LA «ANATOMÍA de la PROPAGANDA: con GIMNASIA MATEMÁTICA la MAÑANERA SESGA la CURVA EPIDEMIOLÓGICA del CRIMEN»… suben delitos de alto impacto.

Bienvenidos al tradicional festival matutino de la gimnasia matemática en Palacio Nacional, donde las curvas epidemiológicas del crimen siempre encuentran la manera de verse «históricas», siempre y cuando no mires lo que pasó antier.

En el episodio de octubre: los muertos y los atracos volvieron a subir, pero la vocería oficial te pide una fanfarria porque, si te fijas bien en el telescopio y comparas con el peor día de hace dos años, ¡vamos ganando por goleada!

Los fríos datos dicen que el país lleva dos meses seguidos calentándose: los homicidios pasaron de 40.8 diarios en agosto a 42.2 en septiembre y a 43.4 en octubre (un brinco acumulado del 6% que a nadie en la calle le hace gracia).

¿Los delitos de alto impacto? De 394.5 a casi 410 diarios. ¿El robo de coche con violencia? Subió un alegre 7.6% en apenas treinta días. Es decir: si sales a la calle hoy, tienes más probabilidad de que te quiten la camioneta a punta de pistola que hace un par de meses.

Pero llegó Marcela Figueroa con el proyector encendido para aplicar la vieja confiable: «No vean la lumbre de hoy, admiren el incendio que apagamos antier».

Anatomía de la propaganda: ¿Dónde está el truco?

Para transformar un mes malo en un comunicado de victoria se aplicaron tres recetas clásicas del manual de relaciones públicas gubernamentales:

La técnica de la seleccion conveniente con esteroides (Línea base inflada):

El relato oficial: «¡Los homicidios cayeron 50%!»

La trampa: Comparan octubre de 2026 contra septiembre de 2024 (86.9 diarios), exactamente el mes de salida de López Obrador y uno de los picos históricos de mayor violencia registrada. Al tomar como punto de partida el fondo del abismo, cualquier número posterior parecerá un milagro sueco

La falacia de la foto fija vs. la película en movimiento:

El relato oficial: «Es el octubre más bajo desde 2015».

La trampa: Ocultar la tendencia inmediata. Si tu paciente tenía 40°C de fiebre hace dos años, bajó a 37°C y hoy va por 39°C en ascenso por segundo mes consecutivo, el médico propagandista festeja que no está en 40°C, mientras el paciente vuelve a convulsionar. El repunte bimestral del 6% en homicidios dolosos y el rebote en robo con violencia se entierran debajo de un promedio anual.

La piñata de los promedios desiguales:

El relato oficial: «Las 32 entidades federativas redujeron su promedio diario».

La trampa: Meter en la misma licuadora a San Luis Potosí (-77%) o Nayarit (-71.8%) con estados donde la violencia apenas pestañeó, como Tlaxcala (-7.8%) u Oaxaca (-6.4%).

Al promediar casos de éxito atípicos con entidades estancadas o en guerra soterrada, el tablero nacional parece homogéneamente pacificado, diluyendo el fracaso regional en una cifra agregada amable para el boletín.

Con información: ELNORTE/

LA «DINAMARCA del BIENESTAR: DIARIO ESPAÑOL EXHIBE el INSALUBRE SISTEMA de SALUD QUEBRADO, SOSTENIDO con CINTA de AISLAR en MÉXICO»… donde enfermarse califica como delito financiero.

Los propios autores del informe del Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública se preocupan por si el título Salud quebrada suena «muy fuerte». Tienen razón: peca de tímido. Llamarle «quebrado» a un sistema donde el Estado invierte un miserable 2,8% del PIB —mientras la OMS sugiere el 6% y vecinos como Argentina o Colombia superan con creces el 5%— es casi un cumplido burocrático. En México no hay un sistema roto; hay un simulacro institucional sostenido con cinta de aislar, donde enfermarse califica como delito financiero grave.

Las cuentas de la caridad pública retratan la farsa sin piedad: el Gobierno destina unos 5,600 pesos al año para atender la salud de un ciudadano sin seguridad social. Como referencia moral de prioridades presupuestarias, ese mismo Estado pagaba más de 6,600 pesos al día a una empresa privada por cada reclusa en el Cefereso 16. La aritmética oficial concluye que para el erario sale más barato que te de un infarto en la banqueta a que cometas un delito federal.

