Visitanos tambien en:

miércoles, 11 de noviembre de 2026

«EL ‘MAYELO’ NO se EQUIVOCA: DIPUTADO del CDV EXHIBE SISTEMA de SALUD INSALUBRE de AMÉRICO y NO lo BAJA de CAPO HUACHICULERO»… tampoco se equivoca, pero…


El truco favorito del poder cuando le estalla la podredumbre en la cara es siempre el mismo: matar al mensajero. Desviar la mirada hacia el emisor, descalificar el apellido, desempolvar rencillas politicas y pretender que, porque quien habla incomoda, lo que dice es mentira,nada mas falso.

En Tamaulipas el truco ya no cuela cuando la evidencia AVAsalla. Podrán descalificar el origen de la denuncia todo lo que quieran, pero la tragedia que se vive a diario en los pasillos y hasta afuera de los hospitales no admite maquillaje: el mensaje es demoledor, verídico y se queda corto frente a la catástrofe de un dia si y otro tambien bajo este gobierno insalubre.

Llamar a Américo Villarreal «capo huachicolero» no es un desliz retórico que se podria clarificar con solo atorar a su sobrino impuesto por la esposa del mandatario,tambien doctora y tambien de moral insalubre, para ponerle nombre y apellido a la descomposición de un gobierno que opera con la lógica del saqueo mientras deja morir a su gente,a su pueblo.

Y lo imperdonable no es solo el hedor del financiamiento oscuro y el negocio del combustible ilegal que hizo gobernador a Americo,aunque ensombrece a su administración, sino la doble moral quirúrgica de un mandatario que es médico de profesión,aunque en los hechos un vulgar matasanos.

Siendo galeno, aunque traidor al juramento hipocratico,Villarreal conoce al milímetro el costo de interrumpir un tratamiento. Sabe perfectamente que un paciente oncológico sin quimioterapia o un diabético sin insulina no están esperando un trámite burocrático: están esperando la muerte.

Que el propio Secretario de Salud estatal confiese con cinismo un abasto del 82% ya es una bofetada. Para la propaganda oficial, un 18% faltante parece un margen estadístico tolerable; para la madre que llega a urgencias de madrugada con su hijo en brazos y sale con las manos vacías y la orden de «vuelva mañana», ese porcentaje es una condena. La salud no se mide en balances de prensa, se mide en vidas salvadas o truncadas.

Y si el reclamo del Diputado local arde, la realidad documentada es todavía más lapidaria. El video apenas rasca la superficie del colapso: basta revisar el contundente informe «Salud Quebrada» —avalado por instituciones de peso indiscutible como El Colegio de México, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Cancerología— para constatar que el cacareado «sistema estilo Dinamarca» es una farsa sostenida con cinismo y cinta de aislar.

Powered By EmbedPress

Los datos desnudan un sistema pulverizado a nivel estructural:

  • Despojo masivo de cobertura: Tras el desmantelamiento criminal del Seguro Popular y los experimentos fallidos del Insabi, más de 30 millones de mexicanos perdieron el acceso efectivo a la salud. En los municipios de mayor rezago, la falta de cobertura se disparó del 6.2% al 62.7%.
  • Gasto de bolsillo empobrecedor: Cerca de seis millones de hogares enfrentaron gastos catastróficos para no morir, disparando el impacto financiero familiar en un 73%.
  • Miseria presupuestal e infraestructura raquítica: Mientras la OMS recomienda invertir el 6% del PIB, el gasto público se arrastra en un raquítico 2.8%. El resultado son apenas 1.1 camas de hospital por cada mil habitantes (la mitad del promedio regional y lejísimos de los 4.3 de la OCDE), y una precariedad laboral médica que rebasa el 75%.
  • Desabasto letal: La torpeza en las compras centralizadas dejó más de 7.5 millones de recetas sin surtir en un solo año, mientras la tasa de mortalidad evitable supera con creces los estándares internacionales.

Pretender que la exigencia de transparencia sobre qué medicinas faltan y en qué hospitales específicos no es legítima, solo porque la lanza la oposición, es complicidad pura. Las enfermedades no tienen filiación partidista ni entienden de treguas electorales.

