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sábado, 25 de julio de 2026

«ACADEMIAS MATONAS: «TRES AÑOS, TRES MUERTOS y el NEGOCIO de MILITARIZAR la FORJA del CARACTER sigue VIVO»… por cierto, muy vivo.»


Tres menores fueron a estudiar, a tocar la trompeta o a probar si el uniforme les quedaba, y terminaron convertidos en la misma estadística miserable de siempre: niños muertos en academias que venden disciplina y entregan golpes, abuso y humo administrativo. Zamir Pinto, Erick Terán y Dafne Zapata no se conocían, pero sus muertes sí parecen hablarse entre sí: mismo guion, mismos encubrimientos, misma costumbre de llamar “problemas de salud” a lo que huele a tortura. 

La maquinaria es tan burda como repetida. Primero los llevan al supuesto templo de la formación; luego aparecen los castigos, las palizas, los ejercicios hasta el colapso y, cuando el daño ya es irreversible, los directivos hacen lo que mejor saben hacer: marcar por teléfono para avisar que “algo no estaba bien” y ensayar la coartada médica de ocasión. En este país, al parecer, el modelo de atención a la infancia también puede incluir golpes, encierros y una creatividad criminal para esconder la culpa y cuando llegas es que llegado hace en abonos.

Lo más ofensivo no es solo que ocurra, sino que ocurra con manual: una academia, una familia devastada, una explicación absurda, y luego el silencio administrativo mientras el negocio sigue respirando. Tres años, tres casos, tres menores y una misma dinámica criminal que se repite porque nadie la detiene a tiempo. 

Que dice El Pais»
Erick Terán quiso ser youtuber, futbolista y probar si ser militar podía ser su vocación. A su madre, Erika Torbellín, no le gustaba la idea. “Pero una como mamá no puede impedir ese tipo de cosas. Yo no quería quebrar su sueño y lo apoyé”, cuenta por teléfono a EL PAÍS. 

Estudió casi siete meses en la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc de Ciudad de México sin incidentes hasta el 18 de abril de 2025, cuando le confesó a su madre que otros niños lo habían golpeado por defender a su amiga. Ella le preguntó si quería seguir estudiando ahí y él dijo que sí. 

Murió cinco días después en Morelos, en un campamento que la escuela organizó sin tener los permisos necesarios. No fue hasta el funeral cuando Torbellín supo por testimonios de los compañeros de su hijo que eran los instructores quienes cometían “las atrocidades” contra los niños. El director del plantel y una tutora fueron detenidos pero no han recibido sentencia. Torbellín asegura que hay más personas involucradas que continúan en libertad.

Los alumnos le contaron que a Erick lo arrastraron por el piso y golpearon repetidamente en el abdomen y las costillas. Lo obligaron a luchar con otros niños y, si perdía, lo castigaban más. “Los pisoteaban, hacían que lamieran el piso con la lengua, que limpiaran el piso con un cepillo de dientes, que lavaran los baños. Se supone que van a estudiar, ¿cómo me lo van a poner a lavar el baño cuando están en clases? Es mucho para un niño soportar esas palizas y maltrato psicológico”, relata. La escuela intentó atribuir la muerte a problemas de salud. “Querían decir que mi hijo se drogaba, o que le dio asma, deshidratación, un montón de enfermedades, que estaba mal del corazón y que por eso falleció”, comparte.

Un año tres meses después de esa tragedia, Torbellín se ha enterado de la muerte de una niña de la misma edad de Erick, también en una academia militarizada, en Tamaulipas. “Me removió muchas cosas, muchos sentimientos horribles. ¿Cómo es posible que esto se repita?”, dice. Se ve a sí misma en Alejandra Quintos, madre de la última víctima y encuentra similitudes en ambos casos. “Fueron torturados hasta fallecer. 

Los maltratos y golpes son parecidos, el exceso de ejercicio. Es como si ya tuvieran un patrón, una forma de actuar. Me hace pensar si hay algún tipo de relación entre ellos”, explica. “Con la niña [Dafne Zapata] querían prácticamente lo mismo: decir que se murió por enfermedad. Todo lo quieren limpiar así”, reclama. La mujer asegura que parte del personal de la escuela de Erick ahora trabaja en otros centros con el mismo modelo educativo. “Se protegen entre ellos”, dice.