El catálogo del desamparo acumula hitos escalofriantes:

Infraestructura de museo: Tres miserables resonadores y dos equipos de radioterapia por cada millón de habitantes. Para tocar una cama de hospital (1,1 por cada mil personas, un cuarto de la media OCDE) el protocolo exige ganar la batalla campal de aguardar días enteros en una silla de plástico o directamente en el piso de urgencias.

Mártires en bata: Tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras subsisten en la precarización absoluta, con jornadas extenuantes y sueldos de hambre. Tras enviarlos a poner el pecho sin cubrebocas contra el COVID-19, la recompensa nacional ha sido normalizar su asfixia laboral. La indignación llegó al punto en que los trabajadores del IMSS deben abandonar los quirófanos para tomar las calles porque el colapso ya no cabe en las salas de espera.

El costo de la improvisación: El desmantelamiento caprichoso del Seguro Popular para parir el fallido Insabi —sepultado a los 40 meses sin autopsia pública— para luego improvisar un IMSS-Bienestar sobrecargado, provocó un retroceso de tres décadas en muerte materna.

En los municipios más vulnerables, los desprotegidos pasaron del 6% al 62%. Un logro impecable de la retórica del «primero los pobres»: dejarlos sin aspirinas, sin camas y catapultar a seis millones de familias a la bancarrota por comprar medicinas de su bolsillo.

Muerte por trámite: Las muertes evitables triplican la media de la OCDE. El cáncer de mama ya no es solo una enfermedad celular, sino un filtro socioeconómico: si no tienes cuenta bancaria para pagar diagnósticos privados, la estadística decreta tu suerte.

Frente a la carnicería de datos, la reacción institucional roza la comedia burocrática: el INSP apresurándose a lanzar un comunicado para lavarse las manos y aclarar que el informe «no representa su postura oficial», mientras el Ejecutivo promete una enésima refundación con el «Sistema Universal de Salud» para 2027 sumándole una limosna del 0,1% del PIB.

Pretenden fusionar un cascarón vacío con dos instituciones al borde del colapso y resolver con credenciales de plástico lo que se niegan a fondear con presupuesto real. No hace falta adornarlo: el ciudadano promedio ya memorizó la única receta garantizada que expide el Estado: prohibido enfermarse.

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Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/SALUD QUEBRADA/

«¿SE le PRESUME INOCENTE ?: la FGR IMPUTA al HIJO del CONTADOR MORENO del CDG por DELITOS que PRONTO lo TENDRÁN en las CALLES OTRA VEZ»… Será su segundo escape; lo trae en el ADN, su padre acumula tres.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció ayer desde sus redes sociales la vinculación a proceso de Axel “N” y Daniel “N”, detenidos en Matamoros, Tamaulipas, en posesión de armas de fuego y droga.

De acuerdo con el reporte oficial, el hijo de Alfredo Cardenas,alias El Contador, capo del Cartel del Golfo de Matamoros y su escolta, se les imputó por su probable participación en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esto ocurrió tras su detención en Matamoros el pasado 29 de octubre, lo que derivó en la muerte de seis inocentes ,ya en saldo oficial.

El contraste entre la formalidad del Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la percepción pública en zonas de alta violencia suele ser abismal.

En el papel oficial, la imagen no deja lugar a dudas: una barra negra sobre los ojos para proteger la identidad, el apellido reducido a su pertenencia a la extensiva familias «N» y la solemne leyenda que dicta que al individuo se le presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

Para el aparato judicial, se trata de un ciudadano cualquiera que simplemente coincidió en tiempo y espacio con un cargamento de armas y sustancias ilícitas, amparado por las garantías del debido proceso,que ademas podria ser encausado penalmente por delincuencia organizada.

En el Matamoros real, sin embargo, la ficción jurídica choca de frente con la memoria colectiva. Mientras los comunicados institucionales se apegan a la prudencia técnica de la «posible participación», las calles ya tienen su propio juicio sumario basado en el historial de desveladas con escoltas, caravanas blindadas, violaciones en antros, tableteos de madrugada y la conocida genealogía criminal ligada a los vástagos del clan Cardenas.

La barra en los ojos y la «N» intentan borrar un rostro de quien ya escapo por la puerta del frente del penal federal en su primera captura y que la población local lo ubica no por fichas del ministerio público, sino por el eco de las detonaciones y la zozobra cotidiana de saber exactamente de quién se trata.

El boletín pretende presentarlo como una incógnita procesal, pese a que su captura detonó seis muertes, entre ellas la de una niña acribillada por el gobierno de Américo Villarreal. Las pesquisas sobre su muertes siguen empantanadas por los mismos responsables.

