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martes, 17 de noviembre de 2026

«CORRUPTA con A: EXHIBEN la MUDANZA del CONTRATISMO de SECRETARIA del BIENESTAR de ARIADNA a MORENA»…la cuatita del «Guano».


La empresa Grupo Maferefun S.A. de C.V. ha sido contratista recurrente de la Secretaría de Bienestar, recibiendo al menos 21 contratos por 307 millones de pesos entre 2021 y 2026. Cinco días después de que Ariadna Montiel se convirtió en presidenta nacional de MORENA, Grupo Maferefun se registró como proveedora en el INE.

De acuerdo con documentos oficiales en posesión de MCCI, en junio de 2026 se estrenó como contratista de MORENA, obteniendo 11.4 millones de pesos de dinero público para la gestión del evento para el «Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional», realizado en el World Trade Center.

De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, el 22 de mayo de 2019 el corredor público número 15 de Córdoba, Veracruz, dio fe de la constitución legal de Grupo Maferefun S.A. de C.V. con un capital de 50 mil pesos, siendo Rafael Parra Vera y Paulino Santos González Sánchez sus accionistas.

Dos de los 27 incisos con los objetos legales en los que esta empresa pensaba incursionar fueron la «planeación, organización, logística y ejecución de toda clase de eventos sociales, culturales, políticos y deportivos», así como «participar en toda clase de licitaciones públicas o privadas a nivel nacional».

Su domicilio fiscal está en la calle de Braga 87, en la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa. Según su página de internet, se les puede encontrar en la Nave J82, Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX.

En una visita al lugar, no se identificaron señales de la empresa en cuestión, solo hay un negocio como cualquier otro que dice: «Casa Rodríguez. Piñas, sandías y papayas». No hay ninguna mención visible ni referencia de la empresa. Maferefún es una expresión popular en el yoruba del occidente africano que significa «alabado sea» o «bendición para».

Vista de la dirección de Grupo Maferefun S.A. de C.V. en la Nave J82 Pasillo IJ, Sección Frutas y Verduras de la Central de Abastos de la CDMX

La primera vez que Grupo Maferefun fue afortunada, recibió un contrato con recursos públicos de la Secretaría de Bienestar. El 11 de junio de 2021, con una compra extraordinaria por la crisis de COVID-19, la Dirección General de Recursos Materiales (a cargo de Aideé Ángeles Arroyo) le otorgó una adjudicación directa por 4.5 millones de pesos para enviar servicios de «box lunch para los beneficiarios del programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural en atención a población migrante en la frontera Sur 2021» en Chiapas. En el expediente de la adjudicación directa, los funcionarios de Bienestar declararon haber encontrado el sitio de internet de la compañía y la seleccionaron como la mejor alternativa, indicando que se trataba de una microempresa.

Cuatro meses después, el 21 de octubre de 2021, recibió otro contrato por 3 millones de pesos de la misma área y del mismo programa social, solo que ahora para llevarle «herramientas» a los migrantes, como palas, picos, rastrillos, guantes, sombreros de palma, contenedores de limpieza, trajes de apicultor y cazos de 190 litros.

Documento de la Secretaría de Bienestar donde justifican la adjudicación directa a Grupo Maferefun basada en que encontraron a la empresa en internet y la consideraron la mejor alternativa

El cargo público previo del que se tiene registro de Aideé Ángeles Arroyo, antes de llegar a la Secretaría de Bienestar, fue Gerente de Tesorería y Recaudación de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del entonces Distrito Federal. Su jefa era Ariadna Montiel Reyes, que se desempeñó como Directora General de RTP durante el gobierno de Marcelo Ebrard. El 12 de enero de 2022, Andrés Manuel López Obrador promovió a Ariadna Montiel de la Subsecretaría a la titularidad del ramo de Bienestar.

