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miércoles, 27 de mayo de 2026

«ENCIG 2025»: DICTAMEN CLINICO del INEGI es una RADIOGRAFIA MEDIOCRE del APARATO de GOBIERNO de AMERICO»…un gestor gris de conciencia prieta de un Estado que ademas de inseguro sigue sucio, deshidratado y desconfiado


La ENCIG 2025 pinta a Tamaulipas como un lugar donde la gente vive entre la desconfianza, el agua a medias, la basura que llega “más o menos” a tiempo y un gobierno al que la ciudadanía ve más cerca de la corrupción que de la eficiencia, aunque sin llegar a los extremos de los peores estados.

La ENCIG 2025 es ademas un dictamen clínico: bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal, Tamaulipas no solo es un Estado fallido en seguridad, es un Estado mediocre que se acostumbra a la mediocridad, con servicios básicos flojos, ciudadanía insatisfecha y corrupción normalizada.

Esto no habla de un gobierno en transformación, habla de una administración que navega entre el “ahí se va” y el “ya con eso”, incapaz de llevar a Tamaulipas a la media nacional, ya no digamos a la vanguardia.

En términos de imagen, la encuesta dice que el gobierno de Villarreal no logra limpiar la reputación de las instituciones; la gente sigue viendo al aparato estatal como sospechoso por defecto.

En síntesis, la ENCIG 2025 le dice a Américo Villarreal que su gobierno es un gestor gris de un Estado que sigue sucio, deshidratado y desconfiado; más que la “transformación” de Morena, parece la administración anodina de un viejo régimen con nuevo color en la fachada.

Diseccionemos el documento: 

Basura: la higiene llega… pero sin separar nada

  • El servicio de recolección de basura en Tamaulipas se considera “oportuno” por 76.4% de la población urbana, es decir, está por debajo del promedio nacional de 80.8% y a años luz de los campeones Nayarit y Nuevo León.
  • En separación de residuos, Tamaulipas se va directo al sótano: solo 1.8% dice que separa la basura para la recolección, el nivel más bajo del país; solo Chihuahua compite en el subsuelo con 2.3%.
  • En satisfacción general con el servicio de recolección de basura, 66.7% de la población tamaulipeca declara estar “muy satisfecha o satisfecha”, otra vez debajo del promedio nacional (71.5%) y muy lejos de Nuevo León (90.6%); está más cerca del pelotón de los resignados que de los convencidos.

En resumen: la basura sí pasa, pero el discurso verde ni se asoma; la ciudadanía no separa y el gobierno tampoco presume.

Agua: llega a medias, sabe a duda y no convence

  • En suministro constante de agua, solo 47.2% de la población de Tamaulipas percibe que el agua llega sin cortes, por debajo del promedio nacional de 54.7% y muy lejos de los 80.7% de Baja California.
  • En potabilidad (agua “bebible sin temor a enfermarse”), apenas 8.3% de la población de Tamaulipas confía en que el agua se puede tomar del grifo; el promedio nacional es 19.0%, y hay estados como Tlaxcala con 44.2%.
  • En satisfacción con el servicio de agua, solo 37.9% de las personas en Tamaulipas se declara satisfecha, de nuevo por debajo del promedio nacional de 51.4%, y arrinconados con estados problemáticos como Tabasco y Baja California Sur.

Conclusión: el agua en Tamaulipas llega irregular, no se siente segura y deja a más de la mitad de la población insatisfecha; el gobierno local vende “servicio”, la gente compra garrafones.

Luz: ni tan mal servicio, pero la gente no la aplaude

  • En continuidad del servicio eléctrico (sin apagones frecuentes), 88.0% de la población tamaulipeca dice que la luz es “continua”, ligeramente por debajo del promedio nacional de 92.7%, pero lejos de ser de los peores; los verdaderos villanos están en Campeche y Yucatán.
  • En estabilidad (sin variaciones de voltaje), 81.4% considera que el servicio es estable, otra vez un poco abajo del promedio nacional (87.2%), y a media tabla: ni desastre ni orgullo.
  • En reinstalación inmediata tras un apagón, 54.8% cree que el servicio se restablece rápido, por debajo del promedio nacional de 60.9%, con estados modelo como Michoacán (82.2%) marcando un estándar que Tamaulipas no alcanza.
  • En satisfacción con el servicio de energía eléctrica, 64.4% de la población tamaulipeca está satisfecha; el promedio nacional es 74.5%, así que el ciudadano de Tamaulipas siente que la CFE cumple a medias.

