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martes, 17 de noviembre de 2026

«NARCO CALDERONI y su COMPADRE: NADA CAMBIO el ARRESTO del JEFE de JEFES y NADA la MUERTE de FUNDADOR del INFIERNO»…ya tenemos muchas sucursales del horror.


Félix Gallardo era el jefe de aquella pandilla de malandros que acabaría haciendo de México un infierno: el Chapo, el Mayo, los Arellano… Antes de repartirse el país a balazos, todos cabían bajo el mismo techo criminal. Luego cada quien puso su propia sucursal del horror.

Tal vez una nueva era de México comenzó a finales de 1992, cuando el Chapo Guzmán se enteró de que los jefes del Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, llevaban tres noches de farra en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta. La fiesta tenía protección de lujo: la custodia del comandante de la Policía Judicial Adolfo Mondragón Aguirre. Para que nadie confundiera aquello con una celebración desamparada por la autoridad.

Esa noche, el Chapo decidió cobrar el atentado que los Arellano le habían montado un mes antes. Mandó un camión Dina hasta las puertas de la discoteca. De la caja metálica bajaron cincuenta hombres con chalecos tácticos, armas largas y credenciales de la Policía Judicial: una comitiva con todo lo necesario para matar y, de paso, ostentarse como autoridad. Ahí murió Armando Portillo, encargado del ataque contra Guzmán en el Periférico de Guadalajara.

En ocho minutos, los atacantes dejaron alrededor de mil casquillos. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon por los ductos del baño. A su escolta le tocó la parte menos elegante de la retirada: quedarse bajo la metralla mientras los patrones encontraban la salida.

Una operación de esa naturaleza todavía parecía excepcional. Después vendría la costumbre. Apenas un año más tarde, en diciembre de 1993, los Arellano fueron a cazar a Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, al restaurante de mariscos Ochoa Bali Hai, en la avenida de los Insurgentes de la Ciudad de México. Carrillo comía con su familia. Para entonces, las cuentas del negocio ya se cobraban donde encontraran al deudor, acompañado de quien estuviera.

Pero la mecha de ese México se había encendido en abril de 1989, cuatro meses después de la llegada de Carlos Salinas de Gortari al poder. Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en su casa de Guadalajara por su propio amigo y compadre, Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal y subdirector antinarcóticos. La escena tenía su refinamiento: el compadre llegaba a poner las esposas.

Félix Gallardo era el jefe de todos aquellos malandros cuyos nombres terminarían convertidos en capítulos de la desgracia nacional: el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Arellano Félix, Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Héctor, el Güero Palma. Una nómina criminal que todavía no se había despedazado por completo.

Concentraba el poder de lo que se llamó Cártel de Guadalajara, una organización de matriz sinaloense. Y semejante concentración no funcionaba por generación espontánea: operaba con la protección de la Dirección Federal de Seguridad, a través del comandante Rafael Aguilar Guajardo, y de la Policía Judicial Federal, por conducto de Guillermo González Calderoni. El negocio tenía capos, pero también sus correspondientes apoyos institucionales.

Salinas de Gortari buscó aliviar la presión de Estados Unidos tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, crimen por el que fueron condenados Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, y ordenó la captura de Félix Gallardo. Había que entregar una cabeza suficientemente grande para intentar bajar la temperatura de Washington.

Al parecer, fue el periodista Jesús Blancornelas quien contó primero aquella ocasión en que Félix Gallardo, ya preso, le ordenó a Juan José Esparragoza, el Azul, reunir a los capitanes del Cártel de Guadalajara para repartirse las rutas del tráfico de drogas. Los comandantes de la Policía Federal llamaban “plazas” a los sitios donde tenían sus delegaciones. Esas “plazas” se vendían al mejor postor. El vocabulario administrativo le venía de maravilla al negocio: daba una apariencia de orden a la subasta de la protección policial.

Tres años después del reparto ya se estaban matando entre ellos; el Christine y, más adelante, el Bali Hai exhibieron en qué había terminado el arreglo. Las rutas se repartieron; la paz, no. Comenzó una espiral que no ha cesado y una violencia que los hijos y familiares de aquellos capos heredaron junto con los apellidos, los enemigos y las cuentas pendientes.

Del otro lado de la pinza estaba González Calderoni, antecedente de tantos otros González Calderoni de los últimos treinta o cuarenta años. Según las acusaciones que marcaron su trayectoria, trabajó con unos y con otros, cobró donde pudo y acabó volviéndose contra sus antiguos aliados. El uniforme cambiaba de función según el cliente y la circunstancia.

