Cuando el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México —el llamado “huachicol fiscal”— aparece en la conversación, el gobierno de Morena en Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, parece haber descubierto la fórmula mágica de la política mexicana: no responder por las sombras, sino encender reflectores sobre el operativo ajeno.
Muy y pese a que Villarreal Anaya ha sido mencionado en diversas publicaciones de prestigio internacional y que afirman que autoridades de Estados Unidos lo indagan por ese delito, según una nota que cita al Los Angeles Times.
El gobernador Villarreal presume que el delito “pierde terreno”, como si el problema fuese una mancha de humedad y no una red de complicidades oficiales con uniformes de todos colores que exigen no solo explicaciones, castigos ejemplares.
El huachicol “pierde terreno”… pero la retórica gana kilómetros
Porque en Tamaulipas, el huachicol fiscal ya no es un asunto que amerite preguntas incómodas: al parecer basta con declararlo en retirada y asunto resuelto.
El gobernador Américo Villarreal asegura que los operativos federales han “acotado” el tráfico ilegal de combustibles. Qué alivio: la realidad, según el discurso oficial, se compone con una frase, una visita presidencial y la conveniente ubicación geográfica de la entidad.
Porque, claro, Tamaulipas es frontera; pasan gasolinas, diésel, tráileres, aduanas, negocios y todo tipo de explicaciones prefabricadas. Pero cuando la conversación se acerca a presuntos vínculos políticos, empresariales, militares y criminales señalados en publicaciones periodísticas, la respuesta institucional parece cambiar de carril: ya no se trata de quién se benefició, quién protegió, quién financió o quién sabía, sino de presumir que la Federación “ha estado muy atenta” y le faltó decir, muy involucrada.
La maniobra es conocida: cuando el lodo salpica el saco guinda, se saca el extintor de la narrativa. Se habla de aseguramientos, de vigilancia, de coordinación y de delitos federales; todo, menos de las responsabilidades políticas locales y de las acusaciones que circulan alrededor de personajes vinculados con Morena en Tamaulipas.
Es la vieja doctrina del “yo no fui, fue la geografía”: Texas está cerca, las refinerías también, y por eso —parece sugerirse— cualquier cuestionamiento incómodo debe perderse entre las pipas.
El problema es que un operativo no sustituye una explicación. Que la autoridad federal investigue no exonera automáticamente a quienes desde el poder estatal presumen limpieza, mientras las versiones periodísticas y los testimonios en investigaciónes en EE.UU plantean redes de financiamiento, relaciones empresariales y protección política que merecen ser esclarecidas con documentos, investigaciones formales y resultados públicos, no con boletines de autocelebración,ni negociaciones en el oscurito para «medio» salvarse.
Decir que el huachicol fiscal “pierde terreno” puede funcionar como titular amable con ayuda mediática con cargo al erario.
Pero no responde a lo esencial: ¿quién ganó durante años con ese terreno?, ¿quién abrió la puerta?, ¿quién miró hacia otro lado? La respuesta tiene nombre y apellido: Américo Villarreal Anaya.
En política, la doble moral del gobernador huele peor que la gasolina de contrabando: condena el delito en el micrófono mientras evita hablar como beneficiario directo del delito que lo llevó a la silla del gobierno en medio de la matazón por las ganancias.
En Tamaulipas, antes de cantar victoria, convendría que Americo despejara el humo. Porque cuando el discurso oficial se vuelve tan perfumado, casi siempre es porque alguien no quiere que se perciba el olor del combustible.
Las barras del gráfico sobre las tres principales violencias —levantones, ejecuciones y despojos— no reflejan una estrategia de seguridad: exhiben la contabilidad de una guerra en la que el robo de vehículos va ganando por goleada, mientras el Estado presume estar “en la cancha” porque sigue mandando jugadores al mismo partido perdido.
En Sinaloa, la muerte no sólo tiene cifras: tiene horario. Del 9 de septiembre de 2024 al 17 de agosto de 2026, de acuerdo con cifras de Noroeste, una persona fue asesinada, en promedio, cada cuatro horas y 37 minutos.»
