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sábado, 10 de octubre de 2026

EL “CALENDARIO de la MUERTE: SI se MANTIENE la MATAZÓN DIARIA de CADA DÍA, SHEINBAUM podría TERMINAR el SEXENIO con 140 MIL CADÁVERES”… y así sumaría con AMLO más de 340 mil.


Si se mantienen los 63 homicidios diarios que muestra el gráfico de la Guerra en Numeros de TResearch, el sexenio de Claudia Sheinbaum terminaría con aproximadamente 138,282 víctimas: las 46,743 ya contabilizadas más otras 91,539 durante los 1,453 días restantes. No es una predicción inevitable: es una proyección aritmética que supone si el promedio no mejora ni empeora. 

El calendario de la muerte

Tomando como corte el 9 de octubre de 2026, fecha de la publicación mas reciente, han transcurrido 738 días desde el inicio de la administración. 

El mandato constitucional comprende del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030: 2,191 días en total. Los 738 días transcurridos y los 1,453 restantes que presenta el gráfico encajan con ese calendario, contando hasta el comienzo del 9 de octubre.

ConceptoDesmenuce
Días transcurridos al corte738
Parte del sexenio transcurrida33.7%
Días restantes según el gráfico1,453
Homicidios acumulados46,743
Promedio diario mostrado63
Víctimas adicionales si se mantiene ese promedio91,539
Total proyectado al terminar el mandato138,282

Los datos de partida proceden de la imagen; los porcentajes y las proyecciones son cálculos derivados de ellos. 

La lectura más dura es esta: apenas ha transcurrido un tercio del mandato, pero, bajo ese supuesto, todavía quedarían por registrarse casi dos víctimas adicionales por cada una ya contabilizada. No porque el futuro esté escrito, sino porque faltan casi dos tercios del calendario.

El redondeo también cuenta

El promedio de 63 que muestra el gráfico está redondeado. Dividir 46,743 entre 738 días arroja aproximadamente 63.34 homicidios diarios. Si se mantiene ese promedio sin redondear durante los 1,453 días restantes, la proyección subiría a unas 138,772 víctimas: alrededor de 490 más que usando exactamente 63. 

“Al ritmo acumulado que presenta el gráfico, el sexenio se encamina aritméticamente hacia unos 138 mil a 139 mil homicidios, si ese promedio permanece constante”. 

La muerte puesta en el reloj

A 63 homicidios diarios, las equivalencias son:

Unidad de tiempoEquivalencia
Una hora2.6 víctimas
Un homicidio, en promedioCada 22 minutos y 51 segundos
Una semana441 víctimas
Un mes de 30 días1,890 víctimas
Un año de 365 días22,995 víctimas

Son equivalencias del promedio del gráfico, no una descripción de cómo se distribuyen realmente los hechos: la violencia no ocurre a intervalos regulares. 

Dicho sin anestesia: el reloj estadístico no alcanza a completar 23 minutos antes de sumar otra víctima. Mientras una conferencia discute porcentajes, ese promedio equivale a más de dos vidas perdidas por hora. 

Menos homicidios no significa, por sí solo, pacificación

El propio gráfico permite una comparación incómoda, pero debe hacerse completa: el total proyectado de 138,282 quedaría por debajo de los 202,336 que se atribuye a López Obrador y de los 156,066 que atribuye a Peña Nieto; sin embargo, superaría los 120,463 que atribuye a Calderón. 

Frente al total de AMLO, representaría aproximadamente 31.7% menos. Esa comparación utiliza las cifras de la imagen, sin certificar aquí la homogeneidad de sus series históricas. 

Ahí está la distinción editorial: una disminución puede ser real y, al mismo tiempo, dejar una carga de violencia enorme. “Menos que antes” es una comparación; “pacificación” es una conclusión mucho más amplia.

Además, los 63 diarios son el promedio acumulado, no necesariamente el ritmo más reciente. Los 53 de “ayer” corresponden a una sola jornada y no bastan para establecer una tendencia. Como contraste puramente matemático, mantener 53 diarios durante los mismos 1,453 días daría un cierre de 123,752 víctimas; eso muestra cuánto depende el resultado del promedio elegido, no que ese escenario vaya a cumplirse.