En 1991 encabezaba una representación de la Policía Judicial en Texas y servía de enlace entre México y Estados Unidos. Se le acusó de recibir un millón de dólares de Amado Carrillo y otro del Chapo Guzmán. Un día lo aplaudían como “superpolicía”; al siguiente le salían los trapos sucios. La mugre no había aparecido de pronto: lo que se había acabado era la discreción.

Al final, Jorge Carpizo lo echó de la PGR. González Calderoni se refugió en Texas y comenzó a colaborar con la DEA, aunque quedaba la duda de si esa relación venía de antes.

El desenlace llegó el 5 de febrero de 2003, cuando lo asesinaron de un disparo en la cabeza al salir de un despacho en McAllen. El antiguo enlace entre dos países terminó abatido a las puertas del despacho de su abogado.

La muerte de Félix Gallardo, ocurrida el 15 de noviembre de 2026, no clausura aquella historia. Apenas recuerda que, desde la era que ayudó a construir, han cambiado los nombres, los herederos y los membretes. El mecanismo de fondo —protección, negocio, traición y sangre— sigue siendo demasiado reconocible. Se murió el jefe; la franquicia del infierno no bajó la cortina.

Con informacion: HECTOR DE MAULEÓN/ELUNIVERSAL+/

“NO se HAGAN BOLAS: ENÉSIMA FILTRACIÓN APUNTA a TALLER de CARNAL del COMANDANTE MONO, JEFE de PLAZA del CDG en REYNOSA”… Ellos crecen, las fortunas crecen, pero ni Américo ni la autoridad los ven.


Desde 2021, la Guardia Nacional identifica al ex-militar Carlos Humberto Acuña de los Santos, alias «El Comandante Mono», como objetivo prioritario y jefe de plaza del Cartel del Golfo en Reynosa, bajo el respaldo de César Morfín Morfín, alias «Primito».

Pero el capo, multiseñalado por ordenar levantones, extorsiones, secuestros y asesinatos, ha mantenido un perfil más bajo que sus protagónicos lugartenientes. Entre ellos el también exmilitar Mario Guitián Rosas, alias «La Chispa», a quien se vincula una y otra vez con el gobernador morenista Américo Villarreal Anaya.

En este contexto, es que cobra especial reelevancia una segunda filtracion.

La primera apuntó a presunto operador delictivo cuyas capacidades tecnológicas estarían «cuerpeando» a los carnales Morfín, actuales mandos del Cártel del Golfo a control remoto desde Jalisco.

La nueva delacion pone sobre la mesa algo bastante más terrenal: un taller, un sujeto identificado como «Alan» y una fotografía filtrada con referencia al establecimiento y su ubicacion.

Todo acompañado de un recado para las autoridades: que dejen de hacerse bolas y vayan a mirar. El comentario anónimo atribuye el negocio al «Comandante Mono» y asegura que lo administra su hermano.

«Vayan a echarle una vuelta al taller del comandante Mono, que su carnal Alan administra», escribió el informante el día de hoy en una de nuestras páginas, donde apreciamos e incentivamos el aporte, mencionando las calles Río Álamo y Río Conchos de la colonia Longoria, en Reynosa.

El mensaje remata preguntando al administrador de este sitio dónde puede enviar una fotografía, que finalmente envió. Y aunque no aporta documentos de propiedad, registros comerciales ni elementos que permitan comprobar el parentesco, sí ofrece un señalamiento concreto que tendría que investigarse, no una sentencia lista para publicarse como verdad judicial. Es una delación en redes, de esas que tanto contribuyen a desbaratar otras redes: las delincuenciales y las institucionales que los protegen.

La imagen proporcionada muestra un establecimiento con el rótulo «Mecánica y Detalle Express». Es una referencia visual del negocio señalado, pero la fachada no dice quién es el dueño, quién lo administra ni de dónde sale el dinero, mero saldo de convertir a los reynosenses en cajero automático del Cártel del Golfo en Reynosa.

Pero la fotografía puede ayudar a identificar el inmueble y, aunque no convierta por sí sola un taller en patrimonio criminal, es por demás útil para investigar cómo lava dinero el crimen organizado o que papel tactico juega el establecimiento en la organizacion criminal.

EL «MONO»: UNA IDENTIDAD ATRIBUIDA Y DOS REGISTROS QUE NO TERMINAN DE CUADRAR

Pero el nombre detrás del apodo del jefe de la plaza requiere tanta revisión como el negocio.

