Ah, la eficiencia mexicana pixelada en su máxima expresión: la Secretaría de la Defensa Nacional logrando lo imposible, tirar casi 9 mil 534 millones de pesos por la ventana… y ni siquiera en drones, armas o helicópteros nuevos, sino en pura incompetencia jurídica.
Resulta que la Sedena, ahora DEFENSA, esa institución que presume disciplina de acero, confundió el arte de la guerra con el arte del autogol burocrático.
Su apoderado legal, el General Pedro Bonilla Muñoz, fue al juzgado sin uno de los básicos del kit de abogado: demostrar que, efectivamente, representaba a la institución. Y cuando finalmente intentaron enmendar la metida de pata, lo hicieron fuera de tiempo. Cronómetro en cero, partido perdido.
El juez Gabriel Regis, muy correcto, simplemente aplicó el reglamento: “No se defendieron, ahora paguen”. Y claro, pagar significa entregar una montaña de dinero del público a la empresa de José Susumo Azano, un señor que ya había hecho fama por vender juguetes de espionaje tipo Pegasus y por donar ilegalmente plata en campañas de políticos gringos. Un emprendedor global, digamos, con visión… y buen olfato para los negocios fáciles.
Pero la joya no termina ahí. Estos contratos datan de la época dorada de compras directas —los años de Peña Nieto—, cuando firmar acuerdos millonarios sin licitación(…como hoy) era casi un deporte nacional y con el mismo el mismo ejercito. Después vino la rescisión, la demanda, el juicio, y finalmente esta saga de errores.
El suicidio legal
Lo que aquí nos ocupa constituye un caso paradigmático de negligencia procesal y desaseo jurídico administrativo en grado superlativo. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actuando como ente demandado en un juicio mercantil —derivado de la ejecución de contratos administrativos celebrados entre 2010 y 2012—, incurrió en dos errores que cualquier pasante medianamente alfabetizado en derecho procesal habría evitado.
Primero, el representante jurídico de la Sedena, General Brigadier Pedro Bonilla Muñoz, omitió acreditar debidamente su personalidad jurídica conforme a los artículos 106, 107 y correlativos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En consecuencia, su escrito de contestación se tuvo por no presentado, lo que colocó a la dependencia en estado de rebeldía procesal, acarreando la presunción de veracidad de todos los hechos alegados por la parte actora, Security Tracking Devices (STD).
Posteriormente, la misma autoridad intentó reparar el entuerto presentando recurso de apelación, pero lo hizo fuera del término legal previsto en el artículo 134 del citado código —es decir, de manera extemporánea—. Dicha omisión llevó a que el Tribunal Colegiado de Apelación declarara firme la sentencia que había dejado sin defensa a la Sedena. En lenguaje llano: ya no había nada que discutir.
Por tanto, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del juez Gabriel Regis, no tuvo alternativa jurídica alguna distinta a condenar a la Sedena al pago de 9 mil 534 millones de pesos, monto resultante de la actualización de las obligaciones incumplidas y sus accesorios legales. La sentencia, vale decir, está revestida de cosa juzgada, principio pétreo del orden jurídico que impide toda ulterior revisión.
El asunto reviste además un matiz irónico: se trata de contratos adjudicados de manera directa para el suministro de tecnología de vigilancia (Pegasus y afines) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, los cuales fueron rescindidos unilateralmente, generando la controversia. El empresario demandante, José Susumo Azano, ya tenía en su haber una condena penal en Estados Unidos por financiación ilícita de campañas, lo cual, sin embargo, es jurídicamente irrelevante para el fondo del asunto.
En síntesis, lo que aquí observamos es un suicidio legal por omisión de formalidades esenciales del procedimiento, cuya consecuencia práctica es un quebranto multimillonario al erario federal. Dicho en términos de academia: la falta de legitimación procesal activa y la extemporaneidad recursiva convergieron en un desastre jurídico de manual.
Con informacion: ELNORTE/
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