Si existe una red que mantiene a México en movimiento sin pedir permiso, sin presupuesto y sin aparecer en los organigramas del poder, es la de las mujeres. Invisible para quienes gobiernan desde oficinas blindadas, pero demasiado obstinada y poderosa como para que el país siga fingiendo que no la ve. He hecho una decena de reportajes sobre madres que buscan a sus hijos desaparecidos; sobre padres, ninguno. Son ellas quienes sostienen esa llama de lucha y dignidad en un país que parece diseñado sobre fosas clandestinas y que ya acumula más de 125.000 personas desaparecidas. Por ellos —casi siempre— son ellas las que preguntan, buscan, insisten y se niegan a guardar silencio.
Entre febrero y mayo de 2018, 30 hombres fueron secuestrados en Nuevo Laredo. El principal sospechoso no era una célula criminal más de las que administran el terror a balazos, sino el Ejército: una operación de limpieza social cocinada desde los cuarteles para cobrar la muerte de un comandante y hacer desaparecer a quienes, según su propia lógica, pertenecían al crimen organizado. Sin juicio, sin orden judicial, sin detención legal, sin rastro. El método mexicano para borrar problemas: convertir seres humanos en silencio.
En ese grupo estaba Israel. Una tarde tomaba cerveza, sentado en una silla del porche de su casa, cuando dos camionetas de la Armada frenaron frente a él. Pronunciaron su nombre en voz alta, lo subieron a golpes y se lo llevaron. Fin de la escena. Inicio de la desaparición.
Su esposa me lo contó sentada en ese mismo porche. También me mostró los videos de las cámaras de seguridad de la casa. No era una de esas historias que las autoridades despachan con el clásico “no se sabe qué pasó”. Se sabía demasiado bien.
De Marco Antonio tampoco se volvió a saber. Dos patrullas lo interceptaron mientras cargaba gasolina. Cuatro uniformados bajaron, lo metieron a culatazos en uno de los vehículos y dejaron la manguera colgando de la boca del depósito, como si la urgencia por levantarlo estuviera por encima incluso del teatro mínimo de fingir normalidad. Las cámaras de la gasolinera lo grabaron todo.
El caso de José Luis tuvo todavía menos pudor. Celebraba un cumpleaños infantil, rodeado de decenas de familias, cuando llegaron 20 militares. Ordenaron a todos tirarse al piso, incluidos los niños. Entre la multitud, el oficial al mando lo eligió a él. Lo hincaron de rodillas, lo golpearon varias veces con un trozo de madera y ordenaron llevárselo. Nada clandestino. Nada sofisticado. Terror administrativo: uniforme, armas, testigos y la seguridad de que nadie cobraría la factura.
La operación se repitió una y otra vez entre febrero y mayo de 2018. Treinta personas secuestradas en una ciudad que ni siquiera alcanza el medio millón de habitantes. Ninguna terminó en prisión. Ninguna volvió a casa. Ninguna tenía antecedentes penales. Ninguna fue detenida en flagrancia. Pero en México —sobre todo en ciertas fronteras— la presunción de inocencia puede durar menos que una patrulla detenida frente a tu puerta.
La frontera que devora historias
Tamaulipas, pegado a Texas, es la principal aduana terrestre de América Latina y una de las regiones más violentas del continente. Es la ruta más directa hacia Houston, Nueva York o Miami y, por eso mismo, una trituradora humana para migrantes de toda América. También funciona como corredor para cualquier mercancía ilegal que el mercado o la imaginación puedan procesar: fentanilo, niñas, órganos y animales exóticos hacia un lado; armas, dinero y prófugos hacia el otro.
Allí, Ejército y los Zetas del Cartel del Noreste comparten escenario y se disputan el control a cara de perro. Pero Tamaulipas también es la región más silenciada de México: un agujero negro donde la información entra, se asfixia y rara vez vuelve a salir.
Cuando llegué, los teléfonos viejos de reporteros que me habían ayudado una década antes ya no servían. No porque hubieran cambiado de número, sino porque muchos ya no estaban. Se habían ido, habían pedido asilo en Estados Unidos o habían abandonado el periodismo como quien abandona una casa en llamas: para seguir vivos.
Quedaban apenas un par de activistas de derechos humanos, gente dispuesta a jugarse la vida para realizar el trabajo que el Estado evade. En ese paisaje, Nuevo Laredo era el epicentro: una ciudad con las tasas de homicidio más altas de la región y el primer lugar nacional en personas desaparecidas.
Y, pese a todo, las mujeres salieron.
Madres, esposas, novias y hermanas de los desaparecidos se organizaron para exigir justicia. Durante seis meses, desde el primer “levantón”, recorrieron morgues, hospitales, cárceles, basureros, vertederos y descampados de la periferia donde sospechaban que podían haber arrojado los cuerpos. Caminaron por una tierra seca, árida y estéril, bajo temperaturas de hasta 48 grados, buscando huesos, ropa, botones, tierra removida; cualquier cosa. Una señal mínima. Una pista miserable que les permitiera pensar que los suyos estaban debajo de aquella tierra.
