La incapacidad manifiesta de Omar Hamid Garcia Harfuch,de las autoridades estatales,federales y militares para frenar la violencia en Sinaloa ,no solo es un error administrativo: es un acto criminal por accion y tambien por omisión, porque cada día que la estrategia fracasa, se condena a la sociedad a vivir bajo el yugo de la impunidad y el terror, mientras los responsables se escudan en discursos y cifras fantasiosas mas que victoriosas que no salvan vidas ni devuelven a los desaparecidos.
El mes mas sangriento de toda la historia de Sinaloa
Junio de 2025 marcó un punto de quiebre en la historia de Sinaloa: con 212 homicidios y 29 hallazgos en fosas, el estado vivió su mes más violento desde que existen registros, superando incluso los peores años de la “guerra contra el narco”.
Pero esta violencia desbordada perpetrada por dos facciones del Cartel de Sinaloa ,no es, ni ha sido un fenómeno aislado ni accidental: es el resultado directo del accionar de criminales,pero también de la criminal incapacidad del gobierno federal y de las fuerzas armadas para contener la guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, que desde septiembre de 2024 han convertido a Sinaloa en un campo de batalla a cielo abierto que ha dejado mas de treintena de inocentes abatidos por criminales y el criminal actuar del gobierno.
El despliegue militar, lejos de pacificar, ha evidenciado el fracaso de la estrategia federal. Ni el envío de casi 10 mil efectivos —entre Ejército, Guardia Nacional y SSPC— ni la presencia de altos funcionarios han logrado frenar la escalada de masacres, secuestros y ejecuciones públicas.
El 30 de junio, Culiacán amaneció con 20 cuerpos: 16 dentro de una camioneta, uno decapitado, y cuatro más colgados y decapitados en un puente, en una escena de terror que ni la militarización pudo evitar. Ese mismo día, la violencia se extendió a Navolato, Elota y Mazatlán, con asesinatos y ataques indiscriminados, mientras la población vivía bajo el miedo, los negocios cerraban y las escuelas suspendían clases.
Las cifras son demoledoras:
1,629 homicidios dolosos y 1,667 personas privadas de la libertad en menos de 10 meses.
Un promedio de 11.9 asesinatos diarios, el máximo histórico para Sinaloa.
Más de 5,800 vehículos robados y apenas 1,159 detenidos, lo que evidencia la impunidad reinante.
La respuesta oficial ha sido tan insuficiente como desconcertante. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch anuncian refuerzos y “compromiso permanente”, la realidad es que la violencia se multiplica tras cada operativo, y los cárteles desafían abiertamente al Estado con mensajes de terror y ejecuciones públicas.
Incluso el comandante de la Tercera Región Militar admitió que la reducción de la violencia “depende de los criminales”, no de las fuerzas armadas, dejando claro el vacío de autoridad y la falta de control territorial.
La senadora sinaloense Paloma Sánchez (PRI) lo resumió ante el pleno:
“La paz no llegó, pero los militares sí… Morena ha renunciado a la pacificación y ha optado por la militarización como reconocimiento tácito de su fracaso. Amanecimos con cuatro cuerpos colgados en el puente y 16 más en una vagoneta. La Guardia Nacional llegó… pero solo a recoger los cadáveres”….REVISTA ESPEJO
Sinaloa arde, y el Estado —federal y militar— ha sido rebasado.La militarización, lejos de ser solución, se ha convertido en símbolo de derrota: cuarteles crecen, pero la justicia y la seguridad no llegan. La sociedad sinaloense, atrapada entre el fuego cruzado y la ausencia de autoridad, paga el precio de una estrategia fallida que ha normalizado la barbarie y la impunidad.
El pleno del Senado aprobó por mayoría la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que da acceso a las autoridades a cualquier registro público o privado con información que sea útil para “generar productos de inteligencia”.
Alcances legales y riesgos de la ley
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública aprobada en México representa un caso paradigmático de cómo un marco legal puede institucionalizar prácticas que, en otros contextos, serían consideradas violaciones a derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Esta ley otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de la curricula “mañosa” de Omar Garcia Harfuch y al Centro Nacional de Inteligencia ,acceso sin precedentes a registros públicos y privados —incluyendo datos biométricos, bancarios, fiscales, de salud, telecomunicaciones y más— con el argumento de “generar productos de inteligencia” para la seguridad pública.
