En la mesa de análisis de Círculo Magenta, Ramón Alberto Garza, Marcela Garza, Rodrigo Carbajal y Alejandro Fuentes desmenuzan la actual estrategia de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos, señalando que, más allá del discurso oficial en las conferencias matutinas, existe una operación conjunta en marcha por parte de agencias estadounidenses (CIA, DEA, FBI y Comando Norte) y fuerzas mexicanas.
Los puntos clave de su análisis se dividen en los siguientes ejes:
Golpes quirúrgicos y ajuste de cuentas: Los panelistas destacan una racha de capturas y abatimientos de alto perfil que desmantelan las cúpulas del CJNG, Sinaloa y el Golfo. Mencionan la caída de Rafael Álvarez Ayala («el R2») —brazo derecho del Mencho y operador de extorsiones agrícolas y lavado de dinero—, el abatimiento de Jesús González Peñuelas (número dos del Chapo Isidro) y el arresto de Axel Martínez ,hijo del jefe de Los Escorpiones de Matamoros.
Según la mesa, estos dos últimos casos responden a un «ajuste de cuentas» por el asesinato de agentes estadounidenses en Tamaulipas y Chihuahua. Asimismo, atribuyen esta ofensiva a la presión de Washington, impulsada por iniciativas como la ley de neutralización del CJNG del senador Tom Cotton.
La doble cara de la cooperación (y el sabotaje): Rodrigo Carbajal y Ramón Alberto Garza señalan una contradicción dentro del gobierno mexicano. Mientras las fuerzas armadas y Omar García Harfuch reciben elogios públicos de la DEA (como Terry Cole), otros sectores parecen obstaculizar los operativos. Como ejemplo citan el caso del narcotraficante canadiense Ryan Wedding, cuya red habría recibido «pitazos» desde la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre órdenes de aprehensión, además de sobornar a un juez mexicano —posteriormente capturado en Colombia sin crédito para las autoridades mexicanas—.
El expediente Chihuahua y la «traición» política: Ramón Alberto Garza retoma un reportaje reciente del New York Times para validar una primicia previa de Código Magenta sobre la muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. Relata que el exfiscal antisecuestros Guillermo Zuany negoció con la CIA entregar un megalaboratorio de fentanilo a cambio de recuperar su visa, pero simultáneamente alertó al crimen organizado. En el plano político, Garza acusa a la gobernadora Maru Campos de haber sacrificado a su fiscal, César Jáuregui, culpándolo de la incursión de la CIA en un pacto privado con la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar los ataques políticos en su contra.
De los títeres a los titiriteros (el factor 4T y Trump): Marcela Garza cuestiona que los operativos se limiten a los operadores en tierra y no alcancen a los «criminales de cuello blanco» dentro de la política y el gobierno de la 4T, mencionando expedientes documentados como el de Rubén Rocha Moya.
Por su parte, Alejandro Fuentes advierte sobre el endurecimiento de la postura estadounidense con el ascenso operativo de Stephen Miller en el entorno de Donald Trump y las amenazas arancelarias de Tom Homan. Fuentes concluye que el reto para Sheinbaum —de cara a un posible encuentro con Trump en la cumbre de APEC en China— será definir los límites entre cooperación y traición, y atender la exigencia de capturar no solo a los capos, sino a los «titiriteros» políticos que presuntamente operan desde el gobierno y bajo influencia desde Palenque.
Al final, la vida sí le sonrió a Antonio Oseguera Cervantes, mejor conocido en el bajo mundo como «Tony Montana» —y en las comidas familiares simplemente como «el carnal de El Mencho»—. Este viernes, la justicia estadounidense tuvo el enorme detalle de regalarle una estadía todo incluido por 22 años y medio en una prisión federal. Nada mal si consideramos que, a sus 67 años, ya estaba en edad de buscar un buen plan de retiro: tendrá techo seguro, tres comidas diarias sin tener que sacar la cartera y, lo mejor de todo, aire acondicionado para olvidarse del calorón de Michoacán.
