«PURO VATO MACIZO: PASARON del CÁRTEL al ESTRADO en EE.UU para NEGOCIAR la LEALTAD, pero en MÉXICO PRESUMÍAN que TRAGABAN LUMBRE»… ahora no se callan.

En el narco mexicano, la lealtad suele durar hasta que aparece una acusación federal en Estados Unidos. Entonces, los secretos de socios, jefes y familiares pueden convertirse en moneda de cambio: el acusado admite delitos, ofrece información y espera que la fiscalía considere su colaboración al momento de la sentencia. No es una absolución automática ni una rebaja garantizada. Es una negociación, y varios nombres del Cártel de Sinaloa y del entorno del CJNG ya pasaron por ella. 

Sinaloa: secretos de familia

Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El MayoZambada, fue detenido en Ciudad de México en marzo de 2009 y extraditado un año después. En abril de 2013 se declaró culpable y acordó colaborar con las autoridades estadounidenses. Entre otras cosas, testificó contra Joaquín El Chapo Guzmán en su juicio de Nueva York. Su nombre dejó de aparecer en los registros penitenciarios federales en 2021. 

La familia aportó otro testigo: Reynaldo El Rey Zambada García, hermano de El Mayo. Tras su arresto en 2008, pasó cuatro años en el penal del Altiplano antes de ser extraditado. Admitió su papel en el tráfico de cocaína del Cártel de Sinaloa y declaró en los juicios de El Chapo y del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Salió de prisión en 2020. En esa organización, por lo visto, ni el parentesco resistió el peso de un expediente federal. 

También colaboró Felipe Cabrera Sarabia, El Inge, dirigente de la facción conocida como los Cabrera Sarabia. Se declaró culpable en 2023 de un cargo relacionado con tráfico de heroína y, según información obtenida por Milenio, participó en al menos cuatro encuentros en los que habló de sus operaciones junto a El Mayo. Salió de prisión el 4 de septiembre de 2026. 

Los hermanos Pedro y Margarito Flores operaban desde Chicago como importantes distribuidores de cocaína para el Cártel de Sinaloa. En 2008, mientras seguían dentro del negocio, comenzaron a colaborar con la DEA; ese noviembre se entregaron a Estados Unidos. Sus grabaciones y testimonios contribuyeron a formalizar más de 19 casos contra más de 50 personas, entre ellas El Mayo, El Chapo y Arturo El Barbas Beltrán Leyva. Ambos están libres, pero deben volver a testificar si su acuerdo se los exige. 

Del Milenio al CJNG

Óscar Orlando El Lobo Nava Valencia, antiguo líder del Cártel del Milenio, fue arrestado en Guadalajara en 2009 y extraditado años después. Como testigo colaboró en causas relacionadas tanto con Sinaloa como con el cártel jalisciense. Declaró en el juicio de García Luna, en la audiencia de sentencia de Gerardo Lalo González Valencia —vinculado a Los Cuinis— y en el proceso contra Rubén El Menchito Oseguera González. Salió de prisión en diciembre de 2023 bajo protección de testigos. 

Su antiguo contador y mano derecha, Elpidio El Pilo Mojarro Ramírez, terminó en una ruta parecida. Encabezó La Resistencia, célula que intentó frenar el ascenso de Nemesio El MenchoOseguera y Los Torcidos. Después se volvió informante estadounidense mientras continuaba traficando cocaína por su cuenta; en 2018 se entregó. 

Según Milenio, participó en el juicio de El Menchito, en la audiencia de Lalo González Valencia y proporcionó información utilizada en el caso contra Raúl Flores Hernández. Quedó libre en septiembre de 2023, tras cumplir una condena de cinco años, y fue incorporado a protección de testigos. 

Los acuerdos recientes

Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo e integrantes de Los Chapitos, se declararon culpables por separado y aceptaron colaborar con Estados Unidos. Ovidio, detenido en México a principios de 2023 y extraditado ese septiembre, formalizó su acuerdo en julio de 2025. Joaquín se declaró culpable en diciembre de 2025. 

Hasta la publicación del reportaje, ninguno de los dos hermanos había declarado como testigo en un juicio o audiencia. Mientras tanto, sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar seguían prófugos en México, de acuerdo con Milenio. 