Moraleja: la luz enciende, pero la confianza no; no es caos, pero tampoco un servicio que la gente esté dispuesta a aplaudir.

Trámites: mucho movimiento, poca dignidad

  • El promedio de trámites, pagos y servicios realizados por persona en Tamaulipas es de 9.9 al año, ligeramente por encima del promedio nacional de 9.5; es decir, la ciudadanía sí tiene que tratar con el gobierno y sus ventanillas más de la cuenta.
  • A nivel nacional, en 39.1% de los trámites la persona enfrentó algún problema (filas, requisitos, información incorrecta, sistemas que fallan); Tamaulipas participa de ese mismo infierno burocrático, sin que el documento muestre que sea una excepción positiva.
  • El tipo de trámites donde más se reportan incidentes de corrupción son contacto con autoridades de seguridad pública (63.5%) y permisos relacionados con la propiedad (32.0%); aunque el dato es nacional, aplica al ecosistema en el que se mueve el tamaulipeco promedio cuando pisa oficinas públicas.

En otras palabras: en Tamaulipas la gente hace muchos trámites, y el sistema se encarga de recordarles quién manda, aunque sea a base de fila, mordida o trámite “perdido”.

Corrupción: la sospecha es regla, no excepción

  • A nivel nacional, la percepción de que la corrupción es “muy frecuente o frecuente” en la entidad alcanza porcentajes altísimos: Michoacán y Baja California rondan el 89%, mientras que Tamaulipas se ubica en la franja alta, por encima del 70%, sin el consuelo de estar entre los mejores.
  • En prevalencia de corrupción (personas que efectivamente vivieron un acto de corrupción por cada 100 mil habitantes), Tamaulipas registra 10 813 casos, mejor que entidades como Hidalgo (21 452), pero peor que Colima (6 992); es decir, no es el infierno, pero sí un lugar donde el “moche” es deporte conocido.
  • La encuesta coloca a la policía, los partidos políticos, el Ministerio Público y los gobiernos estatales como las instituciones con mayor percepción de corrupción; la ciudadanía de Tamaulipas no vive en una realidad paralela: convive con estas instituciones y las mira con el mismo escepticismo que el resto del país.

Traducción: el ciudadano tamaulipeco no solamente cree que el gobierno es corrupto; tiene suficientes experiencias propias o ajenas como para no dudarlo demasiado.

Confianza institucional: se confía en la familia, no en el Estado

  • A nivel nacional, la institución con mayor confianza son los familiares (84.8%), mientras que partidos políticos y policías combinan alta percepción de corrupción con bajo nivel de confianza; el ecosistema institucional de Tamaulipas se hunde en la misma tendencia.
  • La Guardia Nacional, el Ejército y las instituciones religiosas concentran más confianza que gobiernos estatales, municipales y el propio Ministerio Público; no hay evidencia en el documento de que Tamaulipas sea una excepción virtuosa.

El mensaje es claro: la gente confía más en su círculo cercano o en los uniformes verdes y castrenses que en las autoridades civiles que deberían gobernarles.

Qué piensan los tamaulipecos de “su” gobierno

Del conjunto de indicadores se desprende una radiografía incómoda:

  • Los servicios básicos (agua, basura, luz) se perciben como “más o menos” funcionales, pero con niveles de satisfacción por debajo del promedio nacional, especialmente en agua.
  • La ciudadanía ve la corrupción como fenómeno frecuente, vive actos de corrupción en trámites y se enfrenta a problemas en casi 4 de cada 10 gestiones con el gobierno.
  • Instituciones clave del aparato estatal —policías, gobiernos estatales y municipales, ministerios públicos— cargan con una percepción de corrupción altísima y niveles de confianza mediocres.

En suma, el ciudadano urbano de Tamaulipas parece decirle a su gobierno: “sí, funcionas lo justo para que no colapse todo, pero hiedes a corrupción, improvisación e ineficiencia; no te odio, pero tampoco te creo”.