El podio de la barbarie
La gráfica elaborada por NOROESTE tiene un campeón indiscutible: 12,228 vehículos robados. No es una barra; es un rascacielos rojo construido con llaves arrancadas, bajo amago narco, repartidores sin herramienta de trabajo, familias varadas y camionetas convertidas en logística criminal como combustible que perpetua la guerra de bandos de la misma banda. Frente a ella, las otras barras parecen bajas, pero no son pequeñas: son el truco visual de poner un cementerio junto a una montaña.
Vehículos robados: 12,228, o 17.3 al día.
Personas privadas de la libertad: 4,295, o 6.1 diarias.
El dato más obsceno es que los robos de vehículos triplican los homicidios y rebasan por más de tres veces las detenciones.
Es decir: por cada persona que el gobierno reporta detenida, la maquinaria de la violencia parece haberse llevado más de tres vehículos. Una fábrica de despojo que trabaja con mejor surtido que la ventanilla estatal de contención.
Dos bandos, una misma empresa criminal
La confrontación entre facciones del mismo Cártel de Sinaloa no se parece a una disputa entre proyectos rivales: es más bien una empresa familiar que decidió resolver su organigrama a balazos mientras la estrategia oculta dolosa y engañosamente el saldo.
Cambian los apellidos, las siglas y las lealtades, pero el giro comercial conserva su eficiencia: controlar rutas, imponer miedo, levantar personas, mover armas, robar vehículos y administrar territorio como quien administra una franquicia de terror.
Las 4,295 privaciones de la libertad no son una cifra lateral: son la prueba de que la violencia no sólo mata, también borra. Cada día, en promedio, más de seis personas salen del mundo visible y entran a la zona gris donde la familia busca, la autoridad contabiliza tarde y los grupos criminales ejercen su versión más brutal de gobierno.
El informe de Crisis Group ha documentado que la disputa, iniciada en septiembre de 2024, desplazó parte de la violencia desde la capital hacia zonas rurales, mientras miles han sido asesinados, desaparecidos o desplazados. También advierte que los registros oficiales pueden subestimar el saldo real.
La estrategia del refuerzo reforzado
Y en el otro lado del gráfico está el Estado, con 3,856 detenidos:una barra que apenas logra rebasar a la de homicidios. No es un triunfo estadístico; es una señal de la desproporción. En esta competencia macabra, la violencia produce muertos, desaparecidos y vehículos robados a un ritmo que la captura gubernamental no consigue desarmar.
Con más de 14 mil uniformados desplegados —tras el envío de mil efectivos adicionales en junio—, la receta oficial parece haber quedado reducida a una palabra: reforzar. Reforzar el operativo, reforzar el patrullaje, reforzar la presencia, reforzar el reforzamiento como remedio que a ratos y de manera consistente ,parece enfermar mas.
Pero una estrategia no se mide por cuántas veces se repite el verbo en un boletín. Se mide por si baja la capacidad criminal de secuestrar, matar, robar, reclutar y gobernar a punta de fusil. Aquí, la barra de los vehículos robados parece responder con sarcasmo: “sigan reforzando; nosotros seguimos abasteciendo”.
El saldo detrás de las columnas
Las 209 personas abatidas completan el retrato: una cifra que el gobierno puede colocar como resultado operativo, pero que no compensa la aritmética del desastre. Porque abatir no es necesariamente pacificar; detener no siempre desarticula; desplegar no equivale a proteger.
La gráfica, en suma, no muestra una batalla que el gobierno esté ganando. Muestra una guerra donde dos bandos de una misma banda conservan suficiente capacidad para convertir calles en corredores de cacería, vehículos en botín y personas en mercancía de intimidación. Y frente a eso, el Estado parece haber perfeccionado una táctica circular: mandar más tropas para administrar una crisis que, por las propias barras, sigue produciendo más violencia de la que logra contener.
Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, por órdenes de Andrés Manuel López “Hablador”, pasó de no conocer a presunto “mafioso” a descubrir que llevaba más de una década afiliado al partido.
Primero negó que Alejandro Arcos Romero fuera militante; después, con el padrón en la mano, resultó que estaba afiliado desde 2013.
Una precisión menor, dirán: apenas 13 años de diferencia entre “no es de Morena” y “sí está desde el inicio”.
Ariadna Montiel estrenó una nueva modalidad de deslinde político: negar primero, verificar después y encomendar el problema a la Comisión de Honestidad cuando ya no queda mucho margen para hacerse la sorprendida.
