En Escuinapa no hubo operativo exitoso, ni contención, ni esa narrativa de control que tanto gusta en las mañaneras arguenderas del Palacio Nacional. Hubo, otra vez, velorio de Estado sin Estado. Cuatro policías fueron despedidos con honores, sí, pero el verdadero homenaje habría sido mantenerlos vivos, no alinearlos en féretros cubiertos con banderas como si el patrioterismo que confunden con patriotismo ,pudiera tapar la ineptitud, la omisión y el derrumbe de una estrategia federal que no puede ni proteger a quienes ponen el cuerpo para proteger a los demás.
Los restos del comandante Esteban Gutiérrez Mazariego; el agente de tránsito, Luis Ulises García Morales; y los agentes Sergio Pérez Rivera y Juan Antonio Rosas González, fueron trasladados este jueves a las instalaciones de la corporación en la que sirvieron durante 21, 10, 6 y 3 años, respectivamente.
“¡Presentes!”, gritaron agentes de la Policía Municipal de Escuinapa al despedir ayer jueves a los cuatro elementos que fueron asesinados el 31 de marzo en una emboscada en las inmediaciones de Tecualilla.
Lo ocurrido no parece una tragedia aislada, sino el entierro simbólico de una política de seguridad que respira con dificultad rumbo a los dos años de guerra de bandos de la misma banda, atacable pero inatajable.
La federación insiste en hablar de paz, de coordinación + inteligencia y de avances, mientras en la realidad los policías municipales caen emboscados como si estuvieran solos, abandonados en el último tramo del camino, con el uniforme puesto y la escolta invisible del gobierno hecha ceniza.
Si la estrategia no alcanza para cuidar a los policías, ni capturar a responsables,ya casi 100 masacrados y todos los casos impunes,entonces no es estrategia: es epitafio.
La escena tuvo todo el lenguaje de un sepelio: los féretros, las banderas, las guardias, las oraciones, los rostros rotos de compañeros y familias. Pero detrás de ese rito había una acusación muda y brutal: aquí se está enterrando la ilusión de que el Estado protege a sus propios protectores. Se les despide con honores porque ya no se les pudo defender con eficacia; se les lleva a misa porque no hubo capacidad de llevarlos de vuelta a casa.
Y mientras el discurso oficial siga oliendo a incienso burocrático, las corporaciones locales seguirán cargando el ataúd de una política federal agotada, vieja y sin pulso. Cada policía muerto no solo exhibe la crueldad de los criminales; también deja al descubierto la fragilidad de un gobierno que victoria , pero entrega funerales. Eso es lo más indignante: la federación no está evitando el entierro de sus policías, apenas se encarga de asistirlo con solemnidad.
Iván Archivaldo Guzman Salazar,hijo del Chapo,se obsesionó tanto con no terminar como su papá que acabó montando un mini cosmos de comunicación en la sierra, aunque su mejor sistema de seguridad para permanecer fuera del acecho gubernamental, ha sido el soborno en efectivo.
La “Starlink rusa” de los Chapitos
Según informacion publicada por @Ilicitinv , a mediados de 2024 llegarón dos contenedores “inocentes” de Asia que no traían ni cuernos de chivo ni precursores; traían antenas de telecomunicaciones registradas a una empresa fantasma en Guadalajara, porque el crimen organizado mexicano ama tanto a las razones sociales que ya las usa como cosplay de Huawei.
Iván no compró cualquier fierro: un mercenario ruso le colocó en el carrito tecnología de uso militar, diseñada para el gobierno ruso, es decir, juguetes pensados para el Donbás aplicados en la sierra de Sinaloa.
El paquete: unas 100 antenas por unos 50 millones de dólares, las grandes de hasta 12 metros en zonas montañosas, las chicas escondidas en zonas rurales de Sinaloa y Sonora, operando como club privado de telecom, donde solo se conectan dispositivos previamente configurados.
