A más de siete meses del asesinato de Leidy, de 11 años, y Alexa, de 7, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos en la que reconoce que ambas niñas fueron privadas de la vida como resultado del uso indebido de la fuerza por parte de elementos del Ejército mexicano, en un caso por el que seis militares se encuentran detenidos.
La recomendación 201VG/2025, notificada el pasado lunes, es la primera por graves violaciones a derechos humanos respecto de eventos sucedidos en el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La muerte de Leydi y Alexa en Badiraguato ,uno mas de multiples “daños colaterales” coloca a media docena de soldados de las Fuerzas Armadas en el banquillo de los asesinos, no de los “héroes de la patria”.
Ejecución, no accidente
Cuando un convoy militar dispara y termina matando niñas, y luego un organismo de Estado como la CNDH concluye que se trató de una ejecución atribuible al Ejército, lo que se derrumba no es solo una versión oficial, sino la fachada completa de la llamada “seguridad nacional”. Seis militares están hoy presos, pero las instituciones que los formaron, los mandos que ordenaron, toleraron o encubrieron, siguen blindados con discursos patrioteros y homenajes de calendario.
Peor aún,nos dijo la presidenta que no se debía repetir en medio de otra masacre en octubre de 2024.
La frase “esto no se puede repetir” ya es un epitafio político vacío: mientras se repite, el Ejército sigue produciendo cadáveres civiles, niñas y migrantes por igual. La advertencia presidencial, suena más a confesión de impotencia ante una maquinaria armada que a compromiso real de frenar su vocación homicida.
Violencia con uniforme
El poder letal del Estado no puede ampararse en el uniforme para convertir a niñas en objetivos de tiro, y pretender luego maquillar los hechos como un “enfrentamiento”. Cuando la línea entre “operativo” y masacre se borra a balazos sobre cuerpos infantiles, el Ejército deja de ser garante de seguridad y se convierte en una maquinaria de muerte con presupuesto público.
Responsabilidad del Estado
Que seis soldados estén detenidos no agota la responsabilidad: indica un patrón de entrenamiento, de reglas de enfrentamiento y de impunidad que permitió que disparar fuera más fácil que proteger. La CNDH al señalar al Ejército coloca al Estado frente al espejo: si no hay justicia integral, reparación y sanción a mandos, el mensaje es claro: matar niñas en nombre del Estado sale barato.
Deber de memoria y denuncia
Nombrar a Leydi y Alexa no es concesión sentimental, es un acto político contra el olvido y contra la narrativa oficial que intenta diluirlas en estadísticas. Cada vez que se normaliza que el Ejército “se equivocó”, se allana el camino para la próxima ejecución, la próxima familia rota, la próxima tumba pequeña excavada con dinero público.
Con informacion: NOROESTE/
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