En Sinaloa ya no basta con contar balas: hay que contar mujeres. Carolina “N”, trabajadora del Ayuntamiento de Escuinapa y maestra de educación especial, fue asesinada esta mañana a tiros afuera de su casa cuando salía a trabajar; tenía 39 años y dejó dos hijos. El crimen ocurrió en plena zona Centro, frente a su vivienda, y los agresores incluso dejaron un mensaje atribuido a grupos delictivos.
Carolina “N” iba a trabajar. No iba armada, no estaba en una balacera entre bandas, no era parte del espectáculo bélico que se ha normalizado en Sinaloa. Era empleada del Ayuntamiento de Escuinapa, maestra de educación especial y madre de dos hijos. Tenía 39 años.
La mañana de este jueves, al salir de su casa en la colonia Centro de Escuinapa, fue interceptada por hombres armados. Alcanzó a intentar refugiarse en la cochera, pero las balas la alcanzaron dentro de su automóvil, un Nissan March rojo que quedó con el motor encendido. Como si no bastara el asesinato, los agresores dejaron un mensaje atribuido a grupos criminales.
Es decir: en Sinaloa ya no sólo matan; también firman.
Y mientras las autoridades montan el protocolo habitual —acordonamiento, patrullas, Ejército, peritos, fotografías, carpetas de investigación y el inevitable “se investigará”—, otra mujer pasa a integrar la estadística de una entidad donde la violencia contra ellas dejó de ser excepción para convertirse en paisaje.
Adrián López Ortiz ,Director de Noroeste lo planteó con crudeza en Plataforma: las mujeres se están volviendo parte del conflicto armado. No sólo son víctimas de feminicidio por razones de género; cada vez son más las que quedan atrapadas, utilizadas, señaladas o ejecutadas en medio de la disputa criminal que tiene a Sinaloa convertido en territorio de guerra.
Los números no admiten maquillaje institucional. De enero a agosto de 2026, 88 mujeres han sido asesinadas en Sinaloa: una cada tercer día, aproximadamente. El 94 por ciento fue ultimada con arma de fuego. Sólo en agosto asesinaron a 24 mujeres, el peor registro mensual reciente, por encima de las 16 víctimas contabilizadas en octubre de 2025.
Y el crecimiento no es marginal ni una mala racha estadística: de 2024 a 2025, los feminicidios aumentaron 86 por ciento; en los primeros ocho meses de 2026, el incremento supera 200 por ciento. Sinaloa, con toda su “arquitectura institucional” para prevenir la violencia de género, presume en los hechos una eficacia inversa: los feminicidios suben, las mujeres caen y el Estado llega, casi siempre, después de los disparos.
Carolina no debería ser sólo otro nombre en la lista. Pero en un estado donde asesinan mujeres cada tercer día, donde las balas ya sustituyeron a la prevención y donde los mensajes criminales pesan más que las alertas institucionales, el riesgo es que su muerte termine archivada como tantas otras: un caso más, una carpeta más, una mujer menos.
Un niño de seis años entendió, de golpe y sin que nadie se lo explicara, que esconderse también puede ser una forma de sobrevivir. Se encogió en algún rincón de su casa, aferrado a lo poco que quedaba de su mundo infantil, mientras afuera —o muy cerca— ese mundo era demolido a balazos.
Fue el único sobreviviente.
Su padre, su madre embarazada, su hermana de tres años, la joven que los cuidaba y hasta el perro fueron asesinados. El presunto responsable, Diego Sebastián, habría entrado a aquella vivienda de un fraccionamiento de Atizapán como quien va a cerrar un negocio, no a ejecutar una carnicería. Pero, según el relato conocido hasta ahora, dejó una familia entera convertida en escena del crimen.
El padre era Jonathan Meléndez, de 38 años, conocido como Honas, teclista de la popular banda Camilo Séptimo. La versión de la investigación sostiene que fue amarrado y recibió un disparo en la cabeza. Ana Paola, madre del niño y embarazada de cuatro meses, fue asesinada de la misma manera. Sofía, de tres años, también recibió un disparo en la cabeza. A Aleyda, la niñera, le dispararon por la espalda. El perro tampoco sobrevivió.
Y el niño quedó ahí.