El descalabro hospitalario de Tamaulipas no es una invención mediática; es una emergencia criminal orquestada por la negligencia de un gobierno igual de criminal que prefiere repartir culpas y administrar negocios turbios antes que garantizar gasas, quirófanos y medicamentos en sus salas de espera, después de decirnos que la salud iba a ser al estilo de Dinamarca; es más, mejor que Dinamarca, como nos lo recetó el hocicón en abonos entonces a cargo del país.

Con informacion: @IGCabezaDeVaca/

A "CONGRESO DOMINADO por MORENA,DOMINADO por AMÉRICO le DIO MIEDO LEGISLAR contra NARCOS que INTERVENGAN en ELECCIONES»… deciden no tocarlos ni con el pétalo de un dictamen.



En el Congreso de Tamaulipas dominado por MORENOS dominados por el Gobernador Americo Villarreal Anaya, la consigna no es legislar, sino tapar el sol con un fajo de iniciativas congeladas en la congeladora legislativa más fría del noreste. El más reciente episodio de esta enesima temporada de enredos fronterizos tiene como protagonista al Diputado local y ex-senador panista Ismael García Cabeza de Vaca —bautizado en los pasillos del morbo local como el hermano “Lelo”—, quien acudió al Tribunal Electoral para denunciar lo que todo el estado ya sabe: que en ese recinto legislativo no se mueve una coma sin el visto bueno de la corte guinda.

El sainete expone dos realidades que pintan de cuerpo entero la decadencia política de la entidad:

1. El rebaño de Américo y el capataz converso

El recinto legislativo de Ciudad Victoria opera como una vulgar oficialía de partes del gobernador Américo Villarreal. Al frente del rebaño morenista despacha Humberto Prieto Herrera, un expanista reciclado que cambió de camiseta con la agilidad de quien busca salvar el pellejo o asegurar la chuleta, convertido hoy en el celoso pastor de una bancada cuya única brújula es la sumisión al Ejecutivo estatal con la esperanza de que lo nombre candidato a la alcaldia de Reynosa,algo sumamente dificil,dada su poca o nula aceptacion entre ciudadanos.

Bajo la batuta de Prieto, el Congreso no delibera; acata,obedece. Si una propuesta huele a oposición —incluso si viene de una bancada tan golpeada y desacreditada como la cabecista—, la orden es mandarla al limbo de las comisiones fantasma. No importa el mérito jurídico ni la urgencia social: la consigna es el boicot preventivo para que nadie le haga sombra ni le genere jaquecas al inquilino de Casa de Gobierno que AVAnza vertiginoso a una prision en EE.UU,tan solo por sus malos oficios.

2. Alergia pura al blindaje contra el narco

El verdadero fondo del asunto no es el berrinche del quejoso ni la fobia al apellido Cabeza de Vaca. Lo que verdaderamente aterroriza a la cúpula morenista es la materia que se niegan a discutir: cerrarle el paso al crimen organizado en los procesos electorales.

En un estado donde las sombras del «huachicol», los financiamientos turbios ,las cenas con narcos del gobernador ,seguida de los abrazos que apuntalan los pactos territoriales que persiguen a la actual administración como su propia sombra, discutir filtros reales, controles financieros severos y consecuencias penales contra la intromisión de los cárteles en las urnas es pecado capital.

Legislar contra la narcopolítica significaría para el régimen guinda escupir hacia arriba; abrir esa puerta implicaría auditar los favores que construyeron su propia hegemonía.

Que demanda Ismael Garcia Cabeza de Vaca

El diputado acudio a un medio de control constitucional electoral: un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) radicado ante el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM).

La radiografía procesal del documento

  • Es un Acuerdo de Turno derivado de una Cuenta de Recepción de Documentos fechada el 3 de noviembre de 2026 en Ciudad Victoria.
  • Número de expediente: TE-JDC-22/2026.
  • Parte actora: Ismael García Cabeza de Vaca (diputado local del PAN).
  • Autoridad responsable: La Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
  • Trámite de origen: El Secretario General de Acuerdos (Rafael Luna Vázquez) le da cuenta formal al Magistrado Presidente (Edgar Iván Arroyo Villarreal) con el oficio 477/2026 remitido por la propia Mesa Directiva del Congreso.

La litis de fondo: ¿Qué está demandando y por qué por esta vía?

