El ex director del CISEN, Guillermo Valdés Castellanos, reaparecio en escena con el entusiasmo del converso que predica en contra de sus propios pecados institucionales. Desde un foro de Somos México —un aspirante a partido político que suena a reciclaje patriótico con nombre de ONG—, el hombre que alguna vez encabezó el CISEN,la policía política del régimen priista, ahora se presenta como el gurú de la despolitización de la seguridad.
Con tono grave, Valdés advierte que la clave para debilitar a las “poderosísimas organizaciones criminales” es romper el pacto de protección política que las sostiene. Lo dice como si no hubiera sido precisamente el viejo aparato de inteligencia —esa herencia de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora del CISEN y el actual CNI ,conocida en los 70 como el primer cartel del Estado— el que incubó esa simbiosis entre poder político y crimen.
Y en efecto, suena poético: “hay que meter a la cárcel igual al Mencho que a los gobernadores y funcionarios que lo protegen”. Un llamado audaz… si no viniere del heredero institucional de los mismos que camuflaron narcos en nómina federal. Porque el CISEN, dirigido por Valdés entre 2007 y 2011 bajo el sexenio de Felipe Calderón, fue el cerebro técnico de la “guerra contra el narco”, esa brillante estrategia que multiplicó las fosas comunes, los desplazamientos y el caos, pero jamás fracturó las redes político-criminales,como esta ocurriendo actualmente.
Ahora, reinventa el discurso desde el púlpito moral: pide duplicar el presupuesto de seguridad, desmilitarizar la Guardia Nacional (que, curiosamente, nació del modelo que su propio gobierno engendró), y convocar un Acuerdo Nacional por la Paz, la Seguridad y la Justicia. La propuesta es tan solemne como familiar: un nuevo pacto que nadie firmará, un consenso que todos invocan y que ningún gobierno ejerce.
Valdés diagnostica con precisión quirúrgica los síntomas que él mismo ayudó a agravar: 20 años de fracasos, militarización crónica, falta de visión unificada. Es como si el médico que recetó veneno ahora ofreciera homeopatía.
En su cruzada por la reconciliación nacional, omite con elegancia que el CISEN —su CISEN— persiguió periodistas, filtró información política y blindó a los aliados del régimen mientras servía informes “de inteligencia” para justificar operativos desastrosos.
Cuando afirma que “la seguridad pública debe volver a ser civil”, el eco resuena como resaca calderonista. Viene de quien formó parte de la primera camada de tecnócratas que consolidaron la subordinación del aparato policiaco al mando político. Y ahora pide “civilizar” al Estado, como si las instituciones no se hubiesen deshumanizado precisamente bajo aquel paradigma de “guerra por datos”.
En resumen: Valdés Castellanos emerge del pantano histórico de la inteligencia mexicana para exigir limpieza moral sin ofrecer catarsis institucional. El nieto de la DFS y padre del CNI da lecciones de ética a los que heredaron su modelo de opacidad. Es el espía jubilado que ahora se escandaliza de lo que él mismo monitoreó durante años: el matrimonio eterno entre crimen y política.
Una ironía finísima, casi elegante: el arquitecto de la vigilancia estatal propone un “Nuevo Acuerdo Nacional por la Paz”, como si el país confiara otra vez en los constructores del viejo laberinto.
La FGR logró lo imposible: que la “Reina del Pacífico”,sobrina del capo de capos, Miguel Angel Felix Gallardo, terminara viéndose más seria que la propia Fiscalía que fiel a su desempeño en tribunales,volvió a perder .
Del gran golpe… al ridículo administrativo
En 2003 la entonces PGR aseguró con bombo y platillo tres departamentos en San Nicolás Totolapan, en CDMX, como “trofeo” de la guerra contra el narco: inmuebles 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, Magdalena Contreras. Eran el típico souvenir institucional: fotos, conferencias, narrativa de victoria y la promesa de que el Estado sí podía meterle mano al patrimonio del narco.
Luego vino la realidad judicial: en 2014 se ordenó devolver los inmuebles a Sandra Ávila Beltrán, en la averiguación previa 966/MPFEADS/2002, y se instruyó “a la brevedad” cancelar cualquier carga sobre las propiedades. “A la brevedad”, versión FGR, significó más de una década de hacerse güey.
