El caso del robo de 180 kilos de cocaína al narco en Tijuana exhibe, sin medias tintas, el desorden institucional y la delgada línea entre quienes portan placa y quienes mandan en la plaza. Según la investigación de Proceso,confirmada por la fiscalía del estado, varios agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) —la policía que se supone combate al crimen organizado— están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República por haber robado en coordinación con el Cártel Arellano Félix el cargamento valuado en varios millones de dólares,dependiendo del destino de la droga y la etapa del mercado negro donde se calcule el precio.
Si esta carga logró llegado al mercado en EE. UU., donde el gramo puede costar entre 25 y 200 dólares, su valor minorista total podría rebasar 20 millones de dólares, de acuerdo con informacion citada por La Jornada.
El robo y la venganza
El golpe fue el 4 de octubre, en Ojo de Agua, Tijuana. Los dueños del cargamento, que al parecer pretendían cruzar los 180 kilos “por la libre” —sin pagar derecho de piso a ningún cártel—, se toparon con policías que, en lugar de decomisar, se pusieron en plan de “bajadores”. Les robaron la mercancía y también dinero en efectivo.
El resultado: un infierno de represalias. Comandos y drones atacaron en los días siguientes instalaciones de la FGE en Tijuana y Ensenada. No es casualidad, sino la consecuencia directa de haberle tocado el dinero sucio a los equivocados.
La fiscal y la tormenta
La fiscal estatal, Ma. Elena Andrade Ramírez, dio la cara con un discurso de moral policial: “el que anda en malos pasos tiene que pagar, con cárcel o con muerte”. En Baja California, esa frase no suena a advertencia, sino a epitafio. La propia Andrade reconoció que los quemados son agentes de la FESC y que todo fue denunciado ante la FGR.
Mientras tanto, aparecieron narcomantas mencionándola, aunque ella asegura que no son amenazas contra su persona, sino mensajes cruzados entre malandros: “fiscal, no es por aquí, no fui yo”. Un código criminal en plena vía pública.
El retrato real
Si algo refleja este episodio es que la frontera está desbordada. Policías que trabajan para el Estado y para el narco dependiendo del turno. Un cártel viejo —el de los Arellano Félix—, que sigue operando a la sombra de la violencia más reciente, y una autoridad que intenta mantener la fachada de legalidad mientras lidia con sus propios fantasmas.
El saldo: una guerra interna, disimulada bajo el nombre de “investigación ministerial”, que dejó claro el mensaje de siempre en Tijuana: quien se mete con la mercancía, paga en plomo.
Con informacion: PROCESO/
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