No es una red “celular” abierta, es una intranet criminal: si no estás en la lista blanca de dispositivos, no existes en el sistema, que es justo lo contrario del narco promedio, feliz de subirse a WhatsApp para mandar audios de tres minutos con corridos de fondo.
Mientras los RC‑135 Rivet Joint, U‑2 y MQ‑9 Reaper ,—capaces de detectar, identificar y geolocalizar emisiones en el espectro electromagnético sostenían vigilancia prolongada—, Iván decidió camuflar sus comunicaciones como emisiones raras, cifradas, que ya no se ven como llamada telefónica tradicional.
En la práctica, lo que construye es un hoyo negro de radiofrecuencia: lo que liga a sus movimientos no es una celda Telcel, sino una red privada cifrada con aparatos militares rusos, pensados para resistir justamente lo que Estados Unidos está usando contra él.
El culto a la señal y el pecado del celular
La paradoja es deliciosa: Iván prohíbe teléfonos personales, radios comunes y apps comerciales —incluidas las “encriptadas”— para su círculo cercano, y manda levantar antenas rusas en un perímetro de 200 kilómetros cuadrados donde él se mueve como si fuera CEO paranoico de una startup del Apocalipsis.
Para los sensores gringos, esas emisiones ya no aparecen como tráfico telefónico o de radio normie, sino como algo cifrado y poco claro, justo para romper la cadena clásica: dispositivo – antena – geolocalización – operativo.
Y entonces aparece el factor humano, versión Güerito.
José Ángel Canovio Insunza, operador de confianza, decide que las reglas son para los subalternos, no para él, y sigue hablando por celular y por WhatsApp como tío en grupo familiar, justo cuando la vigilancia electrónica está más intensa sobre Culiacán.
El 10 de enero de 2025 lo detienen: para salir, paga 10 millones de dólares en efectivo, juntados por su hermano El Bronto, que es básicamente el CFO del desastre.
En la lógica de la corrupción mexicana, el pago de esos 10 millones para El Güerito no es multa, es “póliza de seguro”: cree que ese desembolso lo blinda y puede seguir usando celulares sin consecuencias.
En la lógica de Iván, es una violación directa al manual de supervivencia en tiempos de drones Reaper, que pueden quedarse horas mirando desde arriba y pasar la inteligencia casi en tiempo real a los mexicanos para armar operativos a la carta.
El escape de boutique en Culiacán
La consecuencia no tarda: el 19 de febrero de 2025, a El Güerito lo vuelven a atrapar en Las Quintas, Culiacán, y el mismo día casi agarran a Iván en Tierra Blanca, al norte de la ciudad.
Los datos de geolocalización ya tenían marcada la presencia de alto mando, pero mientras las antenas rusas quieren borrar huellas, los celulares de los subordinados van dejando migas de pan digitales para que las autoridades sigan el rastro.
Iván se salva por la vía clásica: túnel y distractor humano
Se escapa junto a su escolta, El 09, por un túnel, mientras Kevin Alonso Gilacosta, El 200, se entrega sin violencia para confundir al personal y ganar tiempo, una versión premium de “yo me quedo a hablar con la policía, ustedes corran”.
Tras la intervención de comunicaciones, los operativos por aire y tierra ceden, y esa fecha marca la última vez que Iván pisa Culiacán antes de refugiarse un rato en Baja California Sur, mientras le terminan de montar el sistema ruso en la sierra.
La escena pinta algo claro: la seguridad de Iván descansa en tres capas —tecnología rusa, tácticas de escape físico y carne de cañón voluntaria—, pero la vulnerabilidad principal sigue siendo la misma de siempre: operadores que creen que por haber pagado ya compraron impunidad eterna.
Ahí no falla la antena, falla el ego.
Los “C4 clandestinos” y la narco-videovigilancia
Las casas donde caen El Güerito y El 200 no son simples búnkeres; son centros clandestinos de monitoreo para la guerra contra el mayito flaco, equipados con pantallas conectadas a cámaras urbanas distribuidas por Culiacán y Mazatlán.