La Reina contra el reino de papel
Mientras la FGR vendía la idea de que ya había cumplido, Sandra Ávila tuvo que irse al amparo para exhibir que, en los hechos, nadie le entregaba nada. El Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo de María del Carmen Sánchez Cisneros, primero sobreseyó el juicio dando por buenos los dichos de la Fiscalía, como si los oficios bastaran para sustituir las llaves.
Pero la terquedad de la Reina del Pacífico le ganó a la pereza institucional: el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal le tiró la resolución a la jueza y le ordenó reponer el procedimiento, exhibiendo que las presuntas “acciones de cumplimiento” de la FGR no alcanzaban para justificar años de omisión. Al final, no fue la “mano dura” la que habló, sino el expediente que gritaba que la Fiscalía llevaba una década pateando el caso.
Cuando el trofeo regresa a su dueña
Ya sin mucho margen para seguir fingiendo demencia, la FGR terminó presentando documentos en juzgado para acreditar que por fin cancelaba el aseguramiento de los inmuebles y procedía a devolver los tres departamentos a Sandra Ávila. Lo que un día se presumió como golpe ejemplar al Cártel de Sinaloa terminó convertido en boomerang judicial: el Estado cargando con el oso de regresar propiedades aseguradas hace más de 20 años.
La Reina del Pacífico, vinculada al Cártel de Sinaloa, absuelta en 2010 por falta de pruebas en un caso de cocaína, extraditada, condenada y luego deportada de EU, terminó navegando mejor el pantano judicial mexicano que la propia Fiscalía que presumía haberla doblegado. Mientras tanto, la FGR confirmó su especialidad: no tanto combatir al crimen, sino perderle juicios y convertir “golpes históricos” en castillos de arena procesal.
La vitrina vacía de la “justicia”
El mensaje hacia afuera es demoledor: lo que el Estado un dia te presenta como victoria, muchas veces es sólo un decomiso en pausa o un fracaso en ciernes, a la espera de que un tribunal ponga las cosas en su lugar… y deje al gobierno en ridículo. La narrativa oficial de “coordinación y resultados que devuelven confianza” suena a sarcasmo involuntario cuando la misma institución tiene que regresar inmuebles de un caso icónico porque simplemente no hizo su chamba a tiempo.
Al final, la Reina del Pacífico no sólo les ganó en Miami minutos de serie y titulares; también les ganó en tribunales mexicanos, obligándolos a reconocer que el gran botín del discurso anticrimen nunca dejó de tener dueña. Y así, mientras en conferencias se habla de “Estado fuerte”, en los juzgados se firma la crónica de siempre: la Fiscalía General de la República, campeona nacional en perderle procesos a las historias que antes presumió como ejemplo.
A más de un año del numerito cinematográfico que el Gobierno federal que encabeza Morena y Claudia Sheinbaum armarón para clausurar la plaza Izazaga 89 —con marinos bien armados, conferencias y selfies patrióticas incluidas—, el centro comercial sigue vivito, coleando y repleto de mercancía «made in quien sabe dónde», porque lo importante, al parecer, no era limpiar nada sino salir bien en la foto.
En noviembre de 2024, cuando Donald Trump todavía saboreaba su regreso a la Casa Blanca y amenazaba con aranceles para todo lo que oliera a China, el gobierno mexicano reaccionó como alumno nervioso frente al maestro: desplegó más de cien elementos, marinos con rifles y funcionarios con chalecos tácticos para asegurar que el operativo pareciera más Top Gun que aduana.
Marcelo Ebrard, entonces flamante secretario de Economía, prometió que el edificio sería sometido a extinción de dominio. «Llegaremos hasta las últimas consecuencias», juró frente a las cámaras.
Y bueno… las últimas consecuencias duraron unos cuatro meses. En marzo del año siguiente, el mismo inmueble reabrió con la misma mercancía, los mismos pasillos y probablemente los mismos locatarios. Izazaga 89 volvió a ser lo que siempre fue: la catedral del comercio apócrifo en pleno Centro Histórico.
