«MAS CLARO NI el AGUA : de MAULEON ADELANTA que le LLEGÓ a la 4T la HORA de PAGAR la CUENTA»…los gobernadores «sapos» ya lo sabían.

La 4T tendrá todas las cortinas de humo que quiera, pero llegó la hora de pagar la cuenta. Héctor de Mauleón

El Departamento del Tesoro lo informó el martes pasado con toda puntualidad, en el contexto del desmantelamiento de una red de tráfico de huachicol ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y favorecer la llegada de funcionarios dispuestos a colaborar con ellos. La finalidad de las organizaciones criminales, insistió el Departamento del Tesoro, es ayudar a elegir políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de este esquema y de otras actividades criminales.

En esta reciente ofensiva, Estados Unidos señaló, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, a 11 personas físicas y morales como parte de la red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. No había hasta ahora una acusación del Departamento del Tesoro que llegara de manera tan frontal y específica a las actividades del tráfico de huachicol y las ligara con la elección de políticos mexicanos corruptos. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó que las sanciones dadas a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros envían el mensaje de que quienes se benefician con este tráfico, así como con el tráfico de drogas y de armas, rendirán cuentas.

En el anuncio no se mencionan nombres ni partidos, pero tampoco queda mucho espacio para la duda. Todo esto es un adelanto de la información que Estados Unidos tiene en su poder y un anticipo de lo que está preparando, mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas, pruebas y más pruebas, y ha tendido claramente un círculo de protección sobre los funcionarios y exfuncionarios de su partido que el gobierno de Estados Unidos ya le ha reclamado. En los mismos días, la red de control de delitos financieros de aquel país (FinCEN) anunció que el gobierno de Donald Trump ha adoptado una serie de medidas agresivas para investigar y llevar ante la justicia a quienes proporcionan apoyo a los cárteles que han sido designados como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el Tesoro, el problema investigado es de tal magnitud que entre una tercera y una cuarta parte del combustible que se vende en México podría ser ilícito. Ya no se trata solo de un problema de contrabando. Según lo ha dejado ver el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, se trata de un problema de financiamiento a organizaciones consideradas terroristas.

En la misma semana, el secretario de Seguridad Nacional de aquel país, Marwin Mulin, aseguró que no hay una sola pulgada de la frontera norte de México que no esté controlada por los grandes grupos criminales. Hace 15 días, en Francia, en su discurso desde la cumbre del G7 —en la que se discutían los desafíos globales más apremiantes en materia de seguridad internacional y estabilidad económica y comercial—, Donald Trump declaró ante los representantes de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido que México perdió el control del país, que México está gobernado por los cárteles, que México es el epicentro de la violencia y que Claudia Sheinbaum es una mujer muy asustada. Queda claro que nada de esto es producto del azar.

De ningún modo estos señalamientos son episodios aislados. El gobierno de Trump está construyendo y justificando ante el mundo una narrativa. Está armando el escenario de lo que se propone hacer.

Y lo ha hecho no solo a través de las repetidas y constantes declaraciones de funcionarios, sino también mediante filtraciones periodísticas en importantes medios estadounidenses, que han puesto en la picota los nombres de varios gobernadores, han comenzado a mencionar los nombres de los hijos del expresidente López Obrador y afirman que en Morena ha comenzado la desbandada: más de una decena de políticos mexicanos, incluidos gobernadores y legisladores que han sabido leer lo que se avecina, han entablado contacto con agencias estadounidenses para negociar con ellas y ofrecer información comprometedora sobre otros integrantes de su propio partido. Estados Unidos quiere que lo sepamos y quiere que lo sepa el mundo. La justificación jurídica que construyó está sobre la mesa.

El régimen podrá tender las cortinas de humo que quiera. Podrá emplear ejércitos de bots para desviar la atención sobre cualquier tema. Pero el reloj está caminando y eso no lo puede controlar.

Muchos saben que llegó la hora de pagar la cuenta.

Con información: LATINUS/HECTOR DE MAULEON/

«AQUEL DIA la SENADORA MORENO-GATILLERA se TIRO a MATAR Vs FCH y el EJERCITO bajo CONSPIRANOIA NOVENTERA»…un conteo exprés de muertos que NO cuadraba y una fusca sin castigo.