En el derecho parlamentario mexicano, los congresistas gozan de la prerrogativa del ejercicio efectivo del cargo (vertiente del derecho al voto pasivo tutelado por el artículo 35, fracción II de la Constitución Federal).

El agravio reclamado: La bancada de Morena y la Mesa Directiva han aplicado la clásica técnica de la «congeladora legislativa» o bloqueo institucional. Al negarse a dictaminar, turnar o someter al pleno las iniciativas presentadas por el legislador opositor, incurren en una omisión legislativa lesiva.

La vía elegida (JDC): Durante años, las controversias internas del poder legislativo se consideraban actos soberanos y discrecionales no justiciables (derecho parlamentario puro). Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF evolucionó: determinó que cuando los órganos de gobierno parlamentario obstaculizan de forma arbitraria e injustificada las facultades de un diputado (como presentar iniciativas o integrar comisiones), se vulnera su derecho humano de ejercer el cargo de representación popular, abriendo la puerta a la jurisdicción de los tribunales electorales.

La estrategia de las partes en el tablero jurídico

AspectoPosición del Actor (Ismael García)Posición de la Responsable (Congreso / Morena)
PretensiónObligar al Congreso a dictaminar y dar trámite a sus iniciativas; evidenciar el bloqueo faccioso.Desechar la demanda argumentando «incompetencia material» o «vida interna parlamentaria».
Riesgo JurídicoQue el Tribunal Electoral local sobresea el juicio alegando que los tiempos y agendas legislativas forman parte de la soberanía reglamentaria de las comisiones.Que el tribunal fije un plazo perentorio a la Mesa Directiva para someter a trámite las iniciativas, dejándolos en desacato o en evidencia pública de evasión deliberada.
Instancias siguientesSi el TRIELTAM batea la demanda o dilata el fallo, el actor tiene expedita la cadena impugnativa: Juicio de Revisión / JDC Federal ante la Sala Regional Monterrey y, en última instancia, Sala Superior del TEPJF.Las resoluciones de Sala Regional Monterrey no suelen perdonar omisiones legislativas cuando hay afectación al ejercicio efectivo del encargo.

Si tiene futuro juridico

Estamos ante una demanda electoral por vulneración al ejercicio del cargo público. Ismael García Cabeza de Vaca busca arrastrar a la Mesa Directiva del Congreso local a la arena jurisdiccional para forzarlos formalmente a dar trámite a sus propuestas o, en su defecto, dejar constancia judicial de que Morena le tiene cerrada la puerta a cal y canto mediante omisiones arbitrarias.

En resumen: mientras el tribunal revisa si obliga a los diputados a hacer la chamba por la que cobran, en el pleno de Tamaulipas reina un silencio elocuente. No es desdén parlamentario: es complicidad pragmática. Porque en la política tamaulipeca, cuando Morena decide no tocar al narco ni con el pétalo de un dictamen, no es por falta de tiempo ni de técnica legislativa; es pura y llana lealtad a los pactos de sangre.

Con informacion: OPINION PUBLICA/





«SOLO SI ATERRORIZAN al GOBIERNO ?:SHEINBAUM CALIFICA TERROR solo SI NARCOS AMENAZAN la SILLA del PODER»…si es al pueblo,es asunto de delincuencia organizada y somos tercer lugar mundial


La semántica oficial tiene una pulcritud quirúrgica: para el Estado mexicano, ahora a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el terror solo califica como terrorismo si amenaza la silla del poder. Si dinamita la vida del ciudadano de a pie, es apenas un «asunto de delincuencia organizada».

En la mañanera se maneja el lenguaje con pinzas de boticario. Se apela a la sacrosanta soberanía, a las reformas apresuradas y a la pulcritud de los tipos penales para atajar cualquier asomo de cooperación incómoda con el vecino del norte.

La narrativa es clara: blindar las fronteras jurídicas no para salvar vidas, sino para que nadie meta la nariz en el patio trasero. Si una bomba estalla en un coche frente a una comisaría municipal, si un dron siembra explosivos sobre un tejado de lámina o si una familia entera es desplazada a punta de fusil, el discurso oficial se atrinchera en el Código: no hay intencionalidad política contra el pacto federal, ergo, no hay terrorismo.

