¡Américo Villarreal, el aun gobernador de Morena en Tamaulipas con vocación de hampon y quehacer de criminal, debe ser imputado, no solapado ,pues es abundantemente chamuscado en el libro «Ni Venganza ni Perdón» de Julio Scherer, donde se le pinta como el socio estrella del «rey del huachicol» Sergio Carmona, que fue su financiero de campaña con billetes que ya apestaban a huachicol y narco,delitos que despues de que este fue ejecutado, el gobernador siguio cometiendo, como esta ampliamente documentado, en sociedad con carteles y aduanas controladas por militares corruptos.
Tan solo dos pasajes destapan la cloaca, antes,durante y después
«…Un caso donde hubo una injerencia directa y que tiene consecuencias vigentes fue la relación de Jesús Ramírez y otros funcionarios con Sergio Carmona, el llamado «rey del huachicol».
Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas, con presuntos nexos con el narcotráfico.
Carmona fue un empresario tamaulipeco asesinado en 2021 que no solo construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, sino que también tejió una red de influencias y favores políticos que, según documentos de inteligencia, llegaron hasta las puertas de Palacio Nacional.
Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución. De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años. Así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas, la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. La cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan.
Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país.
La historia de Carmona comenzó a sobresalir en 2015, con el nombramiento de su hermano Julio en la aduana de Reynosa. Fue entonces cuando montó un esquema de huachicol fiscal que evadía impuestos mediante facturas falsas y empresas fantasma.
Para 2020 controlaba hasta un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera. Desde 2018 comenzó a financiar campañas en estados estratégicos: Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.
Desde ese momento, periodistas y analistas lo identificaron como un operador en la sombra en las elecciones intermedias de 2021. El 22 de noviembre de ese año, Carmona cayó abatido de un tiro en la cabeza dentro de una barbería de lujo en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Segundo pasaje:
«Días antes había dicho a su círculo íntimo que estaba hablando con la DEA, a quienes habría revelado nombres de políticos mexicanos: «Me están preguntando… yo sí les digo muchas cosas».
Inmediatamente después de su muerte, su hermano Julio huyó a Estados Unidos y, según reportes de ese país, se ha convertido en testigo de la DEA.
Pero su muerte no apagó la maquinaria. Su esposa, Perla McDonald, asumió el control. La red siguió obteniendo contratos públicos y, según diversas fuentes, influyendo en nombramientos dentro del gabinete de Américo Villarreal.
Mientras las fiscalías estatales en México guardan silencio, en Estados Unidos las pesquisas avanzan. En cortes de Nueva York y Texas, el nombre de Jesús Ramírez Cuevas aparece en documentos anexos a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral; aún no hay procesos formales en su contra.
Fuentes del gabinete federal afirman que la presidenta Claudia Sheinbaum conoce estos antecedentes.
El caso Carmona es una herida abierta para Morena, y las conexiones entre dinero sucio, campañas políticas y altos funcionarios dibujan un expediente letal. La historia no ha concluido; al contrario: el descubrimiento de la red de corrupción encabezada por dos altos mandos de la Marina es la continuación de esta historia y de la influencia de estos personajes.
Argumento legal:
Bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 311), la FGR debe formalizar imputación, pues hay datos iniciales que fundan razonable la sospecha de delito, lavado (art. 400 Bis CPF) y financiamiento ilícito (Ley General Instituciones Crédito),independientes de los delitos de trafico de huachicol ,por lo que Villarreal Anaya no puede ni debe ser blindado por impunidad 4T.
En términos técnico‑jurídicos, lo que tenemos hoy son datos de prueba y, en el mejor escenario, prueba de indicios de carácter documental y testimonial, aunque todavía no prueba plena.
1. ¿Qué tipo de indicio es?
Se trata de indicios documentales: libro de Scherer, notas periodísticas, cables diplomáticos filtrados, informes reservados, registros de transferencias, etcétera.
También hay indicios testimoniales de referencia: declaraciones de pilotos, fuentes de inteligencia, personajes que narran reuniones y vuelos con Carmona.
Todo eso entra como “antecedentes de investigación” y “fuentes de información” que pueden convertirse en medios de prueba una vez incorporados formalmente a la carpeta (CNPP arts. 259‑260).
2. ¿Qué tipo de prueba son?
