«GUARDIAS NACIONALES EXHIBIDOS en VIDEO TORTURANDO se ENFRENTARIAN a MAS de 30 AÑOS de CARCEL SI ESTUVIERAMOS en DINAMARCA»…pero estamos en «Dimenarca».

Un video difundido en redes sociales muestra a dos elementos de la Guardia Nacional mientras golpean con una tabla a dos hombres detenidos en el municipio de Tijuana, Baja California. El incidente ha generado una fuerte polémica en plataformas digitales, con opiniones divididas sobre el uso de la fuerza y los métodos empleados.

Lo que ocurrió en Tijuana no es solo una anécdota más del México acostumbrado a ver la violencia en uniforme: es una radiografía brutal del abuso de poder. 

En un país donde los militares juegan a ser policías, y los policías actúan como verdugos, el video que circuló en redes sociales muestra a dos agentes de la Guardia Nacional —ese cuerpo híbrido de disciplina castrense y función civil— apaleando a dos civiles con una tabla en medio de un basurero urbano en Baja California. No hay contexto que lo justifique, no hay guerra contra el narco que lo redima: hay una escena de humillación pública, de sadismo institucional, de impunidad tatuada en el uniforme.

Corte de caja de los presuntos delitos

Un Ministerio Público con agallas —como en Dinamarca, no en “Dimenarca”— desmenuzaría este hecho con precisión quirúrgica:

1. Tortura (Artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura):
   Golpear a detenidos, incluso bajo custodia temporal o presunta, configura un acto de tortura.
   Pena aplicable en un sistema de justicia digno: de 10 a 20 años de prisión, inhabilitación permanente y reparación integral del daño moral y físico.
2. Abuso de autoridad (Artículo 215 del Código Penal Federal):
   Ejercer violencia o coerción física sobre ciudadanos sin causa legal.
   Pena danesa equivalente: de 5 a 8 años de prisión, más la pérdida del cargo de por vida.
3. Violación de derechos humanos y tratos crueles (Artículo 22 Constitucional y normas de la ONU):
   La escena del video vulnera de forma directa el derecho a la integridad personal.
   Pena moral en estado de bienestar nórdico: destitución inmediata, juicio civil y penal, disculpa pública obligatoria y reparación duplicada.
4. Encubrimiento institucional (por omisión o silencio de superiores):
   La Guardia Nacional y las autoridades estatales han optado por no pronunciarse.
   Sanción proyectada: cárcel por omisión (hasta 6 años) y cese de mando.

En total, sumadas las violaciones, el expediente daría para más de 30 años de prisión efectiva sin derecho a beneficios, además de la degradación pública de los implicados —no ceremonial, sino administrativa, con retiro de insignias y registro en bases internacionales de abusos uniformados.

Una Guardia Nacional sin guardia moral

Lo más indecente aquí no son los golpes, sino el silencio. La Guardia Nacional, que debería ser garante del Estado de derecho, se hunde en el mismo lodo que dice combatir. Ya no hay diferencia simbólica entre los verdugos de la esquina y los uniformados que golpean ante una cámara. Lo que retrata este episodio es una podredumbre estructural: cuerpos policíaco-militares que operan sin control civil ni ética, escudados en la excusa de la «seguridad» y la impunidad que obsequia el uniforme.

Mientras los responsables callan, el país entero mira cómo el uniforme se convierte en licencia para torturar. En Dinamarca, estos “agentes” estarían rindiendo cuentas ante un juez imparcial, los testigos protegidos, y el sistema judicial ya habría emitido condenas ejemplares. En México, en cambio, se reproducen los videos y se cruzan los brazos. Esa es la verdadera tortura: la de la impunidad institucional.

Con informacion: LAOPINION/