El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ratificó la sanción contra Manuel Muñoz Cano, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras confirmar que ejerció violencia política de género contra la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.
La resolución establece una multa económica de cinco mil pesos y la inclusión de Muñoz Cano en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, lo que lo inhabilita para contender por cargos públicos durante ocho meses.
1. El pecado original: decir “la niña del Congreso”
Una frase tan blanda como un saludo en la fila del súper se convirtió —gracias al oportunismo político— en la “prueba reina” de violencia política de género.
La expresión, tomada per se, no contiene un elemento explícitamente discriminatorio, vejatorio o de subordinación. En el contexto político mexicano, el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) exige intencionalidad, daño o menoscabo en el ejercicio del cargo público, no simple percepción subjetiva o susceptibilidad partidista.
Aquí el IETAM confunde con alevosía el lenguaje coloquial con violencia institucional, convirtiendo un “modismo desafortunado” en delito de lesa corrección política.
2. El fallo y sus bases: una interpretación elástica del derecho
El artículo 3, fracción V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el artículo 7, fracción XIII de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) definen violencia política de género como “toda acción u omisión, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de derechos políticos o públicos de las mujeres”.
¿Dónde está el menoscabo objetivo aquí?
¿Se le impidió votar, legislar o ejercer su curul? No.
¿Se le redujo su salario, se le hostigó, o se le invisibilizó institucionalmente? Tampoco.
El IETAM, al sancionar, crea un precedente peligroso: convierte la percepción subjetiva en prueba plena, algo jurídicamente inadmisible según el principio de tipicidad (art. 14 Constitucional) y el principio de legalidad sancionadora (art. 16 Constitucional).
En otras palabras: no se puede castigar lo que la ley no describe con claridad.
3. El trasfondo político: cuando la justicia se viste de color guinda
Katalyna Méndez Cepeda no es una simple diputada ofendida. Es una legisladora del círculo político cercano a Américo Villarreal, gobernador morenista de Tamaulipas.
Su lealtad al grupo gobernante y su relación con operadores del bloque Morena-Verde (una alianza de conveniencia que aquí se fractura por egos) explican mucho más que el acta administrativa.
Esta denuncia se lee más como un ajuste interno entre aliados electorales que como un acto de defensa del feminismo institucional.
Morena, a través del IETAM, instrumentaliza el discurso de género como garrote político, reafirmando su control sobre actores incómodos (en este caso, el PVEM local).
4. El absurdo jurídico: proporcionalidad y libertad de expresión
La multa de 5 mil pesos y 8 meses de inhabilitación viola de lleno el principio de proporcionalidad de las sanciones (art. 22 Constitucional).
Por una frase coloquial, el IETAM aplica la pena máxima prevista en el artículo 456 de la LGIPE, bajo el argumento de que “no fue inocente”.
¿Desde cuándo el Tribunal Electoral interpreta intenciones como si leyera mentes?
El debido proceso (art. 14 y 16 Constitucional) exige prueba plena de dolo o reiteración, no presunción moral.
Y lo más grave: se criminaliza la palabra.
La libertad de expresión política, amparada por el artículo 6 Constitucional y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege incluso expresiones críticas, incómodas o coloquiales, si no generan un daño real.
5. Conclusión: la justicia como teatro político
Lo que el IETAM llama “resolución con perspectiva de género” es, en realidad, un acto de sumisión institucional ante el poder morenista en Tamaulipas.
Una sanción más simbólica que jurídica, diseñada para exhibir a un dirigente verde que osó salirse del guion del gobernador.
El proceso revela un uso faccioso del aparato electoral: la justicia se traviste de progresismo mientras actúa como brazo censor del poder.
En resumen:
- No hubo violencia política de género: hubo politización del lenguaje.
- Se violaron los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.
- Se usó la causa feminista como instrumento de control partidario.
- El IETAM actuó como guardián moral de Morena, no como árbitro imparcial.
El Tribunal ansioso de protagonismo
La escena política tamaulipeca ofrece, una vez más, el retrato depurado de un tribunal que ha confundido su deber de tutela con el ejercicio ornamental del poder. El IETAM, erigido como garante de la imparcialidad, parece haber sucumbido a la tentación de lo ejemplarizante sin sustento, sustituyendo el análisis jurídico por una moral de conveniencia. Su manto de autoridad se confunde con el de una corte ansiosa de protagonismo, incapaz de distinguir entre la defensa legítima de los derechos y la manipulación emocional de una coyuntura política.
La oportunista partidaria
La diputada Katalyna Méndez Cepeda, figura emergente del oficialismo morenista y estrecha al círculo de influencia del gobernador Américo Villarreal, se presta a este juego con envidiable destreza. Disfraza de indignación cívica lo que no es sino cálculo político; reviste de defensa feminista un acto de oportunismo partidario. En su alegato, la causa de las mujeres se convierte en instrumento, no en convicción; en arma de representación, no en bandera de justicia.
Ambos —tribunal y diputada—, en su coreografía de virtud y victimismo, conforman una maquinaria aceitada por la conveniencia. No buscan esclarecer la verdad, sino tallar un ejemplo útil para el discurso dominante. Donde debió prevalecer la mesura, floreció el exceso; donde se esperaba justicia, apareció el castigo simbólico, el linchamiento de formas más que de fondos.
Así transcurre el teatro de la legalidad en Tamaulipas: con actores que declaman principios mientras operan bajo la penumbra de intereses cruzados, y un público que apenas alcanza a distinguir si asiste a un juicio o a una puesta en escena diseñada para proteger, no a la ley, sino a sus voceros convertidos en calamidad y lastre en Tamaulipas.
Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/ REDES/
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