Más de tres horas, según la información difundida, rodeado por los cuerpos de las personas que componían su vida. Tres horas en una casa transformada en infierno, hasta que la policía llegó cerca de la medianoche. No hay frase ingeniosa que pueda competir con ese dato. Ninguna retórica alcanza para nombrar lo que significa que un niño tenga que convivir con el silencio posterior a una masacre.
El elevador y la máscara
La imagen previa parece diseñada por el peor guionista de nota roja: son las 17:24 del martes y un hombre sube solo en un elevador de Grand Viure, en Zona Esmeralda. Lleva gorra, lentes oscuros y mochila. Mira a la cámara. Después, de acuerdo con fuentes citadas por EL PAÍS, la familia, la empleada doméstica y la mascota fueron asesinadas.
Hay una obscenidad particular en esas imágenes: el supuesto asesino no aparece huyendo, alterado o improvisando. Aparece entrando. Tranquilo. Como si la cámara fuera apenas otro detalle del decorado.
Las autoridades lo identifican como Diego Sebastián “N”, bajo el ritual burocrático de la presunción de inocencia. Pero las redes sociales ya hicieron lo que suelen hacer: derribaron el biombo de la inicial, circularon el apellido completo, difundieron fotografías, supuestas denuncias, versiones, videos y hasta imágenes que convierten el dolor ajeno en mercancía de pantalla.
La justicia pide cautela. Internet vende sangre por clic.
Un negocio que terminó en masacre
La principal línea que ha trascendido apunta a una relación comercial entre Diego Sebastián, mexicano de 51 años, y Jonathan Meléndez. Ambos, según fuentes cercanas al caso, habrían sido socios en negocios de renta de propiedades vacacionales, vinculados con Nomad Property Management, una plataforma de alojamientos de lujo en destinos como Valle de Bravo, Tepoztlán, Acapulco y Cuernavaca.
La hipótesis de un posible robo flota sobre el expediente. También la versión de que el presunto agresor habría exigido 300.000 pesos a Meléndez. Pero incluso si esa cifra fuera cierta, la pregunta se vuelve más grotesca, no menos: ¿una deuda, una disputa o un negocio inmobiliario pueden explicar la ejecución de una mujer embarazada, una niña de tres años, una trabajadora y una mascota?
No. Explican, a lo sumo, el móvil que alguien intenta encontrarle a lo inexplicable. Pero no explican la saña.
Los registros mercantiles muestran que Diego Sebastián participó en varias empresas desde 2001: publicidad farmacéutica, branding, importación de cajeros automáticos, venta de material de oficina y renta de equipos audiovisuales. Una trayectoria empresarial dispersa, casi de catálogo, que no aclara nada. Tener sociedades, negocios, perfiles de LinkedIn o biografías de Instagram no convierte a nadie en un misterio sofisticado. A veces el expediente corporativo solo sirve para confirmar que el horror también usa camisa, teléfono inteligente y página web.
En Instagram, antes de que su cuenta fuera desactivada, figuraba una frase: “La idea es morir joven, lo más tarde posible”. Una de esas ocurrencias de autoayuda con pretensiones de profundidad que, después de una tragedia, adquieren una ironía nauseabunda.
El niño que quedó
Las autoridades también detuvieron a Gerardo “N”, señalado como el conductor que habría llevado y recogido al presunto agresor. Se investiga qué sabía, qué hizo y qué papel tuvo. Eso tendrá que probarse, no adivinarse en una red social ni resolverse con capturas de pantalla.
Pero mientras la investigación intenta ordenar pruebas, móviles y responsabilidades, hay algo que ya no admite discusión: un niño sobrevivió a la destrucción total de su familia.
México volverá a llenar horas de televisión, tendencias, titulares y mesas de análisis con la pregunta de siempre: por qué. ¿Por dinero? ¿Por fraude? ¿Por una sociedad rota? ¿Por una deuda? ¿Por qué tanta violencia? La pregunta importa, claro. Pero no debe convertirse en coartada para suavizar lo esencial.
No fue una “tragedia familiar”. No fue un “hecho lamentable”. No fue una mala noche ni una disputa que se salió de control. Fue una presunta masacre.