Tres años antes, en el Estado de México, la familia Pinto tuvo que atravesar una historia parecida. El 27 de noviembre alguien desde el interior del plantel le mandó un mensaje a la tía del joven para informarle de que había muerto por un ataque de epilepsia. La autopsia dice que murió por traumatismo abdominal profundo: a Zamir lo patearon repetidamente en el estómago. El instructor Jonathan Jesús, de 29 años, fue detenido.

Dafne Zapata, el caso más reciente, falleció en el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz. La familia informó de que la necropsia indica que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Su madre, Alejandra Quintos, asegura que Dafne murió “torturada, de una manera espantosa”, mientras los directivos de la escuela sostienen que la niña se desvaneció y murió en las regaderas.

Por el caso, que se investiga como feminicidio, fue detenida una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar al cuidado de las niñas. La madre exige la detención de otras cuatro personas involucradas.

En las academias existe un “código de silencio”. Los alumnos temen contar lo que les ocurre porque son amenazados. A la muerte de todos le siguieron decenas de denuncias de sus compañeros en cada una de las academias. Describen violencia extrema entre los propios compañeros y desde los profesores. Las palizas como rituales de iniciación, ejercicio forzoso, acoso sexual, castigos extremos y los encierros se repiten en las historias que han salido a la luz. Las autoridades han encontrado que los trabajadores carecen de la formación obligatoria para educar a menores de edad o los títulos militares que dicen tener cuando promocionan los cursos.

“Exijo justicia. Ya son tres niños. Al mío lo tomaron como un caso aislado y claramente no lo es”, dice Torbellín. A esa búsqueda de justicia la describe como “horrible”. “Tuve que tomarme un tiempo para recuperarme mentalmente. Primero estás en el proceso legal, pero ya cuando llegas a tu casa y empiezas a notar el silencio, es algo muy duro”, comparte. “Quedaron de apoyarnos con una reparación económica por los daños para salir de todos los gastos que habíamos llegado a tener por culpa de esta escuela. Pero hasta ahorita no me han dado nada. Yo no quiero nada con tal de que cumplieran, pero pareciera que ya no les importan los niños”, afirma.

La madre de Erick pide vigilar esas instituciones: “Por lo menos las regulen, que las vayan a visitar, que vayan con preguntas de cómo han sido tratados. Cosas así que pueden ayudar mucho a que no vuelva a pasar una tragedia”. Ya no quiere volver a verse reflejada en otra madre que pierde un hijo en un centro donde debían formarlo y cuidarlo.

No fue un accidente. Fue un método.

Tres menores murieron en academias militarizadas y, en cada caso, la respuesta fue casi idéntica: golpes, maltrato, encubrimiento y una llamada telefónica para disfrazar la violencia de enfermedad. Zamir, Erick y Dafne no compartían escuela, estado ni familia; compartieron algo peor: un sistema que tolera la barbarie mientras se anuncia como disciplina. 

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO/

105 AÑOS de SENTENCIA al CARRETE: CAPO NARCO NO PODRÁ CUMPLIRLOS por SIMPLE CÁLCULO BIOLÓGICO… suena más a epitafio judicial que a castigo real.


105 años de prisión. Una cifra que suena más a epitafio judicial que a castigo real para un capo que, por edad, salud, estrategias de dilación o simple cálculo biológico, difícilmente verá completada esa condena. La sentencia pega en el papel, sí, pero en la práctica luce como esas promesas institucionales que nacen grandilocuentes y mueren en la burocracia.

Mientras ,el país sigue cargando con las cuentas pendientes del caso Ayotzinapa y sus ramificaciones criminales que también mancharon la curricula de Omar Garcia Harfuch,entonces Comisario de la policia Federal en Guerrero.

Le cayeron 105 años, un castigo tan severo que casi parece diseñado para tranquilizar conciencias más que para imaginarse cumplido. En México, estas sentencias monumentales suelen tener algo de teatro jurídico: se pronuncian como si el tiempo no existiera, como si la cárcel fuera eternidad administrada, y no una institución donde hasta los números terminan negociándose con la realidad. 

Que dice El Pais: 

La desaparición de los 43 estudiantes rurales en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala se convirtió en uno de los casos más dolorosos para la sociedad mexicana en los últimos años. Ha pasado más de una década de aquello, y esa historia todavía navega entre las incógnitas, los vacíos de información y las teorías —en ocasiones casi contradictorias— acerca de lo ocurrido. Mazari fue uno de los narcos locales a los que las familias de los jóvenes pidieron ayuda en 2015 para tratar de revelar detalles de lo ocurrido, cuando desconfiaban firmemente de las versiones oficiales.