Acceso amplio y centralizado: La ley permite a las autoridades consultar, interconectar y procesar bases de datos y registros administrativos de cualquier ente público o privado, sin requerir necesariamente una orden judicial para cada acceso.
Obligatoriedad para particulares: Empresas y particulares que manejan bases de datos relevantes están obligados a compartir su información con la Plataforma Central de Inteligencia, que estará bajo control del Centro Nacional de Inteligencia.
Procesamiento automatizado: Se autoriza el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados para organizar, clasificar e interrelacionar la información recabada, con la finalidad de identificar amenazas y coordinar operativos.
Sin controles judiciales robustos: Especialistas y legisladores de oposición advierten que la ley carece de mecanismos efectivos de control judicial y supervisión independiente, lo que abre la puerta a abusos y vigilancia masiva sin contrapesos.
Por qué legalizar la vigilancia no garantiza inteligencia efectiva
Legalidad ≠ legitimidad ni eficacia: El hecho de que una práctica sea legal no implica que sea legítima ni, mucho menos, que produzca inteligencia útil. La legalización de la vigilancia masiva puede institucionalizar el abuso, pero no garantiza el desarrollo de capacidades analíticas, metodológicas ni éticas para generar inteligencia de calidad.
Riesgo de sobrecarga y ruido informativo: El acceso irrestricto y masivo a datos puede generar una sobrecarga de información (big data) que dificulta distinguir lo relevante de lo irrelevante. Sin criterios claros de análisis y depuración, la abundancia de datos puede entorpecer, no mejorar, la labor de inteligencia.
Desincentivo al profesionalismo y la rendición de cuentas:Cuando la ley otorga poderes amplios sin controles ni auditoría independiente, se fomenta la opacidad y el uso discrecional de la información, lo que puede derivar en persecución política, espionaje a opositores, periodistas o defensores de derechos humanos, en lugar de enfocar los recursos en amenazas reales a la seguridad.
Erosión de derechos y confianza pública: La vigilancia masiva sin salvaguardas erosiona derechos fundamentales y la confianza ciudadana en las instituciones. Esto puede llevar a la autocensura, inhibir la participación social y, paradójicamente, dificultar la colaboración ciudadana en tareas de seguridad.
Precedentes de abuso: En México existen antecedentes documentados de espionaje ilegal a periodistas, activistas y opositores políticos, incluso antes de la aprobación de esta ley. Ahora, esas prácticas pueden tener un soporte legal, pero eso no las convierte en inteligencia legítima ni útil para la seguridad pública.
Harfuch enemigo del poligrafo
A la pregunta, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? por lo menos en tres ocasiones diferentes, registró reacciones significativas de falta de veracidad,según quedó asentado en los informes correspondientes.
El polígrafo
El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada.
Mas poder a quien antes no pudo y se prostituyó
Entregar poderes extraordinarios —como el acceso irrestricto a bases de datos personales y la capacidad de coordinar tareas de inteligencia y seguridad— a un funcionario policial que nunca aprobó los exámenes de control de confianza implica riesgos graves y multidimensionales para la seguridad, la legalidad y los derechos humanos en México.
Principales riesgos identificados:
Vulnerabilidad a la corrupción y cooptación criminal: Los exámenes de control de confianza, incluyendo el polígrafo, están diseñados para detectar posibles vínculos o compromisos con la delincuencia organizada. En el caso de Omar García Harfuch, los informes oficiales indican que en al menos tres ocasiones registró reacciones significativas de falta de veracidad al ser cuestionado sobre sus nexos con el crimen organizado. Permitir que una persona con estos antecedentes acceda a información sensible y a la toma de decisiones estratégicas incrementa el riesgo de filtraciones, protección a grupos criminales o uso faccioso de la inteligencia.
