Carlos Fabián Martínez, alias “El Cuate”, yerno de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo que se confabulo en Tamaulipas con Francisco J. García Cabeza de Vaca y Cesar Verastegui alias El “Truko”, ya fue sentenciado en Estados Unidos tras declararse culpable de extorsión y lavado de dinero.
El 11 de junio de 2025, la Oficina de Asuntos Públicos informó sobre su condena a 11 años de prisión y el pago de una multa millonaria de 2 millones de dólares por su participación en una conspiración prolongada y violenta para monopolizar la industria de las agencias de transporte transmigrante (TFA) en la frontera entre Texas y Tamaulipas.
Martínez formó parte de una entidad centralizada llamada “The Pool”, cuya función era recaudar y distribuir dinero entre los conspiradores, limitar la competencia y aumentar los precios de los servicios. Aquellos que se negaban a participar o pagar eran obligados a través de intimidaciones, amenazas y actos de violencia; incluso se reporta que personas fueron secuestradas o asesinadas por resistirse.
Según el Departamento de Justicia, Martínez fue responsable de cobrar al menos 9.5 millones de dólares en pagos de extorsión, fondos que eran blanqueados a través de cuentas bancarias relacionadas con él y su familia.
La conspiración, que operó desde al menos 2011 hasta noviembre de 2022, involucró la fijación de precios y la repartición del mercado de servicios de agencias de transporte transmigrante en el área de Los Indios, Texas, y la región de Brownsville-Harlingen, incluyendo los condados de Cameron y Hidalgo.
El grupo criminal utilizó la violencia para obligar a las empresas a pagar “piso” y multas por operar fuera de sus normas, y se estima que entre 2014 y 2022 recaudaron al menos 27 millones de dólares en extorsiones.
El caso también involucró a otros individuos, entre ellos políticos y empresarios, quienes ayudaron a estructurar y lavar el dinero producto de las extorsiones. Martínez fue arrestado en noviembre de 2022 en Mission, Texas, y tras meses de negociaciones, aceptó declararse culpable a cambio de una pena reducida de 11 años, evitando así una posible sentencia de hasta 20 años.
En resumen, la sentencia a Carlos Fabián Martínez “El Cuate” refleja la gravedad de su participación en una red criminal que combinó extorsión, lavado de dinero y violencia para controlar el lucrativo negocio de transporte transfronterizo de vehículos usados entre Estados Unidos y México.
Ayer se cumplieron tres semanas de que asesinaron a Ximena Guzmán yJosé Muñoz, altos funcionarios de todas las confianzas de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Clara Brugada. Los mataron descaradamente: a plena luz del día, en hora pico, en una zona altamente transitada de la capital del país, esperándolos pacientemente, ejecutándolos de 12 balazos y huyendo sin contratiempos.
Tres semanas y las autoridades han sido incapaces de darnos ni un poco de luz sobre el avance de las investigaciones. ¿No saben nada o no les está gustando lo que están encontrando?
Según fuentes de primer nivel a las que tuve acceso, las primeras indagatorias sobre el doble asesinato están hurgando en los compromisos políticos que pudo haber adquirido Brugada durante su campaña, a cambio de apoyos y financiamiento de ciertos grupos con capacidad de venganza en caso de incumplimiento.
En todos los círculos morenistas era bien sabido que una de las víctimas del atroz asesinato, Ximena Guzmán, secretaria particular de Brugada, fungió en la campaña como operadora financiera de la candidata: era la que aceptaba los donativos por abajo del agua, que nunca llegan desinteresados. En los primeros pasos de la indagatoria, no agarró tracción la posibilidad de que detrás del doble asesinato estuviera alguna organización criminal de escala nacional. Más bien están en la mira grupos locales de las alcaldías más calientes de la capital. Quizá Iztapalapa. Quizá Gustavo A. Madero. ¿Se sabrá realmente qué pasó? Los radicales de Morena tienen todo el control de la investigación.
Lo cierto es que este doble asesinato trastocó la narrativa oficial de que la estrategia contra la violencia está funcionando de maravilla. Un crimen de tan alto impacto incide mucho en la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Pero el gobierno sigue en la suya. Ayer mismo, en la mañanera, presumieron que los asesinatos han bajado 26%, en lo que va de este sexenio. Presumieron también que, si se compara el 2018 con el 2025, la baja es de 29%.
Hubo algo que no dijeron. Hay un dato que siguen escondiendo:
Mayo de 2025 fue el mes con más desaparecidos ¡de la historia! Sí. Récord histórico. Son cifras oficiales, datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Los puede consultar cualquier persona en su página web. Ahí se reporta que tan solo el mes pasado, desaparecieron 1,398 personas en nuestro país.
