El Tren Interoceánico no descarriló en diciembre pasado: llevaba años fuera de la vía… solo que nadie quería admitirlo.
Durante todo el sexenio anterior, el Gobierno federal se gastó más de 18 mil millones de pesos en “arreglar” la Línea Z, ese tramo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz que, en teoría, iba a competir con el Canal de Panamá y, en la práctica, apenas compite con una vía de tren abandonada.
Pero llegó la realidad en forma de tragedia: 14 muertos en un descarrilamiento. ¿La explicación oficial? Los maquinistas iban rápido. Claro, porque en México nunca falla la vieja confiable: la culpa siempre es del operador, nunca del sistema.
El problema es que los documentos dicen otra cosa. Desde 2019 se sabía que la ruta estaba llena de curvas imposibles, pendientes absurdas y un terreno que parece diseñado para sabotear cualquier tren. Cinco años después, la propia empresa estatal reconoció que todo seguía igual. Traducción: miles de millones después, no se arregló nada.
Eso sí, el presupuesto sí creció. De 8 mil millones a más de 18 mil millones de pesos. Porque si algo funciona perfecto en la administración pública mexicana, es gastar más cuando algo no funciona.
¿Y los resultados? Marginales, por decirlo bonito. En 2025, la Línea Z generó apenas 94 millones de pesos en carga. El tren de pasajeros —ese añadido improvisado de última hora— vendió boletos por unos raquíticos 15 millones. Ni para la nómina alcanza, pero eso sí, hay souvenirs.
Y cuando parecía que ya no podía ponerse más absurdo, llega el nuevo anuncio: hay que cambiar el trazo. Sí, el mismo trazo que llevaban años “corrigiendo” y certificando con otros 66 millones de pesos en estudios.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ahora promete una inversión “muy importante” para rehacer lo que nunca se pudo arreglar. Porque resulta que esas famosas curvas —las “orejas de conejo”— siguen siendo igual de peligrosas que siempre. Justo ahí donde ocurrió el descarrilamiento.
En resumen: primero dijeron que el problema era la velocidad. Ahora resulta que el problema era la vía. Y mientras tanto, el dinero público sigue viajando… pero sin descarrilarse jamás. :::
La jugada es la de siempre: el expediente dice “prisión preventiva”, pero el juzgado la traduce a “habitación con gotero y tele de plasma”. En papel parece justicia; en la práctica es la versión jurídica del túnel de El Chapo, nada más que con bata blanca y diagnóstico premium.
La postal del “malo enfermito”
En la foto, la real,no la generada por IA ,el detenido aparece con la clásica coreografía de presentación de trofeo: lona de Marina detrás, marino camuflado a un lado y el presunto generador de violencia al centro, esposado, playera informal, pose de “yo qué”. Es la liturgia mediática del Estado fuerte: el gobierno lo exhibe como si ya fuera condenado, aunque legalmente sigue siendo “presunto”.
Esa escena es útil mientras sirve para inflar estadísticas, ruedas de prensa y tuits triunfalistas. Después, cuando la carpeta llega al juez, el mismo personaje que era “peligrosísimo” se convierte, mágicamente, en “paciente de alto riesgo” con un expediente médico más gordo que la acusación penal.
Del capo al “cardiópata de alto riesgo”
El caso de José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, es el manual de operación: el gobierno federal lo señala como líder de célula afín al Cártel del Noreste, ligado al huachicoleo, pero en cuestión de semanas deja el penal y se instala en el Hospital Universitario, donde seguirá su proceso. No es libertad, dicen; es “prisión preventiva en centro médico”, un eufemismo que en la práctica significa menos barrotes y más comodidades, siempre y cuando no se escape el “paciente”.
El juez Primero de Distrito, Mario Melo Cardoso, le concede una suspensión en el juicio de amparo 476/2026 para que esa prisión preventiva se ejecute en un hospital y no en un penal. Sus abogados argumentan un combo clínico de catálogo: problemas cardiacos, probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda; es decir, un expediente que lo pinta al borde del colapso, menos cuando dirigía, presuntamente, una célula criminal.
Artículo 166: la salida de emergencia de los de siempre
El truco está normado: el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite que, si el imputado tiene enfermedad grave o terminal, el juez ordene que la prisión preventiva se ejecute en domicilio o centro médico.
