A tan solo unos días de que las autoridades aplaudieran su flamante “Ley contra la Extorsión”, los tránsitos del área metropolitana de Monterrey parecen haberla tomado como manual de operación, no como advertencia. Los transportistas de carga lo viven a diario: una gira interminable de mordidas, amenazas y detenciones inventadas donde la carretera se convierte en una casa de cobranza con uniforme oficial.
Circular por cualquier municipio del estado —Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Monterrey o Santa Catarina— es como pasar por una serie de peajes clandestinos: cada agente cobra su cuota y el que no paga, se queda sin ruta. Las “multas” ya no se camuflan: las tarifas oscilan entre los 4 mil 500 y los 20 mil pesos, con el clásico chantaje de la grúa como guarnición.
“Pásame la clave”, exigen los tránsitos, como si la corrupción fuera un sistema bancario paralelo. “¿Con quién estás arreglado?”, preguntan, confirmando que lo único organizado en las calles es la extorsión. Y mientras los empresarios advierten una crisis sin precedentes, los funcionarios insisten en que todo está bajo control… solo que el control parece ser de los bolsillos de los transportistas.
El colmo: ahora las licencias digitales sirven de pretexto para el atraco. Si el internet falla o si el papel impreso no convence al oficial, el operador queda a merced del reglamento más absurdo del país: el reglamento de la mordida.
“Monterrey es un infierno”, resumió un líder transportista. Y no exagera. En este Nuevo León, la autoridad devora con la misma hambre con la que promete servir. Apenas se firma una ley contra la extorsión y los tránsitos ya están celebrando, brindando con el sudor ajeno, seguros de que aquí, como siempre, la impunidad tiene preferencia vial.
Con informacion: ELNORTE/
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