“En Washington, ya se tomó la decisión de ir contra Andrés Manuel López Obrador”. La aseveración tiene su origen en un operador político profundamente conectado con el aparto de inteligencia de Estados Unidos. Su pronóstico podría parecer inverosímil. Sus palabras, sin embargo, están respaldadas con hechos.
La semana pasada, la administración de Donald Trump lanzó dos dardos que trastocan al ex presidente de México.
El primero: la detención que ejecutaron agentes de ICE contra el empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla, socio de Transportes Unidos Mexicanos. Se trata de una persona clave en el contexto de la Operación Polanco, la investigación que realizó la DEA para comprobar que el Cártel de los Beltrán Leyva realizó aportaciones financieras a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. De acuerdo a testimonios de funcionarios de alto nivel y documentos revisados por el medio ProPublica, el dinero fue entregado a Mauricio Soto Caballero, un político que en 2002 se asoció con Manfred Mauricio Quintanilla en la empresa Arte y Creatividad Digital SA de CV.
El intermediario directo de la campaña de López Obrador con los Beltrán Leyva fue Nicolás Mollinedo, quien durante décadas fue chofer y confidente del fundador del movimiento de la Cuarta Transformación. Mollinedo es, además, primo de Rafael Marín Mollinedo, actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas en el gobierno de Claudia Sheinbaum y quien mantuvo esa posición durante un breve periodo del sexenio anterior. De acuerdo a una recapitulación realizada por el periódico El País, en el 2002, siendo director de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México en el gobierno capitalino de López Obrador, Rafael Marín Mollinedo asignó un contrato a la empresa en la que estuvieron asociados Manfred Mauricio Quintanilla y Mauricio Soto Caballero. El círculo se cierra con la detención de la semana pasada en Estados Unidos.
El segundo dardo de la administración de Donald Trump en contra de López Obrador llegó a través una filtración: el medio Pie de Nota publicó un oficio que la agencia Homeland Security Investigations presuntamente envió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de México advirtiendo sobre el presunto papel del empresario Jack Landsmanas Stern para asistir a un grupo de la delincuencia organizada catalogado como grupo terrorista. El oficio utiliza palabras como “cleptocracia”, “lavado de dinero”, “evasión fiscal” y “apoyo logístico y financiero” para referirse a la presunta actividad de Landsmanas. El documento agrega que el empresario de origen lituano ha “mantenido y nutrido una cadena de corrupción” en el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, Pemex, CFE y las secretarías de Finanzas de distintos gobiernos estatales.
Jack Landsmanas representa a uno de los empresarios mejor conectados de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Su compañía, Corporativo Kosmos y sus subsidiarias Productos Serel y La Cosmopolitana, han sido referidas en investigaciones periodísticas como “el cártel de la comida” debido a su amplia red de contratos como proveedores de alimentos en hospitales públicos, cárceles y centros migratorios. De hecho, Landsmanas fue de los pocos hombres de negocios que lograron transitar exitosamente desde el círculo íntimo de la administración de Enrique Peña Nieto a la de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En el último año del gobierno priista, las empresas de Landsmanas obtuvieron contratos públicos federales por 5 mil millones de pesos. En los primeros tres años de la administración de López Obrador, el monto de las asignaciones fue de 18 mil millones de pesos. En el 2021, la revista Contralínea, un medio afín al gobierno, publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Secretaría de la Función Pública iniciaron una investigación por “evasión fiscal, lavado de dinero y pago de sobornos” contra las compañías de Landsmanas. A pesar de ello, el llamado “cártel de las comidas” continuó operando al más alto nivel de la 4T.
Ante la posibilidad de un cambio de régimen en Venezuela, el apellido Landsmanas se ha vuelto objeto de interés para el gobierno de Donald Trump. Adicionalmente, esto ha despertado inquietud sobre la red de poder del entorno de López Obrador que ha facilitado la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro. En octubre de 2018, pocos meses antes de la llegada de Morena al poder, la Procuraduría General de la República publicó un oficio sobre un “esquema fraudulento” de “operaciones inusuales” para abastecer el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de la dictadura chavista.
En realidad, esto era la fachada de una estructura de desvío masivo de recursos públicos a la élite militar y política de Venezuela. El esquema fue operado por el polémico empresario colombiano Alex Saab, quien fue sentenciado en la Corte del Distrito Sur de Florida por lavado de activos en relación a este programa. Posteriormente, Saab fue liberado en una negociación extrajudicial entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, quedó en evidencia el desfalco de los CLAP. Israel Lira, titular de la SEIDO en la PGR del gobierno de Peña Nieto, alertó que había empresas mexicanas involucradas en este fraude, pero se abstuvo de nombrarlas. En noviembre de 2018, el medio de investigación periodística venezolano Armando Info documentó que la trama de importaciones abarcaba a las compañías de Landsmanas y del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien a su vez estaba conectado con la cúpula del régimen castrista en Cuba.
Cuando López Obrador asumió el poder, lejos de continuar la investigación iniciada por Israel Lira, creó su propia estructura para aportar recursos al régimen de Maduro: Libre Abordo, empresa operada por el mexicano Joaquín Leal, fue asistida por Segalmex y por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, para ayudar al gobierno de Venezuela a evadir las sanciones impuestas por Washington. A través de este vehículo, México recibió petróleo a cambio de víveres.
El fin de semana pasado, The New York Times publicó que el buque petrolero venezolano que fue decomisado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenía como objetivo entregar petróleo a Cuba. La administración de Trump explicó esta misión como un operativo para frenar el financiamiento a grupos terroristas. El buque Skipper era operado en su mayoría por personal ruso y anteriormente había sido utilizado para ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. El decomiso fue una demostración de fuerza del gran despliegue militar del Comando Sur del Ejército y la Marina norteamericanas: una operación que cuesta 200 millones de dólares diarios y que concentra el 10 por ciento del poder de fuego de la primera potencia militar a nivel global. Esto fue, también, la manifestación de que la Estrategia de Seguridad nacional de Estados Unidos ahora toma como primera prioridad al Hemisferio Occidental.
Para Nicolás Maduro, el programa de entrega de petróleo venezolano a Cuba implica que, a cambio, recibe la protección y contrainteligencia de los servicios de seguridad del régimen cubano. ¿El ex presidente Andrés Manuel López Obrador recibe el mismo trato? A través de una subsidiaria privada de Pemex, Gasolinas del Bienestar SA de CV, México transfiere en promedio alrededor de 20 mil barriles de petróleo diario a Cuba, de acuerdo a reportes financieros de la paraestatal. La asistencia está tasada en 600 millones de dólares al año. En noviembre de 2024, ya en el gobierno de Sheinbaum, durante la última crisis energética de Cuba, México aportó 400 mil barriles de crudo y 65 mil barriles de diésel.
La administración de Sheinbaum no ha suspendido los envíos de crudo ni el programa de médicos cubanos, otro esquema de entrega de recursos monetarios al régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Carlos Giménez, congresista republicano por Florida, advirtió esta semana que “en el Congreso de Estados Unidos, sabemos que el gobierno de Claudia Sheinbaum, en México, apoya tanto al narcotirano Nicolás Maduro de Venezuela porque sabe que en cuanto caiga él, caerá ella también por su complicidad con los narcos que han destruido al país”.
Ya sea por el expediente de Manfred Mauricio Quintanilla, por la operación de Landsmanas en Venezuela o por el programa de petróleo enviado a Cuba, Washington está emitiendo señales peligrosas para la coalición de la Cuarta Transformación, particularmente para su fundador, Andrés Manuel López Obrador.
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
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