La cortesía del Departamento de Justicia (270 meses a la sombra, para quienes prefieren contar en mensualidades) llega después de que el buen Tony se pasara más de dos décadas dedicado al comercio exterior de sustancias ilícitas y al coleccionismo de armas de fuego. Según el fiscal Tysen Duva, el hombre se dedicó a «inundar» de mercancía a Estados Unidos mientras engordaba su cuenta bancaria. Un emprendedor incomprendido, pues.
Desde la DEA, su administrador Terry Cole se puso nostálgico y hasta le echó flores curriculares, aclarando que el sentenciado «fue mucho más que el hermano de El Mencho». Y cómo no, si empezó haciendo sus pininos en el Cártel del Milenio y luego ayudó a levantar el negocio familiar del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) allá por 2010.
Así que mientras las autoridades gringas sacan pecho prometiendo que seguirán persiguiendo a los peces gordos, Tony Montana ya puede ir acomodando sus cosas. Total, 22 años se pasan volando; para cuando salga, apenas tendrá unos juveniles 89 años, listo para disfrutar de su pensión del bienestar.
El crimen organizado presume músculo internacional; las comunidades ponen el miedo. Un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó ayer dos presuntos agresores muertos, un detenido de nacionalidad hondureña, un soldado herido y una mujer lesionada en Ocotlán, Jalisco, a orillas del Lago de Chapala.
La violencia también sacó a los alumnos de las aulas: se suspendieron clases y fuerzas federales y estatales se desplegaron en distintos puntos del municipio. Otra jornada en la que las armas terminaron dictando la agenda.
Según la información proporcionada, los militares atendían el reporte de un vehículo robado en la zona sur de Ocotlán, a unos 80 kilómetros de Guadalajara, cuando fueron atacados por civiles armados.
Durante la persecución, una camioneta Tahoe maniobró para bloquearles el paso. Un vehículo militar la impactó y la dejó volcada, mientras una segunda camioneta, una Suburban, consiguió escapar. Después se produjo un intercambio de disparos entre los ocupantes de la Tahoe y los soldados.
El saldo incluyó un arsenal que poco tenía de improvisado, salvo el blindaje: una camioneta con protección artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, otras dos armas largas y dos granadas calibre 40 milímetros.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que el detenido era hondureño, pero no precisó la nacionalidad de los dos fallecidos ni confirmó a qué organización pertenecían. Ese matiz importa: una cosa es señalar una presunta relación con el CJNG y otra darla por acreditada.
La presencia del ciudadano hondureño se enmarca en el reclutamiento de extranjeros por parte de esa organización criminal, una práctica documentada por autoridades federales y estatales. A sus filas se han incorporado hondureños, venezolanos, colombianos y antiguos integrantes de fuerzas militares sudamericanas.
El CJNG amplía su reclutamiento más allá de las fronteras; en Ocotlán, mientras tanto, el saldo se cuenta en muertos, heridos y salones vacíos.
A ver, hablemos en cristiano porque la jerga de los «expertos» siempre suena a que todo está bien, pero la realidad es que nos van a meter la mano al bolsillo… otra vez. El mentado Paquete Económico 2027 viene con cambios fiscales que, básicamente, son un dolor de cabeza para los negocios. Y como en este país la soga siempre se rompe por lo más delgado, ¿quién crees que va a terminar pagando los platos rotos? Exacto: tú, yo y la doña la de la esquina.
Aquí te explicamos sin rodeos de por qué todo se va a poner más caro:
La «guerra» al efectivo y los impuestos:
A los de Hacienda se les ocurrió apretar las tuercas con el uso de efectivo y subir los costos de pagar impuestos. ¿Qué significa esto para el del negocio? Que operar le va a costar más. Y como nadie trabaja para perder, ese extra que les van a cobrar lo van a trasladar directito al precio de la tiendita, la fonda y los servicios. «Es que son factores económicos…», dicen los de traje. En el barrio se llama: «¡Señora, ya subió el jitomate porque todo está más caro!»
