La narrativa de la supuesta soberanía nacional terminó convertida en un libreto dictado desde Washington, con el gabinete de seguridad actuando como su brazo ejecutor local. En este escenario, Omar García Harfuch opera como el enlace predilecto de las agencias estadounidenses, sepultando el discurso de los «abrazos» para coordinar cacerías conjuntas con la DEA, el FBI y la CIA.
La reciente captura de Rafael Álvarez Ayala, el R2, no es un golpe fortuito contra el CJNG, sino el cumplimiento de un encargo directo del Departamento de Justicia estadounidense gestionado junto con la Marina.
Detrás de las cifras oficiales y la presunta reducción de homicidios, la realidad es que el espionaje y las incursiones paramilitares extranjeras ya no se esconden.
Entre drones MQ-9 Reaper, tecnología de Palantir, explosiones clandestinas atribuidas a la CIA y la confirmación de agentes estadounidenses caídos en Chihuahua, Washington dejó claro que opera sobre el terreno a placer.
Todo esto ocurre a espaldas de las viejas lealtades del régimen, abriendo una fractura abierta contra el llamado Grupo Tabasco y los reductos de Palenque, que buscan entorpecer una agenda que ya no controlan.
Al final, con capos neutralizados bajo la batuta del Pentágono y una Casa Blanca cada vez más agresiva, el dilema de fondo para Claudia Sheinbaum es evidente: alinearse por completo al mandato del norte o fingir obediencia al testamento político de su antecesor.
Hay que reconocerle al director de Hoy Tamaulipas, Marco Esquivel, una audacia casi poética: convertir el Código Penal en una simple hoja de almanaque electoral. En su pieza editorial «Por Trump, ¿ya pueden respirar tranquilos?», el comunicólogo, consultor político y vendedor de pólizas de vida parece haber decidido que la mejor cobertura contra el riesgo penal es una prima de relaciones públicas pagada por adelantado para el 2028.
La premisa de su texto no solo peca de simplista; es un monumento a la degradación de la ética periodística. Donde la sociedad civil, las filtraciones de mensajería cifrada, los expedientes fronterizos y hasta los señalamientos de sus propios correligionarios ven una hedionda estela de presuntos nexos criminales y huachicoleo institucional, Esquivel ve… «grilla de enanos» y «campañas rumbo a la gubernatura».
La prestidigitación del «consultor»: borrar el delito, ensalzar la encuesta
Para el escribano en turno, las gravísimas imputaciones que persiguen a Olga Sosa y a Carmen Lilia Canturosas no son carpetas de investigación urgentes de ser desahogadas por fiscalías con dientes; no, para él son medallas de popularidad.
Bajo esta lógica torcida, mientras más acusaciones acumule un funcionario, más perfilado está para la boleta. El delito no se investiga: se capitaliza electoralmente. Esquivel reduce expedientes criminales que claman por sentencias a meros «madrazos» de competidores envidiosos. ¿La evidencia? ¿Los expedientes sin resolver? ¿El desfile de sombras que conecta la administración tamaulipeca con el crimen organizado? Para el editorialista, todo eso se despacha con la etiqueta complaciente de «fuego amigo» y la complacencia de llamarles «punteras» sin más rigor ni metodología que su propia corazonada interesada.
El calendario como amnistía mediática
El autor,vividor sempiterno del sobre amarillo de prepago incurre en la más añeja y perversa maña del boletinero con ínfulas de analista: administrar culpas legales mediante el calendario electoral. La ecuación que le vende a su audiencia es insultante: si la justicia no ha caído hoy, es porque Donald Trump se distrajo, o peor aún, porque «a los gringos les gusta el dinero y algo les ofrecieron». Tamaulipas reducido a una transacción de cantina donde la impunidad se compra por cuotas de tiempo.
La ética periodística —esa que exige contrastar fuentes, hurgar en los señalamientos documentados, exigir cuentas a los fiscales y recordarle a la clase política que los delitos federales no caducan por conveniencia partidista— queda sepultada bajo un cinismo edulcorado. En lugar de preguntar por qué no hay órdenes de aprehensión o por qué la impunidad goza de cabal salud en el estado, Esquivel tranquiliza a su clientela diciendo que el único peligro real es el humor matutino de la Casa Blanca.
