Adrián de la Garza no está buscando gobernar Nuevo León, está buscando que Nuevo León se acostumbre a ser gobernado por alguien que, según los expedientes, aprendió a vivir entre narconóminas, tortura institucional y contratos que huelen más a lavandería que a administración pública.
El “fichaje” estrella: asalariado de Los Zetas
Mientras los partidos hablan de “perfiles competitivos”, NarcoPolíticos lo describe como lo que realmente es: el fichaje narcopolítico de la temporada, un político que aparece en listas de presuntos asalariados de Los Zetas, con nombre y apellido en libretas decomisadas por el Ejército.
En 2009, tras un enfrentamiento con Los Zetas, el nombre de Adrián de la Garza queda apuntado en esas narconóminas, y, por una de esas casualidades tan mexicanas, la investigación termina en la misma Procuraduría donde él hacía carrera.
No hubo consecuencias penales, pero sí hubo una constante: los señalados no solo sobrevivieron políticamente, también ascendieron dentro de la estructura de seguridad del estado.
El procurador de la tortura
El currículum institucional de Adrián de la Garza viene con sello de garantía: recomendaciones de derechos humanos por tortura sistemática cuando fue procurador de Nuevo León entre 2011 y 2015.
Las comisiones documentaron el combo clásico de la “guerra contra el narco”: detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y tortura física y psicológica para arrancar confesiones de supuestos Zetas o Golfo.
NarcoPolíticos sostiene que no eran manzanas podridas, sino un método de trabajo tolerado desde arriba, mientras el jefe del aparato seguía sumando puntos para su carrera política.
De la narconómina al contrato público
Cuando Adrián pasa de procurador a alcalde de Monterrey, el guion no mejora, solo cambia de escenario: ahora las acusaciones incluyen contratos a empresas fantasma vinculadas a esquemas de lavado y presunta cercanía con operadores del Cártel de Sinaloa.
Las empresas cobraban del erario y luego las transferencias terminaban en instituciones financieras ya observadas por autoridades extranjeras, como si el municipio fuera sucursal contable de la narcopolítica.
No hay sentencia en su contra, pero el expediente público está ahí, armado con documentos oficiales, reportes internacionales y una larga estela de opacidad administrativa.
El candidato perfecto para un estado capturado
Hoy, mientras se vende como opción seria para Nuevo León, su nombre aparece en investigaciones periodísticas, reportes militares, observaciones internacionales y listas de narcopolíticos que lo señalan como ejemplo de captura institucional.
Es el político que encarna el manual de la impunidad moderna: todo documentado, nada sancionado, mucha narrativa de “persecución política” y cero rendición de cuentas.
Llamarle “fichaje narcopolítico” no es una metáfora creativa: es la descripción incómoda de lo que pasa cuando un estado elige como proyecto de futuro a quien lleva años orbitando entre cárteles, tortura y dinero público desviado.
Con informacion: NARCOPOLITICOS/
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