Tras la renuncia masiva de Policias en Escuinapa y otro casi centenar masacrados por el Cartel de Sinaloa, el gobernador de Morena ,Rubén Rocha Moya,a quien la evidencia sustantiva lo apunta ligado al narco y una primera traición que desemboco en otra sangrienta, aparece sonriente, como si acabara de descubrir la cura al miedo.
Según él, ya hay estrategia para afrontar la renuncia masiva en Escuinapa. Lo que no especifica es si esa estrategia incluye rezarle a San Judas o simplemente seguir esperando que los convoyes militares hagan de escolta honoraria para los que aún no se han rendido.
La realidad es brutal: los policías locales, sin respaldo, sin protección, sin escolta y con mucho miedo, prefieren abandonar el uniforme antes que aparecer en la lista de “masacrados sin detenidos” —una que crece más rápido que los comunicados oficiales.
Mientras tanto, Rocha Moya insiste en que todo está “bajo control”, como quien afirma que el incendio está apagado porque ya no queda nada por quemar.
El gobernador promete coordinación con Guardia Nacional, aunque el modelo parece más una logística funeraria que una estrategia de seguridad. Lo grave no es solo la fuga de policías, sino el desmoronamiento completo de la institucionalidad local: Escuinapa se queda sin autoridad operativa y, por extensión, Sinaloa sin narrativa creíble.
En resumen, Rocha Moya no está enfrentando una crisis, está administrando una ruina. Y lo hace con la convicción del político que cree que los problemas desaparecen con declaraciones, no con decisiones.
Un desplome policial disfrazado de “reorganización”, un gobierno que presume control mientras el miedo dirige la agenda y un gobernador que, más que parte de la solución, parece el director general del colapso.
No, no fue por “motivos personales” ni por “reasignaciones”. Fue una retirada: la de los últimos policías municipales que todavía fingían servir en Escuinapa, Sinaloa, hasta que la realidad —esa que huele a pólvora, a miedo y a abandono— les recordó que ya no hay Estado que los respalde. Los agentes colgaron las placas porque ya entendieron que aquí se sobrevive por resignación, no por ley.
“Esto ya se desmoronó”, sentenció un agente de policía.
Mientras el Cártel de Sinaloa lleva casi un centenar de policías ejecutados —uno tras otro, con la naturalidad de quien pisa hormigas—, la estrategia del Gobierno federal y estatal siguen administrando condolencias y promesas huecas. No hay un solo detenido. Cero. Ninguno. Cada ataque es una ecuación perfecta del fracaso: cuerpos multiplicados, impunidad al cuadrado y justicia reducida a cero.
Los policías caen, pero ninguno tiene la escolta del sesudo estratega Omar García Harfuch ,ni la fortuna de viajar en convoyes de esos catorce mil militares con armamento de desfile que batallan,pero aun no pueden atajar una guerra rumbo a los dos años de hostilidades. Ellos patrullaban solos, con chalecos envejecidos y patrullas que se apagan más fácil que las conferencias matutinas. Y cuando pidieron apoyo, recibieron silencio: el lenguaje oficial del abandono.
Escuinapa no perdió agentes: perdió fe, perdió el mínimo derecho a fingir que hay Estado. Esta renuncia colectiva no es un acto administrativo, es una autopsia pública a la vocación de servicio: los uniformados se marchan porque el gobierno ya se fue hace tiempo.
La narrativa oficial dirá que la “seguridad está en proceso de fortalecimiento”. Pero lo que realmente se fortalece es la cita diaria con la muerte y la convicción creciente de que la patria sólo existe para quienes la saquearon. Los demás —los que algún día creyeron en ella con una pistola vieja y un salario miserable— firmaron su renuncia a un país que ya les renunció primero.
