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martes, 20 de octubre de 2026

EL «PRIMITO y su CARNAL»: MAPA de la ORDEÑA EXHIBE SALUDABLE el TRÁFICO de HIDROCARBUROS en TAMAULIPAS y MEDIA DOCENA de ENTIDADES»… Sí deja, si los dejan.


En las siete entidades donde se encuentran las instalaciones del Sistema Nacional de Refinación, Pemex localizó 2 mil 621 tomas clandestinas entre enero y junio, de acuerdo con registros oficiales de la petrolera.

Hidalgo encabezó los registros con mil 474 tomas clandestinas, seguido de Guanajuato, con 470; Nuevo León, con 278; Veracruz, con 155; Tamaulipas, con 116; Oaxaca, con 92, y Tabasco, con 36.

De Tula, Hidalgo, a Salamanca, Guanajuato; de Cadereyta, Nuevo León, al corredor Minatitlán-Salina Cruz, y hasta Tamaulipas y Tabasco, las instalaciones y ductos petroleros conviven con regiones donde durante 2025 y 2026 fueron descubiertas operaciones para extraer, almacenar y trasladar hidrocarburos robados.

La presión criminal ocurrió mientras las siete refinerías reportadas por Pemex —Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz, Tula y Dos Bocas— procesaron en agosto aproximadamente un millón 208 mil barriles diarios de crudo.

El robo y contrabando de combustibles dejó además de ser únicamente un negocio de perforación clandestina.

Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) describieron estructuras que incorporaron empresas fachada, importadores, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros para introducir, trasladar y vender hidrocarburos de procedencia ilícita.

El combustible fue movilizado por carretera, ferrocarril y vía marítima, mientras documentación falsa fue utilizada para darle apariencia de legalidad.

Los piquetes en Tamaulipas

Tamaulipas, donde se localiza la Refinería Francisco I. Madero, registró 116 tomas clandestinas entre enero y junio de 2026.

El municipio de Hidalgo acumuló 43 perforaciones y Altamira registró 36. González sumó 16 y Victoria, 15.

El anexo de Pemex no incluyó registros de tomas clandestinas en Ciudad Madero, municipio donde se encuentra la refinería.

La presencia de perforaciones en otros municipios tamaulipecos no acredita, por sí misma, afectaciones a esa instalación.

Sin embargo, Tamaulipas también apareció en investigaciones federales sobre el contrabando de hidrocarburos por vía marítima.

En mayo de 2026, las autoridades informaron de la captura en Nuevo León de un presunto operador de una célula vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. La investigación estaba relacionada con el aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas.

Los registros de tomas clandestinas y los expedientes de contrabando corresponden a modalidades distintas del mercado ilegal de hidrocarburos, sin que las autoridades establecieran una conexión entre las perforaciones tamaulipecas y el caso del buque.

Abastecen red criminal desde Hidalgo

Hidalgo concentró mil 474 tomas clandestinas durante el primer semestre de 2026, la mayor cantidad entre las entidades donde se ubican las siete refinerías.

Pemex detectó 250 perforaciones en enero, 216 en febrero, 265 en marzo, 255 en abril, 251 en mayo y 237 en junio.

Cuautepec de Hinojosa encabezó los registros con 439 tomas, seguido de Tepeapulco, con 105; Santiago Tulantepec, con 99, y Nopala de Villagrán, con 74.

En Tula de Allende, donde se encuentra la Refinería Miguel Hidalgo, fueron localizadas 67 tomas clandestinas. Atotonilco de Tula registró 66; Tetepango, 61; Tlaxcoapan, 54; Tlahuelilpan, 44, y Atitalaquia, 31.

En conjunto, estos municipios y Tula de Allende sumaron 323 perforaciones durante el semestre.

El conjunto corresponde al corredor petrolero seleccionado para el análisis y no constituye una delimitación oficial de Pemex ni implica que las perforaciones hayan sido realizadas dentro de la refinería.

