La SCJN acaba de darle oxígeno legal a la Defensa para suspender y cancelar licencias de portación como medida provisional “sin audiencia previa”, siempre que después se permita defenderse.
Aquí la ironía es que el Estado presume “seguridad pública” mientras el mercado negro de permisos y escoltas trae la puerta giratoria más aceitada del país: la misma maquinaria que “regula” las armas también ha permitido que licencias y portaciones terminen lubricando a grupos criminales.
La versión institucional: “es por tu bien”
La Corte declaró constitucional el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: la Defensa puede expedir, suspender y cancelar licencias de portación.
El argumento central suena impecable en papel: la suspensión/cancelación opera como medida provisional por razones de seguridad pública, y por eso no exige audiencia previa inmediata; bastaría con que la autoridad funde y motive, y que luego venga el espacio de defensa.
La versión realista: el negocio de las “portaciones VIP”
El reportaje de EL PAÍS retrata una red ligada al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, donde operadores (Jacobo Reyes León y Jorge Alberts Ponce) movían un “holding” de empresas de seguridad privada y, en paralelo, un esquema para conseguir armas, permisos y licencias mediante “conseguidores” y contactos en dependencias, principalmente la Secretaría de la Defensa.
En las llamadas citadas se habla sin pudor de tarifas y paquetes: portaciones “a 11,000 pesos al mes”, depósitos por arma, “trámites” por pieza y mensualidades por escoltas armados, como si la portación fuera Netflix: pagas, te la activan y a ver quién te la cancela.
El escándalo que revientan las transcripciones: licencias que brincan a cárteles
EL Diario Español, El PAÍS narra el momento en que los propios integrantes de la red se alarman porque aparecen “pinches portaciones de ustedes” en decomisos ligados al Cártel del Golfo, y se menciona específicamente a SETER como origen de esas portaciones en la conversación.
Dicho de otro modo: el “control” no solo falló; dejó recibos, marcas y rastros administrativos en manos de quienes menos deberían tenerlos.
El remate: más facultades… en el mismo ecosistema
La decisión de la SCJN fortalece la herramienta para cortar licencias rápido cuando la autoridad diga “seguridad pública”, lo cual suena razonable si se asume un regulador fino, limpio y con reflejos.
Pero el caso que exhibe EL PAÍS sugiere que el problema no era la falta de palanca legal, sino el coctel de opacidad, intermediarios, “presentes” y presuntas mordidas para “destrabar” licencias y “que nos suelten armas otra vez”.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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