Los familiares colgaron un mensaje en la calle de Iguala, en el que hacían referencia a un mensaje que, a su vez, El carrete había dirigido a las familias: “Señor Santiago Mazari Hernández. Nosotros los padres de familia leímos el mensaje en la manta. Le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos, porque este mal gobierno [entonces el de Enrique Peña Nieto, 2012-2018] no ha sido serio con nosotros. Al contrario, nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad. Háganos saber de alguna manera cómo puede ayudarnos. Estamos dispuestos a encontrarnos con usted si así lo desea”.

El Carrete fue detenido en agosto de 2019 por soldados y elementos de la Guardia Nacional en la sierra de Guerrero. Mazari viajó entonces a Corral de Piedra, una remota comunidad, para tratar de cerrar un pacto con un policía comunitario. Buscaba socios para abrir rutas en ese Estado y Morelos, pero las negociaciones no salieron del todo bien, derivando en un conflicto que llegó a oídos de las autoridades. El operativo terminó con el arresto de El carrete, que, herido de bala en aquel momento, fue retirado del lugar en helicóptero.

Los Rojos, apunta la Fiscalía, estuvieron liderados por El carrete entre 2012 y el momento de su detención, en 2019, un periodo en el que se mantuvo ese conflicto con Guerreros Unidos. Esas hipótesis que han rodeado al caso tienen un punto común, la de Guerreros Unidos, el grupo que presuntamente atacó y desapareció a los 43 muchachos. 

Documentos divulgados en 2021 por la comisión presidencial encargada de las indagaciones revelaron las conversaciones entre integrantes de ese grupo criminal y policías de la zona, que mostraban que el Ejército había monitoreado a Guerreros Unidos durante el ataque a los normalistas. 

Uno de los diálogos interceptados es del mismo 26 de septiembre, en la noche del ataque; y el otro, un tiempo después, el 4 de octubre.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ RODRIGO SORIANO/

«IMPERDIBLE VIDEO: la VIDA y OBRA de la MINISTRA BATRES JUSTIFICA HISTORIA de PIFIAS y ESCÁNDALOS… tres maestrías, dos doctorados… y cero pudor para hacer el ridículo.


La biografía perfecta para demostrar que en la 4T el mérito no está en el cerebro, sino en el apellido. 

En su currículum, Lenia aparece como la estudiante eterna: Humanitas, UACM, Tepantlato, maestrías y doctorados encimados como si fueran puntos Payback. 

Pero cuando abre la boca en la Corte, no cita tratados, cita ocurrencias: quiere cobrar impuestos hasta a los muertos, confunde asuntos en sesión y necesita casi un centenar de asesores para que le expliquen en qué expediente está parada. 

Su paso por la política es igual de fino: permisos masivos a ambulantes, tragedias como Lobombo, conflictos con Padierna, asesorías con López Obrador y Sheinbaum, todo un tour guiado por la escuela de las malas mañas. Y aun así, con ese historial, termina como ministra gracias a un presidente que convirtió a la Suprema Corte en agencia de colocación para la familia Batres. 

Al final, su historia resume la época: universidades cuestionadas, diplomas colgados, doctorados en trámite, y una funcionaria que se hace viral no por su jurisprudencia, sino por sus pifias en video y sus chismes en pleno. Porque sí, Lenia estudió mucho… pero la Constitución nunca dijo que para ser ministra hubiera que entender lo que uno está votando. 

Con información: Arturo Espinosa/YOUTUBE

LA «JUSTICIA a la CARTA: DE MAULEON DESMENUZA el CASO AZUL-RUFFO y la IMPUNIDAD MORENO-GUINDA de AMERICO y RESTO de IMPUNES»…uno ya está en el Altiplano y los otros aun en el pedestal


La historia del periodista Hector De Mauleón ya es demoledora;vamos a volverla todavía más incómoda: un país donde al enemigo se le aplica el Código Penal y al amigo, el catálogo de pretextos espirituales.

Rufo, el “huachicolero” perfecto

Primero toman al exgobernador Ernesto Rufo Apel, lo exhiben esposado, cabeza abajo, como si fuera jefe de plaza y no un señor de 74 años que hizo política cuando Morena ni existía.