Falta de idoneidad y competencias profesionales: Los reportes señalan que García Harfuch no solo reprobó los controles de confianza, sino que su perfil intelectual y profesional fue considerado “inferior al término medio” y carente de experiencia relevante al momento de su ingreso y ascenso meteórico en la Policía Federal. Esto puede traducirse en decisiones erráticas, ineficacia operativa y abuso de poder, ya que el puesto exige altos estándares éticos y técnicos.
Riesgo de abuso de poder y violaciones a derechos humanos:El historial de cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y abusos documentados durante su gestión refuerzan la preocupación de que, con mayores atribuciones legales y menos controles, se multipliquen las prácticas de vigilancia arbitraria, persecución política o uso indebido de datos personales.
Deslegitimación institucional: Otorgar cargos clave a personas que no cumplen con los requisitos mínimos de confianza y probidad debilita la legitimidad de las instituciones de seguridad, erosiona la confianza ciudadana y envía el mensaje de que la ley es negociable para quienes detentan el poder.
Precedente negativo para la función pública: Según la normativa, quien reprueba los exámenes de control de confianza debe ser separado del cargo. Ignorar este principio en el caso de Garcia Harfuch,sentó un precedente peligroso, pues abre la puerta a la impunidad y al uso discrecional de los mecanismos de control, debilitando todo el sistema de seguridad y justicia.
En suma, el mayor peligro de entregar este nivel de poder a un policía que nunca aprobó los exámenes de confianza es que se institucionaliza la ilegalidad y la vulnerabilidad criminal dentro del aparato estatal, comprometiendo no solo la eficacia de la inteligencia, sino la seguridad y los derechos de toda la población.
Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, firmó un documento judicial en el que acepta declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos y autoriza que su caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitirá cerrar el proceso penal que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York.
“Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado de que una acusación formal (acusación, información o denuncia) está pendiente en mi contra en el distrito indicado arriba. Deseo declararme culpable del delito imputado, consentir que el caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, donde me encuentro detenido, y renunciar al juicio en el Distrito arriba mencionado”.
La firma de Ovidio Guzmán aparece en el documento junto con las de los fiscales federales de Nueva York e Illinois, lo que confirma el acuerdo entre ambas jurisdicciones.
La declaración de culpabilidad firmada por Ovidio Guzmán López bajo la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de EE.UU. tiene varias implicaciones clave en términos de cooperación y resolución judicial:
Concentración del proceso: Guzmán López acepta que todos los cargos federales pendientes en diferentes distritos (en este caso, Nueva York e Illinois) sean resueltos en un solo tribunal, el del Distrito Norte de Illinois, donde está detenido. Esto agiliza el proceso y permite que se dicte una sola sentencia por todos los cargos federales.
Renuncia al juicio: Al declararse culpable y firmar este acuerdo, renuncia expresamente a su derecho a un juicio por jurado en el Distrito Sur de Nueva York y acepta que el caso se resuelva únicamente en Illinois.
Posible reducción de sentencia: En el sistema federal estadounidense, declararse culpable de manera oportuna y aceptar responsabilidad puede resultar en una reducción de la sentencia recomendada por las guías federales, hasta tres niveles menos, dependiendo de la cooperación y la aceptación de responsabilidad. Esto no garantiza una pena menor, pero sí es un factor que el juez puede considerar al sentenciar.
Acuerdo entre fiscalías: La firma de los fiscales de ambos distritos en el documento confirma que hay un acuerdo entre las fiscalías para transferir y consolidar el caso, lo que suele indicar que se busca eficiencia procesal y, en ocasiones, puede estar vinculado a acuerdos de cooperación más amplios, aunque en este caso no se menciona explícitamente cooperación con las autoridades.
Impacto en la cooperación: En muchos casos federales, la cooperación activa —como testificar o brindar información relevante— puede traducirse en beneficios adicionales en la sentencia, pero esto debe estar especificado en acuerdos separados y no necesariamente está implícito en la declaración de culpabilidad por sí sola.
Cierre de procesos: Al aceptar la transferencia y declararse culpable, Guzmán López puede cerrar simultáneamente procesos penales en distintos distritos, evitando juicios múltiples y potencialmente sentencias acumulativas, lo que representa una ventaja procesal significativa para el acusado.