Luego de que el ex presidente Felipe Calderón celebrara en redes el aniversario de su triunfo electoral de julio de 2006, y al cumplirse 20 años de aquel resultado, vale la pena rememorar también las declaraciones “psicodélicas” de Lucia Trasviña,  senadora de Morena.En aquella ocasión, de febrero de 2020, la legisladora, exhibida tambien en modo de gatillera, lanzó un alud de “burradas” en forma de cifras imprecisas y llegó incluso a hablar mal del Ejército, al que terminó burlando al posar armada y sin castigo, como lo enmarca el código penal federal.

En aquella intervención ,publicada por Ciro Gómez Leyva en Grupo Formula, Lucía Trasviña encadena una serie de cuestionamientos delirantes al cuestionar: 

«…bajo qué sustancia psicoactiva actuó Carlos Salinas cuando ordenó el asesinato de Colosio” y “bajo qué sustancia psicoactiva actuó Felipe Calderón cuando sacó al Ejército a las calles con más de doscientos cincuenta mil ejecutados, cincuenta mil desaparecidos y más de cincuenta mil feminicidios”….Senadora de Morena,Lucia Trasviña.

La pieza es un catálogo de aseveraciones sin sustento judicial —no existe ninguna sentencia que establezca que Salinas “ordenó” el homicidio de Colosio— y cifras infladas que contravienen incluso los conteos más duros de homicidio doloso y desaparecidos, incluyendo los reportados por TResearch e INEGI que ella misma podría haber consultado antes de exhibir su garrafal ignorancia.

La imagen de TResearch es un cartucho visual de la guerra en números: una banda horizontal con los rostros de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López Obrador, encima de sus respectivos conteos de homicidios por sexenio.

Irreverencia clínica: el diagnóstico

Si tomamos su propia vara, la pregunta se regresa con interés compuesto: ¿bajo qué sustancia psicoactiva estaba la senadora cuando decidió mezclar conspiranoia noventera con un conteo exprés de muertos que ni siquiera cuadra con los registros oficiales?.

Desde un tono clínico, el cuadro recuerda más a un episodio agudo de intoxicación retórica —taquicardia verbal, alucinaciones estadísticas, desinhibición moral y pérdida total de juicio crítico— que a un debate informado sobre seguridad, y eso sin entrar en la disonancia de verla después armada, con pistola fajada, en plena pose de “gatillera”.

La disonancia entre discurso y metálico

Mientras ella habla de “fracaso del Ejército” ,tal vez lo unico que dijo con lucidez ,con cifras que coloca a ojo de buen cubero, la gráfica de homicidios por sexenio muestra otra cosa: que la curva sigue subiendo con Peña y se dispara aún más durante López Obrador, pese a la narrativa de “abrazos, no balazos”.

Si Calderón hubiera actuado “bajo sustancias”, tendríamos que abrir expediente toxicológico para varios gobiernos posteriores que, con otro discurso, terminaron administrando dosis todavía más letales de violencia estructural sin que la senadora se muestre igual de inquisitiva con los números de su propio campo político.

Con información: CIRO GOMEZ LEYVA/

«¿NADIE lo ATORA y…YO los ALERTÉ ?: EX-ALCALDE HABLA de NARCO ABUELO ESCAPISTA de la LEY ALIADO ETERNO de MILITARES y GOBIERNO»… lamenta que la justicia tenga que venir de EE. UU.

Guillermo Valencia, ex Alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, afirmó que los cargos penales que el Departamento de Estados Unidos presentó contra un hijo y un sobrino de Juan José Farías Álvarez, «El Abuelo», dan crédito a las acusaciones que hace 12 años formuló contra el grupo criminal Cárteles Unidos.

«El tiempo puso a cada quien en su lugar. Yo lamento mucho que tenga que venir de otro país lo más cercano a la justicia.

«En su momento fui perseguido político, fui hasta calumniado y me dieron la espalda hasta los que llegaron al poder, los de mi mismo partido (PRI), compañeros de partido», recordó.