Esa alquimia legislativa choca de frente con la realidad en el terreno. Para quien vive en Michoacán, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato o Tamaulipas, el manual de derecho penal carece de sentido:

  • El campesino que no puede cosechar sin pagar piso vive bajo el terror.
  • La madre que busca restos en fosas clandestinas vive bajo el terror.
  • La comunidad encerrada bajo toque de queda impuesto por un convoy con blindaje artesanal no distingue entre un insurgente y un capo de la droga: ambos imponen el miedo para mandar.

Decía Agustín de Hipona que una ley injusta no es ley, sino mera violencia institucionalizada. La paradoja de la doctrina de seguridad mexicana es que concibe la soberanía como un escudo para el régimen, olvidando que la soberanía emana del pueblo y reside en su derecho más básico: no ser aniquilado.

El texto legal se ha parchado una y otra vez para levantar murallas procedimentales contra agencias extranjeras, mientras adentro los feudos criminales ejercen un gobierno paralelo sin necesidad de registro en el Diario Oficial.

La verdadera soberanía no se defiende con discursos sobre la pureza dogmática del delito ni blindando pactos inconfesables bajo el manto del nacionalismo. Se defiende arrebatándole las calles al miedo. Mientras el Estado insista en que el terror solo existe cuando le tocan las puertas a Palacio, la ley seguirá siendo un blindaje de papel para los gobernantes y un pésimo consuelo para los gobernados.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/MICAELA VARELA

«YA se le OLVIDÓ ASESINATO de ARANZA: FISCAL DISTRAÍDO DUDA de VERSIÓN de EDIL ENEMIGO POLÍTICO de AMÉRICO»… más que EMBUSTE, es una historia real de inseguridad convenientemente contada.


En la recurrente farsa de procurar justicia en Tamaulipas,aun bajo el gobierno de Morena y Americo Villareral, la brújula ministerial tiene un imán muy particular: siempre apunta en dirección contraria a donde los uniformes del propio Estado apestan a pólvora.

El fiscal con «pasado pesado», Jesús Eduardo Govea Orozco, ha perfeccionado un malabarismo ajusticiador digno de exportación: una ceguera selectiva implacable para lo urgente de casa, combinada con una vista de águila telescópica para lo ajeno, siempre y cuando huela a rentabilidad política que exhiba y ponga en entredicho a un alcalde panista aliado de «Escorpiones», igual que el gobernador,aunque no solo con «Matamoros».

Mientras el expediente por la ejecución de la pequeña Aranza a manos de gatilleros con charola de la Guardia Estatal —esos que disparan desde helicópteros oficiales con la impunidad del presupuesto público— acumula telarañas, reservas y pretextos procesales, el fiscal ha encontrado una vocación súbita e irresistible: la de juez de ruta y cronometrista olímpico.

De pronto, a la Fiscalía de Tamaulipas no le quita el sueño explicar por qué sus policías de élite andan cazando civiles desde el aire violentando la normatividad de la Ley Nacional de uso de la fuerza que nadie respeta y que verdaderamente estremece las entrañas.

Al fiscal Govea ahora le preocupa y ocupa la biomecánica pedestre del alcalde panista de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz. No importa que el secuestro haya ocurrido en territorio potosino-zacatecano con la terminación de su peliculesca aventura en Coahuila y en el limbo de una carretera federal; tampoco le importa que la carpeta penal duerma en San Luis Potosí o Zacatecas y que Tamaulipas no tenga vela formal en ese entierro.

Cuando el blanco es un rival político del palacio de gobierno de don Américo Villarreal y la currícula tatemada de Héctor Joel Villegas, alias «Calabazo», quien por servir al narco como otro ser_vil, termina por no servir, las fronteras estatales se evaporan y el celo investigador florece.

Ahí está Govea frente a los micrófonos, despojándose de la toga para ponerse la bata de perito deportivo y el silbato de árbitro. Con exquisito rigor analítico —ese que jamás asoma cuando hay que consignar mandos policiales propios—, el fiscal desmenuza distancias: que si fueron 80 kilómetros, que si luego dijo 50, que si recorrer casi dos maratones nocturnos «se antoja difícil de creer».