Para las leyes y los códigos de procedimiento, el asunto se resolverá en audiencias, expedientes y alegatos de manual con los mejores abogados del inculpado que pronto estara en libertad; para la genética del noreste, el diagnóstico ya estaba sellado desde el cariotipo.

No hay prueba pericial que compita con las leyes de Mendel cuando se aplican a la plaza: lo que se hereda no se hurta, se calibra.

El árbol genealógico del sujeto no arroja ramas, sino calibres gruesos. Su fenotipo de blindajes, amanecidas bélicas y desparpajo con charola de impunidad no es más que la expresión natural de una cadena de ADN mutada en los laboratorios del cinismo institucional.

Un linaje moldeado por el progenitor, un ilustre espécimen que ha convertido con ayuda de MORENA y el sistema judicial en puerta giratoria y se graduó con honores como triple escapista, saliendo siempre por la aduana principal con alfombra roja y complicidad burocrática.

Con esa carga cromosómica, el retoño estaba biológicamente programado para la descomposición. No había margen para que los alelos derivaran en un oficinista o un ciudadano común; la selección natural del cartel dictaba que la cría emulara al semental de la impunidad.

Así que, mientras los jueces revisan la carpeta y se apegan al sacrosanto principio de la inocencia formal, la biología criminalística de Matamoros ya cerró el caso: no es coincidencia procesal, es simple y llana herencia de cepa brava apapachada por el Estado moreno-criminal en Tamaulipas,corresponsable de las muertes de inocentes.

Con infoprmacion: @FgrMexico/

“TRANSA es IDIOMA y RELIGIÓN de TODOS: ALCALDESA de MC se COMPRÓ al CHAS-CHAS CUCHITRIL CAMPESTRE de 8.5 MILLONES”… Media hectárea con alberca y áreas arboladas.

Dicen los manuales de ciencia política que los partidos tienen ideología, pero en México solo tienen contabilidad. No hay derecha, izquierda ni centro; hay nómina, notarías y metro cuadrado. El único credo ecuménico, la única misa donde todos comulgan sin importar el color del chaleco, es el culto al billete fresco.

Cambian las siglas, se renuevan los logotipos en color naranja chillón, se prometen «nuevas formas de hacer política», pero el catecismo es el mismo de siempre: el dinero no tiene partido, y entre la vieja y la «nueva» guardia, la única diferencia tangible es el descaro del cinismo.

El milagro más reciente de la fe inmobiliaria ocurrió en Juárez, Nuevo León. La protagonista es Mónica Oyervides, actual alcaldesa emecista, quien demostró que para amasar una fortuna no se requiere un historial corporativo implacable ni décadas de inversión de riesgo: basta con tener vocación de servicio familiar y un inexplicable talento para que las cuentas salgan en ceros… y aun así pagar 8.1 millones de pesos de golpe, en una sola exhibición, por media hectárea de edén campestre en el exclusivo Huajuquito, en Santiago. Media hectárea con alberca, áreas arboladas y casi 400 metros de construcción pagados al chas-chas.

La cronología de este prodigio es una joya del nepotismo por relevos. La compra se selló en noviembre de 2025, cuando Oyervides ocupaba el cargo estrictamente honorario —es decir, sin sueldo legal alguno— de presidenta del DIF municipal. En la silla de la alcaldía despachaba su esposo, Félix Arratia. Cuatro meses después, Arratia dio el salto al gabinete estatal de Samuel García como flamante Secretario de Igualdad e Inclusión —porque nada dice «inclusión» como incluir ranchos en el patrimonio conyugal—, y la silla vacante, por obra y gracia de la alternancia matrimonial, pasó a manos de su cónyuge. El municipio convertido en patrimonio conyugal, con herencia en vida y sin pasar por aduana.

Cuando Oyervides presentó su declaración patrimonial en mayo de 2026, la quinta de Santiago apareció debidamente anotada, pero el documento reveló un misterio digno de estudio teológico: la alcaldesa no reportó ingresos previos, inversiones, cuentas bancarias, acciones ni empleos formales capaces de sostener semejante desembolso.

El municipio, celoso guardián de la privacidad de la élite, mantiene clasificado su sueldo actual, aunque el tabulador marcaba en enero unos 70 mil 500 pesos brutos al mes. Para pagar esa finca con ese sueldo, la señora tendría que haber ahorrado cada centavo, sin comer ni pagar servicios, durante más de una década.

