Para José Antonio no hubo una Alerta Amber. No hasta que pasaran las 72 horas tras su desaparición: fue la respuesta que las autoridades le dieron a su madre. El menor fue hallado sin vida, con signos de golpes y violencia sexual, en un lote baldío en Veracruz.
Entre enero y julio de este año se ha activado una alerta por cada 39 menores que son reportados como desaparecidos, de acuerdo con un cruce de datos realizado por EMEEQUIS.
El pasado 15 de junio, el niño de 10 años fue a trabajar, como siempre, a una tienda de conveniencia en el municipio de Acayucan, donde abría las puertas a los clientes y hacía mandados.
Pero ese día el menor no regresó a su casa a la hora acostumbrada, por lo que su mamá pidió ayuda a las autoridades. Pero la acción fue nula: tuvo que realizar la búsqueda por cuenta propia, pegó fotos y las difundió por redes sociales.
Un día después, alrededor de las 17:00 horas, ciudadanos reportaron que había el cuerpo de un menor en un terreno en el barrio La Palma. Sí, era el de José Antonio.
En los primeros siete meses del año, se activaron tan sólo 47 Alertas Amber a escala nacional y tres internacionales, 50 en total, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta que: mil 978 menores de edad desaparecieron en ese mismo periodo, nueve niños, niñas y adolescentes en promedio al día.
De los casi 2 mil menores, 540 siguen en un estatus de personas desaparecidas y no localizadas. De los que han sido localizados (mil 438), en 15 casos fueron hallados sin vida.
NO ES FUNCIONAL
“La Alerta Amber es uno de los engaños más elaborados que tenemos en el caso de desaparición”, asegura a esta revista digital el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García.
Explica que esto se debe a una serie de factores. En primer lugar, la herramienta no se aplica como el modelo original de Estados Unidos, pues la clave es que tiene que ser en las tres primeras horas de la denuncia de desaparición. Se articulan medios de comunicación, policía y se pide ayuda al público, pero también se cierran carreteras, se transmite en la radio, en la televisión y no es para todo el país, es para la zona específica o la región donde ocurrió el hecho.
En México esto no es así: se tardan hasta días en activarla y se miente a las familias diciendo que hay una Alerta Amber, pero esta sólo funciona como un pedido de ayuda pública para buscar, sin embargo, eso no significa que las autoridades los están buscando.
A esto hay que agregar que la autoridad no difunde por completo la alerta. “Dan un papelito y la gente tiene que fotocopiar y andar pegando. Todos tenemos en nuestras aplicaciones de mensajería cada día peticiones de auxilio y no hay una forma pública en la que tú sepas qué sucedió con la persona, con la víctima”.
Aunque la Fevimtra indica que las 50 alertas no son la totalidad, ya que las coordinaciones estatales emiten también alertas locales, Pérez García indica que sí hay discrecionalidad y no funciona también por la falta de una homologación.
De las alertas que se han lanzado en México, entre enero y julio, Zacatecas, Veracruz, Ciudad de México y San Luis Potosí concentran 56%, pero hay entidades en las que no se ha emitido ni una sola, a pesar de tener casos de desaparición, como: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Jalisco, Morelos y Puebla que están en las que hay cero alertas, son tres de las entidades con más menores que fueron reportados como desaparecidos.
La REDIM ha puesto sobre la mesa la actualización y rediseño de Alertas Amber, lo que se pretende es que lo hagan como está diseñada en los Estados Unidos. Y si no, mejor desaparecerla, buscar otra cosa.
El pasado 20 de febrero, diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional metieron un punto de acuerdo en el que exhorta a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo una reunión de trabajo con legisladores, con el objetivo de estudiar la actualización del Protocolo de Actuación del Programa Nacional Alerta Amber, el cual entró en vigor el 2 de mayo de 2012.
Los legisladores destacaron que, lamentablemente, en muchos casos, este mecanismo no se activa con la oportunidad necesaria y deseada, “está demostrado que esperar de 48 a 72 horas es sinónimo de nunca volver a encontrar a estas niñas, niños y adolescentes con o sin vida”, expone su documento.
¿UN CASO DE ÉXITO O PRESIÓN?
Son 28 menores que han sido localizados de las 50 Alerta Amber que se activaron de enero a julio. Uno de los casos más difundidos fue el de Dylan, un menor de 2 años que desapareció el pasado 30 de junio en un mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que pudo regresar a los brazos de su madre.
A decir del director de la REDIM, las autoridades en México no buscan a nadie, salvo que sean casos mediáticos, como ocurrió con Dylan.
“Empezamos nosotros a presionar, la mamá, se tardó mucho en que le aceptaran la denuncia. No buscaban, aunque tenían todo a la mano”, platica Juan Martín.
Juanita, la madre de Dylan, ya desesperada, contactó a la REDIM el 7 de julio. La red empezó a involucrar al Sistema Nacional de Búsqueda, pero, como en todos los casos, la Fiscalía General del Estado de Chiapas se negó hasta al final a colaborar, aun cuando la ley lo mandata.