Entre enero de 2022 y abril de 2026, periodo en que Ariadna Montiel fue Secretaria de Bienestar, la dependencia entregó a Grupo Maferefun otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos. Los conceptos fueron diversos, incluyendo abarrotes para Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), sillas y carpas para el programa Salud Casa por Casa o alimentos para eventos de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, se considera como microempresa a las compañías que tienen menos de 10 trabajadores y cuyo monto de ventas anuales es inferior a 4 millones de pesos. Tan solo con el primer contrato por 4.5 millones, Grupo Maferefun debería haber dejado de ser considerada como tal. A pesar de ello, todos los contratos del gobierno que ha recibido siempre ha sido declarada como microempresa, lo cual le da ventajas y privilegios exclusivos diseñados para favorecer a los pequeños proveedores.

Desde el 28 de abril de 2026, Leticia Ramírez es la nueva Secretaria de Bienestar. Hasta el momento, su administración le ha dado a Grupo Maferefun otros 6 contratos por 109 millones de pesos, incluyendo una adjudicación directa para proporcionar alimentos en reuniones de la Pensión de Adultos Mayores entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2026, contratación documentada por El Universal.

Grupo Maferefun ha recibido al menos 21 contratos por 307.5 millones de pesos por parte de la Secretaría de Bienestar. Igualmente, mediante herramientas del proyecto Tlacuilo, MCCI ha identificado al menos otros 8 contratos por 3.1 millones de pesos entregados por la Comisión Nacional del Agua, FONATUR, el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En conjunto, se trata de 29 contratos públicos por 310.6 millones de pesos.

De contratista de la Secretaría de Bienestar a organizador de eventos de MORENA

El 29 de abril de 2026, Ariadna Montiel anunció su salida de la Secretaría de Bienestar y asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA el 3 de mayo.

Tan solo 5 días después, el 8 de mayo de 2026, Grupo Maferefun S.A. de C.V. se dio de alta en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, lo cual es un requisito legal indispensable para cualquier proveedor que busque vender u ofertar sus servicios a los partidos políticos.

Registro de Grupo Maferefun como proveedor ante el INE de fecha 8 de mayo de 2026, 5 días después de la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia de MORENA.

El 17 de junio de 2026, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, presentó la Convocatoria para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en 17 entidades federativas. Se estableció que el registro de aspirantes se llevaría a cabo del 22 al 27 de junio, tanto en línea como de forma presencial, en el World Trade Center de la Ciudad de México.

La dirigencia nacional morenista anunció el evento diciendo que se trataba de un proceso interno para fortalecer los principios de la autodenominada Cuarta Transformación; sin embargo, el hecho de que ese fue el inicio del registro al proceso para definir a los «coordinadores» en las mismas entidades que el próximo año renovarán sus gubernaturas —y que varias de las personas aspirantes llevaban tiempo haciendo promoción personalizada en sus respectivas entidades—, indica que estamos ante hechos que podrían ser considerados actos anticipados de precampaña, que se encuentran prohibidos por la ley. En teoría, el periodo de precampaña inicia legalmente hasta enero de 2027.

Aún frente a una clara ilegalidad y violación a las reglas electorales, el registro de las personas aspirantes a las Coordinaciones Estatales se llevó a cabo en el Salón Maya del World Trade Center los días 22, 23, 25, 26 y 27 de junio, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. En estos cinco días de actividades, se registraron de manera presencial 123 personas, entre los cuales se encontraron senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios federales y estatales (todos con licencia), militantes del partido y ciudadanos.

De acuerdo con diversos documentos oficiales en posesión de MCCI, los cinco días del evento de registro de los virtuales precandidatos en el World Trade Center tuvieron un costo para el erario de $11,431,979.80 pesos, a razón de 2.2 millones de pesos por día.

En la solicitud de pago emitida por MORENA, el 14 de agosto de 2026, puede identificarse el trámite para entregar 11.4 millones de pesos por la «Gestión de Evento, Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, del 22 al 27 de Junio de 2026» a favor de la empresa con número 202605081094927 en el Registro de Proveedores del INE: Grupo Maferefun.

Solicitud de pago de MORENA por 11.4 millones en favor de Grupo Maferefun para el evento de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales como precandidatos no oficiales.

En la documentación obtenida por MCCI se identifica a Alfredo Nader Mena, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas del CEN de MORENA (y quien también firmó como apoderado legal de MORENA en la investigación de MCCI sobre más de 252 mil pagos dispersadas a través de FINABIEN, antes Telecomm Telégrafos), como la persona que autorizó el pago a Grupo Maferefun. La realización del pago correspondió a Óscar del Cueto García, Secretario de Finanzas del partido. Todas las gestiones para procesar y realizar el pago, así como registrarlo en las plataformas oficiales del Estado, fueron realizadas el 14 de agosto de 2026.