En México, la justicia no llega: la importan. Y si viene con sello del Departamento de Estado, mejor, porque aquí lleva más de una década atorada entre complicidades, silencios y simulaciones.

Guillermo Valencia lo dice con ese deje de “se los advertí”: hace 12 años denunció lo que en Tepalcatepec era un secreto a voces —que bajo el disfraz de “autodefensas” operaban intereses mucho más oscuros, ligados a Juan José Farías, “El Abuelo”, ese personaje que durante años caminó entre la línea borrosa de aliado incómodo y activo intocable. Resultado: amenazas, expulsión del cargo y el clásico método mexicano de administración de crisis… matar al mensajero.

Hoy, curiosamente, no fue la Fiscalía mexicana ni el aparato institucional el que le dio la razón, sino Estados Unidos, que ya no anda con medias tintas: acusa, persigue y hasta pone precio. Diez millones de dólares por la cabeza de un personaje que aquí, durante años,ha sido tolerado, útil o directamente protegido. Allá lo llaman criminal; acá, dependiendo del sexenio, fue “actor relevante”, “contacto” o parte del folklore armado que algunos quisieron romantizar desde el mismo gobierno, ahi sigue activo y hasta le quitan estorbos.

Valencia recuerda lo obvio: pidió ayuda a Calderón, pidió ayuda a Peña, pidió seguridad para gobernar… y lo dejaron solo. Porque en ese México —el de entonces y el de ahora— hay territorios donde el Estado no manda, negocia. Y cuando alguien se sale del guion, no lo corrigen: lo quitan.

Lo más incómodo no es que “El Abuelo” haya tenido y tenga aun poder. Eso ya se sabe. Lo verdaderamente incómodo es que ese poder no se construyó en la clandestinidad, sino con guiños, acuerdos y omisiones desde el propio aparato público. “Acá acordaban, lo armaban y hasta lo arropaban”, dirían algunos. Y no suena exagerado,suena real.

La narrativa de las autodefensas, que en su momento sirvió como válvula de escape y legitimación social, también fue el vehículo perfecto para que ciertos grupos se institucionalizaran sin pasar por la ley. Hipólito Mora como excepción incómoda; el resto, piezas de un tablero donde la frontera entre Estado y crimen se volvió una línea punteada.

Doce años después, la validación no llega en forma de justicia mexicana, sino como indictment gringo. Valencia pasa de “exagerado” a “premonitorio”, pero el costo ya está pagado: desplazamiento, persecución y un mensaje claro para cualquier alcalde que crea que puede gobernar sin pedir permiso.

Porque la lección sigue intacta: en ciertas regiones, el cargo no te lo da la urna, te lo confirma —o te lo quita— el que realmente manda.

Con información: ELNORTE/

“ME MANDÓ AMENAZAR HARFUCH”: ABOGADO del CHAPO ANUNCIA ENTREGARÁ a EE.UU LISTADO de 32 FUNCIONARIOS al SERVICIO del CRIMEN que dicen COMBATIR…y vayan adelantando las siglas “OGH”.

“Don Chapo”, Joaquin Guzmán Loera, ya se cansó de ser el villano único del guion y ahora amenaza con reescribir la trama completa. No con balas, sino con nombres. Treinta y dos, para ser exactos. Treinta y dos funcionarios —algunos en activo, otros con licencia, varios reciclados entre sexenios— que, según su defensa legal, formaron parte del ecosistema que permitió al cártel de Sinaloa operar con holgura mientras el Estado jugaba a la persecución selectiva.

El mensaje no llegó en narcomanta ni en audio filtrado, sino por la vía institucional más incómoda: su abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien en entrevista con Max Espejel (La Saga, de Adela Micha) no solo desmintió las cartas apócrifas atribuidas a Guzmán —redactadas en un inglés impecable que el capo nunca ha tenido y con firmas burdamente imitadas—, sino que lanzó una advertencia que huele a terremoto político: en semanas enviará a autoridades de Estados Unidos un paquete de información con pruebas y una lista ampliada de implicados.