En el proceso penal mexicano, los medios de prueba son: declaración del imputado, testimonial, pericial, documental y material, entre otros.
3. ¿Qué valor probatorio tienen?
El CNPP establece que el juez aprecia libremente los datos y las pruebas, de manera conjunta, integral y lógica; la prueba indiciaria puede llegar a ser prueba plena si la autoridad tiene voluntad para validar los hechos acreditados ,pues el enlace lógico es sólido.
Hoy, esas acusaciones tienen valor probatorio de indicio: sirven para justificar abrir carpeta, solicitar actos de investigación intrusivos (peritajes financieros, oficios a bancos, colaboración internacional) e incluso para sustentar una imputación si se robustecen con pruebas periciales, bancarias y testimoniales directos.
Aunque por sí mismas no bastan para condenar, sí para sostener que existe una línea de investigación seria sobre lavado, financiamiento ilícito y delincuencia organizada, y exigir que la FGR deje de tratarlas como simple ruido mediático y las eleve a medios de prueba formalmente incorporados.
Deber legal de investigar los indicios
Ignorar indicios serios no es “despiste”, es potencialmente delito y el ejercicio indebido del servicio público y falta grave administrativa, cuando quien lo hace es Ministerio Público o policía de investigación.
El CNPP obliga al MP a conducir la investigación, recibir denuncias y ordenar diligencias “pertinentes y útiles” para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad del posible imputado (arts. 127 y 131).
Presentada denuncia o noticia criminal, el MP debe iniciar investigación; solo puede abstenerse en supuestos tasados (hecho atípico, prescripción, cosa juzgada, etc.), no por capricho o conveniencia política
Si hay datos de prueba (libro, reportajes, documentos financieros, testimonios), el MP está obligado a valorarlos y ordenar actos de investigación; no puede fingir que no existen sin fundar y motivar su decisión.
2. ¿Cuándo se vuelve ilícito?
El Código Penal Federal tipifica el ejercicio indebido del servicio público: comete este delito el servidor público que, teniendo conocimiento de hechos que pueden afectar gravemente intereses públicos, realiza una conducta ilícita u omite una lícita debida que lesione esos intereses.
Aplicado a la omisión de investigar: si una fiscalía, pese a denuncias y datos de prueba de corrupción o delincuencia organizada, se niega sistemáticamente a integrar la carpeta, a practicar diligencias mínimas o a judicializar cuando hay elementos, esa inacción puede encuadrar en la fracción que sanciona la omisión de un acto debido
Además, en materia de corrupción, la omisión deliberada de investigar constituye falta administrativa grave por encubrimiento y abuso de funciones, con responsabilidad política, administrativa y eventualmente penal.
3. Cómo se argumenta la ilicitud de la omisión
La clave es acreditar: a) que el funcionario conocía los indicios (denuncias, oficios, publicaciones formalmente aportadas), b) que tenía un deber jurídico específico de actuar (CNPP arts. 127, 131; Constitución art. 21) y c) que su omisión fue dolosa o al menos gravemente negligente, provocando impunidad o daño al interés público.
Con eso, puede promoverse denuncia ante la FGR o fiscalías anticorrupción por ejercicio indebido del servicio público, y también procedimientos de responsabilidad administrativa y política (juicio político, destitución, inhabilitación).
En síntesis: el MP puede archivar o abstenerse solo si razona y motiva jurídicamente por qué los indicios no alcanzan para seguir; ignorarlos de plano, sin investigar ni resolver formalmente, no es discrecional, es una omisión jurídicamente reprochable y potencialmente delictiva.
En Guanajuato federación y estado firmaron pactos, estrategias y fotos con sonrisas, pero en los hechos siguen gobernando las balas y los narcos; la “vida no vale nada” de Jose Alfredo Jimenez dejó de ser una canción y se volvió política pública no escrita.
En San Francisco del Rincón, mientras los niños jugaban en el parque, no llegó la patrulla, llegó un comando: por lo menos 20 disparos, un hombre de 36 años ejecutado y nueve heridos, sin embargo, en el transcurso de la tarde, Edén Jovani, de 24 años, quien se encontraba delicado de salud, murió en el hospital donde era atendido, por lo que el número de víctimas mortales se elevó a dos.
