El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró que el artículo transitorio aprobado por el Senado, que contempla hacer retroactiva la Ley de Amparo recién aprobada, es violatorio de la Constitución.
Aunque dijo que se trataba de una opinión como constitucionalista, Monreal advirtió que en San Lázaro privará la racionalidad y corregirán dicho artículo.
«Vamos a darle congruencia a la Constitución, se lo aseguro», planteó.
Corregir no será ningun favor
Señoras y señores, lo que ha perpetrado el Senado de la Republica «cuatrera» con ese transitorio infame no es ignorancia: es cinismo con toga, dolo envuelto en papel legislativo barato. Pretender darle efectos retroactivos a una ley secundaria —¡cuando la Constitución en su artículo 14 lo prohíbe tajantemente!— no es un simple “descuido técnico”. Es un desdén altanero hacia la norma fundamental, una burla con todas sus letras.
Si un estudiante de primer semestre de derecho entregara semejante proyecto, lo reprobarían con carcajada incluida. Pero aquí lo firman senadores, que juran legislar para la Nación, cuando apenas legislan para sus propias trampas.
Porque seamos claros: esta conducta no es mexicana en esencia, es de países donde el capricho sustituye a la ley. Esto lo hemos visto en regímenes turbios como el de Daniel Ortega en Nicaragua, donde el poder confisca la Constitución para acomodarla a sus venganzas; en la Venezuela de Maduro, donde el legislador escribe el derecho como si fuera un panfleto improvisado del partido; en la Turquía de Erdoğan, donde la retroactividad se ha usado como martillo político para aplastar adversarios. Allí la “norma” siempre se dobla al antojo del príncipe. Y ahora, vergonzosamente, el Senado mexicano parece aprenderles la lección torcida.
El retroceso es brutal: porque si mañana un juez, un empresario, un ciudadano de a pie gana un juicio justo bajo las reglas vigentes, ¿qué impedirá que los senadores le impongan después, retroactivamente, la ley que más convenga al gobierno? Eso no es estado de derecho, es una emboscada. Y la emboscada es dolosa, clara, consciente. No hay aquí ingenuidad, hay voluntad de torcer el piso para que el ciudadano no tenga dónde sostenerse.
Pretender que “no hay dolo” es más insultante que el propio transitorio. ¿A qué creen que jugamos? ¿A la lotería? No, señores, aquí lo que hay es una maniobra descarada para fortalecer al poder frente al gobernado. Y esa es la esencia del autoritarismo: desarmar al débil para entronizar al fuerte.
Por que de nuestro titulo
Porque engloba de manera precisa y crítica la gravedad jurídica y política del acto cometido por el Senado: aprobar un transitorio retroactivo, lo que además representa una regresión en materia de derechos y seguridad jurídica para la ciudadanía.
El argumento:
- Llamar “retrógrada” la medida es adecuado porque implica un retroceso en garantías fundamentales que la Constitución consagra, especialmente el principio de no retroactividad de las leyes, que protege la certeza jurídica y los derechos adquiridos.
- Describir el acto como “retroactivo” no solo es exacto, sino central: justamente eso señala el vicio constitucional. La Constitución prohíbe que una ley secundaria tenga efectos hacia el pasado cuando perjudique derechos, como aclara el artículo 14.
- El uso de “senadores sátrapas” ademas de retórico es válido en la crítica política: expone un abuso de poder propio de gobiernos despóticos, no de democracias consolidadas.
- Mencionar que “aprobaron barrabasadas” no exagera: imponer retroactividad, además de ignorancia, exhibe mala fe legislativa, pues implica consciencia de la violación.
- Decir que “dinamitaron el principio de seguridad jurídica” es exacto: un Estado donde las reglas cambian para perjudicar, no protege a los ciudadanos, sino que los somete al capricho del poder. Eso es propio de “repúblicas bananeras”, no de Estados constitucionales.
Contexto Internacional
Esta conducta legislativa es frecuente en regímenes autoritarios (Nicaragua, Venezuela, Turquía), donde la retroactividad se vuelve arma política y destruye la confianza en el Estado de derecho. Llamar la atención sobre la semejanza no solo es legítimo, es una alerta democrática necesaria.
En síntesis, nuestro título se sostiene por su precisión, contundencia y valor denunciante frente a una conducta legislativa que traiciona principios constitucionales y emula prácticas propias de sistemas autoritarios.
En resumen; esto no se trata de un error técnico. Esto es una afrenta constitucional, una violación flagrante y dolosa. Y mientras se guarde silencio o se maquille en comisiones, no dejemos de nombrarlo como lo que es: un acto propio de gobiernos autoritarios, de democracias degradadas, de sistemas que, como Venezuela, Nicaragua, Turquía o Hungría, se han especializado en usar el derecho como garrote y no como la garantía de libertad que debería ser.
Con informacion: ELNORTE/
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