A esa actividad se sumaron investigaciones estadounidenses sobre el abastecimiento de petróleo robado para organizaciones criminales.

En mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, sancionó a una red vinculada con el CJNG dedicada al robo de combustible y contrabando de crudo hacia Estados Unidos.

Entre sus integrantes identificó a Remigio Morfín Morfín, hermano de César Morfín Morfín, alias «Primito». Según el Tesoro estadounidense, Remigio obtenía crudo robado en Hidalgo y abastecía con éste a la estructura encabezada por su hermano.

La dependencia calculó que esa red generaba cientos de millones de dólares anuales mediante diversas actividades criminales, entre ellas tráfico de fentanilo, robo de combustible y contrabando de petróleo mexicano hacia Estados Unidos.

OFAC también sancionó a SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística por transportar combustible y petróleo entre México y Estados Unidos para esa estructura.

Grupo Jala Logística, S. A. de C. V., está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Según la información publicada, su dueño, José Alejandro Llanas Alba, estuvo ligado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y fue incluido inicialmente en una planilla para renovar la dirigencia del PAN en Tamaulipas, aunque después fue retirado. 

La misma publicación señala a la empresa por su presunta participación en el robo de combustible y el contrabando de petróleo en la frontera entre Tamaulipas y Estados Unidos, y la vincula con César Morfín Morfín, alias «Primito»

El expediente mostró cómo el petróleo robado podía incorporarse a una red de transporte y comercialización internacional, aunque no estableció que el crudo proviniera directamente de la Refinería Miguel Hidalgo.

Pelean negocio desde Guanajuato

En Guanajuato, donde opera la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Pemex localizó 470 tomas clandestinas durante el primer semestre.

La cifra pasó de 60 perforaciones en enero a 108 en abril, el nivel más alto del periodo. En mayo fueron detectadas 99 y en junio, 67.

Pénjamo encabezó los registros municipales con 172 tomas clandestinas. Le siguieron Villagrán, con 61; Cortazar, con 46; Apaseo el Grande, con 36, y Apaseo el Alto, con 33.
En Salamanca fueron localizadas 21 perforaciones durante el semestre.

En esa entidad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó una disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del negocio de los hidrocarburos.

En diciembre de 2025, OFAC sancionó al CSRL y a su fundador, José Antonio Yépez Ortiz, «El Marro», y señaló al robo de combustible como la principal fuente de ingresos de esa organización.

El Departamento del Tesoro sostuvo que el grupo obtenía la mayor parte de sus recursos ilícitos del robo de petróleo y combustible en Guanajuato y señaló una confrontación con el CJNG por el control de ese mercado.

El expediente situó esa disputa en una zona estratégica por la infraestructura energética que atraviesa Guanajuato, donde se encuentran la Refinería de Salamanca y una red de ductos de Pemex.

El señalamiento de OFAC no atribuyó al CSRL ni al CJNG todas las tomas clandestinas detectadas por Pemex ni identificó una extracción específica dentro de la refinería.

Decomisan más de un millón de litros de líquido

En Nuevo León, el corredor de la Refinería de Cadereyta también acumuló tomas clandestinas y operaciones federales contra redes de combustible ilegal.

Pemex registró 278 perforaciones durante el primer semestre de 2026. García encabezó los municipios con 96, seguido de Santa Catarina, con 55; Cadereyta Jiménez, con 35, y General Escobedo, con 27.

En Cadereyta, donde opera la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, fueron detectadas tomas durante los seis meses analizados.

A los piquetes se sumaron aseguramientos de grandes volúmenes de líquidos presuntamente relacionados con actividades ilegales.

El 29 de mayo, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron del aseguramiento de un predio ubicado sobre el Libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en Cadereyta.

En el lugar fueron encontrados aproximadamente 671 mil litros de probable hidrocarburo y otros 400 mil litros de líquidos de color negro y amarillo. Las sustancias sumaron un millón 71 mil litros, aunque las autoridades no precisaron que la totalidad correspondiera a combustible ilegal.