En resumen, la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López bajo la Regla 20 significa que acepta los cargos federales, renuncia a su derecho a juicio en Nueva York y permite que todo se resuelva en Illinois, lo que puede facilitar una resolución más rápida y, dependiendo de los términos del acuerdo y su cooperación, podría influir en la severidad de la sentencia. No obstante, la cooperación activa con las autoridades solo se confirmaría si existieran acuerdos adicionales explícitos en ese sentido.
Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y enfrenta cargos por narcotráfico como presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa.
Una protesta de pobladores que acusan abuso de autoridad y extorsión derivó en la quema de al menos dos patrullas y la retención de agentes, a quienes golpearon y amarraron frente a las oficinas de Tránsito y Vialidad Municipal en Tezonapa, Veracruz.
El incidente escaló a un nivel de violencia inusual tras años de denuncias por presuntos abusos y extorsiones de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.
Cientos de habitantes de la cabecera municipal y comunidades rurales se congregaron en la Avenida 1 de la colonia Centro, exigiendo el cese de extorsiones, hostigamiento y cobros ilegales a automovilistas, motociclistas y transportistas.
Los pobladores, muchos con el rostro cubierto, retuvieron a dos agentes de tránsito, a quienes desnudaron, golpearon y amarraron frente a las oficinas de la corporación. En redes sociales circularon videos donde se observa a los oficiales sometidos y rodeados por vecinos armados con machetes.
Durante los disturbios, los manifestantes incendiaron al menos dos patrullas (un vehículo y una motocicleta), así como vehículos particulares presuntamente pertenecientes a mandos de la corporación, y varias motocicletas oficiales. Un auto particular, identificado como propiedad del director de tránsito, también fue quemado. Además, los inconformes amenazaron con linchar a los agentes retenidos, acusándolos de decomisar vehículos sin justificación legal, exigir pagos de hasta 10 mil pesos para evitar el decomiso y amenazar con fabricar cargos falsos.
La protesta se desató tras un operativo reciente en comunidades rurales, donde agentes intentaron llevar al corralón motocicletas de pobladores, lo que avivó el enojo acumulado por la falta de respuesta de la alcaldesa Claudia Rosales Colina (PVEM), a quien los manifestantes acusan de omisión y falta de atención a sus denuncias previas.
Ante la gravedad de los hechos, se activó el “código rojo”, movilizando a fuerzas estatales y federales, incluyendo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, quienes arribaron para intentar controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han emitido una versión oficial sobre lo ocurrido ni sobre el estado de los agentes retenidos.
El contexto de la protesta refleja un hartazgo social ante la corrupción y la impunidad percibida en la corporación de tránsito local, así como la desconfianza en las autoridades municipales para atender y resolver las demandas ciudadanas.
La imagen no es en sepia ni en blanco y negro. Ni tampoco de una película, pero el relato sí parece de forajidos, inspirado en el viejo oeste. En los dos últimos años, grupos criminales han subido a trenes de carga en movimiento en pleno recorrido a través del desierto de Arizona, en Estados Unidos, y los han atracado hasta en 10 ocasiones.
Estos forajidos no visten como vaqueros, pero también buscan un botín: tenis Air Jordan, de la marca Nike, y aparatos electrónicos que, por su valor y el volumen sustraído, brillan como el oro. De acuerdo con documentos de una Corte en Arizona, agentes federales estadounidenses se han incautado de alrededor de dos millones de dólares en mercancía que se cree fue robada de los ferrocarriles de carga de la empresa Burlington Northern & Santa Fe (BNSF). El principal sospechoso, según Washington, es el Cartel de Sinaloa.
Aprovechaban el cambio de rieles o una parada del ferrocarril para subir a las unidades. Una vez arriba, buscaban contenedores con cerraduras de alta seguridad visibles y utilizaban sierras eléctricas recíprocas o cizallas con las cuales se cortan en frío las planchas de metal, para abrir los contenedores.
