Los indicios políticos, decisiones de gobierno y tramas contractuales que dibujan un uso depredador de los recursos públicos en la administración y en el ecosistema de poder que la rodéalo deja ver con claridad, la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum es corrupta.
Un gobierno que huele a negocio
Bajo el gobierno de la llamada “4T” y la continuidad de Claudia Sheinbaum, el gasto público se ha convertido en un festín para empresas con vínculos políticos que saltan a la vista de cualquier lector atento de contratos y licitaciones.
Una de las historias más escandalosas es la de WALA Servicios México: una compañía que nació como salón de belleza y boutique de ropa, y terminó convertida en proveedora multimillonaria de medicinas contra el cáncer, mochilas para la Guardia Nacional y uniformes para la FGR.
Desde agosto de 2024, WALA acumuló decenas de contratos que suman más de mil millones de pesos, muchos de ellos para insumos tan delicados como fármacos oncológicos, pese a operar en oficinas mínimas y con una administradora única de apenas 25 años.
En los últimos meses de López Obrador, la empresa recibió alrededor de 63 millones de pesos, pero en el primer año de Sheinbaum los contratos se multiplicaron por diez, reventando hasta unos 678 millones de pesos para una firma que hasta hace nada cortaba cabello y vendía ropa.
Trama política detrás del salón de belleza
La ruta del dinero lleva a personajes de la vieja y la nueva élite de Morena, lo que desmonta el discurso de “austeridad” y “combate a la corrupción”.
El socio fundador de WALA, Sebastián Felipe Rodríguez Robles, fue tesorero de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, hoy operador clave del Partido Verde en el Senado y aliado estratégico del obradorismo.
Rodríguez Robles aparece también vinculado a Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por la propia 4T como uno de los grandes factureros del país y prófugo con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. A esto se suma que las actas de otras empresas ligadas a este círculo pasaron por la notaría de Alejandro Murat, exgobernador priista y hoy senador de Morena, mostrando que el pacto de impunidad no distingue colores de partido mientras los contratos sigan fluyendo.
Contratos a los amigos del régimen
El caso WALA no es una anécdota aislada, sino un patrón: empresas cercanas a figuras del círculo presidencial y del nuevo gabinete se benefician de adjudicaciones directas o contratos desproporcionados en tiempos de Sheinbaum.
Un ejemplo es Minsa Industrial, de la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del consejo asesor empresarial del gobierno federal, que obtuvo en 2025 un contrato directo con Diconsa por 346 millones de pesos, casi igualando en un solo golpe lo que antes había ganado en tres años completos con el gobierno.
Durante el sexenio anterior Minsa recibía en promedio 123 millones de pesos anuales en contratos con Segalmex-Diconsa, pero con Sheinbaum ese monto se triplica en un solo ejercicio bajo el argumento de “programas sociales” y “maíz para todos”. El mensaje es claro: la supuesta “transformación” se traduce en una reconfiguración del capitalismo de cuates, no en su eliminación, con la chequera pública al servicio de un nuevo club de beneficiarios.
Continuidad del abuso del erario
La narrativa oficial insiste en que solo hubo un gran escándalo de corrupción en el sexenio anterior, como el caso Segalmex, presentado incluso como excepción y no como síntoma. Sin embargo, el despliegue de contratos en la era Sheinbaum hacia proveedores cercanos, empresas con perfiles sospechosos y estructuras corporativas recicladas desde otros gobiernos exhibe una continuidad de prácticas que devoran el erario mientras el discurso presume pureza ética.
En la superficie se habla de combate a la corrupción, pero en los hechos se tolera que exsalones de belleza se vuelvan farmacéuticas exprés con contratos de cientos de millones y que compañías de asesores de la presidencia multipliquen sus ingresos a la sombra de programas sociales.
Ese contraste entre propaganda y realidad permite escribir, con pleno sustento periodístico, que la administración actual opera como un régimen que exprime los recursos públicos para alimentar a su red de aliados, aun cuando jurídicamente no exista, todavía, una sentencia que declare a la presidenta formalmente corrupta.
Con informacion: LATINUS/
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