La agresión dejó además nueve personas lesionadas: seis hombres y tres mujeres, entre ellos, tres adolescentes y seis niños de entre 5 y 12 años, cita el periódico AM de Guanajuato.
La gobernadora panista Olivia Denise García se fue a X a poner el típico comunicado aromatizado con cinismo: que en Guanajuato “no normalizan la violencia”, que “las familias no están solas” y que actuará con “toda la fuerza del Estado”. ¿Toda la fuerza del Estado? Si eso es toda, imagínense cuando se relajen.
El alcalde Antonio Marún salió a decir que tres menores ya fueron dados de alta y que cinco siguen hospitalizados pero “fuera de peligro”, mientras anuncian que Omar García Harfuch viajará a Guanajuato donde ya habia viajado ,como si fuera exorcista de lujo que llega a bendecir una tierra donde la estrategia de seguridad ya es puro cascarón turístico. Firman convenios, posan en la foto, venden el cuento de la coordinación+inteligencia federal-estatal, pero los parques se convierten en campos de tiro y la infancia en daño colateral permanente.
En junio de 2024 el secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió a un elemento de alto rango que decidió denunciar la red de corrupción y el trafico de huachicol con uniforme de la Marina.
En el audio de la reunión, obtenido por Aristegui Noticias, se distingue la voz de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quien hizo preguntas y exigió un reporte escrito sobre todos los elementos involucrados.
Ojeda se vende como “me vale madre quién caiga”, pero en cada frase deja claro que lo único que quiere es controlar el daño, no limpiar la casa, y eso no solo choca de frente con los valores navales,tambien con la ley
1. “O destapamos todo esto… o lo cerramos aquí con cambios de personal”
Cuando el secretario de Marina plantea como “opciones” o ir al fondo o solo mover a “toda esta bola de cabrones” a otros puertos, está describiendo, en cristiano, encubrimiento administrativo de presuntos delitos. – Valores navales: honor, lealtad, deber; el oficial que encubre o reubica a corruptos traiciona el espíritu de cuerpo y la confianza de subordinados y ciudadanía. – Ley: ante información concreta de sobornos, huachicol fiscal y redes de complicidad, la única respuesta legal es denunciar penalmente y activar órganos de control, no “cambios de adscripción”. El encubrimiento de delitos de servidores públicos es delito por sí mismo (encubrimiento, omisión de denuncia, abuso de autoridad).
La supuesta disyuntiva que plantea (“o destapamos o lo cerramos”) no es una decisión política: la ruta de “cerrarlo” es jurídicamente inválida. Un secretario no puede poner a votación interna el cumplimiento de la ley.
2. “Me vale madre quién caiga, porque yo no estoy metido en eso”
Esa frase es puro blindaje personal: convierte una denuncia grave en un ejercicio de autoexculpación preventiva.
– Valores: un jefe naval se pone al frente del problema con “me vale cumplir la ley, aunque me salpique”, no con “me vale mientras no me alcance a mí”. Lo que exhibe es cultura de mando orientada a proteger la propia placa, no la institución. – Ley: el énfasis en “yo no estoy metido” mientras escucha la descripción de una red de huachicol fiscal con dinero en efectivo, agencias aduanales y reacomodos de personal, revela una posible omisión deliberada de su deber de garante. Tiene facultades y obligación de iniciar investigaciones internas y penales; si no lo hace, se convierte en corresponsable por omisión.
En un ejército serio, esa línea de defensa (“yo no estoy metido”) sería materia para un consejo de honor; en un Estado de derecho, para una carpeta por ejercicio indebido del servicio público.
3. Convertir una denuncia penal en trámite: “lo que sí quiero es que me lo haga por escrito”
La exigencia de que Guerrero ponga “toda la red de vínculos” por escrito parece, en apariencia, un paso correcto.
El problema es el contexto: – Ya sabe que hay sobornos, nombres, montos, rutas y mandos involucrados en una red que saquea al fisco mediante contrabando de combustibles. – En vez de girar de inmediato partes a SFP, FGR y órganos internos, lo baja a “informe para el jefe”, sin garantías de protección al denunciante ni protocolos de integridad.
Legalmente, desde el momento en que el secretario tiene noticia fundada de posibles delitos fiscales, contrabando y delincuencia organizada, está obligado a denunciar ante el Ministerio Público y activar los sistemas anticorrupción. Si reduce la denuncia a un expediente interno sin canalizarla, promueve un sistema de justicia de fuero castrense informal, sin controles ni transparencia.