Y el sobreviviente, un niño de seis años, tendrá que cargar con una respuesta que nadie puede darle: por qué el mundo se acabó dentro de su casa y él tuvo que esconderse para seguir vivo.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PABLO FERRI
A Paola Gárate ya le dejaron una corona fúnebre en la puerta de su casa. Ya la encañonaron durante un asalto. Ya fue secuestrada, golpeada y obligada a retirarse de una elección. Ha denunciado, una y otra vez, los presuntos vínculos entre el poder político sinaloense y el crimen organizado. Pero, para la Secretaría de Seguridad federal de Omar García Harfuch, al parecer todavía falta una señal más clara: quizá un atentado consumado.
La SSPC impugnó la orden judicial que obligaba al Gobierno federal a brindar protección a la diputada priista de Sinaloa, pese a que la Guardia Nacional reconoció que enfrenta un riesgo real y que requiere seguridad personal permanente. La pretensión es devolverle el problema a las autoridades de Sinaloa: las mismas a las que Gárate acusa de convivir demasiado cómodamente con el entorno criminal que la amenaza.
El argumento es de una lógica escalofriante: que la Fiscalía estatal ya le otorgó medidas de protección. ¿Cuáles? Rondines aleatorios frente a su domicilio. Es decir, una patrulla que quizá pase, quizá no pase, mientras una mujer amenazada por el narco espera que la próxima visita no sea otra corona, sino una ráfaga.
No estamos hablando de una paranoia de oposición ni de una disputa burocrática por quién paga a los escoltas. En junio apareció una corona con el mensaje “Familia Gárate” frente a su casa en Culiacán: en el lenguaje del narco, una advertencia de muerte. En 2021 fue secuestrada durante nueve horas y golpeada para obligarla a abandonar la contienda electoral. En 2025, hombres armados le apuntaron para despojarla de su camioneta. Y este año, dos diputados de Movimiento Ciudadano —también críticos del oficialismo local— fueron atacados a balazos.
Aun con ese expediente, la federación quiere desmontar el resguardo que una jueza ordenó apenas hace unas semanas. La pregunta es inevitable: ¿qué nivel de amenaza considera suficiente el Estado mexicano para proteger a una legisladora? ¿Una corona no basta? ¿Un secuestro tampoco? ¿Una pistola en la cara es apenas un trámite? ¿Tienen que matarla para que la burocracia admita que el riesgo era real?
La contradicción es todavía más obscena porque Gárate ha cuestionado al Gobierno de Sinaloa por su presunta cercanía con estructuras criminales. Mandarla a depender exclusivamente de la seguridad estatal equivale a pedirle que entregue las llaves de su protección a la institución de la que desconfía y contra la que ha levantado la voz.
Rubén Rocha ya dejó la gubernatura, pero el retiro de un gobernador no desactiva por decreto la violencia, las redes de poder ni el miedo. Mientras el Estado reorganiza sus piezas políticas, Sinaloa sigue siendo territorio donde una activista como Alma Rosa Rojo puede recibir ocho disparos a plena luz del día y sobrevivir por puro milagro.
A Paola Gárate no le ofrecen seguridad: le ofrecen rondines. No le dan certeza: le piden paciencia. No le reconocen plenamente el riesgo: la mandan de vuelta al mismo sistema local que ella señala por su incapacidad —o algo peor— frente al crimen.
No es una discusión administrativa. Es una ruleta rusa institucional.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ZEDRIK RAZIEL/
Carlos Ulloa parece haber convertido la discreción política en un estilo de vida bastante rentable: mientras ocupa la dirección de Birmex —la empresa encargada de compras y distribución de medicinas—, sus declaraciones patrimoniales registran la compra al contado de dos departamentos por 22.4 millones de pesos entre 2020 y 2023. Uno de 7.45 millones y otro de 15 millones; ambos pagados sin el incómodo ruido de una hipoteca. El problema no es tener patrimonio, sino que las cuentas públicas no parecen explicar con facilidad cómo se arma ese rompecabezas: en ese periodo, el mayor sueldo reportado por Ulloa rondaba los 100 mil pesos mensuales netos.
De la oficina de la confianza de Sheinbaum al penthouse de contado
En la llamada austeridad republicana hay quienes se aprietan el cinturón… y hay quienes, al parecer, lo usan para sostener las llaves de dos departamentos comprados de contado.
