Parece que al viejo monstruo del Golfo, alias Pemex, además de fugas, ahora también se le escapan las verdades. Desde febrero una mancha de hidrocarburos se pasea por las aguas de Campeche, cortesía de un ducto subterráneo en el Complejo Cantarell, pero según el gobierno, no fue él, fue otro.
Mientras las organizaciones ambientalistas —esas que el oficialismo acusa de “neoliberales”— exhiben imágenes satelitales desde el 6 de febrero, el discurso de la 4T insiste en que el problema empezó el 1 de marzo, por culpa de un barco fantasma o, peor, por “emisiones naturales de chapopoteras”. Es decir: para el gobierno, el Golfo se autoderramó.
Lo curioso es que el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Diavaz (empresa con historial de contratos turbios con Pemex), llegó al lugar apenas un día después de que aparecieron las primeras manchas. Ahí permaneció durante ocho días —el tiempo justo para que la mancha creciera a casi 300 kilómetros cuadrados. Y mientras tanto, silencio total. Ni alerta a las comunidades costeras, ni aviso público. El chapopote avanzaba, pero la narrativa oficial seguía blindada.
Cuando las evidencias empezaron a hundir la versión gubernamental, Pemex reaccionó al estilo clásico del realismo mágico institucionalizado: negó que el buque reparara algo y juró que solo es parte de su “flota de mantenimiento”. Qué conveniente.
Y para rematar, Diavaz —la operadora del buque— no es cualquier empresa: en la Cuenta Pública 2013 fue señalada por pagos sin aclarar, incumplimientos y beneficios inexplicables. Pero en la 4T, la lealtad a Pemex parece blindar más que cualquier código de ética.
Así que mientras las playas se tiñen, las comunidades pesqueras se resignan y los satélites exhiben lo que el discurso niega, el oficialismo moreno sigue fiel a su vocación: decirle mentira a la evidencia y llamar “ataque a México” a toda crítica con sustento.
Porque si hay algo que el petróleo y el discurso del régimen comparten, es su textura espesa y su olor inconfundible a ocultamiento crudo.
México se despertó con una noticia que ni al SAT le dan ganas de timbrar: los ingresos por IVA se vinieron abajo casi 20 % en febrero. O sea, por cada peso que entraba antes, hoy nomás llegan ochenta centavos. En total, la recaudación se quedó en unos 118 mil millones de pesos, según el reporte de Hacienda.
Y si sumamos enero, la caída del IVA ya va en 8.8 % en lo que va del año. Pero tranquilos, dice la SHCP, no es crisis, es “efecto de comparación”. En buen mexicano: el año pasado se recaudó un chorro porque el peso estaba débil y todo lo importado valía más. Ahora que el dólar se bajó a 17.5, pues los mismos productos cuestan menos en pesos… y Hacienda cobra menos, simple.
Lo curioso es que mientras el IVA se desploma, el Gobierno anda sacando pecho porque la fiscalización en aduanas “está más fuerte que nunca”. Aunque los impuestos por importaciones también cayeron más de 8 %. Pero según ellos, sigue “por arriba del promedio histórico”. Eso sí, promedio histórico de excusas también alcanzaron récord.
El ISR (ese que nos recuerda a fin de mes quién es el verdadero socio mayoritario de nuestras nóminas) cayó 6.3 % en febrero. Pero Hacienda lo maquilla: “No pasa nada, en el bimestre subió casi 5 %”. Traducido: febrero se desplomó, pero enero todavía traía aire.
¿Y el IEPS, ese impuesto al vicio? Ese sí va viento en popa: subió 14 % porque se acabaron los estímulos a las gasolinas y les pegaron otro ajuste a bebidas, cigarros y azúcares. En palabras de Hacienda: “mayor contribución del componente de combustibles”. En lenguaje de calle: el pico de los precios lo siguen pagando los que prenden el coche o compran un refresco.