La premisa es explosiva: el problema no sería solo el capo, sino la red que lo hizo posible. Y ahí es donde la narrativa oficial empieza a crujir. Porque, según el abogado, entre los nombres hay perfiles que transitaron sin rubor entre administraciones de Peña Nieto y López Obrador; operadores que pasaron de “enemigos” a “aliados” con la misma facilidad con la que se cambia de camiseta. 

La acusación es directa aunque sin sin nombres, pero con la seguridad de quien si los tiene: hubo protección, hubo omisiones y hubo fabricación de culpables para sostener el espectáculo.

Rincón Flores sostiene que no puede revelar identidades por seguridad. No es retórica: afirma haber sufrido atentados, secuestros y agresiones. Su descripción del clima es menos thriller y más costumbre mexicana: “no te llaman, van y ejecutan”. En ese contexto, asegura que las presiones han sido “efectivas”, no verbales. 

Y aquí entra un punto delicado: el abogado refiere que, tras enviar un audio al entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibió un mensaje —desde un número registrado en la Ciudad de México— recomendándole dejar de publicar información si no quería “salir perjudicado”, con insinuaciones de revisiones fiscales y otras consecuencias. No presenta la respuesta como oficial de Harfuch, pero sí como una advertencia vinculada al entorno institucional. La línea es fina, pero el mensaje es grueso y apunta al estratega de la seguridad que ha sido profusamente mencionado como «Batman», pero también como el «Guason», su verdadera identidad si atendemos las evidencias.

El otro frente de la historia desmonta el ruido mediático reciente. Las supuestas cartas del Chapo, difundidas en medios internacionales, son falsas, dice su defensa. Argumentos: inconsistencias en la caligrafía, una firma que jamás usa (“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”), y un detalle técnico que mata la narrativa: el matasellos de Jackson, Mississippi, cuando el reo está en Colorado; además, cualquier salida de correspondencia debería pasar por filtros de seguridad y autorización del FBI. 

El abogado afirma que enviará la información a autoridades estadounidenses, convencido de que allá sí habrá incentivos para investigar, incluso con bloqueos. 

Sugiere que dos piezas “clave” podrían hacer caer la estructura completa si declaran. Y desliza una frase que, en política mexicana, suena a dinamita: “si yo me voy, se van conmigo”.

El trasfondo es incómodo: cárceles llenas de procesos fabricados, fiscales que “siembran” pruebas —dice tener videos—, y una industria de culpables útiles que mantiene intactos a quienes realmente mueven los hilos. En esa lógica, el capo sería tanto producto como coartada. Un monstruo funcional para justificar el circo.

Nada de esto es sentencia judicial. Son acusaciones, sí, pero con calculo, con timing quirúrgico y un destinatario claro. Si el expediente cruza la frontera con pruebas verificables, el costo político no será marginal. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un puñado de funcionarios, sino la credibilidad de un ecosistema igual de criminal que ha prohijado al crimen organizado que dice, dice combatir y que, según esta versión, persigue hacia abajo y protege hacia arriba.

Y entonces la pregunta incómoda: si los nombres salen —y salen con evidencia—, ¿quién resulta más peligroso para el país: el capo que ya está preso o los funcionarios que, de confirmarse, siguen libres? combatiendo al crimen.

Con información: LA SAGA/ADELA MICHA/ LAOPINION/ INFOBAE/

«OPERATIVO de la MARINA TALONEA por AIRE y TIERRA al CASCO 81, LUGARTENIENTE de CHAPITOS en ROSARIO y la CONCORDIA»…no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de tiempo, filtraciones…y de quién llega primero.

En el sur de Sinaloa, donde la geografía se presta más a esconder hombres armados que a perderse de vacaciones, el Estado volvió a jugar a la cacería mayor. Esta vez, el objetivo tiene alias de caricatura bélica y expediente de alto calibre: Óscar Luciano Martínez Larios, mejor conocido como “El Casco 81”, operador de confianza de Los Chapitos y pieza clave en el tablero criminal de la región de Rosario y Concordia.

Ayer sábado no fue un día cualquiera. Tierra y aire se llenaron de uniformes. Ejército y Marina irrumpieron en Agua Verde con despliegue completo: convoyes por brechas, vigilancia aérea y esa coreografía ya conocida de helicópteros sobrevolando comunidades donde la ley suele llegar tarde y salir rápido. 