Grupo Maferefun brindó a MORENA un servicio de gestión de eventos, lo cual implicó que la empresa que antes proveía alimentos a la Secretaría de Bienestar ahora fuera la intermediaria del partido con el WTC para encargarse de la organización del evento en los salones «Maya», «Petén», «Tajín» y «Palenque», así como del mobiliario, equipo de sonido, luz y hasta la conducción con un maestro de ceremonias, de acuerdo a lo que se desglosa en el Anexo Técnico de la contratación pública por un subtotal de 9.9 millones de pesos y 1.5 millones de IVA, sumando los 11.4 millones de pesos de la contratación pública.

En conferencia de prensa desde la sede nacional de MORENA en Liverpool 3 (inmueble sobre cuyo origen, compra y valor reportado tenemos investigaciones previas en MCCI), Ariadna Montiel fue cuestionada el 18 de agosto por el origen del dinero y el costo de las «asambleas informativas» que se realizaron en las entidades federativas y eventos del proceso de definición de los coordinadores estatales. La presidenta de MORENA señaló que el partido se hacía cargo de los materiales de los eventos, junto con los comités ejecutivos estatales, y que el dinero que se gasta en ellos es «una inversión».

Hoy sabemos que parte de esa «inversión» se realizó de la mano con Grupo Maferefun, una empresa que Ariadna Montiel conoce muy bien desde la Secretaría de Bienestar y que ahora es proveedora de MORENA, justo a tiempo antes de las elecciones de 2027. En total, entre contratos del gobierno federal y de partidos políticos, tenemos identificados al menos 322 millones de pesos de recursos públicos que han terminado en esta empresa que opera desde la Central de Abastos de la Ciudad de México.

Nota: las autoras agradecen a Santiago Botero Sierra por el análisis y procesamiento de datos de los contratos públicos federales de esta investigación.

Con informacion: MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD/

«MASACRARON al PADRE y su FAMILIA: DIANA de 7,JOSUE de 17 y RAUL de 12 FUERON ACRIBILLADOS con RIFLES de ASALTO en GALENA»…regresaban de un festejo.


 En México, hasta volver de un baile puede convertirse en una carrera para salvar la vida. En Galeana, Nuevo León, una familia terminó bajo las balas: José Raúl, de 35 años, y dos de sus hijos, Diana, de apenas siete, y Josué, de 17, fueron asesinados. Otro hijo, Raúl, de 12 años, sobrevivió con heridas de bala en las piernas. Tres muertos y un niño herido. Así de brutal; sin el maquillaje del lenguaje burocrático.

De acuerdo con el relato periodístico proporcionado, la familia, procedente de Ramos Arizpe, Coahuila, había acudido al baile por el 257 aniversario del ejido San Rafael. Después del festejo se dirigía a casa de un familiar en Boca del Refugio. Iban en una Chevrolet Tahoe negra cuando hombres armados, que viajaban en tres camionetas, les cerraron el paso y comenzaron a disparar con armas largas.

Venían de una celebración. Acabaron buscando dónde esconderse de los asesinos.

Según esa reconstrucción, intentaron refugiarse en casa de un amigo. Aceleraron, llegaron al inmueble y bajaron corriendo. El padre cayó sin vida en la entrada; su esposa consiguió entrar con el hijo herido en brazos. Los agresores siguieron disparando contra la fachada. Los habitantes de la vivienda escaparon por una ventana trasera.

Ni siquiera alcanzar una casa bastó para dejar atrás las balas.

Los reportes consultados coinciden en el asesinato del padre y sus dos hijos, así como en las lesiones del menor sobreviviente, aunque presentan diferencias sobre la hora y la secuencia precisa de la agresión.

LOS PORCENTAJES NO SON UN CHALECO ANTIBALAS

Días antes, el Gobierno federal había presumido una reducción del 50 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al comparar septiembre de 2024 con octubre de 2026.

