No hay nada más sospechoso que la justicia cuando de pronto despierta selectiva, puntual y teatral. De entre todos los agravios que la Fiscalía General podría perseguir —los desfalcos multimillonarios, las redes de corrupción oficiales, incluso con uniforme militar que huelen a gasolina contrabandeada,los contratos de cartón maché que se firman y se firmaron al calor de ambos pisos del gobierno—, se concentra con fervor casi religioso en una pensión. Y no cualquier pensión: la de María Amparo Casar, la mujer que lleva veinte años haciendo lo que el Estado debería hacer por obligación y no por excepción: destapar la podredumbre.
La FGR de Doña Ernestina Godoy que al frente de la PGJCDM le dio evidencia al New York Times para que exhibiera su pudrición moral, ahora en su cruzada súbita contra el supuesto uso ilícito de atribuciones, decidió convertir un trámite administrativo en un crimen de Estado.
Una “pensión vitalicia por viudez” metamorfoseada en delito de alta peligrosidad. Qué puntería. Qué ironía. Qué casualidad que la imputada sea la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el grupo que ha dejado al descubierto tanto lodazal en los pisos de mármol del poder.
Lo que se presenta como un acto de justicia huele más bien a ajuste de cuentas. Un golpe quirúrgico disfrazado de puritanismo burocrático. En marzo de 2024, Pemex deja de pagar la pensión; en respuesta, Casar interpone un amparo. Y justo entonces, como por arte de revancha procesal, el aparato penal entra en escena, con cargos y citatorios. No hay que ser Sherlock para entender el libreto: primero se castiga al crítico, después se finge imparcialidad.
El expediente judicial parece menos un caso y más una advertencia. No sólo para Casar, sino para cualquiera que haya osado ponerle lupa al poder. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ironías del lenguaje, apunta su artillería no hacia los corruptos, sino hacia quien los ha exhibido. Y así la justicia se vuelve un espejo al revés: cuanto más la proclaman, más revela el rencor de quien la invoca.
En esta tragedia de Estado, lo justo se subordina a lo útil y la ley se maneja como arma política. El problema no es que procesen a Casar; el problema es que nadie cree que lo hagan por convicción legal, sino por venganza. Y eso, en cualquier democracia que se respete, debería ser delito mayor.
Con informacion: ELNORTE/
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