¿Cómo es posible que bajen tanto los homicidios y suban tanto las desapariciones? La contradicción hace sospechar que se estén maquillando las cifras. Que se estén escondiendo asesinatos como desapariciones. Hace 3 meses, la presidentaSheinbaum prometió dar una explicación de esto, y aún no lo hace. Sigue presumiendo su cifra de supuesta baja de homicidios, sin decir una palabra sobre cómo se han disparado 16% las desapariciones durante los meses que lleva en el gobierno.
Según los mismos datos oficiales, aun considerando que todas las desapariciones sean asesinatos escondidos (un supuesto exagerado), lo homicidios habrían bajado en este sexenio 12%. ¿Hay necesidad de inflar los datos? ¿O qué está pasando? Demasiada opacidad por todos lados.
Con informacion: historiasreportero@gmail.com/ELUNIVERSAL
Los escándalos en la Universidad Autonoma de Tamaulipas (UAT)y de su rector Dámaso Anaya,asi como de la Magistrada Tania Contreras, siguen siendo motivo del escrutinio publico, legal y periodístico.
En el caso del rector “primo del Gobernador” Americo Villarreal Anaya,es claro que dieron inicio cuando fue detenido en 2022,tal y como lo publicó Reforma.Una breve detención que le fue recompensada con un puesto en el gobierno de su primo Americo Villarreal,como la mejor expresión del nepotismo.
Luego llego su ungimiento en la Universidad Autonoma de Tamaulipas prostituyendo al Consejo Universitario,donde ya sentado ha sorteado toda serie de escandalos,lo mismo sexuales de compadres del gobernador,que nombramientos fuera de la norma,contratismo exacerbado, viajes de lujo a Nueva York, un hijo exhibido con Rolex,empleados lo mismo detenidos con armas que con drogas,funcionarios ejecutados, otros cateados,negocios truculentos y parele de contar,de tal suerte que salir a defenderlo a bote pronto,haciendo un lado los indicios,no parece ser un periodismo neutral.
Aunque la neutralidad es activa y (no la pasividad) es clave: investigar tanto los señalamientos en su entorno como las posibles campañas de desprestigio político, deben ser menester del comunicador, pues solo así se sirve a la verdad y al interés público,pero sin exoneraciones a vuelo de pajaro.
El preambulo es para citar la mas reciente defensa que hace la aguerrida periodista Sofia Pacheco,endilgando a la federación las últimas publicaciones contra el rector contenidas en video.
¿Por qué es perjudicial que un ente periodístico tome partido para aplaudir en vez de censurar, para defender en vez de indagar,
Pérdida de objetividad: El periodismo debe ser objetivo y crítico. Tomar partido por una figura pública sin cuestionar sus acciones puede sesgar la información y restar credibilidad al medio.
Riesgo de convertirse en vocero: Cuando un medio aplaude en vez de censurar, deja de ser un contrapeso y se convierte en vocero de intereses particulares, lo que puede afectar la confianza del público.
Debilidad democrática: La crítica constructiva y la fiscalización son pilares de la democracia. Un periodismo complaciente y servil, no sirve a ciudadanos,sirve al poder, debilita la rendición de cuentas y la transparencia.
Una simple comparación clara y visual entre dos tipos de periodismo: el que ejerce su función crítica y el que defiende a quienes debería cuestionar.
Comparación entre periodismo que “blande la espada” (censura) y el que defiende al que debería censurar
Característica
Periodismo que censura (crítico, vigilante)
Periodismo que defiende (complaciente, parcial)
Objetivo
Denunciar irregularidades, corrupción y abusos
Proteger la imagen de personas o instituciones
Enfoque
Crítico, investigativo, riguroso
Sesgado, complaciente, parcial
Impacto
Fomenta la transparencia y la rendición de cuentas
Debilita la transparencia y fomenta la impunidad
Relación con poder
Independiente, vigilante
Cómplice o dependiente
Confianza pública
Alta cuando es veraz y equilibrado
Baja por percepción de falta de objetividad
| Riesgos | Puede generar conflictos con poderosos, pero es necesario | Pierde credibilidad y función social |
Esta tabla resume cómo el periodismo que “blande la espada” (censura, investiga, cuestiona) cumple una función esencial para la democracia y la sociedad, mientras que el que defiende a quienes debe censurar pierde credibilidad y debilita la transparencia.
“La verdad no siempre es cómoda, pero es imprescindible para la justicia.”
“Mientras la prensa vigile, la sociedad tendrá una brújula.”