Los agentes aseguraron tractocamiones, autotanques, tanques móviles, alrededor de 409 contenedores, silos verticales, remolques, motobombas, montacargas y plantas de generación eléctrica.

Dos días antes, el Gabinete de Seguridad había reportado en ese municipio el aseguramiento de unos 670 mil litros de hidrocarburo, ocho autotanques y cuatro tractocamiones. La similitud de las cantidades y la cercanía de las fechas impiden sumar ambos reportes como decomisos independientes sin una aclaración oficial.

La actividad ilegal también alcanzó ductos conectados con la región.
En diciembre de 2025, autoridades federales descubrieron una toma clandestina conectada mediante un túnel a un inmueble en General Escobedo. La perforación estaba instalada en el poliducto Cadereyta-Satélite, donde fueron asegurados 30 mil litros de hidrocarburo y equipo para su extracción.

Operan bajo fachada de transportistas

Otro corredor estratégico se extiende entre Minatitlán, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

Durante el primer semestre de 2026, Pemex registró 155 tomas clandestinas en Veracruz y 92 en Oaxaca.

En Veracruz, Tierra Blanca acumuló 38 perforaciones, mientras que en Minatitlán, sede de una refinería, fue localizada una toma.

En Oaxaca, Asunción Ixtaltepec sumó 28 perforaciones; Matías Romero, 16; San Juan Guichicovi, 14, y El Barrio de la Soledad, 11. En Salina Cruz fueron detectadas cuatro.

En marzo de 2026, autoridades localizaron una toma clandestina en el poliducto de 16 pulgadas Minatitlán-Salina Cruz, en Matías Romero. Una manguera estaba conectada directamente al ducto de Pemex.

En esa misma región, la Fiscalía de Oaxaca había desarticulado en diciembre de 2025 una célula dedicada al robo y traslado ilegal de combustible que operaba bajo la fachada de una asociación de transportistas. Tres integrantes fueron detenidos, entre ellos padre e hijo que dijeron ser traileros.

En enero de 2026, la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de J.F.G.O. o J.A.A., identificado como jefe de plaza de una célula dedicada al robo y traslado ilegal de combustible.

La Fiscalía estableció que el grupo utilizaba la actividad transportista para mover hidrocarburos y relacionó al detenido con otra estructura encabezada por «El Tláloc», capturado previamente por delitos entre los que figuraban extorsión, huachicol, robo y homicidio.

Las investigaciones ministeriales vincularon al presunto jefe de plaza con el CJNG.

La relevancia de Matías Romero radica en su posición dentro del corredor energético del Istmo, por donde cruza el poliducto que conecta Minatitlán con Salina Cruz.

No obstante, el anexo de Pemex no atribuyó las tomas clandestinas registradas en el municipio a la célula investigada por la Fiscalía.

Mueven combustible en Tabasco

En Tabasco, donde se localiza la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Pemex registró 36 tomas clandestinas durante el primer semestre de 2026.

Cárdenas apareció en dos registros con diferencias de escritura que, en conjunto, sumaron 24 perforaciones; Huimanguillo registró seis; Cunduacán, cinco, y Teapa, una.

El municipio de Paraíso, donde se encuentra Dos Bocas, no apareció con tomas clandestinas en el anexo.

Las autoridades también documentaron durante 2026 operaciones contra el tráfico de hidrocarburos en otras regiones de Tabasco.

En mayo, el Gabinete de Seguridad estatal informó del aseguramiento de una pipa con aproximadamente 20 mil litros de combustible en Centla. Dos personas fueron detenidas porque, según la autoridad, no pudieron acreditar la procedencia legal del hidrocarburo.

En Huimanguillo fueron decomisadas otras dos pipas que transportaban más de 81 mil litros de gas LP presuntamente ilegal.

