«CUANTOS DETENIDOS ?…NINGUNO»: «SIMULACRO de EFICIENCIA FEDERAL DECOMISA MILES de LITROS de COMBUSTIBLE,MUCHOS VEHICULOS y CERO ESPOSADOS»…ha sido el vergonzoso sello de la «Caza» del cuentachiles y se llama impunidad.

La FGR presume en comunicados lo que en la realidad parece un simulacro de eficiencia: 149 vehículos, 82 mil litros de combustible y cero seres humanos esposados. Un operativo de laboratorio, tan impecable en inventario como patéticamente vacío en resultados. Cuatro cateos, un ejército de instituciones —Defensa, GN, AIC, Policía Estatal— y ni un solo detenido. Ni un chofer distraído, ni un velador mal pagado, ni el clásico “administrador del predio”. Nada. Silencio absoluto y olor a humo… no del combustible, sino del cuento

Porque este operativo en Minatitlán no es una excepción: es el manual de estilo de la caza teatral del huachicol. Lo mismo ocurrió con mas de doce cateos del estratega cuentachiles Omar Garcia Harfuch que ya hemos desmenuzado: decenas de miles de litros incautados, millones en infraestructura decomisada y ni una pizca de responsabilidad penal concreta. 

Es y ha sido la fórmula del “combate al crimen” en modo «miren si trabajamos»: muchas cifras, fotos aéreas, tanques alineados y el habitual vacío legal que sostiene la impunidad por litro.

Si los operativos fueran exámenes, México estaría reprobado con honores en materia de detenciones. El Estado se aplaude por embargar fierros y tambos, mientras los verdaderos operadores siguen llenando el tanque, cambiando la lona del negocio que a decir de los decomisos, sigue saludable.

La narrativa del éxito operativo se cae con un simple dato: cada litro asegurado sin detenido es una confesión pública de fracaso. Un show coreografiado para la nota de prensa, pero huérfano de justicia real,aqui y en china.

Con informacion: ELNORTE/

LA «TACAÑERIA AHORRICIDA»: «HACKEAN al GOBIERNO que QUISO AHORRAR en CIBERSEGURIDAD y FILTRAN DATOS de 36 MILLONES de PERSONAS»…y ni siquiera se esforzaron demasiado, ni unos, ni los otros.

El gobierno quiso ahorrar en ciberseguridad y terminó rifando los datos de medio país en la deep web: 2.3 terabytes de información pública y partidista convertidos en piñata para un grupo de hackers que ni siquiera tuvo que esforzarse demasiado.

El país de “no hay presupuesto, joven”

Mientras presumen “Gobierno digital” en los discursos, por dentro siguen operando con fierros viejos, sistemas con más de dos décadas encima y plataformas parchadas por terceros que nadie supervisa. La protección de millones de mexicanos se dejó colgando de usuarios y contraseñas válidas que nadie dio de baja, como si la seguridad nacional dependiera del clásico “1234” del Post-it pegado al monitor. Ahí es donde entra el grupo Chronus/Cronus, que básicamente encontró la puerta abierta y decidió llevarse todo lo que cupiera en el camión.

SAT, IMSS, SEP y Morena en la misma bolsa

El botín no fue menor: SAT, IMSS, IMSS-Bienestar, SEP, Secretaría de Salud, gobiernos estatales y municipales, el DIF Sonora y hasta la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas terminaron exhibidos. Para rematar, el padrón de afiliados de Morena también quedó al aire, porque la “austeridad republicana” al parecer también aplica a los candados digitales del partido en el poder. Que una sola intrusión salpique desde dependencias fiscales hasta padrones políticos pinta de cuerpo entero el nivel de improvisación con el que se maneja la infraestructura digital del Estado.

Tus datos, su austeridad

En el paquete se fueron nombres, domicilios, CURP, RFC, números de seguro social, teléfonos, correos institucionales, datos médicos, registros de programas sociales y bases administrativas completas, incluyendo 1.8 terabytes del Sistema de Protección Social en Salud. 

