La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo sentirse «protegida» por el pueblo frente a los señalamientos de Donald Trump contra México. En Sonora, ante miles de asistentes movilizados para su penúltimo informe estatal, aseguró que «no hay divorcio entre pueblo y Gobierno». La frase sonó redonda; la puesta en escena, también. Una multitud organizada no es, por sí sola, prueba de un matrimonio feliz con todo el país.
El acto se celebró en el Centro de Usos Múltiples. Como en otras entidades, dependencias federales, el Gobierno estatal y el partido se coordinaron para llevar personas de distintos municipios.
Entre los asistentes hubo quienes dijeron haber recibido una gratificación, quienes hablaron de despensas y quienes vincularon su presencia con compromisos asociados a programas sociales.
Sheinbaum reservó su mayor entusiasmo para la reforma sobre la doble nacionalidad de quien aspire a la Presidencia. «Ningún Presidente puede tener dos banderas o dos pueblos», afirmó, antes de rematar que México «solamente tiene un amo, el pueblo de México». Hubo porras y gritos de «Presidenta».
La fórmula sirve para inflar el pecho, pero esquiva la pregunta incómoda: ¿desde cuándo tener un solo pasaporte garantiza honestidad, capacidad o lealtad a los ciudadanos? Se puede tener una sola nacionalidad y ser un malísimo presidente o una malísima presidenta. La calidad de un gobierno se juzga por lo que hace con el poder, no por la cantidad de banderas que caben en una consigna.
La Presidenta confió en que la reforma avance pronto en el Senado y después obtenga el aval de los congresos estatales. También enumeró obras realizadas en Sonora y contó que el gobernador Alfonso Durazo le pidió una carretera y la rehabilitación de un hospital del ISSSTE.
Durazo, por su parte, la llamó estadista y elogió su serenidad frente a la estridencia. Está en su derecho de admirarla. Lo que no corresponde es pedirle al público que confunda el elogio de un aliado con una evaluación independiente, ni la emoción de un auditorio con un veredicto sobre el Gobierno.
Adela Vázquez se dedicaba al trabajo doméstico. Un día se enteró de que, según los papeles, también era socia y representante legal de una empresa textilera que le debía al fisco 16 millones de pesos por presunto contrabando. No lo supo al recibir utilidades ni al revisar una cuenta bancaria: lo supo cuando policías ministeriales le cerraron el paso y le mostraron una orden de aprehensión. Ella sostiene que jamás firmó los documentos que la metieron en esa empresa.
Qué sistema tan eficaz: una mujer puede aparecer en una sociedad mercantil sin saberlo, pero la autoridad sí sabe dónde encontrarla cuando llega la hora de cobrar y acusar. Según la investigación de EL UNIVERSAL, su nombre fue incorporado a la empresa en 2012 mediante documentos cuya firma ella desconoce. La textilera desapareció; el problema, en cambio, se quedó a nombre de Adela.
Y mientras ella tuvo que pedir dinero para pagar una defensa que describe como deficiente, el aparato encargado de protegerla mostró otra de sus especialidades: el vacío legal con trámite de ventanilla.
La suplantación de identidad aún no está tipificada como delito específico en el Código Penal Federal; hay iniciativas para hacerlo, pero siguen sin aprobarse. La autoridad de protección de datos dijo no contar con estadísticas sobre denuncias vinculadas con la constitución de empresas fraudulentas mediante el uso de datos ajenos.
Adela dice que le avisaron por teléfono que el caso se había enviado al archivo, pero no le entregaron un documento que lo confirme. Ni siquiera esa incertidumbre ha podido quitarse de encima. El sistema no impidió que su nombre terminara en los papeles de una empresa que ella niega conocer. Pero cuando blandió la espada de la justicia, apuntó a la mujer que debía proteger, no a quienes pudieron haber usado su identidad.
México envejece, tiene menos hijos y, al mismo tiempo, permite que desaparezcan y asesinen a sus jóvenes con una normalidad administrativa que debería provocar vergüenza nacional. No es una paradoja demográfica: es una forma brutal de cancelar el futuro.
En su mas reciente videocolumna, el periodista Héctor de Mauleón no describe una racha de notas rojas ni una estadística incómoda. Pone sobre la mesa una evidencia que el país parece haber aprendido a esquivar: vivimos rodeados de fichas de búsqueda, cadáveres en brechas, expedientes sin responsables y familias obligadas a convertirse en fiscalías paralelas porque el Estado, cuando mucho, llega tarde a levantar el cuerpo.