Analogías para dibujar la crisis

Estas imágenes retóricas se construyen sobre las equivalencias del gráfico; no describen sucesos adicionales ni víctimas distintas.

  • El reloj funerario. “Un homicidio cada 23 minutos: el segundero avanza, el contador engorda y una familia se queda sin alguien”.
  • El autobús que nunca llega. “Con un autobús imaginario de 63 asientos, el promedio equivale a perder a todos sus ocupantes cada día. Mañana aparece otro; pasado mañana, otro más”.
  • La escuela vaciada. “En una semana, 441 víctimas: el equivalente numérico a una escuela de ese tamaño que se queda sin nadie. No son necesariamente estudiantes; la comparación sirve para devolverle dimensión humana a la cifra”.
  • El estadio del duelo. “Las 46,743 víctimas acumuladas equivalen a llenar un estadio imaginario de ese aforo. Si el ritmo permanece, todavía faltarían casi otros dos estadios iguales”.
  • El incendio administrado. “Que el fuego consuma menos que antes puede ser una mejora. Pero si sigue cobrando 63 vidas al día, no está apagado: sigue ardiendo”.
  • La contabilidad contra la vida. “Una gráfica puede bajar y el cementerio seguir creciendo. El descenso mide una diferencia; las familias entierran una ausencia”.

El gráfico atribuido a TResearch pone el horror en horario: 46,743 homicidios en 738 días de gobierno y un promedio redondeado de 63 víctimas diarias. Traducido al reloj, equivale a una vida perdida cada 22 minutos y 51 segundos. No es que la violencia tenga puntualidad; es que el promedio ya permite medirla con cronómetro. 

Quedan 1,453 días del sexenio. Si esa terca realidad mantiene el mismo ritmo, se sumarían otras 91,539 víctimas y el conteo cerraría en aproximadamente 138,282. Apenas ha pasado un tercio del mandato; bajo esa hipótesis, todavía faltarían casi dos muertos futuros por cada víctima ya registrada. No es una profecía: es la multiplicación de un promedio que no cambia. 

El gobierno podría terminar con menos homicidios que los contabilizados en administraciones anteriores y, aun así, dejar un saldo devastador. Ambas cosas caben en la misma frase. El error es confundir una comparación favorable con una paz consumada.

Porque una gráfica puede descender mientras las tumbas aumentan. Y si el reloj sigue agregando una víctima cada 23 minutos, la palabra “pacificación” necesita mucho más que una flecha hacia abajo. 

TResearch señala que sistematiza reportes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es esta la base del cálculo: no una auditoría independiente de sus 46,743 víctimas. 

El resultado es una “proyección valida del promedio constante”, no una cifra oficial futura. El acumulado, por sí solo, tampoco permite identificar responsables individuales ni medir todas las dimensiones de la seguridad. 

Con información: TRESEARCH/

EL "PALACIO en GUERRA": una PRESIDENTA, DOS MANDOS y DEMASIADOS CONSPIRADORES"... soberanía de bandera y parapeto

En la mesa de Círculo Magenta, los periodistas ALEJANDRO FUENTES, GREGORIO MARTÍNEZ, RODRIGO CARVAJAL y RAMÓN ALBERTO GARZA plantean una lectura incómoda: Claudia Sheinbaum ocupa la Presidencia, pero Andrés Manuel López Obrador todavía quiere administrar el control remoto desde Palenque. Y cuando la cooperación con Estados Unidos amenaza con tocar intereses del obradorismo, la soberanía sirve de bandera… y, según los analistas, también de parapeto.

El pleito, sostienen, no es solamente con Washington: es dentro de casa. Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla aparecen como los operadores de una colaboración que produce resultados, pero incomoda a quienes preferirían que las investigaciones no llegaran demasiado cerca del llamado Grupo Tabasco.

Harfuch: que capture, pero que no salpique

RODRIGO CARVAJAL pone el dedo en la contradicción: el gobierno necesita cooperación estadounidense en seguridad, comercio y economía, mientras una parte del movimiento interpreta esa cercanía como una deslealtad. En esa lógica, Harfuch resulta útil cuando detiene delincuentes y peligroso cuando su trabajo amenaza con rozar intereses políticos.