Lo acusan de delincuencia organizada y de mover millones de litros de combustible, como si hubiera pasado de opositor histórico a campeón del huachicol en su vejez dorada.

La versión oficial suena a serie de Netflix mal escrita: una empresa llamada Ingemar, 15 millones de litros, 129 ferrotanques, Coahuila como escenario y un accionista que, según la Fiscalía, ya no es cliente sino cerebro criminal.

Rufo dice que solo hacía logística y papeleo aduanal, que la que movía el combustible era otra empresa; el gobierno dice que no, que él es el villano principal, porque en este sexenio todo cliente incómodo termina siendo capo.

Jueces: el que piensa y la que obedece

Un juez de carrera, Mario Elizondo, se atreve a cometer el pecado mortal de la 4T: leer el expediente y concluir que la Fiscalía no fundó bien sus inferencias.

Como no les gustó la respuesta, no mejoraron la investigación; mejor cambiaron de juez, como quien cambia de tarjeta SIM.

Entonces aparece la jueza del acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega, que con la misma información que su colega rechazó, ve ahí la “red de contrabando más grande detectada hasta el momento”.

La fiscal Ernestina Godoy remata con cifras gordas: más de 4 mil millones de pesos de daño al fisco y movimientos financieros internacionales, porque sin narrativa de thriller fiscal no hay mañanera.

Sheinbaum: pruebas infinitas, silencio selectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum insinúa en la conferencia mañanera que contra Rufo hay “muchísimas pruebas”, expresión mágica que sirve igual para huachicol que para universidades tomadas.

Rufo, nacido en San Diego, pudo haberse perdido en la cómoda impunidad del vecino del norte, pero decidió quedarse, enfrentar el proceso y hoy duerme en el Altiplano por esa osadía.

Mientras tanto, el caso Rufo funciona como cortina perfecta para tapar el escándalo que rodea a la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, exhibida en audios ofreciendo información del Estado mexicano a una agencia estadounidense para recuperar su visa y limpiar sospechas de protección al cártel de Sinaloa vía su entonces esposo.

Ahí la justicia no corre, camina en chanclas: no hay esposas, no hay Altiplano, no hay operativo espectacular; solo silencio administrativo y prudencia revolucionaria.

Los intocables del huachicol y del narco

Rufo fue detenido con una velocidad que jamás se ve cuando los acusados llevan la playera guinda puesta.

Ahí está Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, pedido por el gobierno de Estados Unidos junto con otros ocho funcionarios por colaborar con el cártel de Sinaloa, y aquí seguimos fingiendo que el problema es un exgobernador de oposición.

Están también los seis gobernadores ,entre ellos Americo Villarreal que llegaron al poder con el dinero del “rey del huachicol”, Sergio Carmona, que financió campañas como si fuera banquero oficial de la transformación.

Y, por si faltaba ironía, aparece Mario Delgado, hoy secretario de Educación, pero antes operador de campañas morenistas financiadas con dinero de Carmona, según señalamientos que en Estados Unidos no se toman como chisme de café.

Desfilan también Ricardo Peralta, exdirector de Aduanas y exsecretario de Gobernación, grabado en reuniones con un líder criminal que ya está preso, y Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz acusado en documentos hackeados de la Sedena de haberle abierto la puerta del estado a un cártel.

Toda una galería de personajes, pero a ninguno lo vemos con casco, chaleco antibalas y cámaras transmitiendo su paseo rumbo al reclusorio.

La corona guinda: Adán, Cuauh y compañía

La colección sigue: Cuauhtémoc Blanco, Crutilo Escandón y la joya de la corona, Adán Augusto López, vinculado a la Barredora y a importación de combustible ilegal.

Pero a diferencia de Rufo, ellos gozan del beneficio premium de la 4T: la presunción de inocencia eterna y la incapacidad crónica de la justicia para alcanzarlos.

Aparecen también los hijos de López Obrador, metidos en los grandes negocios de la obra pública de su padre, en ese típico modelo familiar donde el Estado es proyecto, la obra es negocio y la justicia es un accesorio decorativo.

Si existe algún expediente, no llega al Altiplano ni a la mañanera; se queda varado en algún escritorio donde se decide qué escándalo se persigue y cuál se archiva bajo la etiqueta de “guerra sucia”.