Hoy, rumbo al Mundial 2026, el lugar luce sus mejores colores: cientos de playeras “oficiales” de la Selección Mexicana a 200 pesos con logotipos de Adidas que solo aprobaría un diseñador en su peor día. Pero eso sí, como dice el vendedor, “es clon, pero de buena tela”. México mágico: donde hasta la piratería presume calidad.
Mientras la presidenta Sheinbaum inaugura foros de “transparencia” y el Instituto de la Proteccion Industrial (IMPI) a cargo de Santiago Nieto presume campañas contra la falsificación, la plaza símbolo del contrabando sigue abierta, con música pop asiática y facturas invisibles. Pero calma: lo importante no es que el gobierno cumpla, sino que parezca cumplir. Así que sí, todo en orden en el desorden.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ayer encabezó la conmemoración del 219 aniversario del natalicio de Benito Juárez García en Guelatao, Oaxaca, destacando que el pensamiento de Juárez sigue siendo el pilar ideológico de la Cuarta Transformación en México.
Pero de dicho al hecho hay mucho trecho
La 4T usa a Don Benito Juárez como santo patrono mientras dinamita, uno por uno, los pilares juaristas: república civil, Estado laico, legalidad e igualdad ante la ley.
1. Juárez y el mito oficial
Juárez no es solo la efigie en el billete, es un programa político:
República civil vs. tutela militar.
Estado laico vs. moralización religiosa del poder.
Legalidad constitucional vs. caudillismo y consulta a mano alzada.
Ciudadano igual ante la ley vs. clientela del líder.
Ese Juárez histórico es el que Morena y la 4T juran venerar en cada mañanera, mientras en la práctica reinstalan un presidencialismo teológico-militar que se parece más al siglo XIX conservador que a la Reforma.
2. Estado laico vs. púlpito en Palacio
En la Reforma, el Estado se separa de los altares para impedir que la moral religiosa se convierta en política pública. En la 4T, el púlpito se mudó a Palacio Nacional:
Difusión de la llamada “Cartilla Moral” como documento orientador de la vida pública, con base en valores explícitamente religiosos y moralizantes, criticado por académicos como un uso confesional del poder.
Discurso presidencial de “regeneración moral” del pueblo, sustituyendo política pública verificable por catecismo cívico-religioso.
Mientras Juárez acotó la influencia de las iglesias en la decisión estatal, la 4T abre la puerta a liderazgos religiosos aliados, bendiciones públicas de proyectos y uso de lenguajes “cristianos” de perdón, obediencia y sacrificio para justificar omisiones del Estado.
3. República civil vs. militarización juarista al revés
Juárez peleó por que el poder militar se subordinara al civil, no que lo sustituyera. La 4T hizo exactamente lo contrario:
La militarización de la seguridad pública se consolidó con la Guardia Nacional de composición mayoritariamente castrense, formalmente trasladada a Sedena,hoy Defensa, en un modelo que organizaciones civiles señalan como continuidad y agravamiento del uso de militares en tareas de policía que han sido un rotundo fracaso.
El análisis de militarización 2018‑2025 documenta que tanto el gobierno de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum inscriben en sus planes de gobierno el uso sistemático de Fuerzas Armadas como eje de la seguridad pública.
Lejos de “volver a los cuarteles” a los que presumían iban a regresar, se normalizó que militares administren puertos, aeropuertos, aduanas, obras estratégicas y seguridad interna, creando un poder fáctico armado, opaco y con negocios propios, exactamente lo que el liberalismo juarista pretendía detener.
4. Legalidad juarista vs. impunidad y corrupción
Juárez se sostiene en la idea de ley escrita, procedimientos y límites al gobernante; el morenismo se sostiene en la idea de “honestidad” del líder como sustituto de controles.
En el Índice de Percepción de la Corrupción, México cayó de su mejor marca de 35 puntos en 2014 a 27 puntos en 2025 y se colocó en el lugar 141 de 182 países, un retroceso de ocho puntos en nueve años, pese al discurso de fin de la corrupción de la “transformación”.
Transparencia Internacional enfatiza que la caída está asociada a sobornos, malversación, nepotismo, captura del Estado y falta de acceso a información, justo lo que Juárez pretendió contener con leyes y división de poderes.
