José Francisco Mendoza Gómez,alias «Yiyo y/o Braulio Jelipe» ,pasó de “empresario consentido” del gobierno de Tamaulipas a narco sentenciado en una corte de Estados Unidos, y el hilo que lo une todo lleva directo al despacho del gobernador Américo Villarreal.
Del contrato público al banquillo federal
Mendoza Gómez, alias “El Yiyo”, fue parte del grupo de 26 reos trasladados por México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, en un paquete de narcotraficantes y líderes criminales de alto perfil.
En el Distrito Este de Virginia terminó recibiendo una sentencia de 10 años de prisión por conspirar para introducir casi dos toneladas de cocaína a territorio estadounidense, moviendo producto desde Colombia, pasando por Centroamérica y México.
La acusación lo ubica como operador clave: coordinaba envíos, manejaba cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas e incluso participaba en la planeación de secuestros y otras violencias asociadas a las deudas del negocio.
En resumen: para la justicia gringa, no era un contratista más en Tamaulipas, era un criminal de peso medio-alto dentro de una red de cocaína con años de operación.
El “proveedor” estrella de la 4T tamaulipeca
De acuerdo con la investigación de Shalma Castillo y medios como Artículo 7, JF Konstruyendo, S.A. de C.V. y Megamax, S.A. de C.V., ligadas a Mendoza Gómez y a su pareja Perla Yasmin Garza Quintanilla, recibieron contratos millonarios del gobierno de Américo Villarreal.
Con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, JF Konstruyendo obtuvo tres contratos por 37.64 millones de pesos, mientras que Megamax se llevó 30.39 millones; en total, alrededor de 68 millones de pesos en obra pública.
Esos contratos salieron de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, a cargo de Pedro Cepeda Anaya, primo del gobernador,quien era su enlace con el gobierno.
Desde 2019, Mendoza Gómez aparece como administrador y representante legal de JF Konstruyendo, aunque en el papel figuraban otras accionistas; el clásico esquema del “empresario fantasma” que todos ven menos la contraloría.
O sea: mientras en EE. UU. lo perfila la fiscalía como un traficante de cocaína, en Tamaulipas lo perfila el gobierno como un proveedor confiable al que le sueltan decenas de millones de pesos en contratos públicos.
La extradición que deja mal parado al palacio estatal
La FGR detuvo a Mendoza Gómez en diciembre por posesión de drogas, con el dato clave de que ya era buscado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico y violencia asociada.
Cuando el gobierno mexicano entrega a los 26 reos a EE. UU., el Departamento de Justicia lo coloca en la lista de criminales que pueden alcanzar penas muy altas, incluso cadena perpetua según se difundió en medios y portales de seguridad.
Entre los 26 iban figuras como “La Tuta” y “El Cuini”, exjefes y lugartenientes de organizaciones criminales de talla nacional, lo que coloca a Mendoza Gómez en una liga de delincuentes con fuerte peso operativo.
El mensaje es brutal: para Washington es un capo; para Ciudad Victoria era un cliente VIP del presupuesto público.
¿Y el gobernador para cuándo?
En Estados Unidos ya vimos lo que pasa con Mendoza Gómez: lo extraditan, lo sientan frente a un juez, le leen cargos de narcotráfico, secuestro, lavado y homicidio, y lo condenan a 10 años de prisión, con historial que apunta a penas incluso mayores según los expedientes de Virginia.
En Tamaulipas, en cambio, el libreto es otro:
- Al presunto capo se le abre la puerta del erario.
- Sus empresas compiten y ganan licitaciones millonarias con la venia de la Secretaría de Obras Públicas controlada por el primo del gobernador.
- Cuando el escándalo revienta, el gobierno se refugia en el silencio y en el discurso de “ataques políticos”.
La pregunta obvia, pero que nadie en el poder quiere responder, es: si un proveedor sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos logró chupar casi 70 millones de pesos del presupuesto estatal, ¿quién autorizó esa fiesta y por qué sigue en libertad ?
Ya se extraditó a los capos, ya se dictaron sentencias, ya se escribieron las investigaciones periodísticas y ya se documentaron los contratos; el único que sigue sin fecha de audiencia, sin carpeta de acusación visible y sin juez enfrente es el gobernador que permitió —o de plano apadrinó— que un operador del narco se convirtiera en contratista estrella de su sexenio.
A Mendoza Gómez ya lo vimos preso y sentenciado; la verdadera prueba de Estado será saber si algún día veremos al gobernador y a su primo secretario de Obras explicando esto ante un juez, y no solo ante los medios.
Con información: UNOTV/ JUSTICE.GOV/
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