En un país donde todo se arregla con memes, uno de nuestro dilectos legisladores de Morena decidió declararle la guerra a los gifs del mal. Armando Corona, cuyo apellido parece presagio de aislamiento digital, presentó una iniciativa que busca meter a la cárcel a quien ose ridiculizar con humor. O sea, básicamente a todo México.
El proyecto —ese Frankenstein jurídico mal armado— promete entre tres y 9 años de prisión para el hereje que cometa el pecado de hacer reír con imágenes. Y si la víctima es un político sensible, la condena se eleva como el ego en campaña.
Ricardo Monreal, que es un venado muy lampareado,una abeja muy humeada y que sabe leer el termómetro del ridículo, tuvo que salir al quite: “No va a pasar”, dijo con esa resignación zen de quien ya vio demasiadas ocurrencias desfilar por San Lázaro. Tal vez pensó que era broma, un meme en potencia.
El PAN reaccionó con su característico olfato a la risa fácil: “Propuesta absurda y trasnochada”. Elías Lixa incluso confesó su crimen: tiene stickers del diputado promovente. Si lo atrapan, le darán cárcel o el premio al mejor timing humorístico del año.
El PRI, por su parte, desempolvó su manual de moral política y dijo que esto “es propio de gobiernos dictatoriales”. Y cuando el PRI dice que algo es propio de dictaduras, uno siente que se activa un detector de ironías a nivel histórico.
En resumen: el Congreso mexicano, entre reformas fiscales dormidas y crisis de austeridad, decidió discutir si un meme es más peligroso que el huachicol fiscal. Si esto sigue así, pronto veremos al Ministerio Público de los Stickers, con agentes especializados en decomisar paquetes de Pepe the Frog en los grupos de WhatsApp.
Tal vez la próxima propuesta sea regular las carcajadas. Porque allá donde fracasa la política, siempre queda la capacidad de reírse de ella.
Con informacion: ELNORTE/
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