“Juanita con su comunidad deciden venir a México el 21 de julio y gestamos todo el tema de prensa, medios y demás, alcanza a la mañanera y que el presidente tenga que hablar del tema. Entonces, como ya empezaba a subir la presión, el fiscal (Jorge Llaven Abarca) inventa una red de trata, pero toda la información que permitió localizar a Dylan ya la tenían”.
Ese mismo día (21 de julio), el fiscal Llaven Abarca anunció el desmantelamiento de una red de trata, en un operativo rescataron a 23 niños que eran obligados a vender artesanías y se detuvo a tres personas. Después se sabría que se trataba de una familia.
Pero el operativo se había realizado el 17 de julio y la Fiscalía ya tenía la declaración de los detenidos de que todos formaban parte de una familia indígena Tzotzil, esto derivó en la muerte de Adelfo Martínez, abuelo de los menores y padre de uno de ellos, que según las autoridades se ahorcó, de acuerdo con el reportaje de Pie de Página “Durante búsqueda de Dylan, autoridades hacen pasar a familia como red de trata”.
Después de casi un mes de esos hechos, finalmente, el 14 de agosto el menor fue localizado, se reveló que una mujer pagó a otros dos niños para que lo sustrajeran, las cámaras de seguridad permitieron seguir el recorrido.
SIETE DE CADA 10 SON MUJERES
De los mil 978 menores desaparecidos reportados en RNPDNO, 70% se trata de mujeres y mil 89 se ubican en un rango de edad de entre 13 y 17 años.
El Estado de México encabeza la lista en ese rubro de mujeres, con 412; le sigue la Ciudad de México, con 183, y Jalisco, con 148.
Siguen siendo las mujeres adolescentes las principales víctimas de desaparición, con alta probabilidad de fines de esclavitud sexual. “Somos un país profundamente machista que tiene 11 feminicidios diarios, el 13% son de niñas y de adolescentes”, refiere Juan Martín.
“Tenemos esta epidemia de niñas desaparecidas y en todas coincide la impunidad, la negligencia y omisión de las autoridades y, en algunos casos, la complicidad, a eso se agrega que son temas que quedan invisibles o están estigmatizados”.
Por ejemplo, la desaparición se asocia a chicas enojadas o que se fueron con el novio y eso ha sido el principal argumento para no buscarlas, lo que se traduce en que sean principalmente las más afectadas de este crimen.
Los datos de desaparición de mujeres menores cada vez son más alarmantes, “pasa todos los días, las fiscalías no tienen personal, además el que tiene está prejuiciado, particularmente contra las mujeres adolescentes, basta la expresión del fiscal en Baja California del feminicidio de Dana: es que tenía tatuajes”.
HOMBRES Y BEBÉS, OTRO DESTINO
A través de los años la REDIM ha identificado que, en el caso de hombres menores de entre 14 y 17 años, varias de las desapariciones tienen que ver con el reclutamiento de la delincuencia organizada.
Los niños, las niñas y los adolescentes en contextos de crimen organizado ven afectados sus derechos a la libertad y seguridad de forma sustancial. Son comunes las prácticas de secuestros a cambio de dinero, tortura y malos tratos por parte de miembros del crimen organizado para que se unan a sus filas, advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En lo que corresponde a menores desaparecidos de entre 0 y 5 años, se relaciona con las adopciones ilegales, señala Juan Martín. En ese sentido, la propia CNDH también reconoce el riesgo de las adopciones ilícitas en México, donde se evade la supervisión del Estado en los trámites, por lo que personas podrían obtener un beneficio económico de esto.
En México la desaparición de menores es problema creciente y las instituciones no se han preocupado por hacer algo real. “Esto se da en un contexto de crisis institucional de derechos humanos, donde el Estado mexicano ya hace más de una década no tiene la capacidad de garantizar la vida, la integridad del desarrollo de sus habitantes, entre ellos fundamentalmente la de niños, niñas y adolescentes”.
Pero especialmente en esta administración de Andrés Manuel López Obrador, además de seguir sin atenderse la situación, ha empeorado. El retroceso para los derechos de los menores de edad es como si hubiéramos regresado diez años de lo conquistado. Hay tres ejemplos que pueden mostrarlo.
“Esta administración estableció sus éxitos en 25 proyectos prioritarios, ninguno incluye a niños, niñas y adolescentes, eso se traduce en recortes presupuestales, no es un tema de agenda y no está en la prioridad política”.
La segunda evidencia, es que los menores no votan y esta es una administración que toda su gestión está basada en la construcción de clientelas electorales. Y tercero, claramente esto se traduce en omisión dolosa, porque ellos saben cuál es su obligación legal e intencionalmente no lo hacen para hacer otras cosas, sentencia el director de la REDIM.
fuente.-@ptcervantes/