Otra posible colaboración es la de Néstor Isidro El Nini Pérez Salas, antiguo jefe del brazo armado de Los Chapitos: la nota la atribuye a fuentes cercanas al caso, pero advierte que su expediente permanece bajo sello. Fue detenido en noviembre de 2023 y extraditado en mayo de 2024.

El saldo incómodo no desaparece con una firma ante la fiscalía: Estados Unidos puede obtener testimonios y construir nuevos casos, mientras las víctimas en México ven a algunos de los responsables negociar su futuro penal. Colaborar con la justicia puede servir para perseguir a otros capos; no borra lo que hicieron quienes ahora hablan. 

Con información: MILENIO/

«OTRA VEZ los GRITOS: SHEINBAUM USA la SOBERANIA como CAPA que TODO TAPA para SUSTITUIR las NARCO ACUSACIONES con ESTAMPITAS PATRIOTICAS»…la soberanía no es fuero para los amigos.

Desde el Zócalo, Claudia Sheinbaum volvió a pronunciar una verdad que nadie tendría por qué discutir: México es soberano. Pero el problema empieza cuando esa condición se usa como una capa que todo lo tapa. Rechazar una intervención estadounidense no responde la pregunta incómoda: ¿qué está haciendo el Estado mexicano frente a los señalamientos de protección política al narcotráfico dentro de sus propias filas ?

La Presidenta invocó a Morelos, a Juárez y al pueblo para recordar que ninguna potencia extranjera puede decidir el destino del país. De acuerdo. Pero el pueblo tampoco le entregó a ningún partido una licencia para sustituir las investigaciones con estampitas patrióticas. Si la soberanía reside en la ciudadanía, no puede convertirse en un blindaje discursivo para quienes ejercen el poder. 

Ahí está el caso de Rubén Rocha Moya. Una acusación presentada en Estados Unidos lo señala, junto con otros funcionarios de Sinaloa, por presuntos acuerdos de protección a Los Chapitos vinculados con dinero, nombramientos y apoyo electoral. 

Son imputaciones que deben probarse ante un tribunal, no una sentencia de culpabilidad. Pero tampoco se evaporan porque alguien grite «¡injerencia!» frente a una multitud.

Y conviene no meter todo en el mismo costal para sentenciar a granel: a la gobernadora de Morena Marina del Pilar Ávila,Americo Villarreal, Andrés Manuel López Beltrán y Alfonso Durazo,ya les fueron revocadas sus visas estadounidenses y las razones de esas revocaciones no se han hecho públicas. 

Precisamente por eso hacen falta claridad y rendición de cuentas, no insinuaciones presentadas como condenas ni silencios envueltos en la bandera. 

Sheinbaum también presumió que la Constitución prevé «la pena máxima» para agentes extranjeros que violen el territorio. El texto reformado es más preciso: el artículo 40 rechaza las intervenciones y las investigaciones extranjeras sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano; el artículo 19 dispone la pena más severa posible para extranjeros que realicen actividades ilícitas vinculadas con esas prohibiciones, además de prisión preventiva oficiosa. 

La soberanía también se defiende evitando que el crimen imponga candidatos, funcionarios ,alcaldes,gobernadores y policías. Una cosa no cancela la otra. Usar la primera para esquivar la segunda no es patriotismo: es cambiar una pregunta sobre posibles redes de protección al narco por un aplauso fácil. Y a los ciudadanos se les deben respuestas, no otra clase de historia patria. 

Con información: ELNORTE/

«QUISIERON JUBILARSE: CHAPODIPUTADA le CUENTA a EL UNIVERSAL sus CUITAS con el COMPADRE del MAYO ZAMBADA»... ahora, presos los dos.

Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada hablaban de retirarse juntos del narcotráfico. Según Lucero Sánchez López, conocida como La Chapodiputada, ambos decían estar «cansados y viejos» y querían vivir tranquilos. La jubilación, al parecer, figuraba en sus conversaciones; el plan de sucesión, no tanto. Sánchez afirma que nunca los oyó decir a quién dejarían al frente del Cártel de Sinaloa y que Guzmán no quería ver a sus hijos metidos en ese negocio. Tras su recaptura, en enero de 2016, Los Chapitos tomaron las riendas. 