La intención era humanitaria; en manos de ciertos jueces y despachos se volvió la puerta VIP para el crimen organizado y para cualquier imputado con presupuesto suficiente para “documentar” su gravedad.
Los criterios judiciales aclaran que esta modalidad debería ir acompañada de vigilancia, supervisión y medidas cautelares serias, pero en la realidad mexicana esas condiciones terminan diluidas entre oficios que nadie revisa y policías que nadie ve. La ley dice una cosa; el ecosistema de complicidades la convierte en un simulacro donde el acusado sale del penal y entra al limbo médico-jurídico.
La justicia del acordeón: se estira para el fuerte, se encoge para el jodido
Mientras un líder de célula criminal puede salir del penal envuelto en diagnósticos sofisticados y medidas cautelares “de hospital”, el detenido pobre sin abogado de élite se queda pudriéndose en prisión preventiva por delitos mucho menores. La consigna constitucional de que “todos somos iguales ante la ley” aplica sólo hasta que entra en escena el juez del acordeón: al poderoso se le estira la norma, al indefenso se le encoge hasta asfixiarlo.
Lo que se vende como respeto a derechos humanos termina siendo un vulgar escape de prisión maquillado con lenguaje procesal y firmas en papel membretado. Cambias barrotes por bata, custodios por enfermeros, celda por cuarto de hospital, y listo: la estadística oficial dice “sigue bajo prisión preventiva”, pero el mensaje al resto del crimen organizado es clarísimo: con el médico correcto y el juez adecuado, la cárcel es opcional.
El Gobierno de Nuevo León no solo está tapando la Plaza de las y los Desaparecidos con macetones; está intentando maquillar con geranios una estadística que da para podio nacional del horror, mientras su vecino Tamaulipas ya juega en otra liga con casi el doble de personas desaparecidas.
El paisajismo de Samuel rumbo al Mundial
En la antesala del Mundial 2026, el Gobierno de Samuel García decidió que la mejor política de búsqueda eran unas jardineras gigantes colocadas justo frente a la Plaza de las y los Desaparecidos, en Washington y Zaragoza.
FUNDENL respondió como se debe: llenó las macetas con rostros de desaparecidos y le cantó las cuarenta al gobierno, acusándolo de intentar borrar a las víctimas del paisaje urbano justo cuando vienen las cámaras del mundo.
“Ocultar también es desaparecer”, remata Angélica Orozco, mientras el gobierno estatal sueña con tomas aéreas de un Monterrey “moderno” donde los únicos que estorban son los ausentes.
La lógica es clara: si el turista no los ve, el problema no existe; si acaso, una maceta de fibra de vidrio será la nueva estrategia integral de seguridad.
Nuevo León: quinto lugar y tarjeta roja
Según FUNDENL, en Nuevo León hay 7 mil 485 personas desaparecidas, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional, con un promedio de tres desapariciones diarias solo en 2026.
Entre enero y mayo se registraron 433 nuevas desapariciones, de las que 296 personas siguen sin ser localizadas, porque la “búsqueda” oficial suele terminar en archivador o comunicado.
Mientras tanto, la Comisión Local de Búsqueda —que depende directamente del Gobernador— lleva ocho años sin planes de búsqueda claros, sin convenios con telefónicas para emitir alertas y sin el famoso centro de resguardo forense que venden en discursos como si ya existiera.
La estructura institucional luce más como un elefante blanco que como una herramienta de emergencia: cargos bien pagados, resultados invisibles y familias que terminan haciendo el trabajo del Estado con picos y palas.
El vecino incómodo: Tamaulipas en modo “plata”
Mientras Nuevo León se distrae con jardinería, el mapa de la vergüenza que exhibe a Morena y Americo Villarreal trae a Tamaulipas en medalla de plata nacional de desaparecidos.
El propio seguimiento de Valor Tamaulipeco registraba 13,746 personas desaparecidas al 26 de abril y ya van 13,819, es decir, 73 más en un abrir y cerrar de ojos estadístico.
La captura de pantalla de la CNB es brutal: Nuevo León aparece en verde con 7,500 personas desaparecidas, mientras Tamaulipas arde en rojo con 13,819, casi el doble; la geografía del horror cabe en un solo cuadro, pero no en ningún informe triunfalista del ahora gobernador buscado por el Departamento de Justicia de EE.UU.