Una ficha atribuida a la Guardia Nacional identifica a Carlos Humberto Acuña de los Santos como «Cmte. Mono» y/o «M36», y lo señala como encargado de la plaza de Reynosa para la facción de Los Metros del Cártel del Golfo.

La misma ficha consigna que ingresó al Ejército el 1 de agosto de 2007, que perteneció al 77.º Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Victoria, y que desertó el 19 de mayo de 2014, cuando ostentaba el grado de cabo.

Pero otra captura, correspondiente a un registro de personas desaparecidas de Veracruz, en la fecha de la consulta, presentaba a un hombre con el mismo nombre y fecha de extravío del 1 de junio de 2014: trece días después de la supuesta deserción. El registro carece de fotografía y anota, entre sus particularidades, un lunar en la mejilla.

UNA PISTA NO ES UNA PRUEBA; IGNORARLA TAMPOCO ES INVESTIGAR

Ese es el alcance real de la nueva delación: deja un nombre de pila, una referencia de ubicación y un señalamiento sobre la administración de un negocio y corresponde a las autoridades acreditarlo.

Su eventual valor estaría en lo que una investigación consiga corroborar: quién posee y opera el inmueble, si existe el parentesco alegado y si hay vínculos económicos comprobables con alguna estructura criminal. No en convertir un comentario anónimo en acta ministerial ni en condenar a quienes aparezcan cerca de la fachada.

Porque desarmar redes criminales desde las redes sociales no consiste en coleccionar apodos, capturas y fotografías para engordar el expediente del escándalo. Consiste en separar la infidencia del dato verificable y el dato verificable de la prueba.

El anónimo ya lanzó el «vayan a echarle una vuelta». Lo que falta no es otro comentario: es establecer si detrás del señalamiento hay una conexión real o solamente una acusación sin sustento.

Con información: Redes/ Medios/

«ESO es COMPLICIDAD: la GUARDIA NACIONAL DESTITUYE en VEZ de METER al BOTE a 17 de sus ELEMENTOS»… que falsearon documentos.


En un despliegue de magnanimidad institucional que raya en la complicidad, la Guardia Nacional ha decidido que falsificar documentos oficiales para portar un uniforme, un arma y ejercer la fuerza del Estado no es una afrenta al pacto social, sino una mera travesura burocrática. Destituir a 17 elementos por presentar certificados de estudios apócrifos y enviarlos a casa sin siquiera asomarlos por la barandilla del Ministerio Público es, en términos llanos, extenderles una carta de impunidad con sello oficial.

Desde la más elemental técnica jurídica —esa que parece haber sido archivada junto con los expedientes de estos exagentes—, la conducta desplegada encuadra con precisión quirúrgica en el tipo penal de falsificación de documentos y uso de documento falso, previsto y sancionado en los artículos 243, 244 y 246 del Código Penal Federal.

No estamos ante una omisión culposa ni un error de captura en recursos humanos; existe un dolo directo, manifiesto y consumado al momento en que el sujeto activo presenta un instrumento público o privado alterado a sabiendas de su falsedad para obtener un lucro indebido: en este caso, una plaza, un salario erogado del erario y la investidura de autoridad.

Reducir un delito perseguible de oficio a un simple procedimiento administrativo de separación del cargo —bajo el amparo de la Ley de la Guardia Nacional o la Ley General de Responsabilidades Administrativas— constituye una aberración dogmática.

El derecho administrativo sancionador y el derecho penal operan en esferas autónomas; la destitución no purga el ilícito penal ni extingue la acción persecutoria del Estado. Al omitir la vista obligatoria a la Fiscalía General de la República, los mandos administrativos no solo incumplen con el deber legal de denunciar hechos probablemente constitutivos de delito (como mandata el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales), sino que se colocan peligrosamente cerca del encubrimiento y el ejercicio ilícito del servicio público.

La lógica es elemental y la criminología la confirma a diario: conducta ilícita que no se persigue, se institucionaliza. Cuando el aparato estatal renuncia al ejercicio del ius puniendi frente a quienes pretendieron infiltrar sus filas mediante el engaño, envía un mensaje inequívoco al resto de la tropa y a los aspirantes: el costo máximo de defraudar a la Federación es perder el empleo, sin antecedentes penales, sin prisión y sin reparación del daño por los sueldos devengados ilícitamente.