GREGORIO MARTÍNEZ lleva el dilema al centro de la mesa: ¿qué ocurrirá si las investigaciones alcanzan a personajes del propio oficialismo? La pregunta exhibe el límite que los comentaristas ven en el discurso gubernamental: combatir al crimen, sí; incomodar a los compañeros de proyecto, ya veremos.

Palenque quiere seguir repartiendo las invitaciones

ALEJANDRO FUENTES resume la tensión con la metáfora de una carne asada: Sheinbaum parece anfitriona, pero el dueño todavía decide desde Palenque quién entra y quién se queda afuera. Gobernar así significa pedir resultados a un equipo y explicaciones al otro.

La mesa también interpreta los movimientos del Partido Verde alrededor de Harfuch como una apuesta sucesoria, mientras el Partido del Trabajo endurece su discurso contra la influencia estadounidense. Mucha unidad de fotografía; bastante pleito por debajo del mantel.

El diagnóstico de los periodistas es una Presidencia atrapada entre cooperación operativa y lealtad política. Su advertencia: si Sheinbaum no define quién manda, cada detención puede convertirse en una bronca interna y cada acercamiento con Washington, en un examen de obediencia a Palenque.

Con información: CODIGO MAGENTA/

“BANCO FORENSE LLEGÓ al JUZGADO: JUEZA FEDERAL ADMITE DEMANDA de AMPARO de MADRES BUSCADORAS vs. FGR y FISCALÍAS”… quieren que las bases de datos funcionen.


Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil, dos madres que buscan a sus hijos desaparecidos, presentaron una demanda de amparo contra la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y contra los 32 fiscales estatales del país.

El reclamo apunta a la falta de interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses, lo que retrasa la identificación de restos humanos en todo México.

El amparo se presentó el 7 de octubre de 2026 ante un Juzgado de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito. Las quejosas acusan que hasta esa fecha no existe información pública sobre el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses y que su portal digital permanece inactivo.

El juzgado abrió la puerta para tramitar la demanda por las presuntas omisiones en la operación y conexión del Banco Nacional de Datos Forenses. Aunque no es lo mismo «vamos a estudiar su reclamo» que «tienen razón y ordenamos corregirlo». 

¿Qué se está reclamando? Que el banco funcione y que las bases se hablen

El expediente se registra como amparo indirecto 1066/2026-VI, mediante un acuerdo fechado el 8 de octubre de 2026, en Ciudad de México. La primera página identifica a Carlos Escobedo Suárez como promovente por propio derecho y en representación de Margarita López Pérez y Brenda María Valenzuela Gil. 

El reclamo tiene dos ejes:

  • La omisión de garantizar la adecuada operación del Banco Nacional de Datos Forenses, incluida la interconexión en tiempo real de todas las entidades federativas.
  • La omisión de garantizar que las bases institucionales de la Ciudad de México y de los demás estados estén interconectadas, también en tiempo real, con ese banco nacional. 

En lenguaje de banqueta: la demanda no pide que el banco luzca bonito en el organigrama. Reclama que funcione y que la información no se quede encerrada en compartimentos estatales. 

«Autoridad responsable» no significa «culpable»

La tabla visible señala como autoridades responsables a titulares de la Fiscalía General de la República y de áreas especializadas en derechos humanos y desaparición, además de autoridades de fiscalías estatales. Entre los nombres que aparecen están Ernestina Godoy Ramos, Mariana Díaz Figueroa y Adriana Lizárraga González; el fragmento también individualiza autoridades de Aguascalientes. Así las identifica el documento: no estamos verificando aquí sus nombramientos por una fuente independiente. 

«Autoridad responsable» es una etiqueta procesal, no una condena anticipada. Designa a la autoridad a la que se atribuye el acto o la omisión y que debe responder dentro del juicio. La Ley de Amparo prevé que en su informe justificado exponga las razones y fundamentos para defender la constitucionalidad o legalidad de su actuación, o plantear la improcedencia del juicio, acompañando las constancias correspondientes. 