La refinería Olmeca —la joya energética del obradorato y ahora de su alumna modelo, Claudia Sheinbaum— volvió a demostrar que en Dos Bocas lo único que refinan son excusas. La tarde de ayer jueves, un nuevo incendio sacudió la planta en Tabasco, generando una columna de humo digna de un ritual prehispánico, visible desde kilómetros a la redonda.
Pemex, con su clásico temple de negación institucional, salió a confirmar el “pequeño incidente” en una bodega de coque —ese detalle técnico que suena menos grave que lo que es— y aseguró que “no hubo heridos”. Todo bajo control, dicen, mientras las llamas compiten con el sol tropical y el humo pinta de negro el «corazón energético» de la 4T.
Desde Palacio y redes sociales, la presidenta Sheinbaum bajó línea: el fuego está controlado, los 150 elementos de Pemex y soldados de Marina y Defensa ya “atienden la emergencia”. Como si atender una emergencia recurrente fuese parte del itinerario semanal de la soberanía nacional.
No está de más recordar que apenas hace unos días los pobladores ya habían denunciado una posible fuga de gas en la misma refinería. Pemex, fiel a su estilo, lo negó de inmediato: “solo era vapor de agua”, dijeron. Agua que, si seguimos la lógica, también debe prenderse sola cuando llega marzo lluvioso, como ocurrió el 17 de ese mes, cuando “aguas aceitosas” se desbordaron y dejaron cinco muertos tras una explosión. Un caso clásico de “lluvia inflamable”, versión Pemex.
En resumen, Dos Bocas sigue siendo la refinería del futuro, un monumento a la resiliencia del discurso oficial frente a las leyes de la física. Cada incidente es un experimento involuntario que confirma que el control, en realidad, solo existe en los tuits presidenciales y los comunicados institucionales. El humo, ese sí, no necesita vocero.
El secretario del ayuntamiento de Ocampo, Michoacán, por Morena-PT, Pedro Valencia Cerecero, fue localizado sin vida la noche del domingo en una carretera del municipio de Áporo.
Lo buscaban desde el 1º de abril en que salió a una fiesta en Maravatío. Lo hallaron cinco días más tarde con una bolsa de plástico en la cabeza, huellas de tortura e impactos de arma de fuego.
Como se ha reportado, Valencia Cerecero es el segundo secretario de Ocampo que pierde la vida a manos del crimen organizado. El anterior fue Omar Daniel Colín Alanís, a quien mataron al lado de su padre, a finales de septiembre de 2022, en Zitácuaro.
Al lado del cuerpo de Colín Alanís apareció una cartulina firmada por el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio y cabeza del llamado Grupo X, William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas: “Esto les va a pasar a todos lo que no paguen cuotas”.
Tras la polvareda que levantó el segundo asesinato de un secretario del ayuntamiento en Ocampo, se reactivó la versión, no confirmada nunca por las autoridades, de que El Barbas había sido asesinado desde noviembre pasado por un familiar que más tarde habría sido desaparecido por instrucciones de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Según esta versión, el nuevo jefe de plaza en Zitácuaro sería un sujeto conocido como Don Aldo.
En noviembre de 2025 esa versión desató el pánico de la población de Zitácuaro. El rumor del asesinato del jefe criminal provocó la suspensión casi total de las actividades en el municipio. Se habló de disturbios y bloqueos que de inmediato fueron negados por las autoridades del estado.
El Barbas ha sido desde hace años el terror de la región. Fue el personaje central de la masacre ocurrida en un palenque clandestino de Zinapécuaro, en el año 2022, cuando un grupo de sicarios llegaron al lugar escondidos dentro de una camioneta de Sabritas y abrieron fuego contra los concurrentes, dejando en los graderíos 20 muertos. Se informó que los asesinos eran integrantes de la Nueva Familia Michoacana y que iban a cobrarle al Barbas el hecho de que se hubiera pasado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los enfrentamientos a tiros entre la Nueva Familia y el llamado Grupo X han sido causa constante de miedo y zozobra entre la gente de la región. El cobro de piso y la extorsión a las autoridades han llegado allí a niveles de escándalo. Audios filtrados de manera reciente revelan que El Barbas compró los penales de Michoacán, Querétaro y Jalisco.