Hace apenas una semana, la dirigente morenista aseguró que Alejandro Arcos Romero —señalado por presuntos nexos con la mafia rumana— no era militante del partido. No sabía quién era, no participaba en el movimiento y, por supuesto, Morena no tenía por qué responder por él. Caso cerrado, carpeta archivada y siguiente pregunta.
Pero el padrón tuvo la mala costumbre de hablar. Ahora Montiel dice que el coordinador le informó que Arcos Romero está afiliado desde 2013, prácticamente desde los albores del movimiento. Es decir: no era militante… hasta que alguien revisó la lista.
La explicación es que Morena tiene más de 12 millones de afiliados y que nadie puede conocerlos a todos. Cierto: es difícil pasar lista. Pero quizá no tanto cuando el nombre aparece vinculado a una investigación de alto impacto y a personajes cercanos a aspirantes relevantes en Quintana Roo.
La conducta de la líder nacional del partido , puede conceptuarse como una incongruencia deliberada en el ejercicio de su función, caracterizada por emitir una negación categórica sin verificación suficiente y rectificarla después de que los datos oficiales la desmienten.
No se trata solo de una imprecisión: cuando quien debe comprobar hechos actúa con premura selectiva —rigurosa para atribuir responsabilidades ajenas, negligente para revisar las propias— incurre en una forma de engaño político y administrativo. La dolo radica, en su sentido común, en presentar como certeza aquello que no ha sido debidamente comprobado, con el probable propósito de deslindar a la institución de una liga mas con mafiosos.
Así, la versión oficial evolucionó con rapidez: de “ese señor no es de Morena” a “sí está afiliado, pero que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decida qué hacer”. En Morena, al parecer, la militancia no se confirma por convicción, trayectoria o padrón, sino cuando ya aparece en los encabezados incómodos.
El director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, aseguró que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es un socio de confianza.
Al presentarlo durante su participación en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, Cole destacó la trayectoria del funcionario mexicano.
«(Es) un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos, el Secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El Secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México»….Terrance Cole/DEA
La DEA vuelve a repartir diplomas de “superpolicía” de México, y el eco histórico no es precisamente tranquilizador. En 2011, en otra reunión de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas realizada en Cancún, Genaro García Luna presidía el encuentro y recibía elogios de Michelle Leonhart, entonces directora de la DEA: lo presentó como “uno de los mejores policías del mundo” y celebró la firmeza del gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles.
Años después, aquel policía ejemplar terminó condenado en Estados Unidos por delitos ligados al narcotráfico.
Ahora la escena parece tener remake, con distinto reparto pero apellido compartido. En Buenos Aires, el director de la DEA, Terrance Cole, presentó al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, como “socio de confianza”, “buen amigo de Estados Unidos” y funcionario comprometido con perseguir líderes criminales, desarticular redes y compartir inteligencia.
El discurso es impecable: cooperación, profesionalismo, heroísmo tras el atentado de 2020 y una trayectoria de casi dos décadas en el servicio público.
El problema es que, en México, cuando Washington aplaude a un jefe policiaco como si fuera la versión tropical de Batman, la memoria obliga a preguntar si estamos ante una garantía o ante una alerta preventiva.
Porque García Luna también fue “socio confiable”; también recibió el aplauso estadounidense; también fue exhibido como la pieza indispensable de una guerra contra el narco que prometía quebrar a los cárteles. La historia no terminó con una medalla, sino con un juicio federal en Nueva York y una condena que convirtió el viejo expediente de elogios que incluso quiso presumir el dia de su captura,multiples fotografías con los mas altos representantes de agencias federales de aplicación de la ley,una colección de ironías documentales.
No se trata de afirmar que Harfuch sea García Luna, pero tampoco de eludir los múltiples indicios ,algunos en carpetas federales que acusaron inacción tras declaraciones de criminales.
Acusaciones inmersas en amplio historial, desde la orden para darlo de baja por perdida de confianza que no pueden ser tratadas como ruido de fondo, particularmente cuando la narrativa oficial exige confianza ciega.
Ahí están las acusaciones publicadas a partir de los dichos de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, testigo protegido en el caso Ayotzinapa, quien afirmó que García Harfuch habría recibido pagos de Guerreros Unidos durante su etapa de Comisario de la Policia Federal en Guerrero.