Sánchez, exdiputada local de Sinaloa por la alianza PAN-PRD-PAS, vive en Estados Unidos como testigo cooperante después de entregarse a la justicia de ese país. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, volvió sobre su relación sentimental con Guzmán y sobre la guerra que hoy enfrenta a La Chapiza y La Mayiza. Dice que nunca imaginó la ruptura entre los Guzmán y los Zambada, vinculada con la extracción y el traslado de El Mayo a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. A su juicio, el cártel está en el caos y «ya no es lo mismo» sin quienes mantenían el control. También sostiene que se perdieron los códigos de no atacar a niños ni a personas inocentes. Es su valoración, no un balance independiente de la violencia. 

La entrevista trae además una biografía alternativa, cortesía de la propia Sánchez: asegura que el sueño juvenil de Guzmán no era ser narcotraficante, sino cantar en la Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga. Dice que tarareaba canciones de Los Canelos y Los Alegres del Barranco. En la vida cotidiana que ella recuerda, también veía noticias y series de Netflix, usaba una caminadora todos los días, procuraba comer sano y desayunaba avena, café y pan casero. Entre la caminadora y El Recodo, quedó pendiente un detalle bastante menos doméstico: la carrera criminal. 

Sánchez relató asimismo un episodio ocurrido cuando intentaba dejarlo. Durante una pelea, dice, trató de suicidarse con una pistola calibre .25 que Guzmán le había regalado para proteger la casa, donde vivían mujeres. En el forcejeo, el arma se disparó y le rozó una oreja a él. Según ella, la herida sangró poco y después Guzmán bromeaba con que casi lo había matado.

Sobre política, niega que El Chapo o El Mayo financiaran su candidatura a diputada local en 2013 y asegura que incluso le pidió a Guzmán no intervenir en la elección. Cuenta también que solo vio una vez a Zambada: en 2010, cuando llegó en avioneta con su piloto a visitar a su compadre. La visita habría durado alrededor de una hora; llevó comida china y pan. 

Sánchez considera que la condena de por vida impuesta a Guzmán «no es tan justa», aunque reconoce que hay cientos de víctimas por su culpa. Dice que durante el juicio lo vio cansado y deteriorado. Su simpatía por él y ese reconocimiento conviven en la misma entrevista; ninguno borra al otro. 

Con información: ELUNIVERSAL/

«BAJO ATAQUE PRESIDENCIAL ?: CENTRO BERKELEY en EE.UU DOCUMENTA la AGRESIÓN SISTEMÁTICA de la MAÑANERA a la PRENSA»… en medio de 337 periodistas ejecutados en el primer y segundo piso.

En México, investigar al poder podía salir caro; durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el Human Rights Center de UC Berkeley documentó hasta qué punto. Su investigación,Under Attack, identificó a 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024: 78 periodistas y 259 defensores. 

La cifra es brutal, pero el hallazgo que plantea Berkeley va más allá del recuento: quienes vigilaban al poder también enfrentaron señalamientos desde la tribuna presidencial, acoso digital, vigilancia ilegal y procesos judiciales abusivos.

La receta, según la investigación, no requería demasiada sutileza. Primero se desacreditaba a periodistas en la mañanera; después, redes vinculadas al Estado amplificaban el hostigamiento. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó Pegasus y otras herramientas de vigilancia contra periodistas y defensores, de acuerdo con los hallazgos expuestos por Berkeley. Y cuando llegaba la violencia, la impunidad en los delitos contra periodistas rondaba entre el 93 y el 99%. Dicho sin maquillaje: para los agresores, el riesgo de castigo era mínimo.

En un artículo publicado en Just Security, Lindsay Freeman, responsable de la investigación, lleva esos hallazgos al terreno jurídico: sostiene que la combinación de estigmatización, espionaje, hostigamiento y violenciapodría constituir persecución como crimen de lesa humanidad, y pide que la Corte Penal Internacional examine el caso. No es una sentencia ni prueba que cada uno de los 337 asesinatos haya sido ordenado por el gobierno; precisamente, determinar qué hechos forman parte de un mismo ataque y quiénes serían responsables exige una investigación oficial.