De hecho, en las narconóminas halladas por periodistas de EL UNIVERSAL en las cabañas donde fue abatido El Mencho, se encuentra la relación de pagos que permiten la entrada y la distribución de drogas en dichos centros penitenciarios.
Audios de sus conversaciones con funcionarios locales han causado revuelo en medios y redes sociales. Una de estas, ya citada hace años en este espacio, tenía como protagonista al comisario regional de la Secretaría de Seguridad, Conrado Corral: “Yo te mando tu recurso como antes, Conrado”.
En un audio más reciente, revelado por el colectivo de periodistas Narcopolíticos.com, se escucha al Barbas ofrecerle dos millones de pesos al ex coordinador del sistema penitenciario de Michoacán, Ignacio Mendoza Jiménez.
Según reportes de inteligencia, El Barbas se ha fortalecido en Zitácuaro bajo el amparo del gobierno del alcalde morenista Antonio Ixtlahuac Orihuela. Desde junio de 2025, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, prometió que Rivera Padilla sería detenido.
Se ofreció incluso una recompensa de medio millón de pesos a quien entregara datos que llevaran a su captura. Se hizo circular su fotografía y también sus señas particulares: un tatuaje con una calavera en el brazo izquierdo y las siglas del CJNG.
Agencias de seguridad han detectado que Zitácuaro es el punto de llegada y partida de una ruta de trasiego de droga que procede de Guerrero, ingresa en Michoacán por Huetamo, San Lucas y Tiquicheo, y avanza por la poco transitada carretera federal 51 hasta Benito Juárez, Coatepec y Zitácuaro.
Desde esta última ciudad, la droga sigue su camino hacia el norte por Zirahuato, Ocampo y Angangueo: atraviesa brechas, carreteras y caminos del Bajío, para internarse en Tamazunchale, San Luis Potosí, en donde se abren tres rutas: la de Río Verde, la de Ciudad Valles y la que lleva a Reynosa, Tamaulipas.
A su paso, la ruta de la droga va comprando complicidades y va eliminando estorbos. Por donde cruza, hay desde hace años muerte, violencia y dinero de la corrupción a manos llenas.
En una de las estaciones más importantes de esa ruta, el amo de vidas y haciendas se llama William Edwin Rivera Padilla, conocido como El Barbas. En los municipios que controla, el verdadero poder es el del crimen organizado.
El gobierno de Ramírez Bedolla, mientras tanto, abre carpetas de investigación. Y luego, una y otra vez, le apuesta a la fórmula del olvido.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, por unanimidad, una de las propuestas más peligrosas para acabar con las libertades en México.
Sin tener que probarlo, con la sola sospecha, el gobierno puede congelar sus cuentas bancarias y detener a cualquier ciudadano que considere que ha evadido al fisco o se ha enriquecido al margen de la Ley. Y su defensa tendrá que hacerse desde la cárcel.
Para cometer semejante atraco, los jurisconsultos mexicanos dieron luz verde para que la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria, sean los ejecutores de tal aberración.
¿A juicio de quién se establecerá la sospecha de que un ciudadano tiene su dinero “mal habido” y es merecedor de que se le congele su patrimonio y vaya a dar a una celda? ¿Quién tendrá bajo sus hombros el nada despreciable título de “verdugo fiscal”?
Lo que se está abriendo es una peligrosa puerta para darle entrada a denuncias anónimas -a modo- contra opositores al régimen -sean políticos, empresarios, académicos, intelectuales y comunicadores- y con ello acallar a la disidencia exhibiendo el terror de la cárcel, sólo “porque yo lo sospecho”.
Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum busca combatir la evasión y la corrupción, vamos tomando la escoba y comencemos a barrer en casa, de arriba para abajo, dentro del gobierno de Morena.
Más que sospechas, existen suficientes certezas dentro de los gobiernos morenistas para estrenar la nueva propuesta contra personajes que, a todas luces, no pueden comprobar de dónde sacaron su muy peculiar e insultante estilo de vida.
Vamos comenzando, sin sospecha alguna, con todas las certezas, por Andy y Gonzalo López Beltrán, y por su cuates Amílcar Olán y Daniel Asaf, entre una lista de juniors que se dedicaron a hacer negocios ilícitos con el huachicol fiscal, con el balastro para las obras del Tren Maya y del Tren Interoceánico, además de todo lo que cobraron por facilitar la cobranza en Pemex, CFE y Seguro Social. Sobran las pruebas, no las sospechas.
Citemos para poner sobre la mesa con sus declaraciones fiscales a Audomaro Martínez y familia, quien desde el Centro Nacional de Inteligencia operaron el tráfico de migrantes con pasaportes falsos, vendidos lo mismo a rusos que a chinos o sudamericanos. Es el mismo Audomaro Martínez, el general retirado de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, quien bordó en fino -con Andy López Beltrán al frente- la red nacional de huachicol. El mismo Audomaro Martínez que a trasmano y con la ayuda de Ricardo Peralta se dedicaron a controlar el contrabando -lo mismo de precursores de fentanilo que de energéticos importados sin pagar impuestos- a través del sistema de aduanas más corrupto que haya conocido México.
Ni qué decir que merece citatorio de la UIF y del SAT el “hermano” del Monarco de Palenque, Adán Augusto López, a quien deberían aplicarle “La Barredora” fiscal con auditorías que demuestren de dónde salieron los dineros con los que pudo regalar jirafas a sus legisladoras favoritas, rentar aviones privados para irse de viaje y llevar un tren de vida, de esos que hace unos años no se le conocían en su natal Tabasco. Que le pregunten a su “financiero” Hernán Bermúdez Requena.
También calificarían, sobradamente, como sospechosos de vivir más allá de sus posibilidades personajes como Mario Delgado, el ahora Secretario de Educación que en su tiempo fue el centro nacional del reparto de los dineros del huachicol fiscal, dineros que le entregaba el fallecido Sergio Carmona a través del legislador Erasmo González, para financiar decenas de campañas electorales de Morena.
Otro sospechoso obligado en la primera ronda para probar la nueva legislación tendrían que ser Manuel Bartlett y familia, quienes hicieron de la CFE una moderna cueva de Alí Babá con el tráfico de huachi-diésel para operar -sin gas- decenas de plantas generadoras de energía eléctrica. Hoy pagamos con escasez de energía el lujoso estilo de vida de la pareja más electrizante de la Cuarta Transformación.
En la lista de sospechosos de la UIF y del SAT tendría que incluirse también a Ignacio Ovalle y su “Estafa Maestra” en Segalmex -la Conasupo cuatroteísta- por donde se desaparecieron 14 mil millones de pesos en tráfico de alimentos populares, durante los primeros años del sexenio lopezobradorista.
En pocas palabras, si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum quiere poner a prueba su tan cuestionada novedad jurídica del “sospechosismo”, que apunte hacia el ya famoso Cártel de Tabasco, en el que despachan como capos del buen vivir Andy y Gonzalo López Beltrán, Audomaro Martínez y Adán Augusto López. Que les congelen sus cuentas, que los pongan tras las rejas para que desde ahí se defiendan.
Si no se comienza por ahí, la confesión de una “legislación para el terror” acabará por confirmarse. Todos seremos sospechosos, menos ellos, los auténticos saqueadores de los bienes nacionales. Los que mudaron sus vacaciones en Veracruz y Campeche, y se fueron a pagar lujosos hoteles en Tokio y en Dubái.