En resumen: Hacienda pierde por IVA, sufre por el peso fuerte, y presume que todo está “dentro de lo normal”. El discurso oficial suena bonito, pero la realidad es simple: la economía se enfría, el consumo se cuida y el Gobierno recauda menos de lo que planeó. Eso sí, cuando se trata de IEPS y gasolina, ahí sí no fallan: la bomba nunca descansa.
Cuando cae la voladora, nadie conoce a nadie. Así despertó el PT y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quienes de repente sufrían amnesia selectiva ante el nombre de César Adrián Gamboa Montejo, aquel operador financiero que mágicamente movió 65.8 millones de pesos entre empresas tan reales como los unicornios… y con socios inventados a punta de credenciales robadas en colonias populares de Monterrey.
El PT, encabezado por el regio de los eternos deslindes, Alberto Anaya, emitió un comunicado digno de película de comedia:
“Nunca lo hemos visto, nunca lo conocimos, y si sale en las fotos con nosotros debe ser un fotomontaje…”
Pequeño detalle: el mismísimo partido registró ante el INE a Gamboa como Responsable de Finanzas en Quintana Roo. Pero ya se sabe que en la 4T, el photoshop político hace milagros.
El Gobierno de Quintana Roo, por su parte, juró y perjuró que “la foto con Lezama” fue tomada en un momento espontáneo con la ciudadanía. Claro, tan espontáneo como registrarlo ante el INE y sentarlo en reuniones con la gobernadora en plena campaña.
Mientras tanto, Grupo Tecno, empresa beneficiada con contratos millonarios del gobierno federal, le transfirió a Gamboa casi 66 millones de pesos que terminaron en esa red de firmas fantasmas hechas con nombres sacados del INE más que de la contabilidad.
En resumen: el PT no lo conoce, Mara Lezama tampoco, y los de Monterrey de plano se enteraron de que eran empresarios cuando llegaron las denuncias. Misterios contables del obradorismo tropical: nadie tiene la culpa, el dinero se triangula solo y las identidades se rentan al kilo.
Primero era IA, luego ay, ya. El Gobierno salió con su clásico «es falso, es montaje, es deepfake», jurando que ningún rayo de sol había osado asomarse por los ventanales de Palacio Nacional. Que el sol obedecía órdenes presidenciales, vaya.
Pero resulta que la estrella rebelde filtró nueva evidencia: videos de una mujer tomando el sol en una ventana del mismísimo palacio. Y entonces, como en la telenovela nacional, la presidenta acepto, casi como la típica frase; “dijo mi mamá que siempre sí”.
Once días después, la Presidenta apareció en su mañanera para declarar que la intrépida tomadora de sol ya fue “sancionada”. No dijo quién, ni cómo, ni cuánto le costó la insolación política. Secretos de Estado… o de sombra.
“Hay que respetar el Palacio Nacional como patrimonio histórico”, agregó Sheinbaum, como si el pecado fuera descomunal: dejar que la historia tome vitamina D.
Los pecados solares de la comunicación oficial
Error número uno: Negarlo todo, como reflejo automático. Antes de investigar, la maquinaria del poder ya había dictado su credo: “Es mentira, es IA, es campaña sucia”. El protocolo del negacionismo exprés: no comprobar, solo decretar. Resultado: el “montaje” acabó montándolos a ellos mismos.
Error número dos: Hablar antes de revisar. La historia del “nadie tomó el sol” se hizo añicos en cuanto aparecieron los nuevos videos. Moral: en tiempos de redes, la soberbia desinforma más rápido que cualquier algoritmo.
Error número tres: La sanción fantasma. Anunciar castigo sin nombre ni castigo concreto es puro teatro. Decir “ya la sancionamos” es como decir “ya lo resolvimos” mientras barres la evidencia bajo la alfombra del Salón Tesorería.
Error número cuatro: Hacer moralina de lo trivial. Convertir una siesta al sol en discurso histórico sobre “el respeto al patrimonio nacional” solo confirma el estilo poscuático: solemnizar el absurdo, dramatizar lo irrelevante.
Error número cinco: Olvidar la regla de oro del arguende político. Si ya saben que todo se filtra, ¿pa’ qué se enredan? El verdadero error fue subestimar el poder del chisme con evidencia visual. En la era del TikTok y del Live mañanero, no hay “versión oficial” que dure más que un meme.
