El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue metiendo las manos hasta el fondo en Sinaloa, evidenciando cómo varias empresas con contratos públicos fresquecitos—y con ligas directas al gobierno estatal a cargo de Ruben Rocha Moya—también son señaladas por lavar dinero y surtir precursores para la facción de “Los Chapitos”.
Ya no se limitan a congelar cuentas a narcos, ahora tocan la puerta de proveedores con el expediente limpio en el IMSS… pero manchado en la OFAC.
Empresas Sancionadas, Gobierno Cómplice (o “Confundido”)
El combo de empresas sancionadas no es menor: Sumilab, Macerlab, Favelab, Agrolaren y más, la mayoría dedicadas legalmente a vender insumos de laboratorio, pero presuntamente jugando doble vía con la venta de químicos para drogas sintéticas.
No es un secreto que Sumilab y Macerlab cobraron contratos después de que ya tenían antecedentes en listas negras estadounidenses. Sumilab facturó más de 14 millones de pesos con dependencias estatales de 2018 a 2022, según la Plataforma Nacional de Transparencia. Y Macerlab ganó un contrato reciente por casi 800 mil pesos con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en septiembre de 2025, representado por César López Elías Araujo, etiquetado como “prestanombres” del clan Favela López.
Por si les faltaba punch, Sumilab incluso se embolsó más de 3 millones con la Universidad Autónoma de Occidente en 2022—negocio legítimo, sí… pero bajo vigilancia gringa desde antes. Nada discretos.
La Respuesta del Gobierno: “¿Y, luego qué?”.
Sobre el nervio de la corrupción, ni el gobernador Rubén Rocha Moya ni su antecesor Quirino Ordaz han dado la cara ni se han molestado en contestar preguntas directas a medios sobre estos convenios, a pesar de las compras documentadas y las reiteradas menciones gringas. Siguen propagando la política del avestruz: ojos cerrados, contratos abiertos. Mientras tanto, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán todavía pide que se prioricen proveedores locales en nuevas licitaciones —como si en Sinaloa, lo “local” viniera sin agenda oculta.
Las reacciones en la plaza pública son de completa incredulidad, aunque debajo de la mesa no faltan los guiños y los “así ha sido siempre”. Las sanciones implican que cualquier bien, interés o transacción que toque suelo gringo queda congelado. Como quien corta la luz y espera que todos dejen de bailar en la oscuridad.
El Show Sigue… y el Dinero No Para
Mientras la OFAC hace listas, Sinaloa hace licitaciones. Así de descarado el asunto: empresas que lavan, precursores que viajan, funcionarios que adjudican contratos a “proveedores certificados por la OFAC” (modo sarcasmo ON). El gran pastel local se reparte entre amigos del cártel y aliados del presupuesto. ¿Transparencia? Pura anécdota para foros universitarios.
Así que ni el narco ni el Estado tienen prisa por divorciarse. Total, en Sinaloa, la confusión es negocio redondo—y el dinero, igual de lavadito que el uniforme de los funcionarios que, oficialmente, no ven ni oyen nada.
Con informacion: REVISTA ESPEJO/ ZETA TIJUANA/
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