Dos historias, mismo guion podrido: cuando los militares “luchan” contra el huachicol, los que terminan acribillados son los que se atreven a decir nombres y a señalar uniformes.
El marino de alto rango que oyó demasiado
Fernando Rubén Guerrero Alcantar no era un activista incómodo ni un tuitero incendiario: era contralmirante, hombre de confianza de la Secretaría de Marina, comisionado en aduanas desde 2021, justo en el experimento estrella de López Obrador: entregar puertos y aduanas a los marinos para “limpiar” la corrupción.
En menos de un año chocó de frente con el eufemismo de moda: huachicol fiscal, ese truco de declarar combustible como otra cosa para evadir impuestos mientras autoridades, empresarios y criminales se reparten miles de millones.
Primero creyó que el dinero que le hacían llegar era para “mejoras” en la aduana; luego entendió que eran sobornos, y fue a donde uno supone que va un marino leal: al área de inteligencia de la propia Marina y, finalmente, a sentarse cara a cara con el almirante secretario Rafael Ojeda Durán.
En el audio que obra en la causa penal 325/2025, se escucha a Ojeda plantear su dilema moral versión cuartel: o destapamos todo y que caiga quien caiga, “porque yo no estoy metido”, o lo cerramos cambiando a “toda esta bola de cabrones”.
Guerrero detalló nombres, lugares, fechas, restaurantes, hasta la hora de las comidas conspirativas con los hermanos Farías Laguna, con el capitán prófugo Miguel Ángel Solano Ruiz y con el capitán Clímaco Aldape, hoy preso por delincuencia organizada y lavado, todos orbitando alrededor del negocio jugoso del combustible que atraviesa las aduanas como si fueran casetas de peaje privadas.
La Marina le pidió lo de siempre: “ponlo por escrito”. Guerrero obedeció, llenó a mano un manuscrito fechado el 14 de junio de 2024, donde calcó lo mismo que había dicho frente al jefe máximo: reuniones el 29 y 31 de mayo en la Fonda Argentina y el Sanborns de Acoxpa, amenazas veladas sobre qué pasaría si ganaba Xóchitl Gálvez, y la confirmación de que el huachicol no era ocurrencia sino operación montada.
Después vino el clásico protocolo burocrático antes del tiro de gracia: lo reubicaron a la Décima Sexta Región Naval en Puerto Chiapas, lo citaron en octubre con el nuevo secretario de Marina de Claudia Sheinbaum, Raymundo Pedro Morales Ángeles, supuestamente para escuchar una “propuesta de recaudación en aduanas”, y registraron con toda pulcritud las fechas y lugares donde el marino estaría durante sus vacaciones en Manzanillo.
El 8 de noviembre, último día de esa licencia perfectamente documentada, dos sicarios en moto lo siguieron, uno se bajó con mochila negra y tatuaje en la pantorrilla, y le vació una 9 mm a quemarropa; mismo calibre, misma marca de balas Águila 9 mm Luger que ya se habían usado 18 días antes para matar a la funcionaria de la FGR en Colima, Magaly Janet Nava Ramos, cuyo esposo trabajaba también en la Marina.
La Fiscalía amarra ambos homicidios por modus operandi y armamento, e infiere que el crimen de Guerrero está directamente ligado a lo que contó en la oficina del Almirante Secretario y a los nombres que dejó en el manuscrito sobre la red de corrupción aduanera.
La Semar, con la solemnidad de manual, responde que no tiene el audio, que cinco vinculados a proceso ya fueron dados de baja por “no presentarse a trabajar”, y que su brújula es la honestidad y la transparencia, una brújula que curiosamente siempre apunta lejos de los mandos que él denunció y muy cerca del expediente empolvado.
Tamaulipas: el empresario que se atrevió a señalar al poder
A mil kilómetros de distancia pero dentro del mismo país de maquila de mártires, Julio César Almanza Armas, presidente de la Fecanaco en Tamaulipas y Matamoros, también se cansó de hacer como que no veía.
Poco a antes de su muerte,en entrevistas y declaraciones, Almanza soltó lo que todos los empresarios comentan en corto pero rara vez dicen en voz alta: que las aduanas están podridas, que los militares que llegaron a “limpiar” terminaron metidos en el tráfico de combustible, y que incluso estaba enterado el gobernador Americo Villarreal,con quien trato el tema del soborno, dejando ver que crimen organizado y la autoridad se mezclan en el mismo lodazal.
El 30 de julio de 2024, Almanza llegó en su Grand Cherokee blanca a las oficinas de la Canaco en Matamoros, acompañado de su hermana; hombres armados se acercaron a la camioneta y lo acribillaron ahí mismo, dejando el vehículo perforado mientras las autoridades corrían detrás, no de los agresores, sino del discurso correcto para condenar “estos lamentables hechos”.
El gobernador Américo Villarreal publicó su repudio y su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, la Fiscalía estatal y la FGR hicieron lo propio en modo plantilla, y un año después lo que sí se ha consolidado es la impunidad: no hay responsables claros, pero el mensaje quedó tatuado en la ventanilla agujereada de la camioneta de Almanza.
Mientras tanto, el empresariado tamaulipeco se refugia en el anonimato y en la voz baja, conscientes de que uno de sus líderes más visibles pagó con la vida el atrevimiento de confrontar la mezcla tóxica de militares, huachicol y gobierno estatal que también ya hizo víctima a otro funcionario del área de seguridad de FECANACO.
Mismo libreto: huachicol, uniforme y cadáver
En un caso, el denunciante era un vicealmirante que hablaba desde dentro de la estructura castrense; en el otro, un empresario que se plantó frente a cámaras para decir que el cobro de piso era deporte nacional y que las aduanas y los militares no eran inocentes espectadores.
Los dos pusieron nombres, señalaron la colusión en el tráfico de combustible y coincidieron en el punto ciego del discurso oficial: los soldados y marinos como salvadores de aduanas que en la práctica se vuelven gestores del negocio huachicolero.
Los dos fueron asesinados poco después de subir el tono de sus acusaciones: Guerrero, tras ir al despacho del secretario de Marina de Sheinbaum y dejar constancia de fechas y personajes; Almanza, tras denunciar extorsiones, responsabilizar a autoridades y quedar registrado en medios y columnas locales como la voz que rompía el pacto de silencio.
En Colima y Manzanillo, los asesinos llegaron en motocicleta, dispararon 9 mm Águila y se esfumaron; en Matamoros, los «Escorpiones» se acercaron a la camioneta de un líder empresarial y abrieron fuego, con la misma precisión quirúrgica que tienen las estadísticas para no tocar a los responsables con fuero, fuero militar o fuero político.
En ambos casos, la reacción institucional fue de manual: condolencias, promesas de justicia, reafirmación de valores como honor, honestidad y transparencia, y luego silencio, dilación y expedientes que se acomodan sin molestar a los apellidos que importan.
Si uno junta la grabación de Fernando Guerrero con la grabación de Almanza, el resultado es un retrato poco sutil: el gobernador y militares a cargo de aduanas no solo no desmantelaron el negocio del combustible, sino que lo habrían heredado, ampliado y blindado, y cualquier voz que lo diga corre el riesgo de terminar en una escena del crimen con motocicleta incluida.
En la superficie, México presume aduanas militarizadas, campañas contra el huachicol y conferencias sobre “cero tolerancia a la corrupción”; en el subsuelo, las historias de Guerrero y Almanza muestran algo más prosaico: si preguntas “¿quién es el asesino, quieren oírlo?”, la respuesta suele venir en ráfagas, no en conferencias de prensa.
Con información: ARISTEGUI/
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