Los Chapitos montan su propio C2 de barrio: visualizan patrullas, retenes y movimientos de la facción de los mayos, con una mezcla de CCTV pirata, pantallas planas y cableado legal/ilegal.
En algunos casos, estos centros estaban conectados al sistema estatal C4, lo que significa que tuvieron acceso, al menos por momentos, a las mismas cámaras que usan las autoridades para “monitorear” la ciudad.
No se conforman con ocultarse del Estado; se asoman por los ojos del propio Estado para anticipar movimientos, mientras instalan equipos de interferencia, bloqueadores de señal y hasta reportes del uso de software espía contra teléfonos y computadoras del bando contrario.
El resultado: un ecosistema híbrido donde el narco utiliza tanto herramientas comerciales hackeadas como hardware militar, atacando la capa de comunicaciones del adversario, sea el Estado o los mayos, mientras protege la propia con antenas rusas y reglas estrictas… que sus operadores rompen en cuanto pueden.
Es una guerra de información en tierra de nadie legal, donde el límite entre centro de mando del gobierno y centro de mando del cártel es, literalmente, un cable de red.
La mejor tecnología: el fajo de billetes
Y aun así, después de contenedores, antenas, drones, vuelos espía, C4 infiltrado, software espía y túneles, el remate es con lo obvio: la herramienta más efectiva de los Chapitos para evitar capturas no viene de Moscú, viene de Banorte.
Son los millones de dólares en sobornos a militares, policías y actores políticos los que verdaderamente compran tiempo, información previa a los operativos y la delicadeza de “avisar” antes de reventar un domicilio.
La red rusa, al final, funciona como seguro adicional: si no falla el fierro, puede fallar el soldado, pero mientras tanto el dinero mantiene la cancha inclinada.
Desde la perspectiva de investigación, la tecnología sofisticada encarece la persecución, pero el soborno la sabotea desde dentro; puedes tener un RC‑135 arriba y un U‑2 fotografiando a 20 kilómetros de altura, pero si el comandante de tierra está arreglado, la operación muere en el escritorio.
En resumen: Iván compra antenas militares rusas para dejar de ser rastreable, instala centros clandestinos con acceso a cámaras oficiales, se salva por un túnel y un señuelo humano… pero su línea de vida sigue siendo la misma que la del narco más básico: un maletín lleno de billetes que convierte al Estado en proveedor de servicios de protección VIP.
En la tierra donde el libre mercado se defiende con la misma devoción con la que se venden rifles, una armería de Arizona terminó convertida en pieza clave de un expediente que huele a pólvora, corrupción comercial y desfachatez institucional. La nota de Ríodoce reconstruye cómo una de las pruebas presentadas por el gobierno de Estados Unidos en el caso contra Laurence Gray —propietario de Grips By Larry, en Hereford, Arizona— fue un arma con una empuñadura adornada con la imagen de un gallo, aparentemente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El negocio de vender guerra
Gray, de 65 años, fue acusado por un gran jurado federal en Phoenix de intentar brindar apoyo material al terrorismo y conspirar para apoyar a una organización terrorista extranjera, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designara al CJNG y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras en 2025. Antes de que la acusación tomara ese giro de novela criminal con membrete oficial, el caso ya venía cargado por cargos de tráfico de armas, compra mediante prestanombres y declaraciones falsas durante adquisiciones de armamento.
La joya del expediente
Entre las armas presuntamente vinculadas al caso aparecen piezas que no son precisamente para defender la sala de una casa suburbana: pistolas Colt 1911, fusiles Barrett M52A1, una ametralladora semiautomática Ohio Ordinance M-2-SLR y variantes de la ametralladora ligera semiautomática FNH M249. Y entre todo ese arsenal, el detalle simbólico del gallo en la empuñadura no es adorno folclórico: sirve como indicio material para conectar el cargamento con el CJNG, es decir, el narco ya no solo compra armas, también personaliza el branding.
