El cuadro clínico es de pronóstico reservado: protestas del personal de salud, fallas en el servicio, desabasto de medicamentos y demandas sindicales. Pero el gobierno de Morena, esa bacteria de nuestra metáfora política, parece tener una especialidad: complicar al paciente y después discutir si alcanza para el instrumental.
En medio de ese expediente, el IMSS canceló una compra urgente de 772 máquinas de anestesia, valuada en unos 750 millones de pesos. Las necesitaba porque en 2027 prácticamente se quedará sin presupuesto para contratar con terceros el Servicio Integral de Anestesia. Traducción del burocratés al lenguaje clínico: detectaron la hemorragia, solicitaron instrumental de emergencia y luego suspendieron el procedimiento porque apenas estaban terminando de contar las heridas.
Diagnóstico: insuficiencia aguda de planeación
El 4 de septiembre, el Seguro Social convocó una licitación con plazos recortados para adquirir 532 máquinas de anestesia intermedia y 240 de alta especialidad. El 1 de octubre, cuando ya había recibido ofertas, canceló la compra. La urgencia alcanzó para acelerar el trámite, pero no para completar el tratamiento.
La alarma había sonado desde el 3 de septiembre, durante una sesión del Subcomité Revisor de Convocatorias, el Sureco. Allí se advirtió que el Servicio Integral de Anestesia cubría 67 unidades médicas con mil 141 millones de pesos, mientras que para 2027 estaban previstos apenas 67.9 millones: recursos para atender únicamente dos de esas 67 unidades.
“Prácticamente el Servicio Integral de Anestesia ya no estaría cubriendo a las unidades médicas del Instituto”, reconocieron en esa sesión. Por eso, explicaron, estaban acelerando la contratación de las máquinas.
El diagnóstico no necesitaba segunda opinión: la cobertura contratada se encaminaba a una reducción brutal y el Instituto necesitaba equipamiento propio. Pero al expediente todavía le faltaba otra complicación.
Una urgencia con el inventario incompleto
La Coordinación de Expansión de Cobertura de Salud informó que hacían falta muchas más máquinas de las inicialmente previstas. Tras la eliminación, en julio de 2025, del programa del IMSS que durante 46 años atendió a población sin seguridad social en zonas rurales y aisladas, sus 10.8 millones de beneficiarios se incorporaron al régimen ordinario.
La necesidad adicional: 213 máquinas de anestesia intermedia y 96 de alta especialidad.
Es decir: convocaron una adquisición de emergencia y después apareció un requerimiento de cientos de equipos adicionales. Una especie de cirugía administrativa en la que primero abren el expediente y luego preguntan dónde quedó la valoración preoperatoria.
¿La conducta terapéutica? Cancelar la licitación para no comprar por partes, bajo la justificación de evitar un posible “daño patrimonial”.
Proteger el patrimonio público es una obligación. Explicar cómo se atenderá entretanto la necesidad urgente también. Una cosa no anestesia la otra.
El consentimiento desinformado
Guadalupe Vega Ballesteros, testigo social de la licitación, cuestionó tanto la falta de planeación como la cancelación de una compra que el propio Instituto había considerado urgente.
En su informe, publicado el 12 de octubre, dejó asentado el síntoma central:
“No se identifica una explicación suficiente de cómo se ponderaron las consecuencias de cancelar la adquisición, frente a la necesidad de disponer oportunamente del equipamiento”.
Ahí está la lesión: el IMSS explicó por qué no quería comprar en partes, pero no explicó suficientemente cómo valoró las consecuencias de no comprar a tiempo.
La septicemia es la metáfora; la cancelación, las cifras y el cuestionamiento a la planeación son el expediente. En este quirófano burocrático, la urgencia entró consciente y la respuesta salió sedada. Falta saber con qué tratamiento piensan despertar a la responsabilidad.
Alberto “Beto” Granados ya se apuntó para lo que viene. El alcalde de Matamoros anunció que concluyó su registro ante Morena como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, rumbo a 2027. Todavía tiene el encargo en las manos y ya anda apartando lugar en la siguiente función. Porque una cosa es servir al pueblo y otra agarrarle tanto cariño a la silla que hasta la despedida se convierte en precampaña.
“¡Seguiremos sirviendo a Matamoros!”, escribió en Facebook. Qué conveniente: el propio alcalde se pone la calificación, se declara cumplidor y enseguida solicita otra oportunidad.
Según sostuvo durante su visita a la Feria Tamaulipas 2026, en dos años cumplió sus diez compromisos de campaña con respaldo del gobierno estatal. Diez de diez, de acuerdo con el alumno que también quiere ser su propio examinador.
