En el sexenio de López Obrador, la Marina se gastó 300 millones de pesos en la promesa de un “superbuque” humanitario que hoy no pasa del papel: avance oficial, cero por ciento. El caso huele a podrido desde el uniforme blanco del ex-secretario de Marina hasta la última factura.
El buque fantasma
En agosto de 2024, el gobierno anunció con bombo y platillo la construcción de grandes embarcaciones que, según la narrativa oficial, iban a generar ahorros millonarios y servir para llevar ayuda humanitaria en desastres. Dieciocho meses después, el buque multipropósito no existe y la propia Secretaría de Marina reconoce que el proyecto multianual, presupuestado en 2,100 millones de pesos, tiene un avance de cero.
Cómo se esfumaron 300 millones
Un par de meses antes de que terminara el sexenio, la Marina transfirió 300 millones de pesos a una sola empresa para “suministrar” el acero del buque. La firma, Ingeniería y Construcciones Rodegi, no tenía historial como proveedora de acero del gobierno en Compranet, pero aun así recibió un contrato por 253.7 millones y otros 50 millones más sin contrato formal, amparados en 68 facturas que detectó la Auditoría Superior de la Federación.
La licitación de caricatura
Para simular competencia, la Marina pidió cotizaciones a tres empresas más, pero las propuestas son casi idénticas: mismas cifras, mismas descripciones y hasta las mismas faltas de ortografía, con la palabra “cubierta” mal escrita y la preposición “para” repetida en los mismos renglones. Encima, las supuestas rivales comerciales de Rodegi son compañías recién creadas y una de ellas está ligada a una empresa declarada fantasma por el SAT.
Los marinos de confianza y el huachicol fiscal
El contrato lo firmó el entonces oficial mayor de la Secretaría de Marina, el almirante César Carlos Preciado Velázquez, uno de los hombres más cercanos al secretario Rafael Ojeda. Preciado fue ascendió en 2021 al cargo clave que controla contratos y presupuesto, un escalón debajo del secretario. Al mismo tiempo, sobrinos de Ojeda, los hermanos Farías Laguna, están señalados por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que tiene como uno de sus epicentros el puerto de Guaymas.
Del astillero prometido al epicentro del escándalo
En el papel, el acero debía entregarse en el astillero de Salina Cruz, Oaxaca, cumpliendo normas internacionales. En la realidad terminó en Guaymas, Sonora, a unos dos mil kilómetros, con el pretexto de que ahí había espacio y personal, justo en el mismo puerto donde la Fiscalía General de la República investiga la red de huachicol fiscal ligada a altos mandos navales. Cuando Latinus pidió el dato más simple —¿qué tanto se ha construido del buque que iba a llevar víveres y personal en emergencias?— la respuesta oficial fue un número que lo dice todo: cero.
Con informacion: LATINUS/
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