¿Y de dónde salió el dinero antes de calzarse la banda municipal? Según el registro fiscal de los últimos cinco años, sus ingresos facturados sumaron apenas 7.1 millones de pesos —cifra que ni siquiera alcanza para la propiedad, aun si no hubiera gastado un solo peso en vivir—. El grueso de ese dinero, unos 4.6 millones, provino de una entidad de altísima rentabilidad geopolítica: una empresa de florería fundada en la Ciudad de México en 2020. El resto de sus ingresos se compuso de 1.2 millones de COEF Contadores y 1.1 millones de COEL Abogados, firmas propiedad, casualmente, de su señor esposo. En la academia tampoco estaba la mina de oro: sus reportes de nómina como docente en la UANL indican que cobró la friolera de 48 mil 528 pesos repartidos a lo largo de quince meses.

El cuadro se corona con el telón de fondo de su cónyuge: contratos escolares por más de 140 millones de pesos operados a través de factureras y empresarios fichados por lavado de dinero y defraudación fiscal. Ante el cuestionamiento público, el manual de evasión fue de manual de vodevil: Oyervides se dijo ofendida en redes sociales porque los medios la nombraran como «esposa de Arratia», convirtiendo un turbio expediente de incongruencia patrimonial en una supuesta afrenta de género; mientras tanto, Arratia optó por la poesía de cantina, advirtiendo en tribuna que el fuego de Juárez «sólo se avivará si le echan más papel o portadas de periódico».

La tinta del periódico se quema rápido, pero las escrituras inscritas ante el Notario Público 143 son a prueba de fuego. No hay misterio que descifrar: el verdadero idioma oficial del poder no es la legislación ni el servicio civil; es el rumor sordo de los fajos de billetes cayendo sobre el escritorio del notario, donde la única ideología que rige es la del enriquecimiento exprés y la impunidad compartida.

Con información: ELNORTE/

«PROCESAR a la RALEA NO, PERSEGUIR a los ABOGADOS SÍ: EMPRESARIO ACUSA la IMPUNIDAD CONYUGAL EXTORSIVA de AMÉRICO en TAMAULIPAS»… fiscal anticorrupción se niega a proceder.

Mientras en el mapa nacional la extorsión no sólo florece como peste sino que deviene en jugoso negocio de corte cuasimonárquico, en Tamaulipas, aun lastimosamente bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal, se le viste de etiqueta oficial. Los hechos denunciados por el empresario y médico Israel Alejandro Valdez Sánchez exhiben un modus operandi donde el poder público opera como consorcio de cobro de piso institucional.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas a cargo del evidentemente «corrupto» Andrés Norberto García Repper, esta infringiendo dolosa y sistemáticamente las leyes en el apartado contra la administración de justicia (artículo 225, fracciones VII, VIII y XVII del Código Penal Federal y correlativos del Código Penal de Tamaulipas), denegación y retardo de justicia, y encubrimiento por favorecimiento continuado.

La Coacción Matriz (Extorsión Agravada)

Tras ganar y sostener legalmente licitaciones públicas y resoluciones administrativas frente al Poder Ejecutivo del Estado, la víctima fue conminada de forma violenta al pago de cuotas millonarias y moches ilegales por parte del vástago gubernamental, Américo Villarreal Santiago («Ameriquito»), operado en concurrencia con altos funcionarios de la administración estatal.

La Incursión de la Pareja Ejecutiva

Lejos de limitarse a operadores de rango medio, la propia presidenta del DIF Estatal y esposa del gobernador,la Dra. María de la Luz Santiago Diez de Bonilla,conocida como Ma Santiago de Villarreal, se presentó físicamente en el despacho de la víctima a negociar litigios perdidos y presionar desistimientos a cambio de contratos amañados y prebendas, colmando de bulto los elementos descriptivos de la extorsión y el tráfico de influencias.

La Coacción Procesal Descarada

Ante la negativa de la víctima a doblar la cerviz financiera, la maquinaria del Estado activó la represalia: visitas intimidatorias, amenazas de aplastarlo «como a un zancudo con todo el poder del Estado», apercibimientos ilícitos ordenados por operadores jurídicos y la fabricación sumaria de carpetas penales a modo para amedrentarlo con penas de 17 años de prisión.

La Anatomía de la Complacencia: El Silencio Cómplice del Fiscal «Anticorrupción»

Formalizada la notitia criminis el 7 de septiembre mediante denuncia penal por amenazas y extorsión agravada, la Fiscalía Especializada a cargo de García Repper no activó la fuerza persecutoria del Estado: activó el congelador de Palacio.

