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jueves, 21 de mayo de 2026

A «MARCO NOMAS le GUSTO la de MAKITO: PERIODISMO que COHABITA en la CAMA de los SOBRES AMARILLOS OMITE SEÑALAR al GOBERNADOR MULTISEÑALADO por la PRENSA NACIONAL»…esta claro que por servirlo, no te sirven.


En Tamaulipas no sólo se disputa el poder político: también se administra el relato. Y en ese terreno, hay un tipo de periodismo que ha perfeccionado una habilidad quirúrgica: señalar con índice flamígero a personajes escogidos selectivamente mientras guarda un silencio casi reverencial cuando el reflector amenaza con rozar al poder con el que cohabitan en la cama donde se reparten los sobres amarillos del gobierno estatales que preside Morena y Américo Villarreal quien ayer nuevamente fue indiciado por Hector de Mauleon en la prensa nacional y al periodista Marco Esquivel,de«HoyTamaulipas», solo le gusto el «pedazo» de Carlos Peña Ortiz,alias «Makito».

La nota de El Universal ,que enriquecimos aun mas, cumple con todos los rituales del escándalo mediático: nombres, insinuaciones, conexiones sugeridas y el viejo recurso de la culpa por proximidad. Todo muy correcto… salvo por un detalle incómodo: el vacío deliberado.

Porque mientras Marco Esquivel agita el avispero en lo municipal, el nombre del gobernador Américo Villarreal simplemente no existe en la narrativa. No se menciona, no se sugiere, no se roza. Es un ejercicio de omisión tan pulcro que parece diseñado en laboratorio: el elefante en la habitación convertido en aire.

Que dijo textual De Mauleon:

El 25 de noviembre de 2021, Julio César Carmona Angulo solicitó la protección del gobierno de Estados Unidos a cambio de entregar información sobre el tráfico de drogas en Tamaulipas y el dinero que su hermano, Sergio Carmona, conocido como El Rey del Huachicol, había entregado a políticos mexicanos a fin de financiar sus campañas electorales

Hacía solo dos días que El Rey del Huachicol había sido asesinado en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León: un crimen que a cinco años de distancia no ha sido esclarecido. 

Ante una agencia de seguridad estadounidense, Julio César Carmona sostuvo que era probable que su hermano hubiera sido asesinado por los mismos políticos cuyas campañas financió en diferentes estados del país, y que habían recibido distintas cantidades de dinero, directamente de sus manos. 

Carmona alegó que le era imposible regresar a México por miedo de que su vida se encontrara en peligro. A cambio de protección, se ofreció a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. 

Para entonces, el FBI tenía abierta una investigación sobre el tráfico ilegal de combustible en la frontera y en esa investigación se habían cruzado los negocios de El Rey del Huachicol y sus tratos con agentes de ambos lados de la frontera. 

Poco antes de que mataran a Carmona, agentes de esa oficina lo contactaron para exponerle lo que tenían y proponerle un acuerdo. 

Carmona tenía el defecto de no callarse nada. En las semanas que siguieron muchas personas con las que tenía tratos, incluidos políticos y militares de alto rango, estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo. 

Cuando su hermano Julio César buscó protección a cambio de un acuerdo, el FBI se mostró sumamente interesado. De inmediato se ordenó que se sumaran a la investigación otras instancias, como el Departamento de Seguridad Interior y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. 

Se les ordenó echar mano de todos los recursos a su disposición para investigar distintas plataformas y obtener números telefónicos, mensajes de texto e información en redes sociales de las personas que Julio César Carmona había señalado. Fue el primer paso en esa investigación. 

La intención era armar un expediente lo más sólido posible, a fin de presentarlo ante el fiscal general y el Departamento del Tesoro, que ya llevaba por su cuenta una profunda investigación contra el lavado de dinero procedente del tráfico ilegal de combustible. 

Según fuentes cercanas a la investigación, entre los nombres que Julio César Carmona entregó como parte de la red política que su hermano había financiado (se estima que aportó más de 500 millones de pesos, obtenidos gracias al control que tenía sobre la Aduana de Reynosa, por donde pasó millones de litros de huachicol), se encuentran el del entonces presidente nacional de Morena, y hoy secretario de Educación en el gobierno de Claudia SheinbaumMario Delgado Carrillo (y al menos un par de familiares de este, incrustados en el gobierno de la CDMX). 

