El atropello sigue teniendo el mismo uniforme y la misma insignia: la del poder que se viste de verde olivo para despojar con sellos oficiales a quienes levantaron con sudor y ahorro cada metro de sus hangares. En el Aeropuerto del Norte, la DEFENSA juega a ser juez, parte y verdugo: reclama como suyo lo que nunca edificó, exhibe su abuso bajo el disfraz de “administración federal” y llama “procedimiento” a lo que en cualquier otra parte se llamaría despojo.
La impunidad militar ya no se limita a los cuarteles ni a las calles: ahora toma por asalto los talleres de mecánicos, los sueños de pilotos y el trabajo de cooperativistas que construyeron un patrimonio legítimo antes de que los generales descubrieran el negocio del aire.
Desde el poder de las armas se impone lo que ni el diálogo ni la ley avalan. Y mientras tanto, la justicia civil se mantiene muda, como si temiera recordar que incluso los soldados deberían rendir cuentas cuando se convierten en mercaderes del espacio público.
Porque esto no es orden: es rapiña con sello militar. Y México, una vez más, parece dispuesto a voltear la vista cuando el despojo lleva uniforme.
El por que del titulo:
Cuando el Ejército administra, legisla y ejecuta sobre el mismo terreno, el Estado de derecho deja de ser suelo firme y se convierte en campo de maniobras. Los usuarios del Aeropuerto del Norte lo saben: enfrentan no a una autoridad civil que dialogue, sino a una autoridad militar que ordena, exige y amenaza.
“Juez, parte y verdugos” no es metáfora: la DEFENSA dicta las reglas, interpreta los contratos y firma los desalojos. Reclama como propio lo que no edificó, eleva rentas con criterios opacos y, ante la protesta, responde con la frialdad del expediente y el peso del uniforme.
Los particulares acusan un atropello, pero el atropello tiene rostro institucional y botas bien lustradas. Es el reflejo de un poder que parece creer que gobierna un territorio enemigo y no una nación con leyes. A los cooperativistas del Aeropuerto del Norte se les trata como intrusos en sus propios hangares, como si el simple hecho de cuestionar al Ejército los colocara fuera de la patria.
El paralelismo con regímenes autoritarios como Venezuela no es gratuito. Cuando los ciudadanos deben defender su propiedad del propio Estado, y los procedimientos disfrazan los despojos, el discurso del orden se vuelve idéntico al del abuso. México no es Venezuela, pero algunos mandos actúan como si quisieran ensayar esa versión castrense del poder absoluto: el que no necesita rendir cuentas porque confunde obediencia con justicia.
Así, “Juez, parte y verdugos” no sólo nombra una arbitrariedad puntual. Nombra un país en riesgo de acostumbrarse al ruido de las botas donde debería escucharse la voz del derecho.
Con informacion: ELNORTE/
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