Una disminución estadística que no coincide con la realidad

Diana tenía siete años. Josué, 17. Su padre, 35. No eran porcentajes mal acomodados en una gráfica: eran tres integrantes de una familia a quienes les arrebataron la vida. Y quedó otro niño herido, con su padre y dos hermanos asesinados.

Ese es el México de siempre que esta matanza vuelve a exhibir: el que obliga a contar una celebración familiar con vocabulario de guerra; el que convierte una camioneta en blanco y una vivienda en refugio insuficiente.

Hasta los reportes publicados el 16 de noviembre, no se había informado oficialmente de detenciones ni se habían esclarecido las circunstancias precisas del ataque. Ahí está la exigencia concreta: identificar a los responsables, detenerlos y llevarlos ante un juez. No sustituir esas obligaciones con condolencias de trámite.

Porque a una familia destrozada no se le responde con una gráfica. Se le debe justicia.

Con informacion: ELNORTE/

“DETENGAN a los ASESINOS: FCH ACUSA HOMICIDIO de DEMOCRACIA en MÉXICO y DESCALIFICAR al TESTIGO NO DESAPARECE el CADÁVER”… El informe sueco de V-DEM 2026 lo dijo antes.


El expresidente Felipe Calderón no necesita una aureola para que una denuncia suya merezca examinarse. No fue un dechado de virtudes en el gobierno ni hace falta tramitarle una absolución histórica al amo y señor de las masacres para reconocerle razón en un señalamiento concreto. Confundir la credibilidad del denunciante con la existencia de las pruebas es una coartada demasiado cómoda: permite discutir durante horas quién llamó a la policía mientras nadie revisa la escena del crimen.

Y aquí el expediente no se agota en la declaración del expresidente.

Durante la presentación en Madrid del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, Calderón acusó que en México se consumó un “homicidio de la democracia”. Señaló la captura de las instituciones electorales y el sometimiento de la Suprema Corte al poder presidencial. Es su acusación política; corresponde contrastarla, no canonizarla. Pero tampoco desecharla con el recurso perezoso de gritar su apellido como si fuera una prueba de descargo.

Porque antes de ese alegato ya había un peritaje sobre la mesa.

El Informe V-Dem 2026, elaborado en la Universidad de Gotemburgo, clasifica a México como una autocracia electoral desde 2024.

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Además, identifica el viraje autocrático posterior a la elección de Andrés Manuel López Obrador y Morena en 2018, y señala que la reforma para elegir al Poder Judicial mediante elecciones generales politizó los tribunales. No es una sentencia penal ni emplea la expresión “homicidio de la democracia”; es un diagnóstico académico que da sustento al fondo de la denuncia.

La diferencia importa: Calderón pone la metáfora; el informe aporta elementos al expediente.

El arma no necesita echar humo

En este tipo de crimen político, el arma no tiene que ser una pistola. Puede adoptar la forma de una reforma, una mayoría legislativa o una transformación institucional que conserve los membretes mientras debilita los controles.

El propio V-Dem 2026 explica que la democracia liberal no consiste únicamente en celebrar elecciones: requiere contrapesos legislativos y judiciales, Estado de derecho y garantías efectivas para las libertades civiles.

Por eso resulta tan pobre la coartada de que “el pueblo votó”. Ganar una elección permite gobernar; no convierte cualquier concentración posterior de poder en una credencial democrática. Las urnas no son una lavadora constitucional donde se mete el abuso y sale legitimidad.

El informe ubica a México entre los diez procesos de autocratización de su categoría con mayor deterioro y registra una caída de 0.207 puntos en su Índice de Democracia Liberal respecto de 2019, el año de referencia del episodio. No describe simplemente una discusión áspera entre adversarios: documenta una regresión institucional.

Ahí está el cuerpo del delito, en sentido político: no en que el gobierno resulte antipático para sus opositores, sino en que disminuyan las barreras que deben impedirle disponer del Estado como propiedad particular.

Tampoco hace falta convertir a Calderón en paladín inmaculado. Sus críticos pueden mantener intacto el juicio sobre su gobierno y, al mismo tiempo, reconocer que esta advertencia tiene respaldo independiente. La congruencia no consiste en negarle siempre la razón al adversario; consiste en no cambiar las reglas de la evidencia según quién declare.

