«CACERIA de PLACAS FORANEAS ?»:JEFE de SSP N.L CONFIESA que la LEY que NO se NEGOCIA la VAN a VIOLENTAR por CONVENIENCIA TACTICA»…suena más a pesca de arrastre que estrategia de inteligencia.

Autoridades de seguridad y de Tránsito anunciaron ayer que arrancarán hoy revisiones aleatorias a vehículos que circulen por Nuevo León con placas foráneas.

Por acuerdo de la denominada Mesa para la Construcción de la Paz, en la que participan corporaciones federales, estatales y municipales, los vehículos qu e porten láminas que no sean de Nuevo León podrán ser detenidos en la vía pública para revisar su documentación.

¿Combatir delito… cometiendo delito?
Parece que en Nuevo León quieren aplicar el viejo principio del “todo se vale si es por la seguridad”, una receta tan antigua como el populismo policiaco. Pero cuidado: cuando el Estado se convierte en sospechoso de sí mismo, la ley deja de ser escudo y se vuelve garrote.

Ese operativo de revisar a discreción “vehículos con placas foráneas” suena más a pesca de arrastre que a estrategia de inteligencia. En jerga jurídica, podría ser calificado —por un juez con sentido común y algo de valor— como una violación abierta a derechos y garantías constitucionales. Enumeremos, porque la lista es más larga que un parte policial mal redactado:

• Artículo 11 Constitucional: Libertad de tránsito.
  Detener a un conductor sólo por tener placas de otro estado es, técnicamente, una restricción inconstitucional al libre tránsito dentro del territorio nacional.
• Artículo 16 Constitucional: Legalidad y motivación de los actos de autoridad.
  Cualquier revisión o detención debe estar fundada y motivada, no “aleatoria” ni “por acuerdo de mesa”. Traducido: sin orden ni causa probable, el operativo es una cacería, no una investigación.
• Artículo 21 Constitucional: Seguridad pública bajo control civil y respeto a derechos humanos.
  “Combatir delitos” con actos que rozan el abuso de autoridad es una forma de inseguridad institucionalizada.
• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: Obliga a que toda intervención policial respete los principios de legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Nadie explicó el protocolo. Ergo: se viola el marco mínimo.
• Reglamentos municipales y de tránsito: Un operativo debe ser previamente publicado, con lineamientos claros. Sin eso, cualquier “revisión” se convierte en acto arbitrario o extorsivo.

Y luego, el clásico argumento: “es que muchos delitos se cometen con autos de placas foráneas”. Falacia estadística de manual. No hay cifras, solo sospechas. Si mañana un político delinque con zapatos negros, ¿prohibimos los mocasines?

Esta medida huele más a control administrativo disfrazado de cruzada de seguridad, un atajo torpe para forzar la regularización vehicular bajo el disfraz del combate al crimen.

En resumen: quieren combatir la ilegalidad con ilegalidad. El fin no sólo NO justifica los medios… los contamina. En un Estado de Derecho, la ley no se negocia por conveniencia táctica. Si el gobierno actúa como sospechoso, los ciudadanos quedamos todos en calidad de culpables potenciales.

Con informacion: ELNORTE/