La hipocresía del sistema
Lo verdaderamente grotesco es el mecanismo completo: una tienda con licencia federal, ubicada a menos de 15 minutos de la frontera entre Naco, Arizona y Naco, Sonora, habría servido como puente para abastecer a dos de las organizaciones criminales más violentas de México. Según la acusación, Gray intentó suministrar armas al CJNG en mayo de 2025 y conspiró para hacerlo también con el Cártel de Sinaloa ese mismo año.
Lo que deja el caso
El expediente deja una postal brutal: armas compradas legalmente en Estados Unidos, revendidas o desviadas hacia estructuras criminales, y luego convertidas en evidencia de cómo el mercado armamentista fronterizo alimenta la guerra en México. Si quieres, también puedo convertir esto en una versión más periodística y mordaz, o en una columna con más veneno editorial y ritmo de nota de análisis.
Presidenta, queremos que nos escuche. Ese grito no salió de un war room de comunicación, salió de una fosa. Hoy no traemos “historia de éxito”, traemos a quienes ponen el cuerpo donde el Estado solo pone la estadística.
Presento la mesa: – Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, experta en contar lo que el gobierno quiere borrar del registro. – Verónica Durán, madre buscadora de Guanajuato, integrante del colectivo “Hasta Encontrarte”, que ya hace el trabajo que debería hacer la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda y medio gabinete junto.
Vamos a lo incómodo: mientras en la mañanera se habla de “registros”, “metodologías” y “cifras depuradas”, acá hablamos de hijos arrancados de un puesto de tacos a ocho casas de su casa, levantados por tres camionetas y disueltos en la negligencia oficial.
I. Las cifras de la Presidenta contra los cuerpos de las madres
Marcela: A ver, empecemos por el elefante en el salón: la Presidenta presume que “van a sacar los registros” y que han trabajado para encontrar a más de 130 mil desaparecidos. Ustedes, Edith, traen otros datos: 132 mil desaparecidos, 43 mil que el gobierno dice que “ya sabe dónde están”, pero que sus familias ni enteradas.
Edith Olivares: – En las Américas llevamos décadas de desapariciones; el patrón es claro: las que buscan no son los fiscales, son las madres, hermanas, hijas, esposas, primas. – En México hay más de 132 mil personas desaparecidas; cada día se suman entre 20 y 40, y a la mayoría no las busca el Estado: las buscan las familias con pico y pala, literalmente. – Hicimos un informe, “Desaparecer otra vez”, con testimonios de más de 660 mujeres buscadoras. Resultado: el Estado las empuja a un triple frente de violencia: física, de salud y económica.
Edith desgrana la realidad que el gobierno quiere comprimir en una diapositiva: – 35 personas buscadoras asesinadas, más las que además fueron desaparecidas: la desaparición al cuadrado. – Desplazamiento forzado, amenazas, ataques. – Piel quemada por el contacto con restos humanos, padecimientos gástricos, enfermedades crónico-degenerativas, desprendimientos de retina por llorar demasiado. – Pánico, ansiedad, depresión sin acceso a servicios de salud porque más de la mitad no tiene derechohabiencia; el Estado les ofrece un vale esporádico, no un sistema. – Empobrecimiento: dejan sus trabajos o las despiden para “poder buscar” y encima pagan gasolina, picos, palas y hasta bolsas. Menos ingresos, más gastos y cero programa estructural de apoyo.
Edith remata: – Estas mujeres no solo buscan a las suyas, buscan a “todos nuestros desaparecidos”. En México ya todas y todos tenemos un desaparecido directo o por extensión. – Lo mínimo sería protegerlas para que sigan haciendo el trabajo del Estado sin morir en el intento. Pero ellas siempre se ponen al final: su seguridad, su salud y su economía son secundarias frente a la prioridad absoluta: encontrar a su familiar.
Traducción simultánea: mientras en Palacio afinan la redacción del nuevo corte de cifras, ellas se afinan el miedo para salir otra vez al campo.
