Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, se lanzó con todo —y con justa rabia— contra el gobernador Américo Villarreal, declarando una huelga de hambre junto a otras víctimas y activistas exigiendo que se cumpla la recomendación 173VG/2024 de la CNDH por la ejecución extrajudicial de ocho personas en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, allá por septiembre de 2019, a manos del infame CAIET (Centro de Análisis, Investigación y Estudios de Tamaulipas).
Este grupúsculo de “policías” sembró terror, torturó y mató, actuando bajo la venia del anterior gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, solo para transformarse bajo otro nombre en el no menos siniestro GOPES ,que era operado bajo el mando criminal de Felix Arturo Rodriguez,alias el «Gato del CDV».
La huelga de hambre contra el cinismo político
Aunque claramente Americo Villarreal,ni los mató,ni los mandó matar,con su actitud dolosa y poco empatica esta desoyendo el clamor de la victimas ,pues luego de tres años de solicitudes ignoradas y recomendaciones que los funcionarios usan de papel higiénico, los sobrevivientes decidieron encabezar una huelga de hambre en protesta, entre ellos Casandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega.
La demanda es simple y trágica: que el gobernador los escuche, que no los trate como rémoras invisibles mientras presume seguridad en los informes de gobierno y se esconde detrás de operativos de utilería. Las mantas en la protesta lo dicen todo: “Tamaulipas se le niega el derecho de la reparación integral”, “Exigimos justicia para las víctimas de masacres”, “Tenemos que hacer huelga de hambre para que nos atienda el gobernador”.
El historial sangriento del CAIET y el GOPES
El CAIET, durante la administración de Cabeza de Vaca, reunió a policías y sicarios para deformar una unidad creada por decreto con diferente propósito y que incluso carecía de porte de armas que el ejercito nunca revisó por temor al CDV,y eso contribuyo a su vocación de multiasesinos. Sus crímenes trascendieron la nota roja, pero en vez de cárcel solo cambiaron las siglas a GOPES, y ahora si los enmarco dentro de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado,ya con aportación de armas, aunque luego al final del sexenio, Americo los renombro a Guardia Estatal y Fuerzas Especiales que terminó entregándole a los «Escorpiones» del CDG-Matamoros.
Simulación, omisión y desprecio oficial
Raymundo Ramos no se anda con rodeos: señala la simulación de enfrentamientos para aparentar baja de “criminales”, la siembra de uniformes tácticos a los ejecutados y el montaje mediático, todo con la guadaña de impunidad balanceándose gracias a la indiferencia oficial,e incluso con el apoyo del ejercito.
El surrealismo de la justicia en Tamaulipas
La reacción del gobierno de Américo Villarreal ha sido la de siempre: simulación, silencio y desprecio. Ni una audiencia para las víctimas, ni la más mínima intención de cumplir la reparación integral ordenada por la CNDH —que incluye indemnizaciones, reconstrucción de viviendas destruidas y atención a sobrevivientes de tortura—. Ramos lo explica: cada víctima tiene su propia tragedia y demanda pendiente, pero desde el gobernador hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lanzan la bolita y desprecian llevar a cabo los puntos de la recomendación. Todo esto, mientras siguen los patrullajes intimidatorios de la guardia estatal en las narices de quienes protestan por justicia.
El colmo: la CNDH, tras años y presión, emitió la recomendación, pero su versión fue tibia. No responsabilizó a todos los actores y, de paso, exoneró indirectamente al Ejército y la Policía Estatal que participaron aquella vez. Ramos y otros activistas evidenciaron entrevistas, videos, documentos, pero la versión oficial sigue encubriendo desenfrenadamente a los verdaderos responsables.
Conclusión irreverente
Mientras la clase política se tira flores y presume informes, en la explanada municipal de Nuevo Laredo hay familias que tienen que dejarlo todo, exponerse y arriesgar la vida solo para que quien les prometió gobernar escuche el mínimo reclamo de justicia.
Que alguien avise al gobernador: la reparación integral a las víctimas no se negocia y la memoria de los ejecutados no se borra con silencios. Ramos y los suyos tienen claro que no están ahí por gusto, sino porque la negligencia y el cinismo institucional les dejaron la huelga de hambre como último recurso. Irreverente sería que el gobernador los recibiera y pagara su deuda, pero mientras tanto, la protesta —y la dignidad— siguen en pie.
Con informacion: @Redes/
La rata de desechos humanos que solo defiende a los del CDN por que nunca sale a defender a los ciudadanos comunes que se dedican a trabajar bien y no entiendo como no estas en prisión y esos de valles de anahuac todos en sus perfiles de Facebook venían en fotos con equipo táctico y armas apoco eran inocentes
ResponderBorrar