Tabla comparativa: Tamaulipas vs promedio nacional (ENCIG 2025)

Indicador ENCIG 2025TamaulipasNacional urbanoComentario mordaz
Indicador ENCIG 2025TamaulipasNacional urbanoComentario mordaz
Recolección de basura oportuna (%)76.480.8Pasa el camión, no el reloj suizo.
Separación de residuos en basura (%)1.813.9Agenda verde en coma inducida.
Satisfechos con recolección de basura (%)66.771.5Servicio “aceptable”, entusiasmo ausente.
Suministro constante de agua (%)47.254.7El agua llega… cuando se acuerda.
Potabilidad del agua (%)8.319.0Nadie se fía del grifo, todos del garrafón.
Satisfechos con servicio de agua (%)37.951.4Mayoría insatisfecha, y con razón.
Continuidad de energía eléctrica (%)88.092.7Luz hay, confianza menos.
Estabilidad de voltaje (%)81.487.2La licuadora sabe de bajones.
Reinstalación inmediata tras apagones (%)54.860.9Te devuelven la luz, pero sin prisa.
Satisfechos con servicio de energía eléctrica (%)64.474.5Nadie aplaude a la CFE local.
Trámites, pagos y servicios por persona (promedio)9.99.5Más contacto con el Estado, más motivos para maldecir.
Prevalencia de corrupción (casos por 100 mil hab.)10 81315 642Menos que el promedio, pero suficiente para normalizarla.
Percepción de corrupción frecuente en la entidad (%)>70~80La sospecha es estándar de fábrica.

Con informacion: ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL/ENCIG 2025

«ASI PASA cuando se DISGUSTAN las COMADRES: ACUSAN al SOBRINO del JUNE del CDG que GOBIERNA N.L en FGR por QUEBRANTOS MULTIMILLONARIOS»…ligados a Mariana y su padre.


Dirigentes y legisladores de Morena en Nuevo León presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el Gobernador emecista Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por presunta triangulación y desvío de recursos públicos que alcanzarían los mil 400 millones de pesos.

En la política a la mexicana hay una regla no escrita pero perfectamente comprobable: mientras haya amor, hay impunidad; cuando llega el divorcio, aparecen los expedientes. Y en Nuevo León parece que ya se rompió la vajilla.

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, decidió abrir la caja de Pandora y soltar una acusación que, de confirmarse, no es menor: triangulación de recursos públicos que, curiosamente, terminan en un despacho jurídico vinculado al propio gobernador Samuel García… y a su padre. Porque en México la política es negocio familiar o no es nada.

Según la denuncia, estamos hablando de presupuestos federales y estatales que salen del erario de Nuevo León, pasan por proveedores “intermediarios” y acaban en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, un despacho que no solo comparte intereses con el mandatario, sino que además habría servido como estación de paso para financiar su promoción política. Todo muy institucional, todo muy transparente… en el papel membretado, claro.

La cereza del pastel: desde ese despacho se habrían canalizado casi 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica, encargada de la pauta digital que ha impulsado la imagen del gobernador con aspiraciones presidenciales. Es decir, dinero público que, tras un elegante baile contable, termina convertido en propaganda personalizada. La democracia, pero con branding.

Jurídicamente, el señalamiento no es menor. Alcocer habla de posibles actos de peculado, tipificados en el artículo 223 del Código Penal Federal. Traducido al español no jurídico: uso indebido de recursos públicos para fines privados. Traducido al español político: depende de quién seas y de con quién te lleves.

Porque aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses —o años— Samuel García fue un aliado funcional del gobierno federal. Disruptivo, sí, pero útil. Incómodo, pero alineado cuando convenía. Y mientras ese equilibrio se mantuvo, las revelaciones, los reportajes y las sospechas quedaron en la congeladora política nacional. 

Pero algo cambió.

Y cuando cambian las lealtades, aparecen los documentos. Cuando se enfrían las alianzas, se recalientan las investigaciones. Y cuando las comadres se disgustan… salen las cuentas, los contratos y las transferencias.

La pregunta ya no es si hubo triangulación —eso lo dirán las pruebas— sino por qué hasta ahora se vuelve tema prioritario. Porque en México, la justicia suele tener un timing sospechosamente político.

Así que el caso Samuel García no solo pone sobre la mesa posibles delitos financieros; también exhibe el mecanismo más viejo del sistema: la selectividad de la indignación y la justicia como herramienta de negociación.

Hoy el discurso es combate a la corrupción. Mañana, dependiendo de cómo se acomoden las piezas, podría volver a ser silencio administrativo.