Están también el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su hijo Humberto Villarreal Santiago. Está Rubén Rocha Ruiz, hijo del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como Eduardo Gattás Báez, actual presidente municipal de Ciudad Victoria. 

Están el exsecretario de Gobernación de López ObradorRicardo Peralta Saucedo, y la excandidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores

En la lista aparece el exsecretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, nombrado por unanimidad en marzo pasado como vocero estatal de Morena, y figuran también, entre una veintena de nombres, el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal

De acuerdo con varios testigos consultados por esta columna, en una reunión celebrada en Polanco en diciembre de 2021, en la que iba a hablarse de la encuesta para definir al candidato a la gubernatura de Tamaulipas, uno de los presentes le echó en cara a Mario Delgado que hubiera dejado que Carmona se metiera a Morena hasta la cocina. En esa reunión se hallaba el futuro gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. 

En días recientes, el exalcalde de Matamoros Mario Alberto López reveló que el presidente de Ciudad Madero, Erasmo González, enlace de los candidatos de Morena en el estado con Sergio Carmona, fue el conducto por el cual El Rey del Huachicol se acercó al partido. Según dijo, Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, y él, fueron los únicos que no le aceptaron a Carmona su dinero: 

“Fui de los pocos que los mandó a volar cuando vinieron. Yo nunca tuve relación con ellos, soy de los pocos que no recibió dinero en efectivo, de los pocos que no recibió dinero en especie, de los pocos que se deslindó cuando estaba vivo el señor”. 

Peña Ortiz fue, sin embargo, otro de los mencionados por Julio César Carmona. 

Tras el terremoto de Sinaloa, Estados Unidos ha anunciado que vienen nuevas acusaciones. Todos los mencionados saben que comenzaron a ser investigados hace cinco años. Deben estar temiendo que, en caso de hayan prosperado, las nuevas acusaciones revienten ahora de aquel lado.»…ELUNIVERSAL+/Hector de Mauleon

Una amenaza,una denuncia:

Y aquí es donde el contraste se vuelve insultante. Por un lado, hay publicaciones que, con mayor o menor estridencia, colocan sobre la mesa redes políticas más amplias, listas incómodas y vínculos que apuntan hacia estructuras de poder más profundas. Por el otro, medios que practican una especie de periodismo de bisturí selectivo: cortan donde no duele al sistema del sobre amarillo,un área donde el gobernador gasta a lo bestia este quien este,mas de 1,723% de lo autorizado.

¿Es esto periodismo? 

Difícil sostenerlo sin sonrojarse. Lo que vemos es una narrativa administrada, donde la indignación tiene permiso siempre y cuando no escale. Un periodismo que se disfraza de fiscalía mediática pero actúa como oficina de control de daños.

Porque si el criterio es “ligar” actores a tramas cuestionables, la consistencia obligaría a ampliar el espectro, no a encogerlo. Pero aquí la regla parece ser otra: investigar hasta donde sea políticamente seguro. Más allá de ese punto, comienza el silencio. Y el silencio, en este contexto, no es prudencia: es complicidad editorial.

El resultado es un ecosistema informativo profundamente desbalanceado, donde se construyen villanos a conveniencia mientras se blinda a figuras clave mediante la omisión. Un periodismo que no miente frontalmente, pero que manipula mediante lo que decide no decir.

Y eso, en términos estrictos, es más peligroso que la mentira abierta. Porque la mentira se puede desmontar; la omisión sistemática, en cambio, se disfraza de normalidad.

En Tamaulipas, al parecer, no todos los nombres pesan lo mismo. Algunos se imprimen en negritas. Otros, simplemente, se evaporan.

Con informacion: HoyTamaulipas/

«CONTRASTE BRUTAL: HAMPON que FINGE de GOBERNADOR CONFRONTA EMPATIA de CONSUL de EE.UU TRAS ATAQUE de GOLFOS-MORENOS a FEDERALES»…evidencia en su contra es igual de brutal.