Dicho sin toga: aparecer en la tabla no equivale a salir condenado. Equivale a quedar señalado en el litigio y tener que dar una respuesta jurídica, no solamente una declaración para la prensa.

El juzgado delimita el pleito, pero no lo congela en una tabla

El acuerdo cita criterios judiciales para establecer que la demanda debe leerse íntegramente y que, al precisar los actos reclamados, debe atenderse a lo que quiso expresar la parte quejosa, no únicamente a una frase aislada. Después distribuye los reclamos entre las autoridades señaladas e indica que la litis —la controversia concreta que habrá de resolver el juzgado— se fijará al dictar sentencia, cuando se cuente con todas las constancias.

¿Qué efectos tiene la admisión? Arranca el juicio; no se ejecuta una victoria

La determinación que aparece expresamente es: «se admite a trámite la demanda de amparo». Ese es el efecto procesal confirmado por las imágenes. 

En términos de la Ley de Amparo, la admisión da paso a la sustanciación: señalar audiencia constitucional, pedir informes justificados a las autoridades responsables, ordenar el traslado a la persona tercera interesada y, cuando corresponda, tramitar el incidente de suspensión. Las imágenes aportadas no permiten identificar la fecha de audiencia ni los requerimientos concretos contenidos en el resto de este acuerdo. 

  • Admitir: abrir el juicio para tramitar y examinar el reclamo.
  • Conceder el amparo: resolver favorablemente la pretensión mediante una sentencia.
  • Otorgar una suspensión: dictar una medida cautelar, con efectos específicos, mientras se resuelve el litigio. 

La suspensión de plano

El acuerdo abre un apartado llamado «Improcedencia de la suspensión de plano» y transcribe el artículo 126 de la Ley de Amparo. Ese precepto contempla una protección inmediata, de oficio y de plano, para determinados actos especialmente graves, entre ellos peligro de privación de la vida, incomunicación y desaparición forzada de personas.

La lectura política, sin disfrazarla de sentencia

La relevancia del acuerdo está en que abre un proceso judicial para examinar un reclamo sobre la operación nacional del sistema forense y la conexión de las bases de datos. No se trata únicamente de mencionar una carencia tecnológica: la demanda atribuye omisiones concretas a autoridades federales y estatales, y el juzgado las organiza para su examen dentro del juicio. 

Ahí está el filo: el litigio coloca sobre la mesa judicial la diferencia entre tener un banco nacional de datos y garantizar su funcionamiento e interconexión. Pero la responsabilidad jurídica, la existencia de las omisiones y las medidas que eventualmente deban adoptarse siguen pendientes de resolución en las páginas exhibidas. 

Con información: @Redes/ INFOBAE/

“SOBERANÍA ENERGÉTICA de MÉXICO EXHIBE MUCHO PECHO, POCA RESERVA y la LLAVE del OTRO LADO… del lado de TRUMP”.


La soberanía energética mexicana tiene un detalle incómodo: buena parte del combustible que mantiene encendido al país viene de Estados Unidos. México depende de ese vecino para aproximadamente 75% del gas natural que consume, mientras que entre 60% y 62% de su electricidad se genera con ese combustible. En términos llanos: presumimos independencia, pero una parte decisiva de nuestra capacidad para prender la luz depende de que el vecino siga despachando gas. La bandera es mexicana; la vulnerabilidad cruza la frontera. 

No es que importar gas sea, por sí mismo, una estupidez. La estupidez sería confundir una compra conveniente con una garantía eterna de abastecimiento. El gas barato puede ser una ventaja económica; depender de un proveedor dominante sin suficiente capacidad de respuesta convierte esa ventaja en una fragilidadestratégica.

El aviso llegó; falta ver si también llegó la vergüenza

El 7 de octubre, Cuitláhuac García Jiménez, director del Centro Nacional de Control del Gas Natural —Cenagas—, reconoció que una reducción cercana a la quinta parte del suministro importado había representado un “golpe fuerte”. Según su explicación, la coordinación entre Pemex, CFE, Cenagas y otras autoridades permitió enfrentar el episodio sin afectar a los usuarios. Esta vez se sorteó la contingencia. Eso no equivale a haber eliminado el riesgo.