A casi dos meses de formalizada la acusación, la conducta del Fiscal Especializado encuadra en una omisión lesiva con dolo directo:

Violación Flagrante al Estatus Victimal: El fiscal se niega de manera contumaz a acordar la designación del Asesor Jurídico Victimal, pisoteando el artículo 20, apartado C, fracción I de la Constitución Federal y la Ley General de Víctimas. Dejar en estado de indefensión a quien denuncia el asalto del poder no es negligencia administrativa; es desarmar a la víctima en el patíbulo.

Inversión Ilegal de la Carga de la Persecución: Mientras los imputados de apellido Villarreal y su círculo de funcionarios disfrutan de una patente de corso ministerial, los sabuesos de García Repper se dedican a rastrear, amedrentar e investigar quiénes son los abogados particulares de la víctima, provocando el terror litigioso y la renuncia de sus defensas. Se persigue al defensor para garantizar la soledad de la presa.

La Ficción del Archivo de Facto: El Ministerio Público Anticorrupción no genera actos de investigación, no recaba entrevistas, no asegura cámaras, no gira medidas cautelares ni de protección a favor del querellante. Con un cinismo procesal mayúsculo, la fiscalía especializada mutó en un retén administrativo cuya única misión técnica es cuidar las espaldas de la dinastía gobernante.

Conclusión Acusatoria

El Código Nacional de Procedimientos Penales impone al Ministerio Público el deber ineludible de iniciar y conducir la investigación de forma inmediata, objetiva y desprovista de sesgo político (artículos 127, 128, 129 y 131).

Negarse a abrir la carpeta, demorar intencionalmente el trámite de una extorsión agravada y negarle asesor victimal al quejoso no es un error de criterio; es el cuerpo del delito previsto para los funcionarios que tuercen la ley para consagrar la impunidad.

Si el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas persisten en usar la toga como tapete familiar de la Casa de Gobierno, su asiento ya no pertenece a la mesa de la acusación pública, sino al banquillo de los acusados en el fuero federal por denegación de justicia y complicidad criminal.

Con informacion: @redes/ medios/

“EX-CONVICTO por SECUESTRO, DOS AÑOS PRESO en PENAL de TAMATÁN, ADVIERTE: HAY 200 POLICÍAS que NO APROBARON EXÁMENES de CONFIANZA en TAMAULIPAS”… No los corran, podrían llegar a ser secretarios de seguridad.

En Tamaulipas el chiste se cuenta solo, aunque el remate termine costando la tranquilidad pública. Resulta que las autoridades acaban de descubrir el agua tibia: dos centenares de elementos policiales están bajo la lupa tras tronar estrepitosamente sus exámenes de control y confianza. La noticia se presenta con la solemnidad burocrática de rigor del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad, Willy Zúñiga Castillo Zuñiga, como si evaluar a la tropa fuera un acto heroico de pulcritud institucional, cuando en realidad la puesta en escena huele a pura simulación de temporada.

El absurdo raya en el teatro del esperpento si se mira quién sostiene la regla con la que se pretende medir la honestidad ajena.

Pedirle pulcritud al policía de a pie mientras la cúpula que administra el changarro arrastra historiales, señalamientos y currículas que difícilmente resistirían una auditoría ética básica no es rigor: es cinismo químicamente puro.

Es el clásico sainete de la doble vara, donde se crucifica al uniformado que falló el polígrafo, mientras en los despachos del poder se despacha con la complacencia de quien confunde la investidura con patente de corso.

La coincidencia con el discurso oficial es demoledora. Mientras el aparato propagandístico se afana en vender una narrativa de transformación impoluta digna de algoritmo complaciente, el gobernador y su círculo cercano navegan entre una marea de acusaciones, sospechas y evidencias que ignoran y se barren bajo la alfombra del fuero y la conveniencia política.

Hay que tener la cara de cemento armado para exigir estándares suizos de integridad al eslabón más bajo de la cadena operativa cuando en el vértice de la pirámide las sombras son tan espesas que ni con reflectores se disipan.

El diagnóstico, por tanto, se queda corto. No es únicamente que doscientos agentes no califiquen para el estándar técnico de control de confianza; es que si a los altos mandos y a los ocupantes del palacio se les aplicara un examen básico de conciencia, no alcanzarían ni el puntaje de trámite.

En una entidad donde gobierna el crimen organizado a su gobernador y la doble moral es doctrina de gobierno. El verdadero filtro no está en quién reprueba una prueba psicométrica, toxicologica médica, socioeconomica o de polígrafo, sino en la desfachatez de quienes, teniendo expedientes que son auténticos prontuarios de la sospecha avalada por la evidencia, pretenden erigirse en jueces de la decencia ajena.

Con informacion: Hoytamaulipas/