El caso exhibe un patrón de nepotismo descarado: una hija de la fiscal Ernestina Godoy es colocada al frente de un megaproyecto hídrico altamente técnico y controvertido, pese a cuestionamientos sobre su preparación específica para el cargo, en un contexto donde su familia acumula sueldos y cargos públicos de alto nivel.
Traducido a claves jurídicas, este no es solo “mal gusto político”: es un esquema que puede encuadrar en ejercicio abusivo del poder, tráfico de influencias y conflicto de interés, con apariencia de uso patrimonialista del Estado.
Hechos políticos relevantes
La designación de una hija de Ernestina Godoy en la dirección del proyecto El Zapotillo ocurre en un megaproyecto con décadas de conflicto social, impactos socioambientales reconocidos oficialmente y una enorme sensibilidad técnica y financiera.
Paralelamente, se ha documentado que al menos cinco familiares cercanos de Godoy ocupan cargos estratégicos en la administración pública federal y local, con sueldos que van de decenas a más de cien mil pesos mensuales, consolidando una red familiar en posiciones claves del aparato estatal.
Traducido a corrupción
En términos de derecho administrativo y penal, cuando una red de familiares es colocada sistemáticamente en cargos de alta influencia, sin que su perfil técnico resulte claramente idóneo para la responsabilidad específica, se configura un riesgo evidente de nepotismo y tráfico de influencias.
El nombramiento en un proyecto tan delicado como El Zapotillo, pese a críticas sobre falta de preparación especializada, puede interpretarse como uso del poder público para beneficiar intereses privados (familiares), contrario a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia exigidos a todo servidor público.
Calificación jurídica dura
Un abogado serio no podria maquillar esto como mera “decisión política”: cuando la selección de cuadros se contamina por vínculos de sangre y no por competencia acreditable, se vulneran los principios constitucionales de mérito y servicio profesional de carrera.
La repetición de nombramientos a favor del mismo clan —en áreas tan sensibles como justicia, agua, cultura y finanzas públicas— abre la puerta a la hipótesis de un esquema sistemático de captura institucional por una familia, con posibles implicaciones en responsabilidades administrativas graves y, llegado el caso, penales.
Irreverente fundamento
Llamar a esto “nepotismo” no es adjetivo incendiario, sino descripción técnica de un patrón: el Estado se vuelve agencia de colocaciones para la familia Godoy mientras se gestiona un megaproyecto que afecta territorios, comunidades y recursos públicos de largo plazo. En un país con crisis hídrica y desconfianza crónica hacia las instituciones, entregar la conducción de El Zapotillo a una integrante de ese entramado familiar, bajo la sombra de la fiscal de la República, luce menos como política pública y más como un experimento de dinastía política con recursos ajenos.
Con informacion: EMEEQUIS/
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