La conceptualización del comunicólogo: el «Tasador de Riesgos de la Impunidad»
¿Cómo definir a un perfil que ostenta maestrías en gestión de riesgos y consultoría política mientras firma textos de semejante ligereza moral?
Marco Esquivel no ejerce el periodismo de contrapoder; funge como un tasador de pólizas de seguros para narcopolíticos. Su papel no es informar a la ciudadanía, sino medirle el agua a los camotes para sus patrocinadores: calcular cuánta ignominia pública puede soportar una candidatura antes de que se desfonde, y vender la narrativa de que todo señalamiento penal es solo un «refrito» orquestado por adversarios que no alcanzan el reflector.
Es el clásico operador mediático que confunde la relevancia pública con la complicidad de cuello blanco. Un analista de plastilina que prefiere mirar hacia Washington antes que voltear a ver las fosas, el desfalco y las complicidades locales que sus «punteras» arrastran a cuestas.
Las acusaciones que pesan sobre Sosa y Canturosas no son anécdotas de café ni chismes de sobremesa; son señalamientos directos que en cualquier democracia funcional ameritarían juicio, desafuero y reclusión, no mítines ni sondeos a modo.
Pretender que la gravedad de una sospecha delictiva se desvanece porque se aproxima el 2028 no es análisis político: es propaganda servil disfrazada de columnismo.
Más de ciento veinte mujeres asesinadas en Sinaloa. Se dice rápido en un comunicado de prensa, se maquilla bonito en una gráfica desmañanada con colores institucionales guinda y se diluye con pasmosa frialdad en la siguiente declaración banquetera: “estamos trabajando en ello”, “reforzaremos la presencia”, “no habrá impunidad”. La letanía de siempre, mientras los números de la última década no solo quedan rebasados, sino dinamitados por la realidad más cruda.
Pero llamémosle a las cosas por su nombre: la burocracia insiste en vender esto como una «estrategia». Vaya farsa de palabra.
Por pura definición semántica, lógica elemental y un mínimo de vergüenza pública, un plan existe para ordenar el caos, mitigar una amenaza o, al menos, evitar que el desastre se multiplique. Cualquier cosa que se digne en llamarse plan pasa forzosamente por un principio no negociable: mejorar la seguridad, no empeorarla. Si tu esquema no puede proteger a las mujeres,ni los hombres,ni los niños,ni los bienes de nadie, no es una estrategia defectuosa ni un programa en fase de ajuste: es un adorno de escritorio, una coartada de oficina y un fracaso rotundo con firma presupuestal de los apellidos Garcia Harfuch.
Proteger es el verbo rector. Si eliminas la protección de la ecuación, ¿qué queda? Queda un montón de funcionarios cruzándose de brazos frente al mapa delictivo, contando carpetas de investigación como si fueran goles en contra y esperando que la indignación baje antes de la próxima conferencia de prensa.
No se puede tapar una hemorragia con boletines de prensa con decomiso y capturas intermitentes, ni con comisiones interinstitucionales que sesionan para tomarse la foto con café de filtro.
Decir que existe una «estrategia» mientras los registros históricos de violencia feminicida caen uno tras otro es un insulto a la inteligencia más básica y, peor aún, una burla descarada a la memoria de las víctimas.
Si el resultado medible de sus protocolos es que hoy matan a más mujeres que en cualquier año de los últimos diez, la conclusión es demoledora: no hay timón, no hay contención y, desde luego, no hay estrategia. Lo único que hay es una administración de la tragedia disfrazada de política pública.
La prisa por colgarse medallas en una conferencia matutina tiene un costo procesal altísimo: la inevitable resaca jurídica cuando el Ministerio Público se estrella contra el principio de presunción de inocencia y la estricta tipicidad penal.
Ya se ha vuelto una penosa tradición de relaciones públicas: inflar aseguramientos con calificativos rimbombantes antes de que periciales emita un dictamen concluyente.