Con informacion.-ELNORTE/ ELUNIVERSAL/

«INSIGHT CRIME ANALIZA la ETIQUETA TERRORISTA de CÁRTELES y las EMPRESAS SUDANDO FRÍO»… pero la caja registradora sigue encendida.


Washington les cambió el membrete a los cárteles, pero no les apagó la caja registradora. Para las empresas que operan en América Latina y el Caribe, en cambio, la designación como organizaciones terroristas extranjeras añade un problema: ya no solo enfrentan sanciones por sus vínculos con grupos criminales; también pueden exponerse a procesos penales por proporcionarles, a sabiendas, apoyo material, además de demandas de víctimas del terrorismo. 

Así lo explica Claire McCleskey, exjefa de la división de cumplimiento de OFAC, en conversación con Deborah Bonello, de InSight Crime.

El pantano está en la operación cotidiana: transportistas, contratistas y proveedores pueden pagar extorsiones sin que la empresa que los contrata tenga claro quién cobra ni para qué organización. 

Minería, petróleo, transporte marítimo y agricultura aparecen entre los sectores expuestos. Y no es lo mismo pagar para mantener abierto el negocio que enfrentar una amenaza inmediata contra un empleado, aunque esa diferencia práctica no sea una salida legal automática.

McCleskey tampoco compra sin reservas el empaque del «narcoterrorismo»: los cárteles están profundamente incrustados en negocios legales y sus mecanismos financieros no son idénticos a los de grupos como ISIS o Al Qaeda. Ponerles otra etiqueta puede elevar los castigos y la presión, pero no garantiza desarmar sus redes.

Lo rescatable sería que esa presión obligara a revisar cadenas de suministro, identificar a los verdaderos dueños de las empresas y fortalecer las investigaciones financieras locales. Lo demás está por verse: la prueba no será cuántos nombres añade Washington a una lista, sino a quién investiga, a quién procesa y qué dinero consigue bloquear. Mucho anuncio; ahora falta seguir la plata.

Con información: INSIGHT CRIME/

«ACUSAN a CARNAL de LÓPEZ HABLADOR de PRETENDER IMPONER a su EXCHOFER como ALCALDE de MACUSPANA»… el mérito no puede ir en la cajuela y lista de contactos en asiento del conductor.


En la política mexicana hay carreras que no se construyen con resultados, sino con cercanía. El examen no pregunta qué sabe usted de presupuesto, seguridad o servicios públicos, sino quién le contesta el teléfono. La preparación puede esperar; la palanca, jamás.

La disputa de Morena por la candidatura a la Alcaldía de Macuspana, Tabasco, vuelve a colocar ese vicio bajo la lupa. José Antonio Rodríguez Subiaur, funcionario estatal identificado por medios locales como antiguo chofer de José Ramiro “Pepín” López Obrador, se registró el 10 de octubre como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la antesala partidista de las candidaturas rumbo a 2027. 

Su aspiración llega acompañada de señalamientos de favoritismo y de una pregunta incómoda: ¿se está valorando una trayectoria o premiando la proximidad con el hermano del expresidente?

Conviene poner una precisión sobre la mesa: haber sido chofer no descalifica a nadie para gobernar. Despreciar un oficio sería clasismo, no fiscalización. El problema no es haber conducido un automóvil, sino que la cercanía con el pasajero pudiera convertirse en pase preferente para conducir un municipio. Una cosa es conocer las calles de Macuspana; otra, acreditar capacidad para administrarla.

La semblanza disponible publicada por GRUPO REFORMA presenta a Rodríguez Subiaur como técnico en informática, fundador de Morena y participante durante más de dos décadas en movimientos de izquierda. 

Documentos públicos también lo ubican en tareas de enlace territorial de la Secretaría de Gobierno de Tabasco. Esos antecedentes deben examinarse por lo que acreditan, sin inflarlos ni borrarlos. Lo que no corresponde es sustituir la evaluación de resultados por una carta de recomendación invisible: “Es de los nuestros”.