Scarlett Virginia Ochoa Magaña tenía 13 años cuando desapareció en la colonia Portales. Melanie Leticia Rodríguez Reyes, 15. Jocelyn Sandoval Calderón, 21, estudiante de Derecho, salió de su casa, ayudó a sus padres en el tianguis, fue a la universidad, convivió con su novio y no volvió. Su cuerpo apareció con un balazo en la cabeza. La rutina de cualquier joven —ir a clases, caminar, trabajar, volver a casa— se ha convertido en una ruleta criminal.
Y no son episodios sueltos. No son “hechos aislados”, esa frase burocrática que funciona como aromatizante de morgue. En Tepito, dos jóvenes fueron atacadas a tiros durante las fiestas patrias. En Puebla, los cuerpos de mujeres jóvenes aparecieron en caminos de terracería, entre cobijas y bolsas de plástico. En Morelos, los asesinatos de estudiantes exhiben una secuencia escalofriante: Ailín Rodríguez, Kimberly Ramos, Carol Toledo, Michelle Fuentes y la estudiante española Claudia Tacoronte. Nombres, edades, fechas y, en demasiados casos, una constante: no hay detenidos, no hay avance, no hay justicia.
El diagnóstico de De Mauleón es insoportable porque no necesita adornos: México se está acostumbrando a perder a sus jóvenes. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que, apenas entre junio y julio de 2026, desaparecieron 322 mujeres de 15 a 19 años y 164 niñas y adolescentes de 10 a 14 años. Son 486 desapariciones en 60 días. Más de ocho cada día. Mientras tanto, entre octubre de 2024 y julio de 2026 desaparecieron 7,948 mujeres de 15 a 19 años. No son cifras: son miles de futuros suspendidos, familias mutiladas y comunidades obligadas a aprender el lenguaje de la búsqueda.
El país que envejece
La tragedia adquiere otra dimensión al cruzarla con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. México llegó a 130.9 millones de habitantes, pero crece más despacio y envejece con rapidez: la edad mediana pasó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025. Una de cada diez personas ya tiene 65 años o más.
Al mismo tiempo, la fecundidad se desploma. La tasa global de fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024; y el promedio de hijas e hijos nacidos vivos entre mujeres de 12 años y más bajó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025.
El problema no es, desde luego, que las mujeres tengan menos hijos. Tener o no tenerlos es una decisión personal, no una cuota patriótica ni una obligación estadística. El problema es otro, y es más siniestro: mientras el país reduce naturalmente su relevo generacional, el Estado tampoco es capaz de proteger a las personas jóvenes que ya existen.
México no sólo tendrá menos jóvenes en proporción: está dejando que una parte de ellos sea desaparecida, asesinada, reclutada, desplazada o arrojada a la impunidad. Ese es el verdadero agujero demográfico: no el que produce una libre decisión reproductiva, sino el que se abre cuando la violencia devora generaciones enteras y el gobierno responde con boletines, mesas de trabajo y cifras cuidadosamente maquilladas.
La aritmética de la negligencia
La combinación es ominosa:
Fenómeno
Lo que revela
Lo que implica
Envejecimiento demográfico
La edad mediana subió de 29 a 32 años entre 2020 y 2025
Menor peso relativo de niñas, niños y jóvenes en la población
Caída de la fecundidad
La tasa global pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024
Menos nacimientos y un relevo generacional más reducido
Desaparición de adolescentes y jóvenes
486 niñas, adolescentes y jóvenes desaparecieron en sólo junio y julio de 2026
La violencia afecta precisamente a la población que deberá sostener el futuro social, económico y político del país
Impunidad
Casos sin detenidos, sin móvil esclarecido y sin avances públicos
La violencia se reproduce porque el costo de desaparecer o matar sigue siendo mínimo para los agresores
Un país puede envejecer con dignidad si crea empleos, garantiza cuidados, asegura pensiones, protege a su infancia y ofrece condiciones para que las personas puedan decidir libremente formar —o no— una familia. México parece empeñado en hacer exactamente lo contrario: envejecer sin red de cuidados, con salarios precarios, sistemas de salud tensados y una juventud convertida en carne de cañón para el crimen, la trata, la desaparición y el feminicidio.
Eso no es transición demográfica. Es abandono institucional con estadísticas.