II. El gobierno, feliz con sus reformas de abecedario, mientras las fosas se llenan
Marcela: Mientras ustedes documentan asesinatos de buscadoras y enfermedades por exhumar restos a mano limpia, la Presidenta presume “metodologías” de conteo y se anima a decir que tienen información de la localización de 43 mil personas. Yo supongo que para esas 43 mil familias el detalle menor sería que les digan dónde están, no que presuman el dato en cadena nacional.
Le pongo nombre a la hipocresía: – El gobierno se entretiene con reformas, con el juego electoral, con el show de las mañaneras. – Los dos temas que deberían ser prioridad nacional –desaparecidos y homicidios dolosos– se administran como si fueran una incomodidad de imagen, no una emergencia.
Pregunto directo, Edith: ¿El gobierno se ha sentado con ustedes de verdad en mesas de diálogo, de estrategia, de acción?
Edith: – Sí, han tenido diálogo aquí y allá, incluida Guanajuato, siempre acompañando a colectivos como Hasta Encontrarte. – Pero hay dos advertencias: 1) No nieguen la desaparición. Las 132 mil 400 personas que están en el registro siguen desaparecidas hasta que el Estado las presente. No se borran personas con un número en la mañana. 2) No presenten cifras, metodologías y estrategias a espaldas de las víctimas. Hacer anuncios sin consultarlas es una nueva forma de violencia, un daño extra.
Edith, con más diplomacia que paciencia: – Si un día realmente localizan a esas 132 mil personas, Amnistía será la primera en reconocerlo, y los colectivos también. – Pero sin las víctimas no. No se hacen políticas “sobre desaparecidos” sin las familias que se están jugando la vida por encontrarlos.
La traducción irreverente: Presidenta, sus powerpoints no sustituyen madres con pico, pala y miedo permanente.
III. En Guanajuato no hay Estado: hay colectivos
Marcela: Verónica, madre buscadora en uno de los estados con más desapariciones del país. Llevas años buscando a tu hijo Iván. Cuéntanos desde dónde hablas.
Verónica Durán: – Busco a mi hijo, Iván Arturo Silva Durán, desde el 24 de noviembre de 2019. Desde el primer segundo en que supe que estaba desaparecido, empezó una carrera contra el reloj y contra la burocracia. – El primer año no sabía ni qué hacer, ni a dónde ir, ni que tenía derechos yo ni mi hijo.
Cuando por fin pide la carpeta de investigación descubre la joya de la Fiscalía: – Ni las señas particulares ni los tatuajes estaban bien. La fiscal de desaparecidos le dice que “es un error humano” y que ya lo van a corregir… un año después. – Ese año pudo ser la diferencia entre encontrarlo vivo o no. Pero la “humanidad” del error oficial se mide en tiempo perdido y pistas que ya no existen.
Cómo desapareció Iván: – De un puesto de tacos, a ocho casas de su casa. Tres camionetas, tres personas más dos. Uno por camioneta, levantado en minutos. – No revisaron cámaras, los testigos los citaron tarde. Negligencia de manual disfrazada de incapacidad.
Entonces viene la decisión que desnuda al Estado: – Verónica se suma al colectivo Hasta Encontrarte y a la brigada de búsqueda independiente. – No trabajan con autoridades: las buscadoras se levantan a las tres, a las seis de la mañana, a la hora que toque recuperar cuerpos. El Estado solo trabaja de 9 a 3, si bien nos va.
Ir a la Fiscalía diario sería, en sus palabras, “vuelta inútil”: – “Solo van y lo revictimizan a uno: ¿sabes algo? ¿Te han hablado? ¿Te han dicho algo?” – Lo que menos quiere una madre es buscar en campo, quisiera abrazar a su hijo vivo. Pero si no lo buscan ellas, no lo busca nadie. Ese no es un slogan bonito, es el diagnóstico: “si no lo busco yo, no lo busca nadie”.
El miedo, esa presencia constante: – Salir a la tienda, al baño, al campo de búsqueda, siempre con la sensación de que quizá no regrese. – El amor a sus hijos es lo que las mantiene de pie; el Estado, en cambio, se mantiene de pie con discursos.