Berkeley reunió una base de víctimas, 75 expedientes y un análisis de más de 1,400 conferencias presidenciales. Su investigación y el argumento publicado en Just Security ponen sobre la mesa una pregunta incómoda: cuando desde el poder se señala a quienes investigan, se les espía y sus agresores rara vez enfrentan consecuencias, ¿ estamos ante escándalos separados o ante un patrón de persecución ? Eso es lo que sus autores quieren que se investigue, no que se dé por juzgado.

Con información: UC BERKELEY/ JUSTSECURITY/

«TOCAN la RETIRADA TÁCTICA: MILITARES CANCELAN PROYECTO de MUSEO en el BOSQUE de CHAPULTEPEC"...la orden más sensata fue cambiar de frente.

La Secretaría de la Defensa Nacional tocó retirada. Después de las críticas por las posibles afectaciones ambientales, canceló la ubicación prevista para su nuevo Museo Militar y el Centro Nacional de Historia Militar en el Bosque de Chapultepec. El complejo no queda fuera de combate: Defensa dice que buscará instalarlo en otro campo militar con construcciones existentes, sin afectar áreas verdes. La nueva posición aún no está definida.

El plan original no era precisamente una operación discreta: contemplaba una inversión de mil 658 millones de pesos, una superficie de 55 mil 624 metros cuadrados —más que la plancha del Zócalo— y 36 meses de obra en una zona considerada Área de Valor Ambiental por el Gobierno capitalino.

Tras la publicación del proyecto por Grupo REFORMA, vecinos y autoridades de Miguel Hidalgo alzaron la voz. Y ocurrió algo que vale la pena registrar en el parte de novedades: la conversación pública obligó a revisar el mapa. No fue un repliegue ante un enemigo; fue una rectificación frente a ciudadanos que preguntaron por qué había que avanzar sobre un área verde para construir un museo de historia militar.

Esta vez, la orden más sensata fue cambiar de frente.

Con información: ELNORTE/

EL "AUTORITARISMO en FORMATO MEME: MÉXICO, SI APRUEBA la LEY, será PARTE del CLUB de CUBA, RUSIA, CHINA y ANGOLA"... al poder de tintes criminales solo le gusta la reverencia.

Hay gobiernos que soportan una caricatura y gobiernos que, al verla, buscan el Código Penal. México todavía no ha aprobado una prohibición general de memes contra el poder, pero esta semana el Senado volvió a poner sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar una ley que dice combatir el engaño sin terminar intimidando a quien se burla del Gobierno ?.

El dictamen de la llamada «ley antimemes» fue aprobado en comisiones y seguía pendiente de discusión en el Pleno. Presentarlo ya como una ley que encarcela por hacer parodias sería regalarle al debate una falsedad fácilmente refutable. 

La propuesta forma parte de una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. Su primera redacción encendió las alarmas porque planteaba penas de tres a siete años de prisión por ciertos usos de la identidad gráfica institucional. 

Tras la controversia, el texto aprobado en comisiones redujo la pena a uno a cinco años, más una multa de mil a 10 mil UMA, y acotó el supuesto al uso a escala comercial de elementos oficiales para inducir al engaño con la intención de cometer un ilícito. Es decir: el texto modificado no dice que dibujarle bigotes al escudo de una dependencia sea, por sí solo, delito.

Ese matiz importa. Suplantar una página gubernamental para estafar ciudadanos no es sátira: es un engaño que merece respuesta legal. Pero también importa que la oposición haya objetado la ambigüedad de la nueva redacción, mientras Morena sostiene que no pretende perseguir a periodistas ni a autores de parodias. 

Si el objetivo es castigar fraudes, la ley debe dejarlo inequívocamente escrito; la libertad de expresión no tendría que depender de que un funcionario, una fiscalía o un juez «entiendan el chiste».

La tentación de proteger al poder de la irreverencia tiene antecedentes poco envidiables. Rusia prohíbe determinadas expresiones de «desprecio» hacia el Estado y sus autoridades en internet; organizaciones de derechos humanos han documentado que la norma se utilizó de manera predominante contra presuntos insultos a Vladímir Putin. 

