En Campeche, el teatro político alcanzó su clímax,una jueza federal, Roxana Hernández López, decidió ponerle freno —aunque sea momentáneo— a la vendetta palaciega de la gobernadora de Morena, Layda Sansores, autodenominada adalid de la moral, pero que gobierna como si el estado fuera su feudo particular. La impartidora de justicia concedió suspensión provisional al diputado morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien tuvo la osadía de desafiar al trono de la “emperatriz de la guillotina digital”.
La historia es de esas que huelen a pólvora política: Jiménez, hasta hace poco presidente del Congreso local, se atrevió a cuestionar el paquete económico de la señora Sansores —esa danza de mil millones en deuda que prometía “progreso” pero sonaba a otro agujero sin fondo en las cuentas públicas. Y claro, en el mundo de Layda, disentir es un pecado capital.
Lo que siguió fue digno de una telenovela policiaca escrita por Kafka: patrullas merodeando su casa, agentes ministeriales asomándose en los alrededores del Congreso, rumores de órdenes de captura flotando en el aire, y un fiscal que parece actuar más como brazo armado del Ejecutivo que como garante de la ley.
El diputado, oliendo el peligro, hizo lo que cualquiera con sentido jurídico y una conciencia en carne viva haría: pidió amparo. Y la judicatura federal, ese último refugio del ciudadano acorralado, le dio la razón —o al menos, una pausa frente al autoritarismo de la “Matriarca del Pixel”.
Mientras tanto, en el Congreso campechano, Morena vive su propia guerra civil. Las cuchilladas vienen desde adentro: una bancada fracturada, alianzas mutantes, y un Movimiento Ciudadano que, en un extraño giro del destino, terminó arrebatando la presidencia del Legislativo a los autollamados defensores de la 4T. Es la primera vez en cuatro años que el partido oficial pierde el control del Congreso estatal. Y todo por obra y gracia de un morenista que se negó a doblar la cerviz.
A estas alturas, el gobierno de Sansores ya no parece una administración: parece una corte barroca, desbordante de intrigas, delaciones y persecuciones, donde el capricho sustituye al Estado de derecho. Ella se pasea con su verbo incendiario, predicando pureza mientras sus policías persiguen disidentes dentro del mismo partido.
Pero una jueza federal —esa rara especie que todavía respeta la Constitución— decidió marcarle el alto. Aunque temporal, la suspensión contra cualquier orden de aprehensión es un pequeño recordatorio de que, incluso en el feudo de una gobernadora autoritaria, aún quedan resquicios de legalidad. Y quizás, con suerte, de dignidad.
Porque si en Campeche hay una sátira viva del poder absoluto, Layda Sansores la protagoniza con entusiasmo. Lo suyo ya no es un gobierno: es un performance, una tragicomedia tropical, con emojis de furia, micrófonos encendidos y policías a la caza del apóstata.
Por qué satrapa ?
Según la Real Academia Española (RAE), “sátrapa” se usa hoy para referirse, en sentido coloquial y despectivo, a una persona que gobierna de manera despótica, arbitraria y que hace ostentación de su poder. Y en el uso político latinoamericano se aplica justo a figuras percibidas como autoritarias, abusivas del poder o con rasgos de caudillo.
El estilo de gobierno de Sansores —acusaciones de autoritarismo, persecución de disidencias internas, uso faccioso de instituciones—, el término “sátrapa” no es ninguna etiqueta retórica agresiva que ofenda a la gobernadora de Morena que todos los dias ofende con sus acciones.
Con informacion: ELNORTE
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