Ocurrió cuando presumieron barriles de «droga líquida» que terminaron siendo diésel común, o cuando montaron operativos histriónicos de los que luego tuvieron que recular en silencio.
En el derecho penal no se imputa con la sospecha del policía ni con el colmillo del agente que «se la huele»: se imputa con cadena de custodia blindada, pruebas periciales químicamente incontrovertibles y la acreditación plena de los elementos del tipo penal.
Calificar un cargamento como «precursores del narco» antes de que la sustancia pase por un espectrofotómetro es el camino más directo hacia un auto de no vinculación a proceso y una demanda por daño patrimonial.
Ahora resulta que interceptan toneladas de trihidrato de acetato de plomo:
Y la narrativa oficial decreta de inmediato que se desmanteló el suministro maestro de metanfetamina.
Examinemos la química con rigor, no con boletines de prensa.
Desde la trinchera de la síntesis orgánica, pretender que el acetato de plomo es un marcador unívoco de narcóticos sintéticos es una aberración analítica digna de reprobación académica.
En las rutas clandestinas históricas, los operadores subterráneos empleaban esta sal metálica como catalizador o agente condensador en la reacción de Knoevenagel (condensando fenil-2-propanona o benzaldehído con nitroetano para formar intermediarios como el fenil-2-nitropropeno, posteriormente reducido al compuesto aminado). Pero la química de coordinación y la reactividad de los carboxilatos no existen en función del hampa.
En términos jurídicos estrictos, clasificar el acetato de plomo como un insumo exclusivo para la manufactura de aminas simpaticomiméticas carece de sustento pericial y legal.
Si el cargamento cuenta con manifiestos aduanales, trazabilidad de distribuidor y destino en una fábrica textil, azucarera o petroquímica, la imputación por delitos contra la salud se disuelve por falta de dolo específico y ausencia de materia ilícita.
Armar un espectáculo mediático antes de agotar la cromatografía de gases acoplada a masas y la investigación de la cadena logística mercantil no es combatir al crimen: es regalarle la libertad a cualquiera con un abogado que sepa leer un informe pericial y la tabla periódica.
El Congreso de Tamaulipas, dominado por MORENA y aún pastoreado por el diputado y expanista Humberto Armando Prieto Herrera, volvió a recurrir al sastre legislativo para confeccionar trajes a la medida del poder. Esta vez, con una iniciativa que brotó tras los enconos públicos contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca y que busca exigir la nacionalidad mexicana exclusiva y haber nacido en el estado para aspirar a la gubernatura.
Bajo la retórica patriótica de la lealtad republicana, este tipo de ocurrencias no son más que un manual práctico de autoritarismo pueblerino revestido de solemnidad jurídica.
La lista de atropellos: qué derechos pisotea esta ocurrencia
Que una mayoría parlamentaria pueda aprobar una reforma no la vuelve justa ni legítima; solo demuestra que tienen suficientes manos alzadas para consumar el despropósito.
Derecho a ser votado (Art. 35, Frac. II Constitucional): La Carta Magna federal garantiza el derecho de la ciudadanía a postularse a cargos de elección popular. Imponer un filtro de pureza de sangre o de partida de nacimiento local reduce el universo democrático a un feudo cerrado.
Principio de no discriminación (Art. 1° Constitucional): La Constitución prohíbe taxativamente la discriminación motivada por origen étnico, nacional o lugar de nacimiento. Crear ciudadanos «de primera» (aptos para gobernar) y «de segunda» (condenados a solo pagar impuestos) es una distinción abiertamente discriminatoria.
Derecho a la nacionalidad y a su libre ejercicio (Art. 30 y 32 Constitucional): La Constitución mexicana reconoce la doble nacionalidad desde 1998 y aunque ya se ha legislado en su contra,esta estipula que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de ella. Exigir la renuncia forzosa a vínculos jurídicos legítimos como chantaje electoral criminaliza la realidad de millones de familias binacionales, especialmente en un estado fronterizo como Tamaulipas.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Art. 23): Los derechos políticos solo pueden reglamentarse por razones de edad, nacionalidad (ser nacional, no tener patente de exclusividad), residencia, idioma, capacidad civil o condena penal firme. Los candados nativistas violan los estándares interamericanos fijados por la Corte IDH.
