"GOBIERNOS SATRAPAS se QUITARON la MASCARA contra la PRENSA y el 2025 TERMINÁRA como SI VIVIERAMOS en la REPUBLICA BOLIVARIANA de VENEZUELA"...presumen democracia, pero necesitan de tribunales para hacer callar.

La censura que el gobierno jura que no existe ya no llega con soldados cerrando redacciones, sino con jueces, fiscalías y códigos penales convertidos en garrote “legal” contra quien se atreva a hablar de sus desvíos de conducta, que por cierto son muchos y muy frecuentes.

La semana en que la censura se quitó la máscara

• En Puebla, al periodista Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, lo sientan en el banquillo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un expediente viejo que casualmente se reactivó después de que su medio publicara investigaciones sobre corrupción en el gobierno estatal. No lo encarcelan, pero lo ahogan con medidas cautelares, comparecencias periódicas y desgaste judicial: censura por asfixia burocrática. 
• En Veracruz, al reportero de nota roja Rafael León Segovia, Lafita, lo detienen agentes ministeriales y militares, y la Fiscalía le cuelga delitos de terrorismo y ataques a la seguridad pública sin explicar en qué demonios se sostiene la imputación, mientras un juez obedece y le impone prisión preventiva oficiosa. El mensaje es brutalmente claro: informar sobre crimen organizado en Coatzacoalcos te puede costar la libertad. 
• En Michoacán, por primera vez, una ciudadana es detenida por publicaciones en redes sociales, acusada de “ataques al honor” de un funcionario municipal en Facebook, tras una investigación que incluyó rastreo de perfiles, orden de aprehensión y ejecución puntual. El precedente es tóxico: criticar a un servidor público en internet ya es tratado como delito, no como derecho. 

2025: el año de la mordaza con sello oficial

• Lo de esta semana no es un accidente, es la continuidad de un patrón de 2025 donde la censura dejó de disparar balas y empezó a tramitar expedientes, apoyada en juzgados, fiscalías y leyes ambiguas que simulan legalidad mientras rompen la libertad de expresión. 
• La presidenta Claudia Sheinbaum copia el guion de López Obrador y repite que en México ya no hay censura ni persecución, justo cuando crece el uso del aparato del Estado para perseguir periodistas y ciudadanos incómodos; el discurso de “ya no pasa” convive con casos que lo desmienten día tras día.

Gobernadores, jueces y fiscales: el nuevo escuadrón de silencio

• En Campeche, la gobernadora Layda Sansores lleva la censura a niveles nicaragüenses: un tribunal ordena censura previa contra el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna, obligándolos a mandar cualquier texto que la mencione a revisión judicial antes de publicar, mientras la Fiscalía exige a un medio los nombres de reporteros y editores de notas críticas bajo amenaza de sanciones. Eso no es una opinión del poder, es una orden oficial para controlar la pluma. 
• En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsa la llamada “Ley Censura”, reformas penales con figuras elásticas como “ciberasedio” que permiten castigar publicaciones en redes sociales, mientras, en paralelo, se abre proceso penal contra Rodolfo Ruiz tras exhibir corrupción estatal; ley y expediente se vuelven piezas del mismo mecanismo de intimidación. [1]
• En Tamaulipas, Tania Contreras, hoy presidenta del Poder Judicial, denuncia al periodista Héctor de Mauleón por violencia política de género a raíz de una columna que menciona posibles vínculos familiares con redes de huachicol, y la autoridad electoral responde ordenando bajar la columna y después imponiendo censura previa: De Mauleón no puede volver a escribir sobre ella sin permiso judicial. 
• En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, va contra el portal Acapulco Trends, y el tribunal ordena disculpas públicas diarias durante 15 días, cursos obligatorios, multas y registro del periodista como agresor de género, todo por publicaciones críticas de su gestión; la sanción no repara nada, solo busca humillar y mandar un escarmiento a cualquiera que piense escribir algo similar. [1]
• En el caso “Dato Protegido”, una ciudadana, Karla Estrella, es castigada por un tuit donde cuestiona nepotismo político, obligada a publicar disculpas durante 30 días con texto dictado por la autoridad y a inscribirse en un registro de sancionados, pese a no ser periodista ni candi era solo una ciudadana opinando, y el sistema decidió convertirla en ejemplo disciplinario. 

La ley como arma, no como escudo

• La censura en México ya no necesita cerrar medios ni desaparecer reporteros para imponer miedo: usa demandas, medidas cautelares, registros de sancionados y tipos penales mal definidos para convertir la libertad de expresión en un campo minado donde cualquier paso puede ser delito.
• Según Artículo 19, el acoso judicial contra periodistas alcanza en 2025 su máximo histórico, y casi la mitad de los casos se sostienen en acusaciones de violencia política de género, una figura creada para proteger derechos que el poder retuerce para silenciar críticas y blindar a funcionarios de la incomodidad del escrutinio. 

Lo que viene si nadie frena esto

• Pensar que esto solo le pasa a periodistas es una trampa: la censura ya alcanzó a una tuitera, a una usuaria de Facebook y seguirá con quien marche por vivienda, por trabajo digno o por seguridad, porque si el poder se acostumbra a castigar con la ley a quien habla, nadie está realmente fuera de peligro. 
• México no es Nicaragua ni Venezuela, pero se desliza por una pendiente donde ya no se prohíbe hablar, se castiga por hablar, y la censura legal de 2025 se está normalizando como práctica en expansión que, una vez instalada, es muy difícil revertir; el gobierno que presume democracia empieza a parecerse demasiado al régimen que necesita tribunales para callar a su propia gente. 

Con informacion: EMEEQUIS/