Pero antes de vender otra temporada de la transformación «humañista», tendría que pasar por una esculcada seria y no solo de EE.UU que lo dejo sin visa después de interrogatorio de mas de 8 horas en el puerto de entrada de Matamoros a Brownsville.
En Valor Tamaulipeco hemos publicado sobrados señalamientos sobre los vínculos entre su administración y el Cartel del Golfo también ligados al gobernador Americo Villarreal, incluidos cuestionamientos sobre nombramientos municipales .
Ahí está el contraste: para anunciar aspiraciones hay entusiasmo, calendario y publicación en Facebook; frente a esos señalamientos, lo que hace falta son carpetas penales, mas que explicaciones. El registro partidista no es certificado de buena conducta, y una consigna de servicio tampoco sustituye la rendición de cuentas.
Granados pidió respetar los tiempos y las indicaciones de Morena. Muy disciplinado para mirar el reloj del partido que unilateralmente decide quien va y quien no va, sin importar lo manchado del traje.
Pero a Matamoros no le basta saber cuándo se registra: le interesa saber cómo gobierna, a quién nombra y qué responde cuando se cuestionan las relaciones de su administración.
Antes de pedir más poder, que abra las cuentas. Porque “seguiremos sirviendo” suena muy bonito; lo que falta aclarar es a quién.
En Tamaulipas, el expediente por el feminicidio de María del Pilar Garrido Santamans vuelve a exhibir una diferencia que al poder suele estorbarle: tener a alguien condenado no significa haberlo condenado bien. La pena de 47 años impuesta a su esposo, Jorge Fernández González, recibió otro correctivo federal: según Elefante Blanco, un tribunal colegiado ordenó dejar insubsistente la sentencia y emitir una nueva resolución. No decretó su inocencia ni anunció su libertad. Ordenó corregir el trabajo judicial.
Y ahí comienza el brete: una justicia cuestionada por cómo construyó la condena, una antigua magistrada que ahora encabeza al PAN tamaulipeco y un defensor señalado como abogado de Américo Villarreal,que ha llevado casos de defensa en favor de ZETAS del Cartel del Noreste y que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca,quiso meter a prisión,igual que el gobernador Americo Villarreal.
Una combinación político-criminal muy inflamable, pero que exige distinguir expediente, alegatos y relaciones personales. Porque una sentencia no puede convertirse en ajuste de cuentas entre membretes.
El amparo no absuelve, pero tampoco es una palmadita
El señalamiento federal no debe despacharse como un “detalle de procedimiento”. De acuerdo con Elefante Blanco, el nuevo amparo cuestiona la utilización de declaraciones previas del acusado cuando este decidió no declarar en el juicio oral, supuesto regulado por el artículo 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La disposición establece que esas declaraciones no pueden incorporarse como prueba ni utilizarse durante el juicio bajo ningún concepto. La Suprema Corte reproduce esa prohibición en sus resoluciones: no se trata de una cortesía concedida al acusado, sino de una regla del proceso penal.
En términos de banqueta: si la ley prohíbe meter una declaración al juicio, no se vale introducirla disfrazada de antecedente, envolverla como contradicción y terminar cobrándola como prueba de culpabilidad.
Eso tampoco significa que todo el expediente desaparezca. Significa que el órgano judicial debe resolver sin utilizar lo prohibido y explicar si el material restante sostiene la condena. El amparo no expide certificados de inocencia, pero tampoco permite conservar una sentencia a fuerza de engraparla otra vez como inicialmente denunciaba la familia.
La familia denunció una sentencia “fotocopiada”
En 2023 fue publica la acusación concreta del defensor Martín Lozano: después de un amparo anterior, la sala habría emitido una resolución que replicaba la primera, en lugar de corregirla conforme a las directrices federales. La familia sostuvo, además, que la condena descansaba en evidencias endebles.
Una cosa es que un tribunal encuentre motivación incongruente, valoración indebida o incumplimiento de determinados lineamientos; otra, que ordene absolver por insuficiencia probatoria. La crónica de 2026 informa de una nueva sentencia por emitir, no de una absolución.
Jurisprudencia sin peluca: sospechar no alcanza
La jurisprudencia 1a./J. 26/2014 (10a.), “Presunción de inocencia como estándar de prueba”, coloca el listón donde corresponde:para condenar debe superarse la duda razonable. No basta que la hipótesis acusatoria parezca posible, que el acusado caiga mal o que la Fiscalía panista haya invertido años en defender su versión.