No es destino, es decisión
Cuando una adolescente desaparece, no desaparece sólo una persona: desaparecen sus estudios, su proyecto de vida, su autonomía, sus vínculos y una parte irreparable de su comunidad. Cuando una joven es asesinada y su expediente se archiva en la práctica, el mensaje para las demás es obsceno: salir, estudiar, trabajar, enamorarse, volver a casa o simplemente existir puede ser peligroso; exigir justicia, todavía más.
La pregunta, entonces, no es únicamente cuántos habitantes tendrá México dentro de veinte o treinta años. La pregunta es cuántos de sus jóvenes llegarán vivos, libres y con oportunidades a ese futuro.
Porque un país que envejece mientras entierra, busca o ignora a sus jóvenes no está administrando una transición poblacional. Está administrando su propia ruina.
El pasado 23 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) salió a ponerle freno a los titulares: Ernesto Ruffo Appel había obtenido una suspensión en un juicio de amparo, sí, pero eso no significaba que pudiera dejar el Altiplano. Dos días después, una nueva audiencia cambió el escenario: un juez autorizó que el exgobernador panista cumpla la prisión preventiva en su domicilio de Ensenada. La precisión de la FGR era correcta en su momento; lo que ahora merece escrutinio es el giro posterior y la postura que asumió la Fiscalía ante él.
El amparo no abrió la celda
Ruffo, de 74 años, enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La suspensión obtenida por su defensa combatía una negativa previa al cambio de medida cautelar; no era una absolución ni una orden automática de salida. En la audiencia del 25 de septiembre, el juez dispuso su traslado desde el Altiplano a Ensenada en un plazo de 48 horas, atendiendo a su edad, condiciones de salud y arraigo domiciliario.
Aunque tampoco está «libre» en el sentido llano de la palabra: según la FGR, seguirá sujeto a prisión preventiva, solo que cumplida en su domicilio.
La Guardia Nacional que dejó escapar a «narco Chino» del arraigo domiciliario, sin que fuera sancionado ninguno, deberá vigilarlo permanentemente; además, se le retirarán pasaporte y visa y tendrá prohibido acercarse a testigos y personas vinculadas con la investigación.
La Fiscalía cambió de tono
La pregunta incómoda no es por qué la FGR aclaró que el amparo no liberaba a Ruffo: tenía razón al hacerlo. La pregunta es por qué, después de una negativa judicial previa a enviarlo a casa, la revisión terminó con prisión domiciliaria y, de acuerdo con la información proporcionada sobre la audiencia, sin oposición de la Fiscalía a ese desenlace.
Los motivos médicos y la edad no son adornos que puedan despacharse con una consigna: la FGR informó que la defensa presentó dictámenes clínicos y antecedentes quirúrgicos que no evita exigir claridad sobre qué argumentos se habían usado para sostener el encierro en el Altiplano, cuáles cambiaron y cómo justificó el Ministerio Público su postura final.
También llaman la atención las condiciones concretas: según la información de la audiencia , Ruffo deberá hacer una videollamada diaria a la Unidad de Medidas Cautelares, pero no se le impuso brazalete electrónico ni garantía económica. Eso no demuestra por sí solo un privilegio; sí vuelve legítimo preguntar cómo se evaluó la vigilancia necesaria y quién verificará, en la práctica, el cumplimiento de cada restricción.
El espejo de «El Contador»
El antecedente de José Alfredo Cárdenas Martínez, «El Contador», mando del Cártel del Golfo, ofrece una semejanza que incomoda sin necesidad de fabricar una conspiración. En noviembre de 2024, después de una audiencia celebrada a raíz de un amparo, un juez modificó la prisión preventiva que pesaba sobre él mientras enfrentaba un procedimiento relacionado con su extradición a Estados Unidos. Salió del reclusorio para continuar el trámite fuera de prisión, sujeto, entre otras condiciones, a una garantía de cinco millones de pesos, entrega de pasaporte y brazalete electrónico que pese a ser ordenado, nunca le impusieron.
En aquel caso hubo otro detalle fuera de lo corriente: la resolución contemplaba que acudiera a firmar semanalmente ante el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila. La nota de la época también consignó que, según el juez, la FGR no expuso los hechos materia de la extradición ni precisó el estado de alguna investigación contra Cárdenas Martínez.
La diferencia importa tanto como el parecido. «El Contador» obtuvo libertad provisional bajo restricciones que no fueron cumplidas; Ruffo recibió prisión domiciliaria con vigilancia permanente de la Guardia Nacional.
La pregunta que queda
En dos expedientes muy distintos aparece una escena familiar:primero, una medida de encierro defendida como necesaria; luego, una revisión judicial que permite cumplir el proceso fuera del penal. Eso no convierte a Ruffo en «El Contador».