Con informacion: ELNORTE/

«NO le VAN a CREER o…SI ?: «AMLO le ENTREGO CONTRATO de PIPAS a CARMONA PATROCINADOR de AMERICO y el HUACHICOL se CONVIRTIO en MADRE de TODAS las ESTAFAS»…con la 4T actuando como madre comprensiva.


Raúl Olmos, periodista especializado en redes de corrupción y autor del libro «Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas«, aseguró con Carmen Aristegui que el esquema de contrabando y evasión fiscal relacionado con combustibles fue conocido y tolerado por autoridades federales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pese a que, afirmó, existían diagnósticos precisos sobre las empresas, aduanas y mecanismos utilizados para operar la red.

A decir del periodista, AMLO cerró ductos para “matar” el huachicol, y acabó poniéndole nómina oficial a Sergio Carmona,quien fuera conocido como el «Rey del Huachicol», pero ademas reconocido patrocinador de Americo Villarreal, gobernador de Tamaulipas y otros próceres de Morena.

El sexenio del huachicol fiscal

López Obrador cerró los ductos de Pemex en enero de 2019, presentó el manotazo como cruzada patriótica contra el robo de combustible y convirtió la gasolina en deporte de alto rendimiento para las filas en las gasolineras.

Mientras la 4T vendía épica en la mañanera, los huachicoleros fiscales encontraron la ventana perfecta: ya no podían picotear ductos, así que empezaron a meter combustible por la puerta grande de las aduanas, disfrazado de “aditivos” para evadir IEPS y colarse como contrabando documentado.

De la fayuca al huachicol premium

Raúl Olmos recuerda al viejo “rey del huachicol” operando a la antigüita: contrabando bronco, la clásica fayuca de combustible que entraba sin declarar, sin timbrar, sin el teatro de los “aditivos”.

El modelo 4T es más sofisticado: ya no es sólo gasolina clandestina, es gasolina con papeles, sellos oficiales y aduanas que fingen que creen que aquello es cualquier cosa menos combustible.

AMLO, IIIS Servicios y el contrato esquizofrénico

Tras el cierre de ductos, el gobierno compró 500 pipas que se vendieron como muralla contra el huachicol; la operación quedó en manos de IIS Servicios, filial de Pemex dedicada, en teoría, a administrar esa flota.

En 2021, esa misma filial contrató a una empresa ligada a Sergio Carmona, el “rey del huachicol”, y le pagó al menos 22 millones de pesos “para dar servicios”, es decir: el gobierno que decía combatir el huachicol metió al operador estrella del huachicol a su propio esquema “antihuachicol”.

Carmona: fantasma con CFDI

Olmos obtuvo CFDI y documentos fiscales que acreditan los pagos a la empresa vinculada a Carmona, meses antes de que lo ejecutaran en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021.

El hermano del “ray del huachicol” fue premiado con una aduana en Tamaulipas, porque en la 4T el conflicto de interés no se oculta: se institucionaliza desde la ventanilla y con gafete oficial.

El decomiso de 2025 y el “cinismo absoluto”

Cuando el gobierno fingió sorpresa por el decomiso de 10 millones de litros de huachicol en marzo de 2025, Olmos lo llama lo que es: cinismo puro y duro, porque en Palacio sabían perfectamente cómo funcionaba la red.

En el libro se documentan reuniones semanales entre funcionarios de la SEDENA, Seguridad y Energía, donde se revisaba por qué aduanas entraba el combustible, qué empresas participaban y cuál era el mecanismo, y aun así la instrucción implícita fue clara: mirar para otro lado.

Diagnóstico perfecto, voluntad cero

El Estado mexicano tenía datos de volúmenes, rutas y empresas, al grado de cuantificar robos tanto en combustible como en impuestos, pero el aparato decidió que era más rentable dejar que se fugaran miles de millones de pesos que romper la red.

Lo que se presenta como caso de crimen organizado es, en realidad, una corrupción estructural donde el crimen se fusiona con el Estado, y el huachicol fiscal se vuelve política pública de facto.

Los nombres propios de la 4T

Olmos enumera a quienes orbitan el esquema: Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia; un hijo del presidente mencionado en el expediente de los marinos; y Amílcar Olán, empresario y amigo cercano de Andy López Beltrán, cuyo negocio fue creado por su propio contador.

La primera importación de Olán se hizo a través de ICON, empresa tejana cateada en Estados Unidos y señalada como pieza central del huachicol fiscal, protagonista de los grandes decomisos en Ensenada.

