El gobierno de Puebla volvio a darnos cátedra de cómo la ética pública se maquilla con comunicados. Anallely López Hernández, Delegada del Bienestar en la microrregión 8 de Libres, decidió bajarse del barco justo cuando el agua comenzaba a entrar por todos lados. “Motivos personales”, dice. Traducción libre: la cargada mediática se puso incómoda.
La funcionaria que tambien trabajo para la Fiscalia General de la Republica «(FGR), salió a cuadro el mismo día en que los federales atraparon a Nazario Ramírez Ramírez, líder transportista con presuntos lazos con el CJNG.
Ella no estaba de paso, no —estaba ahí, en la escena, con él y otras acompañantes. Pero el gobierno poblano se apresura a recordarnos que su dependencia “se sustenta en principios de transparencia y honestidad”. Qué bonito suena. Y qué poco sirve cuando la transparencia se convierte en vidrio polarizado.
El expediente oficial recita que aquel 14 de octubre cayeron armas, cartuchos, metanfetamina y hasta un coche blindado. Casi nada. Pero lo que de verdad retumba es la coreografía de poder y amistad entre una funcionaria con sueldo de 19 mil pesos y una vida que parece sacada del catálogo de lujo de un influencer del narco: Rubicon, Cartier, Van Cleef, viajes a Las Vegas y helicópteros en Los Ángeles.
Que la exdelegada asegure que su relación con Nazario era “profesional” roza lo poético.
Tal vez en el nuevo diccionario del Bienestar, “gestión comunitaria” significa abrir canchas con presuntos criminales y brindar con exfutbolistas mientras se hunde la línea que separa lo público de lo indecente.
La renuncia llegó, sí. Pero más que rendir cuentas, huele a cierre administrativo para fingir limpieza. Un maquillaje rápido de complicidad. Otro caso donde la impunidad se disfraza de institucionalidad y se declara “motivo personal”.
Con informacion: ELNORTE/
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