Este episodio no fue un escándalo de rayos UV, sino de comunicación con filtro solar factor torpeza institucional 100.
En resumen, buscaban a la culpable del escándalo solar, investigaron y dijeron que nadie había salido. Luego revisaron la cámara y resulta que sí, que una persona se sentó allí. Le dijeron que eso no se hace, que la austeridad republicana no incluye bronceados, y la enviaron de regreso a la penumbra.
El rancho huachicolero recien reventado por una ‘denuncia nomina» en Reynosa a decir de la FGR, no solo olió a diésel y gasolina contrabandeadas: olió a pleito político entre Morenos disfrazado de cateo dominical entre el Senador de la República cuñado de Cabeza de Vaca con historial de gasolina non sancta y un gobernador que pide exhibir a los “verdaderos huachicoleros”, sin morderse la lengua, pero manos igual o peor de pringadas.
El rancho de la discordia
La FGR y la Guardia Nacional presumieron sin un solo detenidos, el “decomiso del año”: más de dos millones de litros de combustible ilícito, 49 frac tanks, 18 autotanques, tractocamiones y chatarra industrial en el Rancho San Cristóbal, a las afueras de Reynosa.
El cateo se hizo por “denuncia anónima”, esa figura mágica que siempre sabe exactamente dónde está el huachicol… y suele tener credencial de elector y padrón de partido.
Desde la rumorología local, el predio presumen tiene nombre y apellido: lo ligan al senador José Ramón Gómez Leal, el JR, viejo conocido de los expedientes de huachicol fiscal y rival del gobernador Americo Villarreal,ligado a la nómina sentimental del difunto Rey del Huachicol, Sergio Carmona.
Que dice la periodista Sofia Pacheco:
«Un rancho huachicolero fue intervenido en Reynosa el fin de semana.
La FGR logro asegurar más de 2 millones del combustible ilícito 49 frac tank, 18 autotanques, 6 tractocamiones, 14 tanques metálicos, un montacargas y un cubitanque entre otros objetos propios para la actividad considerada Crimen Organizado.
El operativo de cateo y aseguramiento se realizó en el Rancho San Cristóbal, un predio rústico ubicado en la intersección de la carretera a Monterrey y el Libramiento Reynosa Sur, aproximadamente a 30 minutos al poniente de Reynosa y se llevó a cabo por «Una denuncia anónima» según se indica en el comunicado de la fiscalía correspondiente.
Desde luego que los rumores que apuntan como dueño al Senador José Ramón Gómez Leal no se hicieron esperar.
Aquí hay de 2 sopas:
O era de JR Gómez Leal o de sus oponentes y de ser así, ya nos imaginamos quien hizo la denuncia «anónima» .
Les recuerdo a mis 3 lectores sin querer ser pájaro de mal agüero que la última vez que reventaron un rancho huachicolero en la bronca Reynosa, resultó un delegado de FGR muerto afuera de las oficinas del Senador, muy acribillado luego de que los explosivos contra su vehículo no lo mataron.
Mientras la FGR contaba litros y tanques, Américo Villarreal salió a cuadro exigiendo ir “hasta las últimas consecuencias” y prometiendo exhibir a los “verdaderos huachicoleros” detrás del rancho.
Traducido del américo al español: que alguien, de preferencia con fuero ajeno y apellido Gómez Leal, pague la factura mediática del decomiso y de paso sirva de trofeo en la guerra interna de Morena en Tamaulipas.
El gobernador se declara muy satisfecho con el operativo, como si hubiera descubierto la gasolina bajo una maceta en Palacio y no en un rancho que todo el mundo en Reynosa sabía que era bodega desde hace años.
JR, santo patrono del “yo no fui”
El JR acumula reportes de inteligencia, columnas y hasta filtraciones de informes militares, que también lo trafican y que lo pintan como operador externo de redes de huachicol y tráfico por aduanas tamaulipecas, con socios en ANAM y compañías de transporte cruzando combustible de Texas a Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.
