Ángel Arnoldo Ramírez Salinas,el «otro Carmona», no fue un “empresario energético”, fue el gerente de una gasolinera clandestina del tamaño de un parque industrial, y el decomiso de Reynosa lo exhibe como lo que era: sucesor del rey del huachicol, operador fronterizo del oro negro robado y, según la versión oficial, muerto en un cómodo “accidente” en Colima, aunque en el bajo mundo se sabe que lo quebró César Morfín Morfín, alias Primito, para vaciarle las cuentas y heredar el negocio.
La planta del huachicol fino
La planta de procesamiento de hidrocarburos en Reynosa funcionaba mínimo desde 2024, a un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional, como si la seguridad nacional fuera parte del paisaje, no del problema. Con 41,851 metros cuadrados bautizados con nombre de fraccionamiento fifí —Quinta Campestre Las Magnolias— ahí se refinaba petróleo robado de instalaciones de Pemex en Tabasco y Veracruz, convertido en diésel, gasolina y turbosina “alternativa” para el mercado informal más formal del país.
El proyecto tenía bendición regulatoria: ASEA autorizó en 2024 a la empresa Maytrack S.A de C.V una planta de 7,000 barriles diarios y 30 años de vida útil, como si el huachicol hubiera pasado por reciclaje de imagen para llamarse “combustible alterno”. Maytrack nació en 2012 en Monterrey, se mudó en 2018 a Ciudad Victoria y traía a Miguel Ángel Sáenz y Julio César Ruiz Herrera como socios, con Sáenz moviéndose entre MayTrack y Hidrocarburos Jaúja, la firma del mexico–americano Ramírez Salinas, que heredó la corona tras el asesinato de Sergio Carmona en 2021.
El decomiso que huele a Estado ausente
El aseguramiento federal de julio fue de película: 3,878,000 litros de hidrocarburos, 18 pipas y tractocamiones, 20 motobombas, 40 tanques verticales y cilindros horizontales, generadores, cámaras, antena, todo un clúster energético paralelo al país formal.
El Ejército y la Guardia Nacional catearon dos inmuebles y exhibieron la infraestructura como trofeo, pero nadie explica cómo esa planta creció, operó y se expandió durante años a la sombra de las mismas instituciones que luego entran a “descubrirla”.
El predio era un nodo logístico: entraban y salían docenas de pipas diariamente, una coreografía de acero y combustible que no pasa desapercibida si el Estado de verdad mira, pero aquí miró para otro lado hasta que el escándalo se hizo inevitable. La narrativa oficial reduce el caso a un operativo exitoso y a una carpeta más en la Fiscalía, mientras la estructura empresarial y política del huachicol sigue viva, solo cambia de apellidos y de socios.
De rey del huachicol a señor de los buques
Ramírez Salinas es presentado como transportista de hidrocarburos, pero la descripción real es más incómoda: sucesor de Sergio Carmona, controlando tráfico de combustible en la frontera y tejiendo una red que une pipas, buques y campañas políticas en una misma malla de dinero sucio. Este tipo de operadores no son “outsiders” del sistema, son el lubricante económico de candidaturas, contratos y favores, y por eso duran tanto, hasta que alguien más grande, más violento o más ambicioso decide reciclarlos.
Ahí entra la otra versión: que César Morfín Morfín, “Primito”, lo habría ejecutado, vaciado las cuentas y asumido la herencia criminal, mientras el expediente público se conforma con registrar un “accidente” en Colima el 26 de abril de 2025, perfecto para cerrar el caso sin tocar las complicidades.
El contraste entre la estenografía televisiva que habla de un percance y la narrativa criminal que apunta a una ejecución es, en sí mismo, una radiografía de cómo México maquilla la violencia con lenguaje burocrático.
Televisa, estenografía y censura elegante
El trabajo de Fátima Monterrosa y Hernando Guillén en Tamaulipas deja claro que el periodismo puede llegar físicamente a donde el Estado finge que no sabía que había una planta de huachicol, pero la versión televisiva termina empacada en el molde de “accidente” empresarial. La estenografía del segmento enumera litros, pipas, tanques, fechas y montos —500 millones de pesos invertidos en 2022 para procesar hasta un millón de litros diarios— pero se detiene antes de cruzar la línea que une esa infraestructura con nombres y apodos incómodos como Primito.
La televisión exhibe el decomiso, pero no toca el fondo: ¿quiénes son los socios políticos de estos empresarios?, ¿quién autorizó, prorrogó y toleró la operación?, ¿qué senadores, alcaldes o gobernadores se financiaron con ese oro negro? El resultado es una pieza “informativa” que describe el escenario pero deja fuera la escena del crimen real: la ejecución, la disputa por las cuentas, la continuidad del negocio bajo otro nombre y con nuevas amistades en la clase política.[
El Estado como cómplice silencioso
Que ASEA haya inspeccionado la planta el 9 de abril de 2025, concedido prórroga y días después el empresario aparezca muerto en un accidente es algo más que casualidad; es la evidencia de un Estado que regula la ilegalidad con sello y firma. La idea de una planta con 30 años de vida útil para refinar petróleo robado habla de una visión de largo plazo del crimen organizado, mientras las autoridades se limitan a entrar al final para la foto del decomiso y el boletín de éxito.[
La frontera entre legalidad e ilegalidad ya no se mide en metros, se mide en complicidades: un kilómetro de distancia del cuartel de la Guardia Nacional es nada cuando las rutas del dinero conectan oficinas públicas, empresas fachada y ranchos campestres con nombre de fraccionamiento premium. En ese ecosistema, un ejecutor como Primito no es una anomalía, es la herramienta de ajuste de cuentas cuando algún “empresario” deja de ser útil o empieza a ser peligroso para los verdaderos dueños del negocio.
Con información: TELEVISA/N+NOTICIAS/