También volaron bases políticas como el padrón de Morena con 26 mil 899 militantes, convertido ahora en lectura obligada para cualquiera con acceso a la deep web. Todo esto, en un contexto donde expertos llevan años advirtiendo que sin leyes específicas, sin presupuesto decente y sin equipos profesionales en ciberseguridad, el país iba directo a este choque frontal.

Estado analógico, riesgos digitales

No hay informe técnico oficial serio que explique el cómo, sólo pedazos de declaraciones gubernamentales, lo que cuentan los propios atacantes y los análisis de firmas privadas que hacen la autopsia desde fuera. Lo que sí se alcanza a ver es un patrón tercermundista: credenciales comprometidas, sistemas sin mantenimiento, infraestructura fragmentada, protocolos de juguete y una cultura de ciberseguridad tan endeble como la contraseña del WiFi del café. Aun así, el aparato público sigue acumulando compromisos digitales como si fuera potencia tecnológica, pero invirtiendo en seguridad como si todavía archivara todo en folders manila.

Cuando el “ahorro” sale carísimo

El mensaje es claro: mientras el gobierno siga confundiendo austeridad con tacañería tecnológica, cada nuevo sistema, padrón o programa digital es un futuro leak en potencia. Los especialistas llevan años pidiendo infraestructura moderna, presupuesto estable, centros de operaciones de seguridad y marcos legales específicos, pero la clase política prefiere seguir apostando al “no pasa nada” hasta que se filtran 36 millones de identidades. Esta vez el costo del ahorro mal entendido no fue un programa fallido ni un sistema lento: fue poner en bandeja de plata la vida digital de un país entero.

Con informacion: EL UNIVERSAL/

"150 VUELOS DIARIOS ?":"AUTORIDADES FEDERALES de EE.UU DETECTAN CRECIENTE USO de NARCODRONES"...criminales ya no salen sin ellos.

La decisión de la Administración Federal de Aviación de EU (FAA) de cerrar ayer el espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso, Texas, es el último episodio de una lista de alarmas lanzadas por la Administración Trump sobre el uso de narcodrones en la frontera con México.

Tan sólo en el segundo semestre del 2024, autoridades estadounidenses aseguraron detectar el equivalente a 150 drones diarios sobrevolando la frontera. Se trata de la cifra más actualizada dada a conocer por autoridades estadounidenses.

«En estos momentos, el ejército estadounidense está derribando drones de los cárteles» y eso es «lo que nos debería importar», dijo la Fiscal General de EU Pam Bondi ante el Congreso.

Bondi comparecía ante el Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes por el caso Jeffrey Epstein, pero afirmó que había asuntos más importantes que atender como la ofensiva contra drones de cárteles, mientras ocurrían los presuntos incidentes cerca del Aeropuerto de El Paso.

El sitio web de la Administración Federal de Aviación informó la noche del martes de restricciones de vuelo por «razones especiales de seguridad», aunque no especificó a qué se refería.

Todos los vuelos con origen y destino a El Paso quedarían suspendidos desde la noche del martes hasta la noche del 20 de febrero, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general.

Sin embargo, las restricciones fueron levantadas antes del mediodía de ayer.

El cierre no incluyó el espacio aéreo mexicano, pero sí a la aledaña Santa Teresa, Nuevo México.

Aunque hubo versiones diferentes de qué ocurrió, Bondi oficializó que se trataba de una defensa contra drones del crimen organizado.

Agencias de EU alertaron desde junio de 2025 sobre el potencial uso de drones en poder de los grupos criminales en la frontera, e incluso el Departamento de Seguridad Interna de EU reconoció el año pasado que un ataque con drones desde México era cuestión de tiempo.

«La Administración hizo lo que tenía que hacer para proteger a los texanos. Esto debería ser un recordatorio para todos que los cárteles en México son una amenaza directa a nuestra seguridad nacional, y me alegra que hay un Presidente que lo toma en serio», dijo ayer el Senador republicano John Cornyn.