La nueva regla de los 50 millones
(El «tope» a las pérdidas): Si una empresa grandecita (de esas que facturan más de 50 millones de pesos) tiene pérdidas, antes podía usarlas para pagar menos impuestos.
Ahora, Hacienda les dijo: «¡Lástima, Margarito! Solo te dejo aplicar la mitad». ¿Y qué hace una empresa cuando le dicen que va a pagar más impuestos? Pues buscar de dónde recuperar esa lana. Como no quieren perder sus ganancias, van a hacer dos cosas: recortar gastos (o sea, menos chamba y menos inversión) y… ¡subir los precios de lo que te venden!
El combo destructivo:
Para colmo, el peso anda de capa caída (depreciación) y, si le sumas que las empresas van a querer compensar sus pérdidas subiendo precios, se nos viene un golpe inflacionario sabroso en el corto plazo.
En resumen: Hacienda aprieta a los negocios, los negocios se defienden subiendo precios y recortando personal, y al final, el que va a la tienda es el que termina pagando el pato. ¡A estirar el gasto, porque el 2027 viene bravo!
Detengan las prensas y avísenle a la Real Academia Española que tenemos un milagro de la evolución humana en el Senado. Resulta que el legislador morenista Óscar Cantón Zetina acaba de descubrir, en pleno 2026 y en televisión nacional, que las mujeres —incluso las jóvenes— pueden pensar y hasta formular ideas coherentes.
Durante la comparecencia de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el senador tabasqueño decidió guardar el manual de fiscalización legislativa en el cajón más hondo y sacar a pasear su mejor repertorio de caballero de cantina del siglo XIX.
Tras casi tres horas de informe, Cantón Zetina tomó el micrófono no para incomodar, sino para regalarle una joya de condescendencia pura: «Es mujer, es joven, pero es profundamente inteligente». ¡Vaya proeza biológica! Porque, según la lógica del ex priista de hueso colorado —ese que militó más de 30 años en el tricolor hasta que hizo berrinche en 2006 porque no le dieron la candidatura a gobernador—, el género y la juventud suelen ser obstáculos insalvables para el intelecto.
Pero la función de este campeón del «mansplaining» institucional apenas comenzaba. Al ver que la funcionaria solo esbozaba una sonrisa incómoda y volvía a sus apuntes, el senador advirtió con tono galante: «Todavía tengo otro poquito». ¿El remate de tan fina pieza de oratoria? Soltar que el verdadero súper poder de la Secretaria es que «es tabasqueña». ¡Cartón lleno! Con eso, la inteligencia y la juventud pasaron a segundo plano; el gentilicio lo explica todo.
Claro, cuando se está ocupado repartiendo piropos de sobremesa y buscando que la funcionaria se sonroje, ¿a quién le queda tiempo para hacer su trabajo de senador? A Cantón Zetina se le olvidó por completo preguntar por minucias como la deuda multimillonaria de Pemex con proveedores, el combate al huachicol, los derrames petroleros o cómo diablos van a operar con un presupuesto recortado. Esos temas aburridos se los dejó a la oposición, como a Clemente Castañeda.
Lo suyo fue pasar la charola en modo súplica para su estado: pidió puertos, gas, polos de desarrollo y tarifas justas, todo envuelto en papel celofán de halagos baratos.
Al final, Cantón Zetina no fue a interpelar a una secretaria de Estado; fue a hacer audición para presidente de su club de fans, demostrando que, aunque se cambie de partido, las mañas del viejo régimen —y el ego del macho alfa que cree que te hace un favor al reconocerte el cerebro— nunca mueren.
La confrontación que hace el periodista de NoroesteTVen Sinaloa,Adrian Lopez , permite una crítica durísima al discurso de seguridad de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch al cuestionar la suficiencia de las cifras utilizadas para presumir resultados de desminucion de homicidios.
Los muertos que no caben en la mañanera
A la narrativa de seguridad del gobierno federal le salió un inconveniente bastante incómodo: los certificados de defunción no se acomodan tan fácilmente a las gráficas del triunfo.