Desde julio, el morenista Abraham Morales, conocido como “Guatemala”, denunció intenciones de imponerlo sobre otros aspirantes. 

Por separado, el abogado Jorge Eduardo Falcón Franco lo acusó públicamente de presuntas amenazas y sostuvo que había sido chofer de “Pepín” durante al menos 30 años. Son señalamientos que deben investigarse y contrastarse, no hechos que puedan darse por probados. Tampoco la cercanía política demuestra, por sí sola, una imposición.

Pero esas reservas no vuelven impertinente el escrutinio. Al contrario: cuando un aspirante es señalado por sus vínculos con uno de los funcionarios más poderosos del estado, la respuesta exigible es transparencia, no una invitación a cerrar los ojos.

La imagen que dejan estas acusaciones tiene más de corte que de transformación: alrededor del señor se acomodan los cercanos, los leales y los recomendados; afuera esperan quienes todavía creen que el servicio público exige algo más que acceso al despacho. Como analogía, el viejo favor cortesano resulta demoledor: no hace falta heredar un título si se puede heredar el oído del poderoso.

En ese retrato del llamado clan López, Macuspana corre el riesgo de aparecer no como una comunidad con derecho a elegir, sino como una parcela donde se discute quién recibe la bendición. El municipio natal de Andrés Manuel López Obrador no es patrimonio familiar, y su Ayuntamiento no debería funcionar como premio de fidelidad. La lealtad personal puede merecer gratitud privada; no concede derechos sobre un cargo público.

“Pepín” niega que vaya a imponer candidato. El 17 de octubre afirmó que la selección se resolverá mediante una encuesta: “Es el método, no hay otro”. Rodríguez Subiaur, por su parte, asegura que existe “piso parejo” y promete respaldar a quien gane.

Bien. Entonces corresponde demostrarlo. La palabra “encuesta” no debe funcionar como agua bendita partidista: pronunciarla no purifica automáticamente un proceso. Para despejar las sospechas importan las reglas, la metodología y las condiciones de competencia, no solamente la reiteración de que todos participan en igualdad.

El fondo del asunto es sencillo: el mérito no puede ir en la cajuela mientras la lista de contactos ocupa el asiento del conductor. Si Rodríguez Subiaur tiene capacidad, resultados y respaldo, que los acredite. Si su ventaja fuera el patrocinio de “Pepín”, estaríamos ante el mismo reparto de favores de siempre, apenas rebautizado con una consigna nueva.

Porque cambiarle el nombre a la antesala no cambia la naturaleza del privilegio: cuando para llegar al Ayuntamiento importa más a quién se ha servido que cómo se piensa servir a la ciudadanía, la transformación termina reducida a un cambio de pasajeros.

Con información: ELNORTE/

«APRUEBAN a SHEINBAUM y DESAPRUEBAN a AMERICO ?: en TAMAULIPAS los CIUDADANOS le SUMARON a PRESIDENTA y le RESTARON al GOBERNADOR:MITOFSKY»…pero 4 gobiernos de oposición la superaron.


En Tamaulipas, compartir proyecto político con la presidenta no alcanza para compartir sus aplausos. La gráfica atribuida a Consulta Mitofsky para El Economista, correspondiente a septiembre de 2026, pone el contraste sobre la mesa: Claudia Sheinbaum registra 73.4% de aprobación y Américo Villarreal se queda en 56.1%. Son 17.3 puntos de diferencia. Casi 18 puntos que no se tapan con una foto juntos ni con otra declaración de lealtad a la transformación.

El gobernador morenista puede presumir coincidencias con Palacio Nacional; lo que no puede presumir es una evaluación semejante. En su propio estado, la presidenta lo supera con holgura. Dicho sin incienso partidista: a Sheinbaum le reconocen bastante más que a quien tiene las manos en el gobierno local.La popularidad presidencial no viene incluida en el membrete de Morena.

Tamaulipas en la encuesta de Mitofsky aparece en el lugar 23 de las 32 entidades cuando se ordena la diferencia entre la aprobación del gobernador y la de la presidenta. 