Mientras el oficialismo repite que “cuando no hay corrupción alcanza para más”, los datos internacionales documentan un país más corrupto que hace una década y con instituciones de control debilitadas.
5. Igualdad y derechos vs. militarización migratoria y violencia
El juarismo habla de igualdad ante la ley y protección de derechos; la 4T aplica un realismo cínico contra quienes menos voz tienen.
En política migratoria, informes sobre la Guardia Nacional señalan que México optó por una estrategia militarizada de contención, usando cuerpos armados como aparato de control y deportación, en contra de la normativa migratoria y del derecho internacional de derechos humanos.
El reporte “Bajo la bota». Militarización de la política migratoria en México” documenta uso de criterios racistas en detenciones, expulsiones colectivas y trato ilegal a solicitantes de asilo, incluyendo familias con niñas y niños, lo que viola la prohibición constitucional de discriminación.
En la retórica juarista de la 4T, “primero los pobres”; en la práctica, primero los militares y primero el dispendio del oficialismo en trenes y aeropuerto que no solo no dejan un solo centavo, engullen multimillonarios subsidios.
6. Libertad, prensa y verdad vs. hostigamiento sistemático
Un liberalismo sin libertad de imprenta es una farsa; el juarismo 4T se sostiene castigando al que documenta la realidad.
Artículo 19 registró 3,408 agresiones contra periodistas en el sexenio de López Obrador, con al menos 46 casos de violencia letal, cuatro desapariciones y 34 intentos de asesinato; el propio Estado es el principal agresor con 1,559 agresiones (45.75% del total).
Solo en 2024 se documentaron 639 agresiones contra la prensa y cinco periodistas asesinados, lo que implica un incremento de 13.9% respecto al año anterior y un promedio de una agresión cada 14 horas.
Es difícil sostener el discurso de “Juárez, la prensa libre y el pueblo informado” cuando cada 14 horas alguien agrede a un periodista y casi la mitad de esos ataques proviene de autoridades que juran seguir el legado liberal.
7. Paz juarista vs. país desangrado
La promesa morenista de una paz basada en justicia social terminó en la administración más violenta de la historia moderna.
Cálculos periodísticos y registros oficiales reportan alrededor de 200,000 homicidios dolosos en el sexenio de López Obrador, con días que rebasaban los 100 asesinatos, sobre un país con redes crecientes de desaparecidos que no han desaparecido,han crecido,causalmente mientras homidicios dolosos,dicen van a la baja, pero 32 mil en 2025,no es ningun consuelo en el ahorro de formol.
El resultado práctico es un Estado que recita a Juárez mientras renuncia a su obligación básica: garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos.
La reciente echada a la calle con cara de renuncia de Francisco «Paco» Cuellar, ahora ex-jefe de comunicación social que fungía de vocero del Gobierno de Morena de Americo Villarreal en Tamaulipas,debe entenderse como mero saldo de un escandalo multimillonario, de un quebranto al dinero del pueblo que fue resuelto en «famiglia», al mas puro estilo de la mafia italiana que protege a los suyos, alla la «Cosa Nostra» y aqui, «nuestra cosa».
Co preambulo,un reciente Informe de Articulo-19, usó a Tamaulipas como ejemplo de cómo un estado mal gobernado convierte la publicidad oficial en herramienta de control político y despilfarro, no en política de información pública ,alterando los montos aprobados para ese propósito en hasta un 1,723.5% y nadie frunce las cejas, porque quienes deberian hacerlo en tu favor,tambien estan en el ajo.
Ejes clave del informe en el caso Tamaulipas
Tamaulipas aparece entre las entidades que más concentran el gasto estatal en publicidad oficial, dentro del grupo que, sumadas, superan incluso al gasto federal.
El patrón que describe ARTICUlO 19 es: presupuestos iniciales relativamente contenidos y después ampliaciones brutales, superando varias veces lo aprobado, con especial énfasis en gasto de cierre de año (“gasto decembrino”)
En el paquete de estados señalados (Tamaulipas, Estado de México, Puebla,y Veracruz) se dispara el gasto muy por encima del 1000% de lo autorizado, lo que evidencia discrecionalidad, ausencia de planeación y uso político del dinero.
