Los datos muestran una grieta profunda y sistemática en la contabilidad y control de importaciones de diesel en México, cuya magnitud burla cualquier aritmética honesta y exhibe circuitos paralelos de ingreso y distribución de combustible que se escapan del radar oficial que causalmente fue complice.
Discrepancias aberrantes e implicaciones
En 2021, mientras Estados Unidos reportaba la exportación de 286 mil barriles diarios de diesel rumbo a México, el gobierno mexicano apenas admitía 198 mil barriles diarios. ¿Dónde estaban los 88 mil barriles “fantasma” al día? Estas cifras representan un desfase del 44%, que no se puede atribuir a descuidos administrativos ni errores de captura: la diferencia sugiere prácticas ilícitas cuidadosamente estructuradas, conocidas como “huachicol fiscal”,el vulgar contrabandeo donde ya vimos todos ,apenas la punta del iceberg.
El mecanismo principal de este fraude consiste en importar diesel disfrazándolo bajo otras fracciones arancelarias –lubricantes, aceites, productos industriales– con la complicidad o vista gorda de autoridades aduaneras. Al eludir los impuestos especiales aplicados a los combustibles, el margen para el crimen organizado se multiplica, incentivando operaciones masivas y profesionalizadas.
De 2019 en adelante: el parteaguas
Hasta 2018, las diferencias entre lo que EU registraba como exportación y México como importación eran mínimas, reflejando un sistema, si bien no perfecto, al menos coherente. Pero en 2019, la brecha explotó: 286 mil barriles diarios según EU, 261 mil según Sener, y la tendencia continuó al alza.
Este quiebre marca el nacimiento y consolidación del “huachicol fiscal” de diesel en el sexenio anterior. Ya no es solo la ordeña de ductos o el robo físico en zonas rurales, sino una ingeniería de importación paralela de dimensiones industriales, tolerada por redes institucionales y empresariales que permiten que estos volúmenes no dejen rastro en las aduanas ni en los ingresos fiscales.
¿Quién gana?, ¿quién pierde?: el botín del diesel
El análisis es contundente: el diesel ilegal mueve mucho más dinero y poder que la gasolina robada y/o contrabandeada, porque se coloca directamente entre empresas de transporte —camiones, flotas, maquinaria pesada— dispuestas a pagar menos y a preguntar poco,tal y como también lo hizo el ejercito cuando construía el AIFA. El contrabando de diesel implica menos riesgos visibles que la venta en estaciones, donde hay más fiscalización y vigilancia.
Lo que no se cuantifica, pero asoma como daño sistémico, es el quebranto fiscal: cada barril omitido significa millones en impuestos no recaudados, además de la erosión de la credibilidad institucional y la complicidad entre crimen organizado, actores empresariales y autoridades corruptas.
Narco, mafias aduaneras y el caso Altamira
El decomiso en marzo de 2021 de 10 millones de litros de diesel en el buque Challenge Procyon en Altamira, ligado a los hermanos Farías, es apenas la muestra puntual de un fenómeno masivo. Así, los puertos estratégicos se convierten en pasarelas de combustible ilegal, muchas veces operado por mafias que combinan logística empresarial, sobornos y violencia.
Pulsos para la investigación
- Desde 2019, la divergencia en cifras revela el viraje de un modus operandi de “robo rústico” a ingeniería fiscal sofisticada.
- Los márgenes de ganancias –e impunidad– del “huachicol fiscal” explican su rápida expansión y la tentación política y empresarial de ignorarlo.
- Las aduanas, los puertos y la documentación falsa son las nuevas trincheras del saqueo energético: por cada barril que “no entra”, hay recursos públicos que simplemente desaparecen o cambian de manos.
La verdad incómoda es que no falla la matemática: el modelo está diseñado para que no cuadre. Y mientras esta omisión siga sin consecuencias serias, el ciclo de saqueo tiende a perpetuarse.
Con informacion: ELNORTE/
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