No es el sótano, pero sí está del lado incómodo de la tabla:entre los diez estados donde más amplia es la ventaja presidencial. Para Villarreal, la comparación no ofrece precisamente material para una campaña de autoelogios.

Y todavía hay distancias mayores: en Veracruz, Nayarit, Baja California Sur y Colima, la ventaja de Sheinbaum supera los 20 puntos. Guerrero se lleva el contraste más severo: 71.3% para la presidenta frente a 40.6% para la gobernadora, una separación de 30.7 puntos. Ahí ya no hablamos de caminar a distinto ritmo: hablamos de evaluaciones en carriles muy distintos.

El remate tampoco favorece el cuento de que nadie puede competir con la presidenta: cuatro gobiernos estatales sí la superan en sus propias entidades.

Jalisco encabeza la lista, con 60.3% para Pablo Lemus frente a 46.5% para Sheinbaum: 13.8 puntos de ventaja. También la aventajan Guanajuato, por 1.1 puntos; Aguascalientes, por 0.2, y Chihuahua, por 0.2. 

Son diferencias numéricas que, sin conocer el margen de error, no deben venderse como ventajas estadísticamente concluyentes. Pero la distinción política queda clara: son tres gobiernos panistas y uno de Movimiento Ciudadano.

La oposición puede quedar arriba y el oficialismo puede quedarse muy atrás: el color de la camiseta no hace el trabajo del gobernador.

Con información: ROY CAMPOS/ELECONOMISTA/

DE “HEROÍNA a TRAIDORA: DIARIO ESPAÑOL CITA el VUELCO del CASO CHIHUAHUA que EXHIBIÓ a GOBERNADORA que PREFIRIÓ LLOREN en CASA AJENA y NO en la SUYA”… el cálculo no absuelve la puñalada.


A Maru Campos le confeccionaron una capa de heroína por plantarle cara a Morena. Ahora, entre sus propios compañeros, le señalan el reverso del disfraz: el de una gobernadora que habría dejado a su antiguo escudero pagando la factura del pleito que la encumbró. La ruptura tiene nombre y apellido: César Jáuregui, su colaborador durante más de una década, coordinador de sus campañas, secretario de Gobierno y después fiscal estatal. No era un funcionario que pasaba por ahí: era parte de la maquinaria que la llevó al poder.

Por eso la palabra «traidora» tiene aquí un sentido político, no una sentencia penal: describe el reproche de quienes consideran que Campos convirtió en carga desechable al aliado que antes le resultaba indispensable. 

Según el testimonio de su abogado citado por el diario español El Pais, Jáuregui la defendió cuando ella denunciaba una persecución política; ahora, su defensa acusa a la gobernadora de reproducir contra él la misma receta. 

El contraste está documentado: Jáuregui pasó del primer círculo del poder a ser detenido por agentes de la misma fiscalía que dirigió, en medio de su distanciamiento con Campos y de las disputas por la sucesión electoral. 

Porque exigir lealtad mientras se asciende y practicar la amnesia cuando llega la crisis es una manera bastante miserable de entender el compañerismo. Si hubo irregularidades, que se investiguen; la amistad no concede impunidad. Pero tampoco puede venderse como valentía que la jefa conserve los reflectores mientras toda la oscuridad cae sobre el subordinado. La responsabilidad de cada quien debe acreditarse, no acomodarse a las necesidades del calendario electoral.

Ese es el argumento para la segunda palabra: no que Campos haya sido declarada traidora a la patria, sino que sus críticos le reprochan una traición al vínculo político que la sostuvo. Heroína mientras había aplausos; presunta desmemoriada cuando llegó la cuenta. La capa luce muy bien en la fotografía. Lo difícil es explicar por qué el antiguo compañero terminó convertido en material de descarte.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

“NI los ALIADOS les CONFÍAN: DIPUTADA CASANDRA DENUNCIÓ ATAQUE en la FGR y dejó a la JUSTICIA VAQUETONA de AMÉRICO y a su FISCAL con el ‘NO SABEMOS’”… las cifras del caos le dan la razón.