El contraste es brutal: mientras Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros , habla de “dolor” y deja claro que su gobierno monitorea la investigación por el reciente ataque en Matamoros que dejó muerto un agente del servicio de protección federal mexicano que protegía instalaciones,asi como otros mas heridos, el gobernador de Morena ,Américo Villarreal ,se refugia en tecnicismos y negaciones para minimizar un crimen que implica directamente a estructuras que deberían proteger al consulado y, por extensión, la relación bilateral de seguridad.

El gobernador del “no pasa nada”

Américo Villarreal arranca con la línea de defensa clásica del político cercado: “de manera oficial no ha habido comunicación del Consulado de Estados Unidos en Matamoros con el gobierno de Tamaulipas”. No lamenta el ataque, no se indigna por el federal asesinado, no menciona al grupo criminal señalado, que por cierto es su socio politico-criminal y del alcalde Alberto Granados, se planta en la zona confortable de la “falta de oficio”.

Luego remata: “Nosotros no tenemos nada de ninguna condición oficial, supimos de una declaración de la cónsul en relación de que lamentaba los hechos del agente que había perdido la vida, pero sin ninguna otra consideración… no ha habido ninguna circunstancia oficial”. 

Es decir, reconoce que la cónsul sí habló, sí lamentó, sí se posicionó; pero como no llegó el bendito oficio con membrete y sello húmedo, decide comportarse como si el problema diplomático y de seguridad no existiera.

Cuando agrega que “sería totalmente respetable” que el Consulado implementara otras medidas de seguridad, en realidad está admitiendo dos cosas: uno, que el ataque pegó directo a la zona de influencia consular; y dos, que el Estado que él encabeza no garantiza nada, por eso “respeta” que los estadounidenses se protejan solos. Pero aun así insiste en la coartada burocrática: si no hay nota verbal, no hay problema político.

El truco narrativo: no fue contra el consulado, fue en la calle

Villarreal intenta desactivar la gravedad del ataque con una frase clave: “Máxime que como el hecho se ha venido comunicando, no estaba derivado ni siquiera en el lugar del Consulado, estaba en una parte de la vía pública de Matamoros a la hora que estos elementos regresaban a descansar luego de su turno”.

Es el truco clásico: si la balacera no fue literalmente sobre la puerta del consulado, entonces no es un ataque contra intereses estadounidenses, sino un “incidente” en la vía pública. El detalle que omite deliberadamente es que el elemento asesinado era del Servicio de Protección Federal asignado al resguardo de las instalaciones consulares, es decir, su trabajo era precisamente proteger al consulado. El blanco no era un peatón cualquiera: era parte del escudo de seguridad de Estados Unidos en Matamoros.

Después, se esconde detrás del guion de siempre: fue “derivado de un evento de tránsito” y hubo una “persecución” que terminó en saldo rojo. El eufemismo intenta normalizar el hecho como si se tratara de una riña de tráfico que “se salió de control”, cuando ya se ha apuntado hacia los «junior» del lider criminal de la facción Escorpión del Cártel del Golfo,Alfredo Cardenas,alias El “Contador” como generadores de violencia y presuntos responsables.

La cónsul: dolor, condena y vigilancia activa

La cónsul en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, no se refugia en tecnicismos: salio a condenar públicamente la muerte del elemento federal asignado a la protección del consulado y expresa sus condolencias. Su mensaje subraya el dolor por la pérdida y deja claro que el gobierno de Estados Unidos da seguimiento cercano a la investigación del ataque.

Mientras el gobernador juega a que “no hay comunicación oficial”, el consulado hace exactamente lo contrario: comunica, posiciona, presiona y marca territorio sobre la investigación, pues el gobierno estadounidense está monitoreando la pesquisa, una forma elegante de decirle a las autoridades mexicanas: esta vez no va a maquillar el caso el gobernador como en otros episodios donde han diluido la responsabilidad protituyendose con el grupo criminal para resolver sin resolver nada.