Carlos Ulloa, director de Birmex y viejo hombre de confianza de Claudia Sheinbaum, acumuló entre 2020 y 2023 dos propiedades con valor conjunto de 22.4 millones de pesos: una de 7.45 millones y otra de 15 millones. No hubo mensualidades, ni créditos, ni el eterno “a ver si me autoriza el banco”. Puro pago de contado, como quien compra un refrigerador en oferta, sólo que aquí el carrito venía con departamentos de varios millones.
La matemática, sin embargo, tiene muy mal carácter. Para pagar únicamente el segundo inmueble —de 15 millones de pesos— en tres años, habría requerido ingresos mensuales superiores a 400 mil pesos, suponiendo que durante ese tiempo no gastara un peso en renta, comida, transporte, pañales, luz, gasolina o esa nimiedad llamada vida cotidiana. El detalle es que su salario más alto en cargos públicos era de hasta 100 mil pesos mensuales netos. La austeridad, pues, parece rendir mucho más cuando uno sabe en qué caja preguntar.
Y no todo fue ladrillo y concreto. A los departamentos se suman “joyas de alto valor” heredadas por un millón de pesos, mobiliario y accesorios de casa adquiridos por 1.5 millones, además de al menos 19 movimientos migratorios entre abril de 2022 y abril de 2025, con destinos como Nueva York, Miami, Londres, Madrid, Roma, Montreal y Medellín. El funcionario dedicado a garantizar medicinas para el país no sólo parece tener agenda internacional: también tiene un patrimonio que pide explicación con subtítulos, calculadora y lupa.
La historia cobra otro tono cuando se recuerda quién es Ulloa dentro del círculo sheinbaumista. Durante la campaña presidencial de 2024, según la versión difundida por Valor Tamaulipeco con información atribuida a Claudio Ochoa/EL UNIVERSAL+, era el operador discreto al que buscaban quienes aportaban recursos y quienes requerían dinero para la operación política.
Un hombre de confianza, dos veces secretario particular de Sheinbaum y, según esa publicación, custodio de información sensible sobre aportaciones políticas. Es una acusación periodística que requiere pruebas verificables y respuestas públicas de los involucrados; no debe presentarse como hecho acreditado sólo por su difusión.
Hoy Ulloa encabeza Birmex, una paraestatal clave para la compra y distribución de medicamentos e insumos del sistema público de salud. Pero, según el segundo reportaje, ha mantenido un perfil público sorprendentemente bajo: tres apariciones en conferencias matutinas desde su nombramiento en abril de 2025, mientras otros funcionarios han dado la cara por temas vinculados directamente con la crisis de abasto.
La pregunta no es por qué un servidor público viaja o compra propiedades. La pregunta es mucho más simple —y mucho más incómoda—: ¿de dónde salió el dinero y por qué quien maneja una responsabilidad tan delicada como Birmex opera con tanta discreción, tanto patrimonio de contado y tan poca explicación pública?
Porque en el México de la “transformación”, algunos presumen pobreza franciscana; otros, sin decir mucho, parecen haber descubierto el milagro de multiplicar el sueldo público hasta convertirlo en departamentos, joyas y boletos de avión.
En palabras simples: el tribunal no cerró el caso ni declaró inocente a Ernesto Ruffo Appel. Sólo confirmó que la Fiscalía puede seguir investigando y avanzando el proceso, pero que, por ahora, no puede llevarlo a juicio oral hasta que otro tribunal resuelva definitivamente el amparo que Ruffo promovió contra la decisión que lo vinculó a proceso.
Qué decidió el tribunal
La resolución mantiene una especie de “alto” en un punto muy concreto del procedimiento:
La FGR puede continuar su investigación.
El juez penal puede seguir tramitando el expediente.
Se puede desahogar y concluir la etapa intermedia, en la que Fiscalía y defensa discuten la acusación, las pruebas que deben admitirse y los hechos que llegarían al juicio.
Pero el juez no puede dictar el auto de apertura a juicio oral, que es la resolución que manda formalmente el caso ante un tribunal para celebrar el juicio y eventualmente dictar una sentencia.
Dicho de otra manera: el expediente puede avanzar, pero queda detenido justo antes de pasar a la fase en que la Fiscalía tendría que probar públicamente la acusación y la defensa rebatirla ante un tribunal de enjuiciamiento.