Justicia a la carta

De Rufo Apel no se sabe si es culpable o inocente; lo que sí se sabe es que es el único exmandatario detenido desde que la 4T llegó al poder.
Y que mientras a unos se les protege con una fe casi religiosa, a otros se les aplica la justicia de manera parcial, quirúrgica, con espectáculo televisivo y discurso moralizador.

Ese doble rasero ya no se puede ocultar: la cárcel para el opositor ejemplar, la impunidad para los aliados estratégicos y la justicia convertida en arma política del nuevo régimen.

En resumen, la transformación presume combatir la corrupción, pero practica la selección de clientes: al enemigo se le llama criminal; al amigo, compañero de lucha.

Con información: LATINUS/HECTOR DE MAULEON/

«CARTEL del GOLFO OPERABA su PROPIA REFINERIA en REYNOSA SIN que NADIE los MOLESTARA, NI el DIA del DECOMISO»…cero «DETENIDOS», cero.


El tráfico ilegal de combustibles y la impunidad son tan lucrativas en Tamaulipas ,que el crimen organizado,el Cartel del Golfo,quien regula y controla la actividad delictiva en Reynosa, puede levantar sus propias refinerías.

La Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, reveló el incautamiento de un inmueble en esta ciudad fronteriza que contaba con infraestructura de procesamiento, almacenamiento y transportación de gasolinas y diesel, un hecho sin precedente en Tamaulipas que nadie vio.

Asimismo, se aseguraron 3 millones 769 mil litros de hidrocarburos, una cantidad que tendría un valor superior a los 90 millones de pesos, según incautaciones previas hechas en Tamaulipas.

Pero el hallazgo de una refinería clandestina en Reynosa no debería leerse como un éxito del Estado mexicano, sino como la confirmación de su fracaso más estructural: la normalización de un crimen que ya no se esconde, se industrializa.

Porque no estamos hablando de bidones en una brecha ni de tomas improvisadas en ductos de Pemex. Estamos frente a una operación con siete tanques fijos, once “frac tanks”, pipas, tractocamiones, motobombas y hasta generadores eléctricos. Es decir, una infraestructura que no se arma en la oscuridad de una noche, sino que requiere tiempo, logística, capital y —sobre todo— una certeza: nadie va a molestar.

La narrativa oficial insiste en vender decomisos como golpes certeros. Pero aquí hay un detalle incómodo: no hay detenidos. Ni uno y no es hecho aislado. 

La refinería estaba ahí, operando, produciendo entre 200 y 500 barriles diarios, y aun así no hay responsables. Como si las instalaciones se hubieran autoconstruido por generación espontánea, como si los tanques se llenaran solos y las pipas se manejaran sin conductores.

El silencio institucional agrava la escena. La FGR “informará cuando tenga la carpeta completa”, el Ejército no precisa ubicación, y las fuentes militares se refugian en la conveniente niebla de una “investigación en curso”. La opacidad no es un efecto colateral: es parte del ecosistema que permite que estos complejos existan.

El dato clave lo dan los especialistas: el combustible base proviene del “diésel negro”, ordeñado de ductos que transportan productos sin terminar. Es decir, el crimen organizado no sólo roba, también refina, distribuye y comercializa. Ha cerrado el ciclo productivo completo. Una cadena de valor ilegal más eficiente que muchas empresas formales.

Y mientras tanto, la estrategia gubernamental presume operativos contra el huachicol fiscal y decomisos espectaculares —como el buque con 10 millones de litros en Altamira—, pero el fenómeno no disminuye: evoluciona. Se sofistica. Se vuelve móvil. Se adapta más rápido que las instituciones que intentan combatirlo.

Lo verdaderamente alarmante no es que exista una refinería clandestina. Es que puede existir. Que puede operar lo suficiente como para volverse rentable. Que puede instalarse cerca de una de las zonas energéticas más vigiladas del país. Y, sobre todo, que puede ser descubierta sin que eso implique consecuencias penales inmediatas.

En Tamaulipas, el mensaje es brutalmente claro: el negocio del combustible ilegal que tambien practica el gobernador Americo Villarreal, no sólo es lucrativo, es viable. Tan viable que permite al crimen organizado montar su propia industria energética paralela. Y tan impune que, cuando finalmente se exhibe, lo único que cae es el decorado.