Se documenta concentración del gasto en pocos proveedores “estrella”, algunos con montos tan altos que, si fueran federales, estarían entre los más beneficiados de todo el país, reforzando la idea de redes de favores y posibles empresas fachada.
ARTICULO 19 subraya que estos patrones –sobreejercicio, concentración, picos en diciembre y uso sin criterios claros– permiten condicionar líneas editoriales, premiar medios dóciles y castigar a los críticos, es decir, usar la pauta como mecanismo indirecto de censura.
El caso de Tamaulipas se inserta en un contexto nacional donde la Ley General de Comunicación Social fue declarada inconstitucional por no tener criterios claros de asignación, pero los congresos locales y el federal siguen en desacato, dejando la puerta abierta a la coacción vía publicidad oficial.
Pero mas alla de que si la «matriarca» de Tamaulipas,esposa del Gobernador Villarreal Anaya due la autora de su cese justificado,valdria la pena escuchar las palabras de despedida romantica del corruptor «Paco de las pacas», que ya se fue, pero la corrupcion se queda con el relevo Nayarita Gerardo Algarin Hernandez ,que contradice la promesa del gobernador que solo cumple años y que decia en campaña en 2022,que su gabinete sería de Tamaulipas.
“¿Qué tal, amigas y amigos? En la vida hay ciclos que se cumplen y deben cerrarse con responsabilidad.”
Traducción simultánea: “¿Qué tal, proveedores, plumas domadas y medios de prepago? Hay ciclos donde el negocio se pone tóxico y hay que bajarse del tren antes de que llegue el MP.”
“Hoy, en lo personal y en lo profesional, he decidido cerrar una etapa.”
No la cerraste, te la cerraron. El “ciclo” se llama: informe de ARTICULO 19 que exhibe que no había difusión sino coacción; facturas que huelen a facturera; y un gobernador que ya necesitaba otro operador para seguir aceitando a la prensa de hambre con dinero público.
“Les informo que presenté mi renuncia al Gobernador Américo Villarreal Anaya al cargo de Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado.”
Le “presentaste” lo único que sí pudiste presentar sin CFDI: la renuncia redactada como si fueras prócer de la libertad de expresión. Mientras ARTICULO 19 retrata a Tamaulipas como laboratorio de cómo se usa la publicidad oficial para premiar paleros y castigar críticos, con Américo y tú en la cúspide del gasto para matar el hambre de la prensa de prepago.
“Fueron tres años y medio de trabajo intenso, sin contar el tiempo en que iniciamos al lado del doctor Américo este gran proyecto para transformar Tamaulipas.”
Trabajo intenso sí hubo: intensas órdenes de no publicar, intensas listas de quién cobra y quién se queda sin chayote, intensa ingeniería de empresas fantasma cobrando más de 10 millones mensuales durante 40 meses —más de 400 millones desviados en nombre de la “transformación”. Eso no transforma Tamaulipas; transforma la nómina del periodismo domesticado
“Fue una experiencia extraordinaria, rica en aprendizajes que me permitieron crecer en lo profesional como persona y como periodista.”
Aprendiste que con publicidad oficial se puede construir un tren de vida de lujos y un “sueño americano en suelo tamaulipeco”, mientras se simula que se defiende la libertad de expresión. ARTICULO 19 lo resume mejor que tu carta: no comunican, extorsionan políticamente con el presupuesto.
“Y como lo expresé en el último festejo del Día del Periodista ante decenas de colegas del Estado, ejercí el oficio desde otra óptica y desde otra trinchera.”
Otra “óptica”: desde la ventanilla que decide quién come y quién no, a billetazos del erario. Otra “trinchera”: la del gobierno que se vende como humanista mientras en los hechos opera un esquema de coacción a medios que encaja perfecto con el informe de ARTICULO 19: no hay difusión, hay presión aceitadas con dinero de contribuyentes.
“El periodista nace, crece y muere siendo periodista. Por eso, cuando estuve en el servicio público, nunca dejé de ser lo que he sido toda mi vida, periodista.”