A decir del Departamento de Seguridad Interna, los cárteles mexicanos usan drones diariamente a lo largo de la frontera tanto para cruzar drogas ilegales como otro tipo de contrabando a EU; según las autoridades, las horas de mayor presencia de vuelos no autorizados es entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana.

Ayer, medios como la agencia AP y la cadena Fox News coincidieron en que el cierre del espacio aéreo sobre el Aeropuerto de El Paso ocurrió por una operación antidrones que probó un rayo láser para derribar naves no tripuladas a cargo de la Oficina de Aduanas y autorizada por el Pentágono.

¿Encuentra Trump un nuevo pretexto?

Apenas el martes, el Presidente Donald Trump reiteró su intención de lanzar ataques contra posiciones en tierra del narcotráfico en América Latina y así evitar la entrada de narcóticos ilegales a EU. «Ahora los vamos a atacar en tierra.

Los vamos a atacar muy fuerte en tierra», dijo, en entrevista con la cadena Fox Business.

Y ayer, con la información de presuntos drones de los cárteles mexicanos en la frontera con Texas, Washington parece haber hallado una excusa para una posible acción.

En junio pasado, el FBI dijo al Capitolio que había enviado personal a México para enseñar a sus contrapartes mexicanas cómo responder a los narcodrones, pero también para conocer las formas en que los cárteles dentro de México están usando tales artefactos.

«Los cárteles utilizan los sistemas aéreos no tripulados para contrabandear fentanilo a través de nuestras fronteras, introducir contrabando en las cárceles, vigilar a las fuerzas del orden y poner en peligro al público de otras maneras», manifestó Trump en un decreto de junio de 2025.

Con informacion: ELNORTE/

«DIPUTADO de MORENA pide AMPARO contra BRAZO ARMADO de GOBERNADORA SATRAPA de CAMPECHE que lo QUIERE ATORAR»…cuando el capricho sustituye al estado de derecho.

En Campeche, el teatro político alcanzó su clímax,una jueza federal, Roxana Hernández López, decidió ponerle freno —aunque sea momentáneo— a la vendetta palaciega de la gobernadora de Morena, Layda Sansores, autodenominada adalid de la moral, pero que gobierna como si el estado fuera su feudo particular. La impartidora de justicia concedió suspensión provisional al diputado morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien tuvo la osadía de desafiar al trono de la “emperatriz de la guillotina digital”.

La historia es de esas que huelen a pólvora política: Jiménez, hasta hace poco presidente del Congreso local, se atrevió a cuestionar el paquete económico de la señora Sansores —esa danza de mil millones en deuda que prometía “progreso” pero sonaba a otro agujero sin fondo en las cuentas públicas. Y claro, en el mundo de Layda, disentir es un pecado capital.

Lo que siguió fue digno de una telenovela policiaca escrita por Kafka: patrullas merodeando su casa, agentes ministeriales asomándose en los alrededores del Congreso, rumores de órdenes de captura flotando en el aire, y un fiscal que parece actuar más como brazo armado del Ejecutivo que como garante de la ley.

El diputado, oliendo el peligro, hizo lo que cualquiera con sentido jurídico y una conciencia en carne viva haría: pidió amparo. Y la judicatura federal, ese último refugio del ciudadano acorralado, le dio la razón —o al menos, una pausa frente al autoritarismo de la “Matriarca del Pixel”.

Mientras tanto, en el Congreso campechano, Morena vive su propia guerra civil. Las cuchilladas vienen desde adentro: una bancada fracturada, alianzas mutantes, y un Movimiento Ciudadano que, en un extraño giro del destino, terminó arrebatando la presidencia del Legislativo a los autollamados defensores de la 4T. Es la primera vez en cuatro años que el partido oficial pierde el control del Congreso estatal. Y todo por obra y gracia de un morenista que se negó a doblar la cerviz.

A estas alturas, el gobierno de Sansores ya no parece una administración: parece una corte barroca, desbordante de intrigas, delaciones y persecuciones, donde el capricho sustituye al Estado de derecho. Ella se pasea con su verbo incendiario, predicando pureza mientras sus policías persiguen disidentes dentro del mismo partido.