El INEGI registró 29,488 homicidios en sus cifras definitivas de defunciones de 2025. No es una ocurrencia de la oposición ni una cuenta levantada al calor de una sobremesa: es el resultado del registro estadístico oficial de las muertes en México. Y obliga a mirar con bastante menos entusiasmo las cifras con las que el gobierno presenta sus resultados de seguridad con una sola motivacion: verse bien.
Porque una cosa es comunicar avances y otra vender como fotografía completa lo que todavía tiene miles de personas fuera de cuadro.
El agujero no termina en Sinaloa
El contraste nacional es el centro del brete. La comparación publicada entre ambos registros coloca al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 24,348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio durante 2025, frente a las 29,488 defunciones por homicidio del INEGI.
La diferencia es de 5,140 personas: el conteo del instituto resulta aproximadamente 21.1% mayor que el del Secretariado. Visto desde el total del INEGI, la brecha equivale a 17.4%. Conviene decir cuál es el denominador, porque hasta los porcentajes necesitan acta de nacimiento.
Y aquí hay un detalle que importa: para hacer ese contraste no basta con tomar únicamente el homicidio doloso del Secretariado; también deben considerarse los feminicidios, que tienen una clasificación penal separada. La comparación que arroja esos 5,140 casos ya incorpora ambos rubros. Ni siquiera así desaparece el boquete.
No son cinco mil errores de dedo. Son cinco mil ciento cuarenta defunciones de diferencia entre dos sistemas públicos que el Estado tiene la obligación de explicar.
Sinaloa: la cuenta que no cuadraba
En Sinaloa, el contraste tiene nombres, cifras y un antecedente periodístico concreto.
La Fiscalía estatal reportó 1,729 casos. Noroeste documentó 1,936 muertes violentas. El INEGI terminó registrando 1,966 homicidios. El conteo periodístico de Noroeste quedó a 30 del instituto; el de la Fiscalía, a 237. Así de incómoda quedó la comparación para la versión ministerial.
No significa que una libreta periodística y una base estadística sean instrumentos idénticos. Significa que el seguimiento de un medio quedó considerablemente más cerca del resultado del INEGI que el registro difundido por la institución encargada de investigar los delitos. Y eso merece una explicación pública, no una medalla a la seriedad institucional.
Noroeste había denunciado omisiones, reclasificaciones y un tratamiento de los hallazgos en fosas que, según su investigación, dejaba víctimas fuera de las cifras oficiales.Los muertos no se vuelven menos muertos cuando una oficina cambia la etiqueta.
La exigencia es elemental: si el gobierno utiliza los registros ministeriales para presumir la eficacia de su estrategia, debe explicar sus límites, sus revisiones y las diferencias frente a la estadística de defunciones.
Nuestra crítica pierde fuerza si necesita negar lo que el propio INEGI muestra. Sus cifras definitivas sitúan los homicidios registrados en 33,550 para 2024 y 29,488 para 2025: una disminución de 4,062, equivalente a alrededor de 12.1%. Hay una reducción en esa serie anual.
Pero una cosa es que bajen los homicidios registrados en una proporcion menor a la presumida en red nacional y dar por validado cualquier porcentaje presentado en una conferencia mañanera. Para evaluar una reducción concreta hay que comparar la misma fuente, los mismos periodos, las mismas categorías y el mismo grado de actualización. No enfrentar un mes reciente con un año completo y sacar de ahí un milagro estadístico como lo estan haciendo con truculencia.
El problema, entonces, no es reconocer una mejoría. Es presentar una medición todavía revisable como si fuera sentencia firme sobre el éxito gubernamental.
Menos ceremonia, más explicación
La respuesta seria no cabe en otra fotografía del gabinete alrededor de una mesa. Tendría que incluir una conciliación pública de registros: diferencias por entidad, periodos de registro y ocurrencia, categorías utilizadas, actualizaciones y explicación de los casos que una fuente recoge y la otra no.
No para exhibir datos personales de las víctimas. Para dejar de tratar la estadística como patrimonio del área de comunicación social.