Llamar «sanción» a un despido por falsificación documental es un insulto a la inteligencia jurídica. No hubo castigo; hubo un finiquito silencioso. Y en un país donde la legalidad pende de un hilo, solapar el delito desde adentro con el pretexto de la depuración administrativa es, sencillamente, pavimentar el camino para que el próximo falsificador lo intente con mayor descaro.

Con información: EL FINANCIERO/

«CORRUPTA con A: EXHIBEN la MUDANZA del CONTRATISMO de SECRETARIA del BIENESTAR de ARIADNA a MORENA»…la cuatita del «Guano».


La empresa Grupo Maferefun S.A. de C.V. ha sido contratista recurrente de la Secretaría de Bienestar, recibiendo al menos 21 contratos por 307 millones de pesos entre 2021 y 2026. Cinco días después de que Ariadna Montiel se convirtió en presidenta nacional de MORENA, Grupo Maferefun se registró como proveedora en el INE.

De acuerdo con documentos oficiales en posesión de MCCI, en junio de 2026 se estrenó como contratista de MORENA, obteniendo 11.4 millones de pesos de dinero público para la gestión del evento para el «Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional», realizado en el World Trade Center.

De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, el 22 de mayo de 2019 el corredor público número 15 de Córdoba, Veracruz, dio fe de la constitución legal de Grupo Maferefun S.A. de C.V. con un capital de 50 mil pesos, siendo Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez sus accionistas.

Dos de los 27 incisos con los objetos legales en los que esta empresa pensaba incursionar fueron la «planeación, organización, logística y ejecución de toda clase de eventos sociales, culturales, políticos y deportivos», así como «participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas a nivel nacional».

Su domicilio fiscal está en la calle de Braga 87, en la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa. Según su página de internet, se les puede encontrar en la Nave J82, Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX.

En una visita al lugar, no se identificaron señales de la empresa en cuestión, solo hay un negocio como cualquier otro que dice: «Casa Rodríguez. Piñas, sandías y papayas». No hay ninguna mención visible ni referencia de la empresa. Maferefún es una expresión popular en el yoruba del occidente africano que significa «alabado sea» o «bendición para».

Vista de la dirección de Grupo Maferefun S.A. de C.V. en la Nave J82 Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX

La primera vez que Grupo Maferefun fue afortunada, recibió un contrato con recursos públicos de la Secretaría de Bienestar. El 11 de junio de 2021, con una compra extraordinaria por la crisis de COVID-19, la Dirección General de Recursos Materiales (a cargo de Aideé Ángeles Arroyo) le otorgó una adjudicación directa por 4.5 millones de pesos para enviar servicios de «box lunch para los beneficiarios del programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en atención a población migrante en la frontera Sur 2021» en Chiapas. En el expediente de la adjudicación directa, los funcionarios de Bienestar declararon haber encontrado el sitio de internet de la compañía y la seleccionaron como la mejor alternativa, indicando que se trataba de una microempresa.

Cuatro meses después, el 21 de octubre de 2021, recibió otro contrato por 3 millones de pesos de la misma área y del mismo programa social, solo que ahora para llevarle «herramientas» a los migrantes, como palas, picos, rastrillos, guantes, sombreros de palma, contenedores de limpieza, trajes de apicultor y cazos de 190 litros.

Documento de la Secretaría de Bienestar donde justifican la adjudicación directa a Grupo Maferefun basada en que encontraron a la empresa en internet y la consideraron la mejor alternativa

El cargo público previo del que se tiene registro de Aideé Ángeles Arroyo, antes de llegar a la Secretaría de Bienestar, fue Gerente de Tesorería y Recaudación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del entonces Distrito Federal. Su jefa era Ariadna Montiel Reyes, que se desempeñó como Directora General de RTP durante el gobierno de Marcelo Ebrard. El 12 de enero de 2022, Andrés Manuel López Obrador promovió a Ariadna Montiel de la Subsecretaría a la titularidad del ramo de Bienestar.

Entre enero de 2022 y abril de 2026, periodo en que Ariadna Montiel fue Secretaria de Bienestar, la dependencia entregó a Grupo Maferefun otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos. Los conceptos fueron diversos, incluyendo abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), sillas y carpas para el programa Salud Casa por Casa o alimentos para eventos de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, se considera como microempresa a las compañías que tienen menos de 10 trabajadores y cuyo monto de ventas anuales es inferior a 4 millones de pesos. Tan solo con el primer contrato por 4.5 millones, Grupo Maferefun debería haber dejado de ser considerada como tal. A pesar de ello, todos los contratos del gobierno que ha recibido siempre ha sido declarada como microempresa, lo cual le da ventajas y privilegios exclusivos diseñados para favorecer a los pequeños proveedores.