La discusión seria, entonces, no es si Calderón nos cae bien. Es qué hacemos con un diagnóstico que sitúa a México fuera de la categoría democrática y vincula su deterioro con la concentración del poder y la politización de los tribunales.

Podemos interrogar al testigo cuanto haga falta. Lo que no podemos es usar sus antecedentes como bolsa negra para esconder las pruebas.

Con información: ELNORTE/

«BAJÓ 8 LUGARES: a AMÉRICO le VA IR MEJOR el NARANJA del UNIFORME de PRISIÓN GRINGA que el GRIS de su DESEMPEÑO»… Tamaulipas ya no necesita un góber con el color de la pared.


De acuerdo con la publicación de México Elige correspondiente a octubre de 2026 (Ranking de Aprobación de los Ejecutivos Locales), el aun gobernador de morena en Tamaulipas, el expriista Américo Villarreal Anaya ,registró un descenso en la medición de aceptación ciudadana.

Ocho escalones menos y el gris en todo su esplendor

Américo Villarreal, que AVanza vertiginosamente para cambiar el uniforme guindo a un tono naranja carcelario en EE. UU., parece decidido a demostrar que también se puede hacer carrera política en reversa, porque la reversa también es cambio.

El gobernador morenista de Tamaulipas cayó del lugar 16 al 24 en el ranking de aprobación de México Elige correspondiente a octubre de 2026: ocho escalones abajo, con 40.4% de aprobación y una caída de 3.6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Al «mediocráta» de tiempo completo, el gris ya no le funciona como discreción: empieza a parecerle uniforme. Porque una cosa es gobernar sin estridencias y otra conseguir que el entusiasmo público tenga la intensidad de un foco fundido.

Su descenso admite una lectura incómoda: la imagen del mandatario perdió respaldo frente a la medición anterior.

¿Y qué les dice esta posición a sus gobernados?

Que el discurso oficial y la aprobación ciudadana no necesariamente viajan en el mismo vehículo. Mientras el poder puede presentarse con solemnidad, la tabla lo acomoda en el puesto 24 de 32: una ubicación bastante menos lucidora que cualquier templete.[

Ocho lugares menos no son una sentencia definitiva, pero tampoco una condecoración. Son material suficiente para que Américo deje de contemplar su propia parsimonia como virtud y se pregunte si, de tanto administrar el perfil bajo, terminó administrando también las expectativas a ras de suelo.

Porque Tamaulipas no necesita un gobernador moreno-nostalgico con un color que combine con las paredes. Necesita uno al que se le note el gobierno, no solamente el cargo.

Con información: MEXICO ELIGE/

«YA NADIE PELA los CADÁVERES: HALLAN TIRADOS 7 SUJETOS EMBOLSADOS en CARRETERA de TEPIC-MAZATLÁN: YA son CASI 53 MIL»… presumen tenian semanas de muertos.


Si creíamos que lo único que se queda atorado en la autopista Tepic-Mazatlán son los tráileres cuando hay bloqueos, la realidad del norte de Nayarit te tiene noticias (y no precisamente buenas). Ayer lunes 16 de noviembre, la Fiscalía estatal tuvo que salir a confirmar lo que ya era secreto a voces en redes sociales: alguien fue a dejar «siete encargos» envueltos en plástico negro en una brecha conocida como el Callejón de La Guásima, allá en Acaponeta.

Lo más surrealista del asunto no es solo el hallazgo en sí, sino el nivel de abandono y cinismo: los peritos calcularon que los siete hombres llevaban entre una y tres semanas fallecidos. Es decir, pasaron casi un mes ahí tirados, prácticamente haciendo antigüedad, antes de que una llamada al 911 alertara a las autoridades.

Por supuesto, la Fiscalía ya desempolvó su manual de hipótesis favoritas y sospecha que «probablemente los mataron en otro lado y solo los fueron a tirar ahí».

Una deducción digna de detectives sesudos, considerando que el kilómetro 111+600 de esa vía está pegadito a Escuinapa, Sinaloa, y que los propios vecinos ya bautizaron esa brecha como un «tiradero» recurrente de los últimos meses.