“El periodismo no es aplauso ni silencio, es la voz incómoda de la realidad.”
“El deber del periodista no es defender poderes, sino proteger a la ciudadanía.”
“La historia juzgará no solo a los protagonistas, sino también a quienes callaron.”
“Sin investigación, la verdad es solo un rumor; sin valentía, el periodismo es solo propaganda.”
“La democracia se fortalece con preguntas, no con respuestas prefabricadas ni lisonjas a la carta”.
“El compromiso de informar es el antídoto contra la mentira y la impunidad.”
“La verdadera libertad de prensa es la que incomoda a quienes prefieren la oscuridad.”
“La función social del periodismo es iluminar, no justificar.”
Qu dice que dijo y como lo dijo Sofia:
“….Por cierto de las venganzas políticas bajadas directamente de la federación, las estamos viendo obrar en contra de actores Tamaulipecos, en nuestra entidad tenemos un par de acosados con ferocidad; la primer víctima es el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, quien la semana pasada fue blanco de ataques publicitarios bien producidos, con costosos videos editados, esta vez sí hubo una firma detrás del atentado no solo contra su imagen, sino contra su trayectoria, contra el trabajo y esfuerzo académico, administrativo y humanitario que él realiza con su grupo de trabajo en las áreas pertinentes pero también de la mano de su esposa, Isolda Rendón, en los ámbitos de cuidados familiares, asistencias sociales y hasta médicas.
Y le voy a decir porqué creo que es la Federación quien lo golpea, resulta que específicamente este último video es firmado por un periodista del sur del país, de esos que traen un puño de escoltas, coches blindados, gasolina y viáticos suficientes para ir por la vida sin temer ni gastar, con su seguridad y gastos pagados por usted y por mí, es decir, con nuestros impuestos.
¿Cómo podría este señor sin venir a Tamaulipas ni conocer sus estructuras políticas y delictivas recrear un perfil delictivo y mucho menos toda una trayectoria criminal de un personaje apodado “El Cholula”, a quien trata de vincular con el Rector?
No puede, el periodista no hizo la tarea suficiente para ligar la vida y actividades de este señor ex policía con el Rector Dámaso.
No lo hizo porque en su investigación, si o sí, tendría que decir que “El Cholula” es hermano de un importante funcionario de FGR a nivel nacional…. ¿ Por qué no lo hace? Será que son golpecillos medidos? ¡Claro que lo son! Es la federación cuidando de la federación.
Esto demuestra que el compañero solo escribió lo que le dictaron pero que, en realidad, no investigó ni a la O por lo redondo.
Yo no defiendo a Dámaso Anaya, al rector lo defienden y definen sus acciones, su trabajo, su tenacidad para hacer política, ignoro si negocios ilegales pero conozco de los negocios legales que tienen a la UAT cumpliendo con los estándares de ventas de cortes premium por ejemplo, con calidad de exportación y así podría citarle varios más, pero no estamos tocando el tema de la productividad universitaria porque esa actividad es una obligación del Rector, no un mérito, el mérito radica en que Anaya Alvarado tiene el compromiso de sacar su obligación adelante con trabajo genuino.
Aquí el punto es la agresión Federal contra el gobierno estatal, que pena compañero sureño, pero debo agregar a su “sesuda investigación” sobre “El Cholula” que en ciudad Victoria, Tamaulipas, hay un par de órganos federales tratando de ligar al personaje con delitos cometidos contra el IMSS, desvíos, robos y sabrá Dios quá más.
Ahí andan investigando y tratando de ubicar el crimen dentro de nuestra máxima casa de estudios, todo por desaires de la Federación.
Otra víctima de esta venganza o revanchismo de Sheinbaum contra Tamaulipas es Tania Contreras, quien ayer fue víctima de publicidad malintencionada que, asegura, que pese al resultado de los votos obtenidos, Contreras no podrá ser Magistrada Presidente del Poder Judicial en Tamaulipas.
Eso no es una información precisa pero lo que sí es real es que a Tania la impugnaron ante el TRIELTAM y como no resolvían se presentó una queja ante la sala superior del Tribunal Federal Electoral y desde ahí le están diciendo al Tribunal Estatal que resuelvan.
De modo que depende el sentido de la resolución, si resulta improcedente o no la queja, entonces el denunciante puede acudir al Tribunal Regional en Monterrey y como última instancia a la Sala superior del Tribunal Federal Electoral.
Si esta sala dice que efectivamente es inelegible le tumban la magistratura.
Mientras todo eso procede, Tania Contreras está en el limbo, porque no puede recibir ningún nombramiento mientras su estatus esté impugnado sin resolución.