A la hora de las alianzas, todos son compañeros de proyecto; a la hora de pedir justicia, mejor tocar otra puerta. Cassandra de los Santos, diputada federal del Partido Verde, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) el ataque con arma blanca que aseguró haber sufrido en Río Bravo y con ello deja una postal bastante incómoda: una legisladora del bloque aliado de Morena buscando justicia fuera de la ventanilla estatal.

Una cosa es acompañar al oficialismo y otra poner la propia seguridad en manos de su aparato de procuración de justicia. La desconfianza, aunque no esté confesada, es una lectura política que esta decisión deja servida.

Mientras tanto, Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas con Americo Villarreal —quien fue detenido por autoridades federales y recibió un auto de formal prisión en 2002, en una investigación de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA (UEDO), de la entonces PGR, por su participación en la sustitución de un detenido identificado como operador de Osiel Cardenas del Cártel del Golfo en Matamoros—,grupo delincuencial que ahora controla el delito en Rio Bravo, salió a explicar que el asunto lo conoce la FGR porque ahí se presentó la denuncia.

Mucho cargo para tan poca información.

Según sus propias declaraciones, el fiscal conoce del ataque prácticamente lo que la diputada contó en una conferencia de prensa. Es decir, frente a una agresión denunciada por una representante federal en territorio tamaulipeco, la institución estatal aparece públicamente como espectadora: escucha, toma nota y anuncia que está disponible por si alguien le pide colaborar.

“Estamos atentos a la colaboración que se requiera”, dijo Govea.

Qué comodidad: una Fiscalía en modo sala de espera. La violencia ocurre en Tamaulipas, la víctima denuncia y el fiscal se queda junto al teléfono, por si la justicia federal necesita algo.

Y razones para buscar otra puerta no le faltan a Cassandra. No porque la FGR sea garantía de justicia, sino porque las cifras de la Fiscalía tamaulipeca dan motivos para la desconfianza: el censo del INEGI publicado en 2026, con datos de 2025, registra 35,788 procedimientos pendientes de concluir en sus carpetas de investigación. 

¿Qué habría pasado si Cassandra hubiera denunciado únicamente ante la Fiscalía estatal? 

Nadie puede asegurar el destino de una carpeta que no conoce. Lo que sí puede afirmarse es que habría puesto su caso en manos de una institución que cerró 2025 con 35,788 procedimientos pendientes y 1,615 órdenes judiciales pendientes de cumplimentarse. El riesgo de quedar esperando no es una ocurrencia editorial: tiene un contexto institucional documentado.

Por eso resulta defendible que buscara otra instancia, sin confundir esa decisión con una garantía de éxito ni dar por demostrada la competencia federal. El argumento no es que en la FGR necesariamente la salvarán; es que las cifras locales no obligan a nadie a entregar su confianza a ciegas.

No son rumores de la oposición: son pendientes reportados en la estadística oficial. Detrás de ese número hay asuntos sin concluir y víctimas cuya respuesta seguía esperando al cierre del año y que otras cifras oficiales también confirman.

Mucha ventanilla, mucho organigrama y mucho dinero público para que pedir justicia siga acompañado de semejante inventario de pendientes. Tener edificio no equivale a tener resultados; contratar burocracia no significa combatir la impunidad.

Y ahí está el golpe político para el gobierno de Américo Villarreal: una aliada puede acompañar el proyecto, aplaudir el discurso y compartir la fotografía; pero cuando la agresión toca su propia puerta, la solidaridad partidista no alcanza para tranquilizarla,ni a ella, ni al resto de ciudadanos acechados por los «ciudadaños» que su gobierno abraza con ayuda del gabinete.

Con información: INEGI/CNPJF-E/ REFORMA/ ENVIPE 2026/