Allá la “plata” de Américo Villarreal viene bañada en fosas, carreteras del miedo y fiscalías que no abren carpetas; aquí, el “nuevo Nuevo León” de Samuel prefiere macetas XXL para que no salgan las fotos incómodas.
Podio nacional de la vergüenza
Americo Villarreal ya tiene un lugar en el “Campeonato Nacional de levantados”: oro para Delfina Gómez en el Estado de México, plata para Américo Villarreal en Tamaulipas y cobre para Pablo Lemus en Jalisco, todos colgándose medallas hechas de nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre.
No es un ranking de la oposición, es el resumen obsceno del propio registro oficial: más de 14 mil desaparecidos en Edomex, más de 13 mil 819 en Tamaulipas, más de 12 mil 600 en Jalisco, todos celebrando “paz”, “transformación” o “nuevo modelo” mientras las cifras los desmienten.
En ese contexto, el “quinto lugar” de Nuevo León no es precisamente un consuelo: 7,485 desaparecidos no son un problema menor, son una fábrica de ausentes en un estado que se vende como vitrina de modernidad y sede mundialista.
Si esto fuera realmente un campeonato, lo único que comparten los gobernadores es la especialidad en evadir responsabilidad: unos niegan, otros maquillan, otros se esconden detrás de discursos de innovación; al final, las madres siguen buscando solas en brechas, baldíos y riberas.
Monterrey y Guadalupe: foco rojo, maceta verde
FUNDENL ha subrayado que Monterrey y Guadalupe concentran buena parte de los casos recientes, justo donde se presume “orden” urbano y “reactivación” económica.
Se desaparece gente entre avenidas, rutas y cámaras que curiosamente fallan, mientras el gobierno presume inversiones y el Mundial como si la crisis de desaparecidos fuera un tema de “percepción”.
La jugada de las jardineras encaja perfecto con esa narrativa: no se atiende la tragedia, se desplaza del campo visual, se empuja a las familias hacia los márgenes mientras el centro histórico se limpia para el turismo futbolero.
Lo que FUNDENL hizo al pegar los rostros en las macetas es devolverlos al centro del encuadre: si el gobernador quiere foto con florecitas, tendrá que ver también a quienes el Estado dejó de buscar.
Los documentos de la denuncia indican que a finales de 2022, Felipe Salinas Mansur, un operador financiero que más tarde sería acusado de facturar millones de pesos del erario de Tamaulipas a través de empresas fantasma, le propuso al propietario de Grupo Dalka, el médico Israel Valdez Sánchez, “que participara en un contrato para la adquisición y distribución de despensas”.
La Secretaría de Bienestar del estado pensaba distribuirlas en el segundo trimestre de 2023. Valdez Sánchez aceptó participar. A mediados de ese año, después de reunirse varias veces con Salinas Mansur, quien se presentaba como el que “le estaba moviendo todo a Ameriquito”, es decir, a Américo Villarreal Santiago, el hijo del gobernador del estado, el empresario recibió una solicitud formal de la SEBIEN para que cotizara la distribución de 1 millón 708 mil 490 despensas que serían distribuidas en Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Padilla, Victoria, Tula, González, Aldama y Altamira. El proyecto avanzó. Valdez Sánchez se reunió con dos funcionarios de la secretaría, a los que identificó como el subsecretario de Bienestar Social Samuel Badillo y la subsecretaria Alejandra Félix.
En febrero de 2023 le comunicaron que su empresa había hecho la mejor propuesta. Al mes siguiente la adjudicación del contrato fue autorizada. El empresario asegura que cumplió con protocolos y requisitos bajo la guía de Badillo. Relata que Félix lo citó para la firma del contrato. Que en esa reunión advirtió que en el contrato faltaban las firmas de otros funcionarios involucrados, pero que ella le dijo que en cuanto las recabara se comunicaría con él. “Yo confié”, relata en su denuncia.
Una semana más tarde volvió a reunirse con Fernando Salinas Mansur. El operador le dijo que había recibido un mensaje de WhatsApp de Américo Villarreal Santiago, en el que indicaba cómo iban a repartirse las utilidades: que “Ameriquito” le había dado la instrucción de que del anticipo que le dieran al empresario le tenía que dar 80 millones por concepto de “moche”, y 30 millones más “puestos en Saltillo, Coahuila, para operar las elecciones que estaban en proceso” (Villarreal Santiago es delegado del Bienestar en ese estado y ha sido acusado por legisladores y regidores de Morena de desviar recursos de programas sociales para promover su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana, con quien públicamente mantiene una relación sentimental).