La misión: ubicar a “El Casco”, uno de los nombres que más ruido hace en los reportes de inteligencia cuando se habla del sur sinaloense.

Mientras en el terreno se mueven tropas, en el discurso institucional se administra el silencio. Hasta ahora, ni captura confirmada ni saldo definitivo. El objetivo, oficialmente, sigue en el aire.

“El Casco 81” no es un improvisado. Es parte de una dinastía criminal en ascenso: los hermanos Martínez Larios, una familia que encontró en la fractura del Cártel de Sinaloa —tras la caída de “El Chapo” en 2016— la oportunidad perfecta para escalar posiciones dentro del ala de Los Chapitos. Junto a él operan “El Gabito”, “El Owen” y “El Monstruo”, apodos que parecen sacados de un guion exagerado, pero que en la sierra tienen peso real, operativo y letal.

Desde Guadalajara hasta la sierra sinaloense, el grupo ha tejido una red que combina lo clásico y lo contemporáneo: control territorial, rutas de trasiego, células armadas, pero también drones, explosivos artesanales y campamentos móviles. Una guerra que ya no solo se libra con rifles, sino con logística y tecnología adaptada al terreno.

El sur de Sinaloa dejó de ser periferia para convertirse en campo de batalla. La ruptura entre Los Chapitos y la facción ligada a Ismael “El Mayo” Zambada encendió una disputa que se traduce en desplazamientos forzados, comunidades sitiadas y enfrentamientos intermitentes que rara vez trascienden más allá de reportes fragmentados y notoriamente maquillados.

El nombre de “El Casco” cobró aún más notoriedad este año tras la desaparición de trabajadores mineros en Concordia, un episodio que obligó a las autoridades a voltear —otra vez— hacia una región donde el Estado entra con operativos espectaculares y sale sin certezas duraderas. A eso se suman señalamientos por extorsión y el hallazgo de arsenales junto a miles de explosivos improvisados, evidencia de una estructura que no solo resiste, sino que se adapta.

La parentela del Casco»: 

Óscar Luciano Martínez Larios “El Casco”
Clave: El 81
Año de Nacimiento: 1988

Gabriel Nicolás Martínez Larios “El Gabito”
Clave: El 80
Año de Nacimiento: 1989

José Luis Martínez Larios “El Monstruo” (Asesinado en 2015)
Clave: El 51
Año de Nacimiento: 1990

Eduardo Jonathan Martínez Larios “El Owen”
Clave: N/A

Ano de Nacimiento: 1991

Mientras tanto, en el terreno, la escena se repite: convoyes que avanzan, helicópteros que vigilan, comunidades que observan en silencio y un objetivo que, al menos por ahora, sigue siendo más mito operativo que trofeo confirmado.

Porque en Sinaloa, encontrar a alguien como “El Casco” no es solo cuestión de fuerza. Es cuestión de tiempo, filtraciones… y de quién llega primero.

Con información: EL NORTE/ @HEARST/

«NI UNA PINCHE BOTELLA de AGUA TRAIGO: PASAJEROS NARRAN la ÚLTIMA ODISEA en el TREN FALLA que TRAGA SUBSIDIOS a lo BESTIA»… y no genera un centavo partido por la mitad.

El Tren Maya —ese emblema de modernidad tropical con vocación de maqueta que engulle miles de millones de pesos en subsidios sin generar ganancias— decidió ensayar su versión más honesta: la del tren detenido. Pasajeros en la ruta Mérida-Cancún, que compraron un boleto para trasladarse y no para hacer un retiro espiritual forzado, terminaron varados más de cinco horas en el tramo entre Leona Vicario y Cancún, cortesía de una “presunta falla eléctrica”. Presunta, porque en este país todo falla, pero nada es responsable.

A bordo, el paquete premium incluyó calor caribeño sin aire acondicionado, ayuno involuntario y racionamiento de agua. Una experiencia inmersiva en la austeridad, pero sin narrativa épica, sin logística y sin explicación convincente. Los usuarios reclamaron lo básico: comida, ventilación, información. Recibieron silencio administrativo y un vagón convertido en cápsula de sudor colectivo.