Pero una jueza federal —esa rara especie que todavía respeta la Constitución— decidió marcarle el alto. Aunque temporal, la suspensión contra cualquier orden de aprehensión es un pequeño recordatorio de que, incluso en el feudo de una gobernadora autoritaria, aún quedan resquicios de legalidad. Y quizás, con suerte, de dignidad.

Porque si en Campeche hay una sátira viva del poder absoluto, Layda Sansores la protagoniza con entusiasmo. Lo suyo ya no es un gobierno: es un performance, una tragicomedia tropical, con emojis de furia, micrófonos encendidos y policías a la caza del apóstata.

Por qué satrapa ?

Según la Real Academia Española (RAE), “sátrapa” se usa hoy para referirse, en sentido coloquial y despectivo, a una persona que gobierna de manera despótica, arbitraria y que hace ostentación de su poder. Y en el uso político latinoamericano se aplica justo a figuras percibidas como autoritarias, abusivas del poder o con rasgos de caudillo.

El estilo de gobierno de Sansores —acusaciones de autoritarismo, persecución de disidencias internas, uso faccioso de instituciones—, el término “sátrapa” no es ninguna etiqueta retórica agresiva que ofenda a la gobernadora de Morena que todos los dias ofende con sus acciones.

Con informacion: ELNORTE

«IRONIAS JUSTICIERAS»: «YAHLEEL del CDV se AMPARA Vs TANIA CONTRERAS la PRESIDENTA del TRIBUNAL que TAMBIEN PIDIO AMPARO JUNTO con LIGADA al CDG»…recurso opera como seguro de gastos médicos mayores para políticos nerviosos y narcopolíticos.

En el Tamaulipas Moreno,humanista y harto cuatritransformador,el que aun gobierna un gobernador gobernado por el crimen organizado y fichado por narcopolítico , ya llegamos al punto en que una distinguida miembro del CDV declarada prófuga después de burlar a la justicia, busca amparo contra una presidenta del Poder Judicial que, antes de sentarse en la silla, también corrió a ampararse como si fuera objetivo prioritario de la estrategia federal.

La presidenta que se ampara como si fuera jefa de plaza

Tania Contreras López, hoy presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, pidió amparo federal para que no la detuvieran, no la incomunicaran y, de paso, para blindarse contra cualquier intento de privarla de la libertad, todo justo antes de asumir el cargo donde se supone que ella encarna la ley.

​El mismo juicio de amparo también cobija a Nohemí Estrella Leal, exdiputada panista ligada a la Columna Armada Pedro J. Méndez, brazo regional del Cártel del Golfo, con historial de huachicol, armas y favores políticos al gobierno en turno de Américo Villarreal,donde Tania Conteras fue intermediaria con criminales.

La ironía es quirúrgica: la cabeza del Poder Judicial comparte defensa, estrategia y paraguas legal con una lideresa de una organización que el propio Ejército habia identificado como brazo criminal.

“Cabecistas perseguidos” y la guerra de amparos

Del otro lado del ring aparece Yahleel “N”, exsecretaria de Bienestar y exfigura del cabecismo, declarada “sustraída de la acción de la justicia” tras acumular cinco plantones seguidos a las audiencias por un presunto desfalco de casi 1,000 millones de pesos en despensas.

Una vez que el juez la tiene como prófuga en la carpeta 733/2025, Yahleel corre a buscar amparo contra… Tania Contreras, la misma operadora judicial del gobierno de Américo Villarreal que hoy preside el Tribunal y ayer se blindó ella misma contra detención.

Es el ecosistema perfecto: los “Cabecistas perseguidos” no apelan a su inocencia, apelan a su derecho sagrado a litigar eternamente entre pares que también traen su propio amparo bajo el brazo.

