Patricia Cano nunca imaginó que un viaje familiar terminaría como un safari por la jungla más salvaje del país: la de la impunidad. Llegó tranquila, en su camioneta Yukon, a la civilizada urbe de Escobedo,en Nuevo León, pero apenas se bajó en una vulcanizadora, aparecieron los “reyes de la selva”, un grupo de agentes ministeriales con más olfato para el dinero que para el crimen.
“Tu camioneta tiene anomalías”, le rugieron, con la solemnidad de quien anuncia una catástrofe nacional. Pero no había problema —faltaba más—, porque la justicia en México ofrece paquetes flexibles: por la módica cantidad de 15 mil pesos todo quedaría “olvidado”. Sin embargo, la fauna burocrática es glotona, y lo que empezó como un pequeño bocado de impunidad se convirtió en un banquete de 170 mil pesos.
Mientras tanto, la Fiscalía —esa especie de templo donde se adora al papeleo y se sacrifica la verdad— juró y perjuró no saber nada. Que no hay quejas, que el vehículo no está bajo su resguardo, que todo es un malentendido. Pero, oh sorpresa, tres meses después, le dicen que el vehículo mágicamente ya esta en manos del Consulado de Estados Unidos. Teletransportado, como por arte de magia administrativa.
Patricia, harta de cuentos, exige respuestas. “La quieren hacer perdediza”, dice sobre su camioneta, pero bien podría estar hablando de la decencia de las instituciones. Y mientras los “perjudiciales” devoran ciudadanos entre dictámenes, sellos y pretextos, la Fiscalía sigue publicando fichas informativas, como si la impunidad se curara con un boletín de prensa.
En el país donde robar una camioneta con uniforme no siempre es delito, sino parte del servicio, la única constante es la misma: los ciudadanos cruzan la jungla desarmados, y los depredadores tienen placa y fuero.
Con informacion: ELNORTE/
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