Desde el 28 de abril de 2026, Leticia Ramírez es la nueva Secretaria de Bienestar. Hasta el momento, su administración le ha dado a Grupo Maferefun otros 6 contratos por 109 millones de pesos, incluyendo una adjudicación directa para proporcionar alimentos en reuniones de la Pensión de Adultos Mayores entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2026, contratación documentada por El Universal.

Grupo Maferefun ha recibido al menos 21 contratos por 307.5 millones de pesos por parte de la Secretaría de Bienestar. Igualmente, mediante herramientas del proyecto Tlacuilo, MCCI ha identificado al menos otros 8 contratos por 3.1 millones de pesos entregados por la Comisión Nacional del Agua, FONATUR, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En conjunto, se trata de 29 contratos públicos por 310.6 millones de pesos.

De contratista de la Secretaría de Bienestar a organizador de eventos de MORENA

El 29 de abril de 2026, Ariadna Montiel anunció su salida de la Secretaría de Bienestar y asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el 3 de mayo.

Tan solo 5 días después, el 8 de mayo de 2026, Grupo Maferefun S.A. de C.V. se dio de alta en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, lo cual es un requisito legal indispensable para cualquier proveedor que busque vender u ofertar sus servicios a los partidos políticos.

Registro de Grupo Maferefun como proveedor ante el INE de fecha 8 de mayo de 2026, 5 días después de la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia de MORENA.

El 17 de junio de 2026, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, presentó la Convocatoria para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en 17 entidades federativas. Se estableció que el registro de aspirantes se llevaría a cabo del 22 al 27 de junio, tanto en línea como de forma presencial, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La dirigencia nacional morenista anunció el evento diciendo que se trataba de un proceso interno para fortalecer los principios de la autodenominada Cuarta Transformación; sin embargo, el hecho de que ese fue el inicio del registro al proceso para definir a los «coordinadores» en las mismas entidades que el próximo año renovarán sus gubernaturas —y que varias de las personas aspirantes llevaban tiempo haciendo promoción personalizada en sus respectivas entidades—, indica que estamos ante hechos que podrían ser considerados actos anticipados de precampaña, que se encuentran prohibidos por la ley. En teoría, el periodo de precampaña inicia legalmente hasta enero de 2027.

Aún frente a una clara ilegalidad y violación a las reglas electorales, el registro de las personas aspirantes a las Coordinaciones Estatales se llevó a cabo en el Salón Maya del World Trade Center los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. En estos cinco días de actividades, se registraron de manera presencial 123 personas, entre los cuales se encontraron senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios federales y estatales (todos con licencia), militantes del partido y ciudadanos.

De acuerdo con diversos documentos oficiales en posesión de MCCI, los cinco días del evento de registro de los virtuales precandidatos en el World Trade Center tuvieron un costo para el erario de $11,431,979.80 pesos, a razón de 2.2 millones de pesos por día.

En la solicitud de pago emitida por MORENA, el 14 de agosto de 2026, puede identificarse el trámite para entregar 11.4 millones de pesos por la «Gestión de Evento, Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, del 22 al 27 de Junio de 2026» a favor de la empresa con número 202605081094927 en el Registro de Proveedores del INE: Grupo Maferefun.

Solicitud de pago de MORENA por 11.4 millones en favor de Grupo Maferefun para el evento de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales como precandidatos no oficiales.

En la documentación obtenida por MCCI se identifica a Alfredo Nader Mena, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del CEN de MORENA (y quien también firmó como apoderado legal de MORENA en la investigación de MCCI sobre más de 252 mil pagos dispersadas a través de FINABIEN, antes Telecomm Telégrafos), como la persona que autorizó el pago a Grupo Maferefun. La realización del pago correspondió a Óscar del Cueto García, Secretario de Finanzas del partido. Todas las gestiones para procesar y realizar el pago, así como registrarlo en las plataformas oficiales del Estado, fueron realizadas el 14 de agosto de 2026.