Marinos, sobrinos y “acción de Estado”

En la investigación se detalla cómo la Marina fue corrompida desde el arranque del sexenio: mandos que protegían abiertamente operaciones de huachicol y hasta liberaban pipas decomisadas a petición de grupos involucrados.

El cáncer llegó hasta sobrinos del secretario de Marina, hoy con investigaciones abiertas, mientras dos hermanos marinos —uno detenido en México y otro en Argentina— se convierten en piezas clave del rompecabezas.

Gertz, Estados Unidos y el frenón tardío

El “despertar” de la Fiscalía en tiempos de Gertz Manero, con conferencias sobre imputados y detenidos, tiene más que ver, según Olmos, con presiones de Estados Unidos que con súbitos ataques de ética en la FGR.

Si por el gobierno fuera, el huachicol fiscal habría seguido corriendo como siempre, porque los diagnósticos existían desde el minuto uno y aun así dejaron que se perdieran recursos federales que pudieron ir a medicinas, obras o simplemente a cumplir la mínima función del Estado.

Huachicol fiscal como política de Estado

Olmos sostiene que el huachicol fiscal no puede entenderse sin la intervención de altos mandos del gobierno, porque la escala del fraude, la evasión del IEPS y la red de protección oficial desbordan el margen de “descontrol” y se acercan peligrosamente a lo que parece una acción de Estado.

Cuando el “rey del huachicol” obtiene contratos directos de una filial de Pemex,un gobernador o muchos fueron patrocinados, los marinos liberan pipas, amigos de los hijos del presidente importan con empresas ahora cateadas en Texas, y los diagnósticos se archivan, lo único que queda claro es que el huachicol fiscal fue la madre de todas las estafas… y la 4T actuó como madre comprensiva.

Con informacion: ARISTEGUI ONLINE/

«YA HUELE a GOBIERNO USADO: DIARIO ESPAÑOL DESTACA CAIDA de 7 PUNTOS en ENCUESTA de APROBACION de SHEINBAUM»…el coctel explosivo de «Sinaloa-Chihuahua-Trump»,corrupción e inseguridad.


Claudia Sheinbaum sigue alta en las encuestas, pero ya huele a gobierno usado: 68% de aprobación, siete puntos menos en dos meses, su peor caída desde que se sentó en la silla, y todo por el coctel explosivo Sinaloa–Chihuahua–Trump–economía en modo foquito rojo.

El derrapón de los siete puntos

La presidenta llega al año y medio de mandato con el frenón más brusco de todo su sexenio: de 75% en marzo a 68% en mayo, según Enkoll para EL PAÍS y W Radio. Aun así, dos de cada tres mexicanos siguen diciendo que la aprueban, lo que en cualquier otra democracia sería fiesta, pero en la narrativa de “mandato histórico” ya se lee como primera llamada de desgaste serio.

La foto es clara: inseguridad, corrupción y economía son la triple factura que le está llegando a la presidenta, justo cuando el gobierno presume récord en programas sociales y golpes espectaculares al narco. Traducido: el relato de la “Cuarta Transformación 2.0” aguanta, pero la realidad ya empezó a pasarle la charola.

Sinaloa: el gobernador incómodo del cartel

El torpedo vino desde Nueva York: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, imputado junto con otros nueve altos funcionarios por colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. No es cualquier cosa: es la primera vez que Estados Unidos apunta judicialmente a un gobernador en funciones y lo coloca en la misma foto que Los Chapitos.

El expediente incluye la joya: una de las facciones del cártel habría intervenido en las elecciones de 2021, amenazando y secuestrando rivales políticos para garantizar el triunfo de Rocha. Para el 62% de los encuestados, las acusaciones son creíbles; menos de la tercera parte se traga la idea de que todo es puro teatro político gringo.

El Departamento de Justicia ya pidió captura y extradición de los 10 políticos; dos exfuncionarios —seguridad y finanzas— corrieron a entregarse voluntariamente en Estados Unidos, porque confiar en la justicia mexicana es para valientes o ingenuos. 

Aquí la encuesta desnuda al sistema: casi la mitad de los mexicanos no cree que la Fiscalía General vaya a hacer una investigación adecuada, y solo el 24% piensa que se castigará a todos los implicados.