Cenagas precisó que hubo mantenimiento programado en infraestructura de Texas y, adicionalmente, un incidente en una estación de compresión. Otros puntos de importación permanecieron operativos.

Fue una interrupción técnica y parcial, no un embargo político. Precisamente por eso resulta reveladora: para poner al sistema bajo presión ni siquiera hizo falta una pelea entre presidentes. Bastaron problemas en la infraestructura del proveedor.

La confesión más incómoda vino después: “No tenemos almacenamiento”, dijo el director de Cenagas, antes de señalar que, mediante estrategias operativas, México podría disponer de un margen de hasta tres días ante un corte del gas importado. Ojo con el maquillaje: no anunció una reserva estratégica nacional, almacenada y garantizada para 72 horas. Habló de capacidad de respuesta mediante maniobras cuyo detalle no presentó. Una cosa es tener provisiones en la despensa; otra, calcular cuánto se puede estirar lo que queda. 

Traducido al español de la calle

Por cada 100 unidades de gas que México consume, alrededor de 75 llegan de Estados Unidos. Si ese suministro desapareciera por completo y no hubiera reemplazo, faltarían aproximadamente tres cuartas partes del combustible disponible. No de toda la energía del país: del gas natural. La distinción importa porque exagerar las cifras debilita una crítica que ya es suficientemente grave. 

Y el gas no sirve solamente para encender estufas: alimenta centrales eléctricas y procesos industriales. Por eso, una interrupción prolongada puede obligar a repartir la escasez entre generación eléctrica, industria y otros consumidores. El problema no sería únicamente pagar más: sería decidir quién sigue operando y quién tiene que reducir actividad. 

Esta dependencia tampoco nació ayer. La Administración de Información Energética de Estados Unidos documentó que las importaciones por gasoducto pasaron de representar 40% del suministro mexicano de gas en junio de 2015 a 76% en junio de 2021. 

La infraestructura para traer combustible creció; con ella creció también la exposición al abastecimiento externo. La tubería hizo más cómodo el negocio, no más independiente al país. 

Si Trump cerrara la llave: las cuentas, sin vender humo

Un cierre político total es un escenario hipotético, no lo que ocurrió recientemente. Con la información disponible tampoco puede asignársele una probabilidad seria ni calcularse una pérdida económica exacta.

Lo que sí puede hacerse es dimensionar la exposición usando las cifras del texto: 75% de dependencia del gas estadounidense y 60% de generación eléctrica basada en gas. 

Recorte del gas procedente de Estados UnidosGas que faltaría respecto del consumo nacional totalEquivalente eléctrico expuesto en un reparto proporcional hipotético
20%15%9% de la generación total
50%37.5%22.5% de la generación total
100%75%45% de la generación total

Son cálculos propios sobre esas proporciones: dependencia importada × recorte; después, ese resultado × participación del gas en la generación eléctrica. 

La advertencia fundamental: esos porcentajes eléctricos no son un pronóstico de apagones. El 45% no significa que automáticamente se apagaría 45% de México. Es una aproximación de exposición bajo supuestos simplificados: reparto proporcional del gas restante, ausencia de sustitución y una relación constante entre combustible y generación.

En la realidad, el resultado dependería de cuánto gas se destine prioritariamente a las centrales, qué otras plantas puedan generar, dónde estén los cuellos de botella y cuánto consumo pueda reducirse. Proteger la electricidad podría trasladar una parte mayor del golpe a la industria. El déficit no desaparece porque se cambie de destinatario.

Además, el recorte reciente afectó infraestructura y puntos concretos de importación; no debe tratarse automáticamente como una caída uniforme de 20% de todas las compras nacionales. La primera fila es un escenario ilustrativo de alcance nacional, no una medición de lo que efectivamente ocurrió. 

El peligro no empieza mágicamente en la hora 73

El margen de “hasta tres días” comunicado por Cenagas no permite afirmar que todo funcionaría normalmente durante 72 horas y después vendría un apagón general. No es una cuenta regresiva garantizada. Es una estimación operativa sin suficiente detalle público sobre las medidas que la sostendrían. 