El tren debía llegar a las 20:00 horas del 1 de julio. Llegó a las 02:50 de la madrugada del 2. Seis horas de diferencia que en cualquier país se llaman retraso; aquí, al parecer, se llaman “ajustes operativos”. Y por si quedaba duda, la historia se repite —literalmente— como si el sistema también se hubiera quedado en loop: que si el tren Mérida-Cancún llegaba a las 8 de la noche del 1 de julio, que si no llegó hasta las 2:50, que si llegaba a las 8 de la noche, que si no llegó, que si llegaba, que si no llegó. Un copy-paste institucional que describe mejor que cualquier reporte técnico el estado del proyecto: redundante, cansado y sin destino claro.

Entre Leona Vicario y Cancún no solo se detuvo un convoy; se descarriló la narrativa de eficiencia. Porque una cosa es vender futuro y otra muy distinta es entregar presente. Y en este episodio, el Tren Maya no fue transporte: fue espera, calor y una lección básica de física política —cuando falla la electricidad, también se apaga el discurso.

Con información: REFORMA/

«ATÓRENLOS por TRAMPAS: EXAGENTES FEDERALES que NO están PRESOS, NI PRÓFUGOS quisieron ESTAFAR 1,230 MILLONES de PESOS»… intento de convertir leyes muertas en dinero vivo terminó en investigación federal

En México hay quienes descubren el hilo negro, y otros que intentan cobrarlo… con intereses y retroactivo.

Resulta que un grupo de ex agentes federales, de esos que no estan encerrados o puros,como decia AMLO,decidió que la nostalgia también paga, y no poco: más de mil 230 millones de pesos. ¿El argumento? Una indemnización que, pequeño detalle, ya no existía desde 2007. Pero bueno, ¿qué son 14 años de diferencia cuando hay creatividad jurídica de por medio?

La Fiscalía General de la República ahora investiga este curioso acto de fe en leyes abolidas, donde 880 ex servidores públicos —la mayoría ex federales— acudieron a tribunales laborales como quien saca un reglamento viejo del cajón esperando que todavía funcione. Y, sorpresa: durante un rato, sí funcionó.

El ISSSTE, convertido en cajero automático involuntario, recibió la orden de pagar indemnizaciones bajo una figura que había sido eliminada hace más de una década. Una prestación diseñada para quienes no tenían pensión… pero que, en este caso, beneficiaría a personas que sí tenían Afore. Porque si algo caracteriza a estas historias es el optimismo: cobrar doble nunca está de más.

Las demandas, según las propias denuncias, son una joya del surrealismo burocrático: sin fechas claras de ingreso, sin datos precisos de salario, sin detalles básicos. Pero eso no impidió que avanzaran. Al contrario, pasaron como cuchillo en mantequilla institucional.

Y aquí entra el escenario estelar: la Junta Especial 42 de Torreón, Coahuila. Un órgano que, al parecer, decidió adoptar casos de todo el país como si fuera Airbnb judicial, ignorando por completo eso que llaman “competencia territorial”. Porque cuando hay voluntad, la geografía es lo de menos.

Por si fuera poco, las demandas ni siquiera cumplían con requisitos mínimos. El salario base, ese pequeño dato irrelevante para calcular indemnizaciones millonarias, brillaba por su ausencia. La ley marcaba que debía corregirse en tres días. Pero ¿para qué complicarse con formalidades cuando se puede avanzar directo al laudo?

Y avanzaron. Tanto que lograron resoluciones favorables, incluyendo una particularmente ambiciosa: 950 millones de pesos para 678 ex funcionarios. Casi nada. Un pequeño retiro digno… financiado por el erario y por una interpretación bastante creativa del tiempo y la ley.

Al final, alguien encendió la luz. La JFCA detectó el asunto, frenó los pagos y, como medida casi poética, la Junta Especial 42 fue desaparecida en junio de 2024. Porque cuando el problema es la mesa, lo más fácil es quitar la mesa.

El intento de convertir leyes muertas en dinero vivo terminó en investigación federal. Aunque deja una lección invaluable: en México, a veces no basta con conocer la ley… también hay que saber en qué año sigue vigente.

Con información: ELNORTE/