Traducción al castellano llano
El mensaje jurídico del tribunal es este:
“La Fiscalía no tiene razón al decir que esta suspensión paraliza la justicia o daña automáticamente al interés social. La ley permite congelar la apertura del juicio mientras se decide el amparo de Ruffo, siempre que sigan la investigación y las demás actuaciones previas al juicio.”
La suspensión seguirá vigente hasta que se resuelva en definitiva el amparo contra la vinculación a proceso. Esa vinculación no equivale a una condena: significa que, a juicio del juez de control, hay datos suficientes para que una persona sea investigada formalmente y sometida a proceso por determinados delitos. El amparo busca cuestionar si esa decisión fue constitucional y legal.
A quién beneficia y perjudica
Parte
Efecto práctico
Ernesto Ruffo Appel
Es el principal beneficiado en términos procesales: evita, temporalmente, que su caso llegue a juicio oral. Gana tiempo y conserva la posibilidad de que el amparo invalide o modifique la vinculación a proceso antes de que el juicio se abra formalmente.
Fiscalía General de la República
Es la parte perjudicada por la decisión, porque no puede culminar el camino hacia el juicio mientras se decide el amparo. Pero no pierde la investigación ni queda impedida de sostener la acusación, preparar pruebas o continuar la etapa intermedia.
Personas coimputadas y empresas involucradas
Podrían beneficiarse indirectamente si la definición del amparo de Ruffo afecta elementos centrales de la imputación, aunque la suspensión descrita es personal y no implica, por sí sola, que se extingan las investigaciones contra otros involucrados.
Interés público y Hacienda
Hay una demora en la posibilidad de llegar a juicio y, en su caso, a una sentencia o reparación del daño. Sin embargo, el tribunal sostuvo que esa demora no basta para considerar que la suspensión vulnera el interés social u orden público, porque el caso continúa en las etapas previas.
Alcances reales y límites
Lo que sí cambia
Retrasa el juicio oral durante meses o incluso más tiempo, dependiendo de cuánto tarde en resolverse el amparo en última instancia.
Impide que, por ahora, haya una sentencia absolutoria o condenatoria, pues ninguna puede dictarse sin juicio o sin una salida alterna legal.
Obliga a la FGR a mantener vivo el caso y seguir litigando tanto el procedimiento penal como el juicio de amparo.
Abre la posibilidad de que, si Ruffo gana el amparo, la vinculación a proceso se revise, se deje sin efectos o se reponga alguna parte del procedimiento, según lo que ordene el tribunal de amparo.
Lo que no cambia
Ruffo sigue sujeto al proceso penal; la nota señala que permanece internado en el Penal del Altiplano.
La suspensión no elimina las imputaciones por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
La suspensión tampoco borra las acusaciones de la FGR relacionadas con importaciones presuntamente realizadas sin permisos de la Secretaría de Energía ni determina si existió o no “huachicol fiscal”.
No es una declaración de inocencia, ni una desestimación del caso, ni una derrota definitiva de la Fiscalía.
Por qué importa
La disputa de fondo no es todavía si Ruffo cometió o no los delitos que le atribuye la FGR. Lo que se está resolviendo ahora es una cuestión de garantías procesales: si el Estado puede llevarlo a juicio antes de que se revise definitivamente la legalidad de haberlo vinculado a proceso.
La Fiscalía sostuvo que frenar el juicio afectaba la justicia pronta y delitos que, según su postura, impactan la economía estatal y la seguridad nacional. El tribunal respondió que, en este caso, la medida no paraliza la persecución penal: deja correr la investigación y la preparación del caso, y sólo impide cruzar la línea final hacia el juicio oral hasta que se decida el amparo.
La consecuencia política y mediática es clara: el caso conserva toda su gravedad pública por el volumen de combustibles y el daño fiscal que la FGR atribuye a la red investigada, pero jurídicamente queda en una pausa parcial. La FGR puede seguir construyendo el expediente; lo que no puede hacer aún es sentar a Ruffo en el banquillo para iniciar el juicio.
La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, que presume en sus redes sociales ropa de marca y joyas caras, ha tenido un «empobrecimiento inexplicable» en su paso por el Gobierno federal.
