Cuando en noviembre de 2012 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón inauguró la Central Hidroeléctrica La Yesca en el Estado de Nayarit, el mandatario panista exhibió la obra como una de las más relevantes de su sexenio (2006-2012).
Con una capacidad de producción de 750 megavatios —la mitad de la demanda máxima de la ciudad mexicana de Guadalajara—, esta infraestructura en el cauce del Río Grande de Santiago se presentó a la opinión pública como la segunda presa más grande del mundo tras las Tres Gargantas de China.
Una década después, un enigmático informe elaborado por el abogado español Mauricio Cort oscurece la colosal obra panista. El proyecto se adjudicó a la constructora mexicana ICA y costó más de 1.000 millones de dólares, un 30% más del presupuesto inicial.
Las sombras se ciernen ahora sobre un supuesto documento de asesoría por el que Cort cobró tres millones de dólares. El abogado percibió esta suma en Andorra en noviembre de 2012, cuando Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto.
Cuatro misteriosas empresas mexicanas transfirieron los tres millones del informe a una cuenta del letrado en el principado pirenaico. Se trata de las mercantiles Comercializadora y marketing Maja SA, Internacional Transfer Gamba SA, Ramra consulting SA y Asesoría y edificación integral Rutgal SA.
La Policía de Andorra cuestiona el informe de Cort, que se tituló “Estudio de riesgos para determinar la pérdida máxima probable del proyecto hidroeléctrico La Yesca”. Y sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales (sin actividad). Los agentes indican también que el letrado operó como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran agraciadas con adjudicaciones públicas, según un informe de los investigadores del principado pirenaico al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Tres meses después de cobrar en Andorra su misterioso estudio de consultoría, Cort envió el 80% del dinero a un depósito en la Caja de Ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Assets Trust and Corporate Services Inc. Los fondos se destinaron después a adquirir una propiedad en este país centroamericano en el Ocean Reef, un residencial de lujo con club de yates y helipuerto, e invertir en un “proyecto inmobiliario” en la isla Pedro González, radicada en el denominado archipiélago Las Perlas del golfo de Panamá.
La Policía de Andorra resalta que la constructora que ganó la adjudicación de La Yesca, ICA, era “socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC”. Y que las sociedades Arados de Plata y Neecel Corp, que figuran como titulares de cuentas en la BPA donde Cort cobró su informe, “habrían recibido fondos de FCC”.
Los charcos judiciales de Cort
Cort encara causas judiciales en Andorra, Panamá y España por gestionar comisiones ilegales para constructoras.
El abogado está siendo investigado por un juez de la Audiencia Nacional española por cohecho (soborno) y blanqueo. Las pesquisas conectan al letrado con el circuito de pagos que permitió a la firma FCC hacerse con adjudicaciones en Panamá durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los manejos de Cort posibilitaron presuntamente a la compañía ganar los concursos en el país centroamericano del Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones), la sede del tribunal electoral (27,6), el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) -en consorcio con las compañías ICA y Meco- o la rehabilitación del puente Centenario (27,6).
El letrado también tiene juicios pendientes en Panamá, donde tenía su bufete, según fuentes próximas a su defensa española. En junio de 2019, Cort fue arrestado en el país centroamericano después de que este periódico revelara que FCC recibió siete adjudicaciones por valor de 446 millones de dólares en este país, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica tras ficharle en 2010.
Además, Cort está siendo investigado en Andorra –donde ocultó fondos millonarios a través de cuatro cuentas en la BPA- por el presunto cobro de comisiones del 4% a FCC a cambio de licitaciones de los gobiernos de Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador) entre 2010 y 2014.
Cort aguarda en libertad provisional en Panamá el desenlace de sus frentes judiciales en este país, España y Andorra, según fuentes próximas a su defensa. EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión del abogado y de las constructoras ICA y FCC.
El enigma del informe de tres millones de dólares de La Yesca se suma al historial que acorrala al enigmático letrado. Un abogado que ya fue condenado en 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América. El exletrado de esta compañía Rodrigo Tacla vinculó ante la Fiscalía Anticorrupción española a Cort con supuestos pagos de FCC a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli mediante operaciones de compensación (un mecanismo de blanqueo de capitales).
investigacion@elpais.es
Fuente.-Diario Español/Jose Ma. Irujo/Joaquin Gil
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