Pemex reportó en su informe del tercer trimestre un pasivo con proveedores de 517 mil millones de pesos, un incremento respecto al trimestre previo y una cifra que refleja únicamente lo registrado en sus sistemas contables. Sin embargo, la deuda real supera los 900 mil millones de pesos, pues al menos 400 mil millones adicionales corresponden a trabajos ya ejecutados que la petrolera no ha reconocido. El resultado es un ecosistema de incertidumbre, empresas al borde de la quiebra y una maquinaria informal que aprovecha la asfixia financiera para operar redes de gestión de pagos dentro y fuera de la empresa productiva del Estado.
Uno de los casos más ilustrativos del modus operandi que prolifera en Pemex es el de Filtración Industrial Especializada S.A. de C.V., una empresa proveedora que, ante la imposibilidad de cobrar de manera ordinaria, recurrió a Julián Loyo, empleado —o ex empleado— de Pemex en el área de contratación de personal. Desde un domicilio en Amatlán 94, Condesa, Loyo ofrece el servicio de gestión del COPADE, la codificación interna que permite a un proveedor facturar y cobrar. Sin COPADE no existe reconocimiento de deuda; sin reconocimiento no hay flujo; y sin flujo, las empresas se derrumban. Loyo no opera solo. Su vínculo con el despacho Ingeniería Aplicada RONU S.A. de C.V., representado por Nahum Gallardo Dionisi, abre una puerta directa hacia áreas sensibles de Pemex. De acuerdo con documentos y mensajes redactados por el propio Loyo, RONU funge como “despacho satélite” del director corporativo de Finanzas, Juan Carlos Carpio Fragoso, y mantiene comunicación operativa con la Dirección General a través del operador Benjamín Salas.
El esquema es sofisticado y a la vez rudimentario. Los gestores muestran capturas de pantalla de los “pagos formados”, acceden a visualizadores internos y garantizan agilizar trámites que Pemex debería ejecutar de manera automática. A cambio, celebran con el proveedor contratos comisionistas que contemplan tarifas de entre 8% y 15% del monto a recuperar. Las notas informativas revelan incluso filtros de “viabilidad”: que la empresa no esté vetada por Pemex, que no presente incumplimientos y que cuente con un directivo dispuesto a firmar los acuerdos de gestión. Lo que debiera ser un proceso administrativo básico se ha convertido en un mercado negro institucionalizado, alimentado por la falta de liquidez de la empresa y la desesperación de los acreedores. Loyo, un expriista cercano al círculo de Javier Duarte y hoy interesado en dar el salto a Morena para buscar una diputación federal por Veracruz, es apenas un eslabón de esta cadena.
Mientras esta red de gestores internos opera como válvula de escape, la falta de pagos ha desatado una tormenta mayor que ya alcanza a grandes jugadores del sector. El caso más emblemático es el de Typhoon Offshore, empresa del Grupo Salinas, a la que Pemex adeuda 745 millones de dólares. La contratista operaba plataformas que aportaban aproximadamente 140 mil barriles diarios a la producción nacional y sostenía una cadena de 12 empresas mexicanas que hoy están al borde del colapso. Tras meses sin recibir pagos, Typhoon suspendió operaciones en octubre pasado, afectando miles de empleos y comprometiendo la estabilidad productiva del país. La dimensión financiera, sin embargo, es solo una parte del problema.
Diversas versiones coinciden en que Andy López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, intentó adquirir Typhoon aprovechando su vulnerabilidad. La oferta fue rechazada por Salinas Pliego y, desde entonces, aseguran fuentes del sector, comenzó una ofensiva política para erosionar a la empresa y empujarla hacia un escenario de insolvencia.
Hoy Typhoon se encamina a un concurso mercantil no por fallas operativas o mala administración, sino por decisiones políticas y por la incapacidad —o falta de voluntad— de Pemex para cumplir sus compromisos contractuales. Cuando el Estado deja de pagar para presionar a empresas o para forzar adquisiciones, no solo destruye a un proveedor, sino confianza, inversión, empleo y producción. La caída de Typhoon golpea directamente la plataforma nacional de crudo y hunde a docenas de compañías mexicanas que dependían de su operación. Es una alerta de que Pemex puede convertirse en un riesgo sistémico.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha intentado contener el daño. En los primeros meses de su administración habría cubierto más de 140 mil millones de pesos en adeudos heredados, pero los pagos avanzan más lento que el crecimiento de la deuda.
¿Cuánto tiempo más podrá Pemex sostener operaciones sin reestructurar de fondo su sistema de pagos y sin desmantelar las redes de corrupción que hoy controlan el flujo interno? Porque si algo muestran los casos de Filtración Industrial Especializada y Typhoon es que la petrolera ya no puede garantizar ni liquidez, ni transparencia, ni certidumbre.
Con informacion: ELUNIVERSAL+/MARIO MALDONADO
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