¡Vaya Monreal, qué genio del Derecho! Cuando el país arde entre extorsiones y corrupción institucionalizada, ¿qué mejor idea que regalar misericordia a los servidores públicos como el Gobernador de Morena en Tamaulipas, Americo Villarreal,que al igual que muchos otros deciden taparse los ojos y hacerse de la vista gorda ante la extorsión.
Porque resulta,segun el Senador Ricardo Monreal,tambien de Morena, que —según los nuevos dogmas legislativos— la omisión del funcionario, ese acto sublime de “no vi nada, no escuché nada, no sé nada”, merece castigos más suaves. ¡No vaya a ser que perdamos por exceso de rigor a nuestras lumbreras burocráticas!
¿Indulgencia o manual de impunidad?
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados, impulsada por Ricardo Monreal, reduce la pena de cárcel para la autoridad que omite denunciar un acto de extorsión, bajando los sacrosantos 10–20 años propuestos a un cómodo 5–12 años. La justificación oficial: “no se puede castigar más al funcionario omiso que al extorsionador”.
A ver, Monreal: ¿qué parte de “descuidar la función pública te hace cómplice del crimen” es difícil de entender? El extorsionador daña a la víctima, pero el funcionario cobarde, corrupto u omiso institucionaliza ese daño y perpetúa el cáncer social. La omisión deliberada de un servidor público no es falta menor, es un pacto de silencio con el abismo del abuso.
Números, contexto y cinismo
En el primer semestre de 2025 se registraron casi seis mil denuncias formales de extorsión, y eso sin contar las miles que nunca ven la luz por miedo a la represalia o la desconfianza en las autoridades.
¿De verdad este es el momento para abrir la puerta al club de la compasión institucional? Si a tus “compañeros funcionarios” que no reporten o que faciliten la extorsión se les cuida con penas módicas, ¿qué mensaje recibe el resto del servicio público? Sencillo: que el costo-beneficio del silencio o la complicidad es más manejable, que la “familia administrativa” se protege y que —si la ley lo permite— callar es negocio.
La moral legislativa según Monreal
El dogma nuevo se adorna con frases de manual universitario: “proporcionalidad penal”, “racionalidad punitiva”, “justicia restaurativa”. Pero, a la hora del reality, lo que el legislador dicta es lo que la calle padece. El funcionario público que omite, encubre o facilita la extorsión no solo incumple con su deber: se convierte en motor de impunidad, multiplicador de víctimas y socio informal del crimen. En todo país serio, el servidor público tiene una obligación agravada, no atenuada. Porque quien tiene el poder de evitar el mal y escoge el silencio, el cinismo o la protección a sus compinches, no merece descuentos, ni indulgencias ni “justicia maternal”.
La retórica del ajuste
La bancada guinda, con respaldo de MC y PVEM, bendijo la reforma alegando la “ruptura de consenso”. PAN y PRI denunciaron que la jugada es una “ley Hernán”, para proteger a mandos morenistas bajo sospecha en Tabasco. ¡Y claro! Si la corrupción tiene nombre y apellido en la política mexicana, ¿quién mejor que el Congreso para ponerle alfombra roja a la reincidencia y la omisión?
No es lo mismo omitir que extorsionar… ¿o sí?
Dejemos claro: no es igual extorsionar que omitir. Pero en lo público, el silencio es complicidad por defecto. La diferencia entre el extorsionador y el funcionario omiso no es la gravedad del delito, sino el alcance social del daño. Si cada ministerio público, cada policía y cada director de penal puede “olvidar” denunciar la extorsión bajo peligro sólo de cinco años de cárcel (con buena conducta, hasta menos), el Estado se convierte en un cómplice institucional.
¿Mano dura? ¿Justicia? ¿O solo es teatro?
La ley quiere destinar los bienes decomisados por extorsión directamente a las víctimas, noble idea… pero ¿qué pasa si la extorsión florece bajo el cobijo del silencio institucional? La mano dura es show si no se acompaña de sanciones ejemplares para funcionarios que perpetúan el modelo mafioso. Solo con castigos duros a los responsables de la administración pública (no solo criminales) puede cambiar el costo de ser parte del círculo de la extorsión.
El final (incluso si a Monreal no le gusta)
Reducir condenas a funcionarios cómplices no es defensa de derechos humanos ni racionalidad jurídica: es señal política de que la ley se pliega a intereses y corporativismos de partido. En cualquier Estado con aspiraciones mínimas de decencia, la omisión ante el crimen público se castiga duro, no con caricias. Si esta reforma triunfa, el mensaje para el resto de la administración es claro: la impunidad sigue siendo regla, y el que se hace el ciego sonríe pensando que en México la complicidad paga menos que el crimen.
Ahora sí, que vengan los defensores del “castigo justo”. Porque si la función pública no es ejemplo, solo será negocio. ¿Qué sigue, Monreal? ¿Amnistía para los tibios? ¿Medalla a la omisión elegante? Aquí la extorsión no mata —la indiferencia institucional sí y la familia del empresario Gabriel Hernández,primero levantado, luego extorsionado y finalmente ejecutado, luego de señalar como responsable al lugarteniente que abraza al gobernador, Americo Villarreal.
Con informacion: INFOBAE/
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