La acusación exige que el gobierno responda por la distancia entre lo que presume y lo que sus propios sistemas terminan registrando. Porque gobernar no consiste en encontrar la gráfica donde la tragedia se vea más chiquita.
Y la paz, por mucho que se anuncie desde un micrófono presidencial, no se acredita con aplausos: se tiene que sostener cuando llegan las actas de defunción.
Mientras la comunicación oficial (…por cierto prostituida con dinero de los impuestos) del Gobierno de Morena en Tamaulipas, celebra que María de la Luz Santiago Diez de Bonilla —presidenta del Sistema DIF estatal y esposa del gobernador Américo Villarreal Anaya— «apapacha» a las familias de Río Bravo repartiendo apoyos alimentarios en la brigada Transformando Familias, en los archivos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reposa un expediente mucho menos tierno: una denuncia formal presentada el 7 de septiembre de 2026 por presunta extorsión agravada, intimidación y uso ilícito de atribuciones y facultades donde tambien aparece su hijo Americo Villareral Santiago y altos funcionarios del gabinete.
Recientemente, el gobernador fue cuestionado sobre el paradero de su esposa y consideró que guardar silencio era la mejor respuesta.
Pero ahora, su presencia referida en medios en un evento en Río Bravo, permite contrastar la narrativa institucional de asistencia social con los señalamientos en sede ministerial y abre una interrogante estrictamente procesal: ¿ya fue citada la funcionaria honoraria a comparecer ante el Ministerio Público o la carpeta de investigación sigue durmiendo el sueño de los justos, injustamente para la víctima, quien denuncia que incluso la han amenazado con «aplastar como zancudo»?
La cronología del expediente y los hechos denunciados
De acuerdo con la denuncia de hechos interpuesta por el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez, representante legal de Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., el conflicto tiene su origen en un litigio administrativo:
El origen patrimonial: Tras la rescisión del contrato administrativo SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023, la empresa promovió un juicio de nulidad (expediente 047/2023/I-A) ante la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas. El 27 de enero de 2025 se dictó sentencia definitiva declarando la nulidad de la rescisión y reconociendo el derecho de la empresa a ser indemnizada por daños y perjuicios.
La visita al consultorio y la oferta en el DIF: Según el relato ministerial del denunciante, el 27 de marzo de 2025 la doctora María de la Luz Santiago acudió personalmente a su consultorio dental en Ciudad Victoria. Tras cuestionarlo por la demanda de las despensas y por el involucramiento de su hijo, Américo Villarreal Santiago, le habría planteado de forma directa: «Yo ando de metiche, a mí nadie me mandó, pero yo te ofrezco contratos en el DIF para que tú retires la demanda. Te arreglas conmigo directo, con nadie más te vas a arreglar». Posteriormente, el 20 de noviembre de 2025, en las oficinas centrales del DIF Tamaulipas, se le habría reiterado dicho ofrecimiento de contratos públicos a cambio del desistimiento.
El despliegue de operadores: La denuncia detalla que, de manera paralela, otros funcionarios —entre ellos Jorge Luis Beas Gámez, Francisco de Jesús Justiniani Ibarra y el consejero jurídico Marco Antonio García Barrientos— habrían ejercido presiones que escalaron desde el ofrecimiento de canjear el desistimiento administrativo por el retiro de una causa penal, hasta advertencias directas sobre el uso del «aparato gubernamental» en su contra y amenazas transmitidas a través de su abogado defensor durante el receso de una audiencia intermedia.
El empresario ha acusado públicamente la inacción de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Norberto García Repper, e infiere una «impunidad conyugal extorsiva», señalando que se han abstenido dolosamente de proceder contra la esposa del mandatario mientras se mantiene la persecución penal en contra de la defensa jurídica del denunciante.
El encuadramiento jurídico y las obligaciones del Ministerio Público
Más allá de las giras de asistencia social, la legislación penal aplicable exige una serie de actuaciones ministeriales ineludibles desde el momento en que se recibe la notitia criminis (sello de recibido del 7 de septiembre de 2026):
Tipos penales y agravantes:
El escrito de denuncia encuadra las conductas en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas vigente al momento de los hechos (entre marzo y junio de 2025, previo a la entrada en vigor de la Ley General en materia de extorsión en noviembre de 2025).
