Otra vez los de “Aduanas”, otra vez el origen militar demostrando que las malas mañas no se curan ni con misa ni con vacuna. Un video que circula en redes, publicado por El Norte, muestra un flamante agente con uniforme oficial pidiéndole a un pasajero nada menos que 5 mil baros en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. No, no es parte del nuevo trámite de migración: es la cuota del descaro que la nueva ley podria considerar extorsion y varias decenas de años de carcel,pero eso no pasará,es militar.
El agente invita al viajero a “platicar” en un pasillo misterioso —como si fuera una cita romántica con el cinismo— y luego suelta la pregunta de oro: “¿Dónde lo traes, el dinero?” Así, sin rodeos, como quien pide azúcar prestada al vecino.
El pasajero, entre nervioso y resignado, saca un bonche de billetes que a simple vista parecen de 500 pesos. En redes se comenta que la mordida llegó a los 5 mil en total, cortesía del “servicio público federal de extracción militar”.
La escena ocurrió, según los usuarios, el pasado 9 de diciembre—curioso, justo cerca del Día Internacional Anticorrupción. Ironías del calendario: mientras la ONU saca comunicados y el Senado aprueba leyes antiextorsion, el ejercito en funciones de aduanas sigue cobrando en efectivo por mirar para otro lado y no es ningun caso aislado, parece la norma.
La moraleja: hay virus que mutan, hay pandemias que pasan… pero la tranza institucionalizada parece enfermedad crónica, con el disfraz de aduanas que antes era uniforme militar.
Tipo penal que se actualiza
La conducta encuadra como extorsión cometida por servidor público, con agravantes por el contexto y el abuso de función, y hoy quedaría en el rango más alto de penas previsto por la nueva política antiextorsión a nivel federal.
Si ese agente no fuera militar, enfrentaría proceso ante fuero civil, sin el “colchón” de la justicia castrense y con una pena que, en escenario serio, podría trepar fácilmente a varios decenios de prisión por concurrencia de agravantes.
La escena que se describe es de libro de texto: un agente con el uniforme oficial, en instalaciones aeroportuarias federales, conduce al pasajero a un pasillo aislado, formula una exigencia directa de dinero y recibe un fajo de billetes para permitirle continuar su tránsito sin molestias.
Este cuadro encaja en el tipo de extorsión: se obliga a otro, sin derecho, a dar una cantidad de dinero para obtener un lucro indebido, bajo la amenaza implícita de usar el poder del cargo (retenerlo, “sembrarle” algo, detenerlo o generarle problemas legales).
Con el marco vigente, la extorsión ya no se trata como un simple delito patrimonial menor: la línea doctrinal y legislativa es considerarla un delito de alto impacto y perseguible de oficio, lo que significa que basta la noticia criminis (el video, la difusión pública) para que el Ministerio Público deba iniciar investigación, sin esperar querella formal(…algo que no va ocurrir).
Agravantes por servidor público
El Código Penal Federal prevé que, cuando la extorsión la comete un servidor público aprovechándose de su cargo, la pena base se incrementa sensiblemente. En el caso de un agente de Aduanas que usa su posición para exigir dinero a un pasajero en un aeropuerto internacional, concurren al menos tres factores agravantes clásicos:
- Calidad de servidor público.
- Uso de instalaciones oficiales y del poder del cargo.
- Víctima en situación de vulnerabilidad (tránsito, control migratorio/aduanero, posible condición de viajero internacional).
La tendencia de la nueva Ley General contra la Extorsión, aprobada en Cámara de Diputados con penas que pueden llegar a más de 40 años de prisión en supuestos agravados, es justamente castigar con el máximo rigor a quienes, desde el Estado, convierten la función pública en plataforma de cobro de cuotas. Esa lógica legislativa coloca a un agente aduanal extorsionando en el aeropuerto dentro del núcleo duro del reproche penal, no en la periferia.
Nueva ley antiextorsión y rango de pena
La reforma constitucional en materia de extorsión y la nueva ley general buscaron homologar el tipo penal y endurecerion las penas, elevando la sanción base y sumando aumentos por agravantes como condición de servidor público, víctimas migrantes o el empleo de engaño y abuso de autoridad. En este andamiaje, la descripción de “pedir 5 mil pesos a un pasajero en aeropuerto, con uniforme y capacidad de retenerlo” encajaría en un supuesto con: pena base alta, aumento por calidad de servidor público y, según se documente el caso, incrementos adicionales por el contexto de movilidad internacional.
Traducido: ya no se está hablando del viejo rango de 2 a 8 años, sino de márgenes que van de medias a altas penas (quince años hacia arriba), con posibilidad de sumar más años según las agravantes aplicables bajo la nueva ley general. En términos de política criminal, el mensaje normativo es que la “mordida de rutina” en realidad se presume como extorsión grave y se castiga como tal.
Si no fuera militar: fuero civil y consecuencias
“si no fuera militar” impune. En México, cuando el personal castrense es adscrito a tareas civiles (Guardia Nacional, aduanas, migración), suele mantenerse una doble lógica: opera en funciones civiles, pero muchas veces conserva su sujeción a la jurisdicción militar para determinados delitos, lo que en la práctica ha generado zonas grises y dilaciones. Para un agente no militar (o para un militar juzgado plenamente por la vía civil), el camino sería claro:
- Investigación por extorsión agravada en fuero común/federal, según la competencia que defina la ley general.
- Procesamiento ante juez civil, sin posibilidad de refugiar el caso en secreto militar ni en disciplina castrense.
- Inhabilitación como servidor público, reparación del daño a la víctima y eventual responsabilidad administrativa paralela por corrupción y abuso de autoridad.
Sin el escudo del fuero militar, la escena del video se convierte en un caso de manual para un Ministerio Público puntilloso: prueba audiovisual de la exigencia, elemento de coacción derivado del cargo y entrega efectiva del dinero, suficientes para armar una imputación de extorsión agravada que, con la nueva ley antiextorsión, podría colocar al agente frente a un horizonte de condena muy superior a una simple “mordida sancionable”.
Con informacion: ELNORTE/
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