Este es el nervio moral del episodio: un rescate que no solo prueba capacidad técnica del ejercito, sino la diferencia entre resolver una tragedia y capitalizarla para la foto. El caso de Francisco Zapata Nájera, rescatado con vida tras 13 días atrapado en la mina Santa Fe de Sinaloa, ofrece precisamente ese contraste entre la emergencia real y la tentación del autoelogio oficial.
Lectura de fondo
En un país atravesado por crisis, una calamidad se vuelve una prueba ética del Estado y de sus instituciones. No basta con aparecer cuando ya hay cámaras; el verdadero mérito está en actuar antes, sostener el esfuerzo y asumir costos para salvar vidas.
“Hacer el bien, no solo verse bien” denuncia una costumbre política muy reconocible: convertir el dolor ajeno en escenografía. Frente a eso, el rescate minero demuestra que el bien público exige coordinación, persistencia y responsabilidad, no únicamente difusión de imágenes heroicas.
“Lo que dejó el rescate exitoso del minero no es solo una lección de esperanza: es la evidencia de que, en este país, cada tragedia revela el poder puede servir cuando esta dispuesto, mas que servir para posar. Hacer el bien no consiste en salir en el video, sino en estar cuando todavía no hay aplausos.”
“Este rescate demuestra algo elemental y doloroso: en México, toda calamidad pone a prueba el alma del Estado y las puede convertir en oportunidad mas que en pretextos o reclamos polariantes a rivales».
«La diferencia entre hacer el bien y solo verse bien está en quién salva vidas cuando todavía no hay reflectores.”
El Centro de Análisis, Informacion y Estudios de Tamaulipas (CAIET) nació en 2012 bajo el gobierno Priista de Egidio Torre Cantu,como una pieza de inteligencia estatal con vocación de diagnóstico, prevención y apoyo a la gobernabilidad ,pero con énfasis politico. En 2017, ya bajo el Gobierno del panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y después de burlarse del ejercito ,un dia si y otro también ,pues ya habia armado su estructura «sicario-policial» aun y sin porte legitimo de las armas,modificó por decreto el estatuto, como un órgano con estructura propia, facultades de análisis, contrainteligencia, resguardo de información y cooperación interinstitucional adscrito a la Secretaria de Seguridad Publica y ya con porte de armas legal desde donde se operaba el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES).
El mismo grupo que seria luego operado por Militares y que el gobierno de Americo Villarreal puso al servicio del Cartel del Golfo de Matamoros,lo que advierte que ninguna fracaso de poltica de seguridad tiene que ver con el diseño.
Pero ahora en 2026,el gobierno de Morena y Americo Villarreal, borran al CAIET del mapa institucional y lo sustituyen, dicen, por otra área de análisis, confirmando un patrón de desmontaje burocrático que deja una arquitectura útil convertida en escombro administrativo por los malos oficios del gobierno en agravio de ciudadanos y en favor del crimen.
Nacimiento y propósito
El decreto de 2012 creó el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía técnica y de gestión. Su objeto era estudiar, recolectar, procesar y analizar datos políticos, económicos, jurídicos, sociales y culturales para producir insumos útiles al Ejecutivo y a la Secretaría General de Gobierno, especialmente en materia de gobernabilidad y seguridad .
La propia lógica del decreto apuntaba a algo más ambicioso que una oficina de estadísticas con uniforme: pedía diagnósticos reales sobre las causas de la inseguridad y estrategias coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. En otras palabras, el CAIET fue concebido como una plataforma de inteligencia civil para anticipar riesgos, no como una bodega de papel con membrete, ni tampoco un brazo armado al servicio de un gobernador azulceleste que pretendió no combatir al crimen, sino convertirse en el capo #1 de Tamaulipas.
Pero tampoco fue útil al servicio del actual gobernador que no ocupa combatir al crimen, pues claramente esta al servicio del crimen, si atendemos la evidencia.
