El saldo de la ola de violencia en Sinaloa es la autopsia numérica de una estrategia federal que se vende como éxito mientras sangra como fracaso: más de dos mil homicidios, miles de desaparecidos y coches robados a ritmo industrial, y una comandanta municipal asesinada en Culiacán como recordatorio de que el “plan” de seguridad de Omar García Harfuch existe sobre el papel, pero no en la calle.
Los números que desmienten el “éxito”
Entre septiembre de 2024 y el 10 de diciembre de 2025, la propia contabilidad de la “ola” registra 2,453 homicidios dolosos (5.4 diarios), 2,932 personas privadas de la libertad (6.4 diarias), 8,674 vehículos robados (18.9 diarios), 1,976 detenidos y 159 personas abatidas.
Llamar a eso “avances en seguridad” mientras se presume desde Ciudad de México una reducción nacional del promedio diario de homicidios es un ejercicio de contorsionismo político: los promedios bajan en el discurso verbodiarreico, pero en Sinaloa la vida cotidiana se mide en cuerpos y carros robados.
Un plan que no protege a quienes hacen cumplir la ley
La ejecución de una comandanta municipal en Culiacán, en un día que además deja otro homicidio y 27 vehículos robados, exhibe la vulnerabilidad absoluta de las policías locales bajo la supuesta coordinación federal.
Si la estrategia no es capaz de garantizar la seguridad mínima de mandos operativos, lo que se tiene no es una política de seguridad, sino una administración de daños: se llena de cifras de detenciones y decomisos mientras se vacía de autoridad el uniforme en la calle.
Cuando la narrativa choca con la realidad
García Harfuch repite que el homicidio doloso baja, que la coordinación funciona y que las mesas de paz “dan resultados”, pero el contraste con la serie de informes diarios sobre la “ola” en Sinaloa es brutal: allí la violencia se cronifica, no se disuelve.
Un plan que presume estadísticas nacionales sin incorporar los focos encendidos como Sinaloa es, en el mejor de los casos, propaganda; en el peor, negación deliberada de que la gente vive en estados concretos, no en promedios federales.
Lo que cualquier plan serio debería cumplir
Cualquier cosa que aspire a llamarse estrategia pasa por un requisito elemental: reducir la probabilidad de que te maten, te levanten o te roben el coche camino al trabajo.
Aquí ocurre lo contrario: la curva de delitos de alto impacto en la “ola” se mantiene alta, la sensación de impunidad crece y la ciudadanía aprende a leer partes de guerra disfrazados de boletines oficiales, mientras el discurso federal se aferra a porcentajes triunfalistas que no se sienten en el territorio.
El fracaso, visto desde todos los ángulos
Operativamente, la impunidad en ataques contra policías, mandos y población civil indica que la disuasión estatal es mínima; políticamente, la brecha entre el relato central y la experiencia local erosiona la credibilidad de todo el aparato de seguridad.
Ética y socialmente, sostener que la estrategia “funciona” frente a más de dos mil homicidios en una sola “ola” equivale a normalizar la guerra como paisaje: si después de estos números el plan no se rectifica, el fracaso ya no es de diseño, sino de voluntad.
Con informacion: NOROESTE/
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