4. El sesgo de conducta: minimizar la gravedad del huachicol fiscal
En la conversación se habla de: – Explotar “comercialmente la aduana”, usando una agencia aduanal propia o “clientes” para generar ingresos.[ – Introducción de combustible como “aditivos y aceites” para evadir impuestos, obteniendo ganancias multimillonarias. – Entregas en efectivo, 500 mil pesos semanales a un capitán (Clímaco) para “explicar los caprichos del almirante Manuel”.
Eso no es “mala conducta administrativa”; son posibles delitos de contrabando, defraudación fiscal, cohecho, delincuencia organizada y lavado de dinero. El sesgo del secretario es tratarlo como desorden interno que se arregla con cambios de plazas, no como ataque directo al erario y a la seguridad nacional. Ese sesgo se opone a: – El honor militar, que exige tolerancia cero a la corrupción. – El principio de legalidad, que obliga a calificar los hechos como lo que son: delitos federales graves.
5. El doble estándar con los mandos amigos
Guerrero refiere que Fernando Farías le dijo que el “almirante secretario ya les había llamado cuatro veces la atención por este asunto de corrupción”. Si el secretario sabía desde antes, y solo “llamaba la atención”, estamos ante un patrón: regaños en privado a mandos cercanos, mientras se protege la estructura y se castiga, en los hechos, al denunciante. – Valores: el código no escrito en la Marina dice que se protege al subordinado que se atreve a denunciar al sistema; aquí pasa lo contrario: el aparato conoce la red, la tolera y termina con el oficial que la destapa. – Ley: reiterada tolerancia frente a una red ya conocida configura una posible responsabilidad por permitir la permanencia de una asociación delictuosa dentro de una institución armada. Eso se acerca peligrosamente a la connivencia.
6. El uso político del poder: “cambios” como moneda de control
En el relato salen una y otra vez los cambios de adscripción: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Puerto Chiapas.
– Las propuestas, según Guerrero, se filtraban por el capitán Clímaco y el almirante Manuel, con veto y visto bueno de la cúpula; los movimientos eran rapidísimos cuando convenía al esquema. – Se usa el poder discrecional de nombrar y remover no como herramienta de servicio, sino como palanca dentro del negocio del huachicol fiscal.
Desde el punto de vista jurídico, esos cambios pueden ser: – Abuso de autoridad, si se usan para favorecer un esquema criminal o castigar a quien denuncia. – Responsabilidad administrativa grave, por violar principios de imparcialidad y honradez en el servicio.
Desde el ethos militar, utilizar la vulnerabilidad familiar de un subordinado (hija autista, cambios bruscos de plaza) como presión, mientras se protegen a mandos corruptos, es una traición a la cadena de mando.
7. La línea final: un denunciante desprotegido y ejecutado
Guerrero hace lo que se supone que un marino ejemplar debe hacer: reporta anomalías, se presenta ante inteligencia naval, entrega una carta manuscrita detallando la red, se reúne con el secretario saliente y luego con el entrante. Resultado: – No hay rastro de un proceso transparente ni de medidas de protección. – Hay rastro de que sus movimientos, licencias y ubicaciones eran perfectamente conocidos por la cadena de mando. – El 8 de noviembre de 2024, su último día de licencia, lo ejecutan dos sicarios en moto en Manzanillo, con un modus operandi que la FGR vincula directamente a sus denuncias sobre la red de huachicol fiscal.
Desde la ley, esto exige investigar: – Si hubo filtración de información reservada sobre su paradero. – Si la omisión de medidas de protección constituye responsabilidad penal y administrativa de superiores. Desde la ética militar, el mensaje es devastador: en esta Marina, quien cumple el deber de denunciar la corrupción termina solo, desarmado y en la mira.
En Huauchinango, Puebla, una niña de 10 años dio positivo a fentanilo después de comer tamales en la vía pública, y otros seis menores terminaron en el hospital con síntomas de intoxicación. No fue en una rave, no fue en un antro fresón: fue en la calle, en el alimento más común, barato y supuestamente seguro. Mientras la Secretaría de Salud se hace bolas con el término “intoxicación alimentaria”, el dato incómodo es otro: el fentanilo ya está tan metido en la cadena de valor del crimen organizado que puede terminar en la panza de un niño que sólo tenía hambre.