El derecho colectivo de la ciudadanía a elegir libremente: Restringir quién puede competir mediante trampas burocráticas no castiga al adversario político; anula el derecho de los electores a decidir en las urnas a quién prefieren al frente del Ejecutivo.
Ponderación de excesos: el Derecho como trinchera de revancha
El derecho electoral moderno descansa sobre el principio pro persona: ante cualquier duda, la norma debe interpretarse a favor de expandir libertades, no de asfixiarlas.
Aquí ocurre exactamente lo opuesto. El aparato legislativo pervierte la técnica constitucional:
Leyes con dedicatoria: No legislan en abstracto para el futuro del estado; legislan con el retrovisor puesto, persiguiendo fantasmas, rivalidades partidistas y nombres y apellidos específicos (el clásico ajuste de cuentas fronterizo).
Nativismo rancio en plena globalización: Pretender que un ciudadano nacido a pocos kilómetros del río Bravo o hijo de migrantes carece de «lealtad» por tener doble pasaporte es un anacronismo chovinista. Es reducir la idoneidad ética y política al lugar geográfico exacto donde cayó el cordón umbilical.
Inconstitucionalidad cantada: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado en múltiples acciones de inconstitucionalidad que las entidades federativas no tienen facultades para inventarse requisitos de elegibilidad más lesivos o restrictivos que los fijados en la Constitución Federal (Artículos 116 y 35). Saben que se les caerá en tribunales, pero el circo mediático y el veto provisional pagan dividendos hoy.
El cinismo del «Humanismo» de decreto
El verdadero espectáculo radica en el cinismo discursivo. Quienes llenan plazas pregonando un humanismo mexicano, fraternidad universal y la reivindicación de los hermanos migrantes, son los primeros en operar con reflejos xenófobos en cuanto ven peligrar sus cuotas de poder.
Para la tribuna, el migrante es un héroe de la patria que manda remesas; para la boleta electoral en su tierra, ese mismo lazo binacional se convierte en sospecha de traición a la patria. Gobiernan modificando la ley al capricho del sexenio, centralizando decisiones y clausurando la competencia mediante decretos exprés.
No hay humanismo en vetar por origen geográfico; lo que hay es miedo a la contienda abierta y una tentación autoritaria muy vieja: si no puedes garantizar ganar la elección en las urnas, elimina a tus adversarios desde la mesa del Congreso.
Una factura original por 10 millones 167 mil pesos, cuya vigencia fue confirmada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), documenta que una empresa de Sergio Carmona Angulo, conocido como el Rey del Huachicol, recibió pagos millonarios de la filial de Pemex encargada de operar las pipas que fueron el eje de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles.
El comprobante fiscal, obtenido por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue expedido por Grupo Industrial Permart a I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., el 17 de mayo de 2021, cuando estaba en marcha la estrategia de movilizar combustibles en pipas para frenar el huachicol.
Factura expedida por Grupo Industrial Permart a I.I.I. Servicios, el 17 de mayo de 2021.
En la descripción del documento aparece una leyenda que deja constancia de la operación: “Recibí de I.I.I. Servicios, SA de CV, el pago correspondiente al periodo del 11 al 25 de abril de 2021”.
El documento contiene, además, la referencia del número del contrato TIS-SDI-SAD-017-2021, que sustentó los servicios facturados por Permart. La existencia de ese instrumento contractual, cuya copia Pemex mantiene oculta, queda así documentada en el propio comprobante fiscal.
MCCI verificó la factura en el sistema de comprobantes fiscales digitales por internet del SAT. La consulta confirmó que el CFDI se encuentra vigente y tiene estatus de “No cancelable”. El comprobante registra un subtotal de 8 millones 765 mil 149.50 pesos, más 1 millón 402 mil 423.92 pesos de IVA, para un total de 10 millones 167 mil 573.42 pesos.
