Aunque Alicia Bárcena reconoció que existen afectaciones en cenotes y cavernas de Quintana Roo por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó entregar los documentos técnicos que sustenten o detallen estos impactos, al argumentar que la información fue clasificada como de seguridad nacional.
La decisión de esconder los daños ambientales del Tren Maya bajo la alfombra de la “seguridad nacional” es un doble crimen: contra la selva y contra cualquier pretensión seria de democracia.
El tren que pasa por encima de todo
La propia Semarnat ha reconocido afectaciones en cenotes, cavernas y sistemas subterráneos en el Tramo 5, pero al mismo tiempo niega entregar los documentos técnicos que describen esos daños, amparándose en que el proyecto fue declarado “infraestructura estratégica” y, por tanto, asunto de seguridad nacional. La dependencia admite que el proyecto mantiene pendientes la inmensa mayoría de las condicionantes ambientales para mitigar impactos sobre flora, fauna y ecosistemas cársticos, lo que implica daños directos a sistemas subterráneos extremadamente frágiles.
Organizaciones y habitantes mayas han documentado que el tren atraviesa numerosas áreas naturales protegidas, con fragmentación de selva, afectación de cenotes, cuevas y corredores biológicos, y daños en algunos casos calificados como de imposible reparación. Informes civiles hablan de afectaciones irreversibles a decenas de cuevas y cenotes, con riesgo de colapso y alteraciones profundas del equilibrio hidrológico y ecológico de la región.
Seguridad nacional como coartada
Semarnat reservó por cinco años la información ambiental clave del proyecto —dictámenes técnicos, estudios y evaluaciones— con el argumento de que se trata de un tema de seguridad nacional, de modo que no será pública, en principio, sino hasta 2028. El propio comité de transparencia de la dependencia formalizó esta clasificación, pese a que se trata de información indispensable para evaluar el alcance de los impactos reconocidos públicamente por la titular de la secretaría.
En paralelo, la autoridad admite que no realizó monitoreos propios de calidad de agua ni dictámenes específicos sobre afectaciones a cenotes, cavernas y acuíferos, limitándose a las Manifestaciones de Impacto Ambiental, documentos que no cubren esos vacíos críticos.
El mensaje implícito es brutalmente claro: se reservan los datos que existen y, al mismo tiempo, se confiesa que hay áreas enteras donde ni siquiera se generó información suficiente para dimensionar el daño.
Golpe bajo a la democracia
Instancias internacionales de derechos humanos han advertido que negar información bajo el paraguas de la seguridad nacional sólo es legítimo si la restricción es excepcional, proporcional y demostrable ante órganos independientes; de lo contrario, se convierte en un mecanismo para erosionar la democracia. El principio es simple: sin transparencia ambiental en proyectos de alto impacto, no hay control ciudadano ni rendición de cuentas, y la seguridad nacional se transforma en seguridad del gobierno frente al escrutinio público.
Diversos análisis sobre libertad de expresión y derecho a la información han documentado un uso expansivo y abusivo de la etiqueta “seguridad nacional” para blindar documentos públicos, desincentivar solicitudes y cansar a periodistas, académicos y organizaciones en laberintos burocráticos. Ese patrón no sólo desinforma: degrada la calidad de la deliberación pública y abre la puerta a decisiones opacas con costos irreversibles para el territorio y las comunidades.
Daños físicos y daños institucionales
El Tren Maya deja a su paso vegetación desmontada, selvas fragmentadas, alteración de acuíferos subterráneos y reducción proyectada de servicios ambientales como captura de carbono y presencia de polinizadores en la península. Estos impactos no son una anécdota técnica sino un reordenamiento forzado de ecosistemas completos, con implicaciones climáticas y sociales de largo plazo.
Pero el daño menos fotogénico es institucional: un Estado que reconoce públicamente afectaciones y, al mismo tiempo, entierra los documentos que las describen, debilita los propios mecanismos de legalidad que dice defender. Cuando la prueba del daño ambiental se vuelve secreto de Estado, la democracia entra a la caverna sin lámpara: lo que no se puede ver, no se puede discutir, y lo que no se puede discutir, termina siempre pasando por encima de todos.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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