Felipe Calderón arremete contra López Obrador y el gobierno de Morena, pero cuando Adela Micha pone sobre la mesa a García Luna, el expresidente cambia el terreno de la discusión: de lo que él sabía a lo bien que los estadounidenses trataban a su secretario de Seguridad. Su defensa cabe en tres argumentos: lo condecoraban, compartían información con él y nunca le pidieron extraditarlo. Dicho sin envoltura: si Washington le abría la puerta, ¿por qué él habría de cerrársela? Esa es la lógica de su respuesta, no una explicación de los controles que ejerció sobre su colaborador.
La pregunta de Micha apuntaba a la responsabilidad presidencial: recuerda la frase de López Obrador de que nada ocurre en un gobierno sin que el presidente se entere y vuelve a interrogarlo sobre García Luna. Calderón contesta destacando su interlocución con las agencias estadounidenses y asegura que, de haber recibido una solicitud de extradición, lo habría entregado. El recurso tiene una comodidad evidente: el «yo lo hubiera entregado» describe una decisión hipotética; no responde qué supo, qué investigó o qué supervisó mientras gobernaba.
Rocha Moya: de la defensa propia al contraataque
Calderón utiliza el caso de Rocha Moya para marcar una diferencia entre su administración y la actual. Según sostiene en la entrevista, contra Rocha y otras nueve personas ya existe una actuación judicial estadounidense que debería llevar al gobierno mexicano a proceder. Desde esa premisa, exige que vaya ante la corte y remata con el «que nada debe, nada teme». Así construye su acusación de protección: a él, argumenta, no le solicitaron entregar a García Luna; al gobierno actual le reprocha no actuar ante lo que afirma que ya se solicitó.
El golpe político está claro: Calderón quiere que la diferencia sea entre un presidente que asegura que habría colaborado y un gobierno al que acusa de no hacerlo. Pero el contragolpe no liquida la pregunta original. Comparar solicitudes de extradición no equivale a explicar la vigilancia presidencial sobre un secretario de Seguridad
Harfuch: el parecido está en el trato, no en una culpabilidad
Aquí aparece el paralelismo con Omar García Harfuch, y conviene hacerlo sin fabricar equivalencias: el parecido documentable está en la interlocución privilegiada, el intercambio de inteligencia y el reconocimiento público de Estados Unidos. En marzo de 2026, Harfuch sostuvo reuniones en Washington con los directores de la DEA y del FBI para abordar la cooperación en seguridad. En agosto, el director de la DEA, Terry Cole, lo presentó como un «socio de confianza» y un «buen amigo» de Estados Unidos.
Ese trato recuerda precisamente las credenciales que Calderón invoca para defender su confianza en García Luna: cercanía con las agencias, información compartida y reconocimiento estadounidense. No se trata de afirmar que ambos funcionarios sean iguales, sino de advertir que el mismo tipo de aval puede convertirse en escudo político. Calderón lo utiliza retrospectivamente; el reconocimiento a Harfuch muestra que Washington sigue distinguiendo públicamente a sus interlocutores mexicanos en seguridad.
La conclusión no es que Harfuch deba cargar con las responsabilidades de García Luna. Es que una reunión con el FBI, un elogio de la DEA o una relación estrecha de cooperación no deben confundirse con una auditoría independiente de la conducta de un funcionario. El apretón de manos acredita una relación institucional; convertirlo en absolución es otra cosa.
Ni siquiera Calderón mete a los dos gobiernos en el mismo saco
La entrevista también contiene un matiz que el estruendo del título puede esconder: Calderón reconoce que las áreas de seguridad del gobierno actual están intentando rectificar errores o complicidades del pasado reciente. Su crítica más dura apunta a la estrategia del sexenio de López Obrador y a una reforma judicial que, según sostiene, obstaculiza la reconstrucción institucional. Es decir, distingue entre la política anterior y los esfuerzos actuales de seguridad, aunque cuestione al gobierno en otros frentes
En conjunto, combina una defensa de su trayectoria democrática y de su honestidad personal con acusaciones de corrupción, deterioro institucional y endeudamiento contra Morena; también reprocha a la oposición haberse quedado administrando cargos en lugar de reconstruir una base ciudadana.
Pero el núcleo más revelador para entender su postura sobre García Luna está en otro lado: cuando le preguntan por su responsabilidad, saca la credencial de Washington. Y esa credencial, ayer como hoy, merece escrutinio, no reverencia.
La entrevista completa:
Con información: La Saga/Adela Micha/