Chihuahua: CIA en modo “pásale, no más no digas”

Para acabar de encender la pradera,el escandalo de dos agentes de la CIA realizando operativos conjuntos con la fiscalía estatal para desmantelar un meganarcolaboratorio,desató la confrontación con la gobernadora panista Maru Campos y jugando las contras a Washington.

La respuesta de Sheinbaum fue manual de soberanía patriótica:subir el tono contra la gobernadora y contra Estados Unidos por meterse sin permiso, mientras Trump, desde la Casa Blanca, aprieta el discurso de intervención directa “contra el narco”. 

Diez días después, como si alguien hubiera decidido acelerar la película, llega el golpe judicial contra Rocha y su gente, cerrando el círculo entre narco, política local y presión de Washington.

Según la encuesta, 59% ve creíbles las acusaciones de que la gobernadora de Chihuahua dejó entrar a la CIA sin autorización federal, y 66% apoya las iniciativas de Morena para desaforarla. Es decir: la gente desconfía de la justicia, pero aplaude cuando la guillotina apunta a los gobernadores opositores o aliados incómodos, según el caso.

Trump, narco y soberanía de utilería

La relación bilateral ya está en modo crisis administrada: menosmargen de maniobra, más golpes judiciales selectivos y declaraciones altisonantes de ida y vuelta. Enkoll registra que 65% rechaza que agencias estadounidenses hagan operativos en México, pero al mismo tiempo 74% apoya aumentar la cooperación en inteligencia y capacitación con esos mismos gringos.

Mientras tanto, el gobierno presume más detenciones, golpes a objetivos clave como la caída de El Mencho y una baja del 40% en asesinatos, pero la mitad del país sigue sin ver claro si la estrategia de seguridad funciona o es puro maquillaje estadístico. 

Los encuestados se parten casi la mitad cuando se les pregunta si la estrategia está dando resultados; el dato frío no logra matar la sensación caliente de que la violencia sigue mandando.

Economía: el talón de Aquiles debajo de las becas

El único pilar que se ve relativamente sólido son las ayudas sociales, que encabezan las valoraciones positivas con 40%, concentradas en becas y subsidios para adultos mayores y mujeres. El gobierno elevó el presupuesto social por encima del billón de pesos, convirtiéndolo en el corazón emocional del proyecto morenista, aunque la economía que lo sostiene empieza a toser.

México evitó por poco la recesión al cierre del año pasado y el primer trimestre trae un crecimiento raquítico de 0.4%, con las calificadoras apuntando sus cañones a la deuda mexicana. Moody’s ya diagnosticó la enfermedad: base de ingresos limitada, soberanía energética cara y un modelo de gasto redistributivo que ha debilitado los pilares fiscales del Estado.

En la percepción ciudadana, casi la mitad ve la inseguridad como el principal problema, pero los problemas económicos y la corrupción ya alcanzan 19% cada uno, empeorando respecto a marzo. El 58% dice que, en general, el país está mejor que al inicio del sexenio, pero cuando se les pregunta por seguridad y combate a la corrupción, más de la mitad responde que vamos para atrás.

Poder electoral blindado… por ahora

La paradoja es brutal: mientras la aprobación cae, el músculo electoral de Sheinbaum sigue casi intacto. Si hoy fuera la consulta de revocación, 67% dice que votaría por que se quede, un blindaje adelantado a 2028 que el gobierno intentó usar desde ya, cuando quiso adelantar la consulta para empatarla con las intermedias y exprimir el “efecto arrastre”.

Morena, a pesar del desgaste, sigue arriba del PAN por más de 20 puntos en intención de voto para las elecciones del año que viene, aunque el partido ya perdió casi 10 puntos desde sus máximos del año pasado. Es decir: el barco sigue siendo el más grande del puerto, pero ya hace agua por costuras previsibles: seguridad, corrupción y una economía que no aguanta eternamente el discurso de “primero los pobres” con crecimiento de 0.4%.

La encuesta, por si alguien se quiere poner técnico, se levantó del 16 al 19 de mayo, con 1,207 entrevistas cara a cara a personas mayores de 18 años con credencial vigente, muestra probabilística, multietápica, y margen de error de ±2.8% al 95% de confianza. O sea, no es un tuit enardecido: es un termómetro que marca fiebre moderada en un gobierno que todavía presume estabilidad, pero ya no puede fingir que nada pasa.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DAVID MARCIAL PEREZ/