Cuando el mercado gringo se satura, el cliente eres tú
Mientras en Estados Unidos batalla para frenar las sobredosis, acá la narrativa oficial sigue en modo “nosotros no consumimos, sólo somos ruta”. Pero los reportes y crónicas sobre jóvenes que ya se “atontan” con pastillas de origen dudoso y polvo barato muestran otra cosa: el fentanilo empezó como mercancía de exportación y ahora se queda como droga de consumo interno, en colonias jodidas y barrios donde el Estado sólo existe en la boleta electoral.
Ese es el riesgo que hay que gritar: cuando la droga ya no puede cruzarse tan fácil, o cuando el mercado gringo se regula, el excedente no se quema “por ética”, se redistribuye en casa. Se empaca en pastillas vendidas como ansiolíticos pirata, se corta la coca con fentanilo para “rinda más” y se mete en alimentos o bebidas como herramienta de control, extorsión o simple salvajismo criminal.
Si ya tocó a la Guardia, ya tocó al sistema
Los reportes tambien hablan sobre el fallecimiento de un elemento de la Guardia Nacional por el consumo de Fentanilo en Tamaulipas.
Del niño intoxicado al barrio enganchado
Hoy la cara del desastre es una niña intoxicada en Puebla; mañana será el chavo de la esquina que ya no se conforma con mota porque encontró algo “más barato y más fuerte”. Y pasado mañana será la estadística que el gobierno maquillará como “consumo problemático” mientras le pide a Washington que respete nuestra soberanía,esa que perdimos internamente cuando el narco colonizó toda la geografía.
El riesgo de fondo es éste: cuando el fentanilo deja de ser un problema de frontera y se convierte en ingrediente de la canasta básica del crimen, el país entra a otra liga de devastación social. Ya no hablamos sólo de balas y fosas; hablamos de generaciones enteras envenenadas con la misma lógica con la que se vende una garnacha: rápido, barato y sin factura.
En la duela de Culiacán ya nos quedó claro algo incómodo: al “sistema” se le hace fácil que maten a un chamaco de 15 años en plena calle y archivarlo como si fuera error de Excel, pero a la banda del básquet no se le olvida un compañero tirado en el piso.
Este domingo 22 de febrero el juego se mueve de la cancha a las calles: la marcha por Ricardo Mizael es el último tiempo fuera antes de que la normalidad violenta los deje en la banca permanente.
No van a marchar solo por un número más en la estadística cruenta y sangrienta de mas 2 mil 800 y tantos asesinados en medio del fracaso de la estrategia militar; van por el morro que salía a comprar comida para gatitos, el que traía uniforme, mochila y sueños, mientras otros traen armas largas, cargos públicos,uniforme militar o escoltas pagadas con impuestos.
Que quede claro para gobernantes, narcos y uniformados verdes o azules: si no quieren escuchar los gritos, van a tener que aguantar el eco de cientos de balones botando en el asfalto, porque cada bote es un “¿dónde estaban cuando lo mataron?”,como cuestióna su madre,eso que no se tapa con conferencias de éxito mañanero, ni promesas de investigación eterna.
Así que el domingo, 9 de la mañana, salen de La Lomita rumbo a Catedral, en uniforme y con balón en mano, no para hacerles el favor de una marcha “bonita”, sino para recordarles que con los niños no, que no quieren minutos de silencio sino años de vida, y que si a ellos no les duele, a ellos les toca hacer ruido hasta que la chicharra les reviente los oídos.
Y para rematar el partido, un mensaje a la “estrategia” con uniforme y botas: llevan años en la cancha, pero juegan como si nunca hubieran aprendido a defender. Se paran con su camuflaje, blindadas,helicópteros y discursos, pero dejan la pintura abierta para que el crimen entre, enceste y se burle desde la grada.
Mientras los sicarios corren fast break tras fast break contra niños, estudiantes y familias. Mucho desfile, mucho uniforme planchado, pero a la hora de marcar hombre a hombre al enemigo, siempre llegan tarde, sin táctica y sin marcador claro.