Nicaragua emplea su legislación de ciberdelitos para sancionar, entre otras conductas, publicaciones que considere lesivas para el honor o la reputación. Angola conserva en su Código Penal una disposición que castiga insultar públicamente a la República, al presidente o a otros órganos soberanos. No son leyes idénticas al dictamen mexicano ni prueban que México sea ya uno de esos regímenes. Sí muestran una vieja maña: vestir el control de la palabra con un nombre jurídico respetable. 

Y antes de mirar tan lejos, conviene revisar la casa. La difamación salió del Código Penal Federal en 2007, pero permanece tipificada en Nuevo León y Yucatán. 

En Nuevo León, el artículo 345 contempla de seis meses a tres años de prisión, multa o ambas sanciones, a criterio judicial; en Yucatán, el artículo 295 prevé de tres días a dos años de prisión omulta. Por eso tampoco es exacto afirmar que en ambos estados la cárcel se sustituye siempre por dinero: las fórmulas legales son distintas y, en Nuevo León, incluso permiten imponer ambas penas. 

Aquí está el fondo del asunto. Una democracia puede perseguir al estafador que falsifica una comunicación oficial; lo que no debe hacer es confundirlo, por descuido o conveniencia, con quien imita un logotipo para denunciar, parodiar o ridiculizar una decisión pública. 

El fraude necesita prueba; la censura suele conformarse con susceptibilidades. Y cuando una norma deja esa frontera borrosa, no hace falta encarcelar a cada caricaturista para causar daño: basta con que algunos empiecen a preguntarse si vale la pena publicar.

Un país que acumula estas mañas no se convierte automáticamente en dictadura por un dictamen, ni pierde toda libertad de expresión de un día para otro. Se convierte, más bien, en una democracia con reflejos punitivos: conserva elecciones, instituciones y discursos sobre derechos, pero trata la crítica como un riesgo administrativo y el humor como un posible expediente penal. Allí el poder sigue diciendo que acepta las bromas; sólo pide, muy amablemente, que nadie las haga con su membrete.

Con información: ELNORTE/

A "4 DÍAS de CUMPLIR 4 AÑOS de DAÑOS: las PALABRAS HUECAS de AMÉRICO dichas en 2022, NUNCA FUERON REALIDAD en TAMAULIPAS»…crimen y gobernador han cohabitado en la misma cama.

La frase prometía mucho y terminó sonando a embuste. La pronunció el 14 de noviembre de 2022 el gobernador de Morena, Américo Villarreal Anaya, a tan solo 44 dias de asumir el cargo: «En mi gobierno no habrá impunidad, ni mucho menos tolerancia para aquellos que atenten contra la paz y la tranquilidad de Tamaulipas». Quizá hablaba todavía embriagado por el triunfo al que contribuyo el crimen organizado en las urnas.

Acerico no supo lo que dijo y mucho menos lo que aquellas palabras significaban para los tamaulipecos, que hoy lo ven como un fraude. Muy a tono con el resto de sus «correligionarios», parece huir no solo de la ética,también lo que dice la ley, la capacidad y la empatía: virtudes indispensables para gobernar bien y de las que la evidencia dice, carecen.

Antes de lanzar aquellas cacayacas, Villarreal Anaya, facultativo de la salud, ya debería haber contado con un «análisis clínico de la situación de la entidad y un cuerpo colegiado para resolverlo». Pero se atrevió a vociferar semejantes palabrotas sin tenerlo.

Prometió más de lo que su estatura moral y sus capacidades le permitían cumplir. Eso sí, aún le encanta situarse en la media nacional y presumirlo, como si la mediocridad fuera un logro en medio de la desaprobación ciudadana. No importa qué encuesta se consulte ni cuándo se publique: siempre sale mal parado.

Dijo que sanaría a Tamaulipas de la grave enfermedad que la aquejaba, pero nunca le puso nombre. Hoy, la entidad se queja más que nunca y el padecimiento sigue llamándose «IMPUDEMIA».

Desglose de la frase (23 palabras):

La declaración se puede dividir en tres componentes principales:

• Compromiso de gobierno: «En mi gobierno no habrá impunidad»
• Postura ante el crimen: «ni mucho menos tolerancia»
• Objetivo declarado: «para aquellos que atenten contra la paz y la tranquilidad de nuestro estado»

Realidad en Tamaulipas

Del 1 de octubre de 2022 al 27 de septiembre de 2026 han transcurrido 3 años, 11 meses y 26 días: en total, 47 meses y 26 días, o 1,457 días. Faltan cuatro días para que se cumplan cuatro años del nefasto gobierno que ha encabeza el medico que termino enfermando Tamaulipas y que trasciende el sexenio de escandalo en escándalo, lastimosamente con ayuda de su familia.

