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viernes, 24 de octubre de 2025

«TRES AÑOS UBICADOS,NOMAS FALTA ATORARLOS ?»: «TODO MICHOACAN CONOCE el HAREM CRIMINAL,RUTAS y GUARIDAS,AUTORIDADES siguen LENTAS y ELLOS MATANDO a lo BESTIA»…el fracaso institucional convertido en rutina.


La escena en Michoacán parece extraída de una tragedia burocrática donde todos saben quién es el villano, todos conocen la guarida, las rutas, los apodos y hasta los chismes del harén criminal… y, aun así, nada pasa. Tres años de informes, intercepciones, ubicaciones precisas y “seguimientos” que suenan más a contemplación que a estrategia. Un crimen permanente avalado por la inacción.

Nicolás Sierra Santana, «El Coruco» y/o «El Gordo», jefe del grupo delictivo «Los Viagras» que trabajaba hombro con hombro para combatir otros narcos,vive literalmente en el cerro. No es metáfora: ahí manda, cobra, regula precios del pollo y del limón, y hasta define cuánto cuesta un refresco. 

Desde esa altura maneja una economía paralela donde el Estado está invitado de piedra. Su dominio no es clandestino: el Ejército lo “detectó” desde 2022, la Sedena tiene informes, hasta nombres de sus asistentes… y, sin embargo, el capo sigue tan campante, como si la inteligencia militar fuera un expediente ornamental.

El elenco da para una miniserie oscura:

  • Un jefe que hereda prácticas templarias de cuando “El Chayo” obligaba a alcaldes a peregrinar al cerro para entregar sobres.
  • Operadores con nombres que parecen caricaturas —“El 300”, “El Ingeniero”, “El Quemado”—, todos identificados, monitoreados y nunca capturados.
  • Una estructura interna de nueve mujeres y una líder apodada “La Chola”, con conflictos administrativos dignos de una oficina en ruinas: chismes, celos, desconfianza. Hasta eso está registrado en informes castrenses. No hay justicia, pero sí un buen inventario de chismes del cartel.

El caso de “El Plátano” —o “El Pantano”, que ya ni las autoridades saben cómo se llama— resume la incompetencia institucional. Un sospechoso confundido con su hermano, ambos apodados igual, uno detenido y liberado, otro exhibido como trofeo mediático sin certeza de identidad. Parece más un sketch administrativo que una operación de justicia. Si ni el sobrenombre pueden registrar bien, ¿cómo esperar que desmantelen un cártel?

Mientras tanto, los limoneros siguen pagando, los soldados siguen “localizando” y los políticos siguen compareciendo con frases ensayadas. Lo único que no cambia es la impunidad: esa montaña donde el Estado siempre promete subir “mañana”.

Con informacion: ELNORTE/

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