El estratega de la seguridad federal que no puede con Sinaloa,Omar García Harfuch ,volvió a salir con su manual de contención institucional: negar primero, matizar después y esperar que el tiempo diluya la memoria pública. “Al momento no”, dijo sobre la posible relación entre “El Limones” y el diputado morenista Pedro Haces, líder eterno de la CATEM. Siempre ese “al momento”, esa confortable muletilla para esquivar compromisos con la verdad. Porque en la gramática política de Harfuch, la verdad tiene fecha de caducidad: depende de quién la pregunte, en qué micrófono y qué nombre aparezca vinculado,es un farsante.
El funcionario asegura que ni sindicato ni vínculos políticos, que las extorsiones del detenido van por libre, como si la CATEM fuera una congregación de santos obreros.
Y mientras tanto, las fotos, los videos y los saludos en eventos sindicales rondan las redes como fantasmas que nadie quiere exorcizar. Negar la evidencia es un arte que la política mexicana ha elevado a deporte olímpico.
Pero el verdadero riesgo para esta narrativa a modo no está en la prensa ni en los gobernadores incómodos que sí se atreven a mencionar lo evidente. Está en la FGR. Porque si a “El Limones” se le ocurre aceptar un acuerdo de colaboración, si decide contar lo que sabe para ganar beneficios procesales, la verdad legal que hoy protege a los poderosos podría mutar en una verdad testimonialcapaz de desmoronar los cómodos “al momento no” de García Harfuch,que ademas y dicho sea de paso, ha convertido en regla esta conducta que también es delictiva y que las leyes sancionan como encubrimiento.
Y aquí el argumento jurídico es sencillo: un testigo colaborador no solo cambia el curso de una investigación, cambia la línea narrativa de quien se creía intocable. Si la Fiscalía lo presenta con pruebas verificables, el discurso de la SSPC quedaría reducido a un acto de prestidigitación política. No sería la primera vez. Cada que un caso apunta hacia los linderos de Morena, Harfuch reacciona con idéntico guion: proteger el perímetro, enfriar el contexto y revestir la omisión con el lenguaje técnico de la prudencia institucional.
El problema es que la prudencia, en estos casos, se parece demasiado a la complicidad. Y la complicidad, disfrazada de tibieza declarativa, no solo lastima la justicia: también delata una estrategia. Una estrategia que, a estas alturas, ya huele a cálculo político más que a defensa del Estado.
Deber de investigar con indicios
Bajo la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, García Harfuch no necesita “pruebas plenas” ni sentencia firme para indagar los posibles vínculos entre un extorsionador detenido y un dirigente sindical o político que aparece públicamente relacionado con él.
Por el contrario, el marco vigente lo obliga a activar capacidades de inteligencia e investigación justamente cuando existen indicios razonables, como los registros gráficos y testimoniales ya conocidos sobre “El Limones” y la CATEM.
La nueva Ley General establece que la extorsión y sus delitos vinculados deben prevenirse e investigarse de manera autónoma, inmediata, eficaz, exhaustiva y profesional, bajo esquemas de coordinación entre Federación, estados y municipios. Para ello, faculta expresamente a la policía y al Ministerio Público a consultar toda la información relevante de los sistemas de inteligencia en materia de seguridad pública para seguir posibles vínculos, incluso políticos o económicos, sin exigir como condición una sentencia previa o una confesión pública.
En ese contexto, la existencia de fotografías, videos y actos públicos donde un presunto extorsionador se presenta como dirigente regional de un sindicato, acompañado de su líder nacional o de un diputado federal, constituye un indicio objetivo que, jurídicamente, basta para abrir líneas de investigación complementarias sobre redes de protección, encubrimiento o posible coautoría.
Alegar “al momento no” frente a esos indicios no es un blindaje legal, sino una decisión política que se mide a la luz de los deberes de diligencia reforzada de la autoridad en delitos graves y de alta lesividad social como la extorsión.
Omisión y responsabilidad de autoridades
La misma reforma general en materia de extorsión no solo tipifica y homologa el delito, sino que incorpora responsabilidad específica para funcionarios que, conociendo de hechos de extorsión o de esquemas que la facilitan, omiten denunciar o actuar.
Diversos análisis del dictamen y notas legislativas subrayan que la ley prevé sanciones penales para servidores públicos que, teniendo atribuciones en seguridad o procuración de justicia, no reporten casos conocidos o no hagan uso de las facultades a su alcance para coadyuvar en la investigación.
En otras palabras, el estándar ya no es simplemente “no ser cómplice activo”, sino evitar la omisión dolosa o gravemente negligente ante información relevante sobre extorsión; la pasividad también puede ser jurídicamente sancionable.
Si la SSPC, a cargo de García Harfuch, dispone de elementos públicos y de inteligencia que vinculan a un líder sindical y diputado con un operador de extorsión detenido, la inercia o la negativa sistemática a abrir y robustecer esa línea de investigación podría ubicarse en el terreno de la responsabilidad por omisión, a la luz de la nueva ley.
Advertencia jurídico‑política al secretario
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, debe advertírsele al secretario que la “verdad legal” que hoy pretende sostener con un “al momento no” es, en el mejor de los casos, una verdad procesal provisional, subordinada a la evolución de la carpeta de investigación y a las facultades que la Ley General de Extorsión otorga a la FGR y a las policías para explorar vínculos y estructuras.
Esa verdad a modo puede volverse insostenible si el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones, ofrece a Edgar Rodríguez Ortiz un acuerdo de colaboración y este aporta información verificable que acredite contactos, apoyos o encubrimientos de corte político o sindical.
La nueva legislación, al prever persecución oficiosa del delito,mecanismos de denuncia e incentivos para la cooperación, abre la puerta a que la declaración de un testigo colaborador no solo fortalezca la imputación contra “El Limones”, sino que eleve el estándar de diligencia exigible a quienes, como García Harfuch, encabezan la política federal de seguridad.
De persistir en una postura de negación pese a indicios crecientes, el secretario se expone no solo al desgaste político, sino a que su inacción sea revisada, a futuro, bajo la óptica de la responsabilidad penal y administrativa que la propia ley general prevé para autoridades que omiten actuar frente a la extorsión.
Esta es la misma farsa que Harfuch ha vendido con el combate al Huachicol ,donde la norma ne vez de excepción, era «CERO DETENIDOS», por que ?, porque todo el trafico, todo el contrabando fiscal conduce a Morena y hacerse tarugo y/o vernos la cara de tarugos ya se esta volviendo su especialidad.
Con informacion: ELNORTE/
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