MCCI verificó la factura en el sistema de validación de comprobantes fiscales del SAT.Exterior del predio en Reynosa que Permart reportó como su domicilio fiscal.
A partir de información fiscal del SAT, MCCI documentó que tan sólo durante 2021, la empresa de Carmona emitió comprobantes fiscales por 22 millones 185 mil 791.98 pesos a I.I.I. Servicios. Con el IVA incluido, el monto ascendió a 25 millones 735 mil 518.71 pesos.
La factura aporta una prueba documental de los negocios entre Permart y la filial de Pemex, que MCCI reveló en mayo pasado.
Sergio Carmona financió campañas de Morena y, según han relatado ex colaboradores, en retribución obtenía contratos gubernamentales.
Tan sólo Permart recibió entre 2017 y 2021 -año en que fue asesinado Carmona- pagos por 264 millones de pesos del Gobierno de Tamaulipas, de la Secretaría de Comunicaciones, del IMSS y de la filial de Pemex.
El mayor monto de pagos fue en los Servicios de Salud de Tamaulipas, cuando ese estado era gobernado por Francisco García Cabeza de Vaca.
Los pagos a Permart
Servicios de Salud de Tamaulipas
115.8 millones
Secretaría de Comunicaciones
81 millones
Instituto Mexicano del Seguro Social
42.5 millones
III Servicios (filial de Pemex)
25 millones
La filial de Pemex que manejaba las pipas
La relevancia de la relación de negocios de Permart y la filial de Pemex esta relación se entiende al reconstruir el papel que desempeñó I.I.I. Servicios en la estrategia del gobierno federal.
El 15 de enero de 2019, en su conferencia mañanera, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para enfrentar el robo de combustibles que incluyó el cierre de los ductos de Pemex y su sustitución por una flota de autotanques. Cientos de pipas recorrerían el país para transportar gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, con el propósito de evitar que los grupos dedicados al robo de combustible pincharan los ductos.
Reporte de auditoría que confirma que I.I.I. Servicios fue la filial de Pemex a la que se encomendó la compra de 571 pipas de la estrategia antihuachicol.
Para poner en marcha esa operación, el 18 de enero de 2019 López Obrador envió un memorándum en el que ordenó la compra de las pipas, lo cual se concretó a través de I.I.I. Servicios, creada en 1995 cuya actividad original era la administración de inmuebles. Sin experiencia previa en el transporte de combustibles, la compañía filial de Pemex asumió créditos por 180 millones de dólares para la adquisición de 571 autotanques. Se convirtió así en una pieza central de la distribución de combustibles durante la emergencia provocada por el cierre de los ductos.
Fue precisamente I.I.I. Servicios la que contrató los servicios de Grupo Industrial Permart, fundada por Sergio Carmona Angulo, señalado como uno de los principales operadores del contrabando de combustibles en México y conocido como el Rey del Huachicol.
Amplios poderes a Carmona
Documentos del Registro Público de Comercio de Reynosa, Tamaulipas, aportan elementos sobre la participación de Sergio Carmona en Grupo Industrial Permart durante el periodo en que la empresa hizo negocios con I.I.I. Servicios.
Julio César Carmona Angulo otorgó el 29 de enero de 2021 a su hermano Sergio amplios poderes para manejar Grupo Industrial Permart.
El 29 de enero de 2021, apenas unos meses antes de las operaciones documentadas con la filial de Pemex, Sergio Carmona recibió amplios poderes para representar a la compañía, incluidos poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, así como facultades cambiarias.
El instrumento notarial número 389, volumen XIV, formalizado ante el notario público Carlos Alberto Garza Chapa, consigna que Julio César Carmona Angulo, en su carácter de administrador único de Grupo Industrial Permart, otorgó a su hermano Sergio Carmona Angulo un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, dominio y operaciones cambiarias. La inscripción quedó asentada en el folio mercantil electrónico 2271 del Registro Público de Comercio.
Un segundo movimiento corporativo tiene mayor relevancia. El 1 de febrero de 2021, una asamblea extraordinaria de accionistas aprobó modificar y ampliar el objeto social de Permart para incorporar actividades relacionadas con el ramo petrolero y el transporte terrestre. El acta fue formalizada ante el mismo notario y quedó inscrita en marzo de ese año.
