El Diputado Federal de Morena,Sergio Gutiérrez Luna,publicó ayer desde sus redes que fue a ver al Ministro Presidente de la Suprema Corte,Hugo Aguilar que el pueblo de Tamaulipas exige castigo para el ex-gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca,a quien acusaron también ayer mismo ante la FGR,en el contexto de la lucha de bandos de diferente banda que sostienen con el narcogobernador Americo Villarreal Anaya,recientemente fichadocomo tal.
Para respaldar su petición,el Diputado dijo que le mostraron las más de 100 mil firmas que se recabaron donde el pueblo exige no más impunidad, aunque el pueblo de Tamaulipas tiene mas de 3 millones y medio de habitantes.
La suprema corte ineficiente
La reciente reforma judicial promovida por Morena y sus aliados ha dejado al descubierto uno de los principios más consistentes del lopezobradorismo: en el poder, la lealtad vale más que la eficiencia. La transformación del máximo tribunal del país en una Corte sin Salas, con una estructura deliberadamente compacta, ha reducido en casi la mitad su productividad. Pero más que un problema administrativo, el impacto exhibe una lógica política: privilegiar el control sobre la funcionalidad, la obediencia sobre la competencia.
Desde el “primer piso” del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, esta lógica ha sido constante. En su gobierno, la eficacia tecnocrática se sustituyó por la fidelidad ideológica, y los espacios de deliberación técnica fueron reemplazados por tribunas de obediencia moral. La reforma judicial representa el traslado de ese modelo al “segundo piso”, ahora en manos de un aparato institucional que reproduce su visión de justicia: una justicia “ramplona”, reducida a la docilidad política antes que al rigor jurídico.
Los datos no dejan lugar a duda. Entre el 11 de septiembre y el 27 de noviembre, la nueva integración de la Suprema Corte resolvió 44.5% menos asuntos que su antecesora. Las antiguas Salas, que durante tres décadas atendieron más del 90% de los casos, fueron extinguidas para impedir que tres ministras o ministros pudieran dictar sentencias contrarias al Ejecutivo. En su lugar, un Pleno de nueve integrantes se ve obligado a discutir en público lo que antes se resolvía con agilidad técnica, retrasando el desahogo de expedientes y acumulando rezagos que ya comprometen temas clave de interés nacional.
La paradoja es evidente: en nombre de democratizar la justicia, la reforma ha concentrado el poder judicial en un pequeño grupo de ministros, alineando su funcionamiento con la lógica del presidencialismo que dice combatir.
Como en otras áreas de la llamada Cuarta Transformación, la estructura importa menos que la consigna; la legalidad, menos que la lealtad. Y así, la justicia se vuelve un espejo exacto del proyecto político que la moldeó: obediente, lenta y suspicaz frente a toda forma de independencia.
Con informacion: ELNORTE/
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