El problema no es que hayas dejado de ser periodista; es que usaste la credencial para encubrirte como vocero del chayote institucional. Un periodista que administra convenios para silenciar críticas no “muere periodista”: se recicla en operador de coacción con disfraz de reportero.
“Hoy cierro un ciclo profesional.”
Ese “ciclo” coincide sospechosamente con:
Denuncias de “empresas fantasma” que cobran más de 10 millones al mes.
Un informe de ARTICULO 19 donde sales en la foto como Paco de las Pacas, operador de un sistema en el que “no están pagando publicidad: están pagando para que Tamaulipas parezca menos roto en los encabezados.”
No es ciclo; es fuga controlada del barco antes del naufragio.
“Quiero compartirles que durante estos tres años y medio enfrenté retos, aprendizajes y momentos complejos. Siempre con entrega plena y compromiso absoluto.”
Retos: cómo cuadrar facturas, cómo maquillar convenios y cómo disfrazar coacción de “estrategia de comunicación”. Compromiso absoluto: sí, pero con la protección de la imagen del gobernador usando la chequera del pueblo para matar la hambre a la prensa dócil.
“Porque tuve como referente a un gobernador incansable, honesto y comprometido con la transformación del Estado.”
Incansable, sí: en gastar en publicidad oficial para lavarle el rostro de tanto rastro de putrefacción y construir un relato donde “en Tamaulipas el periodista pregunta y critica sin miedo” mientras el informe de ARTICULO 19 y las denuncias ciudadanas documentan que el presupuesto se usa para premiar aliados y castigar críticos. Honesto, sólo en el eslogan.
“Enfrenté campañas negras que buscaron manchar mi nombre y el de mi familia.”
Denuncias públicas de factureras y empresas fantasma.
Investigaciones que hablan de más de 400 millones canalizados en 40 meses a estructuras opacas, perfectamente alineado con “no hay difusión, hay coacción”.
No son campañas; son evidencias incómodas.
“Nunca respondí porque en el servicio público se debe de actuar con prudencia y tolerancia y porque así es la naturaleza de la función pública.”
Nunca respondiste porque no había forma de explicar cómo, con tu “prudencia”, Tamaulipas acabó en la punta de la lista nacional de los que más gastan matando el hambre de la prensa de prepago. La verdadera “naturaleza” de tu función fue administrar un sistema de premios y castigos a medios pagado con dinero de contribuyentes.
“Siempre actué con honestidad y cuidé responder a la confianza de quien me dio la oportunidad y privilegio de ser su vocero, el gobernador Américo Villareal.”
Actuaste con honestidad… hacia el pacto de silencio. La confianza que cuidaste fue la del gobernador del chayote, no la de la ciudadanía que ni te eligió ni aprobó que el presupuesto sirviera para crear un ecosistema mediático de prepago donde se compra la línea editorial a punta de convenios.
“Agradezco al equipo de trabajo del gobernador, al grupo de colaboradores que me acompañó sin descanso para cumplir esta encomienda…”
Ese “equipo” es el mismo que, según denuncias, operó empresas fantasma, CFDI que huelen a factureras y pagos clonados, todo orientado a alimentar el monstruo de la comunicación de ficción donde el gobierno siempre gana y el periodismo crítico se castiga. La encomienda: que Tamaulipas parezca menos roto en los medios, aunque se siga rompiendo en la realidad.
“y de manera especial a las y los dueños de los medios de comunicación, así como a todo el gremio periodístico de Tamaulipas y del país a quienes procuré dar siempre un trato digno y respetuoso.”
“Trato digno y respetuoso” en tu diccionario: si te alineas, hay convenio; si criticas, no hay pauta. ARTICULO 19 lo deja mas que claro: coacción con presupuesto. La dignidad no se mide en convenios, se mide en la capacidad de publicar sin pedir permiso al vocero del gobernador.
“Regreso a donde pertenezco, al periodismo. Vuelvo a ejercerlo con una madurez que me obliga a ser más ético, más responsable y más comprometido con la verdad y la objetividad.”
