humano más delicado: el comportamiento electoral. Cuando la gente va a la urna, hace una recapitulación política antes de emitir su voto. El voto de castigo existe y lo hemos vivido; no hay que confiarse. En el caso de Morena, el electorado está evaluando todo, no solo a funcionarios, sino también las acciones del Gobierno federal. En Sinaloa, 1,2 millones de sinaloenses reciben apoyos y hay una inversión de 23.500 millones de pesos en programas sociales, además de inversiones en agua, campo, infraestructura y salud. La gente sabe entender la guerra digital, las acusaciones falsas y los intentos injerencistas.
P. ¿Qué sectores, actividades o intereses están contaminados con dinero del crimen organizado?
R. Aprobamos reformas para darle herramientas al sistema financiero y de seguridad para combatir el lavado de dinero. Si se pone en marcha, que se está haciendo, el congelamiento de cuentas es el primer paso. Tenemos que separar la economía real de la ficticia. No se trata de acusar a nadie: un restaurantero le vende a todas las personas que van a consumir; quien vende casas le vende a quien tenga capacidad de crédito. Se debe reactivar la economía con industrialización e inversión pública y privada. El 2027 va a ser un buen año para Sinaloa en materia económica y de seguridad.
P. ¿Cómo evalúa el Gobierno de Rubén Rocha Moya?
R. Siempre lo vi como un gobierno de transición. Sin embargo, el 25 de julio de 2024 aparece un cisne negro que nadie había previsto y que detonó la crisis que conocemos. No digo que la detención de un capo [Ismael El Mayo Zambada] que nunca había pisado la cárcel sea mala; es la forma en que se realizó, con una injerencia comprobada. Eso desarticuló relaciones políticas y desencadenó la crisis de seguridad y económica. A eso se suman las acusaciones de Estados Unidos. No tengo una evaluación. Se la dejo al pueblo de Sinaloa. Sí hubo errores. Lo que pasó fue insólito e inédito y generó un problema de gobernabilidad. Pero no hay sentencia ni investigación concluyente.
P. ¿Cuál fue uno de los principales errores?
R. Que el gobernador haya querido regresar, aunque era su derecho legal, con una investigación en marcha. Eso puso a Sinaloa en una situación difícil, al Gobierno federal y la relación bilateral. Todo.
P. ¿Tiene miedo de la campaña en un Estado en llamas?
R. Tengo más de 40 años recorriendo el Estado, conozco cada rincón de Sinaloa y su gente. No tengo temor de hacer campaña, he hecho muchas.
P. ¿Cuenta con protección?
R. Las dirigencias de los partidos de la coalición solicitaron el protocolo. Tengo protección. No tengo temor, pero son decisiones que me rebasan y tengo que aceptar.
P. Hay quienes aseguran que un Estado como Sinaloa es imposible de gobernar sin acordar con el crimen organizado. ¿Se han acercado a usted integrantes de alguna célula delictiva?
R. Se tienen que cambiar no solo las formas, sino el fondo de hacer política. Gobernar con autonomía. No se puede pensar que los poderes fácticos, cualquiera que sean, incluyendo el que mencionas, tienen que ser parte de la gobernanza. El Estado no puede aceptar la imposición de poderes que estén por encima de él. Nunca he tenido un cruce de ningún tipo con personas que se dediquen a cuestiones ilícitas.
P. ¿Puede asegurar que no hay infiltración del crimen organizado en el Gobierno de Sinaloa?
R. No debería haber. No tengo elementos para decir que la hay, pero no meto las manos a la lumbre por nadie. Las acusaciones que ha habido se tendrán que comprobar. Los que están ahí en su mayoría son de Morena y Morena tiene como principio básico el pacto con el pueblo. Si lo hubiera debe procesarse y denunciarse.
P. Algunos morenistas cuestionan que pueda controlar y limpiar el Estado del crimen organizado. ¿Qué les responde?
R. El gobernador de un Estado tiene la obligación de combatir los delitos del fuero común. El crimen organizado es un tema federal. No es un asunto que yo tenga que combatir. Se tiene que gobernar con autonomía y dejar que el Gabinete de Seguridad Federal atienda al crimen organizado.
P. ¿Se ve como la primera gobernadora de Sinaloa?
R. Sí. Desde hace tiempo me atraviesa ese pensamiento. Pero será el pueblo de Sinaloa el que tome la decisión.
P. ¿Busca ser la gobernadora que reconcilie al Gobierno de Sinaloa con la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas?
P. ¿Rubén Rocha Moya debe separarse de Morena para limpiar la imagen del partido?
R. No hay una sentencia. Eso le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido.
P. ¿Se puede pacificar Sinaloa?
R. Se está pacificando Sinaloa. Pero reconocemos que no ha sido suficiente y que todavía hay focos rojos al sur del Estado. La paz duradera está ligada a la erradicación del crimen organizado, hay una pax de otro tipo que parece estable, pero prende de un hilo y en cualquier momento se cae. Cuesta vidas humanas y la desestabilización que se está viviendo.
P. Pactar con el crimen organizado no es una opción.
R. Nunca lo ha sido. Ha sido una anomalía, algo ilegítimo.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ELIA CASTILLO






