El pleno del Senado aprobó por mayoría la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que da acceso a las autoridades a cualquier registro público o privado con información que sea útil para “generar productos de inteligencia”.
Alcances legales y riesgos de la ley
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública aprobada en México representa un caso paradigmático de cómo un marco legal puede institucionalizar prácticas que, en otros contextos, serían consideradas violaciones a derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Esta ley otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de la curricula “mañosa” de Omar Garcia Harfuch y al Centro Nacional de Inteligencia ,acceso sin precedentes a registros públicos y privados —incluyendo datos biométricos, bancarios, fiscales, de salud, telecomunicaciones y más— con el argumento de “generar productos de inteligencia” para la seguridad pública.
- Acceso amplio y centralizado: La ley permite a las autoridades consultar, interconectar y procesar bases de datos y registros administrativos de cualquier ente público o privado, sin requerir necesariamente una orden judicial para cada acceso.
- Obligatoriedad para particulares: Empresas y particulares que manejan bases de datos relevantes están obligados a compartir su información con la Plataforma Central de Inteligencia, que estará bajo control del Centro Nacional de Inteligencia.
- Procesamiento automatizado: Se autoriza el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados para organizar, clasificar e interrelacionar la información recabada, con la finalidad de identificar amenazas y coordinar operativos.
- Sin controles judiciales robustos: Especialistas y legisladores de oposición advierten que la ley carece de mecanismos efectivos de control judicial y supervisión independiente, lo que abre la puerta a abusos y vigilancia masiva sin contrapesos.
Por qué legalizar la vigilancia no garantiza inteligencia efectiva
- Legalidad ≠ legitimidad ni eficacia: El hecho de que una práctica sea legal no implica que sea legítima ni, mucho menos, que produzca inteligencia útil. La legalización de la vigilancia masiva puede institucionalizar el abuso, pero no garantiza el desarrollo de capacidades analíticas, metodológicas ni éticas para generar inteligencia de calidad.
- Riesgo de sobrecarga y ruido informativo: El acceso irrestricto y masivo a datos puede generar una sobrecarga de información (big data) que dificulta distinguir lo relevante de lo irrelevante. Sin criterios claros de análisis y depuración, la abundancia de datos puede entorpecer, no mejorar, la labor de inteligencia.
- Desincentivo al profesionalismo y la rendición de cuentas:Cuando la ley otorga poderes amplios sin controles ni auditoría independiente, se fomenta la opacidad y el uso discrecional de la información, lo que puede derivar en persecución política, espionaje a opositores, periodistas o defensores de derechos humanos, en lugar de enfocar los recursos en amenazas reales a la seguridad.
- Erosión de derechos y confianza pública: La vigilancia masiva sin salvaguardas erosiona derechos fundamentales y la confianza ciudadana en las instituciones. Esto puede llevar a la autocensura, inhibir la participación social y, paradójicamente, dificultar la colaboración ciudadana en tareas de seguridad.
- Precedentes de abuso: En México existen antecedentes documentados de espionaje ilegal a periodistas, activistas y opositores políticos, incluso antes de la aprobación de esta ley. Ahora, esas prácticas pueden tener un soporte legal, pero eso no las convierte en inteligencia legítima ni útil para la seguridad pública.
Harfuch enemigo del poligrafo
A la pregunta, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? por lo menos en tres ocasiones diferentes, registró reacciones significativas de falta de veracidad,según quedó asentado en los informes correspondientes.
El polígrafo
El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada.
Mas poder a quien antes no pudo y se prostituyó
Entregar poderes extraordinarios —como el acceso irrestricto a bases de datos personales y la capacidad de coordinar tareas de inteligencia y seguridad— a un funcionario policial que nunca aprobó los exámenes de control de confianza implica riesgos graves y multidimensionales para la seguridad, la legalidad y los derechos humanos en México.
Principales riesgos identificados:
- Vulnerabilidad a la corrupción y cooptación criminal: Los exámenes de control de confianza, incluyendo el polígrafo, están diseñados para detectar posibles vínculos o compromisos con la delincuencia organizada. En el caso de Omar García Harfuch, los informes oficiales indican que en al menos tres ocasiones registró reacciones significativas de falta de veracidad al ser cuestionado sobre sus nexos con el crimen organizado. Permitir que una persona con estos antecedentes acceda a información sensible y a la toma de decisiones estratégicas incrementa el riesgo de filtraciones, protección a grupos criminales o uso faccioso de la inteligencia.
- Falta de idoneidad y competencias profesionales: Los reportes señalan que García Harfuch no solo reprobó los controles de confianza, sino que su perfil intelectual y profesional fue considerado “inferior al término medio” y carente de experiencia relevante al momento de su ingreso y ascenso meteórico en la Policía Federal. Esto puede traducirse en decisiones erráticas, ineficacia operativa y abuso de poder, ya que el puesto exige altos estándares éticos y técnicos.
- Riesgo de abuso de poder y violaciones a derechos humanos:El historial de cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y abusos documentados durante su gestión refuerzan la preocupación de que, con mayores atribuciones legales y menos controles, se multipliquen las prácticas de vigilancia arbitraria, persecución política o uso indebido de datos personales.
- Deslegitimación institucional: Otorgar cargos clave a personas que no cumplen con los requisitos mínimos de confianza y probidad debilita la legitimidad de las instituciones de seguridad, erosiona la confianza ciudadana y envía el mensaje de que la ley es negociable para quienes detentan el poder.
- Precedente negativo para la función pública: Según la normativa, quien reprueba los exámenes de control de confianza debe ser separado del cargo. Ignorar este principio en el caso de Garcia Harfuch,sentó un precedente peligroso, pues abre la puerta a la impunidad y al uso discrecional de los mecanismos de control, debilitando todo el sistema de seguridad y justicia.
En suma, el mayor peligro de entregar este nivel de poder a un policía que nunca aprobó los exámenes de confianza es que se institucionaliza la ilegalidad y la vulnerabilidad criminal dentro del aparato estatal, comprometiendo no solo la eficacia de la inteligencia, sino la seguridad y los derechos de toda la población.
Con informacion: ELNORTE/ redes/medios
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