Este contraste es demoledor: la diplomática lamenta, condena, exige y vigila; el gobernador niega, matiza, justifica y se protege detrás de formalismos para no reconocer que el ataque exhibe el nivel de penetración criminal en la frontera tamaulipeca de la que es párte,la mas peligrosa.

Y no solo en Matamoros,pues igual ocurre en Reynosa

El guion de siempre: refuerzos, coordinación y promesas

Villarreal presume la llegada de “más de 100 elementos federales” a Matamoros y habla de un “trabajo conjunto” con Ejército, Guardia Nacional y el reforzamiento de la Policía Federal en la franja fronteriza. 

Es el catálogo clásico de frases vacías después de cada masacre, emboscada o ataque a fuerzas de seguridad: nunca faltan “operativos”, “coordinación” y “refuerzo de presencia”.

Dice que “ya hay avances de la Fiscalía” ,donde por cierto tiene instalado a Jesus Eduardo Govea con todo y curricula manchada, pues que detenido en 2002 por precisamente servir a esa faccion del Cartel del Golfo de Matamoros.

Americo cuyo padre que tambien fue gobernador (1987-1993) y tambien fue involucrado con los fundadores del Cartel en una época donde no habia «Twitter,ni X», señala que esperarán las condiciones para comunicarlos a los medios “y no entorpecer las investigaciones”. 

Esa línea, repetida en el caso Julio Almanza,aun impune y quien por cierto antes de morir hizo señalamientos contra el propio gobernador,la ha repetido hasta el cansancio y suele significar justo lo contrario: se administra la información para no tocar intereses políticos, económicos o criminales cercanos al poder estatal. 

Más cuando hay antecedentes de ataques atribuidos al entorno de los hijos del “Contador” Moreno y del grupo Escorpión, donde la narrativa oficial ha oscilado entre la minimización y la protección de nombres incómodos.

Mientras tanto, del lado estadounidense la señal es diametralmente opuesta: el gobierno federal de Estados Unidos declara que está monitoreando la investigación del ataque contra policías federales asignados al consulado, mandando el mensaje de que este asunto no se quedará en la carpeta empolvada de una fiscalía local.

Américo: primero la imagen, luego la verdad

En la declaración del gobernador hay un patrón clarísimo: todo está diseñado para proteger la imagen del gobierno estatal y minimizar el costo político del ataque, no para proteger la verdad ni la justicia.

  • Niega “comunicación oficial” para sugerir que el consulado no está presionando realmente, cuando en los hechos Estados Unidos ya reconoce el ataque, lamenta la muerte y anuncia seguimiento a la investigación.
  • Insiste en que no fue en el consulado, sino “en la vía pública”, como si eso desactivara el carácter político y diplomático del crimen.
  • Reduce la agresión a una consecuencia de un “evento de tránsito”, intentando presentar una emboscada contra personal de seguridad como si fuera un choque mal resuelto.
  • Se refugia en la promesa de “avances de la Fiscalía” sin mencionar líneas de investigación serias hacia los grupos criminales ya señalados por otros reportes.

Frente a ese guion defensivo, la cónsul aparece como la figura que rompe el silencio y exhibe, con su sola declaración pública, la incomodidad que el gobernador intenta ocultar. Ella no necesita alegar “falta de comunicación oficial” para sentir y expresar que uno de los guardianes del consulado fue asesinado en un contexto de violencia donde el Estado mexicano sigue mostrando una incapacidad —cuando no una falta de voluntad— para contener a los grupos que mandan en la calle.

Con informacion: HoyTamaulipas/

«CUATRO HERIDOS»: GUARDIAS NACIONALES ATACADOS a TIROS COMPARTIERON ANOCHE la CENA con la ESTADISTICA del DESASTRE en SINALOA»…3,271 muertos, 3,845 levantados y 11,179 vehículos robados.


La estrategia de seguridad ,esa que aun comanda Omar Garcia Harfuch,quien de acuerdo a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum permaneciería en Sinaloa hasta resolverla, sigue fallando con todo y el acompañamiento militar de mas de 13 mil militares y sus visitas de doctor chafa: la violencia sigue inatajable a mas de 600 dias de guerra de bandos de la misma banda y ayer en Aguaruto dejó cuatro heridos mas, entre ellos dos elementos de la Guardia Nacional, atacados mientras cenaban en un puesto de hamburguesas—lo que retrata con precisión quirúrgica el tamaño del fracaso: presencia federal, sí; control territorial, ni por asomo.