IV. Cuando el Estado te detiene por exigir que busquen a tu hijo
Marcela: En un país donde desaparecen hasta a las buscadoras, ¿cuál ha sido el momento más peligroso para ti?
Verónica cuenta el 10 de julio de 2020 en Guanajuato capital: – Manifestación pacífica para exigir un comisionado de búsqueda; no había ni comisión de víctimas ni de búsqueda. – Respuesta del Estado: alrededor de 200 elementos de FESPE para reventar a madres, personas mayores, embarazadas, niños.
La escena: – Suben a la Glorieta Santa Fe, no obstruyen nada. Aun así, la detienen ocho mujeres policías. – La suben a una unidad con otras dos mujeres y un integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Dicen que van a separos… y la llevan a barandillas.
En el camino, el momento de terror: – Siete policías y una mujer se paran en un túnel; le ordenan quitarse gorra, cubrebocas y lentes para tomarle fotos. – Ella se niega; la amenazan: “pobre de ti que des mala información porque así te puede ir”. – Verónica piensa lo obvio en México: “voy a ser otra desaparecida o asesinada por autoridades”.
No la dejan hacer una llamada, le sube la presión, no le dan medicina, solo la sueltan cuando deciden que ya estuvo. Y cuando regresa al plantón afuera del Teatro Juárez, aparecen FESPE vestidos de civil, tomándoles fotos por todos lados.
Resultado: – Meses con miedo a cada moto, a cada camioneta, a cada sombra. – La ironía absoluta: en vez de que la autoridad proteja a quienes buscan, se dedica a sembrarles miedo para que dejen de incomodar.
V. Cómo nace “Hasta Encontrarte”: donde el Estado no excava, excavan ellas
Marcela: Hablemos del colectivo. ¿De dónde sale Hasta Encontrarte y cómo es que ustedes están encontrando lo que debería encontrar el gobierno?
Verónica: – Primero estuvo en el primer colectivo de Guanajuato, hasta que vieron que el “licenciado” empezaba a hacer cosas que no cuadraban. Se salió y pensó buscar sola. – Sus compañeras Viviana (vocera) y Carla (coordinadora de búsquedas de campo) le propusieron buscar juntas. Así, sin mapa ni protocolo, empezó Hasta Encontrarte en febrero de 2021
Hoy: – Son 125 personas en el colectivo, la mayoría mujeres, y tres hombres. – Desde su creación han localizado al menos 226 cuerpos, y contando. También han encontrado personas con vida.
La pregunta incómoda: ¿qué siente una madre cuando desentierra a alguien que no es su hijo? – Mezcla brutal de terror y alivio. Una vez vio un short igual al que usaba Iván y creyó que era él. No fue. – El miedo de encontrarlo sin vida existe, pero también la certeza de que otra madre tendrá una tumba, una sepultura, un lugar donde llorar con nombre y fecha.
Proceso cuando localizan un cuerpo: – La coordinadora transmite en vivo y describe señas particulares. Muchas familias han reconocido ahí mismo a sus desaparecidos. – Se entrega a Fiscalía, se hace el levantamiento, luego viene la prueba de ADN y el protocolo de entrega. Verónica acompaña entregas dignas: explicar cómo se encontró, quién intervino, qué se hizo. – También ayuda a gestionar ante la Comisión de Atención a Víctimas los apoyos para el servicio funerario.
¿Funciona la Fiscalía? – “Totalmente hay fallas, siguen habiendo fallas”. Entregas erróneas, exhumaciones innecesarias porque primero dijeron “no es tu hija”, luego “sí era tu hija”. – Cuerpos completos, reconocibles por la familia, pero la prueba genética “va a tardar mes y medio”, como si el tiempo del duelo fuera un trámite más. – Presumen “80% de rapidez”, cuando la única cifra aceptable para las madres es 100% de seriedad.
VI. Palacio Nacional: puerta tocada, puerta cerrada
Marcela: ¿Ya tocaron la puerta de Palacio Nacional?