Pero cada vez que revienta un escándalo, el senador se cura en salud, se dice víctima de persecución política y jura que lo suyo son negocios “legales” y amor a la Cuarta Transformación, no al diésel y gasolina de origen texano.
Ahora que un rancho-bodega acaba cateado a 30 minutos de Reynosa, con infraestructura industrial que no se levanta en una quincena, la coincidencia política es tan descarada que hasta la “denuncia anónima” se sonroja.
Pleito de huachicoleros ilustrados
En una esquina, el gobernador que tiene a su sobrino Roberto Garcia,Director de Comercio exterior,muy cercano a su esposa Ma Villarreal de Santiago, como encargado de las cuotas del contrabando, ahora sermonea sobre los “verdaderos huachicoleros” y jura que va a exponer a los dueños del predio y de los autotanques, como si no supiera quién manda en cada metro de carretera y de aduana en Tamaulipas.
En la otra esquina, un senador de Morena con biografía atravesada desde los tiempos huachicoleros del extinto Carmona, con operadores acusados de cobrar moches aduanales y menciones directas en reportes de huachicol fiscal.
La belleza del caso es que ambos bandos tienen razón: sí hay que llegar a las últimas consecuencias y sí hay que exhibir a los verdaderos huachicoleros… siempre y cuando la definición incluya al gobernador, políticos, militares,marinos,policias,operadores aduanales, y senadores amigos del Cartel con rancho, tanque y tractocamión de sobra.
En la México-Pachuca, a la altura de Tecámac y con el AIFA como telón de fondo, una camioneta decidió estallar como si el país ya no soportara más simulaciones. El saldo fue el de siempre cuando la violencia se administra con desprecio institucional: dos hombres muertos, una zona acordonada y una explicación oficial que todavía camina con muletas.
La Fiscalía del Estado de México ya puso nombre y apellido a las víctimas: Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “Payín”. Ambos eran originarios de Sinaloa y, según los primeros reportes, el vehículo habría salido del AIFA antes de que la explosión lo convirtiera en evidencia rodante de que el Edomex no necesita ficción para producir escenas de alto impacto.
Lo que se sabe
Las primeras indagatorias sostienen que el artefacto explosivo estaba dentro del vehículo y que la detonación ocurrió mientras la camioneta circulaba por la zona de Haciendas del Bosque. También se informó que no hay indicios de que alguien hubiera arrojado el explosivo desde el exterior, lo que abre una línea de investigación mucho más inquietante que el clásico cuento de “accidente” que luego la burocracia intenta vender como si fuera un trámite.
En los reportes periodísticos más recientes, “Payín” aparece no solo como víctima, sino como presunto operador criminal ligado al Cártel de Sinaloa, aunque eso sigue siendo parte de las versiones en desarrollo y no una resolución judicial. Es decir: todavía no hay sentencia, pero sí suficiente humo como para entender que aquí no estalló una camioneta cualquiera, sino una historia que conecta crimen organizado, movilidad aérea y una autopista convertida en escena de guerra.
El fondo del asunto
Lo verdaderamente grotesco no es solo la explosión, sino la normalización del paisaje. Que una unidad salga del AIFA y, minutos después, termine hecha chatarra humana en Tecámac dice mucho de la fragilidad de los corredores federales y de la facilidad con la que el crimen se mueve por donde el Estado presume control.
Y mientras las autoridades revisan peritajes, restos y rutas, el país vuelve a la misma pregunta de siempre: ¿fue un ajuste de cuentas, un traslado que salió mal o una operación que alguien quiso borrar con fuego? Por ahora, la única certeza es la más incómoda: en el Edomex, hasta una explosión necesita narrativa oficial para no parecer lo que realmente es.
Mientras las autoridades siguen vendiendo la postal de siempre —mar, arena blanca y “pacificacion”—, Cancún volvió a recordar que en Quintana Roo la violencia no toma vacaciones. La madrugada de ayer lunes, un grupo de hombres armados abrió fuego dentro del bar Fusion, en la zona noroeste de la ciudad, y dejó a cinco personas heridas antes de escapar sin problemas, como si la impunidad también trajera reservación incluida.