Grupo Maferefun brindó a MORENA un servicio de gestión de eventos, lo cual implicó que la empresa que antes proveía alimentos a la Secretaría de Bienestar ahora fuera la intermediaria del partido con el WTC para encargarse de la organización del evento en los salones «Maya», «Petén», «Tajín» y «Palenque», así como del mobiliario, equipo de sonido, luz y hasta la conducción con un maestro de ceremonias, de acuerdo a lo que se desglosa en el Anexo Técnico de la contratación pública por un subtotal de 9.9 millones de pesos y 1.5 millones de IVA, sumando los 11.4 millones de pesos de la contratación pública.

En conferencia de prensa desde la sede nacional de MORENA en Liverpool 3 (inmueble sobre cuyo origen, compra y valor reportado tenemos investigaciones previas en MCCI), Ariadna Montiel fue cuestionada el 18 de agosto por el origen del dinero y el costo de las «asambleas informativas» que se realizaron en las entidades federativas y eventos del proceso de definición de los coordinadores estatales. La presidenta de MORENA señaló que el partido se hacía cargo de los materiales de los eventos, junto con los comités ejecutivos estatales, y que el dinero que se gasta en ellos es «una inversión».

Hoy sabemos que parte de esa «inversión» se realizó de la mano con Grupo Maferefun, una empresa que Ariadna Montiel conoce muy bien desde la Secretaría de Bienestar y que ahora es proveedora de MORENA, justo a tiempo antes de las elecciones de 2027. En total, entre contratos del gobierno federal y de partidos políticos, tenemos identificados al menos 322 millones de pesos de recursos públicos que han terminado en esta empresa que opera desde la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Nota: las autoras agradecen a Santiago Botero Sierra por el análisis y procesamiento de datos de los contratos públicos federales de esta investigación.

Con informacion: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD/

«MASACRARON al PADRE y su FAMILIA: DIANA de 7,JOSUE de 17 y RAUL de 12 FUERON ACRIBILLADOS con RIFLES de ASALTO en GALENA»…regresaban de un festejo.


 En México, hasta volver de un baile puede convertirse en una carrera para salvar la vida. En Galeana, Nuevo León, una familia terminó bajo las balas: José Raúl, de 35 años, y dos de sus hijos, Diana, de apenas siete, y Josué, de 17, fueron asesinados. Otro hijo, Raúl, de 12 años, sobrevivió con heridas de bala en las piernas. Tres muertos y un niño herido. Así de brutal; sin el maquillaje del lenguaje burocrático.

De acuerdo con el relato periodístico proporcionado, la familia, procedente de Ramos Arizpe, Coahuila, había acudido al baile por el 257 aniversario del ejido San Rafael. Después del festejo se dirigía a casa de un familiar en Boca del Refugio. Iban en una Chevrolet Tahoe negra cuando hombres armados, que viajaban en tres camionetas, les cerraron el paso y comenzaron a disparar con armas largas.

Venían de una celebración. Acabaron buscando dónde esconderse de los asesinos.

Según esa reconstrucción, intentaron refugiarse en casa de un amigo. Aceleraron, llegaron al inmueble y bajaron corriendo. El padre cayó sin vida en la entrada; su esposa consiguió entrar con el hijo herido en brazos. Los agresores siguieron disparando contra la fachada. Los habitantes de la vivienda escaparon por una ventana trasera.

Ni siquiera alcanzar una casa bastó para dejar atrás las balas.

Los reportes consultados coinciden en el asesinato del padre y sus dos hijos, así como en las lesiones del menor sobreviviente, aunque presentan diferencias sobre la hora y la secuencia precisa de la agresión.

LOS PORCENTAJES NO SON UN CHALECO ANTIBALAS

Días antes, el Gobierno federal había presumido una reducción del 50 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al comparar septiembre de 2024 con octubre de 2026.

Una disminución estadística que no coincide con la realidad

Diana tenía siete años. Josué, 17. Su padre, 35. No eran porcentajes mal acomodados en una gráfica: eran tres integrantes de una familia a quienes les arrebataron la vida. Y quedó otro niño herido, con su padre y dos hermanos asesinados.

Ese es el México de siempre que esta matanza vuelve a exhibir: el que obliga a contar una celebración familiar con vocabulario de guerra; el que convierte una camioneta en blanco y una vivienda en refugio insuficiente.

Hasta los reportes publicados el 16 de noviembre, no se había informado oficialmente de detenciones ni se habían esclarecido las circunstancias precisas del ataque. Ahí está la exigencia concreta: identificar a los responsables, detenerlos y llevarlos ante un juez. No sustituir esas obligaciones con condolencias de trámite.

Porque a una familia destrozada no se le responde con una gráfica. Se le debe justicia.

Con informacion: ELNORTE/