En la madrugada, cuando la Constitución duerme y la República bosteza, Morena decidió jugar al legislador exprés. Con la delicadeza de un ladrón de relojes y la audacia de quien sabe que nadie lo detendrá, revivieron el infame transitorio de retroactividad. El Congreso no sesionó: ejecutó.
El Senado recibió la minuta, cerró la pinza y consumó lo que la Oposición describe —con precisión de cirujano constitucional— como un experimento de gatopardismo institucional: cambiarlo todo para que el poder conserve su impunidad intacta.
Los senadores oficialistas ya ni fingieron debate. Apenas el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, terminó de rendir su comparecencia, el bloque guinda levantó el dedo y decretó que el trámite estaba agotado. Sin dictamen maduro ni análisis técnico, aprobaron una reforma que transforma el juicio de amparo en un instrumento de conveniencia fiscal y control político.
La priista Carolina Viggiano no se ahorró el cálculo: con la retroactividad, la 4T podrá cobrar créditos fiscales por más de dos billones de pesos. Lo que en la práctica traduce la política pública en recaudación retroactiva: la justicia al servicio del hambre de caja.
Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda señaló que el engaño no se disfraza de técnica legislativa: “La Ley de Amparo no es procesal”, dijo, “es sustantiva, protege derechos adquiridos”. Pero la mayoría prefirió la alquimia: declarar que algo “no es retroactivo” mientras lo redacta con bisturí para que opere hacia atrás.
Guadalupe Murguía, del PAN, llamó a la maniobra por su nombre: simulación. Una “retroactividad negada”, tan burda que ni el maquillaje retórico alcanza para ocultar que lo aprobado perfora el artículo 14 constitucional.
Y por si hiciera falta coro oficialista, el morenista Manuel Huerta, autor del polémico transitorio, juró solemnemente que los derechos están “a salvo”. Que la reforma “perfecciona lo debatido”. La precisión jurídica del argumento equivale a decir que el incendio es controlado porque ya consumió la casa.
En resumen: lo que se aprobó no es solo una reforma a la Ley de Amparo; es un ejercicio de poder crudo que normaliza la excepcionalidad jurídica. Las formas republicanas fueron un estorbo. El trasfondo, inconfundible: blindar al poder, cobrar al pasado y domesticar a los tribunales.
Con informacion: ELNORTE/
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