El empresario contestó que “no habíamos hablado nada de eso y que se le hacía demasiado dinero el que me estaban pidiendo, que tenía que pensarlo”. Salinas Mansur, según la denuncia, le exigió que viera ese asunto “pronto”.
A partir de entonces le dieron largas. No lo volvieron a buscar. Acudió a la secretaría, pero no lo recibieron. Le comunicaron más tarde que le habían rescindido el contrato. El empresario había rentado bodegas, contratado personal y equipo, había adquirido cajas y otros insumos para poder distribuir casi dos millones de despensas.
Valdez Sánchez presentó una demanda en contra de la rescisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas (número de expediente 47/2023-I).
Siete meses más tarde, en enero de 2025, el Tribunal resolvió a su favor y ordenó que se le pagaran cerca de 500 millones de pesos por los daños y perjuicios causados. El argumento fue que la rescisión se había llevado a cabo de manera ilegal.
Pasaron cuatro meses más. Un día, el empresario recibió la visita del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno de Tamaulipas, Jorge Luis Beas Gámez.
Lo buscaba para tratar de llegar a un acuerdo. Le ofreció nuevos contratos para cubrir el daño. Pero le exigió que se desistiera de la demanda. Valdez Sánchez se negó: ¿cómo podía confiar si de un día para otro le habían cancelado un contrato firmado? Relata en su denuncia que Beas Gámez endureció el tono y le dijo que, si no lo hacía, “iba a conocer todo el peso del Estado, frente al cual yo era un insignificante zancudo”. Le dijo que su situación jurídica muy pronto iba a cambiar.
Un mes más tarde el Tribunal revocó la sentencia que le había sido favorable. No solo eso: en una rueda de prensa, lo acusaron “de falsificar y alterar las firmas para obtener el contrato de una forma ilegal”. El subsecretario Beas Gómez declaró:
“Estamos obligados como Estado a defender el interés de toda la sociedad y no vamos a permitir la vigencia de un contrato que a todas luces se encuentra viciado y sería ilegal”.
El empresario lleva ocho meses arraigado. En un video que dio a conocer hace unos días dice que a su empresa le retuvieron pagos y le establecieron un cerco financiero que lo está asfixiando.
“Me pegaron en el bolsillo y en mi entorno familiar. Hoy mi familia vive con angustia. Esto no va a hacer que me doble. Tengo miedo al grabar esto. Sé que tengo en riesgo mi vida y la de mi familia, y todo esto por no acceder a un ‘moche’ de 110 millones que me pedían. No lo permití y hoy estoy pagando las consecuencias. Perdí la paz, pero no voy a perder mi voz”.
Valdez Sánchez lucha solo. “Efectivamente, me aplastaron como a un zancudo”, dice.
Morena acaba de vivir su propia Noche Triste en Coahuila: no en Tenochtitlán, sino en Saltillo, y en lugar de flechas, les llovieron QR y “carro completo” del PRI.
La Noche Triste versión 4T
En la historia original, los mexicas corretearon a Cortés hasta hacerlo llorar sobre un ahuehuete; en 2026, el PRI correteó a Morena de distrito en distrito hasta dejarla llorando frente a un micrófono, con Ariadna Montiel en modo “somos víctimas del sistema” mientras aceptaba que simplemente no pudieron competir.
El parte de guerra es claro: “no pudimos competir democráticamente” porque el PRI desplegó un operativo fraudulento superior al de 2006, Monex y Soriana, pero curiosamente, Morena se acordó de denunciarlo hasta después de ver que el mapa quedó pintado de rojo como viejo mural priista.
Esa noche, mientras “Alito” celebraba el carro completo como si hubiera regresado el viejo régimen, la dirigencia guinda encendía veladoras, bautizaba el escándalo como “QRgate” y se declaraba moralmente vencedora, aunque en las urnas salieron como Hernán saliendo en calzones de Tenochtitlán.
El “QRgate”: cuando la derrota necesita nombre cool
Si en 1988 fue el “se cayó el sistema” y en 2012 el “Monexgate”, ahora tocaba un término techie para la derrota: “QRgate”, porque nada dice “fraude moderno” como un código que escaneas con tu celular mientras te dan 500 pesos por el favor.