El nuevo parte de guerra

De acuerdo con Noroeste, el ataque ocurrió ayer cerca de las 22:30 horas en un local sobre la calle Dalias, casi esquina con Camelia, en Aguaruto, Culiacán; primero se reportaron dos agentes heridos, pero al final fueron cuatro lesionados en total. Paramédicos de Voluntarios Aguaruto y Cruz Roja auxiliaron a las víctimas, mientras la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad y la Fiscalía procesó el área.

La “estrategia fallida” en números

De acuerdo tambien con Noroeste, el balance de tres principales violencias,levanton,ejecucion y despojo de autos,del 9 de septiembre de 2024 al 19 de mayo de 2026,las cifras desmienten cualquier discurso de éxito: 3,271 homicidios dolosos, 3,845 personas privadas de la libertad, 11,179 vehículos robados, 3,570 detenidos y 188 personas abatidas. Eso equivale, según el propio balance, a 5.3 homicidios diarios, 6.2 privaciones de la libertad al día y 18.1 vehículos robados diarios.

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La narrativa centachiles harfuchiana

La narrativa oficial insiste en que hay estrategia, inteligencia,coordinación y resultados; la realidad responde con ráfagas, lesionados y una Guardia Nacional que termina compartiendo la cena con la estadística del desastre. 

En Aguaruto no hubo “contención”, hubo otra escena más del mismo libreto: patrullaje, ataque, heridos, acordonamiento, y el Estado llegando siempre después de la balacera.

Con información: NOROESTE/

LA «BOLSA en la CABEZA y el CEREBRO en PAUSA: VIDEO EXHIBE POLICIAS COMETIENDO los MISMOS DELITOS que TIENEN HUYENDO a ZERON EX-JEFE de FEDERALES»….no es “interrogatorio fuerte”, es un menú de delitos graves.


En Chiapas, bajo el gobierno de Morena y Eduardo Ramírez, la creatividad policial investigativa en medio de la formula que presume el estratega Omar Garcia Harfuch, «inteligencia+coordinacion» ,parece haber alcanzado su punto más sofisticado: la bolsa de plástico como herramienta de “investigación científica”. No es broma, es método. Y no es clandestino: ahora también es contenido viral.

Los protagonistas de esta pieza grotesca son agentes de la Fiscalía General del Estado, incluyendo al comandante regional de Combate a Robo de Vehículos, Pablo Enrique Reyes Custodio, quien —lejos de combatir delitos— parece más interesado en perfeccionar la comisión de delitos propios con técnicas de asfixia como si fueran parte de un manual operativo.

Los videos no dejan mucho espacio a la interpretación: dos hombres, en distintos momentos, son sometidos al clásico “interrogatorio” que no necesita pruebas, peritajes ni inteligencia. Basta una bolsa negra, presión sostenida y la certeza de que, en este sistema, la confesión vale más que la verdad.

En una escena, el comandante pregunta con tono casi burocrático: “¿Aquí en Tuxtla?”, mientras le coloca la bolsa a un detenido visiblemente golpeado. No es una pregunta, es un trámite. La respuesta es lo de menos; lo importante es mantener la coreografía de la tortura institucional.

En otro momento, la víctima apenas alcanza a respirar antes de que le retiren la bolsa. “Se quejaron”, dice Reyes Custodio entre risas. La frase no es menor: condensa el nivel de descomposición. No hay preocupación por la legalidad, ni por los derechos humanos y los humanos derechos ni siquiera se guardan las apariencias. Hay burla. Hay normalización. Hay impunidad asumida.

Porque aquí el problema no es solo la brutalidad, sino la mediocridad estructural: agentes que sustituyen investigación por violencia, mandos que convierten el cargo en licencia para delinquir, y una institución que reacciona únicamente cuando el escándalo ya está circulando en redes.