También están las declaraciones de Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, quien acusó a García Harfuch de haber recibido dinero de Los Chapitos para la captura de su padre, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, en 2017.
Son acusaciones graves provenientes de un narcotraficante confeso y, por tanto, deben examinarse con rigor, evidencia verificable y debido proceso; no sirven por sí solas como veredicto. Pero tampoco desaparecen porque el señalado ocupe hoy un cargo de primer nivel.
A ello se añaden versiones difundidas por Los Ángeles Press sobre un presunto expediente interno vinculado con evaluaciones de control de confianza de 2012. Esa publicación plantea que Harfuch habría reprobado filtros y, aun así, continuado su ascenso institucional. Es información con vasta ocumentación oficial.
El patrón que inquieta no es una identidad automática entre ambos García. Es otro: el de un sistema que fabrica figuras intocables, las rodea de propaganda de eficiencia, las vuelve indispensables para Washington y para el gobierno en turno, y luego exige que toda pregunta crítica sea leída como ataque político.
Con García Luna, el libreto fue conocido y muy semejante: el slogan de «inteligencia contra la delincuencia, capturas espectaculares, ceremonias, fotografías con agencias estadounidenses, conferencias internacionales y el discurso de que México por fin tenía un policía de talla mundial. Después vino el derrumbe. Por eso la lección no es que todo funcionario reconocido por la DEA sea culpable; la lección es que un elogio de la DEA no equivale a certificado de inocencia, ni sustituye fiscalización, transparencia ni rendición de cuentas.
Los dos “superpolicías” comparten, por ahora, algo incómodo: la aureola estadounidense y el peso de cuestionamientos públicos sobre sus trayectorias, ademas de una estrategia que parece copia al carbon.
Uno ya cayó del pedestal y fue condenado. El otro sigue arriba, respaldado desde Palacio, celebrado por la DEA y proyectado en la conversación política nacional. Precisamente por eso, la vara no debe ser más baja, sino más alta.
México no necesita otro ídolo blindado por el aplauso y la estrategia mediática que los convierte en Idolos de barro. Necesita expedientes abiertos, respuestas verificables, investigaciones autónomas y la capacidad de no confundir cooperación binacional con absolución anticipada.
Reacción en los comentarios de EL NORTE
Los comentarios recogidos tras la nota de EL NORTE retratan una reacción dominada por la desconfianza y, sobre todo, por el recuerdo de García Luna. La coincidencia más repetida fue brutalmente sencilla: “así decían de García Luna”. Los usuarios convirtieron el reconocimiento de Terrance Cole en una especie de déjà vu político-policial.
Los ejes principales
Reacción
Sentido de los comentarios
Memoria de García Luna
Varios lectores relacionaron el elogio a Harfuch con el respaldo que recibió García Luna antes de su caída judicial. Comentarios 3, 17 y 19 lo expresan de manera directa
Desconfianza
Algunos leyeron “socio de confianza” como una fórmula ambigua: confianza para Estados Unidos, para el gobierno mexicano o, con sarcasmo, para el crimen organizado. Comentarios 1, 4, 8 y 15
Sospechas por antecedentes
Otros citaron su paso por corporaciones ligadas al periodo de García Luna, Ayotzinapa, huachicol y acusaciones previas. Comentarios 10, 11 y 20
Lectura electoral
Una parte interpretó el espaldarazo de la DEA como señal de que Harfuch es presidenciable o una figura preferida de Washington. Comentarios 6, 13, 14 y 26
Defensa partidista
También hubo respuestas que celebraron la cooperación bilateral y acusaron a críticos de actuar por animadversión política hacia Morena. Comentarios 18, 22 y 28
Sarcasmo y fatalismo
El tono predominante fue de burla: hoy lo premian, mañana lo desconocen; hoy le dan confianza, mañana lo agarran desprevenido. Comentarios 5, 9 y 16
En conjunto, la caja de comentarios no debate tanto el mérito operativo de Harfuch como el valor real de la certificación estadounidense. Para muchos lectores, el antecedente de García Luna convirtió cada elogio de la DEA en un recordatorio incómodo: en materia de seguridad mexicana, las palmas de Washington pueden ser una condecoración, pero también una mala premonición.