Mientras la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales hacen su chamba para averiguar quiénes son y qué pasó, la frontera entre Nayarit y Sinaloa sigue operando como zona de descarga libre.

Ubicación del hallazgo

El punto reportado se encuentra en el kilómetro 111+600 de la Autopista Tepic-Mazatlán (México 15D), en una brecha de terracería que conduce a la localidad de La Guásima, municipio de Acaponeta, Nayarit (muy cerca de la caseta de Acaponeta y a pocos kilómetros de los límites con Sinaloa)

Con información: LATINUS/ TRESEARCH/

«¿QUIERO que lo SEPAN de MI BOCA?: YAHLEEL ACUSA INTIMIDACIÓN de la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CORRUPTA que NO TOCA a la ESPOSA del GOBERNADOR»… AVA ha usado y abusado de la justicia, al estilo del CDV.


La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas,bajo el gobierno corrupto de Morena y Americo Villarreal, tiene ahora un señalamiento que no puede despachar con otro comunicado sobre su compromiso con la legalidad: Yahleel Abdala Carmona anunció que denunció a integrantes de esa institución por presunto abuso de autoridad y violencia política contra las mujeres en razón de género.

La exsecretaria de Bienestar Social bajo el gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022) sostiene que le fabricaron una investigación para intimidarla y apartarla de la política.

El anuncio fue difundido desde sus redes ayer 16 de noviembre y coloca bajo cuestionamiento a la institución encabezada por Andrés Norberto García Repper Favila,una curricula con experticia electoral que llego al cargo por encargo del gobernador.

Aunque Abdala, por mesura, solo afirma que denunció a “miembros de la Fiscalía Anticorrupción”, sin identificar a los servidores públicos señalados ni precisar si denunció personalmente al titular, el antecedente apunta al exrepresentante de Morena en tareas jurídicas,ungido por el congreso por ordenes del mandatario.

“Me inventaron una carpeta”: una acusación que necesita expediente, no aplausómetro

“Hago este video para hablar claro y de frente”, comienza Abdala, antes de sostener que la investigación en su contra contiene una acusación falsa, sin pruebas y relacionada con acontecimientos que, asegura, estaban fuera de sus facultades, responsabilidades o atribuciones. Atribuye a esas actuaciones un propósito concreto: “sacarme del camino”.

Y es que el gobierno de Américo Villarreal y Morena tenían un problema: como ya se sabe, Yahleel Abdala buscaba participar como candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo en la próxima elección de 2027. La maquinaria de Morena sabe que es una adversaria digna de tomarse en cuenta, si consideramos el resultado de la elección de 2024, en la que perdió por un margen estrecho.

«En la elección municipal de Nuevo Laredo de 2024, Carmen Lilia Canturosas obtuvo 94,584 votos frente a los 89,907 de Yahleel Abdala. Fueron 4,677 votos de diferencia. «…El Mañana de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el señalamiento de YAC, una jueza de control tuvo que frenar a los fiscales durante una audiencia y advertirles que no estaban actuando con objetividad,un pasaje del que se puede conseguir el registro audiovisual para identificar la audiencia y revisar las palabras exactas de la juzgadora.

La diferencia importa

El artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales exige investigar tanto los elementos de cargo como los de descargo. El Ministerio Público no cumple su función reuniendo únicamente lo que perjudica a una persona y escondiendo debajo del escritorio lo que podría favorecerla.

La Fiscalía no tiene licencia para inventar culpables y la defensa no obtiene una absolución por denunciar a sus acusadores.

El contraste incómodo: cuando el expediente toca a la familia del gobernador

El cuestionamiento sobre la actuación de Garcia Repper en Anticorrupción adquiere otra dimensión frente al antecedente publicado el 23 de octubre: una denuncia presentada por el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez el 7 de septiembre de 2026 y que señala a María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, esposa del gobernador Américo Villarreal; a su hijo Américo Villarreal Santiago y a otros personajes, por hechos que el denunciante considera constitutivos de extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones.

El mismo empresario ha acudido al amparo federal al mismo tiempo que cuestiona la falta de diligencia de la Fiscalía frente a su denuncia.