Según el comunicado, el modus operandi era de manual: código QR personalizado, foto de la boleta marcada por el PRI, registro digital del voto y recompensa económica, como si fuera Rappi pero de clientelismo.
Morena asegura que tiene toda la base de datos del sistema, que sabe cuánto pagaron por voto (mínimo 500 pesos) y que los videos muestran casas de operación donde se compraban sufragios al mayoreo, pero no explica por qué, con tanta “inteligencia”, no pudieron evitar que les arrasaran los 16 distritos.
Las lágrimas, las patrullas y el papel de víctima
El relato victimista también trae su escena de acción: 20 patrullas estatales reteniendo diputadas de Morena en Torreón, policías escoltando a operadores del PRI y un “delincuente electoral” al que rescatan como si fuera objetivo prioritario.
En la versión oficial, la policía local y la fiscalía actúan como guardaespaldas del viejo régimen, mientras militantes morenistas son hostigados, retenidos y perseguidos por atreverse a denunciar la maquinaria priista, una especie de déjà vu de las viejas “estructuras” que supuestamente la 4T había mandado al basurero de la historia.
Ante esto, Morena promete denuncias en el Instituto Electoral de Coahuila, en la Fiscalía General y hasta una cruzada financiera vía la Unidad de Inteligencia Financiera, como si al bautizar todo con siglas y expedientes mágicos se borrara el detalle incómodo: el PRI volvió a ganarles todo el Congreso local.
De “la esperanza de México” al “nos hicieron trampa otra vez”
La dirigencia morenista jura que no se quedará en la vía electoral y anuncia que pedirá investigar la base de datos de todos los ciudadanos que escanearon el QR con su teléfono, como si de pronto les preocupara la privacidad después de años de operar programas sociales con padrón clientelar.
El mensaje es casi una súplica: “nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos”, una frase que suena menos a fuerza moral y más a consuelo de perdedor: si no ganamos, al menos tendremos un buen expediente para la narrativa de fraude permanente.
En la Noche Triste original, los españoles salvaron el pellejo para reagruparse y volver con más violencia; en la Noche Triste de Morena en Coahuila, se reagrupan en conferencias de prensa, hashtags y comunicados, prometiendo que esta derrota es “solo una batalla” en el camino, mientras el PRI les recuerda en vivo que en ese estado nunca ha habido alternancia.
Una de muchas noches tristes por venir
Coahuila se convierte así en el primer aviso serio de la temporada: la 4T descubrió que, fuera del relato épico, hay lugares donde la maquinaria priista sigue viva, engrasada y ahora con código QR incluido.
Si esta fue la Noche Triste, lo que viene es una gira nacional de desveladas: más estados, más denuncias post-derrota, más nombres rimbombantes para cada “gate” y el mismo guion de siempre: cuando ganan, el pueblo despertó; cuando pierden, fue el sistema.
El problema para Morena es que, si acumula demasiadas Noches Tristes, un día va a descubrir que dejó de ser Cortés sitiado y empezó a parecerse cada vez más a los mismos priistas que dice combatir, nada más que con otro color y un mejor equipo de marketing.
Cómo van los números
Los conteos preliminares bastante avanzados para Coahuila, pintan carro completo para el PRI‑UDC y una paliza seria para Morena.
El PREP de Coahuila registra más de 96% de actas capturadas para diputaciones locales, así que la foto preliminar está casi cerrada.
Con ese corte, la alianza PRI‑UDC ronda 55% de la votación, mientras PT‑Morena se queda alrededor de 26%.
En votos duros, algunos cortes dan unos 670 mil para PRI‑UDC contra unos 317 mil para PT‑Morena.
Distritos y “carro completo”
Según los cortes del PREP y crónicas de medios, la coalición PRI‑UDC se está llevando los 16 distritos de mayoría relativa del Congreso local.
PT‑Morena no estaría ganando ni un solo distrito de mayoría; su eventual presencia quedaría por la vía plurinominal, según se definan las asignaciones.
Participación y contexto
La participación ciudadana ronda el 50–51%, es decir, votó poco más de la mitad de la lista nominal.
Medios nacionales coinciden en que el resultado frena el avance de Morena y confirma a Coahuila como bastión priista, al menos en este ciclo.