Por eso, el riesgo de un corte prolongado debe describirse como una cadena de presiones, no como una escena de película:

  • Menos gas disponible para repartir entre centrales eléctricas y consumidores industriales.
  • Mayor necesidad de ajustes operativos y reducción de consumos.
  • Riesgo de interrupciones si el abastecimiento restante y la generación alternativa no alcanzan.
  • Impacto económico cuya magnitud dependería de la duración, la ubicación y las actividades afectadas.

No hay base suficiente para ponerle una cifra responsable en pesos a esa cadena ni para anunciar cuántos estados quedarían a oscuras.

Soberanía no es gritar más fuerte que el gasoducto

La crítica más sólida no consiste en afirmar que México debe dejar de importar gas de un día para otro. Consiste en señalar que una dependencia de esta magnitud exige un respaldo mucho más creíble que “nos coordinamos y aguantamos unos días”.

El propio Gobierno ha planteado eficiencia energética, más renovables y mayor producción nacional como vías para reducir la dependencia. Son anuncios y líneas de trabajo; no sustituyen por sí solos la capacidad de almacenamiento que Cenagas reconoce pendiente. 

La soberanía energética no se mide por los decibeles de una mañanera. Se mide por la capacidad de mantener al país funcionando cuando falla el proveedor.

Porque una política que presume independencia mientras depende de que al otro lado de la frontera no se congele, no se averíe o no se cierre el suministro tiene mucho de discurso y poco de seguro. No hace falta que Trump cierre la llave para exhibir el problema. El mantenimiento de una instalación ya alcanzó para recordar quién vende el combustible y quién tiene que hacer malabares. 

Con información: ELNORTE/

"YA EXPORTAMOS SICARIOS: 25 SEGUNDOS de VIDEO ENCUERARON la PRESENCIA NARCA de la CHAPIZA y su ALIADO el CJNG en la GUERRA de UCRANIA"... cárteles aceleran; los gobiernos todavía calibran.


El video dura apenas 25 segundos. Lo suficiente para que una guerra a miles de kilómetros vuelva a meterse en la agenda pública mexicana, esta vez con un presunto saludo del narco incluido.

La grabación, difundida por Al Jazeera hace cuatro días, muestra al menos a 10 combatientes en un bosque. “Saliendo de la misión”, se escucha decir a uno de ellos. Según reconoce quien sostiene el celular, en el grupo hay soldados mexicanos, colombianos y panameños que presuntamente combaten del lado de Ucrania en la guerra iniciada por Rusia.

Hasta ahí, una escena de combatientes extranjeros. El giro llega cuando uno de los hombres, colocado frente a la cámara, asegura que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y afirma que quien graba fue miembro de La Chapiza, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos del excapo Joaquín El ChapoGuzmán.

“Pura Chapiza y Cartel Jalisco, 4 letras. A la verga…”.

La presunta tarjeta de presentación criminal llegó hasta la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. La presidenta anunció que se investigaría tanto la autenticidad de las imágenes como la posible incorporación de mexicanos vinculados con grupos delictivos al conflicto europeo. Porque una cosa es presumir un cártel frente al celular y otra, todavía pendiente de comprobar, que el video demuestre lo que sus protagonistas dicen. 

La posible infiltración del crimen organizado en las trincheras de la guerra de Rusia contra Ucrania comienza a preocupar a los gobiernos del continente americano. Especialmente a México y Estados Unidos, que comparten frontera y que, desde el segundo mandato de Donald Trump, han colocado la lucha contra las drogas y los cárteles entre sus prioridades.

Pero la huella del narco mexicano y su interés por aprender del frente ucranio no aparecieron ayer, por mucho que el video haya vuelto a encender los reflectores.

En diciembre del año pasado, la advertencia sobre la infiltración de los cárteles y su interés por aprender a utilizar aeronaves no pilotadas de tipo kamikaze todavía se consideraba una “teoría marginal”. Ahora, según Henry Ziemmer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), puede hablarse de un “canal de reclutamiento real”: una vía para ampliar las capacidades del crimen organizado en su carrera armamentista y responder a los ataques de sus rivales.