El antecedente permite formular una exigencia perfectamente legítima: que García Repper explique, por las vías y ante las personas legalmente procedentes, si la institución aplica el mismo estándar de diligencia cuando los señalamientos alcanzan a antiguos funcionarios y cuando llegan a la familia del gobernador acusada de extorsion.

Porque una fiscalía autónoma no acredita independencia por el volumen con que habla de los de ayer, sino por la seriedad con que investiga también a los de hoy por las mismas conductas de ayer.

El parentesco no demuestra culpabilidad. Tampoco debería funcionar como suspensión de actividades del Ministerio Público.

La denuncia de Yahleel sí tiene cauce; su éxito no viene incluido

Abdala asegura que acudió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a la Fiscalía de Delitos Electorales por abuso de autoridad y violencia política en razón de género. Describe acoso, intimidación, difamación, invención de hechos, persecución y represión.

En el frente de abuso de autoridad, su planteamiento puede tener viabilidad si logra traducir las acusaciones generales en actuaciones concretas que encuadren en alguna conducta prevista por el Código Penal de Tamaulipas. Este contempla, entre otros supuestos, violencia sin causa legítima, vejaciones o insultos cometidos por servidores públicos con motivo de sus funciones, así como determinadas negativas o retrasos indebidos de protección o servicios. No todo acto ministerial que una investigada considere injusto constituye automáticamente ese delito.

Para sostener esa vertiente habría que establecer quién hizo qué, cuándo lo hizo, con qué atribuciones actuó y qué datos permiten considerar ilícita su conducta. Una investigación deficiente, una interpretación jurídica equivocada y una fabricación deliberada no son lo mismo.

Violencia política de género

La segunda vertiente enfrenta una exigencia adicional. La legislación define la violencia política contra las mujeres en razón de género a partir de acciones u omisiones que menoscaban derechos políticos y electorales y que contienen elementos de género: que se dirijan contra una mujer por ser mujer, la afecten desproporcionadamente o produzcan un impacto diferenciado. El artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece las conductas penalmente sancionables.

Esto significa que demostrar hostilidad política no basta, por sí solo, para demostrar violencia política en razón de género.

Si Abdala acredita amenazas, intimidación u otros actos dirigidos a impedir el ejercicio de sus derechos políticos, y además demuestra el componente de género y su encuadre en una conducta penal concreta, la denuncia puede adquirir consistencia. Si únicamente acredita una confrontación partidista o irregularidades ministeriales sin ese componente, la clasificación de género podría no sostenerse, aunque los hechos todavía pudieran examinarse desde otras responsabilidades.

La comparación con la denuncia y la inaccion contra la esposa del gobernador justifica el escrutinio de una posible aplicación selectiva de la justicia.

Abdala cierra su mensaje con una advertencia política —“no me escondo, no me callo y no me rindo”— y responsabiliza anticipadamente a quienes acusa si los ataques aumentan.

Si Anticorrupción tiene pruebas contra Yahleel, debe sostenerlas ante un juez sin encono partidista,la especialidad de la «caza». Si sus funcionarios abusaron del cargo, deben responder por ello. Y si existen denuncias contra la familia del gobernador, deben recibir el tratamiento legal que corresponda, sin linchamiento, pero también sin servicio de guardarropa para expedientes incómodos de la parentela en el poder que gobierna sin haber sido votados en las urnas.

La justicia no puede presumir dientes frente a la oposición y pedir anestesia cuando el expediente se acerca a Palacio. Esa selectividad hay que demostrarla; exigir que se esclarezca no requiere permiso del fiscal.

¿Por qué fiscalía corrupta?

Una fiscalía puede incurrir en corrupción no solo por fabricar acusaciones o cobrar sobornos, sino también por proteger deliberadamente a determinadas personas mediante el uso —o el abandono calculado— de sus atribuciones.

Si Garcia Repper evita investigar a familiares del gobernador precisamente por su parentesco, deja de administrar una función pública con imparcialidad y la convierte en una ventaja privada: protección frente al escrutinio penal. La obligación ministerial es investigar los hechos con objetividad y diligencia, no seleccionar a los investigables según su cercanía con el poder al que se arrastra a sus ordenes.

Con información: @YahleelAbdalaC/