El 1 de febrero de 2021 se amplió la actividad de Permart al ramo petrolero y al transporte terrestre especializado. Ese mismo día, se ratificó a Sergio Carmona como apoderado general, y a su esposa Perla Sharaza y a su hermano Julio César como dueños de la empresa.
La modificación permitió a la empresa prestar servicios de asesoría, consultoría y gestoría para la industria petrolera, así como realizar trabajos de ingeniería, construcción, instalación y mantenimiento de infraestructura relacionada con hidrocarburos. También incorporó expresamente actividades de transporte terrestre: servicios de carga especializada, traslado de mercancías y operación de servicios de autotransporte en rutas federales, estatales, municipales e internacionales.
La ampliación del objeto social incluyó además la contratación y prestación de servicios técnicos relacionados con esas actividades, así como la adquisición y reparación de vehículos de fuerza motriz y maquinaria. Se trata de facultades que colocaban a Permart en condiciones jurídicas de participar en transporte y actividades especializadas como las que desarrollaba I.I.I. Servicios mediante su programa de autotanques.
La secuencia documental resulta relevante: el 29 de enero Sergio Carmona obtuvo amplios poderes de representación; el 1 de febrero los accionistas aprobaron ampliar las actividades de Permart hacia los sectores petrolero y de transporte terrestre; y meses después, en ese mismo año, la empresa estableció una relación contractual con I.I.I. Servicios, que superó los 25 millones de pesos.
La investigación de MCCI documentó que Permart no había tenido relaciones comerciales previas con I.I.I. Servicios. El vínculo apareció en 2021, cuando la filial de Pemex se convirtió en el segundo cliente más importante de la compañía de Carmona, únicamente detrás de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Documentos en los que consta que Julio César Carmona -dueño de Permart y hermano del ‘Rey del Huachicol’- fue administrador de la Aduana de Reynosa entre enero y marzo de 2019.
Julio César Carmona, hermano de Sergio y accionista mayoritario de Permart, se desempeñó como administrador de la Aduana de Reynosa durante los primeros meses del gobierno de López Obrador. De acuerdo con su declaración patrimonial inicial, ingresó el 1 de enero de 2019, contratado por honorarios, y permaneció en ese cargo hasta el 1 de marzo de ese mismo año, según consta en su declaración de conclusión presentada el 29 de abril.
El nombramiento resulta relevante porque Reynosa era uno de los principales puntos de entrada de los cargamentos de combustible vinculados con las operaciones de Sergio Carmona.
Tras el asesinato de Sergio Carmona, ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León, su viuda Perla Sharaza McDonald Sánchez siguió al frente de Permart.
El portal de transparencia de Pemex niega el contrato que en 2021 suscribió con Permart.
El contrato que Pemex mantiene oculto
La factura obtenida por MCCI también confirmó la existencia de un contrato celebrado por I.I.I. Servicios con Permart, el cual Pemex ha mantenido oculto.
El argumento de la petrolera para ocultar los pagos, es que I.I.I. Servicios es una filial no paraestatal, sujeta al derecho privado y bajo un régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos. Con ese argumento, mantiene fuera del acceso público los contratos que ha suscrito.
Sin embargo, el comprobante obtenido por MCCI contiene el número TIS-SDI-SAD-017-2021 y permite identificar el instrumento contractual al que se refiere la operación del 17 de mayo de 2021.
Conocer ese contrato permitiría determinar las obligaciones asumidas por la compañía, bajo qué condiciones se acordó la contratación y qué justificación tuvo la filial de Pemex para recurrir a la empresa de Carmona.
Proceso de licitación en Pemex en el que participó Permart.
Antes de su contrato con I.I.I.I Servicios, Permart había intentado en distintas ocasiones incorporarse como proveedora de Pemex. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 2019 presentó una propuesta conjunta con Huasteca Energy por 38 millones en la licitación del mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos diversos en los talleres de máquinas y herramientas de Pemex Exploración y Producción. Sin embargo, su oferta no prosperó.