Durante esa semana en Nuevo Laredo entré a sus casas. Me dieron nombres. Me mostraron grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía, con una claridad obscena, a los soldados llevándose a sus familiares. Todo era tan burdo que provocaba vergüenza ajena: los militares ni siquiera se molestaron en vestirse de civiles ni en esconder los vehículos. Ni máscara, ni coartada, ni esfuerzo. Apenas la tranquilidad de quien supone que nadie se atreverá a pedirle cuentas.
Ellas se plantaban una y otra vez frente a la Fiscalía para exigir investigación. No lograron nada. A sus protestas acudían menos de diez personas. Para las autoridades y para muchos vecinos, Karen, Erika, Gabriela y Azeneth eran “un hatajo de viejas mitoteras”: las incómodas, las escandalosas, las que caminaban juntas por los sitios hacia donde el resto había decidido no mirar.
Pero las “mitoteras” empezaron a multiplicarse.
Se sumaron otras madres y esposas con hijos y maridos desaparecidos. El pequeño grupo de supuestas revoltosas se convirtió en una red creciente de mujeres que se reunía todos los días, a la misma hora, para buscar a los suyos. Llevaban un paraguas para sobrevivir al sol y las herramientas precarias que hubiera a mano en casa: una pala, un martillo, una cuchara, un destornillador. Con eso enfrentaban el desierto, las fosas, el miedo y la indiferencia oficial.
Dos Karlas contra el aparato del silencio
Nosotros dormíamos del lado estadounidense, por seguridad, y cruzábamos todos los días a Nuevo Laredo para reportear. El caso me interesaba porque, después de seis meses de parálisis, la investigación empezó a moverse de la forma menos esperada: gracias a dos mujeres que no se conocían y vivían separadas por cientos de kilómetros.
En Ciudad de México, Karla Quintana era comisionada nacional de búsqueda de desaparecidos, al frente de una oficina que dependía de la Presidencia. Era un cargo creado por López Obrador al inicio de su gobierno, como parte del anuncio de que ahora sí las cosas funcionarían de otro modo. La realidad, en cambio, resultó más familiar: la oficina fue relevante mientras servía para la fotografía y dejó de importar cuando la inacción presidencial comenzó a recibir críticas.
Quintana detectó señales demasiado evidentes de participación de la Marina. El problema era que en Tamaulipas no había un solo juez dispuesto a inmolarse abriendo una investigación de semejante tamaño contra la élite militar mexicana. Entonces supo de Karla Macías, jueza de 44 años, originaria de Guanajuato, que meses antes había firmado una de las escasísimas condenas contra el Ejército por desaparición forzada.
Las dos hablaron. Quintana promovió un amparo previsto por la ley para trasladar un expediente cuando no existen condiciones para investigarlo en su región de origen. El caso salió de Tamaulipas y aterrizó en el Juzgado Noveno de Guanajuato, bajo la responsabilidad de Macías: a 350 kilómetros de Ciudad de México y a 900 kilómetros de Nuevo Laredo.
La jueza, de voz suave y cuerpo menudo, empezó a incomodar a gente que llevaba demasiado tiempo sin recibir preguntas. Presionó a la Fiscalía para que reuniera pruebas. Exigió a los mandos militares las bitácoras de los operativos y los nombres de los soldados participantes. Solicitó las grabaciones. Ordenó rastrear los GPS de los vehículos sospechosos.
No es normal que una jueza cuestione al Ejército. Tampoco es habitual que mujeres marchen con el rostro descubierto en Tamaulipas o salgan a buscar restos humanos allí donde el poder preferiría que no quedara ni memoria. Pero, de pronto, coincidieron madres, esposas y hermanas; una abogada; y una jueza que ni siquiera se conocían. Una mano invisible, fabricada con rabia, dolor y terquedad, empezó a cerrarse alrededor del Ejército.
En esa zona del país, donde protestar, marchar o remover la tierra buscando huesos puede costar la vida, eso equivale a una rebelión.
Lo que ellas sí movieron
Siete años después, las dos Karlas —Quintana y Macías— consiguieron empujar las investigaciones: hay siete elementos de la Marina en prisión. Las pruebas eran tan evidentes que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló a las fuerzas federales mexicanas como responsables de más de 50 desapariciones.
La historia no alteró el curso general de las cosas. El periodismo tampoco cambia nada, aunque cada reportero se siente frente a la computadora convencido —al menos por unas horas— de que esta vez sí. El periodismo revela, documenta y expone; después, otros deciden si hacen algo con ello o si lo archivan debajo de la montaña nacional de impunidad.
Ellas sí cambiaron algo.
Ellas me enseñaron a mirar de otro modo el país donde vivía. Se conocieron en el peor momento posible: mientras buscaban los huesos de sus familiares. Pero verlas cada mañana era una descarga de energía. Iban con azadones, palas y destornilladores; buscaban casi sin esperanza, pero al encontrarse con otras mujeres también habían encontrado una forma de sanar. Una manera de caminar, de preocuparse y de existir en un país que se empeña en dejar a las víctimas solas.
Las escuché cantar. Las escuché contar chistes mientras revisaban basureros y removían tierra para encontrar los restos de sus hijos. Por eso hay que contar, lo mejor posible, las dos caras de una misma moneda: la de la pistola que desaparece; la de los huesos que aparecen —o no—; y la de las madres que se niegan a permitir que el país entierre a los suyos dos veces.
Con información; DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/JACOBO GARCIA/