¿Cuánto tiene que ver la federación? Lo veremos justamente en la resolución.
Habitantes de la comunidad Puerto las Ollas del municipio de Coyuca de Catalán denunciaron que en cualquier momento integrantes del crimen organizado los desalojarán de sus viviendas pues se quedaron sin la protección del Ejército y la Guardia Nacional.
“El Gobierno nos mandó dos patrullas del Ejército mexicano y dos de la Guardia Nacional, ya se fueron dos y al rato se van a ir las otras dos, ya la gente (los delincuentes) nos está rodeando para acabar con nosotros”.
Honor, valor, lealtad, sacrificio.
Son palabras que resuenan en los postulados militares, valores que se presume llevan en alto quienes portan el uniforme. Pero en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, estos valores chocan de frente con la desesperación y el abandono. Los habitantes denuncian que, tras la llegada fugaz de dos patrullas del Ejército y la Guardia Nacional, los delincuentes los tienen rodeados, listos para desalojarlos, quemar sus casas y quedarse con todo.
En videos difundidos en redes sociales, mujeres y niños permanecen encerrados, temiendo por sus vidas. “Nos mandaron poco Gobierno, nomás fueron a realizar un recorrido pero ya se van, no se quieren quedar y esos van a entrar, quieren acabar con todo y quedarse con todo”, relata una mujer, mientras suplica ayuda para salir de una comunidad que ya ha sido desplazada antes por la violencia.
La protección es un espejismo. A pesar del despliegue anunciado por autoridades, la realidad es que los operativos son insuficientes y temporales. “Ya la gente (delincuentes) nos está rodeando para acabar con nosotros”, advierte otra habitante. Los criminales han robado cuatrimotos, quemado viviendas y aislado a la comunidad, dejándola sin medios para huir ni víveres para sobrevivir.
El contraste es brutal: mientras el discurso oficial exalta el sacrificio y la lealtad de las fuerzas federales, en Puerto las Ollas el miedo y la incertidumbre dibujan otro cuadro. “Tenemos tres días de pedir el apoyo y apenas llegaron ayer y ya se van”, acusa la mujer que graba el video, mientras pide la intervención urgente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El valor, el honor y el sacrificio, en este contexto, parecen quedarse en los documentos y no en el terreno, donde la población pide a gritos que alguien los escuche antes de que sea demasiado tarde.
Hace 54 años, el 10 de junio de 1971, el país vivió uno de los episodios más cruentos de represión: la Masacre del Jueves de Corpus o “El Halconazo”. Hoy, el crimen, cuyas víctimas tiene un estimado mínimo de 100 personas, se mantiene impune.
Durante estas más de cinco décadas, el Estado mexicano no sólo fue responsable de aquel episodio de violencia perpetrado contra estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. También ha sido omiso en atender los reclamos de justicia que, del antiguo régimen priista, pasaron por los gobiernos del PAN y ahora de la llamada Cuarta Transformación, con comisiones de la verdad, pero ocultamiento persistente de información.
Los procesos judiciales siguen activos, de acuerdo con Félix Hernández Gamundi, uno de los integrantes del Comité 68, colectivo que además de la masacre estudiantil de Tlatelolco, reivindica la necesidad de justicia en los hechos de 1971.
En 2021, al cumplirse 50 años desde los hechos en la zona aledaña al Metro Normal, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa de Estado. El principal compromiso, dijo, era la no repetición y aunque en su gobierno creó una instancia para investigar violaciones graves de derechos humanos en el pasado, el avance fue exiguo.
En la vía judicial, en 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando fue creada la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el “Jueves de Corpus” llegó a manos de la magistrada Herlinda Velasco. El propósito era procesar a Luis Echeverría por genocidio. Pero la juzgadora consideró que no se acreditaba el carácter nacional del grupo agraviado y desechó el asunto.
El asunto pasó entonces a un tribunal colegiado y de ahí a la Suprema Corte, que lo regresó al tribunal donde finalmente se le dio carpetazo.
Con lo anterior, el Comité 68 y varios sobrevivientes de la matanza acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para 2022, un año después de la disculpa de Estado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de la CIDH que había pedido información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular era Marcelo Ebrard.
La cancillería respondió que no tenía relación con el tema y, una vez que la CIDH persistió en el requerimiento, el Estado Mexicano expuso que los quejosos no habían agotado todas las instancias. Así que debieron regresar a gestionar amparos.
Es una de muchas contradicciones, explica Hernández Gamundi.
