Otra vez Colima con su insistente estruendo de las balas y el silencio oficial que ya se volvió costumbre. El crimen vuelve a restregarle en la cara al Estado su poder real. Ahora fue Heriberto Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, quien conoció de cerca lo que millones de ciudadanos padecen todos los días: el miedo en carne viva. Lo acribillaron cuando iba rumbo a trabajar, como quien deja un mensaje grabado en plomo: nadie está a salvo, ni los jefes de policía.
El Gobierno, predecible, respondió con su manual de siempre: condena, comunicado y promesas de “investigación a fondo”. Mientras tanto, los agresores ya deben estar riéndose con una cerveza en la mano. Colima, ese pequeño estado que un día fue postal de paz, hoy respira pólvora con naturalidad: 404 homicidios en ocho meses. Cuatrocientos cuatro historias truncadas, y lo que queda del año todavía promete.
Hace apenas semanas, asesinaron a una exalcaldesa; antes, a otro funcionario; y más allá, a un alcalde en Michoacán. Pero la respuesta institucional suena igual en todos lados: conferencias de prensa, corajes fingidos, operativos exprés y olvido a la vuelta de la esquina. En Colima ya no hay “héroes de uniforme”, solo sobrevivientes resignados que patrullan sabiendo que podrían ser los próximos.
El ataque contra Ramírez no solo es un intento de asesinato: es una burla. Una puesta en escena que revela el verdadero reparto del poder. Mientras los delincuentes actúan a plena luz del día, el Estado se limita a lamerse las heridas y repetir su mantra de justicia. Y los ciudadanos, esos sí, aprendieron hace tiempo a no esperar rescate: en Colima, la seguridad es un mito, y la impunidad manda el parte de guerra.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/PAULINA FLORES
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