Estructura orgánica
El estatuto de 2017 muestra que el CAIET tenía una arquitectura interna formal y especializada. Su estructura incluía Dirección General, Dirección de Información, Dirección de Inteligencia, Dirección de Planeación Estratégica y Tecnologías de Información, Dirección Administrativa y Departamento Jurídico, además de áreas como monitoreo, análisis de riesgos, contrainteligencia, investigación de campo y sistemas de información .
Esa distribución revela que no era un ente ornamental: estaba diseñado para captar información, procesarla, traducirla en inteligencia útil y protegerla bajo criterios de confidencialidad. También preveía cooperación con otras dependencias y el uso de tecnología especializada para comunicaciones y seguridad, algo que en teoría lo colocaba como una pieza seria dentro del aparato estatal .
Objetivos reales
Los objetivos del CAIET eran claros: operar tareas de inteligencia, formular conclusiones para salvaguardar la seguridad del Estado, proponer medidas de prevención y disuasión, y auxiliar a autoridades de procuración de justicia. Además, podía reservar información, desarrollar tecnología y establecer protocolos internos estrictos para ingreso y permanencia del personal, lo que confirmaba en el papel y solo en el papel, su carácter de órgano sensible y no de simple oficina administrativa en que quedo convertida bajo el gobierno de Americo Villarreal,utilizado como pretexto para darle chamba a las «amigas de los jefes generales» .
En el papel, su misión era fortalecer el Estado de Derecho,no torcerlo y actuar como El Cartel de la Barredora ,como lo hacia la turba armada de Cabeza de Vaca,cuyos integrantes ejecutaron a mansalva a un inocente ingeniero que se atrevió a salir de noche a comprar cerveza en Rio Bravo, mas de 300 disparos.
La desaparición del CAIET ,es algo más que un cambio de nombre: implica desmontar una herramienta pensada para anticipar el delito y sustituirla por una solución improvisada, más barata políticamente que funcionalmente .
El agravio institucional
En la informacion publicada por HoyTamaulipas,el General Arturo Pancardo señala que el CAIET desaparece y su personal será reubicado en la Secretaría de Seguridad y otras dependencias, sin despidos masivos. El problema no es sólo laboral: es la liquidación de una instancia con diseño especializado, reemplazada por una “nueva dirección de análisis e investigación” cuyo alcance todavía parece definido por la inercia y no por una estrategia de Estado en medio de pésimos indicadores de eficiencia policial.
Ahí está el agravio a los ciudadanos: se desarma una estructura creada para producir inteligencia pública y se manda todo al cajón de la reestructura, como si la inseguridad se resolviera cambiando rótulos. El resultado es un mensaje brutalmente simple: lo que costó construir con dinero y una pretendida pero fracasada vocación de inteligencia, terminó tratado como un estorbo burocrático del que todos abusarón.
El CAIET nació para pensar la seguridad, pero terminó atropellado por la tradición mexicana de confundir reforma con demolición. Primero lo diseñaron como cerebro; después lo vaciaron hasta volverlo cascarón; y al final lo desaparecieron con el elegante eufemismo de “reestructura”, que en lenguaje político suele significar “ya no servía para encubrir la incompetencia de turno”.
La lección es incómoda pero útil: cuando un gobierno disuelve una plataforma de análisis antes de fortalecerla y hacerla exitosa, no está modernizando nada; está admitiendo, sin decirlo, que prefiere administrar la crisis antes que entenderla. Y para el ciudadano, eso se traduce en una sola cosa: más discurso, menos inteligencia en su favor, y una seguridad pública cada vez más huérfana de memoria institucional .
Aunque el el mensaje de desaparición bajo el gobierno subcampeón nacional de las desapariciones parece justificarse en los hechos,en Tamaulipas el delito opera a flor de piel bajo contubernio oficial y no requiere mas inteligencia, sino dejar de hacerse tarugos menos.