La respuesta oficial tampoco sorprende. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar “pidió investigar” —la fórmula estándar para administrar crisis sin alterar el fondo— mientras el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca anunció un “grupo especial”. Traducido del lenguaje institucional: tiempo, control de daños y, con suerte, uno o dos chivos expiatorios.

Pero el patrón es viejo. En México, la tortura no es una desviación, es una herramienta recurrente cuando la capacidad investigativa es nula. Y Chiapas, lejos de ser la excepción, vuelve a confirmar la regla: cuando falta inteligencia, sobra violencia.

Aquí no hay exceso de fuerza; hay ausencia de Estado de derecho. No hay error operativo; hay práctica sistemática. Y no hay “manzanas podridas”; hay una estructura que permite, tolera y reproduce este tipo de conductas.

Lo que se ve en esos videos no es “interrogatorio fuerte”, es un menú de delitos graves con penas pesadas encima de cada uno.

Delitos que se presumen

  • Tortura
    Servidor público que causa dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona para obtener información, una confesión, castigarla o intimidarla, comete delito de tortura.
    La bolsa en la cabeza, la asfixia controlada, las risas mientras se quita y pone para provocar sufrimiento son el ejemplo de libro de texto.
  • Abuso de autoridad
    Cuando un servidor público, aprovechando su cargo, realiza actos arbitrarios, ilegales o contrarios a derechos humanos (como torturar detenidos), incurre en abuso de autoridad, además de los delitos específicos como la tortura.
  • Lesiones y posibles tentativa de homicidio
    Si los golpes y la asfixia dejan huellas físicas o ponen en riesgo la vida, se pueden sumar delitos de lesiones calificadas e incluso tentativa de homicidio, según el resultado médico y el grado de peligro creado.
  • Delitos por omisión o autorización
    No solo responde el que pone la bolsa. También el que ordena, instiga, autoriza, permite o tolera la tortura teniendo el deber de impedirla. Se les considera responsables del mismo delito.

Penas que se pueden aplicar

  • Tortura (Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura)
    La guía oficial de la ONU y la propia interpretación de la ley señalan que la pena por tortura está entre 10 y 20 años de prisión, ampliable hasta 30 años cuando hay agravantes (por ejemplo, si la víctima es especialmente vulnerable o si intervienen varios agresores).
    Además, conlleva inhabilitación para el servicio público y otras sanciones accesorias.
  • Leyes estatales y Código Penal
    Las leyes estatales tipo “Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura” prevén, como referencia, 3 a 12 años de prisión, multa, destitución del cargo e inhabilitación hasta por 20 años, más las penas de otros delitos concurrentes (lesiones, homicidio, etc.).
    En casos donde de la tortura resulte la muerte, las penas pueden ir de 40 años de prisión a prisión vitalicia, según legislaciones análogas.
  • Abuso de autoridad y delitos conexos
    El Código Penal Federal y los códigos locales prevén penas de prisión, multa, destitución e inhabilitación para servidores públicos que cometen abuso de autoridad, además de las penas propias de la tortura y las lesiones que se acrediten.
  • Prohibición de beneficios
    La Ley General contra la Tortura establece que una persona procesada o sentenciada por tortura no puede beneficiarse de indultos, amnistías u otras figuras análogas, precisamente por la gravedad del delito.

Traducido a “fiscal de fierro vs fieros”

Si se acredita legalmente, mas que visualmente que esos agentes asfixiaron con bolsas a detenidos para sacar información o “castigarlos”, lo que procede no es una amonestación interna, sino: prisión de dos dígitos, pérdida del trabajo, inhabilitación larga, y, si el caso es grave, penas que pueden acercarse a los 30 años o más sumando delitos.

Al final, lo más revelador no es que torturen. Es que lo hagan con esa tranquilidad, como si supieran —porque probablemente lo saben— que las consecuencias serán mínimas o inexistentes.

La bolsa en la cabeza de las víctimas es solo la metáfora perfecta de una institución que lleva años operando exactamente igual: sin aire, sin control y, sobre todo, sin cerebro.

Con informacion: ELNORTE/