Josefina Rodríguez pasó de tener un restaurante, pasear en caballo y ser candidata a diputada de Fuerza por México en Tlaxcala, a ser ahora la Secretaria de Turismo que presume ropa de marca, joyas, viajes y fiestas con su pareja Iván García, un funcionario tlaxcalteca.
En 2021 cuando era Secretaria de Turismo estatal en Tlaxcala, Rodríguez declaró públicamente ingresos anuales por 10.2 millones de pesos de actividades empresariales e inversiones.
Y tres años después, en 2024, recién nombrada Secretaria de Turismo federal en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, declaró ingresos por 3.2 millones de pesos, combinando su salario como funcionaria tlaxcalteca y restaurantera durante 2023.
Sin embargo, en su último reporte patrimonial de 2026 sólo reportó ingresos como servidora pública por 1.8 millones de pesos de su salario del año anterior y ya no declaró nada sobre sus ingresos como restaurantera.
Es más, en sus últimas declaraciones, puso en ceros cualquier otro tipo de ingreso, tanto empresarial como financiero.
Incluso, no reportó poseer bienes inmuebles, joyas u obras de arte, y sólo admitió un automóvil BMW X2, modelo 2019, comprado al contado por 636 mil pesos.
Eso contrasta con las joyas y vida de lujo que ha presumido en sus redes sociales, pues si sus ingresos disminuyeron, no explican cómo se multiplicaron sus lujos.
Grupo REFORMA publicó ayer que, pese a los exhortos de Sheinbaum a sus funcionarios de portarse con sencillez y humildad, su Secretaria de Turismo, de 37 años, exhibe en sus redes sociales fotos que reflejan lujos y nada de austeridad, como relojes Cartier y Rólex, y el anillo de diamantes de unos 900 mil pesos que le regaló su futuro esposo, el también funcionario Iván García Juárez, Procurador Ambiental en Tlaxcala.
Tras la publicación de Grupo REFORMA sobre sus bienes de lujo, como joyas, relojes y accesorios, la funcionaria morenista dijo ayer que fueron adquiridos con recursos propios y antes de ocupar la Secretaría, todo como parte de un «patrimonio familiar».
«Ningún bien material de mi propiedad ha sido adquirido con recursos públicos», aseguró.
Y, aunque dijo que todo estaba reportado en su declaración patrimonial, eso es incorrecto, pues no se encuentra ninguno de esos bienes declarados.
Francisco García Cabeza de Vaca (McAllen, Texas, 58 años), habla con EL PAÍS desde Estados Unidos, donde ha decidido permanecer mientras enfrenta una orden de aprehensión que, sostiene, es producto de una persecución política iniciada en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Administración de Claudia Sheinbaum ha dado seguimiento.
El exgobernador de Tamaulipas y aún miembro del PAN, sostiene que el expresidente identificó en él algo más peligroso que una candidatura: la posibilidad de unir a gobernadores de distintas fuerzas políticas, construir un frente común y disputar el poder en las elecciones presidenciales de 2024. Refiere además que su principal enfrentamiento con ese Gobierno fue la cooperación que mantuvo con agencias estadounidenses y, sobre todo, sus denuncias sobre el llamado huachicol fiscal.
Ahora coloca a Sheinbaum en la misma línea. Dice que la mandataria le sigue viendo como un adversario capaz de construir una alternativa opositora para 2030.
Cabeza de Vaca mide sus palabras. La reforma que busca impedir que mexicanos con doble nacionalidad sean candidatos a determinados cargos, una prioridad legislativa de la presidenta, la interpreta como una señal inequívoca en su contra. Recuerda que algunos analistas la han bautizado como la “ley Cabeza de Vaca”.
La clave, considera, no está en que se tenga doble nacionalidad, sino en que sea la estadounidense. Considera que el objetivo es impedir que alguien con ciudadanía mexicana y estadounidense pueda llegar a la presidencia. El panista evade responder si está dispuesto a renunciar a su ciudadanía americana para competir en 2030. Será una decisión que tome más adelante.
Su apuesta es permanecer en la contienda. Hacer campaña desde Estados Unidos si es necesario. Desde la oposición. Desde la alianza que sostiene, debe construirse rumbo a 2030. No asegura que él será el candidato. Pero sí deja claro que quiere ser parte de esa batalla.
