El desalojo en la colonia 23 de Marzo de Reynosa, a un costado del boulevard Colosio, fue un operativo judicial ordenado por un juez de control, que inició la madrugada del miércoles (alrededor de las 5-6 am) y derivó en violencia, bloqueos y enfrentamientos entre residentes y fuerzas estatales.
Sin embargo, la actuación de las autoridades podria quedar en entredicho si atendemos el trascendido que advierte, que el propietario real de estos terrenos, es el actual Senador de Morena,Jose Ramon Gómez Leal.
Cronología de los hechos
El miércoles a primera hora, más de 300 familias fueron sorprendidas por el arribo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Guardia Estatal y maquinaria pesada. Los vecinos, quienes alegaron tener más de 10 años viviendo en el predio y estar en trámites para su regularización, bloquearon el boulevard Colosio para impedir el ingreso de las autoridades y la demolición de sus viviendas.
La resistencia subió de tono con quemas de llantas y el lanzamiento de objetos, lo que motivó la intervención de equipos antimotines. Se reportaron disparos de salva, altercados, varios detenidos (al menos 5) y lesionados (reporte mínimo de 4 a 15 personas según distintos medios). Hacia las 11:00 am, la demolición avanzó mientras colonos intentaban rescatar pertenencias entre llantos y reclamos.
Presunto afectado del despojo
Quien legalmente aparece como afectado es Gregoria Vázquez Pérez, viuda de Raúl García, quien, tras ganar un juicio de devolución bajo respaldo de una orden judicial, reclamó la propiedad y pidió la restitución del terreno. Durante años, los habitantes habían ocupado el predio invadido y gestionaban, según ellos, acuerdos con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) para su regularización, argumento que no fue atendido por la autoridad judicial ejecutora.
Contexto y testimonios
- Los residentes argumentan haber invertido y vivido más de una década en el predio, construyendo casas, escuelas e iglesias, e incluso teniendo credenciales electorales con ese domicilio.
- Reclaman falta de diálogo, pues se encontraban gestionando soluciones con INSUS y, según sus dichos, nunca fueron notificados de manera adecuada y solicitaban la intervención de autoridades estatales y federales, así como la de organismos de derechos humanos.
- Las historias recogidas mencionan pérdidas totales, enfermedades, y condiciones de vulnerabilidad entre las familias desalojadas
Consecuencias
El desalojo dejó lesionados, detenidos, daños materiales, y una comunidad fragmentada exigiendo diálogo y alternativas a su situación.
Esta información refleja el panorama complejo y conflictivo entre legalidad de la propiedad y el derecho humano a la vivienda de los ocupantes, pero también exhibe el escenario frecuente donde el trafico de influencias termina decidiendo,cuando no incidiendo, en los procesos legales en Tamaulipas con la justicia al servicio de los pudientes, los criminales y resto de poderes fácticos.
Con informacion: ELEFANTE BLANCO/ MEDIOS
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