No le queda el papel de víctima. No cuando se es parte del reparto, se milita dentro de la maquinaria y se gobierna bajo el mismo paraguas político que hoy intenta fingir sorpresa. Claudia Sheinbaum publicó desde sus redes una de esas piezas de solemnidad marmórea que parecen redactadas para colgarse en una pared, no para responder a una crisis concreta: habla del poder sin principios, de la arrogancia, del abuso y de la historia; pero evita cuidadosamente pronunciar el nombre de Rubén Rocha Moya.
Qué conveniente: se denuncia “la ambición desnuda del poder por el poder”, pero se omite identificar al personaje que acaba de regresar a la gubernatura de Sinaloa después de una licencia de 112 días, en medio de acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Es como escuchar al capitán de un barco denunciar, desde el puente, que hay humedad en la cubierta, sin mencionar el boquete por el que está entrando el agua.
No le queda el papel de víctima
Sheinbaum no habla desde una esquina impotente del sistema ni desde la oposición perseguida por el poder. Habla desde la Presidencia de la República, con una mayoría legislativa, con un partido dominante en buena parte del país, con el poder judicial bajo su control y con capacidad política suficiente para que sus palabras no sean únicamente frases para redes sociales.
Por eso su mensaje tiene un problema de origen: intenta adoptar la voz de quien observa un abuso desde fuera, cuando su movimiento forma parte del entorno político que lo tolera, lo administra o, cuando menos, se resiste a nombrarlo. No es la ciudadana que reclama frente a Palacio; es quien despacha desde Palacio.
Decir que “el poder sin límites deriva en abusos” sin señalar quién está ejerciendo ese poder, ni qué límite debe imponérsele, es una forma elegante de convertir la denuncia en incienso. Huele a condena moral, pero no deja ningún costo político. Es la versión gubernamental del “alguien debería hacer algo”, pronunciada precisamente por quien tiene instrumentos para hacer algo.
La historia mexicana está llena de ese teatro: gobiernos que descubren súbitamente los excesos del poder justo cuando el poder tiene nombre, credencial y fotografía con ellos. El priismo perfeccionó durante décadas la técnica de sacrificar a una pieza sin cuestionar el tablero; el sistema se declaraba indignado por sus propios monstruos, como si los hubieran dejado abandonados en la puerta de Los Pinos. La diferencia es que ahora el recurso se presenta con vocabulario de transformación.
No basta con decir que los cargos son pasajeros. Más bien habría que demostrarlo. Porque un cargo no deja de ser permanente sólo porque una mandataria lo escriba en X; deja de serlo cuando las responsabilidades políticas, administrativas y penales se investigan sin blindajes, sin licencias cosméticas y sin el rodeo de las frases elípticas.
Para quejarse ya está el pueblo
El pueblo no necesita que desde arriba le expliquen que la arrogancia es mala. Lo sabe cuando vive la violencia, cuando ve la captura de instituciones, cuando se topa con la impunidad y cuando escucha que una decisión política de alto impacto es “personal”, como si gobernar Sinaloa fuera escoger entre té o café.
La Secretaría de Gobernación dice que el retorno de Rocha Moya fue una decisión personal; Morena asegura que no fue informado; gobernadores aliados piden “madurez y responsabilidad”.
Todo el aparato, incluidos los gobernadores, parecen practicar un deporte nacional: lavarse las manos sin tocar el jabón. Pero el pueblo —ese que el discurso invoca con mayúscula— no tiene por qué conformarse con una procesión de deslindes.
Para quejarse ya está el pueblo, sí: para señalar a los gobernantes cuando fallan, exigir explicaciones y recordar que la dignidad no se defiende con aforismos. Pero a la Presidencia no le corresponde quejarse como comentarista de la realidad. Le corresponde gobernar, fijar postura clara, exigir rendición de cuentas y evitar que el silencio parezca una forma de cobertura.
Hay algo casi sarcástico en escuchar que “el pueblo no está para alimentar ambiciones personales” mientras el poder político pide que el pueblo admire su indignación, aunque esa indignación no tenga destinatario. Es pedir aplauso por describir el incendio sin atreverse a mencionar quién cargó los cerillos.
La omisión también gobierna
Nombrar a Rocha Moya no era un detalle estilístico: era el mínimo de honestidad política. Cuando la acusación es grave y el funcionario señalado pertenece al universo de poder de quien emite el mensaje, los pronombres indefinidos no son prudencia; son coartada.
La retórica presidencial pretende presentarse como una lección de ética pública, pero una ética sin nombres, sin consecuencias y sin decisiones es apenas decoración institucional. Un espejo bonito en la oficina del poder: refleja principios, pero no obliga a mirarse.
Si de verdad “el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia”, entonces habrá que empezar por no usar al pueblo como escenografía retórica. Porque la historia no juzga los tuits por su tono épico. Juzga, sobre todo, aquello que los gobiernos decidieron hacer —o decidieron no hacer— cuando ya no podían fingir que no sabían de quién estaban hablando.
Con información: ELNORTE/