Vuelves al periodismo con el expediente de haber sido operador central de un sistema de compra de silencios y del que piensa seguir viviendo. La única forma de que eso se traduzca en “más ético” es que cuentes todo: facturas, montos, empresas, acuerdos de coacción y nombres de los medios que comieron del plato del chayote oficial en contra del interés del pueblo, como le llama tu humanismo cuatritransformador. Sin eso, el “compromiso con la verdad” suena a slogan propio.
“Porque si algo aprendí en este tiempo fue a comprender la complejidad de la tarea pública que muchas veces desde otro lado no se alcanza a dimensionar.”
La complejidad que aprendiste es otra: cómo se utiliza la publicidad oficial como herramienta de control político, cómo se dobla un medio con un convenio, cómo se margina al que no se vende. Eso sí no se “dimensiona” desde fuera: sólo lo conoce quien tuvo acceso al Excel con pagos clonados y al catálogo de plumas de prepago.
“Gracias, gobernador Américo Villareal. Quiero decirle que desde donde me encuentre defenderé su causa, su compromiso y su convicción de servir y hacer el bien a las y los tamaulipecos.”
Defenderás su causa… pero no explicas por qué un gobierno que se jacta de respetar la libertad de expresión aparece como ejemplo de cómo se usa la publicidad para extorsionar políticamente. Servir y hacer el bien implicaría transparentar a detalle el gasto en comunicación social y desmontar la maquinaria de coacción, no blindarla con cartas de despedida.
“Creo en este movimiento que inició hace ocho años. Hoy se cierra una etapa, pero no al compromiso.”
El movimiento que dices creer presume “no hay líneas editoriales dictadas desde el poder ni condicionamiento”, mientras el propio informe de ARTICULO 19 y las denuncias sobre facturas infladas muestran exactamente lo contrario: un gobierno que premia paleros y castiga críticos con dinero público. Tu compromiso es con esa versión torcida del “humanismo”.
“Seguimos en el camino con la misma convicción de servir, informar y actuar con responsabilidad.”
Servir: al jefe político. Informar: lo que convenga a la narrativa oficial. Actuar con responsabilidad: hacia el proyecto que convirtió la coordinación de comunicación en una lavandería de imagen carísima, mientras Tamaulipas sigue con sus problemas reales en seguridad, corrupción y pobreza.
“Gracias a todas y a todos. Nos seguiremos viendo.”
Claro que nos seguiremos viendo: en las investigaciones que faltan sobre el desfalco en comunicación social y, si hay suerte, en declaraciones ante autoridades que quieran entender por qué se montó un esquema de más de 400 millones desviados bajo la etiqueta de “difusión”.
¿Y quién es Gerardo Algarín, el relevo?
El relevo no viene a desmontar el sistema, viene a afinarlo.
Es un profesional de Nayarit especializado en comunicación social, política y producción audiovisual, con trabajo previo en ese estado.
Se describe como “estratega y consultor en comunicación política y empresarial”, asociado a “Contenido y Medio”, ayudando a gobiernos y empresas en estrategias de contenido y medios.
Ha sido director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tepic y ha trabajado en la Unidad de Comunicación Social del Congreso de Nayarit; también fue jefe de departamento de diseño audiovisual en producciones de televisión.
Produce “El Podcast de Gerardo Algarín” y mantiene un blog sobre comunicación, periodismo digital, contenidos y opinión, con énfasis en análisis de conversación pública y entorno político.
Ya fue designado como nuevo titular de la Coordinación/Coordinación General de Comunicación Social del Ejecutivo de Tamaulipas, en un movimiento que tomó por sorpresa al gremio local y que lo vincula al equipo de estrategia política del gobernador que también cobra con factureras fantasma.
Es decir: un operador profesional de narrativa, redes y contenidos, importado de Nayarit para dirigir “las estrategias de difusión y comunicación del gobierno estatal”, justo en una oficina exhibida por ARTICULO 19 como punta de lanza del uso de publicidad oficial para coaccionar medios.
El sistema no cambia de vocación: solo cambia de gerente. Ayer el encargado de “que la prensa no hable con la boca llena de billetes” se apellidaba Cuéllar; hoy se llama Algarín y llega con currículum de estratega político, no de garante de libertad de expresión.