Los acusados cortaban la manguera de aire del sistema de frenos del tren, ocasionando una parada de emergencia. Así descargaban los bienes robados y los ocultaban en el llano o entre arbustos adyacentes a las vías. Avisaban, a través de celulares, sobre la ubicación de la mercancía para que pudieran recogerla al momento o posteriormente, si es que había fuerzas de seguridad en los alrededores.
A la par, en la carretera, un equipo de vigilancia seguía al tren esperando conocer la ubicación de la mercancía. Una vez confirmado el sitio, camionetas de carga, de distinto tonelaje y modelo, recogían lo robado y lo llevaban desde Arizona a California para almacenarlo y comercializarlo en plataformas como Amazon y eBay.
En esta última ola de asalto a trenes, dada a conocer primero por Los Angeles Times, se han reportado al menos 10 atracos desde marzo del pasado año, en los que se estima que se ha sustraído aproximadamente el valor de dos millones de dólares en mercancía de la marca deportiva Nike. Como parte del operativo de seguimiento, en algunos contenedores fueron instalados dispositivos de rastreo. Gracias a esto, el pasado 13 de enero, distintas fuerzas de seguridad detuvieron a los presuntos delincuentes en dos vehículos que transportaban más de 1.900 pares de zapatillas que todavía no estaban disponibles en el mercado. El valor ascendía a más de 440.000 dólares.
Un cabecilla, muchas identidades
Once personas de nacionalidad mexicana, algunos originarios de Sinaloa, fueron detenidos en ese operativo. Diez de ellos no residían de forma legal en Estados Unidos y uno se encontraba en situación de asilo. De acuerdo con las autoridades del otro lado de la frontera, son, presuntamente, parte de la organización criminal otrora encabezada por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. “Se cree que estos robos están relacionados con un sindicato criminal internacional con sede en el Estado mexicano de Sinaloa”, dice la denuncia.
El senador por el Estado de Indiana Todd Young ha afirmado que durante la aprehensión de estos individuos “los investigadores encontraron vínculos con el cartel mexicano”. “Las autoridades federales han vinculado esto con un cartel federal que opera en Sinaloa”, precisó.
A pesar de que los detenidos ya habían dado golpes anteriores, otro agente de HSI dio a conocer que esta forma de robo a los trenes de BNSF estaba a cargo de Arturo N, alias Pollo. Era quien controlaba a estas cuadrillas. Les proveía de vehículos para cometer los atracos y facilitaba la venta de los bienes. De acuerdo a la acusación, este hombre viene cometiendo estos crímenes desde hace 11 años.
La información del HSI da a conocer que entre febrero de 2022 y junio de 2024, Pollo, con alguno de sus otros tres seudónimos, realizó transferencias bancarias desde Estados Unidos a Méxicopor caso 260.000 dólares.
El 7 de mayo de 2024, más de un mes antes de su detención —que ocurrió el 20 de junio de ese mismo año—, la policía de Los Ángeles instaló un rastreador en una de las camionetas de carga en las que Antonio N. transportaba la mercancía robada. Esta los guio a una unidad de almacenamiento vacía, pero que había sido rentada bajo uno de sus alias. Uno de los detectives consiguió la foto de la licencia de conducir con la cual alquiló el espacio. Según la descripción de la imagen, Pollo usaba una gorra con las letras “JGL” y el número “701” con los colores de la bandera mexicana. Una referencia a las iniciales del Chapo y a la posición que ocupó en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. “Sé que individuos que idolatran la narrativa alrededor del narco, como JGL 701, y los elementos criminales que lo rodean, suelen estar involucrados en conductas similares”, declaró en la denuncia un agente de HSI.
Esa pista permitió emitir órdenes de registro para 11 casas y 16 unidades de almacenamiento en California vinculadasa los atracos. Este operativo resultó en la detención de 43 personas, en la incautación de 41 vehículos, más de 300 toneladas de metanfetamina y 17 armas de fuego.
Dejar de lado la diplomacia reactiva
Ante las sanciones, señalamientos y acusaciones que han ido saliendo a la luz por parte de organismos ejecutivos de Estados Unidos, ante la guerra declarada al narco y al tráfico de drogasde la Administración Trump, Cecilia Farfán-Méndez, jefa del Observatorio de América del Norte en la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ve importante, para que exista una relación binacional óptima, que se trabaje sobre evidencias y dejar de lado la diplomacia reactiva.