Verónica: – Sí. – Las recibieron una sola vez en una manifestación. Nada más. – La gobernadora de Guanajuato, al menos fuera del palacio, ha tenido acercamientos. La Presidenta de México, no. Reunión pedida, nunca concedida.
Remato: las buscadoras llegan hasta la puerta de Palacio, pero la puerta no llega hasta ellas.
Marcela: Verónica, aquí tienes un espacio para hablarle directamente a la Presidenta.
Verónica: – Le pide a la Presidenta Claudia Sheinbaum que las escuche a las madres y hermanas buscadoras. – Que las reconozcan como defensoras de derechos humanos. – Que asuman que hay brigadas independientes que salen sin protección y que lo mínimo sería brindarles seguridad para buscar sin miedo y poder regresar a casa.
Y agrega lo que debería avergonzar a un país entero: – “No buscamos culpables, no buscamos problemas. Solo queremos regresarlos a casa.” – Mientras tanto, ella seguirá buscando a Iván “hasta encontrarte”, con el 2% de esperanza de encontrarlo con vida y el 98% de realidad pegándoles en la cara.
Epílogo: donde el Estado ve 130 mil, ellas ven 130 mil sillas vacías
Fuera de cámaras, el mensaje sigue: – El colectivo Hasta Encontrarte recibe información anónima de posibles puntos de búsqueda; la ciudadanía avisa, el gobierno calcula. – En Facebook e Instagram reciben tanto datos para localizar cuerpos como apoyos para seguir buscando sin presupuestos oficiales, sin escoltas y con la muerte pisándoles los talones.
Presidenta, mientras en la mañanera se acomodan las cifras para que cuadren con el discurso, las madres en Guanajuato siguen entendiendo la realidad a golpes de pala. Usted habla de “43 mil localizados”; ellas preguntan la única pregunta que importa: ¿Dónde están?
El Gobierno federal se volvió a sacar el conejo del sombrero: aunque prevé que los ingresos petroleros se desplomen, promete que en 2027 habrá más dinero disponible, gracias —faltaba más— a la deuda. Es el truco fiscal de siempre: te endeudo hoy para contarte mañana que “la economía va bien”.
De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027, la Secretaría de Hacienda asegura que el próximo año el país manejará 8.83 billones de pesos de ingresos, unos 110.8 mil millones más que este año. Pero el detalle importante es de dónde viene esa “mejoría”: no es eficiencia, es cobro de impuestos y créditos frescos.
Los ingresos petroleros, que antes sostenían medio presupuesto, se desplomarán más de 293 mil millones de pesos. La causa es simple: el precio del barril bajará de 77 a 54.7 dólares, y Pemex seguirá siendo la caldera de vapor sin agua. En su lugar, Hacienda le apuesta a exprimir más impuestos y subir los ingresos no petroleros en más de 400 mil millones. O sea, lo que el petróleo ya no da, lo pagará el contribuyente con IVA, ISR y lo que falte.
Las empresas del Estado no petroleras también aportarán menos: 1.33 billones, una ligera baja real. Pero si el Gobierno promete gastar menos, ¿no es buena noticia? En el papel sí: dicen que el gasto neto de 2027 bajará a 10.02 billones, 91 mil millones menos que en 2026. Claro, con una aclaración dominguera: “se preservarán las prioridades del bienestar”. Traducción libre: se gastará menos en inversión, pero los programas clientelares seguirán vivos y coleando.
El resultado final: un déficit de 1.19 billones de pesos, equivalente al 3% del PIB. Hacienda presume que eso “mejora” respecto al año anterior. Pero en realidad significa lo de siempre: ingresos limitados, gasto inercial y deuda en aumento. Para 2027, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (el nombre elegante de la deuda total) alcanzará 21.8 billones de pesos, el 55% del PIB. Cada mexicano, incluso el recién nacido, cargará con casi 170 mil pesos de deuda pública acumulada.