Lo que parecía una hipótesis arrinconada comienza a dibujar un problema bastante menos cómodo: combatientes que adquieren experiencia en una guerra y organizaciones criminales interesadas en importar ese conocimiento.

Reclutamiento: la necesidad abre puertas y los filtros no alcanzan

El enlistamiento de mercenarios, exguerrilleros o personas con antecedentes criminales en la Legión Extranjera de Ucrania no es nuevo. Tampoco todo el reclutamiento pasa por los canales oficiales del Gobierno: existen grupos militares de élite que incorporan combatientes sin contacto directo con el Ejecutivo de Kiev.

“Operan como redes clandestinas de reclutamiento”, declaró a EL PAÍS Ernesto Zárate al hablar de su familiar, un expolicía federal mexicano que se enroló en la guerra y murió en combate.

El problema, explica Ziemmer por teléfono, parte de una necesidad urgente: Ucrania enfrenta una grave escasez de personal militar en el frente. Los combatientes extranjeros funcionan como una válvula de alivio para no sobrecargar a su propia población.

La necesidad de sumar efectivos choca, entonces, con la obligación de revisar quién está entrando.

“Esto genera una tensión entre mantener abiertos los canales de ingreso y filtrar a los aspirantes. Aunque Ucrania ha colaborado con México y Colombia para identificar actores criminales, los procesos de selección siguen siendo deficientes”, señala el investigador.

En otras palabras: hacen falta soldados, pero los filtros siguen dejando demasiadas preguntas abiertas.

Del frente al cártel: aprender allá para aplicar acá

Según el especialista en seguridad del CSIS, durante el verano de 2025 hubo informes sobre casos aislados en los que autoridades mexicanas y ucranias colaboraron para vigilar a posibles reclutas interesados en adquirir conocimientos sobre drones para los cárteles.

“Hay varias personas viajando a Ucrania con la intención de adquirir habilidades para transferirlas de vuelta, o que ya están sirviendo allí y son contactadas explícitamente por grupos criminales. Se está convirtiendo en un método cada vez más institucionalizado para la proliferación de experiencia en drones en las Américas”, detalla.

No se trata únicamente de comprar aparatos. Se trata de conseguir a quienes saben utilizarlos en condiciones de combate.

Ziemmer identifica dos grandes intereses de los grupos criminales en una guerra donde los drones han tenido un papel protagónico:

  • Aprender a pilotarlos en terrenos complejos, como bosques o entornos urbanos, una tarea más difícil de lo que podría parecer.
  • Adquirir conocimientos de modificación, mantenimiento y adaptación técnica, incluidos su uso como armas y su resistencia a la interferencia electromagnética, conocida como jamming.

El especialista explica que muchas aeronaves comerciales utilizan frecuencias fijas fáciles de interrumpir mediante inhibidores. Por eso, además del pilotaje, las organizaciones buscan experiencia técnica para mantener y adaptar los equipos.

El frente ofrece experiencia bajo condiciones reales. Los cárteles, según esta advertencia, quieren llevarse el aprendizaje a casa.

De acuerdo con información difundida por el medio The Intelligence, las academias de pilotaje de drones con visión remota en primera persona —FPV, por sus siglas en inglés— asociadas con la Legión Extranjera de Ucrania estuvieron inicialmente reservadas para operadores ucranios.

Con el tiempo, esos espacios se abrieron a voluntarios extranjeros. Entre ellos predominaron personas de origen mexicano y colombiano.

La Legión Extranjera es una unidad creada por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. El interés criminal señalado por el investigador añade una preocupación al entrenamiento de extranjeros: que las habilidades adquiridas terminen al servicio de organizaciones delictivas.

Los llamados narcodrones FPV armados suelen emplearse en ataques de impacto, de ahí la denominación de kamikaze. El texto sitúa el precio de estos dispositivos entre 400 y 700 dólares y señala que los grupos están optando por comprar drones chinos más económicos.

También describe adaptaciones con cargas explosivas y materiales que producen fragmentación; en modelos más avanzados menciona el uso de C4. La descripción técnica de su construcción queda aquí resumida. El texto añade que el vuelo autónomo puede mejorar la precisión, facilitar la superación de obstáculos y permitir impactos contra estructuras.