A la especialista en delincuencia organizada en México le preocupa el argumento de que al haber menos dinero por el trasiego de migrantes o como es más difícil ahora, “supuestamente”, traficar fentanilo, los grupos criminales están buscando otras áreas de ingreso. “Lo escuchamos de forma frecuente, pero no necesariamente se sostiene en evidencia”, explica por videollamada.
Dentro de esa dinámica, resalta la importancia de que México consiga evidencias y las publique. De mostrar cómo funcionan estos mercados ilegales y que normalmente, sobre todo en la región fronteriza, involucran a ciudadanos de ambos países. “Me parece que un primer paso es salir de este mundo donde todo es reactivo. Donde lo que se está haciendo es cómo responder a la siguiente crisis y volver a este marco más institucional donde tienes acordado cuáles son los temas y cómo se van a trabajar y quiénes los van a trabajar”, precisa.
Los procesos judiciales contra estos detenidos seguirán su curso. De momento, sin embargo, el robo de trenes moderno está vigente en Arizona, porque si bien las zapatillas deportivas o artefactos electrónicos no brillan como el oro, para algunos son un tesoro.
Con informacion: ANDRES RODRIGUEZ/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
La imagen de la caricatura de “Paco Calderon” en El Norte,es otra potente sátira visual sobre la vigilancia estatal en México, representando a los “pájaros en el alambre” como aves con cámaras y ojos electrónicos en lugar de cabezas, sentadas sobre un cable rotulado “Ley de Telecomunicaciones”.
El mensaje en el globo de diálogo —“Vamos a saber hasta cuando van al baño”— enfatiza el nivel de intrusión y el sacrificio de garantías individuales en nombre de la seguridad o el control estatal bajo componente militarizado.
Contexto y significado de “pájaros en el alambre” En el argot mexicano, la frase “hay pájaros en el alambre” alude a la sospecha o certeza de que una conversación está siendo escuchada por terceros, tradicionalmente por el Estado o sus agencias de inteligencia que a través de los años han resultado en los hechos, muy poco inteligentes,mas alla de su celular inteligente,pues el fracaso sigue a la vista.
Esta expresión tiene décadas en el vocabulario político y social mexicano, y se ha normalizado como parte de una cultura donde la vigilancia —antes telefónica, ahora digital y masiva— es una constante.
Una condición que repiten todos los gobiernos La vigilancia estatal no es exclusiva de un régimen o partido: es una práctica que trasciende gobiernos y épocas, adaptándose a las nuevas tecnologías. Desde la intervención de líneas telefónicas en los años 70 y 80, pasando por el espionaje político documentado en libros como “Los Periodistas” de Vicente Leñero, hasta el uso contemporáneo de software como Pegasus para espiar a periodistas, activistas y opositores, la vigilancia ha sido una herramienta de control y disuasión del disenso, mas que contra la inseguridad,el pretexto de siempre.
Sacrificio de garantías sin resultados visibles Uno de los aspectos más criticados de estos sistemas de vigilancia es que la ciudadanía rara vez ve resultados tangibles en términos de mayor seguridad o justicia, pero sí experimenta la pérdida de derechos y libertades.
La aprobación de leyes que permiten el acceso irrestricto y en tiempo real a bases de datos personales, sin supervisión judicial ni transparencia, como ocurre actualmente en México, transforma al Estado en un aparato de control poblacional incompatible con la democracia. Se justifica el sacrificio de la privacidad y la libertad en nombre de la seguridad nacional, pero los beneficios prometidos —reducción de la delincuencia, prevención de delitos— rara vez son comprobables o verificables públicamente.
Normalización y autocensura La cultura de “pájaros en el alambre” genera autocensura y resignación social: se asume que siempre hay alguien escuchando, lo que inhibe la libertad de expresión y el ejercicio pleno de otros derechos. Este fenómeno no es privativo de México; ocurre en todo el mundo, como lo han demostrado los escándalos de vigilancia masiva revelados por Edward Snowden y las prácticas de gobiernos como el de Estados Unidos o El Salvador, donde el sacrificio de garantías no se traduce en transparencia ni rendición de cuentas, y sí en opacidad y abuso de poder.