La ironía roza el delirio: al fiscal le parece inverosímil que un hombre aterrado camine a tientas por salvar el pellejo, pero le resulta perfectamente digerible, cotidiano y burocráticamente archivado que una patrulla aérea de su corporación acribille a una niña y siga sin haber consecuencias de peso y que General del ejercito minimiza,mientras los ciudadanos ya acostumbrados ,lo normalizan,porque ademas ni pariente era.

El libreto es tan viejo como burdo. Cuando la Guardia Estatal comete una atrocidad en el patio trasero, la postura oficial es el mutismo, el trámite a cuentagotas y la táctica de hacerse el tarugo hasta que el escándalo se disuelva en la marea informativa.

Pero si un alcalde opositor reaparece tras un calvario y trastabilla en sus declaraciones , entonces sí: se activan baterías periciales, se ofrecen ruedas de prensa, se habla de «alinear narrativas» y se insinúa la farsa para sentar al agraviado en el banquillo de los sospechosos,distrayendo recursos que podrian emplear para indagar por extorsion a la esposa del gobernador indiciado e indiciada.

Al fiscal Govea no le compete resolver lo que pasa en los desiertos de Zacatecas ni en las brechas de San Luis Potosí, pero le sobra tiempo para fungir como vocero de la duda razonable contra los enemigos del régimen.

La doctrina es clara: para las víctimas de la violencia de Estado, el olvido y las carpetas congeladas; para la disidencia política, auditoría forense de cada paso y kilometraje. Una justicia de lente bifocal donde lo atroz se ignora y lo conveniente se persigue hasta el agotamiento.

Con información: ELNORTE/

LA «MISMA TRAMA de SIEMPRE: EE.UU REVELA el PELIGROSO PODER CORRUPTOR de CAPO NARCO que TENÍA en la NÓMINA POLICÍAS y MILITARES»… una traición convertida en tradición.


En México no hay deporte nacional más arraigado que el sabotaje burocrático: esa sagrada costumbre donde unos cuantos sudan la gota gorda jalando la carreta institucional, mientras otros adentro le meten palos a las ruedas y cobran peaje por voltearla.

El caso de Ryan Wedding —el fino atleta olímpico canadiense que cambió el snowboard por la nieve en polvo de verdad— parece un sainete escrito por la mala leche institucional de siempre. Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. armaba expedientes, el gringo y su séquito se movían por territorio nacional con la tranquilidad de quien viaja en clase turista con pase VIP del gobierno.

Para que la farsa funcionara, el atleta reclutó a los mejores administradores de la traición local. Por un lado estaba Roberto Gómez, alias “Fat Boy” o “Rooster”, un angelino prófugo que descubrió que las corporaciones policiales mexicanas son como coladeras: no retienen el agua, pero filtran todo lo demás. Bastaba cultivar las amistades correctas para enterarse con lujo de detalle de órdenes de aprehensión, cateos y decomisos antes de que el juez terminara de firmar el papel. Nada de espionaje satelital; bastó una llamada a la oficina de enfrente para que el criminal supiera qué día no convenía estar en casa.

La otra joya de la corona fue Edgar Aaron Vázquez Alvarado, alias “El General”, líder del cártel Nuevo Imperio. El tipo no solo se dedicaba a que las investigaciones penales se extraviaran en el limbo burocrático y las evidencias desaparecieran como por arte de magia de los ministerios públicos; también manejaba el servicio al cliente de los retenes. Si los transportistas de cocaína querían pasar retenes de policías y militares sin despeinarse, Vázquez les daba la palabra clave del día. Un «ábrete sésamo» institucional donde los uniformados de guardia recibían el santo y seña, bajaban el rifle, saludaban con la cabeza y dejaban rodar la mercancía.

Unos arriesgando el uniforme en la carretera; otros vendiendo las contraseñas del retén por WhatsApp y no solo a un cartel.

La fiesta duró hasta que las balas le ganaron la partida a “El General” en el Estado de México y los gringos soltaron los expedientes contra el “Fat Boy”, amenazándolo con pasar el resto de sus días en una prisión federal.

Pero la postal queda intacta: la tradicional carreta mexicana sigue avanzando, pesada y chueca, empujada al barranco por los mismos que cobran sueldo por conducirla.

Con información: ELNORTE/