Si esto fuera básquet profesional, esa “estrategia de seguridad” ya estaría descendida a la liga amateur por perder todos los juegos clave: masacres impunes, miles de víctimas, ciudades sitiadas y madres marchando con la foto de sus hijos en lugar de verlos en la duela. En cualquier equipo serio, al entrenador que permite tantas canastas en contra lo sacan de inmediato; aquí, en cambio, le aplauden la derrota como si fuera parte del plan.
El problema no es la camiseta militar, sino que salieron a jugar sin libreta de jugadas, sin estadísticas reales y sin vergüenza deportiva: siguen repitiendo el mismo esquema roto como si fuera un sistema ganador, mientras el marcador de muertos se dispara y la gente aprende a vivir agachada en su propia cancha.
Algún día, tarde o temprano, tendrán que entender que la seguridad no se resuelve con más fotos en uniforme, sino con resultados en el tablero que cuente no los decomisos y capturas, sino las vidas y bienes que se protegen ,incluida la vida de los que solo querían botar un balón.
Luis Gerardo López Guajardo, aun Director de Imagen y Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que fue detenido el 2 de enero de 2026 en el condado de Hidalgo, Texas, señalado por posesión de pornografía infantil bajo el cargo “United States of America vs. Luis Gerardo López‑Guajardo”, caso M‑26‑0002‑M,sigue cobrando en la universidad que dirige Damaso Anaya en funciones de rector y primo del Gobernador Americo Villarreal Anaya.
Como ya se informó, agentes de Homeland Security le hallaron al menos 11 imágenes de abuso sexual infantil de una menor de aproximadamente 14–16 años y chats en Telegram donde negociaba contenido y acordaba métodos de pago, muy aparte del sueldo que le pagaba la universidad, + su jugosa compensación.
En la UAT no solo se les cae la “excelencia académica”; ahora también les explota un expediente federal en Texas pegado al despacho del rector.
El detalle incómodo: sigue en nómina
Mientras en Texas lo procesan como presunto depredador sexual, en la Plataforma Nacional de Transparencia aparece como “Personal administrativo con funciones directivas y de supervisión” en la UAT, con sueldo bruto de 31,511 pesos y neto de 25,470, es decir, cobrando como si nada.
El mensaje es brutal: para la justicia estadounidense es un riesgo alto por material de abuso sexual infantil; para la universidad, apenas otro burócrata con plaza,prestaciones y cercano al rector.
La responsabilidad que apunta al rector
López Guajardo no es cualquier empleado: era el hombre de imagen del rector Dámaso Anaya, el veterinario convertido en rector “por obra y gracia” de su primo, el gobernador Américo Villarreal, en una designación exprés de la Asamblea de la UAT.
Es decir, el encargado de “lavar” la cara del rector está bajo proceso por pornografía infantil, y nadie en Ciudad Victoria parece darse por enterado: ni cese público, ni denuncia interna, ni explicación a la comunidad universitaria.
Las preguntas que huelen a encubrimiento
¿Por qué, después del 2 de enero, López Guajardo seguía apareciendo en nómina como si no pasara nada?
¿Quién en la oficina del rector fue informado de la detención y decidió meter el caso bajo la alfombra?
¿Quién ordenó el silencio en una institución que administra más de 5 mil millones de pesos públicos y ya arrastra escándalos de corrupción, abusos sexuales, funcionarios cateados por la FGR y hasta ejecutados?
¿Hasta dónde llega la red: solo es el “director de imagen” o hay más nombres que podrían salir si Luis Gerardo decide colaborar con las autoridades estadounidenses?
El epicentro político: Dãmaso y el primo gobernador
Dámaso Anaya ya había sido exhibido como símbolo del nepotismo de Américo Villarreal, señalado en medios locales como el rector puesto a dedo y rodeado de escándalos, desde presunta compra de votos hasta protección de personajes con historiales penales.
Ahora, con su director de Imagen imputado en una corte federal de Texas por pornografía infantil, el rector se convierte en epicentro de responsabilidad política y moral: no es solo un asunto de “vida privada” de un funcionario, es la credibilidad de toda la UAT y del gobierno que lo impuso la que está en el banquillo.
En resumen: mientras en Texas se prepara un juicio que puede acabar en hasta 20 años de prisión y supervisión de por vida, en Tamaulipas la universidad del primo del gobernador parece más preocupada por cuidar el silencio que por cuidar a sus estudiantes ,que todo indica, también cuida el rector guapo e imponente.
