La justicia mexicana volvió a hacer de las suyas, le acaba de agregar otro episodio a la mas reciente temporada de impunidad,de esa serie donde los villanos ganan y terminan escapando legalmente por la puerta del reclusorio. Una jueza federal decidió absolver a Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, del delito de secuestro, porque —redoble de tambores— las pruebas de la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR) no fueron suficientes, como siempre,llamese como se llame y no importa quien sea su titular, hombre o mujer.
El expediente, armado hace décadas por la entonces Procuraduría General de la República, se desmoronó como castillo de naipes. Lo de siempre: pruebas mal integradas, peritajes flojos, testigos que no cuadran y un aparato judicial que confunde el debido proceso con un acto de prestidigitación.Aquí la ineficiencia no es casual, es estructural, casi cultural. Más que un error aislado, es un ritual burocrático que garantiza que los peores criminales puedan aspirar a segundas oportunidades.
La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo lo explica con ese lenguaje jurídico tan elegante que sirve para disfrazar lo obvio:el Estado mexicano no sabe (o no quiere) armar casos sólidos. Así que, tras casi tres décadas en prisión, “El Mochaorejas” se sacude otra de las cadenas que lo mantenían atado. Eso sí, todavía le sobran delitos por cumplir —porque la justicia mexicana, aunque cojea, siempre deja restos de decencia que no alcanzan para salvar la cara—.
Y mientras tanto, los ciudadanos seguimos en este eterno déjà vu en el que la PGR, la FGR o como se llame mañana, se tropieza con sus propios expedientes y le abre la puerta a monstruos que deberían ser ejemplos, no anécdotas. Pero en este país, los criminales cumplen condenas más limpias que las instituciones que los persiguen.
Con informacion: NOROESTE/
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