De acuerdo con lo publicado, en el momento del ataque había apenas 10 personas en el lugar, lo que no evitó que los agresores hicieran lo suyo con una eficiencia que contrasta brutalmente con la torpeza oficial para prevenir estos episodios. Paramédicos y policías auxiliaron a los lesionados y los trasladaron a hospitales, pero hasta ahora no se ha informado su estado de salud ni se ha reportado la captura de los responsables.
El mismo negocio, el mismo método
Lo más grave es que no se trata de un hecho aislado, sino de una repetición casi cínica del guion. Según el reporte, el mismo sitio ya había sido escenario de una agresión en febrero de 2025, cuando aún operaba bajo el nombre de Babilonia: aquella vez hubo tres heridos y un muerto. Es decir, el bar cambió de nombre, pero el mensaje criminal siguió intacto.
Y como si faltara contexto, el ataque ocurrió apenas días después de otra balacera en Playa del Carmen, otro destino de catálogo donde el crimen organizado sigue disputando territorio, clientes y cuotas con la misma naturalidad con la que el gobierno presume inversiones y turismo récord. El motivo no fue revelado, pero la vieja receta suele ser conocida: control de narcomenudeo, extorsión o ambas, que en México cada vez se distinguen menos.
La vitrina rota del Caribe
La escena no solo exhibe la vulnerabilidad de quienes trabajan o salen de noche en la zona turística; también destroza la narrativa oficial de “destinos seguros” que se recicla cada temporada alta. Cancún y su corredor turístico siguen funcionando como escaparate internacional, pero debajo del maquillaje operan las mismas redes que cobran piso, negocian plazas y disparan cuando alguien no entiende el idioma del miedo.
La Marina acaba de presumir otro golpe en altamar: 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán, seis detenidos y combustible suficiente para que la operación no se quede como excursión marítima de fin de semana. El dato no es menor, pero tampoco conviene venderlo como si fuera el derribo del narco global: sirve para ubicar una ruta, una logística y un eslabón; no para confundir un decomiso táctico con el final de la película.
Puesto en perspectiva, 650 kilos son 0.65 toneladas. Sí, menos de una tonelada. Y aunque eso alcanza para miles de dosis en el mercado final, el problema real está en la escala industrial del negocio: la producción global de cocaína llegó a 3,708 toneladas en 2023, mientras Colombia concentró la mayor parte de la oferta sudamericana, con cifras de producción estimada cercanas a 2,600 toneladas y alrededor de 67% de los cultivos mundiales de coca. Dicho sin solemnidad: lo de Michoacán es un golpe, no el derrumbe de la fábrica continental.
La medida exacta del golpe
La propia nota del diario español, EL PAÍS ,señala que la Marina reporta 62 toneladas de cocaína incautadas en altamar en esta administración. Si esa cifra se pone frente a la producción global de 3,708 toneladas en 2023, equivale a alrededor de 1.7% de un solo año de oferta mundial; es decir, una porción relevante para la narrativa oficial, pero todavía modesta frente al tamaño del mercado ilícito que alimentan Sudamérica y las rutas marítimas del Pacífico.
El tamaño del cargamento
El cargamento de Michoacán fue de 580 paquetes tipo ladrillo distribuidos en 14 bultos, con un peso aproximado de 650 kilogramos y 350 litros de combustible, según el reporte oficial retomado por la prensa. Eso sugiere una embarcación preparada para tránsito corto y veloz, no para turismo náutico: poco volumen, mucha movilidad y suficiente autonomía para intentar colarse por una franja marítima caliente.
Contexto para ponerle nombre al golpe
En términos periodísticos, el decomiso no debe leerse como “otra captura más”, sino como evidencia de una economía criminal que opera por capas: producción en el cono sur, trasiego marítimo en el Pacífico y distribución regional en puntos de entrada como México. Si la coca sudamericana sigue creciendo en capacidad productiva, cada aseguramiento en el mar es apenas una interrupción local de una cadena que ya viene inflada desde el origen.