Américo, Tania y la justicia con chaleco antibalas

Tania no llegó limpia al estrado: está fichada en plataformas de narcopolítica, con señalamientos periodísticos y de inteligencia que la conectan con redes de huachicol y con la Columna Armada Pedro J. Méndez, mientras su cuñado es señalado como enlace entre gobierno y ordeña de combustible.

Aun así, el PAN no pudo ni siquiera discutir formalmente su idoneidad, porque el Tribunal Electoral resolvió que no tenía “interés jurídico” para impugnar su nombramiento como presidenta del Tribunal de Justicia; la forma mató al fondo y la sospecha quedó investida de toga.

Resultado: la justicia en Tamaulipas no solo parece capturada; encima llega con fuero, con amparo y con narrativa de víctima de persecución, igual que los políticos que dice perseguir.

Todos contra todos… pero con el mismo abogado

El cuadro es casi de comedia negra:

• Una magistrada señalada por vínculos con grupos criminales se ampara para que no la toquen.
• Una exfuncionaria acusada de desviar casi mil millones se ampara contra esa misma magistrada que ahora preside el Tribunal.
• El gobernador bajo la sombra de narcopolítica gobierna con una presidenta de Tribunal que comparte defensa con una lideresa vinculada al Cártel del Golfo.

En Tamaulipas, el amparo dejó de ser un instrumento de control constitucional para convertirse en lo que realmente usan: seguro de gastos médicos mayores para políticos nerviosos y narcopolíticos con miedo a que, por una vez, la ley sí funcione.

Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/

«NARCO le RESPIRA en la NUCA»: «PASAJES de LIBRO de SCHERER UBICAN a AMERICO como PASAJERO de CUARTA en la RUTA de la PUDRICION NACIONAL MORENA»…solo el calculo politico presidencial ha evitado caída y captura.

Américo Villarreal aparece en estas páginas como lo que muchos ya sospechaban: no sólo “amigo personal” de Jesús Ramírez y beneficiario del “Rey del Huachicol”, sino el gobernador moreno-humanista sentado sobre un barril de gasolina… y de expedientes.

El “amigo personal” del Rey del Huachicol

En el adelanto de Ni venganza ni perdón, libro publicado ayer por Editorial Planeta y Julio Scherer ,coloca a Américo Villarreal en la zona cero del financiamiento sucio de Morena en el norte: campañas clave aceitadas con dinero de Sergio Carmona, asesinado de un tiro en la cabeza en una barbería fifí de San Pedro. No se trata de un simple guiño: Scherer habla de reuniones facilitadas “a través de Jesús Ramírez” para respaldar, entre otras, la campaña de “su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas”.

La palabra clave ahí es “personal”: no es un saludo de mitin, es un vínculo político que, según el libro, se construye con la puerta del círculo presidencial bien abierta para Carmona, cortesía del vocero de López Obrador. En otras palabras: no era que el huachicolero se coló a la foto; se la pusieron de alfombra roja.

Américo: el medico que iba sanar Tamaulipas

Mientras Aristegui va desmenuzando el fragmento, el guion que le toca a Américo es poco glamoroso: aparece como destinatario de apoyos económicos del Rey del Huachicol y como el político cuyo gabinete siguió recibiendo favores de esa red incluso después del asesinato de Carmona. 

El texto relata que, tras la ejecución del empresario, la maquinaria no se apagó: la esposa de Carmona, Perla McDonald, asumió el control, la red siguió obteniendo contratos públicos e “influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal”.

Es decir, mientras el gobernador se indigna cuando lo fichan en listas de narcopolíticos, el libro sugiere algo peor: que la estructura que lubricó su ascenso siguió operando dentro de su propio gobierno. El poder criminal ya no sólo lo rodea: lo administra.

El expediente que le respira en la nuca

Scherer define el caso Carmona como “una herida abierta para Morena”, pero la hemorragia política, por ubicación, salpica directo a Tamaulipas y al gobernador. No sólo por el financiamiento ilícito, sino por la mezcla tóxica que describe: dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios entrelazados en un expediente que el propio autor califica de “letal”.

