La disputa interna entre Los Mayos y Los Chapitos reconfiguró la estructura del Cártel de Sinaloa y dio paso a un escenario en el que actualmente operan cuatro facciones principales en el estado, de acuerdo con un informe del International Crisis Group.
Aunque la historia que cuenta es mas la de un Estado que juega a apagar incendios con gasolina: descabeza capos, firma desplegados solemnes y luego pretende vender todo como “ruta a la paz” mientras Sinaloa sigue desangrándose.
El laboratorio Sinaloa
Sinaloa es hoy el laboratorio macabro donde se prueba la tesis favorita de los gobiernos duros: si cortas cabezas, se acaba el monstruo. En la práctica, cada “operación de alto valor” deja el territorio convertido en un tablero de Risk donde los herederos criminales ajustan cuentas y la población cuenta cadáveres.
La ruptura entre Los Mayos, Los Chapitos y otros grupos como el de El Chapo Isidro no es una guerra épica del narco, es el colapso controlado por nadie de un orden criminal que el Estado nunca se atrevió a desmontar de raíz.
Sheinbaum entre Trump y el abismo
La presidenta Sheinbaum está atrapada en un número de circo: por un lado, debe calmar a Trump, que amenaza con aranceles e intervención militar si no se reduce el flujo de drogas; por el otro, tiene que convencer a los mexicanos de que no está entregando la soberanía a cambio de un aplauso en Washington.
El resultado es una política esquizofrénica: se acepta inteligencia, drones y presiones, pero se intenta poner “límites” cuando la exigencia yanqui cruza la línea del caos interno. EE. UU. incluso etiqueta al Cartel de Sinaloa como “Organización Terrorista Extranjera”, y la gran herramienta se queda, de momento, en amenaza retórica que luce bien en comunicados pero no toca a fondo el negocio binacional de armas, precursores químicos y logística.
Inteligencia, drones y ombuds de utilería
Sobre el papel, el libreto suena razonable: fortalecer inteligencia, crear unidades especializadas, usar tecnología estadounidense para ubicar laboratorios de sintéticos, montar un ombudsperson con dientes disciplinarios sobre las fuerzas armadas.
En la realidad, el país sigue dependiendo del ejército para todo, mientras se improvisa policía local en un curso exprés reclutado y entrenado por militares bajo la etiqueta de “solución provisional”. El discurso habla de profesionalización, análisis y confianza comunitaria; el terreno huele a operativo, presencia disuasiva y cambios de turno que apenas rozan a las redes de corrupción incrustadas en el aparato estatal.
Cárceles, anexos y la fábrica de carne de cañón
El documento desnuda algo que el gobierno suele maquillar: las prisiones y muchos centros de rehabilitación son, en los hechos, oficinas de recursos humanos del cartel. Ahí se recluta con protección para la familia, promesas de “trabajo” y la amenaza clara de que quien diga que no será extorsionado o eliminado. La receta oficial plantea clasificar internos, crear unidades de inteligencia penitenciaria, licenciar anexos, verificar personal, mandar inspecciones sorpresa y cercar centros con seguridad cuando haga falta. Suena bien, pero llega tarde a una generación que ya aprendió que la única beca real que ofrece el sistema se llama “trabajo para el narco”.
Jóvenes, campesinos y la base social del cartel
Sinaloa no se sostiene solo por el miedo: hubo décadas en las que el cartel construyó una base social entre jóvenes pobres y campesinos de marihuana y opio que veían más futuro en la ilegalidad que en el Estado. Ahora que el negocio se movió a drogas sintéticas y muchos agricultores están en la lona, el gobierno promete ampliar programas de transferencia monetaria para quien cambie cultivos ilícitos por árboles maderables o frutales.
También se habla de becas para estudiantes de zonas violentas y de acompañar con sociedad civil a menores en riesgo, con orientación, actividades extraescolares y rehabilitación. Si se hace, puede erosionar la base social del cartel; si se queda en PowerPoint, será otro capítulo del manual de buenas intenciones sin presupuesto.
Víctimas, desaparecidos y desplazados: el país que no cabe en los comunicados
Mientras el Estado presume encuestas que celebran la caída de “El Mencho” y otros nombres de marketing criminal, Sinaloa acumula desaparecidos, fosas y desplazados a un ritmo que no entra en las conferencias de prensa.
Los grupos usan la desaparición como estrategia perfecta: sin cuerpo, muchos funcionarios dudan en iniciar procesos penales, y la estadística oficial se mantiene limpia mientras las familias marchan con retratos en carnavales y plazas.
El texto exige mejorar servicios forenses, apoyar colectivos de buscadoras, hacer censos de desplazados, garantizar vivienda, salud y educación a quienes salieron huyendo del fuego cruzado. Es decirle al gobierno, con diplomacia: sin atender a las víctimas, todo lo demás es teatro.
La gran conclusión incómoda
La conclusión pega donde duele: mientras no se rompan las raíces del dominio criminal —esto es, la corrupción que los protege, el financiamiento ilícito en campañas, la captura de instituciones y la economía política del narco— Sinaloa y otras regiones van a seguir viviendo con miedo.
Judicializar delitos graves, desmantelar redes de corrupción, reconstruir policía local, cortar reclutamiento en cárceles y anexos y cuidar a las víctimas no son puntos “bonitos” de una agenda internacional: son la línea mínima para dejar de gobernar sobre un cementerio.
Con información: CRISIS GROUP.ORG/ NOROESTE/