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Se invoca el delito de extorsión (artículo 426), con la agravante prevista en el propio precepto cuando la conducta es cometida por servidores públicos (incremento de la pena en dos terceras partes, destitución e inhabilitación), en concurso real con intimidación (artículos 224 y 225) y uso ilícito de atribuciones y facultades (artículos 222 y 223), al utilizarse la promesa de contratos públicos como moneda de cambio para extinguir un derecho reconocido en sentencia firme.
Deber de investigación objetiva y exhaustiva:
Conforme a los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 127, 131 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público tiene la obligación legal de iniciar la investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación.
Actos de investigación solicitados y citación:
En el apartado de medios de prueba de la denuncia, la víctima solicitó formalmente a la Fiscalía recabar las bitácoras de acceso del DIF Tamaulipas y del Palacio de Gobierno, las videograbaciones del sistema C5 de las fechas señaladas, los nombramientos oficiales de los denunciados y la entrega de los videos captados en el inmueble particular. Asimismo, conforme al artículo 141 del CNPP, una vez integrados los datos de prueba iniciales que establezcan la existencia del hecho delictivo y la probable participación, corresponde al Ministerio Público citar a las personas imputadas para que rindan su entrevista o comparezcan a la audiencia inicial de formulación de imputación.
Medidas de protección:
Al invocarse el artículo 137 del CNPP por advertencias que involucran la integridad del denunciante y su familia, la representación social está facultada y obligada a pronunciarse sobre la imposición inmediata de medidas de protección (como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima).
Hasta el momento, mientras la agenda pública muestra a la presidenta del DIF Tamaulipas entregando paquetes alimentarios, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no ha hecho público si ya cumplió con el desahogo de los actos de investigación solicitados desde septiembre ni si ha girado los citatorios correspondientes para que los servidores públicos señalados respondan ante la ley.
Por qué debe comparecer como cualquier mortal
En el sistema jurídico mexicano, la obligación de que cualquier persona señalada en una carpeta de investigación comparezca ante la autoridad ministerial o judicial cuando es legalmente requerida responde a principios constitucionales y procesales que no admiten excepciones por parentesco ni por cargos honoríficos:
Ausencia de fuero constitucional: De acuerdo con el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la inmunidad procesal (fuero) está reservada taxativamente para determinados servidores públicos de elección popular o de alta jerarquía (como el Gobernador, diputados, magistrados o titulares de órganos autónomos). El cargo de presidenta del Sistema DIF estatal es de carácter honorífico y, aunque conlleva responsabilidades administrativas y penales como servidora pública en el manejo o gestión de recursos e instituciones, no otorga fuero constitucional ni impide que sea investigada o citada por el Ministerio Público.
Principio de igualdad ante la ley: Conforme a los artículos 1° y 13 de la Constitución Federal, y al artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir el mismo trato en el proceso penal, sin que puedan existir fueros personales ni privilegios derivados del vínculo conyugal con el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Deber de investigación objetiva y esclarecimiento de los hechos: Conforme al artículo 21 constitucional y a los artículos 127, 131 y 212 del CNPP, una vez presentada una denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito —como la interpuesta el 7 de septiembre de 2026 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas por presunta extorsión agravada, intimidación y uso ilícito de atribuciones—, el Ministerio Público tiene el deber legal de practicar todas las diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, lo que incluye recabar los datos de prueba ofrecidos y, de existir elementos suficientes, citar a las personas imputadas conforme al artículo 141 del CNPP para garantizar su derecho de defensa y continuar con la secuela procesal.
Por su parte, quienes enfrentan señalamientos de esta naturaleza conservan en todo momento el derecho a la presunción de inocencia previsto en el artículo 20 constitucional, así como la facultad de ofrecer pruebas de descargo y argumentar ante la autoridad ministerial o judicial que los hechos denunciados no configuran delito o que sus actuaciones se apegaron a la legalidad.