Por su parte, las tesis sobre prueba indiciaria, registros digitales2004756 y 2004755, distinguen los requisitos de los indicios y los de la inferencia lógica que permite enlazarlos. Conviene llamarlas por su categoría correcta y no vender cualquier tesis como jurisprudencia obligatoria.
Traducido: una cosa son los ladrillos y otra la construcción. Los hechos de partida necesitan acreditarse; el razonamiento que conduce a la culpabilidad debe sostenerse lógicamente. Una carretilla de sospechas no se convierte en edificio porque el juzgador le pinte una fachada.
La ex-magistrada que ahora dirige al PAN
Elefante Blanco identifica a Gloria Elena Garza Jiménez como integrante de la sala que intervino en 2022 y como actual presidenta del PAN en Tamaulipas. Esa trayectoria vuelve inevitable el escrutinio de su actuación judicial, sobre todo ante los sucesivos cuestionamientos federales al expediente.
Quien hoy representa políticamente al PAN debe responder en el debate público por las resoluciones en las que participó. La toga anterior no queda fuera de examen porque ahora haya camiseta partidista.
Martín Lozano y Américo: cercanía no es jurisdicción
Martín Lozano no solo ha sido abogado de Américo Villarreal,tambien del Diputado Federal Carlos Canturosas,pero ademas se le atribuye otras representaciones profesionales vinculadas a la defensa juridica de Zetas de Nuevo Laredo.
Aunque debe decirse: representar, en asuntos distintos, a un acusado de homicidio y a otros de delincuencia organizada, en Nuevo Laredo o en cualquier otra latitud, no convierte al abogado en integrante de una organización criminal, aunque muchos suelen borrar la distancia que los separa de sus clientes, con fatales consecuencias, particularmente cuando se trata de Zetas,
La hoja de vida del abogado MARTÍN LOZANO MÉNDEZ estuvo manchada como Ministerio Público en Tamaulipas, pero durante la campaña de Villarreal Anaya en 2022 litigó en favor del candidato en expedientes contra este y sus hijos, pero también tuvo que acudir al amparo cuando el exgobernador «Pancho» García Cabeza de Vaca, muy «enmuinado», pretendió encerrarlo despertando viejo expediente.
El juicio de garantías para que no fuera detenido LOZANO MÉNDEZ, quien incluso fue mencionado como candidato a encabezar la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN de AVA, fue radicado en el expediente 1619/2018, promovido por el propio litigante, luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado, a cargo de IRVING BARRIOS MOJICA, el «pequeño» García Luna de Cabeza de Vaca, le reviviera un «viejo caso» de cuando salió por la puerta trasera del sistema de procuración de justicia en Tamaulipas.
El juicio de amparo inició el 05 de Septiembre del 2018 y fue promovido por el propio Martin Lozano Mendez ,en contra de Lic. Abelardo Ibarra Torres, Juez De Control Del Primer Distrito Judicial, Dentro De La Primera Región Del Supremo Tribunal De Justicia Del Estado de Tamaulipas.
Ese antecedente solo permite plantear una conexión política cuya relación puede impulsar la intervención del gobernador en este expediente de homicidio con un acuerdo para beneficiar al acusado.
El problema político, sin embargo, está servido: cualquier resolución favorable podrá ser presentada por adversarios como un beneficio para el cliente de un abogado relacionado con el gobernador. Pero conservar una condena jurídicamente defectuosa para evitar ese costo sería igualmente inadmisible.
La salida no consiste en escoger entre el abogado cercano y la exmagistrada panista. Consiste en exigir una resolución que pueda sostenerse sin padrinos.
Américo no debe decidir el fallo
Aquí hay que corregir la premisa sin quitarle filo: no corresponde a Américo Villarreal decidir contra el fallo de la “justicia panista”. Corresponde al órgano judicial competente a cargo de la magistrada presidenta Tania Contreras , subordinada al gobernador, ambos fichados por narcopolitos,cumplir la ejecutoria federal y resolver con independencia, algo facil de decir y difícil de aterrizar.
Si la prueba válida alcanza, podrá sostener una condena. Si no supera la duda razonable, deberá operar la presunción de inocencia. Ninguno de esos resultados debería depender de quién defendió al acusado o de qué partido encabeza una antigua juzgadora.
Pilar Garrido no puede quedar reducida a munición electoral contra el panismo. Su asesinato exige una respuesta judicial fundada, no una condena conservada por orgullo institucional ni una absolución celebrada por conveniencia política.
La justicia no consiste en que el expediente cambie de patrón: consiste en que deje de necesitarlo.