La dimensión fronteriza tampoco es menor. Según la información citada, el Gobierno estadounidense detectó 34.682 vuelos de drones cerca de su frontera sur durante el año fiscal 2025: aproximadamente 35.000. El informe de ACLED recoge esa magnitud de casi 35.000 vuelos, aunque ese conteo no equivale, por sí mismo, a 35.000 ataques ni demuestra que todos los aparatos estuvieran armados. 

Inhibidores contra fibra óptica: la respuesta también tiene respuesta

Ante la ofensiva aérea del crimen organizado, Estados Unidos y México han invertido en tecnología y equipos portátiles para inhibir las señales de los drones.

Estos sistemas pueden interrumpir los enlaces de control y provocar que un aparato regrese a su origen, se estrelle o caiga al suelo.

Pero el adversario no se queda esperando a que le apaguen el juguete.

Según Ziemmer, esa respuesta ha llevado a los cárteles a considerar drones guiados por fibra óptica: aparatos que no dependen de un enlace de radio para su control y, por tanto, resisten la inhibición de radiofrecuencia. ACLED también identifica esta tecnología como una innovación que está complicando las respuestas de las fuerzas de seguridad en América Latina. 

Otra táctica extraída de la guerra de Rusia contra Ucrania. Otro recordatorio de que comprar inhibidores no significa cerrar el problema.

El decomiso del 4 de octubre: el cable ya aparece en México

Un ejemplo citado de esa transferencia tecnológica es la incautación realizada el pasado 4 de octubre en El Rosario, ubicación que el texto sitúa en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

El decomiso incluyó:

  • 15 drones tipo FPV.
  • 15 rollos de fibra óptica, empleados para pilotaje guiado por cable en lugar de radiofrecuencia.
  • 7 gafas para drones.
  • 15 controles manuales.
  • 3 pantallas.
  • 14 pilas para los equipos.

Según la información proporcionada, se trata del primer registro oficial en México de este tipo de tecnología adaptada por grupos del crimen organizado.

Para Ziemmer, el hallazgo muestra la importancia del canal de conocimiento entre Ucrania y México. El investigador aclara, sin embargo, que los cárteles ya utilizaban drones mucho antes de la invasión rusa a gran escala de 2022.

La novedad no es el aparato volador. Es la velocidad con la que incorporan capacidades más complejas.

Operar drones con fibra óptica presenta dificultades particulares, entre ellas los obstáculos del terreno y las condiciones ambientales adversas.

“En Ucrania, donde el jamming —la inhibición— en el frente es masivo, el uso de drones de fibra óptica está muy extendido. Difícilmente veríamos a los cárteles en México adoptando estos recursos tan rápido sin la experiencia que los combatientes están trayendo desde el frente”, sostiene.

Es una valoración del especialista sobre la transferencia de conocimientos, no una comprobación de que cada equipo decomisado o cada operador haya pasado por Ucrania.

Los cárteles aceleran; los gobiernos todavía calibran

El investigador del CSIS describe una evolución acelerada en apenas un par de años: los grupos criminales pasaron de lanzar municiones rudimentarias desde el aire a utilizar drones de ataque unidireccional, comparables con misiles de precisión de corto alcance, y ahora incorporan fibra óptica.

La advertencia de fondo es la asimetría: mientras las organizaciones criminales adaptan sus recursos con rapidez, las autoridades intentan adquirir defensas para una amenaza que sigue cambiando. ACLED coincide en que la difusión del conocimiento y las tecnologías de bajo costo pueden superar el ritmo de inversión estatal en medidas contra drones. 

“Los gobiernos apenas están intentando adquirir inhibidores de señal o sistemas de defensa aérea para resguardar sitios clave, mientras la innovación dentro de los cárteles avanza rápidamente. El lento reconocimiento del frente ucranio como centro de entrenamiento muestra que gobiernos como el de México aún no han calibrado la magnitud de la amenaza”, concluye Ziemmer.

El video todavía necesita verificación. La advertencia es más amplia que esos 25 segundos: una guerra lejana puede convertirse en un canal de aprendizaje para organizaciones que ya libran sus propias disputas en México.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/