Pregunta. ¿Por qué se considera un perseguido político?
Respuesta. Soy el primer gobernador en la historia de este país al que se le llevó a cabo un proceso de desafuero. El otro que utilizó ese esquema para victimizarse fue Andrés Manuel López Obrador. En mi caso fue ilegal e inconstitucional. Lo hicieron mediático. Hablaban de desvío de recursos públicos, de que tenía propiedades en Estados Unidos, ranchos con parques eólicos. Es una sola prueba. Todo fue una farsa ordenada por López Obrador. Él le pidió a Santiago Nieto que lo llevara a cabo. Lo único que pudieron señalar fue la venta de un departamento que adquirí mediante un crédito bancario. Está documentado que se compró, se remodeló y se vendió.
P. ¿Cómo evitó el desafuero?
R. Presenté un amparo donde se daba a conocer que un gobernador tiene fuero por su Estado, no federal, y que se tenía que homologar en el Congreso local. Gané ese amparo y seguí en la Suprema Corte. A pesar de eso, sacaron una orden de aprehensión por tres delitos. Después, cuando terminó mi gestión como gobernador, vuelven a sacar otra orden por los mismos cargos. Los otros dos imputados quedaron absueltos.
P. ¿A qué atribuye esa persecución? ¿Cómo era su relación con López Obrador?
R. Al principio fue una relación respetuosa. Él sabía que yo no coincidía con sus políticas públicas. Jamás le falté al respeto, pero siempre le dije de frente que no estaba de acuerdo en entregar el sistema de salud al Gobierno, al Insabi. Fui el primero que presentó un amparo y una controversia cuando Rocío Nahle [Secretaria de Energía] sacó un decreto para frenar las energías limpias. Descubrí la red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia de México: el huachicol fiscal. Enfrenté a los grupos criminales. Fui el único gobernador que giró órdenes de aprehensión por delitos del fuero común contra líderes de los cárteles. López Obrador, con su política de “abrazos, no balazos”, se rehusaba a hacerlo. La gota que derramó el vaso fue trabajar con siete agencias de Estados Unidos de manera coordinada. Eso nos permitió capturar a 19 de los criminales más buscados y violentos que operaban en ambos lados de la frontera.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca durante una conferencia ante el departamento de seguridad de Estados Unidos.CEDIDA
P. ¿Qué funcionarios estaban vinculados con el huachicol fiscal?
R. El 19 de agosto, en la Conago, denuncié públicamente que Ricardo Peralta era el vínculo con grupos criminales y que había facilitado el ingreso de Julio Carmona para operar el huachicol fiscal. Hay más de 18 denuncias, bitácoras y testimonios en Estados Unidos que involucran a funcionarios como Américo Villarreal [actual gobernador de Tamaulipas], Erasmo González [exdiputado por Morena] y Mario Delgado, el gran orquestador de financiar las campañas de 2021. Las denuncias se presentaron ante la Fiscalía, pero no han llamado a comparecer a nadie.
P. ¿López Obrador le tuvo miedo?
R. No tengo la menor duda. No sé si es miedo, precaución o una mezcla. Pero él sabía que yo era capaz de aglutinar a gran parte de la oposición, hacer un frente común y poder sacar adelante el 2024. No necesariamente con mi persona, sino con la capacidad de unificar fuerzas políticas para enfrentar a un régimen. Yo había logrado aglutinar a diez gobernadores de cinco fuerzas políticas diferentes. Entonces dijo “voy por este”.
P. ¿Le ofrecieron algo a cambio de entregar Tamaulipas?
R. Sí. Me ofreció quitarme todos los cargos a cambio de entregar el Estado. Me lo mandó a decir a través de mi abogado, Alonso Aguilar. Tengo como testigos a mis otros abogados, Javier Coello padre y Javier Coello hijo. El mensaje era: “Tú entregas tu Estado y te quitamos las órdenes de aprehensión”. No acepté.
P. ¿A qué atribuye que esta persecución se haya extendido a este sexenio?
R. Es parte de esa herencia maldita que ella tiene. Pareciera que le tiene que dar seguimiento a muchos de estos adversarios. A ella no la había ni siquiera mencionado. Cuando ella me menciona, me agrede y me alude, tengo que salir a defenderme. Y ahora saca una reforma para evitar que las personas que cuenten con doble nacionalidad puedan participar. Pero no cualquier doble nacionalidad. He ahí lo que le incomoda. Es con Estados Unidos.