Los índices de violencia bajo la complicidad exacerbada del gobernador que agarro partido desde 2022, han sido intermitentes y mejoraron tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE.UU,no como saldo de algun acto de autoridad en Tamaulipas.

Sin embargo han aumentado dramáticamente en ciudades como Reynosa, la mas importante y densamente poblada donde el comun denominador ha sido la permisividad tóxica de Villarreal Anaya.

Durante su administración, si puede llamarse así, se han documentado múltiples bloqueos carreteros, enfrentamientos armados, extorsiones a escala industrial, secuestros reclasificados dolosamente y desapariciones a nivel industrial 24/7/365. 

Estas últimas han elevado a casi 14 mil la cifra de personas desaparecidas y le han otorgado a Tamaulipas el deshonroso campeonato nacional que nadie querría ganar. La tragedia exhibe, además, una verdad elemental: después de la vida, nada es más importante que la libertad. Aunque lo otro, los bienes que van y vienen, siguen comprometidos.

En este estado en mal estado,la mayoría de desapariciones y ejecuciones perpetradas por el crimen organizado estan sin resolver, con impunidad casi del 95% desde que operaba la fiscalía el cómplice de Cabeza de Vaca quiso meter al bote al propio gobernante ,hoy la fiscalía opera mas a su servicio en manos de un ex-presidiario federal acumulando carpetas para engrosar el archivo muerto.

Con una percepción de inseguridad del 75.1% en Tamaulipas durante 2024 y una del 86.6% en Reynosa en 2026, los órganos de seguridad de la entidad —a los que se acusa de competir con el crimen— parecen trabajar para que la inseguridad crezca en vez de disminuir. 

La extorsión sigue desatada, sin que haya voluntad para atar de manos a las maquinas de hacer dinero que abrazan al gobernador, un rubro en que hay responsabilidad para su gobierno de acuerdo con las reformas la ley antiextorsion que han servido para dos cosas.

El crimen organizado durante su gobierno escaló impunemente en el uso de armas de alto poder,los topones de «moustros» ,el uso de minas y hasta drones armados con explosivos, quien olvida el reventón de reten militar por parte de «Escorpiones» que le dieron el voto al gobernador.

Ni quien se olvide tampoco del impune ataque a su Secretario de Gobierno, Hector Joel Villegas ,alias «El Calabazo», en julio de 2023 y quien para conservar la vida mejor hizo amigos a quienes intentaron «quebrarlo».

Los autores del ataque, ya perdonados ,pertenecen a la facción de los «Metros» del Cártel del Golfo, que aún comanda César Morfín Morfín, alias «el Primito», a control remoto desde la sierra de Jalisco y Colima, mediante la aplicación cifrada Silent.

El crimen es tan atrevido y desafiante, que le cobra cuota hasta el gobierno y le pagan sin chistar, lo que equivale a que «don Américo» y un mayoría de alcalde, donde también hay excepciones, usan el dinero del pueblo para financiarlos, en castellano llano los convierte en colaboradores del terrorismo, como acusa Cabeza de Vaca, amo de las narcomantas, al «narcogobernador», que también llama narcoterrorista y está fichado por «narcopolítico».

Consecuencias

La disparidad entre el discurso y la realidad ha resultado en:

• Pérdida de credibilidad gubernamental
• Deterioro de la confianza ciudadana
• Afectación a la inversión extranjera 
• Migración forzada de habitantes, particularmente del área ruralhacia otras entidades que ya son materia del escrutinio oficialen 2026.

Esta situación evidencia el contraste entre las promesas y los malos resultados de la actual administración estatal: sus trapacerías no cabrían en una página; quizá ni siquiera en un portal entero a 4 dias de cumplir años,que será lo unico que ha cumplido, ademas de sacar 10 en trafico de huachicol y quedarse sin visa. 

Con informacion: @REDES/MEDIOS/