Documentales censuradas
La movilización de estudiantes del Jueves de Corpus fue la primera marcha después de la del 2 de octubre de 1968. Algunos jóvenes, presos políticos del 68, habían sido amnistiados y, uno de ellos, como Pablo Gómez Álvarez, decidieron participar sólo para vivir de nuevo la represión.
Los nombres de los políticos y mandos de seguridad de la época, la mayoría procedente del Ejército Mexicano, aparecieron desde entonces y hasta ahora como responsables: Luis Echeverría, Mario Moya, el general Manuel Díaz Escobar, Alfonso Martínez Dominguez. Hoy, ellos y otros implicados ya fallecieron.
Sin embargo, la demanda de verdad y justicia se ha mantenido y las esperanzas de un avance significativo en conseguirlo, se cifraba en la incorporación de actores políticos (como el mencionado Pablo Gómez) al gobierno, así como de veteranos de la izquierda como Alejandro Encinas, quien arribó a la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación en 2018.
Como se recordará, al iniciar su gobierno, López Obrador ofreció la desclasificación de todos los expedientes de las policías políticas, luego se metió freno a la decisión y, finalmente, el asunto quedó en revelaciones parciales.
El proceso volvió a topar con la fuerza del Ejército y los cuerpos de seguridad.
Al respecto, Hernández Gamundi sostiene que el mayor avance ha sido la entrega de expedientes militares al Archivo General de la Nación. Pero fue una entrega parcial y además censurada.
“Nosotros insistimos en que eso no es suficiente”, dijo.
Lo deseable, dice, sería que los expedientes oficiales fueran entregados a una autoridad ministerial o judicial, porque tendría una connotación diferente. Por ahora, lo que hay, es un índice con expedientes en los que la mayoría de las páginas están tachada, borradas.
“Nosotros hemos insistido mucho que es información que debe entregarse oficialmente a una autoridad ministerial o judicial eso no ha ocurrido”.
Las comisiones
El mismo 2022, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ya bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.
En enero de 2020 se creó la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente, cuya meta es recopilar información a fin de que las víctimas directas e indirectas tengan acceso al derecho a la verdad. Resultado de ello se emitieron la Recomendación General 46/2022 y la Recomendación por Violaciones Graves 98/2023.
En ambas recomendaciones se señaló que las investigaciones deben incorporar un análisis de contexto para profundizar en las causas y orígenes de estas prácticas represivas, constantes en la historia de México contra un grupo de personas en específico.
Con lo anterior y la respuesta dada a la CIDH, se reactivaron las carpetas de investigación y se crearon mesas de trabajo.
Apenas el año pasado, los trabajos de esas mesas comenzaron a avanzar, dice Hernández Gamundi. Se trata de una mesa con la subsecretaría de Derechos Humanos, en Gobernación, y otra con la Fiscalía General de la República con agentes especializados que están revisando el “Halconazo” y lo ocurrido durante la llamada “guerra sucia”.
La semana pasada hubo sesión de la mesa con Gobernación. Hernández Gamundi planteó ahí que, en el informe del Mecanismo de Historia, hay recomendaciones muy atendibles.
“Entre esas recomendaciones, la comisión da una ruta para que se reabran los procesos, se proceda a juzgar a los responsables y se garantice la reparación del daño de las víctimas. Es lo que está en la mesa de trabajo, es lo que está en el tapete de las discusiones”.
“Ya es tiempo”
Para muchos, el Halconazo marcó el inicio del proceso represivo que se conocería como la “guerra sucia”, que se radicalizó con la aparición de nuevos movimientos y, en particular, de movimientos armados. Los crímenes cometidos en el periodo permanecen mayoritariamente impunes.
“Yo sostengo que ya es tiempo de que estos temas se resuelvan porque son casos de una impunidad atroz, que además de ser víctima de un delito de lesa humanidad, es decir, que ofende la naturaleza del ser humano, hay una impunidad que pavimenta el camino para nuevas impunidades y agravios”, dice el veterano luchador social.
Para Hernández Gamundi, en la impunidad de lo ocurrido en ese tiempo está la clave de lo que sucede hoy:
“Esta realidad que no se corrige, de corrupción en la vida nacional, es consecuencia de un estado de impunidad al que no se le ve fin. Yo digo: es tiempo ya de que estos casos se resuelvan para comenzar a ponerle freno a la impunidad y que podamos verdaderamente estar en una condición de vida diferente”.
Y concluye:
“No se puede hablar de democracia y libertad donde los aparatos de justicia no hacen su trabajo y vivimos en zozobra. Esto depende de la voluntad oficial y el nivel de organización que logremos los ciudadanos”.