P. ¿Considera que la reforma tiene dedicatoria para usted?
R. No me queda la menor duda. Su preocupación no es con la doble nacionalidad de otro país. Su preocupación es que llegue un presidente con la doble nacionalidad estadounidense. Es una fobia muy clara, muy marcada y manda muy mal mensaje a la relación binacional que debemos tener con Estados Unidos.
P. ¿Renunciaría a su doble nacionalidad para poder competir en 2030?
R. Tiempo al tiempo. Es una decisión que tomaré más adelante con mi familia.
P. ¿Qué sigue para usted ante esta reforma?
R. Nada está escrito. Esta reforma autoritaria, que trae nombre y apellido, va a tener muchas resistencias porque afecta a muchos otros ciudadanos, incluso de Morena.
P. ¿Cree que Sheinbaum lo ve como un candidato para 2030?
R. Sí. Lo vio López Obrador en su momento. Ella me ha dedicado tanto tiempo. ¿Cuál es su preocupación si no soy una amenaza para su régimen autoritario? No me debería ni siquiera tomar en cuenta. ¿Por qué ejerce tanta presión hacia mi persona, mi familia y me señala?
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.PEDRO GARZA (CEDIDA)
P. ¿Existe esa solicitud de extradición?
R. Eso dicen ellos. Yo no la he visto. Tiene que estar fundada y motivada. No es lo mismo para los narcopolíticos, para los morenonarcos, para los narcoterroristas gobernadores; de ellos hay testimonios, evidencias, videos. Todo México sabe que soy muy incómodo para ellos y que me fabricaron delitos. Estados Unidos sabe que me fabricaron delitos por haber sido uno de los principales adversarios de López Obrador.
P. ¿Qué autoridad de Estados Unidos lo sabe?
R. Puedo poner en riesgo muchas de las investigaciones que se llevan a cabo. Lo que puedo decir es que las autoridades están conscientes de lo que ha pasado a lo largo de los años y de mi lucha frontal, clara, firme y de convicción en contra del narco presidente Andrés Manuel López Obrador.
P. ¿Ha tenido acercamiento con autoridades de EE UU para hablarles de su aspiración de buscar la presidencia?
R. No hay necesidad de hablar con nadie. Mis intenciones no son de ahorita, son de hace seis años.
P. ¿Qué tendría que ocurrir para que regrese a México?
R. Estoy viendo varias opciones. Presenté una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Voy a seguir las instancias legales necesarias, tanto en México como en organismos internacionales. No me voy a frenar.
P. ¿Qué instrumento legal necesita para volver?
R. Hay varias estrategias. No quisiera hacerlas públicas porque hay una presión desmedida al Poder Judicial; los amenazan, los presionan.
P. ¿Desde dónde piensa hacer campaña si en 2030 continúa con la orden de aprehensión? ¿Desde Estados Unidos?
R. Seguramente. Utilizando todos los instrumentos tecnológicos que se tienen para darme a conocer. La batalla de batallas va a ser en 2030 y yo voy a ser parte de ese gran movimiento de cambio.
P. ¿Considera viable y legítimo que un candidato presidencial haga campaña desde el extranjero?
R. No puede ser más legítimo dar la batalla desde el lugar en que uno se encuentre cuando es perseguido por un Gobierno autoritario vinculado a los narcoterroristas. Tarde o temprano la justicia les va a llegar.
P. ¿Por qué considera que usted debe ser el candidato de la oposición? ¿Tiene el apoyo de los partidos?
R. Sería muy irresponsable de mi parte decir que tengo el apoyo del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano. He hablado con muchos liderazgos y todos coincidimos en una cosa: tiene que surgir alguien que tenga la capacidad, la experiencia, la firmeza y la determinación para poder tumbar este Gobierno de criminales. Quien tenga la capacidad de unir a las diferentes fuerzas políticas es quien debe ser el candidato.
P. ¿Y si no es usted el candidato?
R. Apoyaría a quien tenga la capacidad, entrega, firmeza y determinación. Lo he dicho desde hace mucho: tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas.