Y todo para financiar una economía que no despega. Si todo sale “bien”, creceríamos entre 1.9 y 2.9%, apenas para empatar con la inflación del 3%. El peso, además, se debilitaría ligeramente a 18.5 por dólar, y el supuesto ancla petrolera se queda más barata pero igual de frágil.
En resumen: el Gobierno promete estabilidad con números que apenas cuadran, como quien paga la tarjeta con otra tarjeta. Lo llaman “prudencia fiscal”; el ciudadano, con menos eufemismos, lo siente como una cintura cada vez más apretada para sostener un aparato público que gasta más de lo que produce.
La Fiscalía de Guanajuato confirmó el hallazgo de 20 cuerpos en una zona cerril de Cortazar. Veinte. Algunos estaban en un horno clandestino, porque hasta la muerte aquí necesita logística. Pero tranquilos, no son muertos del día: esos no mueven la estadística federal donde ya bajarón los homicidios.
Esa cifra no aparece en los “indicadores de seguridad” que presumen en conferencias ni en los reportes que maquilla el gobierno estatal y entrega al aparato federal cada mes. Los cuerpos, carbonizados y despersonalizados, no hacen ruido en los gráficos ni suben la tasa de homicidios. Son cadáveres administrativos, números en cuarentena.
El hallazgo, según la versión oficial, fue resultado de “una investigación en curso”. Tradúzcase: alguien habló, la policía fue, y se toparon con lo que ya sabían. En Guanajuato, los hornos no son nuevos, sólo cambian de coordenadas. La geografía criminal del estado parece un mapa de pozos, fosas, ranchos, y parques industriales donde el crimen tiene contrato de exclusividad.
Pero todo sigue igual: la gobernadora haciendo giras, la fiscalía “investigando”, y los muertos —los que cuentan y los que no— acumulándose fuera del presupuesto moral y contable del Estado. En este país hay muertos de primera, muertos de estadística… y los muertos de nadie.
En Washington ya se les acabó la paciencia. La Administración Trump —sí, otra vez Trump en la Casa Blanca— decidió exhibir públicamente a Pemex, la joya oxidada del nacionalismo económico, por deber más de 2 mil 500 millones de dólares a proveedores estadounidenses. En otras palabras: ni el “petróleo somos todos” alcanza para pagar las facturas.
El USTR, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, lo puso por escrito en su Reporte Nacional 2026, un documento que se suponía técnico pero terminó sonando a reclamo de cobranza internacional. Según el informe, durante los últimos dos años las empresas gringas del sector petrolero han tenido que ver cómo sus cuentas por cobrar envejecen más rápido que la refinería de Dos Bocas. Y al cierre de 2025, el adeudo acumulado ya superaba los 2 mil 500 millones de dólares. Ni siquiera los amigos del norte están exentos del “espérame tantito, jefe, la próxima semana te deposito”.
Lo más irónico es que Pemex reconoció sus deudas, pero lo hizo como quien presume que ya bajó unos kilos: anunció que sus compromisos totales con proveedores se redujeron un “notable” 14%, pasando de 28 mil a 24 mil millones de dólares. Una dieta de austeridad… a base de impago.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Consejo de Fuerza Laboral y Tecnología Energética (EWTC) lleva meses mandando cartas a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pidiendo que al menos alguien conteste el teléfono. México, fiel a la tradición, optó por la estrategia diplomática del silencio administrativo.
El reporte del USTR aprovecha para recordar que todo empezó con la contrarreforma energética de 2025, esa que regresó el tablero a manos de Pemex y la CFE, dejando al sector privado mirando desde la banca. Dice Washington que eso suena mucho a “discriminación contra empresas estadounidenses”, pero —en un gesto de paciencia o cálculo político— todavía no activa el panel de arbitraje bajo el T-MEC.
En resumen: el gobierno mexicano presume soberanía energética mientras Pemex colecciona deudas y quejas internacionales. Y del otro lado, Trump prepara su discurso sobre “los malos vecinos que ni pagan sus cuentas”.