Al mismo tiempo, mientras las fiscalías mexicanas hibernan, en Estados Unidos “las pesquisas avanzan” en cortes de Nueva York y Texas, y el nombre de Jesús Ramírez y Américo Villarreal aparecen en documentos anexos a investigaciones por lavado y financiamiento electoral. Si el Rey del Huachicol era el puente entre huachicol fiscal, crimen organizado y campañas, Américo aparece como uno de los pasajeros de primera clase en esa ruta en la que tambien abunda la plataforma Narcopolíticos, que lo incluye por sus nexos con el Cártel del Noreste y por recibir millones en apoyo de Carmona.

Américo, vitrina de la narcopolítica 4T

La plataforma Narcopoliticos.com no se anda con rodeos: retrata al gobernador como un mandatario bajo la sombra del crimen organizado, apuntando a presuntos apoyos de 126 millones de pesos provenientes de Carmona y a la entrega de cargos a esa red a cambio del financiamiento. Ahí, el “amigo personal” del fragmento de Scherer se convierte en un caso de estudio de narcopolítica transfronteriza: huachicol fiscal, aduanas, campañas y, finalmente, una gubernatura.

Remata el cuadro la iconografía ya conocida: fotos con personajes señalados como operadores del Cártel del Noreste, transmisiones de dinero detectadas por autoridades de Estados Unidos y un gobernador que insiste en que todo es persecución política, mientras su nombre circula en bases de datos especializadas en narcopolítica. Si el libro de Scherer promete “un expediente letal” para Morena, Américo Villarreal parece ser uno de los nombres escritos en tinta indeleble en esas páginas, aunque él jure que todo es un malentendido… de cientos de millones de pesos, saldo de la vocación no de un gobernador metido al crimen, sino de un criminal metido a gobernador.

Un politico al que el ejercito investigó sin éxito y que las autoridades federales dolosamente siguen ignorando la evidencia,tanta como la mugre que acumula en las uñas.

Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/ NARCOPOLITICOS/

«JESUS MARIA y…JOSE»: LA «VIOLENCIA LEGITIMA y la VIOLENCIA CRIMINAL se DIERON OTRO TOPON en SINALOA pero NO ESTAMOS en GUERRA»…una guerra, aunque informal,deberia poner a salvo a sus ciudadanos antes de la confronta.

Una “operación” —así, entre comillas— de las fuerzas federales en Jesús María, Sinaloa, volvió a sonar a eso que el gobierno insiste en negar: una guerra. Porque cuando hay helicópteros artillados, ráfagas de ametralladora, granadas, explosivos y civiles muertos, el eufemismo “operativo de seguridad” solo sirve para ponerle barniz institucional al caos que ya esta empujando a irse a los ciudadanos que aun no se han ido.

La presidenta podrá repetir “no somos como Calderón”, pero el guion se parece inquietantemente: militares desplegados, enfrentamientos en zonas urbanas, y pobladores con miedo de asomarse por la ventana. La diferencia es de retórica, no de realidad. Calderón se declaró en guerra; este gobierno juega a disfrazarla por calculo politico.

Según el parte oficial, todo empezó porque elementos de la Marina fueron atacados durante patrullajes. En respuesta, se realizaron detenciones, se aseguraron armas largas, un lanzagranadas, casi 90 explosivos y vehículos tácticos. Pero, claro, no se trata de guerra… solo de una coreografía de guerra con guion “humanista”.

Jesús María —sí, el mismo pueblo donde cayeron las bombas y los helicópteros en enero de 2023 para capturar a Ovidio Guzmán— vuelve a convertirse en campo de batalla. En paralelo, un adolescente asesinado en Culiacán y tres cuerpos en Navolato recuerdan que el “no confrontar” se convirtió, una vez más, en confrontar con otro nombre.

Así que mientras en Palacio Nacional insisten en su narrativa, en Sinaloa el ruido que se escucha no es de discursos: son ráfagas. Y esas, por más vueltas que se les dé, esta es una guerra, que aunque informal,deberia poner a salvo a sus ciudadanos antes de la confronta.

Con información: ELNORTE/