Con información: ELNORTE/

«QUE PASÓ AMÉRICO?: INSEGURIDAD de REYNOSA le SOPLA en la NUCA a CULIACÁN y es TERCER LUGAR NACIONAL SIN GUERRA de BANDAS… reina la “percepción” y gobierna el miedo.


Reynosa ya se sentó en la mesa de los “grandes ligas” del miedo: sin balaceras espectaculares a diario, trae una percepción de inseguridad que respira en la nuca de Culiacán y del resto del país.

El dato incómodo: Reynosa casi al nivel Culiacán

  • Según la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana del INEGI (ENSU de junio 2026) , en Reynosa 86.6% de la población dice que vivir ahí es inseguro. 
  • En Culiacán, el porcentaje es de 90.8%, el segundo más alto del país sólo debajo de Irapuato (91.2%). 

Traducido al idioma de la calle: en Reynosa casi 9 de cada 10 personas caminan con el miedo puesto, mientras Americo Villarreal y Militares presumen “coordinación” y “mesas de seguridad” como si fueran terapia de grupo para funcionarios. 

Tabla del terror “oficial”

Ciudad% gente que se siente insegura (jun 2026)Lugar nacional aproximado
Irapuato91.2%1
Culiacán90.8% 2
Reynosa86.6% Top 3
Promedio nacional59.8% 

Mientras el discurso oficial insiste en que “la inseguridad va a la baja”, las cifras dicen que Reynosa está jugando en la misma liga estadística que Culiacán, con la pequeña diferencia de que allá al menos nadie finge que vive en Disneylandia. 

Reina la “percepción”, gobierna el miedo

A nivel nacional, el INEGI reporta que 59.8% de la población siente inseguridad en su ciudad, una ligera baja frente a marzo (61.5%) y junio de 2025 (63.2%). Pero en Reynosa ese “avance” estadístico es tan útil como un chaleco antibalas de papel: sigue instalada muy por encima del promedio. 

En Culiacán el 90.8% no ve cambio real respecto a junio 2025: oficialmente se quedaron estacionados en el nivel “pánico permanente”, sólo que con nota metodológica y logo del INEGI. En Reynosa, el porcentaje subió respecto a junio anterior, así que mientras el país presume una décima menos de miedo, la frontera se carga un poco más de paranoia normalizada. 

No hay guerra… pero hay trincheras

Lo irónico: no hace falta guerra abierta de cárteles para que Reynosa se sienta casi tan insegura como Culiacán. 

Lo que hay es algo peor para la “narrativa de paz”: la rutina del delito. El reporte nacional documenta que en los alrededores de vivienda, la gente atestigua consumo de alcohol en la calle (58.1%), robos o asaltos (38.5%), venta o consumo de drogas (37.8%) y disparos frecuentes con armas (23.3%). Eso no es “incidencia aislada”: es paisaje urbano. 

En paralelo, 42% de la población dejó de llevar cosas de valor, 38.2% ya no deja salir solos a menores, 35.9% dejó de caminar de noche y 22.5% dejó de visitar parientes o amistades por temor al delito. Es la ciudad que se encierra sola, mientras las autoridades venden “control territorial”. 

Gobernar con encuestas, no con seguridad

El teatro se nota más cuando se cruza la inseguridad con la desconfianza institucional:

A nivel nacional, entre quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad, 45.6% reportó haber sufrido al menos un acto de corrupción. 

Es decir: el ciudadano tiene miedo de salir a la calle, miedo del delincuente y una buena razón para tener miedo también del uniforme. Pero en el boletín se traduce como “desafíos pendientes en materia de confianza institucional”. 

Reynosa vs Culiacán: empate moral en el infierno

Si uno se toma en serio los datos, lo que sale es algo así:

  • Culiacán se mantiene en la cima de la paranoia estadística, revalidando su fama de ciudad bajo la sombra permanente del crimen organizado. 
  • Reynosa, sin necesidad de operativo cinematográfico diario, sin “guerra de carteles” a cuadro, ya alcanzó la zona de peligro crónico: 86.6% de percepción de inseguridad, top 3 nacional. 

El discurso oficial insiste en que “todo es percepción”, pero cuando casi nueve de cada diez habitantes te dicen que tienen miedo, eso ya no es percepción: es diagnóstico clínico de un Estado gobernado por Morena y Americo Villarreal que funciona como decorado complice del Cartel del Golfo.

Con información: ENSU 2026 2.T/INEGI NOROESTE/