Conclusión visual y política La caricatura resume una realidad: la vigilancia masiva se instala y se normaliza bajo el argumento de la seguridad, pero en la práctica erosiona la democracia y los derechos fundamentales. Los ciudadanos, como los pájaros en el alambre, están siempre observados, pero rara vez informados o protegidos.
El sacrificio de garantías individuales se convierte en la única certeza visible, mientras los resultados prometidos por los gobiernos permanecen fuera del alcance de la sociedad.
El Divisionario Norberto Cortés Rodríguez, comandante del Ejército Mexicano, dejará el cargo para pasar a situación de retiro tras haber cumplido el máximo de edad para prestar sus servicios, luego de que el pasado 3 de octubre asumió el cargo tras el arranque de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Será relevado por el General Francisco Jesús Leana Ojeda, quien se venía desempeñando como jefe de la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México.
El General Leana Ojeda, su sucesor, es jefe de la Primera Región Militar con sede en la CDMX pero viene de comandar la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, donde le tocó presenciar el inicio de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, “Los Mayitos” y “Los Chapitos“, cuya pugna detonó en septiembre de 2024.
En una conferencia de prensa, en ese mes, Leana respondió que la violencia en la entidad dependía de los criminales.
“Esperemos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos, y que estén dejando a la población en paz, para que vivan con tranquilidad”.
-¿La seguridad depende de estos grupos delincuenciales?- se le insistió.
-Depende de ellos, son los que hacen las agresiones y los que están cobrando vidas; nosotros no, al contrario, estamos acá para evitar que tengan confrontaciones y haya pérdidas de vidas humanas- respondió en ese entonces el mando.
Tras ese hecho la Administración de Sheinbaum lo removió de Sinaloa y lo llamó a encabezar la Primera Región Militar y ahora será el nuevo comandante del Ejército mexicano a partir de este martes.
Sinceridad o Cinismo: La Seguridad en Manos de los Criminales ?
La declaración desafortunada del General Francisco Jesús Leana Ojeda, próximo comandante del Ejército Mexicano, en la que admitió sin tapujos que la seguridad en Sinaloa dependía de la voluntad de los grupos criminales, nos obliga a detenernos y reflexionar sobre los límites entre la sinceridad institucional y el cinismo que, a veces, parece permear la vida pública en México.
Cuando un alto mando militar reconoce ante los medios que la tranquilidad de una región no está en manos de las autoridades, sino de los cárteles en pugna, el mensaje es brutalmente honesto, pero también profundamente inquietante. Por un lado, la sociedad agradece la transparencia y la ausencia de discursos triunfalistas que nieguen una realidad inocultable. Por otro, esa franqueza puede ser leída como una claudicación, una aceptación tácita de que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza y la capacidad de garantizar la paz.
La frontera entre sinceridad y cinismo es, en este caso, tan tenue como peligrosa. ¿Hasta qué punto la honestidad de un funcionario deja de ser virtud para convertirse en renuncia? ¿Cuándo la transparencia se transforma en resignación ante el poder de los criminales? La respuesta, quizá, está en el tono y en las acciones que acompañan a las palabras. La sinceridad debería ser el primer paso para una autocrítica institucional y una transformación de fondo, no el pretexto para justificar la inacción o para normalizar la violencia.
En el México de hoy, donde la violencia criminal ha rebasado a las autoridades en más de una ocasión, declaraciones como la del General Leana Ojeda son un espejo incómodo de nuestra realidad. Nos revelan, sin adornos, la magnitud del desafío, pero también la urgencia de repensar el papel de las fuerzas armadas y civiles en la reconstrucción de la seguridad pública.
Aceptar que la seguridad depende de los criminales no puede ni debe ser el punto final del debate, sino el inicio de una exigencia colectiva: que la sinceridad no sea la antesala del cinismo, sino el motor de un cambio real y profundo.