Pero sí obliga a mirar menos el apellido del beneficiado y más el trabajo de quienes acusan: la solidez de sus argumentos, su actuación en audiencia y la explicación pública de sus cambios de postura.
Porque si la prisión puede trasladarse a una casa —o sustituirse por libertad provisional—, el público tiene derecho a saber exactamente por qué. Lo demás es el viejo deporte institucional de gritar «no sale» el miércoles y bajar la voz cuando se abre la puerta del frente del penal viernes.
En México, al parecer, no basta con que un senador enfrente señalamientos graves: hay que juntar miles de firmas, tocar la puerta del Senado y recordarles a los legisladores que rendir cuentas también forma parte de su trabajo.
La iniciativa ciudadana contra Enrique Inzunza había reunido 19 mil 287 apoyos en Change.org y anunció que los entregará el 29 de septiembre. Pide que el senador solicite licencia y que la Fiscalía General de la República concluya la investigación en su contra. Los presuntos vínculos con Los Chapitos son señalamientos, no una culpabilidad probada.
El detalle más elocuente no está solo en el número de firmas, sino en la respuesta institucional: según Vania Pérez Morales, se intentó entregar la exigencia a las coordinaciones de MC, PRI, PAN y Morena y a la presidencia del Senado; la mayoría no respondió. Qué clase de representación es esa en la que la ciudadanía debe organizarse para exigir una respuesta y quienes cobran por darla pueden optar por el silencio.
Nadie pide que una petición sustituya una investigación ni que una sospecha se convierta en sentencia. Se pide algo bastante menos extravagante: que la autoridad investigue, que el senador dé la cara y que sus colegas dejen de actuar como si exigir explicaciones fuera una descortesía. Ese es el nivel del país: casi 20 mil personas haciendo ruido para que las instituciones hagan, por sí mismas, lo que se supone que existen para hacer.
En el Tamaulipas, desgraciadamente aun gobernado por Morena y Américo Villarreal, la seguridad pública parece administrarse a golpe de anuncio. Para Reynosa, el flamante General del Ejercito que «finge» de secretario de Seguridad, Carlos Arturo Pancardo Escudero, habló de un despliegue de entre 100 y 110 elementos. Pero el dato que no cabe en la fotografía oficial es otro: en junio de 2026, 86.6% de los adultos de Reynosa consideró inseguro vivir en su ciudad y año tras año ha venido creciendo.
Reynosa que es campeona estatal del campeonato nacional de «levantones» que ostenta Tamaulipas con Villareral Anaya, ocupó el tercer lugar nacional en esa medición con 26.8 puntos porcentuales por encima del referente nacional.
Pero mientras el gobierno tiene y mantiene al Cartel del Golfo como aliado del gobernador, por accion, mas que por omisión y cuenta uniformes en Reynosa, en el sur de la entidad la aritmética tampoco alcanza.
El columnista Christopher Mora reportó que 20 patrullas de la Guardia Estatal vigilan Tampico, Ciudad Madero y Altamira: más de mil colonias y ejidos, alrededor de un millón de habitantes y 350 policías asignados, según sus cifras y si pitagoras no miente, con la frecuencia que si lo hace el gobierno de Villarreal Anaya,toca una patrulla por cada 50,000 habitantes.
El Cártel del Golfo, encabezado en esa zona por el reynosense Héctor Crescencio de León Fonseca, alias «El R3», se ha convertido en el «cobrón» más rápido del área conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
Las tres ciudades están administradas por Morena y gobernadas por el grupo criminal que incluye a Monica Villarreal,hermana del Gobernador.
No son pocos los reclamos por extorsiones y las constantes desapariciones traducidas a vulgares levantones e incluso asesinatos silenciados.
Al cierre de 2025, el censo del INEGI situó a Tamaulipas en 1.1 policías estatales por cada mil habitantes, apenas por encima de la tasa nacional de 1.0.
El desorden institucional exige que Pancardo y el gobierno de Villarreal deje de ser menos ceremonia de despliegue y más cuentas verificables: patrullas que efectivamente salen, turnos cubiertos, denuncias atendidas, investigaciones concluidas y responsables sancionados.
Porque una patrulla en el boletín no protege a un comerciante que paga cuota y ademas le imponen la venta de productos de la canasta básica, del que el Cartel del Golfo es proveedor, igual como ocurre en reynosa o Matamoros.
